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EL MOVIMIENTO ARMADO QUINTÍN LAME 1

El Movimiento Armado Quintín Lame y su proceso de paz: una lección de dignidad y

resistencia

Denis Alejandra Wilches Sierra. Cód. 20101155078

Viviana Gisela Suárez Flórez. Cód. 20101155070

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ciencias y Educación

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales

Bogotá, 2016.


El Movimiento Armado Quintín Lame y su proceso de paz: una lección de dignidad y

resistencia

Denis Alejandra Wilches Sierra. Cód. 20101155078

Viviana Gisela Suárez Flórez. Cód. 20101155070

Wilson Javier Torres Puentes

Director

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ciencias y Educación

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales

Bogotá, 2016.


Agradecimientos

“Es necesario hacer un mundo nuevo. Un mundo donde quepan muchos mundos, donde

quepan todos los mundos.” Sub Comandante Marcos. Queremos agradecer a las comunidades

indígenas del Cauca y al Movimiento Armado Quintín Lame, por enseñarnos que la persistencia

y la fuerza de voluntad debe ser una constante en nuestras vidas. Por dejarle a Colombia una

enseñanza grande: que solo dentro del trabajo mancomunado y los lazos forjados en comunidad

se puede y se podrá transformar el país, dando paso al reconocimiento del otro como un

interlocutor legítimo. Finalmente, por ayudarnos a entender que podemos construir un país

diferente, un país donde, como dice Marcos, quepamos todos.

A la Universidad por ser la oportunidad de construir y dar continuidad a nuestro proyecto

de vida, por ayudar a formarnos como profesionales en esta labor tan difícil de la docencia. A los

profesores que a lo largo del camino apoyaron nuestros ires y venires. A nuestro

director, Wilson Torres, por ser el faro que nunca se apagó, y que con su conocimiento y

experiencia en el campo social y comunitario enriqueció cada página aquí escrita.

Viviana Suárez:

Quiero agradecer a mi abuela por ser la mujer que desde siempre impulsó mis sueños, a

mi madre por ser mi apoyo constante, a mi padre que con su tenacidad me enseñó a ser fuerte, a

mis hermanos que me acompañan siempre no dejándome desfallecer y a mis sobrinos por ser la

esperanza y mi felicidad.

A las personas, que considero mis amigos, por invitarme a seguir y por su constante voz

de aliento.


A mi compañera de monografía, Alejandra, mi cómplice en esta gran travesía, por ser

alcahueta en cada cosa que se me ocurría, por su dedicación y esfuerzo. Por todas las noches en

vela y las jornadas de estudio. ¡A ustedes mil gracias!

Alejandra Wilches

A mi familia, por enseñarme que con cada pequeña palabra y acción se labra el

carácter; por ser quienes con paciencia y ejemplo acompañan mi trayecto de formación como

persona y profesional.

A mis amigos, por todo su apoyo y confianza.

A mi novio, compañero y sobretodo amigo, el cual ha acompañado e impulsado una a una

mis metas.

A Viviana, mi compañera en este recorrido investigativo, por su creatividad, paciencia,

dedicación y esfuerzo, quien con su forma de ver el mundo me hizo creer y sentir la importancia

de este proyecto.


Resumen

La presente investigación girará en torno al reconocimiento del proceso de paz que se llevó a

cabo entre el MAQL y el gobierno nacional que se adelantó desde 1987 hasta 1991, con miras a

precisar los aportes de éste en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que implica

inicialmente indagar sobre el origen y desarrollo del Movimiento Armado, para luego describir

detalladamente el proceso de paz entre esta guerrilla y los gobiernos de Virgilio Barco (1986-

1990) y César Gaviria (1990 - 1994), después se señalan los condiciones políticas y económicas

que llevaron al MAQL a entablar los primeros acercamientos, a la par que se especifican las

políticas para la paz de estos dos gobiernos y finalmente, se mencionara la participación de las

comunidades indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) . Como hallazgo

principal habría que decir que el eje transversal de la lucha indígena a nivel nacional y a través

de la historia es la defensa de la tierra, lo que necesariamente conlleva a la defensa de

cosmovisión.

PALABRAS CLAVES: Movimiento Indígena, Movimiento Armado Quintín Lame,

Proceso de Paz, Asamblea Nacional Constituyente.


Abstract

The present investigation will be focused on the recognition of the peace process that took place

between the MAQL and the national goverment, and it came forward from 1987 to 1991,

looking for it's contributions to the national constituent assembly, which implies, first of all, to

investigate about the origins and development of the armed movement, in order to describe in

detail the peace process between the guerrilla and the goverment of Virgilio Barco (1986 - 1990)

and Cesar Gaviria (1990 - 1994), then, the political and economical conditions that took the

MAQL to set the first approachments will be identified, while the politics for peace that both of

these goverments presented, will be specified and finally, the participation of the indigenous

communities on the national constituent assembly will be mentioned. As the main finding, we

have to say that the transversal axis of the indigenous struggle at the national level through

history, is the defense of the land, which leads to the defense of cosmovision necessarily.

KEY WORDS: Indigenous Movement, Quintin Lame Armed Movement, Peace Process,

National Constituent Assembly.


Siglas y abreviaturas

AICO: Autoridades Indígenas de Colombia

AISO: Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano

ANC: Asamblea Nacional Constituyente

ANDI: Asociación Nacional de Industriales

ANNCOL: Agencia de Noticias Nueva Colombia

ANUC: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia

ASI: Alianza Social Indígena

ASIN: Asociación Nacional de Indígenas del Cauca

AVC: ¡Alfaro Vive, Carajo!

CGSB: Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar

CNG: Coordinadora Nacional Guerrillera

CPRN: Consejería Presidencial para la Rehabilitación, la Normalización y la Reconciliación

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca

DAS: Departamento Administrativo de Seguridad

DIJIN: Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia

ELN: Ejército de Liberación Nacional

EPL: Ejército Popular de Liberación

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia


M-19: Movimiento 19 de Abril

MAQL: Movimiento Armado Quintín Lame

MIR-VR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Voz Rebelde

MRTA: Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia

OPM: Organización Político Militar

PCCML: Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista

PNR: Plan Nacional de Rehabilitación

PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores

UP: Unión Patriótica

ZIDRES: Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social


Tabla de contenido

Introducción

Primera parte:

Del indio Manuel Quintín Lame al movimiento armado: en defensa de la tierra

1.1. Manuel Quintín Lame Chantre: su vida y su lucha por la tierra y los derechos de los

indígenas

1.2. El movimiento armado: Rescatando a Quintín Lame y aprendiendo del movimiento

campesino, ¡la bandera sigue siendo la tierra!

1.3. En defensa propia: El MAQL, las comunidades y las otras guerrillas

Segunda parte:

En camino a los acercamientos

2.1. Condiciones políticas

2.2. Condiciones económicas

Sobre Políticas De Paz: Del uso del fúsil al uso de las palabras

2.4 Una lección histórica: de la salida armada y militar a la salida negociada

2.5. Virgilio Barco en la campaña electoral

2.6. El presidente y sus políticas para la paz: Cambiando la estrategia

2.7. Cesar Gaviria primer año de gobierno: Continuador de las políticas de paz de Barco

Tercera parte:


Diálogos, negociaciones y acuerdos

3.1 El paso a paso del proceso

Un sueño llamado transformación: lo que le dejó la Asamblea Nacional Constituyente al

pueblo indígena colombiano

3.2. La ANC: las leyes como esperanza para Colombia

3.3. El espinoso camino: la ANC como la oportunidad de transformar el país

3.4. Una realidad: Los indígenas reconocidos por las leyes colombianas

3.5. De movimiento armado a organización política: La Alianza Social Indígena (ASI) el nuevo

camino

Conclusiones

Referencias

Anexos


Introducción

Dada la coyuntura actual del país, donde el diálogo entre los grupos insurgentes y el

gobierno nacional ha suscitado muchos debates, entre ellos el concerniente al uso de las armas en

un país con más de cincuenta años de conflicto armado interno donde la paz aparece como un

sueño o una utopía. El actual proceso de paz ha permeado diferentes espacios, que van desde la

casa, el trabajo, la calle, la opinión pública, y claro, la academia. Esta última con una

responsabilidad histórica y como parte importe de la sociedad colombiana, no puede de ninguna

manera aislarse y menos las ciencias humanas y sociales por tal razón se decide realizar la

presente investigación con el fin de dar cuenta de un proceso de paz con una guerrilla, el

Movimiento Armado Quintín Lame, autodefensa de carácter indígena nacida en el departamento

del Cauca.

El Cauca es un escenario de continuas disputas violentas desde la época de la conquista

hasta la actual, protagonizadas por los pueblos originarios y por diversos actores (primero los

conquistadores, luego criollos, terratenientes, paramilitares, guerrilleros, multinacionales e

incluso el Estado) que han buscado explotar un territorio geoestratégico y abundante en recursos

naturales. En consecuencia, las comunidades se han organizado en torno a la defensa y

permanencia en su territorio, haciendo uso de las diferentes formas de lucha y a la persistencia de

las mismas, unas veces más armada que pacífica/legal, otras más pacífica/legal que armada.

Creemos que la presente investigación aporta elementos de análisis para entender la

cosmovisión de las comunidades indígenas en el país, además de proporcionar ejemplo sobre la

dignidad y soberanía, ya que consideramos que aun con todas las falencias que tuvo el MAQL,

no se puede desconocer que fue ejemplo de democracia, siendo la comunidad la piedra angular.

Asimismo, se quiere rescatar parte de la memoria del MAQL, que no es otra diferente de la del


movimiento social indígena, de sus luchas, triunfos y derrotas, quiere mostrar al país que,

contrario a lo que se piensa, los indígenas han resistido valerosamente ante la embestida de

distintos agentes oficiales y al margen de la ley, y que pese a ello aún siguen firmes en sus

convicciones queriendo hacer de Colombia un mejor país.

Por otro lado, este trabajo busca contribuir a solventar la deuda histórica de los colombianos

con los indígenas, es por ello que este proceso de paz en específico, es la excusa perfecta para

llevar a distintos espacios como los hogares, pasando por los barrios, las escuelas, las

universidades, las calles y las esferas laborales no sólo la discusión sobre la discriminación

racial, sino también sobre lo que significa ser un país multiétnico y pluricultural. Además de

brindar esperanzas de cambio y renovación del sistema a través de la resistencia social legal.

De este modo, como ejes orientadores y para dar respuesta a lo anteriormente planteado, el

presente trabajo logra condesar en un primer momento los referentes de lucha del MAQL, como

fue el líder indígena Manuel Quintín Lame Chantre a principios de siglo XX, donde el eje

transversal es la tierra y la reivindicación del resguardo como tierras comunales con un carácter

intransferible e inalienable. En un segundo momento se identificó las políticas para la paz de los

dos gobiernos que tuvieron contacto con el Movimiento Armado, a saber: el de Virgilio Barco y

el de César Gaviria, identificando los ejes que orientan todo su actuar político y que de una u otra

manera se mantienen entre uno y otro, pues los dos buscan a través del discurso de la paz

impulsar su política de gobierno.

De igual modo se intenta hacer un recuento histórico del proceso de configuración del

MAQL, resaltando los principales hitos del mismo. Como son los hechos que dieron su origen, la

participación en el Batallón América y las dos Coordinadores Guerrilleras, los acercamientos con


el gobierno y el inicio de los diálogos. Se concluye el texto hace referencia a la participación de

las comunidades indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)

En consecuencia, a través del Marco teórico –conceptual se han identificado ocho categorías

de análisis: violencia política, Estado, conflicto armado, procesos de paz, discurso político,

territorio, identidad y comunidad. En este sentido, para efecto esclarecedor se procederá a

continuación a precisar cada una de las categorías. La categoría de violencia política será

entendida a partir de la reflexiones del Centro de Estudio Bertolt Brecht (2001), desde donde se

propone que Violencia y Política deben analizarse como dos conceptos mancomunados, pues

ambos se yuxtaponen en el ejercicio del poder, tanto del Estado, como de las organizaciones

sociales que apelan a ella para oponerse a la acción estatal. Para comprender Estado se retomó al

sociólogo Max Weber (1984), quien plantea que éste es una asociación humana de actividad

continuada que ejerce el control a través de la burocracia, esto en la medida en que su cuadro

administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo y legal (coacción

jurídica) de la fuerza (coacción física) para el mantenimiento del orden vigente en un

determinado territorio.

En cuanto a conflicto armado se refiere, se abordará desde el profesor Carlos Medina

Gallego, quien lo define como un “conjunto de circunstancias y acciones mediante las cuales se

contrastan y confrontan en una sociedad, las distintas concepciones (…) a través del uso de la

violencia (…) con el propósito de sostener o transformar un orden social y político

determinado.” (Medina, 2010:92) Escola de Cultura de Pau. (02 de 2010). Introducción a los

procesos de paz. Obtenido de Escola de Cultura de Pau:

Para la siguiente categoría se abordará la definición consignada en los Quaderns de

Construcció de Pau, publicación que realizó la Escola de Cultura de PAU (2010), donde se


plantea que un proceso de paz es un periodo de tiempo en el que los actores afectados intentan

llegar a un acuerdo; siendo el diálogo y los consensos factores fundamentales en la intención de

superar una condición de violencia y conflicto armado para dar inicio a una etapa de progreso y

desarrollo.

Para la quinta categoría, se hará una aproximación desde los postulados de la profesora

Silvia Gutiérrez (s.f) a cerca de discurso político, para quien existen dos concepciones de este, la

primera, restrictiva, que propone que este discurso es exclusivo para las instituciones que

detentan algún tipo de poder dentro de la sociedad, y la segunda concepción es la extensiva, la

cual amplía el espectro político a múltiples actores sociales los cuales buscan incidir en las

relaciones de poder.

En cuanto a comunidad, esta se entenderá bajo las consideraciones del antropólogo Patrick

Morales, como una agrupación de personas que se aglutinan en un determinado territorio, las

cuales si bien sufren conflictos internos, anteponen el bienestar común y se plantean objetivos

también comunes que respondan a unas necesidades específicas, tratando de que sus decisiones

lleguen a consensos, es decir, procurando recoger y albergar a la mayoría. Por otro lado,

identidad, como categoría de análisis, será retomada desde el antropólogo Peter Wade, quien

propone que es una construcción individual y social que además “debe ser entendida como algo

profundamente sentido, como una parte de la psique y del cuerpo de cada uno. Pero no hay una

sola identidad “verdadera” para un grupo, ni aún para un individuo” (Wade, 2002). y finalmente,

la de territorio, del historiador Germán Palacio, quien plantea que “es la porción de naturaleza y,

por tanto, del espacio apropiado –material y simbólicamente- y transformado por la acción

cultural, sobre el que una sociedad determinada reivindica y garantiza a todos, o a parte de sus

miembros, derechos estables de acceso, control y uso de los recursos.” (Palacio, 2002:379)


La investigación a realizar se enmarca en el espectro de la investigación cualitativa, con un

enfoque de carácter histórico, teniendo en cuenta los planteamientos del francés Marc Bloch

(1982), quien asegura que la historia es la ciencia cuyo objeto a estudiar es el hombre y sus

acciones en contextos específicos y espacio-temporalmente ubicados. Además de ello Bloch,

propone tres elementos que resultan fundamentales al momento de realizar cualquier análisis: la

duda, la crítica y la observación. El primero proporciona al investigador la capacidad de saber si

algo es verdadero o falso dentro de un documento; el segundo, la crítica: ha de ser un método de

utilización casi universal y un punto de referencia como un criterio de verdad. Y por último, la

observación que es lo que le permite al historiador descubrir hechos y acontecimientos. Por

tanto, el autor que orientará metodológicamente este proceso es del historiador brasileño Ciro

Cardoso. Dicho autor propone unos pasos a seguir bastante concretos: el planteamiento del

problema, lo que implica seleccionar y delimitar un tema. En un segundo momento se debe hacer

la construcción del marco teórico. Luego se redacta la parte formal del proyecto investigativo. La

siguiente etapa comprende la recolección de la información. Dicho proceso debe estar

acompañado de las fuentes, que Cardoso clasifica en dos: fuentes primarias y secundarias, en

este proceso investigativo se usarán los dos tipos de fuentes, haciendo uso de libros, periódicos,

revistas, material fotográfico, consulta normativa y el audio del panel de presentación del libro

“Guerra propia y guerra ajena” de Ricardo Peñaranda1. El paso a seguir es el análisis de la

información que implica hacer una revisión crítica, contrastación y clasificación, verificación e

interpretación de la información recogida. Finalmente plantea que se debe hacer una síntesis y la

redacción final del documento.

Hay que resaltar que como en cualquier proceso de construcción de conocimiento, esta

investigación, sufrió cambios y transformaciones a medida que avanzamos en la indagación,

estas van desde el título, alguno que otro objetivo, hasta la ampliación del marco teórico -


conceptual. Inicialmente decidimos que llevaría como título “Tejiendo la paz en el Cauca:

proceso de paz entre el Movimiento Armado Quintín Lame y el Gobierno Nacional” pero a

medida que desarrollamos la misma, evidenciamos que no respondía en su totalidad a lo que el

trabajo expresaba por lo que decidimos cambiarlo a: “El Movimiento Armado Quintín Lame y su

proceso de paz: una lección de dignidad y resistencia.” En cuanto al objetivo sobre el contexto

social y político en el que se desarrolló el proceso de paz, consideramos que éste estaba de

manera implícita a lo largo del texto, asimismo, dimos cuenta de que habíamos obviado un

objetivo muy importante, y este era contar el paso a paso del proceso de paz, pues muchos de los

acontecimientos quedaban por fuera del relato siendo fundamentales para la investigación. Por

último, en la marcha de trabajo evidenciamos que aunque teníamos una amplia variedad de

autores y libros para dar cuenta de los objetivos, dichas referencias bibliográficas se quedaban

cortas, por ello y en medio de la dinámica fuimos consultando más textos y autores solucionando

con éxito el vacío que existía.

Hechas las anteriores aclaraciones y teniendo en cuenta la propuesta de metodológica de

Cardoso, la investigación, se presenta al lector en tres partes, a saber:

Primera parte: Esta parte introductoria denominada “Del indio Manuel Quintín Lame al

movimiento armado: en defensa de la tierra” se divide en dos partes; primero, “Manuel Quintín

Lame Chantre: su vida y su lucha por la tierra y los derechos de los indígenas”, en este

segmento se da cuenta del legado de este indio para con los indígenas, principalmente los que

habitan el Cauca, en la lucha por la recuperación y reivindicación de su territorio ancestral, y

segundo, “El movimiento armado: Rescatando a Quintín Lame y aprendiendo del movimiento

campesino, ¡la bandera sigue siendo la tierra!”, en el cual se evidencia la importancia de la

influencia discursiva de Quintín Lame a partir de la década del setenta tanto en organizaciones

legales como el CRIC, como también en grupos de autodefensa que protegían a las comunidades,


los dirigentes y el territorio, como por ejemplo el MAQL. Asimismo, se hablará propiamente del

movimiento armado, iniciando con una caracterización del mismo, el surgimiento y su aparición

frente a la opinión pública y todo el pueblo colombiano, teniendo como eje transversal las

relaciones de esta guerrilla con otros grupos guerrilleros.

Segunda parte: En la siguiente, se desglosaran las condiciones políticas y económicas que

llevaron al MAQL a entablar un acercamiento tendiente a un proceso de paz con el gobierno

colombiano de la época, es decir, el de la presidencia de Virgilio Barco. Asimismo, se

reconocerán las políticas para la paz de los presidentes Virgilio Barco y de César Gaviria, pero

antes de llegar a ello; se dará cuenta del porqué este dispositivo, el de la negociación pacífica,

fue utilizado como medio para superar el conflicto interno, pues surge como anteposición la vieja

añoranza del todo por el todo de la vía militar y armada, que se hizo latente durante y después del

frentenacionalismo.

Tercera parte: Por último, se dará cuenta de las dinámicas que llevaron al acuerdo de paz entre

el MAQL y el gobierno nacional, lo que inicialmente permite establecer el diálogo entre el

gobierno Barco y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) de la cual fue miembro el

Quintín algunos años. Después, ante la diferencia de objetivos la misma se fragmenta llevando a

que las distintas organizaciones armadas emprendan diferentes caminos y se dé lugar a la paz

parcelada. Adicionalmente, se identificarán los aportes de la comunidad indígena caucana en

general y el MAQL en particular, a la transformación del país al iniciar la década de los noventa

en el proceso que convocó a gran variedad de sectores de la sociedad colombiana, a saber: la

Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En un primer momento, se busca hacer un paneo

general sobre lo que fue dicho proceso. Acto seguido se intentará resaltar la participación del

MAQL; reconociendo en éste las decisiones del grupo armado para la dejación de armas y las


principales dificultades de los delegatarios indígenas frente a la ANC y los demás miembros de

la misma. Finalmente, se pretende identificar los aportes de los indígenas al proceso, o en su

defecto, los principales cambios en la constitución que beneficien a los pueblos indígenas.

Primera parte

Del indio Manuel Quintín Lame al movimiento armado: en defensa de la tierra

Manuel Quintín Lame Chantre: su vida y su lucha por la tierra y los derechos de los

indígenas.

Desde la colonia, la Corona Española otorgó título de resguardo al territorio indígena,

reconociéndolo como propiedad colectiva de las comunidades, que no era la totalidad de las

tierras que les pertenecían antes de la llegada de los españoles y mucho menos las mejores tierras

que existían, y además “Luego de la independencia de Colombia, la ley reconoció esos

resguardos y estableció que eran tierras que no podían ser objeto de transacción comercial, ni

podían ser embargadas.” (Vasco, 2008:373). La ley consignada en el papel no logró hacer mucho

por los derechos de los indígenas sobre la tierra y menos cuando estos no tenían conocimiento o

soporte sobre las mismas. Pues, “Además de tratarse de territorios ancestrales de los pueblos

indígenas, existían títulos –muchas veces de la Corona Real- sobre las tierras reivindicadas, y la

legislación vigente, concretamente la ley 89 de 1890, reconocía este derecho de los indígenas.”

(Peña y Tattay, 2013: 20)

Ahora bien, el Gran Cauca, la región de la cual era oriundo Quintín Lame, estuvo aislada

durante el siglo XIX, como la mayor parte del territorio colombiano, dadas las características

principalmente geográficas. Dicha situación se reflejaba en que “las autoridades civiles no hacían


presencia, las misiones se diluyeron y se fortaleció en cambio, la unidad política nasa, encarnada

en caciques que, ante la abolición de los cacicazgos tras la independencia, hicieron esfuerzos

parciales de centralización del poder.” (Núñez, 2008:94- 95)

Ya para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se evidencia un periodo de transición

entre el modelo colonial y el modelo capitalista, lo que engendró una crisis de la economía

señorial, afectando fuertemente a la aristocracia caucana. Por ello, muchos terratenientes

avanzaron hacia la región de Tierradentro en busca de la formación de haciendas que sirvieran a

la ganadería para sostener su economía. Para ello usaron las tierras altas de esta región. “Lo que

implicó mayor presión sobre las tierras de los indígenas y sobre la mano de obra, puesto que en

algunos casos aumentaron significativamente los días de terraje que debían pagar los peones”

(Núñez, 2008:95), sin tener en cuenta en lo más mínimo la ley vigente o la ley española que

concedía a estas tierras el título de resguardo y por tanto todo lo que ello implicaba.

En consecuencia, ‘’ante la reducción de las tierras comunales y los ataques de terratenientes

y colonos que obligaron desde muy temprano a una importante proporción de indígenas a

emigrar hacia otros pueblos.” (Núñez, 2008:94). Se consiguió la paulatina desarticulación de la

comunidad y la pérdida de la conexión de estas con el territorio en el que nacieron, lo que

prácticamente las obligó a transformar su cosmovisión y las condenó a la pérdida gradual de su

legado cultural e identitario.

Según Marta Herrera, Manuel Quintín Lame Chantre nació en octubre de 1880 en el sector

del Borbollón, en la provincia de Popayán, y muere en Ortega (Tolima) hacia el mismo mes en el

año 1967, hijo de Mariano Lame y Dolores Chantre descendientes de la comunidad indígena

Nasa-Páez. Su nacimiento tiene lugar en la hacienda la Polindara, la cual estaba ubicada en


territorio ancestral perteneciente a los indígenas, pero que fueron arrebatadas a éstos por los

terratenientes.

Quintín Lame, por ser conocedor de primera mano de las necesidades y la explotación del

pueblo indígena caucano, decide consagrar su vida a la lucha por los derechos de los pueblos

originarios. Según Ángela Núñez, Manuel:

No era indígena de resguardo, no hablaba en “lengua” sino español, era católico

practicante, militó durante algún tiempo en el partido conservador, sabía leer y escribir,

conocía lo indispensable en leyes (…) Sin embargo, estas características tampoco eran

totalmente atípicas ni cuestionan su identidad indígena; por el contrario, muestran un

proceso de adaptación en resistencia de los indígenas ante los cambios que se les imponía

desde afuera, por el gobierno, los terratenientes, el mercado, etc. (Núñez, 2008:93)

Quintín Lame, igual que su padre crece como terrajero pero con una idea que lo hacía

diferente a éste y a cualquier otro indígena; tenía la idea de aprender a leer y a escribir

Cuando yo le pedí a mi señor Mariano Lame me mandara a la escuela, me preguntó dos

veces: Quiere escuela? quiere escuela? Yo le contesté: Sí, señor. Entonces me entregó un

machete, un hacha, una hoz, una pala, un ginche y una barra, diciéndome: Esta es la

verdadera escuela del indio y se va con sus hermanos a cortar trigo y a derribar montaña

por un momento se penetró mi corazón de tristeza; pero llegó la alegría unida con el

pensamiento de que debía luchar contra la orden de mi padre. (Alape, 1999)

En 1901 fue reclutado para prestar el servicio militar obligatorio, “y al parecer fue en ese

periodo, bajo el mando del General Carlos Albán, que recibió lecciones de lectura, escritura,

legislación e historia.” (Gómez, 2012), además Quintín Lame, viajó a Panamá lo que hizo que


comprendiera el mundo más allá de las cercas de Polindara, pues en su condición de terrajero no

tenía derecho ni permiso para abandonar la hacienda.

Quintín Lame fue alistado a la fuerza en el ejército del Cauca (…) cosa que le permitió

conocer el mundo por fuera de la hacienda, porque los terrajeros no podían salir de ella

sin autorización de los terratenientes y si no era para asuntos de los patrones; de ahí que

su mundo estaba confinado durante toda su vida por los límites de las tierras usurpadas.”

(Vasco, 2008:374)

Hacia 1911, crece su interés por las leyes lo que hace que se relacione con abogados de la

ciudad de Popayán y aprende el oficio de la legislación. A pesar de su dedicación al enviar

innumerables memoriales, demandas y solicitudes para que las tierras fueran devueltas a los

indígenas, realizando para ello una búsqueda de títulos de resguardos para legitimar su lucha,

Pronto se dio cuenta que así no funcionan las cosas en Colombia, pues muchos de sus esfuerzos

por esta vía fueron inútiles;

Llevándolo a tomar conciencia de que, en Colombia, la ley es ilegal, es «subversiva»,

porque trastoca el orden natural de las cosas, y a entender que ese camino legal no

constituye solución para los problemas de los indios; comienza entonces a transformar su

pensamiento, primero, orientando su lucha a terminar con el terraje y, posteriormente, a

proponerse la liberación de los indígenas. (Vasco, 2008)

Hay que ubicar las luchas de Quintín Lame “en una coyuntura histórica nacional y regional

específica, puesto que el proceso de modernización capitalista generó la necesidad de explotar

comercialmente ciertos territorios comunales.” (Núñez, 2008: 95) Como ya se mencionó, se hace

más evidente la explotación de los terratenientes y la usurpación de su territorio. Por ello Quintín

Lame “desarrolla dos conceptos muy claros: los de «invasión» y «usurpación»; son los blancos


quienes invadieron a los indígenas y usurparon sus tierras. Con estas bases, afirma que «solo los

indios somos los verdaderos dueños de esta tierra de Colombia” (Vasco, 2008:375) y desde ahí

empieza a justificar la recuperación de las haciendas por parte de sus dueños originarios; pues

son los indígenas los que desde tiempos remotos, la han ocupado.

Ahora bien, es desde su experiencia como terrajero y el ver las injusticias de los hombres

blancos para con su pueblo, de donde surgen sus banderas de lucha y a sus puntos para la

agitación, a saber:

la defensa de las parcialidades y oposición militante a las leyes de división y repartición

de las mismas; consolidación del cabildo indígena como centro de autoridad y base de

organización; recuperación de tierras perdidas a manos de los terratenientes y

desconocimiento de todos los títulos que no se basen en cédulas reales; liberación de los

terrazgueros, mediante la negación a pagar terraje, o cualquier otro tributo personal;

afirmación de los valores culturales indígenas, y rechazo de la discriminación racial y

cultural a que son sometidos los indios colombianos. (Alape, 1999)

A razón de su fuerte empeño, Quintín Lame fue catalogado como un indio peligroso no solo

para las autoridades sino también para los terratenientes y grandes hacendados del Cauca por su

capacidad de convocatoria y el nivel aceptación que éste tenía dentro de la comunidad. Pues,

Manuel Quintín ya había empezado a generar cierta información con respecto al derecho de los

indios:

Empezó a divulgar sus ideas de casa en casa, primero entre el círculo de parientes y

amigos y luego a los terrazgueros de las haciendas circunvecinas. En un principio fue

escuchado con recelo, pero poco a poco sus actividades en defensa de los indios le fueron

ganando ascendiente entre ellos. Lame se había dedicado a enfrentar las injusticias de


mayordomos y vaqueros, presentando sus denuncias ante los alcaldes e inspectores,

basándose en los conocimientos adquiridos en los libros de leyes. (Herrera, s.f.)

La influencia de Quintín Lame era cada vez mayor, por ello, la élite caucana quiso tomar

cartas sobre el asunto; “En consecuencia, una prioridad era cortar su influencia sobre los

indígenas impidiendo la relación directa, aislando a Lame en la cárcel u obligándolo a que se

trasladara a otro lugar.” (Núñez, 2008:100), a partir de allí, Manuel Quintín es amenazado,

perseguido, golpeado y encarcelado, según lo señala Ángela Espinel en su texto “Quintín Lame:

mil batallas contra el olvido” Lame, se convirtió rápidamente, en un líder indígena, pero

La figura del líder indígena no era importante en sí misma, sino por su capacidad de

impugnación y movilización contra un orden económico y social que reproducía un

modelo colonial. (…) al borrar de la memoria a Quintín Lame, se buscaba, en últimas,

que las comunidades indígenas continuaran excluidas de la nación (Núñez, 2008:97)

Por ello, este líder indígena “era detenido sin una orden judicial, como medida preventiva,

por sospecha o bajo la acusación de “vagancia”, pero también se le acusaba de encabezar

motines, promover la guerra de razas, robo y otros delitos.” (Núñez, 2008:99) Además estas

detenciones no eran fortuitas, se hacían de manera premeditada pues casi siempre coincidía con

la época de elección del cabildo, pues era prioritario que Lame se mantuviera lejos de la

organización y la dirección de dicho proceso. “En consecuencia, si Lame estaba preso no podía

organizar, ni dirigir la elección de este cuerpo colegiado y la subsiguiente diligencia de

verificación por las autoridades locales, lo que era un requisito para poder exigir el

reconocimiento del resguardo”. (Núñez, 2008:99)

Para Quintín Lame, la organización indígena debía ser prioritaria, esa era la forma más

efectiva de cumplir a cabalidad las metas propuestas, a lo largo de su vida se plantea dos grandes


objetivos; el primero lograr que los indígenas no pagarán terraje y recuperarán sus tierras y el

segundo, que deviene del anterior, es que se logrará la expulsión del hombre blanco que

usurpaban las tierras y en consecuencia se lograría la liberación de los indios, por ello:

Su planteamiento fue el de organizar a los indígenas para lograr que «una columna

formada por indígenas se levantará el día de mañana para reivindicar sus derechos… y el

día llegará cuando el indio colombiano recuperará su trono». Con esta claridad convenció

a la gente de las comunidades del Cauca, sobre todo a paeces y guambianos, para que se

organizaran, porque tenían derecho a hacerlo y para recuperar las tierras que eran suyas.

Pues, también tenía claro que para conseguir este objetivo se necesitaba una organización.

(Vasco, 2008)

Asimismo, se dio cuenta que la lucha debería darse también desde la recuperación de su

identidad, reconocerse como indígenas y hacerlo en medio de un territorio que había sido suyo

desde tiempos inmemoriales. Pues dentro de las estrategias de los representantes de la ley en el

Cauca, no solo, estaba no reconocer a Lame como representante legítimo de las comunidades;

sino que además, lo que se pretendía era que dentro de su “estrategia política y jurídica basada en

negar la existencia de los indígenas. Con ellos no solo se les negaba sus derechos sobre las tierras

del antiguo resguardo, sino también su identidad, su cultura.” (Núñez, 2008:104-105)

Para aportar en la reconstrucción de la identidad y la cultura ancestral y como parte de la

resistencia indígena, ante los ataques de la población en general, se implementan las escuelas

Lamistas, que:

Para las autoridades locales eran lugares potencialmente subversivos porque constituían

un proyecto de educación indígena propio, que si bien seguía las pautas gubernamentales


sobre contenidos y evaluación, también configuraban un espacio de fortalecimiento de la

identidad, la cultura y la autodeterminación indígenas. (Núñez, 2008:106)

Quintín Lame pasó la mayor parte de su vida encarcelado, o huyendo de las autoridades del

departamento del Cauca y de los departamentos contiguos; esto como consecuencia de su

popularidad en las comunidades indígenas del Cauca principalmente, pero también del Tolima y

del Huila que veían en él un líder que podía, a partir de sus conocimientos en leyes, devolver a

los indígenas la dignidad junto con su tierra y su identidad. Dicha admiración se reflejaba en

diferentes homenajes y recibimientos públicos que eran multitudinarios, además de mostrarle su

confianza al designarlo más de una vez como jefe político.

Pero, por otro lado, la autoridad de Lame se origina en su manejo de las leyes, lo que le

otorga reconocimiento en varios niveles. En primer lugar, se ha apropiado de un saber

“blanco” que tradicionalmente ha sido utilizado para sojuzgar a los indígenas y quitarles

las tierras, pero que él le pone al servicio de los dominados. En segundo lugar, dota a las

comunidades indígenas de unos argumentos legales que les permiten defender sus

resguardos. En tercer lugar, la práctica misma lo convierte en un mediador reconocido

por las comunidades. (Núñez, 2008:109-110)

Lame no solo fue un hombre de palabras y leyes, sino también de acciones; ello lo llevó a

optar también por la lucha armada, cuando se dio cuenta de que en Colombia la Ley solo

funcionaba según los intereses de las clases dominantes de la sociedad. En consecuencia

Tanto la acción legal como la resistencia armada se conjugaron en las luchas indígenas

que Manuel Quintín Lame encabezó durante las primeras décadas del presente siglo (…)

se trató entonces de un movimiento sobre todo defensivo que se oponía al pago del


terraje, luchaba por la defensa de los Resguardos y de los Cabildos y por la conservación

de la cultura indígena. (Peña y Tattay, 2013:16)

Surge así la Quintinada, la cual fue la expresión violenta por la recuperación de la tierra y de

las haciendas. Este acto consistía en que los indígenas con armas rudimentarias y de uso

cotidiano como los azadones y los machetes, entraban a las haciendas de los terratenientes

principalmente las que estaban dentro de los resguardos y se realizaban la expulsión del hombre

blanco. La Quintinada, también se usaba para defender los resguardos o para defender a las

comunidades del abuso de las autoridades y/o terratenientes.

En ese entonces su programa ya no se contentaba sólo con proclamar la eliminación del

terraje, como ocurrió en los primeros años de su lucha, sino que se propuso expulsar a los

blancos de los territorios indígenas; este es el criterio que marcará en adelante su campaña, la

llamada «Quintinada». Los indígenas se organizaron y se armaron, como expresó Piñacué, con

palos, hondas, machetes y azadones y comenzaron a atacar y a tomar las haciendas, en ocasiones

hasta quemándolas; en algunos sitios dieron plazo a los blancos que vivían en ellos para que

abandonaran esos territorios y, por supuesto, combatieron a las tropas enviadas para perseguirlos.

Incluso llegaron a tomar algunos pueblos, como Inzá y Belalcázar, ambos en Tierradentro.

(Vasco, 2008)

No obstante, después de 1931, año en el que Quintín Lame es capturado por la policía en una

redada, decide hacer la lucha de manera legal, enviando memoriales, reuniéndose con algunos

poderes del Estado y convocando a los indígenas a la conformación de una autoridad central, que

unificaría a todos los indígenas, es decir, una organización que recogiera su programa de lucha.

En 1931 fue nuevamente encarcelado, cuando la violencia política llegó hasta San José de

Indias. En esa oportunidad fueron masacrados 17 indios del lugar, mientras otros 37


quedaron heridos. Manuel Quintín Lame fue conducido a la cárcel de Ortega, donde fue

sometido a torturas y malos tratos durante los dos años de su permanencia en prisión. Al

salir pudo apreciar de cerca los estragos de la violencia y el estado de postración en que

había sumido a las comunidades indias. Siguió entonces su labor de defensa de los

derechos indígenas por la vía legal, hasta que en 1938 pareció coronar el éxito, al decretar

el gobierno la restitución de los resguardos de Ortega y Chaparral. (Herrera, s.f.)

Quintín Lame fue, según Jesús Peña y Pablo Tattay, encarcelado más de cien veces, por lo

que busca refugio en el Tolima, donde prosigue con su lucha por la organización de los

indígenas, mientras tanto, “En el Cauca siguió orientando las luchas José Gonzalo Sánchez, hasta

que fue asesinado en 1945, y la época de violencia acabó con todo tipo de organización por más

de 20 años.” (Peña y Tattay, 2013:16)

En síntesis, el gran mérito de Quintín Lame consistió en su compromiso total con la realidad

indígena colombiana; en haber comprendido a profundidad su historia; el haber intentado

formular como principios esa profunda experiencia espiritual y cultural, en un reencuentro

consigo mismo y con los suyos. En este sentido, según Alape, Quintín Lame fue un auténtico

intelectual, formado en las entrañas de lo profundo popular, y un hombre curtido en sus luchas.

El movimiento armado: Rescatando a Quintín Lame y aprendiendo del movimiento

campesino, ¡la bandera sigue siendo la tierra!

Habría que empezar diciendo que el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), estuvo

lejos de ser una guerrilla de carácter tradicional ya que “no se asimila a la guerrilla guevarista,

maoísta, sovietista o nacionalista que surgió en Colombia durante el Frente Nacional,

proclamando una estrategia de lucha por el poder del Estado” (Peña y Tattay, 2013). Primero fue


un grupo conformado mayoritariamente por indígenas, pero también por mestizos, y dentro de

sus objetivos siempre estuvo la recuperación del territorio ancestral, la defensa de la comunidad,

además que no se propone ser un movimiento a nivel nacional,

Por su origen y relación con las comunidades indígenas, el MAQL apareció como un grupo de

resistencia armada o defensa propia en comunidades indígenas del norte del Cauca. Se acerca a

una forma de autodefensa en tanto es integrada, con algunas excepciones, por comuneros

residentes en los resguardos o líderes del movimiento indígena por la recuperación de su

territorio ancestral; se mantiene como defensa propia en tanto su espacio de acción no supera esa

territorialidad étnica. (Peña y Tattay, 2013)

Otra gran diferencia entre el MAQL y las demás guerrillas, es que dentro de su estrategia no

aparece la toma del poder como un objetivo fundamental. Ellos planteaban que, era mucho más

importante “apoyar el proceso organizativo para que realmente las comunidades pudieran tener

acceso a la tierra, para que pudieran tener acceso a estas necesidades básicas y se respetarán los

derechos culturales, políticos y sociales que tenían las comunidades” (Peña y Tattay, 2013:41).

El MAQL, es un grupo armado que se identifica con la lucha social y popular de los

sectores desprotegidos y vulnerables en Colombia, pero su interés es apoyar dichas luchas más

no aparecer como una organización que las orienta y dirige. “Es un grupo que se identifica

claramente con la lucha indígena, con la lucha de los sectores sociales y populares y no aparece

como un grupo que se abandera de la lucha popular y van hacia la toma del poder” (Peña y

Tattay, 2013:41)

Existen dos grandes hitos en la historia de las causas del surgimiento del MAQL, el primero,

el desalojo de la hacienda López Adentro y el segundo el asesinato del sacerdote Álvaro Ulcué.

No obstante, detrás de eso existieron otras condiciones que le dieron origen a este grupo armado,


o más aún que hicieron que los indígenas norte caucanos decidieran alzarse en armas. “Por allá

por los años 75 y 76, el sistema de violencia del Estado y el sistema de violencia implantado por

los terratenientes obliga a las mismas comunidades a pensar en un sistema de defensa también

armado.” (Peña y Tattay, 2013:26). Existe evidentemente una fuerte represión de parte del

Estado, con mecanismos legales como el encarcelamiento y otros no tanto como la represión

violenta por medio de las fuerzas armadas. Y por otro lado, de los terratenientes en busca de

detener el avance de la recuperación de la tierra por parte de los indígenas, que implica la

contratación de bandas de “pájaros” o sicarios a sueldo patrocinados principalmente por los

grandes hacendados terratenientes.

Al ver que los indígenas no le tuvieron miedo a la cárcel y continuaron con el proceso de

recuperación, los terratenientes y politiqueros comenzaron a organizar las bandas de pájaros a

sueldo que por miserables veinte mil pesos o cincuenta mil pesos iban y eliminaban dirigentes.

(Peña y Tattay, 2013:24)

Por otro lado, hay que considerar que el departamento del Cauca, históricamente ha sido

nicho de confrontación, por su ubicación geoestratégica, donde hace presencia diferentes actores

armados, como son las guerrillas de vieja guardia y el aparato militar del Estado. Así,

Para entender la presencia de grupos armados en el Cauca, es necesario remitirnos a dos

lógicas diferentes. En primer lugar este departamento, y sobre todo la cordillera que le

atraviesa, constituyen un espacio estratégico para cualquier organización que tenga por

objetivo la toma del poder por las armas en Colombia. (…) La otra lógica es la de los

movimientos sociales, pues sobre todo los que se desarrollan en el campo, casi siempre

han sido objetos en nuestro país de una feroz represión, que frecuentemente ha llevado a

su extinción. (Peña y Tattay, 2013:122)


Durante la década de los años 60 y al principio de los años 70, la cosa no podía ser diferente,

en esta época se aviva la movilización indígena y campesina, encabezada por la Asociación

Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), institución promovida desde el Estado en busca de

una reforma agraria que respondiera a las necesidades de la población, pero en últimas dicha

asociación se sale de las manos estatales y empieza a dar pasos de gigante en la recuperación de

tierras por campesinos e indígenas en todo el territorio nacional. Ahora bien, “la ANUC fue

punto de partida de su resurgimiento en la década del 70. Muchos dirigentes indígenas y muchas

formas de acción, especialmente de recuperación de tierras, se forjaron dentro del movimiento

campesino.” (Peña y Tattay, 2013:17) A nivel nacional, pero que tuvo un duro asiento en las

comunidades indígenas caucanas.

Ello permitió que los indígenas del Cauca conocieran y se formarán en diferentes formas por

la recuperación de la tierra.

Al calor de la reforma agraria y de las luchas campesinas, fueron surgiendo

organizaciones al norte y al oriente del Cauca. (…) En febrero de 1971 se convocó una

gran asamblea en Toribío, a la que asistieron más de 2000 indígenas de 9 comunidades.

Allí se propuso la creación de una organización, y surgió el Consejo Regional Indígena

del Cauca, CRIC. (Peña y Tattay, 2013:19)

Dentro de este mismo contexto surge el CRIC, como organización indígena legítima, según

lo plantea Peña y Tattay, con un programa de lucha y banderas bastante claras; programa que

recoge varias de los punto de lucha de Manuel Quintín Lame en la primera mitad del siglo XX; a

saber: recuperar la tierra de los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos

indígenas, promover el no pago de terraje, dar a conocer y exigir el cumplimiento de las leyes

que protegen a los indígenas, hacer una recuperación identitaria, por medio de la defensa de la


historia, la lengua y las costumbres propias, y por último, la educación propia, educando

profesores de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Obviamente dicha consolidación de

la organización indígena, hace que la represión hacia los líderes indígenas se intensificará a la

par de sus luchas por la tierra;

El proceso de lucha desde el principio está marcado por una fuerte represión. Represión

política de los partidos tradicionales, represión política también de algunas

organizaciones de izquierda que querían que se desarrollara un proceso pero bajo su

orientación, bajo sus intereses de grupo, y no un proceso de lucha democrática a partir de

las comunidades indígenas. (Peña y Tattay, 2013:25)

Es entonces, cuando los indígenas cansados de la represión y los asesinatos selectivos

deciden armarse en grupos no mayores de cinco personas y reciben el nombre de autodefensas,

pues lo que buscan no es otra cosa que lograr proteger a las comunidades y los territorios de los

diferentes ataques. Al respecto Peña y Tattay consideran que:

Los que trabajan estas ideas de manera permanente son los compañeros Luis Ángel

Monroy y Benjamín Dindacué, con el apoyo de otros compañeros, dan sus primeras

apariciones en los años de 1975 y 1976 con un número no mayor de cinco personas, que

tienen la misión de poner control y combatir la delincuencia y las bandas de pájaros en

los municipios (…) sobre todo armados de valor más que de un armamento. (…) y en

gran parte las peinillas o machetes se convierten en armamento de combate para las

autodefensas a que recurren los resguardos, prestando seguridad para las comunidades

que están al acecho de los pájaros. (Peña y Tattay, 2013:27-28)

Las autodefensas, desde la necesidad misma de las comunidades de conservar tanto su vida

como su territorio, “surgen como expresión social, producto de múltiples atropellos producidos


por los terratenientes que a costa de todo quieren detener el avance de las recuperaciones de

tierra.” (Peña y Tattay, 2013: 27) Hay que tener en cuenta que en su mayoría las personas que

conformaron estos grupos de autodefensa fueron indígenas miembros de las comunidades

“veteranos y expertos de caminar largas horas por escarpados caminos o trochas para llegar a

sitios.” (Peña y Tattay, 2013:29) que por lo general son de difícil acceso.

Los grupos móviles de autodefensas participaron activamente, desde su conformación hasta

su desmovilización, en diferentes escuelas de formación político- militar de las guerrillas que

frecuentaban las zonas, pero principalmente con el M-19 (Movimiento 19 de abril) y con el

Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque el apoyo también incluía, en algunas ocasiones,

el armamento o algunas armas eran “donadas” por dichos grupos guerrilleros, pues el armamento

de las autodefensas era rudimentario, y era conseguido con esfuerzo por sus miembros, por

ejemplo: con ahorros, recolectas y/o trabajo duro.

En septiembre del 77 y en enero del 78, el M-19 organizó una escuela de carácter político-

militar que responde a su estrategia de construir grupos móviles de guerrilla a nivel nacional,.

Adicha escuela son invitados algunos participantes de las autodefensas indígenas del Cauca, y se

decide conformar el grupo móvil aunque éste duró poco tiempo porque no hubo una respuesta

positiva de la población; sin embargo “los grupos de autodefensa se siguieron fortaleciendo en

varias comunidades de departamento, aunque el armamento con el que se contaba seguía siendo

muy precario” (Peña y Tattay, 2013:34)

Hacía el año de 1979, tras diversas situaciones, entre ellas el asesinato de Benjamín

Dindacué y el encarcelamiento de Luis Ángel Monroy, se decide volver a montar el grupo móvil,

esta vez como medida para proteger a los líderes indígenas que estaban amenazados y eran

perseguidos pero también para colaborar con las diferentes comunidades indígenas, el grupo


estaba conformado “con algunos compañeros del M 19 y otros del Cauca (…) recorrió zonas de

Tierradentro y del norte del Cauca. Se disolvió en enero del 80, cuando el M19 decidió

concentrar todas sus fuerzas en el Caquetá” (Peña y Tattay, 2013:36)

En 1979, los indígenas reconocen un nuevo enemigo, ya no solo deben combatir al Estado y

a los terratenientes sino que también deben combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC), como lo asegura Peña y Tattay:

Y es en 1979 donde la represión oficial es más fuerte, inclusive de grupos insurgentes, en

este caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como fue el sexto

frente, que inició un proceso de asesinatos de dirigentes en la zona Norte donde se vive la

situación más grave, y es donde surgen con mayor fuerza –por iniciativa de algunos

miembros de las comunidades- los grupos de autodefensa; inclusive se comienzan a

convertir como apoyo para las comunidades. (pág. 31)

Por eso, entre 1980 y 1981, cuando algunos de los integrantes de las autodefensas salieron

de la cárcel, entre ellos Luis ángel Monroy, tenían una idea clara que era “fortalecer la autonomía

de los grupos de autodefensa, que ya no solamente se tenían que defender de los terratenientes,

los grupos de justicia privada, de los paramilitares, sino también de la guerrilla.” (Peña y Tattay,

2013:40) Así es como nace el MAQL, quien decidió adoptar ese nombre por los alcances

históricos y simbólicos que aquel represento; este redescubrimiento del líder indígena que

hicieron los movimientos sociales contribuyo a la recuperación de la memoria de Lame como

icono de resistencia en la comunidad, considerablemente reducida por la represión a la que

habían sido sometidos los indígenas, por parte del Estado, los terratenientes, los pájaros y

además por la pérdida del apoyo popular ante la insistencia de éste en el legalismo.


El movimiento nace entonces con una historia de lucha y de organización que se remonta al

período de Manuel Quintín Lame, pasando tanto por su etapa legal/jurídica hasta su lucha

armada, después por los grupos de autodefensa, en todas sus facetas, incluida su declive; pero

que con el empeño de Luis Ángel Monroy, y en general del apoyo de las comunidades indígenas

que venían siendo violentadas “al año siguiente, se reactivaron los grupos de autodefensa y se

(…) perfila el llamado Comando Político, que a partir de ese momento orientó al movimiento

indígena en general y al Quintín en particular’’ (Ibeas, 1995:38)

Habría que decir que el MAQL, pugno por defender principalmente los intereses del

movimiento indígena y sus organizaciones políticas y sociales pero también los del movimiento

popular, ya que nace con la función de apoyar “a los campesinos jornaleros, pobladores urbanos

y demás sectores populares en su lucha por la tierra, por la cultura, por unas condiciones de vida

más justas, por su dignidad, autonomía y sus legítimos derechos” (Peña y Tattay, 2013:55) El

Quintín Lame, nace con la idea, según Juan Ibeas, de reivindicar la propiedad indígena de tierras

y defender los valores culturales autóctonos, es decir, nace con la clara intención de recuperar el

territorio ancestral y por las tradiciones culturales y la identidad de los grupos indígenas

caucanos.

En cierta medida el movimiento social indígena necesitaba respaldo armado y fue de su

seno donde surgió el Quintín. Esto explica el apoyo recibido de las comunidades y, uno

de sus rasgos distintivos, la subordinación al movimiento social indígena del cual forma

parte. Aunque no siempre fueron unas relaciones idílicas y en ocasiones hubo fuertes

conflictos, en general el MAQL contó con un intenso apoyo. (Ibeas, 1995:42)


El Movimiento Armado Quintín Lame, a pesar de su trasegar, sale a la luz pública el día “4

de enero de 1985 el Quintín Lame y el Ricardo Franco se toman la población de Santander de

Quilichao, en lo que sería la aparición pública del Quintín Lame ante la opinión nacional” (Peña

y Tattay, 2013:51), pero además con la necesidad de mostrar un respaldo a las comunidades y en

defensa del movimiento indígena, que fomenta otro tipo de percepción de las personas no

indígenas frente a las decisiones que las autoridades o el mismo movimiento indígena tomarán

“Nace como respuesta a una escalada de violencia ejercida contra las comunidades indígenas.

(…) El desalojo violento en una hacienda en López Adentro y también el asesinato del sacerdote

indígena Álvaro Ulcué.” (Ibeas, 1995:39)

El MAQL, al igual que su predecesor (Manuel Quintín), sabía que la lucha por la tierra y la

reconstrucción cultural, debía hacerse desde dos frentes; el armado y el legal, por tanto, el

Quintín Lame aspiraba un cambio profundo en el país por lo que debía irse construyendo

paulatina y gradualmente sin excluir la vía legal y la participación en las instituciones, Así el

MAQL apoyó el trabajo que el movimiento indígena realizaba en esas esferas, pero no sólo no

existía oposición a los cauces legales sino que incluso hubo cierta subordinación de la actividad

armada a la lucha avanzada en ese plano por las comunidades. (Ibeas, 1995:40-41)

Hay que tener claro que, “los puntos que movían al Quintín estaban en el marco de la

unidad, tierra y cultura, los que defiende el CRIC, pues el Quintín tenía algunos puntos comunes

con el CRIC.” (Peña y Tattay, 2013:113), aunque nunca el CRIC o el MAQL, reconocieron tener

nexo alguno, las autoridades respetaron las decisiones del Movimiento y viceversa:

El quintín Lame respetaba las autoridades propias de las comunidades y de las

organizaciones sociales, y no trataba de suplantarlas en las decisiones políticas que estas

debían tomar. (…) La orientación que se daba era que no se debía recuperar tierras de


pequeños propietarios, defendiéndose estos no solo por la extensión de su propiedad sino

por la actitud que adoptaba frente a la comunidad. Igualmente, en el caso de que la

propiedad estuviera situada al interior del resguardo, el campesino respectivo será

aceptado dentro de la comunidad si colaboraba en las actividades comunes y reconocía la

autoridad del cabildo. (Peña y Tattay, 2013:106)

Entre las tareas que tuvo el MAQL, dentro de las comunidades, desde su surgimiento hasta

la dejación de armas fueron, primero: “mantener vivo el proceso organizativo, y brindar el apoyo

a los cabildos, para que tales organismos legales fuera recobrando su dignidad, el respeto de la

comunidad.” (Peña y Tattay, 2013:132) Y “la segunda función importante (…), fue la de ayudar

a los cabildos y demás autoridades comunitarias a ejercer el control social. (Peña y Tattay,

2013:149) La primera rememora la lucha de Manuel Quintín Lame Chantre y su esperanza de

una organización única que recogiera a todos los indígenas y abanderará sus luchas.

En este punto, es muy importante describir la composición del MAQL, pues como ya se dijo

fue una organización guerrillera mayoritariamente de indígenas y afrodescendientes, con

presencia minoritaria de mestizos. Esta composición:

Refleja la propia realidad étnica de su zona de influencia, donde los paeces constituyen la

mayoría indígena. Junto a estos, incluyó a miembros de otras etnias del sector

colombiano andino como guambianos y coconucos. También contó con la colaboración

de combatientes blancos y mestizos principalmente de extracción campesina. (Ibeas,

1995:39)

En cuanto a las edades de los integrantes del MAQL, estuvo integrado fundamentalmente

por jóvenes en su mayoría menores de veinte años, analfabetos en gran parte y con bajo nivel de

formación política; los mejores cuadros estuvieron vinculados a las actividades legales. La


diversidad siempre fue un factor importante dentro de este grupo guerrillero, por tanto, no es raro

encontrar entre sus militantes, hombres, mujeres, ancianos o niños:

Sus integrantes obedecían a la misma gama social diversificada y agrupada en una nueva

identidad; había entre ellos hablantes y no hablantes del Nasa Yuwe, afroamericanos,

campesinos, viejos cabildantes, familias enteras, hombres mujeres y niños, que poco a

poco se fueron transformando e incidiendo en el total del contorno social regional que

vivió la década, haciéndose defensa territorial. (Espinoza, 1996:65)

Las comunidades estrechamente ligadas a la tierra se ven abocadas a la defensa de la misma,

es por eso que muchos jóvenes y familias enteras se vinculan a las guerrillas antes del

surgimiento del MAQL, a las FARC, al ELN, el EPL o el M19, las cuales no responden a las

necesidades de las comunidades indígenas, por eso el vincularse al MAQL, era la mejor

alternativa para estos jóvenes que vieron en esta guerrilla una opción para llevar a la práctica sus

diferentes conocimientos y sobre todo esto fortaleció el lazo fraterno entre los miembros de las

comunidades y de estos para con su tierra.

En defensa propia: El MAQL, las comunidades y las otras guerrillas

Como ya se dijo, el MAQL, se diferencia bastante de las guerrillas tradicionales formadas al

estilo Marxista – Leninista, con otros postulados del cómo desarrollar la guerra en Colombia,

emanada principalmente de su experiencia propia dentro de la comunidad y el territorio:

Así en lugar de vanguardia y centralismo democrático se hablaba con insistencia de

trabajo de base, de la importancia del activismo social y de la construcción del poder

popular y partir de la esfera local y regional. “El Quintín construyó y (…) defendió una


serie de conceptos centrales genéricos que actuaron como horizonte programático: ideas

de autonomía, de pluralismo y de democracia interna.” (Ibeas, 1995:39- 40)

Además se le debe añadir un atributo del que carecen las diferentes guerrillas y es su

carácter societal, en palabras de Juan Ibeas:

Su carácter de autodefensa de un amplio movimiento social frente a las agresiones

externas, permite que el MAQL pueda ser considerado como una guerrilla societal. Si a

esta dimensión de autodefensa, que no implica ausencia de movilidad táctica se añade su

carácter telúrico –identificación con la tierra y con las condiciones geográficas- (Ibeas,

1995:42)

Las diferencias entre los grupos guerrilleros, trascendía el aspecto de lo formal, algunas de

ellas provenían del conocimiento de la realidad de las comunidades y la preocupación de estos

por transformar en lo concreto las condiciones (de discriminación, explotación y represión) en

las que vivían los indígenas;

La definición de identidades, diferencias, concordancias del Quintín Lame con las demás

guerrillas no era solamente una cuestión semántica (por ser el Quintín Lame también una

guerrilla) sino una exigencia política práctica, ya que el Quintín cuestionaban el accionar

de los demás grupos al interior de las comunidades y reclamaba el manejo de nuevas

concepciones. (Peña y Tattay, 2013:96)

Teniendo en cuenta lo anterior, los grupos alzados en armas que pertenecían a la izquierda,

no lograban comprender lo complejo de las relaciones dentro del territorio indígena, y pretendían

que estos, los indígenas, se vincularon a sus proyectos políticos revolucionarios que muchas

veces los negaban o no los tenían en cuenta como una población con otras dinámicas y

características. Para Peña y Tattay:


Esto no es que haya sido malo, sino que en su inicio desconocía la propuesta del

movimiento indígena como una estructura diferente, con unas características particulares

en su proceso de lucha, pero las organizaciones armadas lo consideraban dependiente de

ellas para incluirlo en el mismo costal, sin analizar que son un pueblo con su propia

estructura; en lo político, cultural, social, ideológico, religioso, etc. (Peña y Tattay,

2013:110)

Así mismo, es importante entender la dinámica regional, pues el “enemigo” ya no es el

mismo. Los indígenas se enfrentaba a un enemigo más poderoso y con mejor armamento, “ya no

se estaba peleando con unos terratenientes tradicionales sino con una gran oligarquía

vallecaucana que manejaba toda la agroindustria del valle y la parte plana del Cauca, y para ellos

perder significaba una gran derrota.” (Peña y Tattay, 2013:49). Por eso la tierra, y la lucha por

ella, siempre estuvo marcada por un contexto de pugnas, en palabras de Manuel Quintín Lame,

entre los usurpadores y los dueños legítimos de la misma, logrando que los indígenas se

plantearan una opción de lucha a la altura de sus contrincantes.

En ese momento se podía ver cómo el problema por la tenencia de la tierra comienza a crear

una serie de hechos que lo llevan a plantearse una alternativa de lucha, con unas directrices que

se fundamentan en dar una respuesta de la misma magnitud a los opositores: los terratenientes

más tradicionales. (Peña y Tattay, 2013:132)

Ahora bien, el surgimiento y la salida a la luz pública del MAQL, debe entenderse en medio

de la condición regional, pues éste pretende dar respuesta al incremento de la represión contra las

comunidades indígenas que habían iniciado la invasión de haciendas en desarrollo del proceso de

recuperación de tierras, esta vez dirigido a las zonas planas en el norte del departamento,


amenazando así el control de los cañicultores, quienes reaccionaron violentamente.(Comisión de

Superación de la Violencia, 1992:105)

El salto que da el MAQL, para hacerse conocer en el medio nacional como una guerrilla

autónoma y de configuración mayoritariamente indígena –pero también con miembros mestizos,

afros, e incluso extranjeros- se da, como ya se dijo, en un contexto de plena represión y

persecución. Así las cosas era una necesidad que el movimiento indígena se sintiera respaldado

por un actor armado que respondía –y conocía- las necesidades y las prioridades de las

comunidades indígenas. El asesinato de Álvaro Ulcué y la represión en contra de los indígenas

que ejecutaban la recuperación de la hacienda López Adentro, fueron las gotas que derramaron el

vaso.

Las primeras acciones realizadas por el MAQL consistieron en la quema de maquinaria de

los ingenios azucareros, para las cuales contó con el apoyo de diferentes guerrillas,

principalmente el M 19, pues estos grupos guerrilleros tenían más experiencia práctica en ese

tipo de acciones de corte militar. En cuanto a la toma a Santander de Quilichao, la hacen

conjuntamente con el Ricardo Franco, 1

En ese momento ya se tiene contacto con la gente del Tolima: (…) allí se resuelve junto

con el Ricardo Franco hacer una toma militar y se decide que allí saldría a la luz pública

como Quintín Lame, ya como un movimiento armado en respuesta al desalojo de López

Adentro y el asesinato del sacerdote Páez Álvaro Ulcué, y el objetivo de esta toma es

Santander de Quilichao. (Peña y Tattay, 2013:52)

A pesar del cambio del MAQL, pues pasó de ser un grupo de autodefensa a un grupo

guerrillero, las comunidades, los dirigentes y las autoridades ancestrales, y el movimiento

1 Este fue un comando disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


indígena en general, prestaron su apoyo y la labor de este nuevo grupo fue bien recibida dentro

de las comunidades. Por otro lado, los militantes del MAQL, siempre tuvieron presente que las

decisiones de las comunidades estaba por encima de las de sus propios dirigentes.

En general la existencia del Quintín Lame fue valorado [positivamente por] las comunidades

y convertida en un mecanismo de control territorial, aunque lógicamente se presentaban sectores

poblacionales que no compartían su presencia. La comandancia siempre estuvo bajo una

dirección política de la cual hacían parte algunos integrantes del comité ejecutivo del CRIC y

líderes indígenas, así como integrantes de organizaciones campesinas del Cauca y urbanas de

Popayán. (Caballero, 2013:15)

Este cambio implicó la existencia de acuerdos entre las comunidades, los dirigentes y el

MAQL, pues este último debía reconocer y suplir las necesidades de las comunidades y no dar

una pelea que no era la suya,

Se debía buscar una estrategia acorde a la plataforma inicial: (...) mantener una

coordinación con los cabildos y su política de combatir los delincuentes de sus

comunidades: el Quintín, más que ser un grupo ofensivo debía ser defensivo. (…) Dentro

de este proceso ganó imagen a nivel indígena en todo el territorio nacional. Mostrando un

modelo diferente de la lucha armada, con una ideología propia, sin injerencia externa que

llevará a tomar postura foránea que olvidara el concepto indígena. (Peña y Tattay,

2013:134)

Una de las críticas más duras de las comunidades frente a los demás grupos guerrilleros y el

Ejército Nacional, y lo que no le permitirían a los militantes del MAQL, pues ellos conocían de

primera mano la realidad indígena, “era la de que con la realización de acciones militares en sus

territorios ponían en riesgo a las comunidades, irrespetaban sitios sagrados, atentaban contra la


autonomía y autoridad propia y justificaban la militarización por parte del ejército.” (Caballero,

2013:15)

Por otra parte, retomando a Henry Caballero, debe decirse que el pensamiento político del

MAQL, se configura dentro de las comunidades y el movimiento indígena caucano, y que en

total abordaban ocho puntos, que iban desde la definición del enemigo, pasando por la

construcción de un sistema político alternativo, donde lo fundamental radica en el buen

funcionamiento de la democracia participativa basada en el poder popular, tocando puntos tan

álgidos como el aparato militar, hasta tomar postura frente a lo que se conoce como revolución.

Primeramente, el enemigo de las comunidades indígenas en particular, pero de los pueblos

en general es el capitalismo, ellos planteaban que era necesaria su destrucción pues “sólo un

sistema alternativo podrá garantizar la existencia de lo diverso y dentro de ello, lo étnico, lo

cultural y lo local.” (Caballero, 2013:16-17). En cuanto al poder, opinaban diferente a los demás

grupos guerrilleros existentes en ese momento, pues se proponía que más allá de la toma del

mismo; lo que se debía hacer era la construcción del poder popular desde cada una de las

comunidades.

Ahora bien, ese poder popular debía materializarse, es decir estaba lejos de quedarse en el

discurso abstracto, en órganos que no solo fueran diferentes al sistema capitalista sino que a la

par lo combatiera. En ese sentido, debía existir: economías no capitalistas, justicia popular y

educación y gobiernos propios; que proporciona autonomía a las comunidades, respetando y

rescatando las tradiciones culturales e identitarias.

En cuanto a la democracia participativa, exponían que debía ser la base del sistema político,

cultural, social y económico alternativo y que su expresión debía reflejarse en los órganos de

poder popular, “tanto para llegar al control del aparato de Estado, como para la consolidación de


dicho sistema.” (Caballero, 2013:16- 17) Además proponían que dicha democracia debía y tenía

que construirse desde lo local y su expansión territorial debía ser en espiral.

Frente a lo militar, su percepción era que lo militar debía someterse y estar al servicio del

poder popular y no viceversa. En ese sentido, “no son los órganos de poder popular los que

deben gravitar alrededor de la guerrilla sino ésta alrededor de las definiciones de los mismos.”

(Caballero, 2013:16- 17)

Uno de los mayores problemas de las guerrillas colombianas, es el de creerse vanguardia, en

otras palabras creerse faro de la revolución. Para el MAQL, la vanguardia no implicaba

directamente el dar órdenes y ser dirigentes del proceso revolucionario, en cambio, opinaban que

“no hay una vanguardia definida de antemano, la vanguardia se construye y se gana en la

construcción del poder popular y en el proceso de unidad popular.” (Caballero, 2013:16- 17)

Para el MAQL, la revolución no debía entenderse solamente en relación con la cuestión del

poder o contra el Estado, por el contrario, “implica cambios radicales en la familia, en la

empresa, en la escuela, en las organizaciones, en la relación entre las localidades, y en general en

todo lazo en que se encuentre imposición y dominación.” (Caballero Fula, 2013:16- 17)


Segunda parte

En camino a los acercamientos

Condiciones políticas:

Desde el ámbito político, fueron esencialmente dos los factores que llevaron a que el MAQL

dejará las armas y decidiera que la batalla por la consecución de los derechos para las

comunidades indígenas se debía hacer en definitiva en el plano de lo legal y lo jurídico. Fueron

estos: primero, la injerencia del grupo en organizaciones guerrilleras nacionales y extranjeras.

Segundo, su reconocimiento del Estado como un interlocutor válido, parte del corpus social y

que tenía una deuda con las comunidades indígenas.

Una de las principales preocupaciones de las comunidades era que el MAQL se saliera de los

lindes dibujados por la autoridad de la comunidad misma; preocupación que se hace real cuando

las decisiones de la dirigencia del MAQL, encabezada por Ramón Julicué (Romir) –dirigente

comunitario sin gran experiencia militar -, determina unirse al Batallón América 2. Dicha acción

se derivó del acercamiento que realizó el MAQL con el M-19 para llevar a cabo acciones

armadas conjuntas que permitieran, por un lado, reivindicar de alguna manera la muerte en

noviembre de 1985, del primer Comandante general del MAQL, el afrodescendiente Luis Ángel

Monroy o ‘’Moncho’’ como también era llamado, (Peñaranda, 2010) quien

Fue asesinado (…) cuando viajó a Cali para tratar de conseguir armamento y munición. Según

cuentan desmovilizados del Quintín Lame, él se desplazó con un grupo disidente del M-19


conocido como Democracia, que estaba infiltrado por el Ejército y cayó en una trampa.

(Verdad abierta, 2015)

Y por otro lado, para recuperar armamento y prepararse militarmente para el combate,

teniendo en cuenta el antecedente de la masacre en noviembre de 1985 en Tacueyó, zona alta del

municipio de Corinto, Cauca, en la que fueron asesinados 164 guerrilleros que fueron acusados

de ser infiltrados del ejército perpetrada (Arias, 2015) por Javier Delgado o “José Fedor Rey”

comandante del grupo Ricardo Franco disidente de las FARC

En principio el Batallón América se desplazó y realizó su campaña por municipios del

nororiente del Cauca, pero luego Pizarro decidió desarrollar una campaña militar hacia el Valle

del Cauca, y es que según Jaime Jaramillo Panesso citado en Riaño (2006) “En el sueño de

Carlos Pizarro estaba un levantamiento de los ciudadanos de Cali, para tomarnos la ciudad. (…)

La idea era dar una muestra de fuerza y de sentar precedentes políticos para el futuro del país”

(págs 142 y 143)

Esta decisión no fue consultada con las demás organizaciones que conformaban el batallón.

En el caso del MAQL, sin una aparente autonomía y acatando las determinaciones del líder del

M-19, la dirigencia permite que sus miembros acudieran a un territorio desconocido y además

que fuesen desplegados en distintas escuadras. La situación se hace insostenible, pues el MAQL,

sufre varias pérdidas humanas, sumado a la falta de una buena alimentación y/o dotación. “Para

esa campaña con el Batallón nos fuimos 40 compañeros, y de esos cuarenta regresamos diez

porque la mayoría cayó en combate” (Peña y Tattay, 2013:73)


Uno de los principales errores que cometió la dirigencia del MAQL, fue acceder a salir del

Cauca, a tierras que para muchos de los combatientes eran extrañas y bajo idearios políticos que

no respondían directamente a las necesidades de las comunidades indígenas:

Pero el QL como fuerza territorial debía permanecer en su zona que era la garante de su

fuerza por su conocimiento y por la existencia de las redes sociales que lo apoyaban. A

pesar de eso el QL comete un gran error al salir del territorio Páez en dirección al Valle

del Cauca en acciones conjuntas con el M19. Allí se da su principal derrota, con el

sacrificio de una decena de integrantes, al querer combatir en un territorio que no

conocía. (Espinoza, 1996:100-101)

Para el Quintín la participación en el Batallón América fue una experiencia de la que se hizo

necesario aprender, pues como relata María Deisy Quistial- una excombatiente- “Al Quintín lo

pusieron como carne de cañón por estar conformado por indios. De las armas que prometieron

entregarles, les dieron las peores. Si acaso regresaron unos diez compañeros. Los demás se

perdieron” (Peña, 2015, sección El dia que conoci a las guerrillas, párr. 29 ). La dirigencia

política del MAQL, se replantea entre otras cosas el papel desempeñado Romir, por tanto en

asamblea de 1986 se delega a alias Gildardo Fernández como el nuevo comandante general.

Posteriormente, el MAQL se uniría a estrategias más amplias, como su participación en

coordinadoras guerrilleras de ámbito nacional, con lo cual se produjo un distanciamiento

progresivo con las comunidades que percibieron una vez más la pérdida de control sobre el

movimiento, lo que se originó cierto recelo. (Ibeas, 1995:42-43)

Aunque ganaban cierta fuerza a nivel nacional con la visibilizacion de los problemas de las

comunidades de este territorio y lograban un cierto equilibrio frente a las demás estructuras

armadas, también se introducían en dinámicas que le eran ajenas, donde primaban otro tipo de


intereses y las especificidades de la lucha indígena eran menospreciadas y subordinadas por

planes de envergadura nacional. Ya que el movimiento armado ”había empezado a hacer

tránsito desde su condición de autodefensa hacia grupo guerrillero con objetivos que iban más

allá de sus motivaciones iniciales, en especial por sus vínculos con las dos coordinadoras

guerrilleras cuyos objetivos eran de orden nacional” (Comisión de Superación de la Violencia,

1992:108)

Estas alianzas entre el Quintín y la Coordinadora Guerrillera Nacional (CGN), el Batallón

América y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) fueron consideradas por la

comunidad como equivocadas, ya que a su parecer éste le estaba dando preeminencia al

componente armado, alejándose de su propio territorio y de su proyecto político. Esta tensión es

señalada por Caballero (2013) cuando expresa que

Es una tentación constante en todo grupo armado darle más fuerza a su

característica armada, a sus estructuras y métodos jerárquicos, que a sus fines y

programa de lucha; de esta manera siempre se corre el peligro de convertirse en un

cuerpo armado que privilegia su reproducción como tal, y que por tanto puede ponerse al

servicio de intereses distintos a los planteados inicialmente. (pág. 5)

En consecuencia, cuando el MAQL integró las coordinadoras, se distanció de las

comunidades y perdió el apoyo de algunos sectores de las comunidades indígenas, los cuales

“(…) inicialmente circunscritos a la comunidad Guambiana y a sus voceros de AISO, criticaron

abiertamente al Quintín por haberse convertido en un aparato de guerra, y por lo tanto, en un

peligro para las propias comunidades que se proponía defender” (Peñaranda, 2015:237);

argumento demostrable en el incremento de efectivos del ejército en la región, a causa de los

consejos de seguridad y por las alertas que emitían algunas poblaciones. En este sentido, se


perdía progresivamente el motor que mantuvo vivo por tanto tiempo a este grupo guerrillero, es

decir, la estrecha relación con las comunidades y sus territorios y el pleno apoyo del tejido social

indígena.

Por ello, después de hacer un análisis exhaustivo al interior del MAQL y bajo las decisiones

de las comunidades, se pretendió darle un nuevo aire a todo el movimiento, “que en la

comandancia hubiera una vocación de lucha, que nuevamente llegara a las comunidades con

unos replanteamientos al interior y una dinámica que condujera a reexaminar los múltiples

problemas que se están presentando” (Peña y Tattay, 2013:75). Lo que se quiso fue anteponer la

figura de la máxima autoridad, la Dirección Política frente al Estado Mayor, o en otras palabras,

darle más peso al componente político que al militar, pues ambas veían de manera distinta el

camino para la consolidación de los objetivos iniciales, pero gracias a los espacios políticos que

venía ganando el movimiento indígena se evidenció que lo mejor era seguir transitando un

camino hacia la acción política y dejar atrás la acción armada. La idea de ir de lleno a la arena

política implico además

Cobrar la deuda social que el Estado colombiano tiene con las comunidades indígenas,

[lo que] conlleva una cierta relación de reconocimiento entre estas dos -que de por sí- no

se puede basar en el enfrentamiento. Para los planes de desarrollo, para el logro de la

autonomía, para la supervivencia de la cultura, para el control del territorio, las

comunidades necesitan una cierta manera de articulación con la sociedad dominante que

se encuentra a su alrededor; otra perspectiva podría considerarse un suicidio. (Peña y

Tattay, 2013:157)

Por otro lado, el liberal Virgilio Barco, venía adoptando un discurso a favor de la paz desde

antes de asumir la presidencia de la República. Ejemplo de ello se consigna en su texto “La


lógica para de la paz” de 1985, en el que analiza las problemáticas que atraviesa el proceso de

pacificación del país del gobierno Betancur, y sugiere algunas estrategias para la corrección de

los mismos, al tiempo que confirma el anhelo común de la paz. Barco planteó específicamente

que:

“Yo parto del principio de que la búsqueda de la paz, la superación de los conflictos

sociales y políticos, ha sido, es y será siempre una meta y un objetivo permanente y de

continuo perfeccionamiento. (…) Mientras existan injusticias, mientras existan

necesidades extremas, mientras no hayamos logrado una vida digna para todos los

colombianos, la paz no se habrá consolidado.” (pág.23)

Una vez fue elegido como presidente de la República para el periodo de 1986-1990, Barco

desplegó todo un plan político para que la paz fuese el resultado de dichas acciones, para la

consecución de un país diferente. Por ello acudió a estrategias como el Plan Nacional de

Rehabilitación (PNR) buscando erradicar las causas objetivas de la violencia; también impulsó

reformas democráticas, una agraria, una de carácter constitucional y claro, su iniciativa de paz,

en la que se esperaba el diálogo con los grupos alzados en armas y una exitosa culminación de

los procesos (Bejarano, 1990; García, 2009 y Villarraga, 2015). En este sentido, la

institucionalización de la paz y el cambio político que lideró el mandatario, propició que las

organizaciones armadas vieran realmente posible la salida política del conflicto armado que

hacía el gobierno nacional.


Como ya se ha venido revelando de manera implícita en lo escrito, gracias al carácter de

este grupo de autodefensa indígena, con fuerte territorial e identitario; su proceso siempre estuvo

-con algunos momentos de tensión y altibajos- mediados y dirigidos por las comunidades,

El combatiente del Quintín Lame se movía en el ámbito de su comunidad de pertenencia

tanto espacial como culturalmente porque se encontraba estrechamente vinculado a ella.

(…) En este sentido quienes provenían de las comunidades indígenas necesitaban

justificar cierta trayectoria personal de servicio a ellas y el visto bueno y la

recomendación de las autoridades comunitarias. Sin embargo, con el paso del tiempo se

relajó mucho este control por parte de cabildos y autoridades indígenas lo que crearía más

adelante ciertos problemas y algunas desconfianzas hacia el Quintín Lame. (Ibeas, 1995:

41)

Otras dificultades con el proceso de vinculación fueron evidente en el bajo control de los

cabildos como autoridad que estaba presente en el proceso de selección de los miembros del

grupo armado, lo laxo del tiempo de permanencia, la permanente rotación de personal, y la

flexibilización en la incorporación de elementos, hicieron que hubiese problemas en la formación

de los combatientes al igual que para tener claras cifras de la cantidad de efectivos que en

últimas integraban la organización, una problemática muy predecible, ya que aunque

En junio de 1986 la Asamblea General aprobó los “Estatutos Provisionales” que, con

algunas modificaciones posteriores, se conservaron hasta la desmovilización en 1991 y

que constituyen una importante referencia para comprender la organización interna, (…)

deben sin embargo tomarse con cautela dado el alto grado de informalidad que

caracterizó al Quintín (Peñaranda, 2010:39 y 40)


Ahora bien, siempre existió una pugna dentro del movimiento indígena, sobre el uso de las

armas. Desde los tiempos de la Quintinada y obviamente en los años 80, habían indígenas a

favor y en contra del proceso de recuperación de las tierras y mucho más debate suscitaba el uso

de las armas para la defensa de la misma; tal como lo plantea Ibeas “La tensión permanente entre

vía pacífica y lucha armada concluyó finalmente en favor de la primera, fruto del

replanteamiento produjo tanto en el seno de las comunidades como del movimiento indígena en

general y del Quintín en particular.” (Ibeas, 1995: 47) Esto se debió en gran parte a las malas

decisiones de la dirigencia del MAQL y la presión de las comunidades indígenas y a las

propuestas de paz provenientes del Gobierno Nacional, donde “la disolución del Quintín Lame

resultaba necesaria para dar paso a nuevas formas de expresión política a través de los canales

institucionales, que se hicieron posibles a partir de los años noventa dadas las transformaciones

en el régimen político’’ (Peñaranda, 2012: 179)

Las preocupaciones de las comunidades frente al actuar y al crecimiento del ala militar del

MAQL era notable. Esto los llevó de manera colectiva a reflexionar y replantearse, primero la

necesidad de la existencia del grupo mismo. Segundo, el ingresar a los diálogos de paz que

podrían revertir en ganancias para todos los indígenas en el territorio nacional y que se verían

reflejadas dentro de las leyes y las normas

Las señales en torno al proceso de paz por parte de la comunidad fueron en varios

sentidos. Por una parte algunos dirigentes zonales de comunidades veían el peligro

paramilitar y consideraban que se hacía necesario seguir teniendo un grupo que sirviera

de defensa; por otra parte, y desde el mismo ángulo, otros dirigentes consideraban que el

Quintín cometía errores y no tenía control sobre las autodefensas y ex militantes, por lo

cual era mejor que no existiera o que se reformara radicalmente. (Caballero, 2013: 20)


En consecuencia, la comunidad evidenció que la existencia del MAQL ya no era necesaria

puesto que sus organizaciones habían logrado importantes victorias en el ámbito de la legalidad,

como movimiento social, lo que invalidaba el principio de autodefensa del movimiento y por

ende su razón de ser.

Debido a lo anterior, seguramente se veía venir una definitiva separación entre el MAQL y

las comunidades indígenas, pues se creía que el Movimiento Armado, “corría el riesgo de

convertirse en una “máquina de guerra” aislada de sus bases sociales y dedicada a la depredación

de las propias comunidades, y por ello bajo la presión de estas últimas sus negociaciones de paz

se hicieron irreversibles.” (Comisión de Superación de la Violencia, 1992: 109)

A los anteriores elementos se suma otro: el uso de la criminalización en contra de las

organizaciones y movimientos sociales de toda índole, uno de ellos el movimiento indígena. En

el caso del Cauca por un lado, está el CRIC, organización que poco a poco ganaba prestigio y

legitimidad entre las comunidades indígenas, pero también reconocimiento a nivel nacional e

internacional por sus alcances. Y por otro lado, estaban los cabildos como entidad sociopolítica

tradicional. Así, tal como lo plantean Peña y Tatay

No podemos negar que en la decisión de varias comunidades de apoyar la

desmovilización del MAQL, además de los motivos positivos que todos conocemos,

pudieron jugar algunos negativos, como la incapacidad de controlar todas las

desviaciones delincuenciales. El otro factor negativo que jugó algún papel en la

desmovilización, fue la creciente criminalización de la organización legal, ante todo el

CRIC, pero también algunos cabildos, que se vieron acusados por las autoridades de ser


cómplices de la guerrilla y aún ser convertidos en blancos militares. (Peña y Tattay, 2013:

150)

Condiciones económicas:

En realidad, este es uno los de los temas de los que poco o a casi nada se conoce, pues ha

sido tratado con gran reserva, tanto así que en documentos importantes sobre la organización del

MAQL, como por ejemplo en los estatutos provisionales de 1986

El reglamento no señala nada respecto a las labores de financiamiento de la

organización, cuyas necesidades económicas llegaban a los 30 millones de pesos por año.

Este es uno de los temas que se trata con mayor reserva. Además de los asaltos a las

empresas transportadoras de valores y a establecimientos bancarios, el Quintín recurrió a

contribuciones “voluntarias” de algunos propietarios rurales, casi siempre en especie.

Aunque tradicionalmente el Quintín ha negado haber practicado el secuestro, en privado

se reconoce la participación en tres secuestros (Peñaranda, 2010:41 y 42)

No obstante, se sabe que en medio del proceso tanto de construcción como de consolidación

el MAQL, fue apoyado siempre por las comunidades; en ese sentido, su sistema de financiación

emanaba también de los aportes voluntarios que le brindaban éstas, como muestra de gratitud por

el papel protector que desempeñaban los militantes dentro del territorio indígena. Por ello, los

recursos fueron siempre escasos, pues las comunidades indígenas carecían de los mismos,

entonces los apoyaban económicamente desde lo que tenían. Por ejemplo, las dotaciones en

indumentaria eran casi nulas en comparación a otros grupos armados y el armamento no era otro

que artefactos artesanales, bastantes rudimentarios y unas pocas armas recuperadas en operativos


o donadas por algunos grupos guerrilleros, especialmente del M-19 (Ibeas, 1995 y Peña, 2015)

las cuales no constituían realmente un factor militar importante frente a los enemigos

tradicionales.

Sin embargo, las comunidades les permitían ciertos tipos de acciones dentro del territorio

como las “vacunas” a los terratenientes más adinerados“ así la financiación provenía de

aportaciones voluntarias de comunidades y simpatizantes, de extorsiones o “vacunas” a

terratenientes y de algún que otro atraco.” (Ibeas, 1995: 42). Por ello, ante la decisión de las

comunidades, para que el grupo se desmovilizara, el MAQL no podría contar más con dichos

recursos económicos, lo que le implicaría que debía auto sostenerse o auto financiarse, lo que

evidentemente llevaría a este grupo de autodefensa a prácticas que quebrantaran la autonomía de

las comunidades, poniendo en riesgo al movimiento indígena y a las comunidades indígenas en

sí mismas.

Sobre políticas de paz: Del uso del fusil al uso de las palabras

Una lección histórica: De la salida armada y militar a la salida negociada

La historia de la construcción de Colombia como un Estado nación, ha estado marcada por

periodos de violencia que han variado de intensidad y causalidad. Estos han ido desde la época

de la conquista, la colonia, la gesta independentista, el conflicto entre los centralistas y los

federalistas, hasta las luchas bipartidistas que darían origen a un pacto, el Frente Nacional, el

cual llevaría a la conformación de numerosas guerrillas y a su confrontación con el Estado. Estas

confrontaciones luego se extenderían a otros grupos al margen de la ley. Todo esto pone en

evidencia la incapacidad del Estado colombiano y por supuesto de los diferentes gobiernos, para


resolver los problemas más urgentes del país, en materia de derechos, saneamiento, reforma

agraria, y también dar solución a las exigencias de democracia por los sectores populares.

La forma en la que el Estado quiso poner bajo control a los diferentes grupos alzados en

armas, fue a través de la vía militar, pensando que era la mejor solución para propiciar la

rendición de los enemigos o si la condición lo ameritaba su abatimiento. Con esta idea es que el

entonces presidente Alberto Lleras Camargo4 en su segundo período (1958-1962) inicia una

campaña de pacificación. Para ello buscó asesoría en el año de 1959 del presidente republicano

Dwight D. Eisenhower, quien envió un grupo de especialistas a Colombia, los cuales realizaron

un informe que “ofrecía una caracterización de la violencia de la época, sus actores, e incluso sus

soluciones, y tuvo un notable impacto en la manera como se enfrentó el conflicto” (Grupo de

Memoria Histórica, 2012: 118). Dentro de las soluciones que ofrecía dicho informe, se sugirió

que en el plano militar se debía frenar a los grupos criminales con tropas de contrainsurgencia y

en el campo social emprender una serie de reformas que afrontarán la inequidad para evitar la

aparición de la subversión.

Lleras Camargo atendió las sugerencias planteadas por el gobierno norteamericano ya que

estaba adscrito a la política internacional de los Estados Unidos y la Alianza para el Progreso, en

concordancia en 1961 se aprobó la Ley 135 de reforma agraria, algunas políticas educativas que

benefician a las zonas rurales. Durante los siguientes periodos presidenciales pertenecientes al

Frente Nacional, es decir, el de Guillermo León Valencia (1962-66), Carlos Lleras Restrepo

(1966-70) y Misael Pastrana Borrero (1970-74); dichos gobiernos le dieron preeminencia al

componente armado como solución al conflicto5.

Asimismo, la situación se recrudeció por la dinámica misma de la coalición política -Frente

Nacional- y por su incapacidad para resolver el conflicto que vivía el país, y las inequidades de


orden político y social que le dio origen a éste. Es por ello que durante esta etapa de la historia,

surgen y se consolidan grupos subversivos que se querían erigir como una alternativa, con la que

se pretendía combatir y construir un nuevo Estado como forma de organización de la sociedad.

Es así que surgen, respondiendo a diferentes contextos y épocas del país, por ejemplo, las

guerrillas liberales de origen gaitanista y las autodefensas comunistas hacia la década de los 50,

para los años 60 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de

Liberación Nacional (ELN) esta última con una marcada influencia de la revolución cubana, para

la misma época se crea el Ejército Popular de Liberación (EPL) bajo una ideología marxista-

leninista- maoísta y El Movimiento 19 de abril (M-19) hacia los años 70 fruto del fraude en las

elecciones presidenciales entre Pastrana Borrero y Rojas Pinilla.

Ahora bien, una vez terminado el pacto bipartidista que fue un periodo “caracterizado por el

crecimiento y la estabilidad económica. (…) situación [que] cambió en el primer Gobierno de

transición política, entre 1974 y 1978, en el cual la economía se desaceleró y la inflación explotó.

(Grupo de Memoria Histórica, 2013:131)

Por lo anterior, durante el período presidencial comprendido entre 1974 y 1978, cuando

asumió como presidente el político liberal Alfonso López Michelsen; el descontento de los

sectores populares no se hizo esperar, produciéndose movilizaciones campesinas, estudiantiles,

sindicales y hasta un renombrado paro que tuvo cobertura nacional el día 14 de septiembre de

1977. Estas acciones fueron reprimidas fuertemente por los agentes oficiales bajo el Estado de

Sitio, figura constitucional que tenía su razón de ser en el artículo 121 de la constitución política

de Colombia de 1886, el cual reza en su primera parte

En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa

audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el


orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal

declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y,

en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la

Nación o reprimir el alzamiento. (Constitución Política de Colombia, 1886)

Dadas las continuas formas de expresión por parte de la población civil, como son huelgas y

paros sectoriales, sumados a los frecuentes ataques por parte de organizaciones guerrilleras, el

gobierno de la época decide declarar el Estado de sitio en el país, como medida para

Frenar una escalada de violencia que tiene como punta de lanza una serie de secuestros

urbanos con matices políticos promovidos por grupos subversivos de extrema izquierda.

Las fuerzas armadas reiteraron que «afrontarán cualquier situación que afecte a la

tranquilidad ciudadana». (Agencia EFE, 1976, párr. 4)

El Estado de sitio se intensificó con la llegada a la presidencia del liberal Julio César Turbay

Ayala (1978-82) quien amparado en esta figura expide, iniciando su mandato, el controvertido

decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, conocido como Estatuto de seguridad, en el cual las

Fuerzas Armadas debían combatir al enemigo interno que amenazaba los intereses del Estado-

nación (subversión, narcotráfico) lo que le otorgó a este conjunto de instituciones la atribución

legal para juzgar a civiles y bajo la premisa del orden social cometer violaciones a los derechos

humanos.

Pese a lo anterior y mientras el Estatuto de Seguridad6 seguía operando, en marzo de 1981

formaliza la Ley de amnistía, la cual pretendía abrir la puerta para la entrega de ciudadanos

alzados en armas, posteriormente en noviembre del mismo año creó la primera comisión de Paz

en Colombia7 (12 miembros del Ejecutivo, la Iglesia Católica y las Fuerzas Militares). Esta


actitud de cambio se debió a la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19 en

1980, donde numerosos diplomáticos de distintos países departían con motivo conmemorativo de

la independencia del país centroamericano, y ante esta situación el gobierno debió descartar la

incursión por la fuerza a la embajada, por lo que decidió optar por la negociación directa y

supervisada por entes internacionales garantes de derechos humanos.

Posteriormente asume la presidencia el conservador Belisario Betancur Cuartas (1982-86),

quien guiado por el “Contexto de la política de protección de los Derechos Humanos impulsada

por el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981), “optó por dialogar y empezar

un proceso de paz con las guerrillas” (Grupo de Memoria Histórica, 2012:135), pero además ante

la “poco probable derrota militar de uno de los contendores, lo cual, articulado con la gigantesca

capacidad de daño que se puede derivar de la continuación del conflicto, [impuso] la necesidad

de una salida negociada” (Arias, 2009:7- 8)

Desde el mismo momento en que Belisario Betancourt, asumió el mandato del país se

evidencio un cambio total en la manera de afrontar el conflicto armado en tanto pasó de las

estrategias belicistas y militaristas, donde el enemigo de la nación era el factor que creaba la

situación caótica del país y que fue ampliamente utilizada por sus antecesores, a una política en

la que se reconocían por un lado, las causas objetivas ( la pobreza, el desempleo, el

analfabetismo) que generaban la violencia y por otro el reconocimiento político a los grupos

alzados en armas, lo que pretendía generar una apertura política del gobierno (participación

política directa) para posibles negociaciones tendientes a la paz. El entonces presidente Belisario

Betancourt

Revivió la comisión de paz (Decreto 2711 de 1982), sancionó una nueva Ley de

Amnistía (Ley 35 de 1982) (…) Durante este gobierno se creó el Alto Comisionado de


Paz (Decreto 240 y 2560 de 1983), la Comisión Nacional de Verificación (Comunicación

presidencial del 29 de mayo de 1984), la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo

(Comunicación presidencial del 17 de julio de 1984) y la Comisión de Paz, Diálogo y

verificación (Decreto 3030 de 1985) e impulsó (..) la Ley de Indulto (Ley 49 de 1985)

(Valencia, 2012: 7)

No obstante, como manifiesta García (2009), esta voluntad entusiasta no fue bien recibida,

ya que

El Presidente no contó con el respaldo del establecimiento. Los militares, en cabeza del

Ministro de Defensa, se opusieron a la política de paz y la torpedearon; tampoco el

partido Conservador del Presidente, ni el partido Liberal en la oposición, se sentían

identificados con la estrategia presidencial y por ello no brindaron el respaldo político

necesario. Los grandes gremios dieron un « golpe de opinión » (...) Por otra parte, los

sectores vinculados al agro, sintiéndose desprotegidos, darán su respaldo a los grupos

paramilitares, que en este período crecieron vertiginosamente con el apoyo de los

militares. (La infructuosa búsqueda de una salida negociada, párr.3).

En consecuencia, aunque el mandatario avanzó en la creación de instrumentos normativos

para facilitar la vía negociada al conflicto con la guerrilla, su mandato finalizaría en un balance

pobre en términos de logros para la paz.

Virgilio Barco en la campaña electoral

Durante la campaña de contienda electoral de cara a las elecciones de 1986 el tema de la paz

no fue esquivo a los discursos políticos de los candidatos presidenciales, por su parte Álvaro

Gómez Hurtado del Partido Conservador “presentaba un corte radical frente a la concepción


belisarista del conflicto armado y la forma de enfrentarlo” (Bejarano, 1990: 6), Jaime Pardo Leal

de la Unión Patriótica8 (UP), veía un momento de coyuntura política donde otras alternativas

diferentes a la bipartidistas debían ser escuchadas a través de las luchas políticas legales y por

último, el representante del partido Liberal Virgilio Barco Vargas9, quien si bien fue constante en

sus críticas al proceso de paz de Betancur, como se evidencia en su escrito La lógica de la paz de

1985:

Algunas personas me han criticado por decir que necesitamos resultados positivos, más

que promesas. Quiero ilustrar en una forma muy simple lo que esto significa, con

ejemplos extractados de las palabras del Presidente Betancur: (…) ninguno ha hablado

más de paz, y al mismo tiempo ha tenido que confrontar una gran violencia; (…) En el

vital tema de la paz encontramos, quizás, la mayor distancia entre la abundante retórica y

los precarios resultados” (Barco, 1985: 1-2)

Posteriormente atacó no solo a su principal contendor, el conservador Gómez Hurtado, sino

que también ataca al partido Conservador, diciendo que a pesar de disfrazarse siguen siendo más

de lo mismo, incluso los acusa de engañar al pueblo con promesas. Esto fue lo que aseguro:

Y el doctor Belisario Betancur sólo se diferencia del doctor Álvaro Gómez por su

nombre. Pertenecen juntos al mismo Partido Conservador, y son súbditos del mismo

expresidente. Y aunque prefieren escudarse en banderas diferentes a la azul, para atraer

incautos votantes, profesan y practican los mismos principios ideológicos (…) El país no

puede creer en un candidato que le está proponiendo hacer “más de lo mismo. No. El país

quiere un cambio real, no un simple cambio de nombres. (Barco, 1986: 4)


No por ello era ajeno a la búsqueda de la paz como medio para superar los profundos

conflictos sociales y políticos. Creía que su partido, el Liberal, era el único que podía

materializar los anhelos de cambio que el partido Conservador no supo interpretar, por lo que

insistía en que la suya no sería una actitud de resignación frente a un estado de cosas que ya no

tenían razón de ser, sino que la intención era la efectiva transformación del país.

El presidente y sus políticas para la paz: Cambiando la estrategia

Habiendo ganado las elecciones con un significativo porcentaje de votos (58.2%), “el 25 de

mayo de 1986, Barco Vargas fue claro en afirmar que “la paz no es un objetivo, es el resultado

de una serie de tareas que nos hemos impuesto, de acabar con la pobreza absoluta”. (Arias,

2008:18). En concordancia a lo anterior se apersona y encabeza una serie de medidas que

buscaban la institucionalización de la paz y cuyos ejes serían: La Reconciliación, (El

entendimiento del Estado con las comunidades abandonadas por éste y con las Guerrillas) la

Normalización (Real funcionamiento de las instituciones del Estado) y la Rehabilitación

(Integración de comunidades históricamente marginadas) (Villarraga, 2015)

La primera de estas medidas fue la retoma del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el

cual había diseñado el gobierno antecesor para orientar inversiones en las zonas de conflicto,

pero que no había logrado mayores frutos. Sin embargo, Barco lo revitalizó y lo convirtió en el

elemento articulador del propósito social y del proyecto de paz, con el cual se podían abordar las

causas objetivas de la violencia. Inicialmente se destinarán 232.000 millones para beneficiar a

los grupos más desprotegidos y desatendidos por el Estado, que habitaban zonas del país


excluidas del progreso económico y social. Este auxilio se traduciría en la mejora del nivel de

vida10 de las personas afectadas por la pobreza.

A la par Barco, creó la Consejería Presidencial para la Rehabilitación, Normalización y

Reconciliación, un organismo ligado estrechamente a la presidencia de la República, cuya

función era dirigir y coordinar acciones políticas, económicas y sociales encaminadas a

normalizar la situación, esto aunado a la participación, discusión y diseño de alternativas de

distintos sectores de la sociedad en los Consejos departamentales, intendenciales y comisariales

de Rehabilitación, los cuales además actuarían como garantes de los distintos procesos. El

designado para llevar las riendas de dicho organismo mediante Decreto 2577 de 1986 del 7 de

agosto, fue Carlos Ossa Escobar, quien anteriormente se había desempeñado como miembro de

comisiones en el gobierno Betancur, pero que presentó su renuncia al año siguiente y fue

reemplazado por Rafael Pardo Rueda mediante el decreto 2362 de 1987.

El Discurso de la Consejería Presidencial planteó que el Estado había permitido marcados

privilegios así como la desatención de las necesidades sociales e institucionales en

amplias regiones, hechos que implicaban pérdida de legitimidad y de capacidad de

resolver los conflictos y permitían la simpatía con el discurso insurgente y el copamiento

territorial de las guerrillas. (Villarraga, 2009, Tomo II:47)

Estas medidas demostraron ser insuficientes ya que con el PNR no se pudo solventar las

necesidades del 40% de la población colombiana (Kalmanovitz, 1990: 21), razones como la

ineficacia gubernamental que no implementó ni bien, ni a cabalidad el plan; sumado a que el

presupuesto resultó insuficiente para atender a la gran cantidad comunidades largamente


excluidas; al inmediatismo de querer socavar las causas objetivas de la noche a la mañana sin

entender que esto demandaría más tiempo. Todo ello hizo que las grandes y pomposas metas

planteadas por Barco quedaran solo como buenas intenciones en su discurso de posesión el 7 de

agosto de 1986 y posteriormente en su Presentación del Plan Nacional de Rehabilitación el 5 de

Noviembre de 1986.

Otra medida fue la efectiva realización de la primera elección popular de alcaldes en

Colombia, llevada a cabo el 13 de marzo de 198811, pues antes los alcaldes eran designados por

el gobernador del departamento. Esta medida fue considerada como un intento del gobierno para

iniciar un proceso de descentralización y distribución del poder, para democratizar el Estado a

niveles locales y regionales. Lo que significó a su vez el reconocimiento de fuerzas políticas de

izquierda dentro del juego político, como la UP, impulsada por las FARC en 1985 como parte de

los diálogos con el gobierno Betancur. No obstante, aunque Barco mantuvo la vigencia de los

Acuerdos de la Uribe, este no avanzó en las negociaciones para llegar a un posible proceso de

paz. Como consecuencia, el proceso entró en un estado de crisis de la que explica Bejarano, A

(1989) el gobierno llegaría a afirmar en las sesiones ordinarias del Congreso de 1988, que de la

Uribe no quedaba sino su espíritu.

A inicios del mismo año, el Gobierno Nacional ante la coyuntura política e institucional del

país, propiciada por actores armados como la guerrilla, los paramilitares y el fenómeno del

narcotráfico, hizo una propuesta tendiente a la reforma constitucional, la cual en su primer

momento no fue apoyada por la oposición, encabezada por el presidente -encargado- del

Directorio Nacional conservador, Carlos Holguín Sardi. Esto luego de que Barco y Misael

Pastrana se reunieron para llegar a un preacuerdo en cuanto al mecanismo de reforma de la


constitución; el primero con la convicción de un plebiscito –aunque sabía que había una fuerte

posibilidad en que Corte Suprema lo considerara como inconstitucional-, y el segundo que si

bien buscaba un procedimiento expedito, no veía la necesidad del plebiscito. (El Tiempo, 1988)

Pero tras unas arduas conversaciones, ambas partes Gobierno y oposición firmaron un acuerdo

del cual se desprendería la creación de una comisión que estudiaría lo referente a la reforma

constitucional y sus mecanismos de cambio (asamblea constitucional, referendo, acto legislativo)

al tiempo que convocaría sesiones extras del Congreso para que éste eligiera los 50 miembros de

una Comisión de Ajuste Institucional. No obstante, el proyecto de reforma constitucional fue

hundido por el Congreso que era el órgano que detentaba exclusivamente toda la facultad para

reformar la constitución, según su artículo 128. (Cardona, 2011 y Semana, 1988 )

Posteriormente, como los indican autores como Bejarano (1990) y García (2009) con el

secuestro de Álvaro Gómez Hurtado realizado por el M-19 en mayo de 1988, se generaría toda

una dinámica política desde distintos sectores de la sociedad que le reclamaron al gobierno

encaminarse nuevamente a la discusión política de la paz. El M-19 propuso una cese al fuego y

una cumbre para debatir la liberación del dirigente conservador. Esta propuesta fue bien recibida

por sectores de la Iglesia Católica, gremios económicos y sindicales y personalidades políticas

las cuales iniciaron los acercamientos, por lo que el 14 de junio de 1988 en la ciudad de Panamá,

se dieron cita ambas partes, siendo liberado Gómez Hurtado y además se concertó la apertura

política a distintas fuerzas sociales.

En consecuencia, el 29 de julio del mismo año, se dieron cita en la denominada Cumbre

Nacional por la Paz en Usaquén, miembros de la UP, de los partidos políticos tradicionales, de la


Iglesia Católica, del movimiento indígena, la guerrilla, y las centrales obreras y surgió la

Comisión de Convivencia Democrática, sin participación del gobierno nacional.

Ante estas decisiones de paz, por parte de miembros representantes del grueso de la

población civil, el gobierno debió lanzar mediante una alocución por radio y televisión el 1 de

septiembre de 1988, su estrategia de paz, la Iniciativa para la Paz. En esta Barco (citado en

Villarraga, 2009a) plantea los siguientes lineamientos: 1) Que los alzados en armas demuestren

una voluntad sincera de paz, lo cual resulta indispensable para iniciar el diálogo; 2)La suspensión

de actos que atenten contra los derechos humanos, así como las prácticas terroristas; 3)El

Gobierno Nacional iniciará el diálogo directo con voceros autorizados de los grupos para acordar

procedimientos de reincorporación; 4)El Gobierno Nacional propiciará que los voceros de los

grupos alzados en armas planteen al Congreso propuestas sobre el ajuste institucional; 5)Después

de la reincorporación a la vida democrática se concederá el indulto a quienes cesen en las

acciones subversivas; 6)Acogimiento de las medidas y recomendaciones que surjan en los

diálogos regionales; 7) Levantamiento del Estado de Sitio y 8) El mantenimiento de las acciones

de las fuerzas armadas contra quienes persistan en la subversión y en el terrorismo.

Siguiendo la línea documental de la presidencia de la República encabezada de Barco que

recoge el exdirigente del EPL Álvaro Villarraga (2009a) en cuanto al desarrollo de la iniciativa,

esta se vislumbra en los siguientes tres momentos :

1) Fase de distensión: Para propiciar un ambiente de entendimiento entre ambas partes, para

ello se requiere la manifestación de voluntad y reconciliación de los grupos alzados en

armas, el diálogo directo, audiencias y designación de voceros para dialogar en torno al

reajuste institucional, el compromiso de los grupos armados con los procedimientos


acordados, la presentación del gobierno ante el Congreso de un proyecto de ley sobre

indulto, y por último, la coordinación de la iniciativa entre el Ministerio de Gobierno y la

CPRN.

2) Fase de transición: Cuyo propósito es el de iniciar el tránsito hacia la institucionalidad y

el regreso a la democracia de los grupos alzados, por lo que se contempla el

establecimiento de garantías reales y específicas y condiciones económicas y sociales,

coordinación entre las entidades públicas y privadas para la incorporación de quienes

renuncian a la lucha armada, ubicación temporal de los alzados en armas, dejación de

armas y municiones, creación de los Consejos Regionales de Normalización, y la

atención médica y el suministro de alimentos en zonas acordadas.

3) Fase de incorporación definitiva a la vida democrática: En esta se re integrarán a la

sociedad los hasta entonces alzados en armas, los procedimientos y las acciones para

alcanzar esta consiste en la aplicación de la ley de indulto que apruebe el Congreso, la

garantía del ejercicio político, medidas de asistencia económicas temporales y medidas de

seguridad y protección para las personas reincorporadas. (págs.193-196 )

Después, el 12 de enero de 1989, Barco reiteraria en otro discurso que la Iniciativa para la Paz

Sería la expresión del propósito del gobierno de mantener la mano tendida a aquellos

alzados en armas que demuestren que están realmente interesados en desmovilizarse, en

dejar las armas, en regresar al seno de la democracia. Es una puerta abierta a la paz.

Nuevamente, para inicios de año de 1990, Segun Lemaitre (2009 ) el entusiasmo de distintos

grupos sociales –especialmente de jóvenes estudiantes y profesores - por impulsar una reforma


constitucional reflejada en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cobró importancia

política a nivel nacional, estos grupos lograron presionar a la Corte Suprema para que modificara

el artículo que facultaba solamente al Congreso para la reforma constitucional y aprobará la

institucionalidad de una tarjeta electoral o sufragio en la cual se convocaba a una ANC Por

consiguiente, y como lo manifiesta el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL (2011), el

gobierno expide el Decreto 927 del 3 de mayo de 1990, en el cual la organización electoral

debía contabilizar los votos registrados en las urnas el 27 de mayo del mismo año y por concepto

de la ANC.

César Gaviria primer año de gobierno: Continuador de las políticas de paz de Barco.

El exministro de Hacienda (1986-1987) y exministro de Gobierno (1987-1989), bajo el

mandato de Barco, llega a la presidencia el 7 de agosto de 1990, tras un proceso electoral

marcado por la violencia, los asesinatos de Bernardo Jaramillo, precandidato presidencial de la

UP, Luis Carlos Galán, precandidato Liberal, y Carlos Pizarro Leongómez, candidato

presidencial por la Alianza Democrática M-19, lo que daba cuenta de la inestable situación de

orden público del país ante la arremetida violenta de los narcotraficantes.

Gaviria, heredó indudablemente muchas de las políticas de su predecesor, como lo recordaba

en 1998 su Consejero de Paz, Jesús Bejarano (citado en Villarraga, 2009a: 70):

(…) La institucionalización de la política de paz, el rediseño del plan de rehabilitación y

el condicionamiento previo del diálogo de la guerrilla a los gestos unilaterales,

constituyeron el marco inicial de las orientaciones del primer año de gobierno Gaviria.


Lo anterior se hizo visible a partir de documentos hechos por Gaviria Trujillo (citado por

Villarraga, 2009b) como la Directiva presidencial No. 34, del 10 de octubre de 1990,

denominada ‘’Fortalecimiento y apoyo a la política de paz con los grupos subversivos’’, dirigida

a funcionarios del Gobierno de todo el país. En esta se informa la intención del gobierno de darle

prioridad a la política de paz, la cual seguirá encabezada por la presidencia en coordinación con

la Consejería Presidencial para la Rehabilitación, Normalización y Reconciliación y por la cual

se han desarrollado la suscripción de compromisos y acuerdos con organizaciones subversivas,

lo que precisa la cooperación de absolutamente todos los miembros del Gobierno, sobre todo en

lo referido a la instalación de campamentos en donde se han acentuado los grupos subversivos. Y

las elecciones de la ANC, realizadas el 9 diciembre del mismo año, en las cuales fueron elegidos

72 constituyentes con voto en la Asamblea y 4 constituyentes con voz pero sin voto.

Tercera parte

Diálogos, negociaciones y acuerdos

El paso a paso del proceso


La Iniciativa para la Paz del Presidente Barco llegaría a la Coordinadora Guerrillera Simón

Bolívar (CGSB), en donde hasta ese momento se encontraban aglutinadas las siguientes

guerrillas: el ELN, el EPL, las FARC-EP, el PRT, el M-19 y el MAQL. Esta iniciativa se

discutiría después de la tercera cumbre, en agosto de 1988 y arrojaría dos meses después, el del

16 de octubre, un comunicado en el que se propone un encuentro entre representantes del

gobierno y las comandancias de la CGSB para conversar sobre los problemas de la paz, la guerra

y la salida política.2

Asimismo, a finales del mismo año, en diciembre 14 de 1988, el comandante general del M-

19, Carlos Pizarro, escribiría una carta desde las montañas del Cauca al presidente de la

república, haciendo expresa la necesidad de plantear una salida política al conflicto y donde

divisa a la CGSB como ‘’un interlocutor de estatura histórica para asumir el desafío de pactar

con flexibilidad y audacia un camino que abra las compuertas de la democracia y lo lance hacia

la grandeza de nuestro destino nacional.’’

Sin embargo, el gobierno nacional desatendió la insistencia del diálogo en conjunto con las

CGSB, y como señala Ibeas (1995) ‘’impulsa una estrategia de negociaciones

compartimentadas definida como proceso de “paz parcelada” que privilegia la

concertación con el M-19 y persigue fracturar la interlocución unitaria de la

guerrilla’’(p.44)

La estrategia del gobierno Barco fue eficaz y con llevó a que en los primeros meses de 1989

el M-19 entablara abiertamente un diálogo con éste y que se plantearan mesas de trabajo

2 CGSB. (16 de octubre de 1988) Respuesta de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar al plan de paz del

gobierno.


conjunto. Esta situación fue presentada al país incluso antes de que los demás grupos

pertenecientes a la coordinadora pudieran emitir cualquier opinión, pues fueron de los últimos en

enterarse de las resoluciones a las que había llegado el eme.

No obstante, la coordinadora trataba de mantenerse unida, a pesar de la salida sorpresiva del

M-19. Ejemplo de ello es la declaración firmada por el Comandante General del MAQL,

Gildardo Fernández , para mayo de 1989, en la cual por un lado, se reitera la salida política en la

unidad de la CGSB frente a la confrontación armada y por otro, plantea la disposición de

conversar con uno de los miembros de la comisión mediadora nacional, la comisión de notables12

para exponer sus puntos de vista sobre la paz (Villarraga, 2009b). Asimismo, en agosto del

mismo año, se reitera que el diálogo propuesto no se inscribía en conversaciones separadas con

las organizaciones, sino con su colectivo, el MAQL, el PRT, el EPL y las FARC y de la

importancia de la comisión de notables como garante de futuras reuniones entre ambas partes.3

Ante estas disposiciones el gobierno nacional (como se citó en Villarraga, 2009b) lanza un

comunicado el 6 de septiembre de 1989, donde informaría de la disposición de ánimo y buena

voluntad de los alzados en armas según lo expresado por la comisión de notables, por lo que hizo

un ofrecimiento formal de diálogo a estos grupos y la concertación de una reunión para precisar

los mecanismos y condiciones de dicho diálogo. Sin embargo, en ningún lugar del documento

deja constancia de querer iniciar el proceso con la CGSB, sino que señala una a una las fuerzas

insurgentes.

Es así que la paz parcelada, sumada a las propias diferencias al interior de la organización,

dada la multiplicidad de intereses y objetivos, serían el inicio del fin del conglomerado

guerrillero pues “no existía la posibilidad de buscar una salida política al conflicto armado, ya en

3 La CGSB ante el comunicado del gobierno del 4 de Agosto.


el mediano, ya en el largo plazo, entre todos los grupos que hasta entonces habían estado

buscando la unidad.” (Caballero. 2013:104). Y en aquel momento la pretendida unidad que se

había empezado a gestar desde la Coordinadora Nacional Guerrillera CNG, integrada en mayo

1985 por todas las organizaciones guerrilleras a excepción de las FARC, se diluyó una vez más.

Así entonces, cuando se inicia la fragmentación de la CGSB, el MAQL ya poco o nada tenía

que ver con dicha organización, ya que no se sentía representado por las últimas resoluciones que

aquella había emitido, ya que esta había planteado que si no sucedía una salida política efectiva

al conflicto, se vería abocada por la guerra sucia a retomar la lucha armada e incluso a su

agudización; esta postura radical hizo que el Quintín iniciara un acercamiento en conjunto con el

PRT y el EPL, pues estas organizaciones consideraban que era crucial participar en la ANC y por

ende en los diálogos. Estas acciones impulsadas por el ofrecimiento de paz de Barco y la

voluntad de algunos sectores de la insurgencia fueron descritas por personajes como el

comandante Milton Hernández del ELN

Para guerrillas derrotadas, (…) acogida por estas fuerzas que estaban en su punto más

bajo de debilidad política y militar. (…) Para la CGSB, para el pueblo y la izquierda

revolucionaria colombiana fue realmente una pérdida inocultable, pues pasaron de ser

fuerzas guerrilleras populares a nuevos arrepentidos de izquierda con micrófonos y

antenas abiertos para propagandizar “las bondades” de este camino. (Hernández. 2007:

2)

Es por ello que en mayo de 1990 el MAQL envía una carta al ministro de gobierno Horacio

Serpa. En dicha misiva se constata la discontinuidad de las relaciones que se venían entablando

entre el gobierno nacional y la CGSB, la cual fue el resultado de una serie de sucesos políticos

que ahondaban la crisis nacional. No obstante, aunque los diálogos se habían estancado no había


que desplazar las negociaciones de paz; por lo que manifestaron una vez más su voluntad política

para buscar caminos en pro del diálogo y la negociación que condujeran a la paz. Asimismo, a

finales de mayo

El EPL envió una comunicación a todos los candidatos presidenciales con el mensaje de

que era necesario dar continuidad al proceso de paz, destacando el escenario

constituyente como referente para el logro de un acuerdo nacional y manifestando que el

PCC ML, el EPL, el MAQL y el PRT buscaban, (…) contribuir con propuestas en

función de tal acuerdo. (Villarraga. 2015:73)

Por ello, a inicios de junio se reunieron el Consejero Presidencial Rafael Pardo, Bernardo

Gutiérrez, Mando central del EPL, Valentín González, Dirección nacional del PRT y por el

MAQL, Gildardo Fernández del Estado mayor. Allí se hizo un comunicado conjunto en donde se

acordó entre otras cosas el inicio de reuniones individuales entre el gobierno nacional y cada uno

de los grupos insurgentes, y además se manifestó por parte de los alzados en armas, su

beneplácito por las votaciones de mayo pasado concernientes a la propuesta de la Asamblea

Constitucional de carácter popular y democrática y su deseo a que el conjunto del movimiento

guerrillero de la CGSB confluyera en el proceso de paz. (Giraldo, 2004 y Villarraga,2009b ). En

este sentido, estos tres grupos armados aún creían en que la salida negociada al conflicto del país

y la construcción de la paz debía hacerse también con los grupos que por su radicalismo aún se

mantenían en la CGSB.

En consecuencia, el 26 de junio, se reunieron en el municipio de Jambaló los delegados del

gobierno nacional: el Consejero presidencial Rafael Pardo, Ricardo Santamaría asesor de la

consejería y José Ríos viceministro de gobierno y por parte del MAQL: Gildardo Fernández

Comandante general, Jaime Ulcué por el Estado mayor y Ciro Tique y Antonio Ortiz como


negociadores del movimiento; y se llegó a las siguientes conclusiones: Ambas partes reafirmaron

su voluntad de continuar con el proceso de paz que se llevaba en curso; se acordó que el Quintín

no adelantaría acciones ofensivas y que el gobierno seguiría promoviendo acciones para

contrarrestar los factores de violencia contra las organizaciones populares; El gobierno nacional

promoverá y apoyara en el departamento del Cauca diálogos regionales; El Quintín manifestó la

importancia que para el proceso de paz tiene la ANC y ambas partes desarrollaran reuniones

próximamente de manera bilateral pero también con el EPL y el PRT, puesto que con estos

últimos se pretendía acometer un proceso conjunto en aspectos fundamentales como la ANC, la

dejación de armas y el desmonte del paramilitarismo. (Peñaranda, 2015)

Ahora bien, en Julio de 1990, el EPL enviaría una carta al recién electo presidente César

Gaviria en la cual le expresaban por un lado el malestar por considerar la parálisis de las

acciones gubernamental encaminadas a la paz –incluyendo la ANC - y por otro lado, el

desacuerdo con la exigencia del desarme para como condición para participar en la ANC

(Villarraga, 2009b)

Asimismo, el EPL, el PRT y el MAQL le enviarían otra misiva el nuevo Consejero

presidencial Jesús Antonio Bejarano, en la cual le proponen a este y por ende al gobierno

nacional, una reunión con representantes de los tres movimientos para discutir en lo concerniente

a la ANC y su papel en el proceso de diálogo y negociación de la paz. Esta situación, es decir la

insistencia por poner a la ANC como punto nodal para avanzar eficazmente a un camino de paz,

también fue manifestada en un acuerdo llevado a cabo en septiembre en Belmira, Antioquia entre

el PRT, el EPL, el PCC-ML, partidos signatarios y el MAQL, de hecho este último ante la

postura del gobierno que mantenía que de su administración no dependía conformación de la

Asamblea Constituyente “(…) hace la salvedad de que no participara en las mesas y comisiones


citadas por el Gobierno, en tanto el movimiento indígena no obtenga participación especial en la

Constituyente en calidad de minoría étnica.” (MAQL citado por Villarraga, 2009b:149), posición

que días atrás había sido expresada al gobierno nacional en una reunión sostenida entre ambas

partes y llevada a cabo en zona oriental del departamento del Cauca, pero que no obstante,

ratificaba su interés en los actuales procesos de paz, por lo que se esperaba una pronta reunión de

carácter bilateral para estudiar el itinerario y procedimientos de cara a la reincorporación civil y a

la vida democrática.

Y es que el Quintín como otros grupos tenía

(…) sus esperanzas en la Constituyente porque ella podía tratar grandes temas como la

violencia, el desarrollo, la democracia, las fuerzas armadas, la diversidad. Por eso insistió

en su conformación popular y su temario amplio; pero por momentos vio cómo se

esfumaba esta aspiración: el temario se propuso restringido y la conformación no

contemplaba para nada los sectores populares. (…) aunque la conformación no era

popular y no se daba ninguna garantía a los indígenas, éstos ganaron electoralmente su

participación; así pues, la esperanza volvía a renacer. (Caballero. 2013: 23-24)

Ante esta situación se reactivaron las conversaciones en torno a las mesas de trabajo, razón

por la cual se estableció en el municipio de Páez, Cauca, la mesa de Togoima en marzo de 1991,

allí como lo señala Carlos Salamanca en su artículo denominado “Quintín Lame se desmoviliza

el 10”, publicado en el diario El Tiempo el 7 de marzo de 1991, la Consejería para la Paz , en

cabeza de Jesús Antonio Bejarano y la Comisión negociadora del Quintín Lame acordaron que

primero, el gobierno designaría un vocero permanente del MAQL en la ANC, ;segundo, el

MAQL establecería un campamento el 10 de marzo en el resguardo indígena de Pueblo Nuevo,

municipio de Caldono, concentrando toda su fuerza armada; tercero, el Quintín Lame fija el 31


de mayo como el día para hacer la dejación de armas; cuarto, se designaran siete voceros legales

del MAQL con las debidas garantías de seguridad y quinto, se fija un plazo de tres semanas para

que las comisiones sobre reinserción, factores de violencia y de programas regionales en la zona

del Cauca sean concluidos. El comunicador advierte que en consecuencia a lo pactado, se

desmovilizaran 150 miembros del MAQL el domingo 10 de marzo en Caldono, Cauca.

El campamento del Quintín Lame, en Pueblo Nuevo fue llamado Luis Ángel Monroy, allí

el 27 de mayo de 1991 se llevaría a cabo el acuerdo final entre el gobierno nacional y el MAQL,

siendo este la culminación de un proceso de negociaciones directas, dicho documento ha sido

también recogido por Villarraga en el tercer tomo de la biblioteca para la paz en 2009 (197:204) ,

allí se evidencia lo siguiente:

1) La dejación de armas: aquí se da cuenta de la posterior entrega del listado completo del

armamento que el grupo posee, el cual será inutilizado para la guerra y fundido el 31 de

mayo.

2) Veeduría internacional y nacional: Haciéndose presentes como cuota internacional 2

representantes del Consejo Mundial de Pueblos Indios y 1 representante de la asociación

de derechos humanos de España y por cuota nacional, se solicita a la Confederación de

Iglesias Evangélicas la verificación de los compromisos que se asuman.

3) Garantías: contemplaban la extinción de la acción penal por delitos políticos a todos los

miembros del MAQL, salvoconducto para cada uno de ellos, la expedición de

documentos como la cédula de ciudadanía, la inscripción del registro civil de nacimiento,

certificado judicial e incluso la libreta militar para los excombatientes agrupados en el

campamento de Pueblo Nuevo que así lo requirieran y que cumpliesen con los requisitos

legales, un auxilio de subsistencia para todos los miembros del grupo por valor de 12


millones y girados a la fundación ‘’sol y tierra’’ constituida por el MAQL, salud integral

para las personas que fueran, asimismo salud integral, la designación de siete voceros

legales que promocionen el proceso de paz en el Cauca y en Bogotá, entrega de dos

mudas de ropa civil a los integrantes del MAQL, financiamiento de campañas por parte

del gobierno nacional en medios de comunicación sobre el proceso de negociación

política efectuada entre ambas partes y apoyo a los programas de reinserción promovido

por la fundación ‘’sol y tierra’’

4) Derechos humanos: En el cual se pretende la vinculación de 2 miembros por el Quintín

en la Comisión de Superación de Violencia.

5) Plan de seguridad: En este se contempla la prestación de un servicio de seguridad por

parte del gobierno nacional compuesto por cuatro equipos (consistentes en un vehículo

especial y dos escoltas) para los dirigentes del MAQL, sin embargo, la organización

podrá adicionar escoltas de sus filas si así lo considera prudente, también la comisión de

seguridad realizara evaluación periódicas al plan de seguridad para posibles ajustes y el

Fondo especial para la Paz deberá hacerse cargo de los gastos de los escoltas de la DIJIN

o del DAS que sean designados para el acompañamiento en los desplazamientos de los

dirigentes protegidos.

6) Promoción del proceso de paz: El MAQL abrirá dos casas que serán sedes de la

fundación ‘’sol y tierra’’ en Popayán y Belalcazar inicialmente.

7) Plan de Reinserción: Cuyo propósito está dirigido a validar la convivencia democrática y

el deseo de una sociedad más justa y equitativa. Dicho plan cobijara únicamente a los

excombatientes beneficiarios del decreto 213 de 22 de enero de 1991 y que se encuentren

en el campamento. Para el diseño y ejecución se hace necesaria la cooperación

interinstitucional y de la comunidad en general. En cuanto a la fase de transición se


estima que su tiempo es de 6 meses y deben comprender en primer lugar la educación no

formal y validación de la primaria y segundo, capacitación técnica.

8) Obras regionales de desarrollo: Estas buscarían beneficiar a las comunidades y fomentar

el desarrollo socioeconómico general de las regiones, estas se llevarían a cabo en los

municipios de Popayán, el Tambo, Totoró, Cajibío, Morales, Corinto, Inzá, Caloto,

Piendamó, Jambaló, Puracé, Caldono, Santander de Quilichao, Toribio, Buenos Aires, y

Páez.

Días después, el 31 de mayo, el proceso terminaría finalmente

(…) con la firma del acuerdo de paz entre los delegados del gobierno y del Quintín Lame.

Fue, como lo señalan casi todos los testimonios, una celebración, una fiesta a la que

asistieron más de tres mil personas que participaron del reencuentro de los 157

desmovilizados con las comunidades. (Peñaranda. 2010:103)

Sin embargo, y como afirmaron Peña y Tattay

Para nosotros la firma de la paz no es un simple acuerdo militar con el Movimiento

Armado Quintín Lame, sino un acuerdo político definitivo con las organizaciones

sociales que encarnamos con nuestra lucha. Por tal razón consideramos que dichas

organizaciones deben ser interlocutoras válidas en cualquier arreglo o salida a la actual

confrontación, pues se parte del hecho de que la paz tiene que ser una respuesta al

problema social. (Peña, J. & Tattay, P. 2013. Pág. 156)


Un sueño llamado transformación: lo que le dejó la Asamblea Nacional Constituyente al

pueblo indígena colombiano

La ANC: las leyes como esperanza para Colombia

Habría que iniciar este apartado diciendo que el proceso asambleario de 1991, se gesta en la

elecciones del 11 de marzo de 1990, donde gran parte de los electores acogen una propuesta

conocida como “la séptima papeleta”13 proveniente de algunos sectores como algunos

sindicatos, estudiantes universitarios, entre otros, que consistió en introducir una papeleta

adicional en las urnas, exigiendo que se llevará a cabo el ajuste a la carta magna que regía al país

hasta ese momento, es decir, la Constitución Política de 1886.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se llegó a convocar sólo cuando se hizo

evidente la ingobernabilidad y se dio un auténtico levantamiento ciudadano, con el

movimiento de la séptima papeleta, en contra de la violencia y contra la clase política

tradicional que había sido en muchas regiones cooptada por las mafias del narcotráfico.

(Centro de Memoria, s.f.)

Dicho proceso, -la séptima papeleta-, dio pie para que la Corte Suprema, aprobara que en las

elecciones presidenciales de ese mismo año se incluyera la consulta popular sobre la

constituyente. “Ante la importancia de los resultados, la corte suprema avaló una consulta formal

en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. En esa consulta el 86% de

los votantes se pronunció a favor.” (Constitución Política de Colombia, S.f).

Cuando se conocen los resultados de la consulta popular, el entonces presidente César

Gaviria Trujillo, hace un llamado a los partidos políticos que hubieran superado el 5 % en las

votaciones presidenciales, a saber; Salvación Nacional, Partido Social Conservador y Alianza


Democrática M-19, proponiéndoles realizar un acuerdo político que permitiría la convocatoria a

la asamblea,

El 2 de agosto se suscribió un acuerdo político para la convocatoria a las elecciones. Se

definió su período de sesiones, el temario que se sometería a votación, su integración por

setenta miembros y dos cupos más para los grupos guerrilleros vinculados a un proceso

de paz. (Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, 2012:76)

La ANC, representó para muchas organizaciones sociales y partidos políticos, una

ampliación de la democracia, fue un cambio en las formas de participar y de dirigir el país,

también definió

La apertura de espacios políticos diferentes al bipartidismo a raíz de la terminación del

Frente Nacional y la estrategia del Estado por hacer presencia en las zonas de influencia

guerrillera, que en el departamento del Cauca correspondían a zonas indígenas, llevaron

de una forma acelerada a cambios en la vida social y económica. (Espinoza, 1996:47)

Así pues, en diciembre de 1990, cuando Cesar Gaviria fungía como presidente de la

República, se realizó la elección de los delegatarios –representantes- que harían parte de la

Asamblea Nacional Constituyente, quienes se encargarían de dar los debates en las comisiones o

subcomisiones propuestas; adicionalmente a ello, deberían redactar los informes y el articulado

final de la constitución, que en plenaria, ellos mismos aprobarían.

Fueron elegidos los 70 miembros de la asamblea constituyente. Adicionalmente, para

darle impulso a las negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros, se dio la

posibilidad de participación con voz pero sin voto a 4 representantes de estos grupos: 2


del EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otro del

Movimiento Armado Quintín Lame. (Constitución Política de Colombia, s.f.).

Para febrero de 1991, se hace la instalación del proceso asambleario; que contaría con una

mesa directiva conformada por: “Antonio Navarro Wolf, del M-19; Álvaro Gómez Hurtado,

conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del partido Liberal.”

(Constitución Política de Colombia, s.f.), La ANC, contó con una participación mayoritaria del

Partido Liberal Colombiano con 25 escaños, seguido por la Alianza Democrática M19 con 19,

luego el Movimiento de Salvación Nacional que contó con 11, después se encuentra el Partido

Social Conservador y conservadores independientes con 9 y por último se encuentra, con la

participación de dos delegatarios por cada organización o partido, el Movimiento Unión

Cristiana, la Unión Patriótica y el Movimiento Indígena. “Semanas más tarde se sumaron a la

cita los delegados del Ejército Popular de Liberación, que entregó sus armas ante la plenaria de

la Asamblea. Después llegaron los voceros del grupo guerrillero Quintín Lame, que también

calló sus fusiles.” (Cardona, 2011)

Los debates se organizaron en cinco comisiones, a saber: Comisión Primera: principios,

derechos y reforma constitucional. Comisión Segunda: autonomía regional. Comisión Tercera:

reformas al Gobierno y al Congreso. Comisión Cuarta: administración de justicia y Ministerio

Público. Comisión Quinta: temas económicos, sociales y ecológicos. A su vez se acuerda

desarrollar la discusión en subcomisiones que deberían abordar temáticas como “el Congreso,

Justicia y Ministerio Público, Administración Pública, Derechos Humanos, Partidos Políticos y

Oposición, Régimen departamental, municipal y distrital, Mecanismos de participación, Estado

de Sitio, temas económicos, control fiscal y reforma constitucional.” (Centro de Memoria, s.f.).


Las discusiones se desarrollan durante 150 días, finalizando el 4 de julio de 1991, donde se

logra sistematizar, por parte de las comisiones ya mencionadas,

Más de 150.000 propuestas provenientes de las mesas de trabajo, seminarios, foros,

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Al final, se aprobó una Carta

Política compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Con la cual se procuró

hacerle frente a la crisis de gobernabilidad y de legitimidad del Estado.(Centro de

Memoria, s.f.)

Lo anterior en el marco de comprender el impacto de la ANC, en todo el territorio

nacional. Adicionalmente, se hace necesario mencionar la participación de los constituyentes

indígenas en dicho proceso asambleario lo cual se abordará con más detalle en otro apartado del

texto.

El espinoso camino: la ANC como la oportunidad de transformar el país

En un intento por superar la crisis que afronta el país, se recurre a la democratización del

país, en donde la piedra angular fue la convocatoria a la ANC, que le ofrecía al Estado y al

gobierno la oportunidad de promover el proceso de paz con las distintas organizaciones

guerrilleras, proponiendo no solo una salida política al conflicto que aquejaba al país sino que

además la posibilidad de transformar las condiciones de vida de la población desde las leyes.

“esta situación política favorable a una apertura democrática basada en un nuevo pacto de

reformulación del Estado creo un ambiente positivo para el avance de las negociaciones.” (Ibeas,

1995: 47).

El pueblo colombiano en general puso la esperanza en la ANC, además de ser la respuesta

al cambio que necesitaban las estructuras del Estado, pues “Gaviria afirmó que será en la


Asamblea donde se logre diseñar instrumentos para la rama jurisdiccional y el Ministerio Público

mediante los cuales se les podrá hacer frente al terrorismo y la criminalidad organizada” (El

Tiempo, 1990). También fue un aliciente para las organizaciones guerrilleras que dejaran las

armas pues podrían participar en ella, obteniendo así la posibilidad de transformar el país por la

vía pacífica, en otras palabras por medio de las leyes. Es así que

A comienzos de los 90 se asomó en el horizonte la posibilidad de una Asamblea Nacional

Constituyente, los indígenas vieron la oportunidad ideal para dejar las armas y defender

sus derechos de otra manera. (…) El último comandante del Quintín Lame, alias

'Gildardo', considera que la constituyente “abrió un nuevo espacio para el movimiento

indígena y la comunidad vio que debíamos dejar las armas y hacer parte de la Asamblea”.

(La Verdad Abierta, 2015)

El MAQL, se interesa altamente en la propuesta que surge del gobierno nacional, sobre la

posible participación en la ANC, por ello se da a la tarea de reunir a la dirigencia indígena del

Cauca para analizar y discutir su participación en este evento.

En el primer semestre de 1990 se cita una reunión de la dirigencia indígena del Cauca, en

el resguardo de Paniquitá, allí se analiza la posibilidad de una Asamblea Nacional

Constituyente y de que ésta pueda erigirse en el gran acuerdo nacional que construya la

nación como confluencia de los intereses populares, y se recomienda la desmovilización

del Quintín Lame. También participan dirigentes campesinos y urbanos cercanos al

trabajo del CRIC. Con base en esta reunión el Q.L. inicia acercamientos con el gobierno

nacional. (Caballero, 2013: 21 -22)

Dentro de los grupos alzados en armas que con miras a la participación en la Constituyente,

deciden entablar diálogos de paz con el Gobierno Nacional se encuentran: el M – 19, el PRT, el


EPL y el MAQL. “En mayo de 1990 estos grupos envían una carta a la Corte Suprema de

Justicia manifestando la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente y su disposición a

avanzar en procesos de paz en el contexto de la misma.” (Caballero, 2013:19). Acción que fue

reconocida por todo el país desde el presidente de la República de Colombia quien resaltó los

“términos de la declaración del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario

de Trabajadores (PRT) y el Quintín Lame, (…) según los cuales el punto de partida de los

procesos de paz está en su participación en la Asamblea.” (El Tiempo, 1990)

El MAQL, propone que las comunidades indígenas a nivel nacional tengan dos

representantes a la ANC, por derecho propio. Tomando como argumento principal que en el

territorio existe una gran diversidad de pueblos indígenas; según el grupo armado estos

representantes deberían ser plenos, es decir, tener derecho a voz y a voto. Además deberían ser

escogidos por las comunidades y organizaciones indígenas, sin embargo “el gobierno nacional se

negó argumentando que ello no entraba en el acuerdo político hecho entre los partidos políticos

para la convocatoria de la misma.” (Caballero, 2013: 9-10)

El Quintín Lame, como organización guerrillera, reconocía falencias en el proceso de

convocatoria a la Asamblea Constituyente, tanto por su composición como por el temario14, al

punto de contemplar la posibilidad de renunciar a su participación en ésta, lo que implicaba

desistir en el proceso de paz que adelantaba con el gobierno.

Por eso insistió en su conformación popular y su temario amplio; pero por momentos vio

cómo se esfumaba esta aspiración: el temario se propuso restringido y la conformación no

contemplaba para nada los sectores populares. (…) aunque la conformación no era

popular y no se daba ninguna garantía a los indígenas, éstos ganaron electoralmente su

participación; así pues, la esperanza volvía a renacer. (Caballero, 2013:23- 24)


Los esfuerzos del Quintín15 estuvieron encauzados por hacer de la constituyente un escenario

amplio que permitiera la participación de los sectores populares del pueblo colombiano, pero

enfáticamente, como ya se mencionó, la participación de las comunidades indígenas

Aunque entre sus primeros encuentros con el gobierno, en junio de 1990, y la realización

de elecciones para la constituyente, en diciembre de 1990, el principal objetivo del

Quintín Lame consistió en coadyuvar a la realización de una constituyente con

participación de los sectores populares y en particular del movimiento indígena: no hubo

mayor coordinación en la lucha por este objetivo con el movimiento social. La ONIC

exigía la participación directa de los indígenas en la Asamblea Constituyente y así lo hizo

también el Quintín Lame, junto con el EPL y el PRT, pero el gobierno, aduciendo el

acuerdo político para su realización siempre lo negó. (Peña y Tattay, 2013:158- 159)

No obstante, el MAQL, esperaba que la Constituyente, representará la oportunidad para

construir un proceso de participación con amplios y diversos sectores sociales que cohabitan en

Colombia, a la par que la discusión girará alrededor de un gran temario que incluyera puntos

como la violencia, el desarrollo, la democracia, las fuerzas armadas, la diversidad, entre otros,

dicha visión fue frustrada cuando se propone un temario restringido, la poca participación directa

del pueblo colombiano y sin ninguna garantía para las comunidades indígenas, “ aunque el

Quintín Lame había afirmado que no participaría dado su carácter excluyente y el temario, el

resultado electoral, según el cual dos indígenas fueron elegidos, aunado a un temario sin

restricciones, autorizaba el cambio de esta posición.”(Peña y Tattay, 2013:167)


Uno de los principales incentivos para la desmovilización del MAQL, fue su participación

en la Constituyente de manera plena. Sin embargo, a través de las negociaciones con el gobierno

el Quintín obtiene un representante con voz pero sin voto,

Cuando el grupo volvió a poner sus expectativas en la constituyente, se le ofreció

simplemente un vocero dentro de la misma; pero se aceptó porque era grande lo que se

estaba planteando el movimiento indígena dentro de esta asamblea; además los

constituyentes podían darle el derecho al voto al vocero del Quintín y transformarle en

constituyente pleno. (Peña y Tattay, 2013: 171)

Ahora bien, el proceso de dejación de armas, y más aún la magnitud de la discusión que

suscito dicho evento deja un sin sabor en el grupo armado, pues como asegura Juan Ibeas aunque

existe la voluntad de dejar las armas parte del MAQL, persiste la desconfianza hacia el gobierno,

pues éste quería que fuese de inmediato y sin ningún tipo de garantía:

La decisión de entregar las armas fue compleja y difícil ya que, aunque una vez iniciada

la negociación existía la voluntad de desarmarse, la discusión de la agenda estuvo

precedida del intento gubernamental de forzar la entrega inmediata como condición para

poder participar en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). (Ibeas, 1995: 46)

A pesar de ello, el Quintín Lame insistió en seguir adelante con el proceso de paz, pues “la

realización de la Asamblea Constituyente y su participación en ella, fue un factor básico de su

decisión de firmar la paz con el gobierno.” (Peña y Tattay, 2013: 173), para ello se hizo

necesario que demostrara su voluntad de paz, por tanto se comprometió con una agenda que

llevara a los combatientes a la entrega de armas y a la respectiva reincorporación a la vida civil

dentro de las comunidades. Con esa idea en la cabeza, en marzo de 1991, la dirección política del

Quintín y después de haberlo discutido ampliamente con las comunidades “decide ubicarse en


campamento; acuerda un vocero suyo en la Asamblea Constituyente y fija fecha para la dejación

de armas.” (Peña y Tattay, 2013:155). Una vez tomada la decisión de entrar al proceso de paz y

la dejación de armas;

Se aprobó la presencia del MAQL, en la constituyente a través de un vocero propio, (…),

y se fijó el día 31 de Mayo como fecha final para la entrega de armas. La firma del

acuerdo se llevó a cabo en el campamento de Pueblo Nuevo el 27 de Mayo de 1991.

(Ibeas, 1995: 45)

En resumen, las diferentes comunidades indígenas del país obtuvieron tres escaños para

participar dentro del proceso asambleario; dos de los representantes fueron escogidos por voto

popular como constituyentes plenos y el tercero fue el delegado del MAQL, designado

directamente por el gobierno. A saber: “Francisco Rojas. Indígena. Abogado. Representante a la

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Lorenzo Muelas. Indígena: Agricultor.

Fue gobernador del Cabildo Guambiano, del cual fue consejero. (…) Participaron con voz y sin

voto: Alfonso Peña Chepe (Movimiento indigenista Quintín Lame)” (Centro de Estudios

Constitucionales, PLURAL., 2011)

El primero de ellos, Francisco Rojas Birry, nació en Chocó en 1960, abogado egresado de la

Universidad Autónoma de Medellín y con una maestría en Ciencias Políticas y Negocios

Internacionales de la Universidad Pontificia Javeriana. Según la página web Congreso Visible,

Se ha desempeñado como senador y concejal de Bogotá. Presentó a la ANC, dos proyectos:

“Entidades territoriales” y “Proyecto de reforma a la constitución política de Colombia” y una

ponencia: “Los derechos de los grupos étnicos”

Lorenzo Muelas Hurtado, según lo expone Gilma Ríos, nació en el Cauca en el año de 1938,

hijo de terrajeros, se vincula a la lucha por los derechos de los indígenas hacia los 25 años de


edad, participa activamente en la recuperación de tierras, por lo que es llevado a la cárcel.

Asimismo, participó en la fundación del CRIC y de la organización Autoridades Indígenas de

Colombia (AICO), presentó frente a la ANC, un proyecto que lleva como nombre: “Propuesta

indígena, reforma constitucional” y una ponencia “Pueblos indígenas y grupos étnicos”.

El tercer delegado fue el indígena Alfonso Peña Chepe, “líder del grupo guerrillero Quintín

Lame. Fue designado por el gobierno para participar en la Asamblea Nacional Constituyente

(…). Después se desempeñó como director de la Fundación Sol y Tierra, que agrupaba

desmovilizados del grupo guerrillero.” (Biblioteca Luis Ángel Arango, s.f.)

Por último, unos de los mayores tropiezos del movimiento indígena en el proceso de

Asamblea fue la intención del Gobierno Nacional de echar para atrás los acuerdos alcanzados,

como lo relata Jesús Peña y Pablo Tattay:

Pocos días antes de la finalización de la Asamblea Constituyente, Alfonso Peña se unió a

los otros dos delegados indígenas en su protesta contra el gobierno, que mediante

presiones trató de echar atrás lo que en la primera vuelta se había aprobado sobre los

derechos indígenas. Ante la decisión de retirarse de la Asamblea si los derechos no se

aprobaban, se negoció arduamente con el Ministro de gobierno, hasta llegar a un acuerdo

en el articulado. (Peña y Tattay, 2013: 176)

Una realidad: Los indígenas reconocidos por las leyes colombianas.

Si se revisa la historia de conformación del MAQL, habría que tener en cuenta que ellos no

estaban interesados en obtener el control del Estado, su mayor propósito fue siempre el servir a

las comunidades indígenas, tanto en las jornadas de recuperación de tierras como autodefensas

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa855336.pdf




armadas en la lucha por lo propio. No obstante, tras el pasar del tiempo evidenciaron que la

política sería el camino a seguir, continuando con su lucha desde otro punto:

Por último tuvo en la política la única continuidad de sus esperanzas; el país multiétnico,

pluricultural, respetuoso de las diferencias, participativo, (…) seguía siendo una nebulosa

y la única manera de acercarse a él, era la política, ese difícil escenario para quienes

pretenden moverse en él, con sus desgastadas armas de los principios y los sueños.

(Caballero, 2013: 25)

Los tres constituyentes defendieron a carta cabal los intereses de los pueblos indígenas en el

territorio nacional, a través de propuestas de proyectos de ley y ponencias, además de ejercer

presión para que los acuerdos fuesen respetados, como afirma Peñaranda, “Los años noventa

comenzaron en el Cauca con vientos de renovación, producto de los importantes cambios

introducidos en la nueva Constitución gracias, en buena medida, a la notable presencia de tres

representantes de los pueblos indígenas colombianos.” (Peñaranda, 2012:199)

Para Henry Caballero Fula, un gran triunfo del movimiento indígena tras el proceso de paz

del MAQL, fue la participación en la ANC, “los indígenas lograron el reconocimiento de la

jurisdicción especial en los temas de salud, educación y justicia propia, desconocidos hasta

entonces por la Constitución de 1886.” (Bolaños, 2015). El delegado del MAQL en la Asamblea

Constituyente del 1991 fue “Alfonso Peña Chepe -hermano del comandante desmovilizado-,

quien junto con Lorenzo Muelas y Francisco Rojas, los otros dos constituyentes por parte de las

comunidades indígenas, lucharon por los derechos de esta etnia que finalmente reconoció la

Constitución Política de 1991.” (La Verdad Abierta, 2015)

Rojas Birry, junto a Fals Borda y Pineda Salazar, presentan el proyecto sobre entidades

territoriales: que expone básicamente el reordenamiento territorial, basado en cuatro principios:


1. El de la flexibilidad de los límites territoriales (…) 2. El de 1a organización

socioeconómica, ecológica y cultural de la región como entidad territorial o histórica. El de 1a

satisfacción eficiente de las necesidades básicas de los habitantes a nivel provincial y

municipal. 4. El de la autonomía local y la democracia participativa que se acercan a la

conformación de un Estado regional. (Rojas Birry, Fals Borda, y Pineda Salazar, 1991)

Lorenzo Muelas expone elocuentemente en su propuesta de reforma constitucional, la

manera en que a través de la historia los pueblos indígenas han sido borrados y desaparecidos de

la historia nacional. Sometidos a poderes locales occidentales que están lejos de entender lo

complejo de la cosmovisión indígena quienes han implantado –apegados a la ley hasta ese

momento vigente la constitución de 1886- la discriminación racial, el desconocimiento de los

derechos de los pueblos indígenas, Muelas afirma que:

De ahí que cuando los indios nos levantamos a reclamar nuestros derechos, no estamos

refiriéndonos a un mero 'reconocimiento' moral, literario o histórico ni pidiendo limosnas,

sino reclamando el reconocimiento real, en el texto de la Constitución, de los derechos

fundamentales que nos corresponden como humanos y como pueblos. Un reconocimiento

que tiene que ser tan material como nuestra existencia física en el mundo de hoy.

(Muelas, 1991: 1)

Muelas, además argumentó que las comunidades indígenas son diferentes, pues “cuando se

piensa, se habla y se siente distinto, es inevitable que se actúe también distinto.” (Muelas, 1991).

Por otro lado, Muelas hace referencia al derecho mayor16, que en pocas palabras es la

construcción jurídica e histórica de los indígenas en Colombia. Esgrime varios argumentos en


pro de la inclusión de los derechos de los indios en la nueva legislación colombiana, plasmada en

la Constitución política del país. A saber:

- Para permitir que los Pueblos Indígenas. Una vez liberados de las amarras y opresiones que

nos atan. Podamos reiniciar con empeño el camino del desarrollo que nos fue truncado; - Para

reconciliar los distintos pueblos y culturas de Colombia, después de 500 años de

confrontación. Y echar las bases de un futuro en solidaridad y mutua colaboración; - Porque

ellos pueden llegar a ser vínculo fraternal entre la América profunda y el mundo actual; - Para

garantizar con nuestra existencia y futuro progreso el seguir haciendo (Muelas, 1991:3)

Por otro lado, el delegatario por parte del MAQL, Alfonso Peña, en la presentación

oficial como constituyente designado, expuso frente a la Asamblea en pleno, la posición del

MAQL frente a la ANC, que incluía:

● Búsqueda de una patria sin exclusiones, donde exista el respeto y la tolerancia en el

tratamiento de las diferencias.

● Apoyo a las reivindicaciones indígenas de territorio, cultura y autonomía.

● Compromiso con una nación multiétnica y pluricultural.

● Defensa y promoción de los derechos humanos.

● Implementación efectiva de la reforma agraria.

● Proceso de paz con todos los grupos armados.

● Nueva constitución como tratado de paz para construir una nueva sociedad con todos

los colombianos. (Peña y Tattay, 2013:174)


Aunque solo hubo tres representantes de las diferentes comunidades indígenas del país, la

incidencia de estas tuvo un alto nivel, pues como asegura Peñaranda:

El encuentro de distintas tendencias del movimiento indígena del Cauca en la Asamblea

Nacional Constituyente tendió puentes que ayudaron, en parte, a superar las diferencias

que quedaron luego de una década marcada por los efectos de las guerras que tuvieron

que enfrentar. (Peñaranda, 2012:198- 199)

Además de la unidad que generó la ANC, el movimiento indígena ganó el reconocimiento

de Colombia como un país multiétnico y pluricultural, también “se fortaleció el respeto por las

minorías étnicas con la inclusión de escaños reservados en el Congreso para indígenas y

población afro que velara por sus intereses.” (Constitución Política de Colombia, s.f.)

Como lo corroboran los artículos 171 y 246 de la actual Constitución Política Colombia, el

primero –el artículo 171- reglamenta los escaños otorgados a las comunidades indígenas, a la par

establece condiciones mínimas para los candidatos por las comunidades indígenas. A saber:

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional

especial por comunidades indígenas. (…) La Circunscripción Especial para la elección de

senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la

República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva

comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará

mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de

Gobierno. (Constitución Política de Colombia, 1991)


El artículo 246, estipula que las comunidades indígenas tienen autonomía en cuanto a la

aplicación de la justicia dentro de su territorio, siempre y cuando no vaya en contravía o atente

contra las leyes a nivel nacional. “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la

República.” (Constitución política de Colombia, 1991)

Según Jesús Peña y Pablo Tattay, en resumen, los mayores logros obtenidos por los

representantes de las comunidades indígenas en la ANC y en consecuencia en la nueva

constitución del país, fueron: lograr la declaración de Colombia como un “país multiétnico y

pluricultural. Entidades territoriales y gobierno propio. Las lenguas indígenas serían oficiales en

sus territorios. Respeto por la cultura y educación étnica específica. Jurisdicción especial

indígena. Doble nacionalidad para pueblos de frontera. Circunscripción especial para senado y

cámara” (Peña y Tattay, 2013: 177)

Entre las reflexiones que hoy suscita la Constitución por los delegatarios indígenas se

encuentra la apreciación de Rojas Birry, quien considera que

Hoy, la participación de los indígenas en el Estado es muestra de inclusión y apertura y

del propósito del país por materializar los derechos y cambios consagrados en la

Constitución de 1991. No puedo decir cosa distinta que la obra que contribuimos a

diseñar es la más viva expresión de lo que nos propusimos y algún día lograremos: un

país de todos y para todos. (Rojas, 2012:265)

Por otro lado, está Lorenzo Muelas, quien reconoce que la constitución fue la esperanza de

las comunidades indígenas y que en el papel todo funciona bien, pues como asegura:


La Constitución reconoce también el derecho a fortalecer y desarrollar nuestra propia

identidad, a que se nos respeten nuestras lenguas, nuestras formas de pensar y de hacer

las cosas en lo social, cultural, religioso, político, económico, a que se nos respete nuestra

manera particular de concebir la justicia, el territorio y la naturaleza, y a trasmitir esta

visión de las cosas a nuestros hijos. En fin, a decidir nuestros propios asuntos de acuerdo

a nuestra propia cultura. (Muelas, 2012: 267)

Pero la reflexión de este indígena va más allá, pues asegura que los discursos de los

gobiernos latinoamericanos no son más que paliativos para los pueblos indígenas, que las leyes

blancas son sólo puntos negros sobre papel, pero que no trascienden, asegura que

La experiencia es clara. Los gobiernos de nuestros países, los de Colombia, Venezuela,

Perú, Ecuador y demás, son en el mejor de los casos sólo discursos bonitos; algunas

migajas sí están dispuestos a dejarnos caer, pero a los problemas de fondo tendremos que

buscarles una salida nosotros mismos, a través de los caminos de siempre: la organización

y la lucha. (Muelas, 2012: 268)

Del mismo modo, asegura que si bien en la constitución quedaron consignado los derechos

de los pueblos indígenas aún se sigue violentando la autonomía y los territorios, por las mismas

dinámicas de desarrollo capitalista, “eso indica que, aunque tenemos la Constitución con unas

definiciones importantes, no se ha desarrollado lo que esta ordena, sus bondades, y no hemos

mejorado nuestra calidad de vida” (Muelas, 2012: 269). Dentro de su autocrítica a la

participación en la constituyente y más aún en la vida política electoral del país, asegura que

hubo un error grande dentro de la dirigencia indígena que además asume como propio; dicho

error fue:


Fue creer en las normas y sentarnos a mirar frente a una pantalla de televisión los debates

en el Congreso, esperando que de allá nos resolvieran nuestros problemas, esperando que

en el Parlamento nos resolvieran nuestra situación. Y hemos abandonado nuestra

organización política, que es la base fundamental. (Muelas, 2012: 270)

Teniendo en cuenta lo anterior, Lorenzo Muelas, asegura que es hora de que el movimiento

indígena, empiece a construir sus propias leyes y normas a nivel interno, para defenderse de los

peligros de la explotación de hidrocarburos, para mantener el orden y la buena convivencia

dentro de las comunidades, pero mucho más para dejar de depender de los legisladores, que no

han querido desarrollar lo que se expone en la constitución como derecho de las comunidades

indígenas. En la ANC, Muelas había vaticinado que había que dejar claro y totalmente preciso lo

logrado por el movimiento indígena para que no se diera pie a que posteriormente se hiciera caso

omiso a estos, pero “hoy vemos que eso es precisamente lo que ha sucedido: unos legisladores

que no nos han querido entender, ni nos van a entender, y por eso no va a ser posible legislar

como la Constitución ordena.” (Muelas, 2012: 271-272)

Aunque según él, aún hay esperanza para las comunidades indígenas de Colombia, y es la

organización desde la base

Porque creemos en la fuerza de la gente, en el constituyente primario, queremos legislar

el derecho interno, con el apoyo de nuestra gente. Sabemos que el gobierno no nos va a

respetar, no nos va a acatar, pero debemos crear un instrumento de trabajo y de lucha para

defender lo poco que nos queda, que son los últimos bienes de los indígenas. (Muelas,

2012: 272).


De movimiento armado a organización política: la alianza social indígena (ASI) el nuevo

camino

Dos meses después de que el proceso de paz fuera firmado entre el gobierno nacional y el

MAQL, el Quintín conformó la Alianza Social Indígena (ASI), en julio de 1991, en la

comunidad indígena de Yaguará, en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, se convoca

la asamblea constitutiva con la participación de aproximadamente “74 delegados, entre ellos

miembros del desmovilizado Quintín Lame, líderes indígenas del Cauca, Tolima, Chocó y

Antioquia, dirigentes campesinos del Cauca y líderes de la organización urbana “Nuevos

Barrios” (…) y voceros del Frente Amplio del Magdalena Medio.” (Peñaranda, 2015:340).

Contrastando las plataformas políticas nacidas de esta etapa de procesos de paz, la ASI,

como su antecesor el MAQL, logra marcar algunas diferencias. La principal es que “la ASI es

mucho más que el Quintín desmovilizado y va mucho más allá de ser simplemente la expresión

político-electoral del CRIC.” (Peñaranda, 2015:340) Una de sus grandes virtudes es que logro

consolidarse como un proyecto político multicultural, integrándose a sectores sociales no

indígenas pero manteniendo su identidad intacta.

Peñaranda, también señala que a diferencia de organizaciones políticas de este tipo como, la

Alianza Democrática M-19 o Esperanza, Paz y Libertad, es decir nacidas de grupos guerrilleros,

la ASI rompe con el esquema:

En primer lugar, el Quintín Lame no intentó construir a partir de sí mismo un nuevo

grupo político, sino que se disolvió para concurrir, al lado de otras organizaciones, a la

conformación de un nuevo movimiento que es la Alianza Social Indígena. (…) En

segundo lugar, aunque a nivel directivo ha habido una notable presencia de antiguos


miembros de la Dirección Política del Quintín, no hay un protagonismo de los ex –

combatientes como cabezas visibles en las listas que se han presentados a las

corporaciones públicas y otros cargos de elección popular. En tercer lugar, la ASI decidió

desde el comienzo trabajar de manera descentralizada e introducir en la toma de

decisiones y en la conformación de sus cuadros mecanismo pluralistas que eviten el

traslado de la antigua estructura militar a la nueva organización política. Finalmente, la

ASI se ha propuesto superar la separación entre la movilización social y la lucha política,

y la subordinación de la primera a la segunda, privilegiando la expresión de las

organizaciones sociales. (Peñaranda, 2015: 339- 340)

La Alianza Social Indígena en su inicio se plantea ser un proyecto político, que se define por

tres características fundamentales, a saber: la construcción de alternativa de poder popular desde

las bases, enfocándose en la defensa de la diversidad -como otra característica- lo que

proporciona herramientas de construcción de un Estado heterogéneo, y en tercer lugar mantiene

la esperanza de convertirse en una opción organizativa del pueblo colombiano, sobrepasando la

barrera de lo étnico. En palabras de Peñaranda,

Tres rasgos identifican su proyecto político: la defensa de la diversidad étnica, social,

política, cultural y regional; el propósito de construir desde la base una alternativa de

poder popular, partiendo de la consideración de que el Estado no es homogéneo y que es

posible alcanzar su democratización partiendo del nivel local; y la aspiración de

contribuir a la conformación de un proyecto político alternativo, sin pretender convertirse

en vanguardia. (Peñaranda, 2015:343)


Con estos postulados la ASI, arranca su camino electoral logrando en octubre de 1991 que

Anatolio Quirá fuese elegido como senador de la República, ya para “marzo del 92 numerosos

candidatos de la ASI llegaron a las asambleas departamentales, a los concejos municipales y a las

alcaldías.” (Peña y Tattay, 2013:178) El Quintín Lame continuó haciendo parte de la

organización en lo referente a “la participación electoral (…) y varios de los dirigentes del

Quintín han sido candidatos a cargos de elección popular.” (Peña y Tattay, 2013: 178)

En cuanto a la participación electoral, la ASI, ha sido constante, es decir no ha alcanzado

grandes votaciones pero tampoco ha perdido votos, como organización se ha trazado un camino

largo, intentando consolidar el poder local para lograr mantenerse y expandirse “el desarrollo

electoral de la ASI no ha tenido la espectacularidad de otras organizaciones surgidas de los

procesos de paz, pero tampoco los altibajos de las mismas. (…) Ha logrado avanzar de manera

sistemática desde su fundación.” (Peñaranda, 2015:345)

En la actualidad, la organización decidió cambiar su nombre pasó de ser la Alianza Social

Indígena, a la Alianza Social Independiente, que suscitó en su interior un sin número de debates

y fraccionamiento difícil de superar;

El pasar a llamarse Alianza Social Independiente ha provocado la ira de las

organizaciones sociales del Cauca, de miembros de la colectividad y del mismo Consejo

Regional Indígena de ese departamento (CRIC), que lo consideran “una agresión al

proyecto histórico de la Alianza Social Indígena, con lo cual se pretende eliminar la

memoria y el origen de este proyecto político, desconociendo además la voluntad original

de sus fundadores”, según expresaron en un comunicado. (García, 2009)

Asimismo, sectores como la ONIC aseguraron que “si no logran mantener la i, la facción

indígena más tradicional de la ASI se retiraría del movimiento y con ellos, sus bases electorales.”


(Rico, 2009) Mientras tanto la Asociación Nacional de Indígenas del Cauca (ACIN) a través de

un comunicado expuso que "Se acaba de expropiar a los indígenas de Colombia del partido

político Alianza Social Indígena: los indígenas ya no caben en la ASI” (Rico, 2009). Por su parte

el ex senador indígena, Jesús Piñacué, está en total desacuerdo con la propuesta de transformar el

el nombre de la ASI ya “en su criterio, se trata de un referente fundamental del proyecto y que

de una u otra manera representa su ámbito ideológico esencial.” (García, 2009)

El ex combatiente del MAQL y actual militante de la ASI, Henry Caballero, refuta el mayor

argumento de la propuesta de modificar el nombre, al manifestar que

El cambio de nombre no responde al objetivo de hacer más incluyente el partido “porque

hay personas que han recibido el aval y después se sienten incómodos con el nombre del

proyecto político”. En su criterio, la creación de la ASI tuvo como objetivo la

construcción de un proyecto político que a partir de la experiencia indígena —sin ser

indigenista— vinculara a otros sectores de la sociedad. (Paredes, 2011)

No obstante los simpatizantes de la propuesta, en cabeza de Alonso Tobón actual presidente

de la ASI, la defienden afirmando que la idea principal es hacer al partido más incluyente y más

amplio; por tanto ellos argumentan que “tiene que ver con abrir el partido a otros sectores ante el

debate electoral que se avecina, manteniendo eso sí —dice Luis Enrique Rojas, presidente de la

ASI en Cundinamarca—, “la esencia de un movimiento pluralista y multicultural”. (García,

2009) Aunque el debate gira entorno a la posible pérdida de la identidad, pues abandonar la

palabra “indígena” del nombre también se abandona toda la construcción histórica del partido.

Sin embargo, Alonso Tobón Tobón, aclara que “lo que buscamos es el pluralismo político

dentro de la Alianza Social Independiente, sin cambiar los fundamentos ideológicos, y seguimos


comprometidos en la lucha contra la corrupción y la violencia, y en la defensa de lo social”,

enfatizó.” (García, 2009)

Aunado a lo anterior, existen discusiones en la ASI, sobre los avales que otorga el partido a

personas que no se sienten comprometidos con el ideario político del mismo; como lo afirmó

Henry Caballero en una entrevista que le concedió a Semana “El indigenismo, para varios

analistas políticos, se convirtió en una marca codiciada. Pero el afán de tener votos abre la puerta

a que la organización pierda su identidad entregando avales a Raimundo y todo el mundo”

(Paredes, 2011). Para Jesús Piñacué, la ASI representa

“Un cascarón que se robaron. Hay un órgano político al que llegan cazadores de votos,

de posiciones al interior de la organización, cazadores y compradores de avales. Sí a ellos

les dejamos el destino de los estatutos, pues estarán al servicio de esa clientela.”. (Zúñiga,

2013)

Lo anterior se confirma, según el politólogo Fernando Giraldo, en las dispares votaciones

que ha obtenido el partido, pues asegura que los votos no son de militancia –de fidelidad al

partido- sino más bien son por los candidatos a los que se les otorga el aval. Giraldo “no se

explica cómo la ASI en 20 años no ha podido crecer como partido. Los votos que muestra son de

las personas que han sido elegidas pero que no tienen ningún compromiso y después se van”

(Paredes, 2011) además expone esta situación se presenta gracias a que la dirigencia de la ASI lo

han permitido, pues no han reclamado fidelidad y han sido muy flexibles. En cuanto a las cifras,

un candidato “fue elegido en el 2007 por la ASI con 24.410 votos. En el 2003, sin embargo, el


partido no había obtenido votos porque no presentó candidato. Y en el 2010 los representantes a

la Cámara apenas sacaron 379 en Cartago.” (Paredes, 2011)

Conclusiones:

Manuel Quintín Lame Chantre, representó para el movimiento indígena en general y para el

MAQL en particular, un referente de lucha y de recuperación, no solo territorial sino identitaria.

Las formas de lucha y el proyecto político de Manuel Quintín Lame Chantre, aquel indígena que

se levantó a principios del siglo XX a luchar por los derechos de las comunidades, inspiraron e

inspiran al movimiento indígena actual; donde el eje transversal, que se ha mantenido

históricamente, es la lucha por la tierra además de la defensa de lo propio como recurso para

mantener la tradición ancestral y la memoria viva de las comunidades indígenas.

Podría decirse que la batalla por la tenencia de la tierra en el Cauca es una tarea inacabada, los

indígenas –legítimos dueños- han atravesado por diversas etapas en esa lucha. Eso nos lleva de

Manuel Quintín Lame, al Movimiento Armado que lleva su nombre y además a miles de

indígenas que defienden no sólo su territorio, sino su cosmovisión, su cultura, su identidad y a

sus comunidades desde diferentes frentes. La enseñanza que deja el MAQL, a sus militantes es la

de seguir luchando como lo afirma Pablo Tattay, el MAQL sigue caminando el Cauca con las

comunidades y por su bienestar. Como bien lo sintetiza, Diana Barbosa, miembro del equipo de

comunicaciones de la ONIC:


“El derecho natural que defendía Quintín Lame, es un pensamiento que sigue vigente,

que se transforma, en su denominación conceptual al derecho propio, pero que en esencia

persigue la lucha por la defensa de la tierra, lo territorial, el agua, la recuperación de las

prácticas ancestrales, y por lo consecuente a la autonomía de los pueblos que funcionan

en un sistema adecuadamente recuperado, valorado y reivindicado y es la conexión con la

Madre tierra en el sentir indígena y que proporciona el horizonte de la lucha indígena”

(Barbosa, 2010:20)

En la historia del movimiento indígena ha existido permanentemente la pugna entre la vía

legal- jurídica y la lucha armada; pues hay quienes consideran que por medio de la primera hay

más garantías y hay quienes no confían en ella como asegura el ex constituyente Lorenzo

Muelas, las leyes blancas no son más que puntos negros sobre papel, y que además estas no

significan un gran aporte al cambio de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Pero en

varios momentos se han conjugado, las armas y las leyes, para dar respuesta a la coyuntura.

La lucha armada, ha sido la única vía que el Estado ha dejado a muchas comunidades que

han visto vulnerados sus derechos, por lo que estas han optado por alzarse en armas. En este

sentido las comunidades indígenas del Cauca no han sido la excepción, expresión de ello es el

surgimiento de un grupo armado que los defienda y vele por el bienestar de los mismos. El

Quintín Lame emerge, y si bien suscita debates al interior de las comunidades ofrece un

respaldo importante en el camino por la recuperación de lo que les pertenece.

Sin duda alguna, gracias a la participación del MAQL en los espacios amplios de carácter

nacional, como el Batallón América, la Coordinadora Nacional Guerrillera y la Coordinadora

Guerrillera Simón Bolívar. Éste gana un reconocimiento, que le permite presionar al gobierno


para entrar en un proceso de paz que garantiza su participación en la ANC con un delegado

propio, de igual manera, pone sobre la mesa la discusión acerca del movimiento indígena y hace

visible las problemáticas de éste, lo que constituye un factor importante en las elecciones de los

delegatarios a la constituyente, donde las comunidades logran dos escaños por voto popular.

Dentro de las discusiones de la ANC y ya plasmado en la Constitución Política de 1991, las

comunidades indígenas logran más que el reconocimiento de Colombia como un país multiétnico

y pluricultural, consiguen que el país reconozca su existencia y los aportes realizados por el

movimiento indígena a la nación, sumado a ello, el derecho a una educación propia, al respeto de

su cultura e identidad, a impartir justicia bajo sus preceptos, obtienen una circunscripción

nacional especial y logran también que sus territorios, bajo la figura de resguardo, sean

considerados como tierras colectivas con las cuales no se puede efectuar ninguna transacción

económica. Adicionalmente, logran comprender las dinámicas de las leyes en Colombia, un país

donde a pesar de que estas estén consignadas en la carta magna, no es garantía para que se

respeten y se cumplan, como ya lo mencionaba Muelas y lo recalca Pablo Tattay, el movimiento

indígena ha de seguir luchando por lo propio y haciendo valer lo que fue en algún momento un

triunfo del movimiento indígena.

Por otro lado, se hace evidente que a través de la historia política del siglo XX en Colombia,

los distintos gobiernos no han estado dispuestos a negociar la estructura del Estado ni su modelo

económico, lo que para muchos grupos alzados en armas representa el nodo del conflicto interno,

A causa de ello, se han estancado varias veces los diálogos que se han emprendido con la

insurgencia.

Asimismo, tendríamos que decir que aunque exista en el pasado como en el futuro, una

dejación de armas por parte de los grupos insurgentes, siempre habrá una resistencia civil desde


diferentes espacios a las políticas neoliberales, que en general resultan lesivas para el pueblo

colombiano. Pues mientras se sigan privilegiando a algunas multinacionales, a los grandes

terratenientes y a las élites en la legislación colombiana, no solo las comunidades indígenas están

llamadas a resistir, sino que todo el pueblo colombiano debe seguir luchando por la consecución

de derechos, pero también de justicia y equidad. Pues si en Colombia persisten condiciones

materiales que resultan precarias para el pueblo nacerán y seguirán existiendo organizaciones

armadas y movimientos sociales y políticos que respalden las justas exigencias. Como lo diría

Pablo Tattay: “la gran ventaja es que seguimos luchando, que el Quintín sigue existiendo, que el

movimiento indígena del Cauca y a nivel nacional sigue resistiendo, entonces pues no nos hemos

dado por vencidos pero seguimos una pelea sumamente desigual.” (2015)17

De igual manera, parece impensable que después de décadas de un bipartidismo, para fines

de los años ochenta e inicios de los noventa, se lean en las campañas presidenciales una marcada

diferenciación de las tendencias políticas e ideológicas, donde sea un solo partido el llamado a

transformar las condiciones materiales del país, haciendo evidente de antemano la exclusión en

el ámbito político de cualquier otra propuesta alternativa a los dos partidos tradicionales, con lo

que se logra constatar las malas prácticas heredadas del frentenacionalismo.

Hay que hacer evidente que aunque exista la voluntad de paz desde la presidencia de la

República, dicho ente no puede avanzar si no tiene de su lado la rama judicial y legislativa, pues

son muchos los ejemplos de cómo desde el senado se ha intentado frenar las reformas que buscan

una solución política al conflicto. Otro punto a considerar son las Fuerzas Militares, para quienes

los grupos guerrilleros son los enemigos a vencer, por ello el mantenerlos al margen de los

procesos de negociación constituye un gran error, pues en alguna medida es demeritar su trabajo

y plantearles que el enemigo ganó. En cuanto a la sociedad civil, esta no ha sido considerada


como un actor importante, si bien ha contribuido en los distintos procesos de paz desde

diferentes ángulos, cabe resaltar que no ha sido gratuito, que son ellos quienes se han

empoderado de los diferentes escenarios propuestos logrando una participación tangible.

La existencia misma del MAQL, es un hito en la historia nacional, marca no solo la existencia

de otros diferentes, los indígenas, sino también otra forma de ver y sentir el mundo y la realidad,

por ello, la importancia del pensamiento de esta guerrilla que demuestra que los cambios son

posibles. Que el camino de la transformación debe caminarse de la mano de las comunidades

más que de las armas mismas.

Creemos que la presente investigación aporta elementos de análisis para entender la actual

coyuntura del proceso de paz que se adelanta entre las FARC y el Gobierno Nacional, ya que se

identifican muchas de las vicisitudes que atraviesan un proceso de paz, por ejemplo, las

interacciones de los diferentes actores, los cuales deben entablar un diálogo constante, que lleve

a ambas partes a un proceso de negociación y que finalmente propenda por la llegada a algunos

acuerdos.

Adicionalmente, el presente documento demuestra que los procesos de paz no surgen

espontáneamente, sino que debe ser un acuerdo de voluntades, de personas o instituciones

dispuestas a replantearse sus objetivos y la manera de cumplirlos. De la misma manera pone de

manifiesto lo importante de la participación civil en este tipo de procesos, a pesar de ello este

último actor ha estado históricamente marginado o su participación ha sido limitada en estos

escenarios.


El presente trabajo intenta poner en circulación documentos poco conocidos, que brindan

información valiosa con respecto a los procesos de paz entablados en las últimas décadas del

siglo pasado.

Como futuras licenciadas, creemos que es de vital importancia para la escuela y para las

comunidades en general conocer los procesos de paz que se han llevado a cabo en el país, ya que

estos al develar parte de la historia política, aportan elementos a la compresión de la realidad.

Además, se logra a través del estudio de los mismo que los estudiantes dimensionen lo complejo

que resulta no solo el proceso de paz, sino también el contexto de guerra que ha azotado el país

por más de 50 años, controvirtiendo versiones laxas y parcializadas de los procesos de paz que

proporcionan a la población los medios de comunicación.

Llevar estos temas a la escuela permite construir escenarios de reflexión y discusión

sobre prácticas cotidianas que fomentan o no un clima de paz, primeramente entre estudiantes,

aspirando a llevar la discusión a los padres de familia y a la comunidad en general, donde la

violencia (cualquiera que sea) es naturalizada por los ciudadanos, es una invitación básicamente

a re pensarse las posibilidades de cambio y transformación. De la misma manera se debe buscar

sensibilizar a la escuela como escenario de paz y convivencia, que potencia normas básicas de

respeto por el otro. Donde se plantee la necesidad de comprender que las acciones a diario

emprendidas repercuten a nivel nacional en acciones que generan violencia y un ambiente de

intolerancia, para lograr así incidir en el actuar de los estudiantes y generar una actitud positiva

hacia la paz, entendida como la aceptación del otro diferente como un interlocutor legítimo.

Promoviendo el concepto de paz emitido en la Constitución Política de 1991 del país en su

artículo 22 que reza “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”


Esta posición también es entendida por el actual gobierno nacional, ejemplo de ello es la

Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014 o Ley de la cátedra de la paz, impulsada por el Congreso

de la República, como medida para “garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de

paz en Colombia”.

Notas a pie de página

Archivo personal de las autoras. Revisar anexo No 1

2 Grupo guerrillero creado el 20 de diciembre de 1985, con clara influencia del pensamiento bolivariano y con

alrededor de cuatrocientos miembros entre hombres y mujeres. Este grupo fue liderado por el M-19 y compuesto

también por algunos elementos de guerrillas latinoamericanas; peruanas: el Movimiento Revolucionario Túpac


Amaru (MRTA) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Voz Rebelde, (MIR-VR) y ecuatorianas: ¡Alfaro

Vive, Carajo! (AVC) y la Organización Político Militar (OPM). 3 4 Liberal, firmante del Pacto de Benidorm junto al conservador Laureano Gómez el 24 de julio de 1956, suceso que

genero el Frente Nacional con la pretensión de poner fin al periodo de la Violencia mediante la coalición política y

alternancia del poder entre estos dos partidos tradicionales.

5 Las condiciones de esta última etapa se suscriben en la dinámica del Conflicto interno, ya que según el DIH

reflejado en el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 y especialmente el Protocolo II de 1977,

sintetizados por Rodrigo Uprimny: Para que pueda hablarse de conflicto armado deben existir (i) enfrentamientos

entre el Estado y actores armados disidentes, siempre y cuando éstos tengan (ii) mando responsable y (iii) control

territorial suficiente para realizar operaciones militares y (iv) aplicar las normas humanitarias. (Uprimny, sf. pág. 7) 6 El estatuto de seguridad fue derogado el 9 de junio de 1982 por Turbay Ayala. 7 Presidida por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo y de carácter transitoria, la cual solo efectuaba

recomendaciones pero como tal no tenía poder decisorio

8 Organización política de izquierda surgida en 1984 como producto de las conversaciones de paz entre las FARC y

el gobierno nacional de Belisario Betancur.

9 Quien había logrado el apoyo de un líder liberal carismático disidente, Luis Carlos Galán y del expresidente

Alfonso López Michelsen. 10 “Creación de empleo estable, carreteras, programas de distribución de tierras, distritos de colonización, mejoras en

los puestos de salud, escuelas rurales, centros de acopio y provisión agrícola campesina” (Villarraga, 2009, Tomo

II, Pág. 139) 11 Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986 12 Creada en noviembre de 1988 gracias a la propuesta del senador conservador Álvaro Leyva, y conformada por

los expresidentes Misael Pastrana y Alfonso López Michelsen, el cardenal primado monseñor Mario Revollo Bravo,

y Fabio Echeverri Correa, presidente de la ANDI. 13 En las elecciones del 1990, “se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea

Departamental, Juntas Administradoras Locales, Concejo Municipal y Alcaldía; así que el voto por la asamblea

constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas.” (Constitución Política de

Colombia, s.f.) 14 Es decir, el MAQL, estaba en desacuerdo con la conformación política –representantes- de la ANC pues

consideraban que no se recogía al grueso de la población colombiana, adicionalmente que la dirección del proceso

estaba a cargo de los dos partidos tradicionales más el M19. Así mismo, estimaban que los temas propuestos eran

reducidos y no abarcaban en totalidad las necesidades esenciales, además que el Quintín esperaba que la ANC feura

el gran acuerdo nacional que solventaría los problemas de la nación. 15 “Durante el tiempo que duro el campamento, pasaron por allí los tres constituyentes indígenas, además de otros

constituyentes demócratas e indultados, en un significativo acto que permitía pensar a las comunidades que lo que

no se había podido dar por un proceso de negociación global del conflicto armado, se lograría en la Asamblea

Nacional Constituyente.” (Tattay & Peña, 2013, pág. 161) 16 Según Muelas, son “leyes originarias, ancestrales, tan antiguas como la creación del mundo, emanadas de

nuestros dioses, desarrolladas por nuestros mayores, las cuales han dado para orientar la existencia y


desenvolvimiento armónico con la Madre Tierra de los pueblos indígenas de América.” (Muelas, Las leyes blancas

son sólo puntos negros sobre papel, 2012, pág. 268) 17 Ver anexo No 1


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Anexos


Anexo No 1.

Extracto de conversatorio en la presentación del informe: “Guerra propia, guerra ajena:

Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento

Armado Quintín Lame” Ricardo Peñaranda. Centro Nacional de Memoria Histórica,

septiembre 08 de 2015.

Pablo Tattay, ex combatiente del MAQL:

Muchas gracias un saludo especial para todos, especialmente a Ricardo nuestro historiador

de cabecera del Quintín, igualmente aquí al profesor Le Bot y a los demás compañeros.

Profesor Le Bot que tuvo la oportunidad de conocer un poco de cerca el caso del

movimiento Zapatista de México y recuerda seguramente que movimiento zapatista pretendió en

algún momento combatir el neoliberalismo a nivel de todo México y más allá, y que hoy en día

le toca es como consolidar su pedacito en Chiapas bastante lejos de sus ambiciones y de sus

esperanzas iniciales, quería decir eso porque yo no creo que debamos sobrestimar tampoco el

papel del Quintín, yo les agradezco sus comentarios amables y creo que tienen razón y yo creo

que fue positiva la labor del Quintín Lame lo mismo que ha sido positiva la labor del

movimiento indígena sobretodo en el Cauca.

Sin embargo, nosotros queríamos contribuir a un cambio, a un cambio a favor de las

mayorías populares un cambio a favor de la sociedad colombiana ese cambio pues se logró un

poco a nivel del Cauca pero muy poco a nivel nacional, por eso yo quisiera subrayar sobre todo

el hecho que hoy día el Quintín sigue existiendo, pues por supuesto no como movimiento armado

pero sigue participando en diversas tareas con sectores indígenas, con sectores campesinos, con

sectores afros, con otros sectores estamos trabajando por una transformación, estamos trabajando


por la paz, que hoy en día todo el mundo está trabajando por la paz, y no solo en el Cauca,

también nivel nacional con la ONIC estamos colaborando y se está haciendo un trabajo muy

importante, igualmente también con la Cumbre Agraria, con el Frente Amplio por la Paz, yo

creo que a todos nos interesa la paz y estamos colaborando para la paz, porque hoy en día la

lucha armada realmente no representa un valor agregado ni algo positivo para el cambio en el

país.

Sin embargo, a pesar que todos estamos a favor de la paz y que ojalá los diálogos

actualmente en curso lleguen a feliz término, no deja de preocupar que el gobierno ha dicho una

y otra vez que en estas negociaciones no se puede tocar el modelo de desarrollo actualmente

vigente, no se puede tocar la forma de gobernar este país, no se puede tocar las fuerzas militares,

en fin, es decir que la gente se desarme y les dan algunas gabelas, digámoslo así algunas

ventajas, pero la impresión que uno tiene es que después de este desarme y después de esta

negociación no va a haber grandes cambios ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico a

nivel nacional que más o menos las cosas seguirán igual con modificaciones menores, por ahí leí

en la revista Semana un artículo de Fernán González y una de las afirmaciones que hacía es que

lo obtenido en la parte agraria en La Habana, es mucho menos que el intento de reforma agraria

de Carlos Lleras Restrepo, inclusive yo diría que es menos que la ley 160 de 1994 actualmente

vigente.

Entonces realmente los cambios que uno quisiera pues no veo cómo muchas facilidades para

que se presenten; cuando uno conoce el Plan de Desarrollo del gobierno, conoce proyectos de ley

como el de los ZIDRES para favorecer a los empresarios agrícolas, cuando conoce que la

locomotora minera está dispuesta a acabar con el medio ambiente en este país.


A modo de paréntesis les digo que la posición del movimiento indígena en el Cauca es que

no se va a dejar entrar a las multinacionales mineras y a las multinacionales en general al Cauca,

se tiene a la guardia indígena, se tiene a las comunidades, ahora pues que ganemos la pela no lo

asegura nadie, pero la idea es defender la madre tierra, defender el medio ambiente cosa que el

gobierno no parece muy cerca de hacer. Si vemos los resultados del censo agrario, que

demuestran una vez más que la concentración de la tierra en este país es uno de los mayores de

Latinoamérica y que tal vez del mundo.

Entonces repito seguimos en la lucha el Quintín sigue en la lucha, el movimiento indígena

sigue en la lucha en el Cauca y a nivel nacional pero estamos luchando contra un monstruo que

tiene su política bien definida y que las elites colombianas definitivamente no son muy sensibles

a hacer cambios que favorezcan a la mayoría de la población. No quería terminar con este acento

pesimista y por eso digo que la gran ventaja es que seguimos luchando que el Quintín sigue

existiendo que el movimiento indígena del Cauca y a nivel nacional sigue resistiendo, entonces

pues no nos hemos dado por vencidos pero seguimos una pelea sumamente desigual. Gracias.

Anexo No 2:


Material fotográfico

Foto 1

Quintín Lame detenido en el Cauca. Foto de Archivo particular. Fuente: Historia de Colombia No. 10 - Movimientos campesinos de los años 20.

Foto 2

Bandera del Movimiento Armado Quintín Lame. Foto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fuente: Guerra propia, guerra ajena.


Foto 3

Integrantes del MAQL con las comunidades. Foto del archivo del Espectador. Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Foto 4

El MAQL en formación. Foto del archivo Fabrique de Films. Fuente: Guerra propia, guerra ajena.

Foto 5


Cumbre de la CGSB. Foto de Dick Emanuelsson. Fuente: ANNCOL.

Foto 6

Reunión entre delegados del gobierno nacional y el MAQL. Foto de archivo particular . Fuente: Mike’s Bogotá blog.

Foto 7


Entrega de armas del MAQL en Caldono, Cauca. Foto de archivo particular expuesta en un encuentro de desmovilizados . Fuente: verdadAbierta.com.