Derecho de Manifestacion y Reunion

7/31/2019 Derecho de Manifestacion y Reunion

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SEGUNDO INFORME DE SITUACIN DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOSHUMANOS EN LAS AMERICAS.

Comisin Interamericana de Derechos Humanos 31 de diciembre de 2011http://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asp

(Transcripcin sobre estigmatizacin y derecho a la manifestacin y reunin)

La estigmatizacin y el descrdito de las defensoras y defensores como producto de lacriminalizacin

122. En lo que se refiere al derecho a la honra y la dignidad de las defensoras y defensores protegidopor los artculos V de la Declaracin229 y 11 de la Convencin Americana (230), la Comisinha identificado que, en ocasiones, las denuncias penales en contra de defensoras y defensoresde derechos humanos y sus organizaciones, van acompaadas de un discurso de desprestigio a supersona y a la labor que desarrollan, las cuales afectan la credibilidad y la integridad de lasactividades relativas a los derechos humanos ante la sociedad (231). En este sentido, laRelatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situacin de Defensores de Derechos Humanos hamanifestado su preocupacin y ha afirmado que [l]a multitud de arrestos y detenciones dedefensores contribuye tambin a la estigmatizacin, ya que la poblacin los percibe y calificade perturbadores(232).

En Repblica Dominicana, das antes de que Sonia Pierre, integrante del Movimiento deMujeres Dominico Haitiana (MUDHA) acudiera a la audiencia ante la CIDH titulada Respuesta Judicial en casos de desnacionalizacin en Repblica Dominicana, la Comisin recibi informacinque indica que el Ministro del Interior y Polica, Jos Ramn Fadul, habra expresado ante losmedios que la seora Pierre solicit la audiencia con el objeto de realizar un espectculo y obtenerun beneficio propio. Asimismo, de acuerdo a los medios de comunicacin, la seora Pierre fueemplazada por el Alguil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cmara Penal del Juzgado dePrimera Instancia del Distrito Nacional, para que entregara informacin relacionada con loscasos de desnacionalizacin que presentara en la audiencia ante la CIDH. Dicho emplazamiento sehabra producido tras una solicitud del Presidente Ejecutivo del Grupo Consultor Jurdico GSV ymilitante de la Fuerza Nacional Progresiva (FNP), quien habra sugerido ante los medios decomunicacin que de no entregar la informacin solicitada en un plazo de 10 das, la seoraPierre podra incurrir en delito de terrorismo. El 14 de octubre de 2011 la CIDH remiti unacomunicacin al Estado con fundamento en el artculo 41 de la Convencin Americanasolicitando informacin sobre estos hechos.

123. La Comisin ha indicado que constituye una violacin del derecho a la honra y dignidadde los defensores, los casos en que las autoridades estatales rinden declaraciones o emitencomunicados en los que se incrimina pblicamente a un defensor por hechos que no han sidojudicialmente comprobados (233). Bajo esta lnea, la CIDH en un caso contencioso estableci quelas declaraciones y comunicados estatales emitidos contra una persona por reiterados hechospenales que no fueron demostrados, atentaron contra su dignidad y su honra, ya que lesionarondirectamente su fama y reputacin, y ms cuando existan decisiones judiciales que lo habandeclarado absuelto, lo cual constituy una actitud de hostigamiento pblico en su contra (234).

La CIDH tuvo conocimiento de las declaraciones en Colombia de altas autoridades en el marcode los hechos relacionados con un presunto fraude por parte de una de las personasidentificadas como vctima en el caso de la Masacre de Mapiripn (235). Se recibi informacin de
http://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asphttp://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asp


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que el Presidente de la Repblica, habra indicado que con el presunto fraude se confirma loque mucha gente vena diciendo respecto a que hay intereses oscuros, intereses econmicos,que utilizan dicho sistema, que hacen burla de l, para lucrarse a costa de los recursospblicos del Estado, que son los recursos de los ciudadanos (236). Asimismo, el ProcuradorGeneral de la Nacin habra sealado que integrantes de la Corporacin Colectivo de AbogadosJos Alvear Restrepo (CCAJAR) podran haber incurrido en los delitos de fraude procesal y

falsedad al haber representado a falsas vctimas de la masacre cometida por paramilitares enMapiripn, y que conductas como las conocidas son propias de bandas criminales especializadas enestafar al Estado colombiano(237). La Comisin considera que declaraciones como las enunciadas,antes de que el Estado haya realizado las investigaciones correspondientes, pueden impactarnegativamente en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos colombianas, que a lolargo de estas ltimas dcadas han desarrollado su trabajo en defensa de derechos humanos ensituaciones de serio riesgo, lo cual ha costado la vida a muchos de ellos y ha llevado a la Comisina solicitar reiteradamente al Estado colombiano a respetar y proteger su accionar (238).

124. Bajo el principio de presuncin de inocencia, los Estados deben evitar que se incriminepblicamente a un defensor o defensora cuyos presuntos delitos no han sido judicialmentedeclarados(239). Los gobiernos no deben tolerar ningn intento de parte de las autoridades estatalespor poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones.La CIDH ha indicado que los funcionarios pblicos deben de abstenerse de realizar declaraciones queestigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actan de maneraindebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promocin y defensa de los derechoshumanos(240).

Durante 2011 la CIDH dio seguimiento en Venezuela a la situacin de Humberto Prado,director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien de acuerdo a la informacin disponibleha sido sealado en reiteradas oportunidades de ser el responsable de organizar las huelgascarcelarias, de beneficiarse econmicamente de los problemas de los internos, de recibirfinanciamiento de la oposicin, y de obedecer a los intereses de Estados Unidos(241). Segn lainformacin disponible en varios medios, el 18 de junio de 2011 el Ministro para las RelacionesInteriores y Justicia, seor Tareck El Aissami, en declaraciones efectuadas en el canal estatalVenezolana de Televisin, habra acusado al seor Prado de mentir sobre la situacin en el centropenitenciario El Rodeo II vinculndolo a grupos de oposicin poltica(242). Las anterioresdeclaraciones se habran efectuado tras los hechos ocurridos el 12 de junio de 2011 en el InternadoJudicial Regin Capital Rodeo I donde cuando menos 19 reclusos murieron y 25 sufrieron heridasgraves como resultado de una ria entre internos(243). La Corte Interamericana en suresolucin sobre las medidas provisionales otorgadas al seor Humberto Prado indic que el Estadodebe implementar las medidas de proteccin y otorgar garantas efectivas y adecuadas para que realicelibremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su trabajo (244) El seorHumberto Prado dio a conocer a la CIDH que con el apoyo de Amnista Internacional, enjunio de 2011, habra salido temporalmente a Espaa por temor a su seguridad y la de sufamilia(245).

125. La descalificacin de la labor de defensoras, defensores y sus organizaciones en un contextode denuncias penales que podran ser injustificadas, genera una estigmatizacin que puede producircargas psicolgicas que lesionan el derecho a la integridad psquica y moral del defensor odefensora involucrado, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad que dificulte el ejerciciolegtimo de la libertad de asociacin de dems defensoras y defensores.


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1. Obligacin de respetar y garantizar el derecho de reunin en las manifestaciones de protestasocial

130. La proteccin al derecho de reunin comporta no slo la obligacin del Estado de nointerferir en su ejercicio de manera arbitraria, sino la obligacin de adoptar, en ciertas circunstancias,

medidas positivas para asegurarlo. Es as, que los Estados tienen obligaciones tanto de carcterpositivo como negativo para respetar y garantizar el derecho de reunin de defensores y defensoras dederechos humanos.

131. La Comisin ha identificado que, histricamente, la falta de cumplimiento a las obligaciones derespeto y garanta del derecho de reunin por parte de los Estados de la regin, ha derivado enhechos de violencia generalizada en los que no slo se afecta seriamente el ejercicio de estederecho, sino que tambin se vulneran los derechos a la vida, la integridad fsica, la libertad y laseguridad personal de las personas que participan en las manifestaciones de protesta social(257).

132. Lo anterior, al igual que lo fue en el informe de 2006, sigui advirtindose en algunos Estados dela regin durante el perodo de seguimiento. A ese respecto, la CIDH se pronunci respecto de loshechos de violencia ocurridos en Bolivia el 25 de septiembre de 2011 en el marco de una protestacontra la construccin de una carretera que atravesara el Territorio Indgena del Parque NacionalIsiboro Scure (TIPNIS)258. En relacin a Cuba, sobre la represin al toque de cazuelaocurrido el 24 de septiembre de 2011 en el Reparto de Ro Verde, Municipio de Boyeros ysobre la marcha de manifestantes que, frente al tribunal provincial de Villa Santa Clara, sedirigan a ingresar al juicio de Dailin Hernndez Caballero y Pedro Antonio Blanco Fleitas, el25 de septiembre de 2011259. Respecto de Chile, sobre los hechos de violencia ocurridos enlas manifestaciones estudiantiles llevadas a cabo el 4 de agosto de 2011 para protestar en contra depolticas educativas (260). Respecto de Honduras, en el contexto de la represin de las manifestacionesque tuvieron lugar durante septiembre de 2009 en Tegucigalpa, das despus del golpe de Estado(261).Sobre Panam, por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestacin que tuvolugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, por trabajadores de fincasbananeras que decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida deprotesta contra la aprobacin de la Ley 30262. En relacin a Per, por los hechos de violenciaocurridos el 5 de junio de 2009 para dispersar el bloqueo que grupos indgenas mantenan en lacarretera de acceso a la ciudad de Bagua tras la adopcin de decretos legislativos queafectaran el derecho de propiedad sobre sus tierras(263); y sobre Venezuela por la represin devarias protestas sociales realizada por trabajadores para la bsqueda de mejores condicioneslaborales, entre ellas, la de empleados de la empresa Siderrgica del Orinoco ocurrida en marzo de2008 para solicitar mejores condiciones laborales, como la realizada el 26 de agosto de 2009 portrabajadores de la Alcalda Metropolitana para reclamar su estabilidad laboral que sera afectada por laLey de Rgimen Municipal en Dos Niveles del rea Metropolitana(264).

133. Para cumplir con sus obligaciones de respeto y garanta del derecho de reunin, los Estadosestn obligados a no obstaculizar y adoptar medidas de carcter positivo para garantizar el ejerciciode este derecho desde que se d aviso a las autoridades administrativas del deseo de realizaralguna manifestacin; as como durante la manifestacin protegiendo los derechos de losparticipantes y terceros que sean involucrados; y con posterioridad a la misma, para investigar ysancionar a toda persona, incluyendo agentes del Estado, que cometan actos de violencia en contrade la vida o integridad personal de los manifestantes o de terceros .


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134. Con el objeto de lograr garantizar y proteger el derecho de reunin, los Estados debenadoptar medidas, tanto de ndole normativa como administrativa, desarrollando planes yprocedimientos operativos adecuados para facilitar y no obstaculizar el ejercicio del derecho dereunin, lo cual abarca, desde los requisitos solicitados para llevar a cabo una manifestacin, elreordenamiento del trnsito de peatones y vehculos en determinadas zonas durante surealizacin, hasta el acompaamiento a las personas que participan en la reunin o manifestacin

para garantizar su seguridad y facilitar la realizacin de las actividades que motivan laconvocatoria(265). Los Estados tienen adems el deber de proteger a los participantes de unamanifestacin contra la violencia fsica por parte de personas que pudieran sostener opinionesopuestas(266).

135. A continuacin, la CIDH se referir a los deberes consustanciales al Estado en relacin a losrequisitos que pueden exigir para la realizacin de una manifestacin de protesta social; a lasmedidas de carcter preventivo que deben adoptar a efecto de evitar una inadecuada intervencin de lasfuerzas del Estado durante el desarrollo de una manifestacin de protesta social, y, finalmente, respectoal uso de la fuerza permisible al Estado de acuerdo al derecho internacional de los derechoshumanos. En cada uno de estos aspectos ejemplificar los obstculos que ha identificado persistenen algunos Estados de la regin.

2. El Derecho de realizar una manifestacin sin permiso previo

136. En una sociedad democrtica el espacio urbano no es slo un mbito de circulacin, sinotambin un espacio de participacin(267). Los Estados deben garantizar y no obstaculizar elderecho de los manifestantes a reunirse libremente tanto en lugares privados, como pblicos yen los sitios de trabajo. En relacin a los lugares privados, el ejercicio del derecho de reuninno debe obstaculizarse cuando se cuente con el consentimiento de los propietarios; respecto delos lugares pblicos, los Estados pueden establecer las reglamentaciones correspondientes que nocomporten exigencias excesivas que hagan nugatorio el ejercicio de este derecho(268) y, finalmente,en relacin a los sitios de trabajo, el derecho internacional garantiza a trabajadores yorganizaciones profesionales celebrar reuniones en sus locales para examinar cuestiones profesionales,sin autorizacin previa y sin injerencia de las autoridades(269).

137. En relacin a los espacios pblicos, la exigencia establecida en algunas legislaciones de unaviso previo a las autoridades sobre la realizacin de una protesta social es compatible con el derechode reunin, cuando tiene por objeto informar y permitir que las autoridades tomen las medidasconducentes para facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa eldesarrollo normal del resto de la comunidad (270), as como facilitar al Estado tomar las providenciasnecesarias para brindar una proteccin adecuada a los participantes de la misma (271). Sin embargo,los requerimientos que creen una base para que la reunin o manifestacin sea prohibida olimitada como, por ejemplo, a travs de la exigencia de un permiso previo, no son compatibles coneste derecho (272) . La CIDH ha sealado al respecto, que la exigencia de una notificacin previano debe ser confundida con la exigencia de un permiso previo otorgado discrecionalmente (273), elcual, an cuando se trate de espacios pblicos, no debe estar previsto en la normativa ni en laprctica de las autoridades administrativas (274).

138. De acuerdo a la informacin recibida por la CIDH, algunos Estados suelen solicitar comorequisitos previos para realizar una manifestacin: nombrar a alguien como responsable de cualquierdao a la propiedad que se pudiera producir durante una manifestacin, se identifique el motivode la manifestacin, as como indicar el nombre y direccin de cada persona que participar en la


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manifestacin o identidad de los oradores de la misma. La CIDH observa que el conjunto de estosrequisitos pueden obstaculizar el ejercicio de este derecho y la oportunidad de producir losefectos deseados por los manifestantes. Asimismo, segn informaron organizaciones de lasociedad civil, aun cuando en muchas ocasiones se cumplan con los requisitos sealados por lasautoridades, en algunos Estados habra una prctica de negar el permiso, o bien, de modificarlos lugares solicitados para su realizacin y recorrido, invocndose para ello razones de orden

pblico, la seguridad o la paz sin que se brindara una motivacin y fundamentacinadecuadas. Segn informacin que dispone la Comisin, frente a la negativa del permiso, no se cuentaen muchas ocasiones adems con un recurso efectivo para controvertir la decisin y el rganoencargado de revisar la decisin suele ser la misma autoridad que la neg.

139. El ejercicio del derecho de reunin a travs de la protesta social no debe sujetarse a unaautorizacin por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realizacin.En caso de estimar que circunstancias relacionadas con el tiempo, modo o espacio constituyen unpeligro para los manifestantes, las autoridades deben motivar sus decisiones a efecto de buscar unamejor alternativa. La CIDH reitera que las manifestaciones pblicas en donde participen lasdefensoras y los defensores de derechos humanos o cualquier otra persona, slo pueden serlimitadas con el fin de evitar la concrecin de amenazas que sean serias e inminentes, sin bastar unpeligro eventual(275). En el supuesto de que la autoridad decida que es pertinente modificar lascircunstancias de tiempo y lugar, es necesario que se brinde un recurso adecuado y efectivo paracontrovertir esta decisin el cual, sea resuelto por una autoridad diferente de la que la emiti.

140. La Comisin valora el reconocimiento constitucional que varios Estados de la regin han dado alderecho de reunin en el sentido de que para su ejercicio no requieren de un permiso previo. En estesentido, cabe reconocer las constituciones como la de Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua,Panam, Paraguay, Per y Venezuela. No obstante, a pesar de este reconocimiento constitucional,algunas legislaciones han reglamentado el ejercicio de este derecho bajo la exigencia de diversosrequisitos que obstaculizan su ejercicio o han facultado a autoridades para autorizar la realizacinde las manifestaciones, sujetando en la prctica el ejercicio del derecho de reunin a la obtencin de unpermiso que muchas veces es negado discrecionalmente.

El Decreto Supremo 1.086 (16 de septiembre de 1983) regula las condiciones para el ejercicio de lasmanifestaciones de protesta social en Chile. De acuerdo a la informacin recibida por la CIDH, si bienel artculo 1 del Decreto reconoce el derecho a reunirse sin permiso previo de la autoridad, el artculo2 faculta al Intendente o Gobernador a no autorizar las reuniones o desfiles en dos supuestos: a)en las calles de circulacin intensa y en las calles que perturben el trnsito pblico; y b) en lasplazas y paseos que se ocupen habitualmente para el descanso y esparcimiento o descanso dela poblacin y de aquellas que se celebren en los parques, plazas, jardines y avenidas con sectoresplantados. Segn lo dispone en artculo 3 del Decreto, son los propios intendentes y gobernadoresquienes se encuentran facultados para designar por medio de una resolucin las calles y sitios enque no se permitan reuniones pblicas de conformidad con los ya mencionados supuestos.Asimismo, dentro de los requisitos que son requeridos por el Decreto para llevar a cabo lamanifestacin se encuentran: indicar el nombre de los organizadores; su domicilio; profesin ynmero de la cdula de identidad; as como la indicacin de quines sern los oradores durantela manifestacin.

De acuerdo a la informacin proporcionada por la sociedad civil, en la prctica, el DecretoSupremo viene a establecer en Chile un requisito de autorizacin previa para ejercer el derechode reunin. Segn se denunci, este Decreto ha permitido que los intendentes o gobernadores


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limiten de manera discrecional la realizacin de manifestaciones de protesta social, al tener ellospor atribucin negar la autorizacin y definir los supuestos y lugares en los cuales puede ser negada.Asimismo, seran frecuentes los casos en que las solicitudes presentadas a las autoridadesfueran rechazadas o modificadas en forma discrecional en cuanto al tiempo y lugar sealados sinmotivacin alguna. Frente a los anteriores obstculos para obtener una autorizacin, algunossectores sociales han optado por realizar manifestaciones en lugares pblicos sin obtener el

permiso de las autoridades, las cuales, segn el Decreto, pueden ser disueltas por las Fuerzasdel Orden y Seguridad Pblica, generando en ocasiones que manifestaciones que inician enforma pacfica, terminen en incidentes con las fuerzas policiales del Estado(276).

3. Medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza

141. Con el objeto de prevenir una inadecuada intervencin de las fuerzas del Estado quepudiera resultar lesiva de los derechos humanos de los manifestantes, los Estados deben adoptarmedidas tanto de ndole normativa como administrativa que permitan que las fuerzas policialescuenten con normas de actuacin definidas y con el entrenamiento profesional necesario paraactuar en situaciones que involucran grandes concentraciones de personas(277). Las actividades decapacitacin, entrenamiento y equipamiento de los funcionarios encargados de hacer cumplir laley; la coordinacin y comunicacin entre autoridades y sociedad civil; as como una distincinclara entre la seguridad interior como funcin de la Polica y la defensa nacional como funcin de lasFuerzas Armadas, deben ser observadas por los Estados y aseguradas normativamente para prevenirafectaciones a los derechos humanos relacionadas con una indebida intervencin estatal durantelas manifestaciones de protesta social.

142. En relacin al entrenamiento y capacitacin, las fuerzas policiales deben recibir elentrenamiento y las rdenes precisas para actuar con la certeza de que su obligacin es proteger a losparticipantes en una reunin pblica o en una manifestacin o concentracin, en la medida que stosejercen un derecho(278). Asimismo, los Estados deben garantizar que las fuerzas policiales estnpreparadas para hacer frente a situaciones de perturbacin del orden pblico mediante la aplicacinde medios y mtodos respetuosos de los derechos humanos. Los Estados deben adoptar todaslas providencias necesarias para ello y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todoslos miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios ynormas de proteccin de los derechos humanos y sobre los lmites a los que debe estar sometido, aunbajo estados de excepcin, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley(279).

143. De acuerdo a los Principios Bsicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuegopor los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Estado tambin debe de dotar delequipamiento adecuado a los funcionarios estatales que participaran en el control de lasmanifestaciones de protesta social. Asimismo, los Estados deben dar a los funcionarioscorrespondientes distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un usodiferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre las armas deberan figurar armasincapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vezms el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, tambindebera permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipoautoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte aprueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo (280). El Estadotiene la obligacin de proporcionar a sus fuerzas policiales herramientas de comunicacin y vehculosadecuados para intervenir en estas circunstancias(281).


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144. En cuanto a los mecanismos de coordinacin entre autoridades y manifestantes, tal comolo ha establecido la Comisin en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos(2009), los Estados deben establecer criterios claros, con la debida difusin para conocimiento de lapoblacin, respecto a los mecanismos de coordinacin y comunicacin, a los efectos de brindarlas mayores facilidades para el ejercicio del derecho de reunin y limitar el efecto que pueden tener

sobre el goce de los derechos de otros integrantes de la misma comunidad que igualmentemerecen ser garantizados y protegidos por el Estado(282).

145. Asimismo, la separacin clara y precisa entre la seguridad interior como funcin de la Polica yla defensa nacional como funcin de las Fuerzas Armadas es fundamental para garantizar un usode la fuerza que no resulte violatorio del derecho de reunin de defensoras y defensores de derechoshumanos. La CIDH ha sealado que la Polica y las Fuerzas Armadas son dos institucionessubstancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a suentrenamiento y preparacin. As, el entrenamiento y preparacin de las Fuerzas Armadas estdirigido a derrotar al enemigo y no a la proteccin y control de civiles, entrenamiento que es propiode los entes policiales(283). La intervencin de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridadinterna, en general, suele encontrarse acompaada de violaciones de derechos humanos encontextos violentos, por ello, es aconsejable evitar la intervencin de las fuerzas armadas en cuestionesde seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos(284). Porello, la CIDH subraya que el control de la violencia suscitada en el marco de una protesta social quepertenece al orden interno del Estado, es competencia exclusiva de cuerpos policiales civilesdebidamente organizados y capacitados, y no as de fuerzas armadas militares.

146. En el marco de consulta para la elaboracin de este informe se recibi informacin enrelacin a algunos Estados que utilizaran en la prctica, o mantendran en sus marcos legales laposibilidad de intervencin para las fuerzas armadas en manifestaciones de protesta social. En estesentido, existiran legislaciones que permiten el uso de las fuerzas armadas para proteger lagestin de empresas privadas en reas consideradas de carcter estratgico, como son aquellas queparticipan en la prestacin de servicios pblicos, cuando se ponga en riesgo o en gravepeligro la gestin de dichas empresas. Segn se inform a la Comisin, la falta de definicin de lascondiciones para permitir la intervencin de las fuerzas armadas, permite una interpretacinamplia por parte de las autoridades que ha posibilitado el uso de la fuerza para socavarmanifestaciones de protesta social pacfica o huelgas laborales. La CIDH insta a estos Estadosa adecuar su legislacin y prcticas administrativas de acuerdo a los estndares antes sealadosde tal manera que las fuerzas armadas no sean utilizadas para reprimir manifestaciones deprotesta social.

En su 137o perodo ordinario de sesiones, la CIDH recibi informacin de Ecuador sobre unaLey de Seguridad Pblica y del Estado, la cual, conforme a su artculo 43 posibilita la intervencin delas fuerzas armadas ante circunstancias de inseguridad crticas que pongan en peligro o graveriesgo la gestin de las empresas pblicas y privadas, responsables de la gestin de los sectoresestratgicos(285). Segn los peticionarios de la audiencia el Estado ecuatoriano tendra unahistoria preocupante respecto al uso de estados de excepcin para sofocar protestas sociales, y atravs de este artculo obligara a las fuerzas armadas a prestar seguridad frente a las situaciones quesean consideradas de inseguridad tanto en empresas pblicas como privadas en sectoresestratgicos, es decir, minera, petrleo, agua y biodiversidad. Por lo tanto, en las movilizacionessociales donde participaran defensores de derechos humanos respecto a temas como derecho al agua,impacto ambiental entre otros, se utilizaran las fuerzas armadas como medio para desestimular la


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protesta social pacfica(286).

147. Ante la proscripcin de utilizar las fuerzas armadas en el contexto de manifestaciones deprotesta social, algunos Estados suelen declarar en estado de excepcin las provincias en lascuales se desarrollan las manifestaciones, posibilitando de acuerdo al marco jurdico interno, laintervencin de las fuerzas armadas. Es recurrente que en algunos Estados se proponga, o

directamente se establezca, que efectivos militares asuman la seguridad interior a partir del argumentodel incremento de los hechos violentos o delictivos, inclusive por el corte de caminos ointerposicin de obstculos en rutas de medios de transporte.

148. La CIDH reitera en relacin a los estados de excepcin y la consecuente suspensin de derechosque se aplica de manera excepcional nicamente "en caso de guerra, de peligro pblico o de otraemergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte"287. Por muy grave quesea la situacin de orden interno, incluso de criminalidad ordinaria en el mbito interno, stano constituye una amenaza militar a la soberana del Estado(288). De acuerdo a lo anterior, elcontrol de las perturbaciones que se produzcan en el mbito interno por las manifestaciones de protestasocial corresponden a la polica, cuya funcin es orientada a la seguridad pblica y no a la seguridaddel Estado.

La CIDH recibi informacin de Per que indica que en Chala, Arequipa durante abril de 2010, msde 6000 mineros en Madre de Dios289 se manifestaban en contra del Decreto de Urgencia 012 2010que contempla un proceso de reordenamiento de los trabajadores mineros(290). El Ejecutivo mediantedecreto supremo 042 2010 PCM de fecha 31 de marzo de 2010 declar estado de emergencia por 60 das en 6 provincias con el objeto de mantener y/o restablecer el orden interno y procurarla defensa de los derechos de los ciudadanos afectados por el paro indefinido de lostrabajadores en la mencionada carretera. De acuerdo al citado Decreto Supremo el Ministerio delInterior mantendra el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Militares y elmencionado decreto de excepcin tendra por objeto, cuestiones de orden interno, como asegurarla prestacin del servicio de transporte pblico y de mercancas, as como resguardar lasinstalaciones pertenecientes a las instituciones pblicas y privadas(291). Segn la informacindisponible, en el contexto de la intervencin del Estado para disolver el paro, cerca de cincomanifestantes habran perdido la vida y 29 habran sido heridos (292).

4. Deber de investigar y sancionar a los responsables por hechos de violencia en manifestacionesde protesta social

149.Si en el desarrollo de la manifestacin se producen actos de violencia, es de particular importanciaque el Estado adopte medidas para investigar los hechos que pudieran haber surgido durante laprotesta social como producto de un uso abusivo de la fuerza por agentes estatales, o bien, de actosde agresin provenientes de terceros a la manifestacin o entre los propios participantes; de talmanera que sancione a los responsables; y se repare adecuadamente a quienes resultaran afectados ensus derechos. Los Estados tienen el deber de investigar las violaciones de los derechos humanosy sancionar a los autores y a los encubridores de dichas violaciones. Y toda persona que se considerevctima de stas, tiene derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en subeneficio y en el del conjunto de la sociedad(293).

150. La CIDH ha expresado su preocupacin por la continuidad en los hechos de violencia que se hanpresentado en algunos pases durante diversas manifestaciones de protesta social, lo cual apunta aque este obstculo persiste, con particular nfasis, en manifestaciones relacionadas con la


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reivindicacin de derechos laborales(294); de la defensa de territorios que perteneceran a gruposindgenas(295); de protestas estudiantiles(296), adems de los hechos de violencia que se hanregistrado en manifestaciones protesta social en el contexto de Estados que sufrieron quiebresdemocrticos, como Honduras, en donde las mujeres defensoras fueron especialmente atacadas(297).La CIDH ha instado a los Estados que han atravesado por estos hechos a investigar los hechosviolatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, as

como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.De acuerdo a informacin de pblico conocimiento, en Argentina el 10 de diciembre de 2010centenares de inmigrantes, principalmente de origen boliviano y paraguayo, sin viviendaocuparon el parque Indoamericano, ubicado en Villa Soldati, exigiendo a las autoridadesviviendas dignas. Segn la informacin disponible, en el marco de la violencia generada durante laintervencin de la polica para el desalojo de los ocupantes, habran perdido la vida los ciudadanosbolivianos Rosemary Chura Pua y Juan Casteares Quispe, el paraguayo Bernardo Salgueiro y unapersona de 19 aos no identificada298. Durante los desalojos, el director del Servicio de Emergenciasde Salud indic que no pudieron entrar las ambulancias porque tambin eran atacados con disparos(299). Con posterioridad a los hechos, la Presidenta de la Repblica, pidi a la sociedad argentinahacer una reflexin profunda sobre los migrantes en el pas, y ofreci disculpas a los pases ofendidospor los hechos ocurridos(300).

151. En virtud de la informacin recibida de varios Estados que indican la limitacin delejercicio del derecho de reunin en razn de un uso excesivo de la fuerza, laComisin considera que stos afrontan desafos para cumplir con la recomendacin dada en suinforme de 2006. En este sentido, la CIDH reitera a los Estados su recomendacin de[a]doptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pblicas

Notas de Pie de Pgina

229 El artculo V de la Declaracin establece que:[t]oda persona tiene derecho a la proteccin de la Ley contra los ataquesabusivos a su honra, a su reputacin y a su vida privada y familiar.

230 El artculo 11 de la Convencin establece: [t]oda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento desu dignidad[...]. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, ensu domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputacin. Toda persona tiene derecho ala proteccin de la ley contra esas injerencias o esos ataques.231 ONU, Comisin de Derechos Humanos, Informe presentado por la Representante Especial del SecretarioGeneral sobre defensores de derechos humanos, seora Hina Jilani, Informe anual 2004, Doc. E/CN.4/2005/101,prr. 55; Cfr. CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas,prr. 95.232 Asamblea General de la Organizacin de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial MargaretSekaggya sobre la situacin de los defensores de derechos humanos, 13o perodo de sesiones del Consejo deDerechos Humanos, Promocin y proteccin de los derechos humanos, civiles, polticos, econmicos, sociales yculturales, incluido el derecho al desarrollo,A/HRC/13/22, 30 de diciembre de 2009, prrs. 32 33.Disponible en:

http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A%2FHRC%2F13%2F22&Submit=Buscar&Lang=S. 49233 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, prr. 616.234 CIDH, Informe No. 43/96, Caso 11.430, Jos Francisco Gallardo (Mxico), 15 de octubre de 1996, prr. 76.235 CIDH, Comunicado de Prensa 114/11. En relacin con hechos recientes en torno a la masacre de Mapiripnen Colombia, 31 de octubre de 2011.236 El Informador, Presidente y vicepresidente pidieron llevar caso de Mapiripn a la OEA, 28 de octubrede 2011. Disponible en:http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=27159:presidente y vicepresidente pidieron llevar caso de mapiripan a oea&catid=79:nacional e internacional&Itemid=422; Nuevo Siglo, Caso Mapiripn es una burla a los DH: Santos, 27 de octubre de 2011. Disponible en: http://elnuevosiglo.com.co/articulos/10 2011 caso mapirip%C3%A1n es una burla los dh santos.html.


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237 Nuevo Siglo, Caso Mapiripn es una burla a los DH: Santos, 27 de octubre de 2011. Disponible en:http://elnuevosiglo.com.co/articulos/10 2011 caso mapirip%C3%A1n es una burla los dh santos.html. 238 CIDH, Comunicado de Prensa 114/11. En relacin con hechos recientes en torno a la masacre de Mapiripn enColombia, 31 de octubre de 2011.239 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, prr. 616. CIDH, Informe de Fondo No. 43/96, Caso 11. 430,Jos Francisco Gallardo (Mxico), 15 de octubre de 1996, prr. 76.240 CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas,recomendacin 10.

241 FIDH, Hostigamiento contra el seor Humberto Prado, 2 de junio de 2010. Disponible en:http://www.fidh.org/Hostigamiento contra el Sr Humberto Prado VEN 003. 242 Front Line, Venezuela: el Dr. Humberto Prado Sifontes, defensor de derechos humanos, objeto de difamacintras las declaraciones de un funcionario pblico, 24 de junio de 2011. Disponible en:http://www.frontlinedefenders.org/es/node/15756; FIDH, Campaa de difamacin en contra de defensores yorganizaciones de derechos humanos, 24 de junio de 2011. Disponible en: http://www.fidh.org/Campana de difamacion en contra de defensores y . 243 CIDH, Comunicado de Prensa 57/11. CIDH Deplora muertes violentas en crcel de Venezuela, 16 de junio de 2011.244 Resolucin de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2010. Medidas Provisionalesrespecto de Venezuela. Asuntos de determinados centros penitenciarios de Venezuela. Considerando vigsimo octavo.245 Diario del Pueblo Regin Oriente, Prado: Defensa de Ddhh es una actividad peligrosa en Venezuela, 16 de octubre de2011. Disponible en: http://www.diarioregion.com/2011/10/16/prado defensa de ddhh es una actividad peligrosa en venezuela/.

246 CNN Mxico, Las declaraciones de la Marina tensan relacin activistas gobierno, 28 de julio de 2011. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2011/07/28/las declaraciones de la marina tensa la relacion activistas gobierno. 247 CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas,recomendacin 11.248 Ibidem, recomendacin 12.249 Toda persona tiene el derecho de reunirse pacficamente con otros, en manifestacin pblica o en asamblea transitoria,en relacin con sus intereses comunes de cualquier ndole.250 Se reconoce el derecho de reunin pacfica y sin armas. El ejercicio de tal derecho slo puede estar sujeto a lasrestricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrtica, en inters de la seguridad nacional, dela seguridad o del orden pblicos, o para proteger la salud o la moral pblicas o los derechos o libertades de losdems. Se reconoce el derecho de reunin pacfica y sin armas.251 Este derecho tambin se encuentra reconocido por el artculo 20.1 de la Declaracin Universal de los DerechosHumanos; 21 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos y en el artculo 5 de la Declaracin sobre el derecho y el

deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertadesfundamentales universalmente reconocidos.252 CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en lasAmricas, prr. 60.253 Ibidem, prr. 52.254 Ibidem, prr. 54.255 European Commission on Human Rights, Christian against Racism and Fascism vs. The United Kingdom, No.8400/78, decision of 16 July 1980, DR 21 pgs. 138 y 148.256 Artculo 15 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.257 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 diciembre 2009, prr. 192.258 CIDH, Comunicado de Prensa 108/11. CIDH urge a garantizar la integridad fsica y seguridad de manifestantesen Bolivia, 17 de octubre de 2011.259 Al respecto, la CIDH solicit informacin al Estado de Cuba en virtud de las atribuciones conferidas por el artculo 18de su Estatuto el 12 de octubre de 2011, sin que se haya recibido respuesta.260 CIDH, Comunicado de Prensa 87/ 11. CIDH manifiesta preocupacin por violencia contra protestas estudiantiles enChile, 6 de agosto de 2011.261 CIDH, Comunicado de Prensa 65/09. CIDH condena uso excesivo de la fuerza en represin de lasmanifestaciones en Honduras, 22 de septiembre de 2009.262 CIDH, Comunicado de Prensa 77/10. CIDH expresa preocupacin por muertos y heridos durantemanifestaciones de protesta social en Panam, 3 de agosto de 2010.263 CIDH, Comunicado de Prensa 35/09. La CIDH condena hechos de violencia en Per, 8 de junio de2009.264 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, prr. 154.265 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, prr. 192.


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266 CIDH, Informe Anual 2007. Captulo IV Venezuela, 29 de diciembre de 2007, prr. 259; CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, prr. 192.267 Supremo Tribunal Constitucional Espaol, Sentencia 66/1995, Foja 3, citado en CIDH, Informe sobre la Situacin delas Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas, prr. 56.268 CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas,prr. 56.269 CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas,prr. 53.

270 CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas,prr. 57.271 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, prr. 142.272 Por ejemplo, la Comisin ha encontrado como restriccin incompatible con el derecho de reunin una legislacin querequera un permiso policial que deba de solicitarse con diez das de anticipacin para cualquier acto pblico,asamblea, eleccin, conferencia, desfile, congreso o evento deportivo, cultural, artstico o familiar. Cfr. CIDH, InformeAnual 1979 1980, OEA/Ser.L/V/II.50, 2 de octubre de 1980, pgs. 119 121. A ttulo de ejemplo, la Comisin tambin ha citado la posicin del Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a que el requisito de que senotifique a la polica antes de realizar una manifestacin no es incompatible con el artculo 21 del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Polticos (derecho de reunin). Sin embargo, la exigencia de una notificacin previa no debetransformarse en la exigencia de un permiso previo otorgado por un agente con facultades ilimitadamente discrecionales. Esdecir, no se puede impedir una manifestacin porque se considera que es probable que sta va a poner en peligro la paz, laseguridad o el orden pblicos, sin tener en cuenta si se puede prevenir el peligro a la paz o el riesgo de desorden alterando

las condiciones originales de la manifestacin (hora, lugar, etc.). Las limitaciones a las manifestaciones pblicas slopueden tener por objeto evitar amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual.273 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, prr. 142.274 Ibidem, prrs. 140 y 142.275 CIDH, Informe sobre la Situacin de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Amricas,prr. 58.276 CIDH, Comunicado de Prensa 87/11. CIDH manifiesta preocupacin por violencia contra protestas estudiantilesen Chile, 6 de agosto de 2011.277 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, prr. 193.278 Idem.279 Corte I.D.H., Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones (art. 63.1 Convencin Americana sobre DerechosHumanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, prr. 127.280 Artculo 2 de los Principios Bsicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencin delDelito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de1990. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm.281 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, prr. 193.282 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, prr. 196.283 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, prr. 102.284 CIDH, Informe sobre la Situacin de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, Captulo III, Seguridad delEstado: las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales de Seguridad, prr. 272; CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadanay Derechos Humanos, prr. 101.285 Ley de Seguridad Pblica y del Estado, 24 de julio de 2009. Disponible en:http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/leyes/ley de seguridad publica y del estado.pdf. 286 CIDH, Audiencia Situacin de defensores y defensoras de derechos uumanos en Ecuador, 137o perodoordinario de sesiones, 3 de noviembre de 2009.287 Corte I.D.H., El Hbeas Corpus Bajo Suspensin de Garantas (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convencin Americanasobre Derechos Humanos). Opinin Consultiva OC 8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, prr. 19288 CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, prr. 103.289 La Repblica, Aumentan a cinco los fallecidos tras desalojo en Chala, 4 de abril de 2010. Disponible en :http://www.larepublica.pe/04 04 2010/aumentan cinco los fallecidos tras desalojo en chala. 290 Per 21, Arequipa, suben a 5 los muertos durante protesta de mineros informales, 4 de abril de 2010.Disponible en: http://peru21.pe/noticia/456568/arequipa al menos muerto deja paro mineros informales. 291 Disponible en: http://www.elperuano.pe/Edicion/.292 La Repblica, Aumentan a cinco los fallecidos tras desalojo en Chala, 4 de abril de 2010. Disponible en :http://www.larepublica.pe/04 04 2010/aumentan cinco los fallecidos tras desalojo en chala. 293 Corte I.D.H., Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones (art. 63.1 Convencin Americana sobre Derechos


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Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, prr. 115.294 CIDH, Comunicado de Prensa 77/10. CIDH expresa preocupacin por muertos y heridos durantemanifestaciones en Panam, 3 de agosto de 2010; CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, prr.154.295 CIDH, Comunicado de Prensa 35/09. La CIDH condena hechos de violencia en Per, 8 de junio de 2009;CIDH, Comunicado de Prensa 108/11, CIDH urge a garantizar la integridad fsica y seguridad de manifestantes enBolivia, 17 de octubre de 2011.296 CIDH, Comunicado de Prensa 87/11. CIDH, manifiesta preocupacin por violencia contra protestas estudiantiles enChile, 6 de agosto de 2011.297 En el Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado: la CIDH observ numerosos testimonios querevelaron que durante la represin de las manifestaciones contra el golpe de Estado, como en las detenciones ilegales, lasmujeres fueron objeto de agresiones verbales y de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Acomienzos del 2010, la Comisin observ con especial preocupacin que el 9 de febrero de 2010 fue secuestrada junto acuatro miembros de su familia, una joven que haba denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente porcuatro policas luego de haberla detenido en una manifestacin contra el golpe de Estado. Cfr. CIDH, ObservacionesPreliminares de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 a 18 demayo de 2010, 3 de junio de 2010, prr. 93; CIDH, Comunicado de Prensa 26/10. CIDH deplora asesinatos, secuestros yagresiones en Honduras, 8 de marzo de 2010.298 CNNMxico, Un desalojo en Argentina causa cuatro muertes y acusaciones de xenofobia, 11 de diciembre de2010, http://mexico.cnn.com/mundo/2010/12/11/un desalojo en argentina causa cuatro muertes y acusaciones de xenofobia.

299 El Universal, Noche de terror por violencia social en Argentina, 10 de diciembre de 2010. Disponible en:http://www.eluniversal.com/2010/12/10/int_ava_noche de terror por_10A4840571.shtml. 300 CNNMxico, Un desalojo en Argentina causa cuatro muertes y acusaciones de xenofobia, 11 de diciembre de2010, http://mexico.cnn.com/mundo/2010/12/11/un desalojo en argentina causa cuatro muertes y acusaciones de xenofobia. Bolpress, El gobierno argentino pide disculpas por la violencia xenfoba en BuenosAires, 10 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010121101.
http://mexico.cnn.com/mundo/2010/12/11/unhttp://mexico.cnn.com/mundo/2010/12/11/unhttp://mexico.cnn.com/mundo/2010/12/11/unhttp://mexico.cnn.com/mundo/2010/12/11/un

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Derecho de Manifestacion y Reunion