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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Ara9n
Autores Miguel Aacutengel Bernal Blay Francisco Cucala Campillo Viacutector Escartiacuten Escudeacute Gustavo Garciacutea Herrero Nieves Peacuterez Sinusiacutea Roberto Zarazaga Tomaacutes
Ilustraciones Carmelo Gutieacuterrez Garciacutea
Correccioacuten de textos Cristina Esteban Pelegriacuten
Revisioacuten Mariacutea Martiacutenez Martiacutenez Octubre de 2007
Impresioacuten Edicioacuten y Gestioacuten De Z
DL Z-2607-2004
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Iacutendice Presentacioacuten de Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez 5
Queacute se considera servicios sociales 7
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales 8
El derecho a los servicios sociales 8
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales 9
Cataacutelogo de Derechos 13
Viacuteas de Reclamacioacuten 35
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial 36
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales 39 El procedimiento administrativo
Procedimientos judiciales 42
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Presentacioacuten Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez
Casi 100000 personas utilizan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza cada antildeo O lo que es lo mismo casi uno de cada 7 habitantes de nuestra ciudad
Quizaacutes este dato sorprenda a quienes todaviacutea se imaginan que los Servicios Sociales son soacutelo para gente pobre familias desestructuradas menores en situacioacuten de grave riesgo personas sin hogarhellip Por supuesto que todas estas personas con situaciones de necesishydad muy especiales son atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento
Pero quizaacutes no saben que Servicios Sociales tambieacuten son los Centros de Tiempo Libre que utilizan tantos nintildeos y nintildeas en nuestra ciudad o las diferentes actividades y cursos en los que participan miles de mujeres o los Centros de Convivencia para Mayores implantados en todos los Barrios con 35000 socioshellip Todo eso y mucho maacutes son Servicios Sociales
Servicios caracteriacutesticos de una sociedad como la actual pensados para favorecer la autoshynomiacutea personal la convivencia la participacioacuten y la insercioacuten social servicios para prevenir situaciones de marginacioacuten que puedan deteriorar la vida personal y la convivencia ciudashydana Servicios para la calidad de vida de las personas y las familias de todas las personas y familias y no soacutelo de los maacutes pobre o necesitados
Servicios a los que se exige un nivel de calidad acorde al nivel de vida y a las expectativas de nuestros ciudadanos y ciudadanas que les permita responder con eficacia a las necesishydades cambiantes de una sociedad diversa y dinaacutemica como es la de Zaragoza en estos prishymeros antildeos del tercer milenio
Difiacutecilmente se puede pensar en servicios de calidad si no respetan primero lo que son derechos de quienes los utilizan Derechos como ciudadanos y derechos como usuarios que nos obligan de manera muy especial a las Administraciones Puacuteblicas Derechos que debemos reconocer y garantizar con especial cuidado cuando se trata de intervenir en aacutembitos tan sensibles como es la vida personal y familiar los espacios de intimidad
Por eso nos sentimos comprometidos con la labor de organizaciones como la UCA cuanshydo nos advierten sobre la importancia de conocer reflexionar difundir y garantizar los derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una colaboracioacuten que tiene ya una trayectoria de varios antildeos uno de cuyos reflejos es esta Guiacutea que ahora se reedita actualizada
Queremos que sirva para seguir concienciando a los propios usuarios y tambieacuten a los trashybajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Municipales de lo importante que exigir y respetar estos derechos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Y que sirva a su vez como renovacioacuten del compromiso de la Concejaliacutea de Accioacuten Social y del Mayor con los derechos de todas las personas que decidan utilizar los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar su convivencia personal y para partishycipar plenamente en la vida econoacutemica poliacutetica cultural y social de nuestra ciudad
Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez Concejal Delegada de Accioacuten Social y del Mayor
del Ayuntamiento de Zaragoza
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute se considera servicios sociales La Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (Ley 41987 de 25 de marzo) define los Servicios Sociales como aquellos recursos cuya finalidad es favorecer el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social asiacute como procurar alternativas de convivencia a las personas ante carencias o limitaciones de su medio familiar o social
Para ello seguacuten la citada Ley los Servicios Sociales deben proporcionar
- Informacioacuten y orientacioacuten para acce- Servicios sociales de base centros municipales oder y usar los recursos sociales para la igualdad comarcales de servicios sociales centros y servicios de oportunidades de atencioacuten a la mujer servicios de proteccioacuten de
menores centros base para atencioacuten a personas con discapacidad centros y servicios de atencioacuten a inmishygrantes
- Atenciones domiciliarias para favore- Ayuda a domicilio teleasistencia ayudas para mejoshycer la convivencia personal y familiar ra o adaptacioacuten del hogar ayudas para situaciones
de urgente necesidad servicios Canguro educashycioacuten y mediacioacuten familiar centros de diacutea transporte adaptado
- Alojamientos alternativos ante Residencias de mayores residencias para personas carencias o graves limitaciones de la convivencia con discapacidad centros de menores Acogimiento personal y familiar Familiar Casas de Acogida Albergues
- Atenciones especiacuteficas ante situacio- Talleres ocupacionales programas de insercioacuten nes o riesgos de desarraigo social o convivencial social actividades de prevencioacuten de la marginacioacuten
- Equipamientos servicios y activida- Centros de convivencia ludotecas centros sociales des para favorecer la convivencia social actividades de promocioacuten social
La citada Ley establece que es responsabilidad puacuteblica procurar estas atenciones a traveacutes de un sistema integrado basado en los principios de igualdad universalidad y gloshybalidad en la participashycioacuten ciudadana y en un marco juriacutedico que estashyblezca derechos y debeshyres impidiendo actuashyciones graciables
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Toda persona puede ser usuario de los Servicios Sociales siempre que reuacutena los requisitos previstos en cada caso
Asiacute lo establece el artiacuteculo 2ordm de la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (LOAS) cuando preceptuacutea que tendraacuten derecho a las prestaciones y servicios sociales los espantildeoles residentes en la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten los transeuacutentes y los extranjeros los refugiados los asilados y los apaacutetridas de acuerdo con lo que estashyblezcan las Leyes y Tratados Internacionales
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales
El derecho a los servicios sociales Se puede enfocar el derecho a los Servicios Sociales desde una triple perspectiva
Derechos dde lla ppersona
El derecho a los servicios sociales se encuadra dentro de la categoriacutea geneacuterica de derechos de la persona pues es eacutesta quien ostenta su titularidad
Este derecho no tiene categoriacutea de Derecho Fundamental constitucionalmente reconocishydo pero afecta directamente a algunos de ellos como el derecho a la igualdad a la intimishydad a la plena participacioacuten en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social o el derecho de asociacioacuten entre otros
Derechos ccomo uusuarios dde sservicios pprestados ppor lla Administracioacuten
Ademaacutes cuando los servicios sociales son prestados por una Administracioacuten Puacuteblica de forma directa o concertada lo que ocurre en una gran mayoriacutea de estos servicios sus
usuarios tienen los derechos que se derivan del manteshynimiento de relashyciones con la Administracioacuten en un Estado social y democraacutetico de Derecho
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Autores Miguel Aacutengel Bernal Blay Francisco Cucala Campillo Viacutector Escartiacuten Escudeacute Gustavo Garciacutea Herrero Nieves Peacuterez Sinusiacutea Roberto Zarazaga Tomaacutes
Ilustraciones Carmelo Gutieacuterrez Garciacutea
Correccioacuten de textos Cristina Esteban Pelegriacuten
Revisioacuten Mariacutea Martiacutenez Martiacutenez Octubre de 2007
Impresioacuten Edicioacuten y Gestioacuten De Z
DL Z-2607-2004
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Iacutendice Presentacioacuten de Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez 5
Queacute se considera servicios sociales 7
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales 8
El derecho a los servicios sociales 8
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales 9
Cataacutelogo de Derechos 13
Viacuteas de Reclamacioacuten 35
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial 36
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales 39 El procedimiento administrativo
Procedimientos judiciales 42
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Presentacioacuten Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez
Casi 100000 personas utilizan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza cada antildeo O lo que es lo mismo casi uno de cada 7 habitantes de nuestra ciudad
Quizaacutes este dato sorprenda a quienes todaviacutea se imaginan que los Servicios Sociales son soacutelo para gente pobre familias desestructuradas menores en situacioacuten de grave riesgo personas sin hogarhellip Por supuesto que todas estas personas con situaciones de necesishydad muy especiales son atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento
Pero quizaacutes no saben que Servicios Sociales tambieacuten son los Centros de Tiempo Libre que utilizan tantos nintildeos y nintildeas en nuestra ciudad o las diferentes actividades y cursos en los que participan miles de mujeres o los Centros de Convivencia para Mayores implantados en todos los Barrios con 35000 socioshellip Todo eso y mucho maacutes son Servicios Sociales
Servicios caracteriacutesticos de una sociedad como la actual pensados para favorecer la autoshynomiacutea personal la convivencia la participacioacuten y la insercioacuten social servicios para prevenir situaciones de marginacioacuten que puedan deteriorar la vida personal y la convivencia ciudashydana Servicios para la calidad de vida de las personas y las familias de todas las personas y familias y no soacutelo de los maacutes pobre o necesitados
Servicios a los que se exige un nivel de calidad acorde al nivel de vida y a las expectativas de nuestros ciudadanos y ciudadanas que les permita responder con eficacia a las necesishydades cambiantes de una sociedad diversa y dinaacutemica como es la de Zaragoza en estos prishymeros antildeos del tercer milenio
Difiacutecilmente se puede pensar en servicios de calidad si no respetan primero lo que son derechos de quienes los utilizan Derechos como ciudadanos y derechos como usuarios que nos obligan de manera muy especial a las Administraciones Puacuteblicas Derechos que debemos reconocer y garantizar con especial cuidado cuando se trata de intervenir en aacutembitos tan sensibles como es la vida personal y familiar los espacios de intimidad
Por eso nos sentimos comprometidos con la labor de organizaciones como la UCA cuanshydo nos advierten sobre la importancia de conocer reflexionar difundir y garantizar los derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una colaboracioacuten que tiene ya una trayectoria de varios antildeos uno de cuyos reflejos es esta Guiacutea que ahora se reedita actualizada
Queremos que sirva para seguir concienciando a los propios usuarios y tambieacuten a los trashybajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Municipales de lo importante que exigir y respetar estos derechos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Y que sirva a su vez como renovacioacuten del compromiso de la Concejaliacutea de Accioacuten Social y del Mayor con los derechos de todas las personas que decidan utilizar los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar su convivencia personal y para partishycipar plenamente en la vida econoacutemica poliacutetica cultural y social de nuestra ciudad
Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez Concejal Delegada de Accioacuten Social y del Mayor
del Ayuntamiento de Zaragoza
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute se considera servicios sociales La Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (Ley 41987 de 25 de marzo) define los Servicios Sociales como aquellos recursos cuya finalidad es favorecer el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social asiacute como procurar alternativas de convivencia a las personas ante carencias o limitaciones de su medio familiar o social
Para ello seguacuten la citada Ley los Servicios Sociales deben proporcionar
- Informacioacuten y orientacioacuten para acce- Servicios sociales de base centros municipales oder y usar los recursos sociales para la igualdad comarcales de servicios sociales centros y servicios de oportunidades de atencioacuten a la mujer servicios de proteccioacuten de
menores centros base para atencioacuten a personas con discapacidad centros y servicios de atencioacuten a inmishygrantes
- Atenciones domiciliarias para favore- Ayuda a domicilio teleasistencia ayudas para mejoshycer la convivencia personal y familiar ra o adaptacioacuten del hogar ayudas para situaciones
de urgente necesidad servicios Canguro educashycioacuten y mediacioacuten familiar centros de diacutea transporte adaptado
- Alojamientos alternativos ante Residencias de mayores residencias para personas carencias o graves limitaciones de la convivencia con discapacidad centros de menores Acogimiento personal y familiar Familiar Casas de Acogida Albergues
- Atenciones especiacuteficas ante situacio- Talleres ocupacionales programas de insercioacuten nes o riesgos de desarraigo social o convivencial social actividades de prevencioacuten de la marginacioacuten
- Equipamientos servicios y activida- Centros de convivencia ludotecas centros sociales des para favorecer la convivencia social actividades de promocioacuten social
La citada Ley establece que es responsabilidad puacuteblica procurar estas atenciones a traveacutes de un sistema integrado basado en los principios de igualdad universalidad y gloshybalidad en la participashycioacuten ciudadana y en un marco juriacutedico que estashyblezca derechos y debeshyres impidiendo actuashyciones graciables
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Toda persona puede ser usuario de los Servicios Sociales siempre que reuacutena los requisitos previstos en cada caso
Asiacute lo establece el artiacuteculo 2ordm de la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (LOAS) cuando preceptuacutea que tendraacuten derecho a las prestaciones y servicios sociales los espantildeoles residentes en la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten los transeuacutentes y los extranjeros los refugiados los asilados y los apaacutetridas de acuerdo con lo que estashyblezcan las Leyes y Tratados Internacionales
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales
El derecho a los servicios sociales Se puede enfocar el derecho a los Servicios Sociales desde una triple perspectiva
Derechos dde lla ppersona
El derecho a los servicios sociales se encuadra dentro de la categoriacutea geneacuterica de derechos de la persona pues es eacutesta quien ostenta su titularidad
Este derecho no tiene categoriacutea de Derecho Fundamental constitucionalmente reconocishydo pero afecta directamente a algunos de ellos como el derecho a la igualdad a la intimishydad a la plena participacioacuten en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social o el derecho de asociacioacuten entre otros
Derechos ccomo uusuarios dde sservicios pprestados ppor lla Administracioacuten
Ademaacutes cuando los servicios sociales son prestados por una Administracioacuten Puacuteblica de forma directa o concertada lo que ocurre en una gran mayoriacutea de estos servicios sus
usuarios tienen los derechos que se derivan del manteshynimiento de relashyciones con la Administracioacuten en un Estado social y democraacutetico de Derecho
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Iacutendice Presentacioacuten de Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez 5
Queacute se considera servicios sociales 7
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales 8
El derecho a los servicios sociales 8
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales 9
Cataacutelogo de Derechos 13
Viacuteas de Reclamacioacuten 35
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial 36
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales 39 El procedimiento administrativo
Procedimientos judiciales 42
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Presentacioacuten Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez
Casi 100000 personas utilizan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza cada antildeo O lo que es lo mismo casi uno de cada 7 habitantes de nuestra ciudad
Quizaacutes este dato sorprenda a quienes todaviacutea se imaginan que los Servicios Sociales son soacutelo para gente pobre familias desestructuradas menores en situacioacuten de grave riesgo personas sin hogarhellip Por supuesto que todas estas personas con situaciones de necesishydad muy especiales son atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento
Pero quizaacutes no saben que Servicios Sociales tambieacuten son los Centros de Tiempo Libre que utilizan tantos nintildeos y nintildeas en nuestra ciudad o las diferentes actividades y cursos en los que participan miles de mujeres o los Centros de Convivencia para Mayores implantados en todos los Barrios con 35000 socioshellip Todo eso y mucho maacutes son Servicios Sociales
Servicios caracteriacutesticos de una sociedad como la actual pensados para favorecer la autoshynomiacutea personal la convivencia la participacioacuten y la insercioacuten social servicios para prevenir situaciones de marginacioacuten que puedan deteriorar la vida personal y la convivencia ciudashydana Servicios para la calidad de vida de las personas y las familias de todas las personas y familias y no soacutelo de los maacutes pobre o necesitados
Servicios a los que se exige un nivel de calidad acorde al nivel de vida y a las expectativas de nuestros ciudadanos y ciudadanas que les permita responder con eficacia a las necesishydades cambiantes de una sociedad diversa y dinaacutemica como es la de Zaragoza en estos prishymeros antildeos del tercer milenio
Difiacutecilmente se puede pensar en servicios de calidad si no respetan primero lo que son derechos de quienes los utilizan Derechos como ciudadanos y derechos como usuarios que nos obligan de manera muy especial a las Administraciones Puacuteblicas Derechos que debemos reconocer y garantizar con especial cuidado cuando se trata de intervenir en aacutembitos tan sensibles como es la vida personal y familiar los espacios de intimidad
Por eso nos sentimos comprometidos con la labor de organizaciones como la UCA cuanshydo nos advierten sobre la importancia de conocer reflexionar difundir y garantizar los derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una colaboracioacuten que tiene ya una trayectoria de varios antildeos uno de cuyos reflejos es esta Guiacutea que ahora se reedita actualizada
Queremos que sirva para seguir concienciando a los propios usuarios y tambieacuten a los trashybajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Municipales de lo importante que exigir y respetar estos derechos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Y que sirva a su vez como renovacioacuten del compromiso de la Concejaliacutea de Accioacuten Social y del Mayor con los derechos de todas las personas que decidan utilizar los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar su convivencia personal y para partishycipar plenamente en la vida econoacutemica poliacutetica cultural y social de nuestra ciudad
Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez Concejal Delegada de Accioacuten Social y del Mayor
del Ayuntamiento de Zaragoza
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute se considera servicios sociales La Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (Ley 41987 de 25 de marzo) define los Servicios Sociales como aquellos recursos cuya finalidad es favorecer el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social asiacute como procurar alternativas de convivencia a las personas ante carencias o limitaciones de su medio familiar o social
Para ello seguacuten la citada Ley los Servicios Sociales deben proporcionar
- Informacioacuten y orientacioacuten para acce- Servicios sociales de base centros municipales oder y usar los recursos sociales para la igualdad comarcales de servicios sociales centros y servicios de oportunidades de atencioacuten a la mujer servicios de proteccioacuten de
menores centros base para atencioacuten a personas con discapacidad centros y servicios de atencioacuten a inmishygrantes
- Atenciones domiciliarias para favore- Ayuda a domicilio teleasistencia ayudas para mejoshycer la convivencia personal y familiar ra o adaptacioacuten del hogar ayudas para situaciones
de urgente necesidad servicios Canguro educashycioacuten y mediacioacuten familiar centros de diacutea transporte adaptado
- Alojamientos alternativos ante Residencias de mayores residencias para personas carencias o graves limitaciones de la convivencia con discapacidad centros de menores Acogimiento personal y familiar Familiar Casas de Acogida Albergues
- Atenciones especiacuteficas ante situacio- Talleres ocupacionales programas de insercioacuten nes o riesgos de desarraigo social o convivencial social actividades de prevencioacuten de la marginacioacuten
- Equipamientos servicios y activida- Centros de convivencia ludotecas centros sociales des para favorecer la convivencia social actividades de promocioacuten social
La citada Ley establece que es responsabilidad puacuteblica procurar estas atenciones a traveacutes de un sistema integrado basado en los principios de igualdad universalidad y gloshybalidad en la participashycioacuten ciudadana y en un marco juriacutedico que estashyblezca derechos y debeshyres impidiendo actuashyciones graciables
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Toda persona puede ser usuario de los Servicios Sociales siempre que reuacutena los requisitos previstos en cada caso
Asiacute lo establece el artiacuteculo 2ordm de la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (LOAS) cuando preceptuacutea que tendraacuten derecho a las prestaciones y servicios sociales los espantildeoles residentes en la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten los transeuacutentes y los extranjeros los refugiados los asilados y los apaacutetridas de acuerdo con lo que estashyblezcan las Leyes y Tratados Internacionales
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales
El derecho a los servicios sociales Se puede enfocar el derecho a los Servicios Sociales desde una triple perspectiva
Derechos dde lla ppersona
El derecho a los servicios sociales se encuadra dentro de la categoriacutea geneacuterica de derechos de la persona pues es eacutesta quien ostenta su titularidad
Este derecho no tiene categoriacutea de Derecho Fundamental constitucionalmente reconocishydo pero afecta directamente a algunos de ellos como el derecho a la igualdad a la intimishydad a la plena participacioacuten en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social o el derecho de asociacioacuten entre otros
Derechos ccomo uusuarios dde sservicios pprestados ppor lla Administracioacuten
Ademaacutes cuando los servicios sociales son prestados por una Administracioacuten Puacuteblica de forma directa o concertada lo que ocurre en una gran mayoriacutea de estos servicios sus
usuarios tienen los derechos que se derivan del manteshynimiento de relashyciones con la Administracioacuten en un Estado social y democraacutetico de Derecho
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Presentacioacuten Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez
Casi 100000 personas utilizan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza cada antildeo O lo que es lo mismo casi uno de cada 7 habitantes de nuestra ciudad
Quizaacutes este dato sorprenda a quienes todaviacutea se imaginan que los Servicios Sociales son soacutelo para gente pobre familias desestructuradas menores en situacioacuten de grave riesgo personas sin hogarhellip Por supuesto que todas estas personas con situaciones de necesishydad muy especiales son atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento
Pero quizaacutes no saben que Servicios Sociales tambieacuten son los Centros de Tiempo Libre que utilizan tantos nintildeos y nintildeas en nuestra ciudad o las diferentes actividades y cursos en los que participan miles de mujeres o los Centros de Convivencia para Mayores implantados en todos los Barrios con 35000 socioshellip Todo eso y mucho maacutes son Servicios Sociales
Servicios caracteriacutesticos de una sociedad como la actual pensados para favorecer la autoshynomiacutea personal la convivencia la participacioacuten y la insercioacuten social servicios para prevenir situaciones de marginacioacuten que puedan deteriorar la vida personal y la convivencia ciudashydana Servicios para la calidad de vida de las personas y las familias de todas las personas y familias y no soacutelo de los maacutes pobre o necesitados
Servicios a los que se exige un nivel de calidad acorde al nivel de vida y a las expectativas de nuestros ciudadanos y ciudadanas que les permita responder con eficacia a las necesishydades cambiantes de una sociedad diversa y dinaacutemica como es la de Zaragoza en estos prishymeros antildeos del tercer milenio
Difiacutecilmente se puede pensar en servicios de calidad si no respetan primero lo que son derechos de quienes los utilizan Derechos como ciudadanos y derechos como usuarios que nos obligan de manera muy especial a las Administraciones Puacuteblicas Derechos que debemos reconocer y garantizar con especial cuidado cuando se trata de intervenir en aacutembitos tan sensibles como es la vida personal y familiar los espacios de intimidad
Por eso nos sentimos comprometidos con la labor de organizaciones como la UCA cuanshydo nos advierten sobre la importancia de conocer reflexionar difundir y garantizar los derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una colaboracioacuten que tiene ya una trayectoria de varios antildeos uno de cuyos reflejos es esta Guiacutea que ahora se reedita actualizada
Queremos que sirva para seguir concienciando a los propios usuarios y tambieacuten a los trashybajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Municipales de lo importante que exigir y respetar estos derechos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Y que sirva a su vez como renovacioacuten del compromiso de la Concejaliacutea de Accioacuten Social y del Mayor con los derechos de todas las personas que decidan utilizar los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar su convivencia personal y para partishycipar plenamente en la vida econoacutemica poliacutetica cultural y social de nuestra ciudad
Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez Concejal Delegada de Accioacuten Social y del Mayor
del Ayuntamiento de Zaragoza
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute se considera servicios sociales La Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (Ley 41987 de 25 de marzo) define los Servicios Sociales como aquellos recursos cuya finalidad es favorecer el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social asiacute como procurar alternativas de convivencia a las personas ante carencias o limitaciones de su medio familiar o social
Para ello seguacuten la citada Ley los Servicios Sociales deben proporcionar
- Informacioacuten y orientacioacuten para acce- Servicios sociales de base centros municipales oder y usar los recursos sociales para la igualdad comarcales de servicios sociales centros y servicios de oportunidades de atencioacuten a la mujer servicios de proteccioacuten de
menores centros base para atencioacuten a personas con discapacidad centros y servicios de atencioacuten a inmishygrantes
- Atenciones domiciliarias para favore- Ayuda a domicilio teleasistencia ayudas para mejoshycer la convivencia personal y familiar ra o adaptacioacuten del hogar ayudas para situaciones
de urgente necesidad servicios Canguro educashycioacuten y mediacioacuten familiar centros de diacutea transporte adaptado
- Alojamientos alternativos ante Residencias de mayores residencias para personas carencias o graves limitaciones de la convivencia con discapacidad centros de menores Acogimiento personal y familiar Familiar Casas de Acogida Albergues
- Atenciones especiacuteficas ante situacio- Talleres ocupacionales programas de insercioacuten nes o riesgos de desarraigo social o convivencial social actividades de prevencioacuten de la marginacioacuten
- Equipamientos servicios y activida- Centros de convivencia ludotecas centros sociales des para favorecer la convivencia social actividades de promocioacuten social
La citada Ley establece que es responsabilidad puacuteblica procurar estas atenciones a traveacutes de un sistema integrado basado en los principios de igualdad universalidad y gloshybalidad en la participashycioacuten ciudadana y en un marco juriacutedico que estashyblezca derechos y debeshyres impidiendo actuashyciones graciables
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Toda persona puede ser usuario de los Servicios Sociales siempre que reuacutena los requisitos previstos en cada caso
Asiacute lo establece el artiacuteculo 2ordm de la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (LOAS) cuando preceptuacutea que tendraacuten derecho a las prestaciones y servicios sociales los espantildeoles residentes en la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten los transeuacutentes y los extranjeros los refugiados los asilados y los apaacutetridas de acuerdo con lo que estashyblezcan las Leyes y Tratados Internacionales
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales
El derecho a los servicios sociales Se puede enfocar el derecho a los Servicios Sociales desde una triple perspectiva
Derechos dde lla ppersona
El derecho a los servicios sociales se encuadra dentro de la categoriacutea geneacuterica de derechos de la persona pues es eacutesta quien ostenta su titularidad
Este derecho no tiene categoriacutea de Derecho Fundamental constitucionalmente reconocishydo pero afecta directamente a algunos de ellos como el derecho a la igualdad a la intimishydad a la plena participacioacuten en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social o el derecho de asociacioacuten entre otros
Derechos ccomo uusuarios dde sservicios pprestados ppor lla Administracioacuten
Ademaacutes cuando los servicios sociales son prestados por una Administracioacuten Puacuteblica de forma directa o concertada lo que ocurre en una gran mayoriacutea de estos servicios sus
usuarios tienen los derechos que se derivan del manteshynimiento de relashyciones con la Administracioacuten en un Estado social y democraacutetico de Derecho
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Y que sirva a su vez como renovacioacuten del compromiso de la Concejaliacutea de Accioacuten Social y del Mayor con los derechos de todas las personas que decidan utilizar los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar su convivencia personal y para partishycipar plenamente en la vida econoacutemica poliacutetica cultural y social de nuestra ciudad
Mordf Isabel Loacutepez Gonzaacutelez Concejal Delegada de Accioacuten Social y del Mayor
del Ayuntamiento de Zaragoza
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute se considera servicios sociales La Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (Ley 41987 de 25 de marzo) define los Servicios Sociales como aquellos recursos cuya finalidad es favorecer el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social asiacute como procurar alternativas de convivencia a las personas ante carencias o limitaciones de su medio familiar o social
Para ello seguacuten la citada Ley los Servicios Sociales deben proporcionar
- Informacioacuten y orientacioacuten para acce- Servicios sociales de base centros municipales oder y usar los recursos sociales para la igualdad comarcales de servicios sociales centros y servicios de oportunidades de atencioacuten a la mujer servicios de proteccioacuten de
menores centros base para atencioacuten a personas con discapacidad centros y servicios de atencioacuten a inmishygrantes
- Atenciones domiciliarias para favore- Ayuda a domicilio teleasistencia ayudas para mejoshycer la convivencia personal y familiar ra o adaptacioacuten del hogar ayudas para situaciones
de urgente necesidad servicios Canguro educashycioacuten y mediacioacuten familiar centros de diacutea transporte adaptado
- Alojamientos alternativos ante Residencias de mayores residencias para personas carencias o graves limitaciones de la convivencia con discapacidad centros de menores Acogimiento personal y familiar Familiar Casas de Acogida Albergues
- Atenciones especiacuteficas ante situacio- Talleres ocupacionales programas de insercioacuten nes o riesgos de desarraigo social o convivencial social actividades de prevencioacuten de la marginacioacuten
- Equipamientos servicios y activida- Centros de convivencia ludotecas centros sociales des para favorecer la convivencia social actividades de promocioacuten social
La citada Ley establece que es responsabilidad puacuteblica procurar estas atenciones a traveacutes de un sistema integrado basado en los principios de igualdad universalidad y gloshybalidad en la participashycioacuten ciudadana y en un marco juriacutedico que estashyblezca derechos y debeshyres impidiendo actuashyciones graciables
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Toda persona puede ser usuario de los Servicios Sociales siempre que reuacutena los requisitos previstos en cada caso
Asiacute lo establece el artiacuteculo 2ordm de la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (LOAS) cuando preceptuacutea que tendraacuten derecho a las prestaciones y servicios sociales los espantildeoles residentes en la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten los transeuacutentes y los extranjeros los refugiados los asilados y los apaacutetridas de acuerdo con lo que estashyblezcan las Leyes y Tratados Internacionales
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales
El derecho a los servicios sociales Se puede enfocar el derecho a los Servicios Sociales desde una triple perspectiva
Derechos dde lla ppersona
El derecho a los servicios sociales se encuadra dentro de la categoriacutea geneacuterica de derechos de la persona pues es eacutesta quien ostenta su titularidad
Este derecho no tiene categoriacutea de Derecho Fundamental constitucionalmente reconocishydo pero afecta directamente a algunos de ellos como el derecho a la igualdad a la intimishydad a la plena participacioacuten en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social o el derecho de asociacioacuten entre otros
Derechos ccomo uusuarios dde sservicios pprestados ppor lla Administracioacuten
Ademaacutes cuando los servicios sociales son prestados por una Administracioacuten Puacuteblica de forma directa o concertada lo que ocurre en una gran mayoriacutea de estos servicios sus
usuarios tienen los derechos que se derivan del manteshynimiento de relashyciones con la Administracioacuten en un Estado social y democraacutetico de Derecho
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute se considera servicios sociales La Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (Ley 41987 de 25 de marzo) define los Servicios Sociales como aquellos recursos cuya finalidad es favorecer el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social asiacute como procurar alternativas de convivencia a las personas ante carencias o limitaciones de su medio familiar o social
Para ello seguacuten la citada Ley los Servicios Sociales deben proporcionar
- Informacioacuten y orientacioacuten para acce- Servicios sociales de base centros municipales oder y usar los recursos sociales para la igualdad comarcales de servicios sociales centros y servicios de oportunidades de atencioacuten a la mujer servicios de proteccioacuten de
menores centros base para atencioacuten a personas con discapacidad centros y servicios de atencioacuten a inmishygrantes
- Atenciones domiciliarias para favore- Ayuda a domicilio teleasistencia ayudas para mejoshycer la convivencia personal y familiar ra o adaptacioacuten del hogar ayudas para situaciones
de urgente necesidad servicios Canguro educashycioacuten y mediacioacuten familiar centros de diacutea transporte adaptado
- Alojamientos alternativos ante Residencias de mayores residencias para personas carencias o graves limitaciones de la convivencia con discapacidad centros de menores Acogimiento personal y familiar Familiar Casas de Acogida Albergues
- Atenciones especiacuteficas ante situacio- Talleres ocupacionales programas de insercioacuten nes o riesgos de desarraigo social o convivencial social actividades de prevencioacuten de la marginacioacuten
- Equipamientos servicios y activida- Centros de convivencia ludotecas centros sociales des para favorecer la convivencia social actividades de promocioacuten social
La citada Ley establece que es responsabilidad puacuteblica procurar estas atenciones a traveacutes de un sistema integrado basado en los principios de igualdad universalidad y gloshybalidad en la participashycioacuten ciudadana y en un marco juriacutedico que estashyblezca derechos y debeshyres impidiendo actuashyciones graciables
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Toda persona puede ser usuario de los Servicios Sociales siempre que reuacutena los requisitos previstos en cada caso
Asiacute lo establece el artiacuteculo 2ordm de la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (LOAS) cuando preceptuacutea que tendraacuten derecho a las prestaciones y servicios sociales los espantildeoles residentes en la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten los transeuacutentes y los extranjeros los refugiados los asilados y los apaacutetridas de acuerdo con lo que estashyblezcan las Leyes y Tratados Internacionales
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales
El derecho a los servicios sociales Se puede enfocar el derecho a los Servicios Sociales desde una triple perspectiva
Derechos dde lla ppersona
El derecho a los servicios sociales se encuadra dentro de la categoriacutea geneacuterica de derechos de la persona pues es eacutesta quien ostenta su titularidad
Este derecho no tiene categoriacutea de Derecho Fundamental constitucionalmente reconocishydo pero afecta directamente a algunos de ellos como el derecho a la igualdad a la intimishydad a la plena participacioacuten en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social o el derecho de asociacioacuten entre otros
Derechos ccomo uusuarios dde sservicios pprestados ppor lla Administracioacuten
Ademaacutes cuando los servicios sociales son prestados por una Administracioacuten Puacuteblica de forma directa o concertada lo que ocurre en una gran mayoriacutea de estos servicios sus
usuarios tienen los derechos que se derivan del manteshynimiento de relashyciones con la Administracioacuten en un Estado social y democraacutetico de Derecho
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Toda persona puede ser usuario de los Servicios Sociales siempre que reuacutena los requisitos previstos en cada caso
Asiacute lo establece el artiacuteculo 2ordm de la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en Aragoacuten (LOAS) cuando preceptuacutea que tendraacuten derecho a las prestaciones y servicios sociales los espantildeoles residentes en la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten los transeuacutentes y los extranjeros los refugiados los asilados y los apaacutetridas de acuerdo con lo que estashyblezcan las Leyes y Tratados Internacionales
Quienes pueden ser usuarios de los servicios sociales
El derecho a los servicios sociales Se puede enfocar el derecho a los Servicios Sociales desde una triple perspectiva
Derechos dde lla ppersona
El derecho a los servicios sociales se encuadra dentro de la categoriacutea geneacuterica de derechos de la persona pues es eacutesta quien ostenta su titularidad
Este derecho no tiene categoriacutea de Derecho Fundamental constitucionalmente reconocishydo pero afecta directamente a algunos de ellos como el derecho a la igualdad a la intimishydad a la plena participacioacuten en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social o el derecho de asociacioacuten entre otros
Derechos ccomo uusuarios dde sservicios pprestados ppor lla Administracioacuten
Ademaacutes cuando los servicios sociales son prestados por una Administracioacuten Puacuteblica de forma directa o concertada lo que ocurre en una gran mayoriacutea de estos servicios sus
usuarios tienen los derechos que se derivan del manteshynimiento de relashyciones con la Administracioacuten en un Estado social y democraacutetico de Derecho
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
DDeerreecchhooss ccoommoo uussuuaarriiooss yy ccoonnssuummiiddoorreess
Los ciudadanos cuando utilizan los Servicios Sociales tienen ademaacutes derechos especiacuteficos como usuarios protegidos por la Constitucioacuten Los mecanismos de proteccioacuten de los consumidores y usuarios son aplicables a los servicios puacuteblicos en particular los Servicios Sociales ya que se considera usuario toda persona que utiliza o disfruta como destinashytario final de servicios (incluyendo los sociales) cualquiera que sea la naturaleza puacuteblica o privada individual o colectiva de quienes los facilitan o expiden
Fundamento de los derechos del usuario de servicios sociales
A lo largo de la historia la sociedad ha generado diversas respuestas ante la dificultades de algunas personas para la convivencia e integracioacuten social o para cubrir sus necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten
Fueron iniciativas privadas normalmente ligadas a creencias religiosas quienes primero proshymovieron estas respuestas sin que existiese reconocimiento alguno de derechos Sin embargo este espacio de proteccioacuten ha evolucionado hasta llegar a ser asumido como una responsashybilidad puacuteblica generando una regulacioacuten normativa no soacutelo a nivel interno en cada Estado Comunidad autoacutenoma o entidad local correspondiente sino tambieacuten a nivel internacional
De lla ggraciabilidad aal dderecho beneficencia asistencia social y
servicios sociales
La beneficencia privada fue la primera respuesta social a estas situaciones carenciales Posteriormente a impulsos de la ilustracioacuten y de los reformadores sociales esta praacutectica protectora se especializoacute dando origen a los mecanismos puacuteblicos y privados de asisshytencia social que coexistieron con foacutermulas de proteccioacuten basadas en la cotizacioacuten en el marco de la actividad laboral (seguros)
Tras la Segunda Guerra Mundial en algunos paiacuteses europeos surge una nueva forma de proteccioacuten basada en el principio de ciudadaniacutea como compromiso del Estado en la garantiacutea de unos derechos baacutesicos para la igualdad y la calidad de vida de todas las persoshynas Es el llamado Estado del Bienestar en cuyo seno se articulan Sistemas Puacuteblicos de Proteccioacuten Social para diversos aacutembitos de necesidades cuya accioacuten protectora alcanza (o deberiacutea alcanzar) a todos los ciudadanos el Sistema Puacuteblico de Salud el de Educacioacuten y el de Pensiones son los maacutes consolidados
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
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Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La cconfiguracioacuten dde uun SSistema PPuacuteblico dde SServicios Sociales
En este contexto los Servicios Sociales herederos de la praacutectica institucional en materia de beneficencia y asistencia social estaacuten intentando evolucionar hacia su configuracioacuten como un Sistema Puacuteblico cuya referencia sea el conjunto de la ciudadaniacutea superando asiacute su especiacutefica dedicacioacuten a colectivos caracterizados por sus circunstancias o situacioacuten de marginalidad o pobreza
La falta de un reconocimiento constitucional especiacutefico del derecho a los Servicios Sociales (a la cobertura de necesidades baacutesicas de cuidado alojamiento y proteccioacuten asiacute como a la convivencia personal y social) dificulta la configuracioacuten de este Sistema cuyas referencias a falta de un marco estatal unificado deben encontrarse en la legislacioacuten autonoacutemica ya que son las Comunidades Autoacutenomas quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia De ahiacute las diferencias a veces sustanciales que pueden existir en esta materia en funcioacuten del lugar de residencia
El derecho ciudadano como fundamento de la accioacuten protectora del Estado
En el nuevo contexto del Estado del Bienestar e independienshytemente de las dificultades especiacuteficas para configurar un Sistema Puacuteblico de Servicios Sociales la idea del derecho es un referente esencial de forma que el Estado no puede basar su intervencioacuten en materia de proteccioacuten social en impulsos beneacuteficos o asistenciales de caraacutecshyter graciable sino en exigencias ciacutevicas y en los dereshychos reconocidos
Los ttratados iinternacionales
Los diferentes tratados internacionales se constituyen en base primordial en materia de servicios sociales recogiendo la mayoriacutea de los derechos que posteriormente las leyes nacionales han venido a reconocer a los ciudadanos
Espantildea ha ratificado todos los tratados y convenios internacionales con alguna incidencia en esta materia y forma parte de las organizaciones internacionales que los han promulshygado es decir la Organizacioacuten de las Naciones Unidas el Consejo de Europa y la Unioacuten Europea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Una mmateria mmulticompetencial
La Constitucioacuten habilita a las Comunidades Autoacutenomas para que asuman estatutariashymente la competencia exclusiva en materia de accioacuten social (artiacuteculo 148120) pero tamshybieacuten recoge en otros artiacuteculos derechos fundamentales que afectan a los usuarios de los servicios sociales (derecho de asociaciones libertad religiosa etc) Por uacuteltimo tambieacuten las Corporaciones Locales desempentildean competencias propias que estaacuten iacutentimamente ligashydas con los servicios sociales
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Cataacutelogo de
Derechos
Como usuario de
servicios sociales
puede usted
exigir
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a que se respete la libertad de conciencia las convicciones religiosas morales o ideoloacutegicas asiacute como la intimidad en lo que
respecta a tales creencias o convicciones Las personas tienen la necesidad de reflejar sus convicciones de iacutendole religioso moral o meramente ideoloacutegico Esta necesidad y el impulso dado por la ilustracioacuten en la revolucioacuten francesa a la implantacioacuten de un estado laico que respete estas convicciones las convirtieshyron en un derecho fundamental recogido en los diferentes tratados internacionales Este derecho tiene hoy plena actualidad como consecuencia de los flujos de poblacioacuten y del caraacutecter multicultural de la sociedad de los paiacuteses de nuestro entorno y sus liacutemites seraacuten objeto de debate en la futura Constitucioacuten Europea
Nuestra Constitucioacuten dota de naturaleza de derecho fundamental al derecho de libertad religiosa moral o de conciencia en sus artiacuteculos 161 y 162 debiendo ser regulado por Ley Orgaacutenica Asiacute la Ley Orgaacutenica de 5 de julio de 1980 reguladora del derecho a la libertad religiosa establece el desarrollo de dichos artiacuteculos
Como todo derecho fundamental goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los trishybunales que tiene su reflejo en el Coacutedigo Penal en la Ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioshynal de los derechos fundamentales de la persona y a traveacutes del Recurso de Amparo Asimismo y con respeto a lo dispuesto en el artiacuteculo 131 de la Constitucioacuten Espantildeola seguacuten el cual los extranjeros gozaraacuten en Espantildea de las libertades puacuteblicas que garantizan el presente tiacutetulo en los teacuterminos que establezcan los Tratados y la Ley los artiacuteculos 23 y 24 de la Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea y su integracioacuten social concretan medidas antidiscriminatorias especiacuteficas para quienes no tienen nacionalidad espantildeola con tutela judicial mediante recurso de amparo del artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten si hay vulneracioacuten de derechos y libertades funshydamentales En particular no cabe discriminacioacuten por autoridades funcionarios puacuteblicos o personal encargados de un servicio puacuteblico sea por accioacuten u omisioacuten si conlleva distincioacuten exclushysioacuten restriccioacuten o preferencia contra un extranjero en razoacuten entre otras de sus convicshyciones y praacutecticas religiosas si tiene como fin o efecto destruir o limitar el reconocimienshyto o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo poliacutetico econoacutemico social o cultural En cualquier caso constituyen actos de discriminacioacuten los que impongan a los extranjeros ilegiacutetimamente condiciones mas gravosas que a los espantildeoles para el acceso a los servicios sociales y socioasistenciales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia puede usted exigir
que se respete en todo momento su libertad religiosa moral e ideoloacutegica
que se garantice la intimidad en tales creencias sin que nadie pueda exishygirle que las exprese contra su voluntad
que en ninguacuten caso estas creencias o convicciones se incluyan en su expediente personal
que no se limite o impida su libertad de asociacioacuten por motivos religioshysos morales o ideoloacutegicos
que no se le discrimine por sus creencias religiosas o por sus convicshyciones morales o ideoloacutegicas
el derecho a practicar su religioacuten (recibir asistencia religiosa de su propia conshyfesioacuten conmemorar sus festividades celebrar sus ritos) siempre que no intershyfiera en el funcionamiento ordinario del centro
el derecho a la objecioacuten de conciencia en los teacuterminos que legalmente se detershyminen
Derecho al secreto profesional de su historia social
El respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad personal deben orientar toda actishyvidad que tenga por objeto obtener utilizar archivar custodiar y transmitir la informacioacuten y la documentacioacuten de cualquier actuacioacuten en materia de servicios sociales
Toda persona tiene derecho a que se respete el caraacutecter confidencial de los datos que figushyren en su expediente ya que nadie puede acceder a ellos sin una previa autorizacioacuten ampashyrada por la ley Los centros y servicios sociales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho elaborando normas y procedimientos (protocolos) que garanticen el acceso legal a los datos de los usuarios
Ademaacutes deben separarse los datos de identificacioacuten personal de los que se refieran a la asistencia e intervencioacuten social de manera que quede asegurado el anonimato y que el personal de los Centros soacutelo pueda acceder a los datos que tengan que ver con sus proshypias funciones
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
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Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho al secreto profesional de su historia social puede usted exigir
Que los profesionales y voluntarios que le atienden guarden reserva absoluta sobre toda aquella informacioacuten de que dispongan sobre sus circunstanshycias personales familiares y sociashyles
Que los centros y servicios estashyblezcan mecanismos de custoshydia activa y diligente de toda esa informacioacuten
Derecho de asociacioacuten La naturaleza social de la persona y su necesidad de interrelacioacuten con sus semejantes para la realizacioacuten de proyectos comunes ha supuesto la preocupacioacuten mundial por conceder al derecho de Asociacioacuten carta de derecho civil y por ello se ha recogido como tal en los diferentes tratados internacionales A buen seguro que en la futura Constitucioacuten Europea se recogeraacute igualmente como uno de los derechos esenciales
Nuestra Constitucioacuten hacieacutendose eco de dichos tratados dota igualmente de naturaleza de derecho fundamental al derecho de Asociacioacuten en su artiacuteculo nuacutemero 22 y es uno de los derechos maacutes consustanciales a lo que podemos denominar como democracia plural
La Ley Orgaacutenica de 22 de marzo de 2002 reguladora del derecho de Asociacioacuten desarrolla este derecho reconociendo la importancia que tienen las asociashyciones como medio de organizacioacuten de los ciudadanos y para el fortalecimiento de las estructuras democraacuteticas de la sociedad
Este derecho tambieacuten goza de la proteccioacuten del Estado a traveacutes de los tribunales y tiene su reflejo tanto en el Coacutedigo Penal como en la ley 6278 de proteccioacuten jurisdiccioacuten de los derechos fundamentales de la persona asiacute como a traveacutes del Recurso de Amparo
La libertad de asociacioacuten reunioacuten y manifestacioacuten estaacute asimismo reconocida a los extranshyjeros con autorizacioacuten de estancia o residencia en Espantildea por Ley Orgaacutenica 42000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea y su integracioacuten social modificada en este aspecto por Ley Orgaacutenica 82000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgaacutenica 42000
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Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de servicios sociales en el ejercicio del derecho de asociacioacuten
puede usted exigir
el derecho a asociarse o a crear asociacioshynes sin autorizacioacuten administrativa previa
que no le obliguen a declarar sobre su pertenencia a cualquier asociacioacuten
que no le obliguen a formar parte de ningushyna asociacioacuten
que no se le discrimine por pertenecer a alguna asociacioacuten o no pertenecer a ella
el acceso al registro de Asociaciones sin trabas de ninguacuten tipo
Ademaacutes si usted forma parte de alguna asociacioacuten relacionada con los servicios sociales puede exigir
que la Administracioacuten no lleve a cabo ninguna injerencia en el funcioshynamiento de la Asociacioacuten
las ayudas y subvenciones en los teacuterminos que determinen las corresshypondientes convocatorias
asesoramiento gratuito por parte de la Administracioacuten en proyectos de intereacutes general que su Asociacioacuten quiera llevar a cabo
al miacutenimo rigorismo formal en el acta fundacional y Estatutos y su insshycripcioacuten en un registro a efectos de publicidad
derecho a ser declarada de utilidad puacuteblica en los teacuterminos que se estashyblezcan
derecho a figurar inscrita en el Registro correspondiente establecido por la Diputacioacuten General de Aragoacuten (requisito para el acceso a subshyvenciones en los teacuterminos del artiacuteculo 29 de la Ley 41987 de 25 de marzo de ordenacioacuten de la accioacuten social de las Cortes de Aragoacuten en redaccioacuten dada por Ley 61992 de 4 de mayo de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten para 1992)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Derecho a la proteccioacuten legal cuando no se posea la capacidad de decidir
por si mismo El derecho a ser protegidos por la ley tanto las personas como sus bienes cuando no posean la capacidad de decidir por siacute mismas ya reciban cuidados en su familia o se encuenshytren atendidas en una institucioacuten se intenta garantizar a traveacutes de diversos mecanismos y prestaciones de proteccioacuten tanto juriacutedicas como sociales
Ademaacutes la necesidad de dar solucioacuten a nuevas realidades sociales como la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores o el aumento de nuevas formas de discapashycidad (lesiones por accidentes de traacutefico enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas) ha obligado a regular nuevos mecanismos de proteccioacuten centrados en un aspecto esencial de esa proteccioacuten como es el patrimonial o modificaciones en figuras como la autotutela contemplando la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsioacuten de su futura incapacitacioacuten
La legislacioacuten espantildeola intenta desde hace antildeos dar respuesta a estas contingencias Con la finalidad de proteger el patrimonio de los discapacitados la Ley la Ley 412003 de 18 de noviembre de proteccioacuten patrimonial de las personas con discapacidad y de modificacioacuten del Coacutedigo Civil de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad introdujo algunas medidas pero ha sido la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia la que ha supuesto un maacutes decidido impulso tanto en materia de proteccioacuten de los intereses ecoshynoacutemicos de las personas que precisan asistencia de otras como de los intereses personashyles tanto fiacutesicos como emocionales
Esta normativa ha de interpretarse conjuntamente con leyes que protegen la salud la autoshynomiacutea del paciente o el consentimiento informado de especial intereacutes a este respecto son la Ley estatal 412002 reguladora de la autonomiacutea del paciente y de derechos y obligacioshynes en materia de informacioacuten y documentacioacuten cliacutenica y en el aacutembito de la Comunidad Autoacutenoma la Ley 62002 de Salud de Aragoacuten Asimismo el Decreto 1002003 de 6 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de organizacioacuten y funcionamiento del Registro de voluntades anticipadas establece medidas de respeto a la voluntad de la persona cuanshydo todaviacutea puede prestarla vaacutelida y eficazmente y puede prever y decidir lo que estime oportuno sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su autogoshybierno (terminologiacutea utilizada por la Ley 392006)
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
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en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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contra su voluntad
Si en estas materias se ven involucradas personas menores de edad en Aragoacuten como estashyblece la Ley 132006 de Derecho de la Persona se ha de respetar en todo caso su dereshycho a ser oiacutedo y tambieacuten a ejercer sus derechos de la personalidad sin que puedan existir intromisiones de terceros aunque esteacuten sometidos a autoridad familiar o a la tutela de otras personas
Toda persona discapacitada conforme a la Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de depenshydencia tiene derecho
a decidir cuando tenga capacidad de obrar suficiente sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de peacuterdida de su capacidad de autogobierno
a decidir libremente sobre el ingreso y permanencia en centro residencial
al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamienshytos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales incluidas las medidas legales sobre patrimonio protegido de las personas con discapacidad
Conforme a la Ley 132006 de Derecho de la Persona
toda persona tiene derecho a que se presuma su aptitud de entender y queshyrer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario y no haya
sido judicialmente incapacitada
el internamiento y la permanencia de una persona contra su voluntad en un establecimiento de
salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que
comporte privacioacuten de libertad necesita en todo caso autorizacioacuten judicial Da igual que
sea mayor o menor de edad es imprescindishyble autorizacioacuten judicial para el internamiento
el Ministerio Fiscal tiene encomendada la superior vigilancia de la tutela guarda o acogishy
miento de los menores o incapacitados en situacioacuten de desamparo o que esteacuten bajo tutela por delacioacuten
dativa (o sea a peticioacuten de familiares allegados o cualquier interesado y por decisioacuten judicial)
de la entidad puacuteblica competente
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en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
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Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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en cuanto al ejercicio de los derechos de la personalidad por la persona no incapacitada que no esteacute en condicioacuten de decidir por siacute mismo (por enfermeshydad o el motivo que sea) no cabe intromisioacuten de terceros y toda decisioacuten requiere consentimiento del coacutenyuge no separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente maacutes proacuteximo o allegado que se ocupe de eacutel A falta de tales personas resolveraacute el Juez lo maacutes conveniente para el interesado
La Ley 132006 de Derecho de la Persona reconoce los siguientes dereshychos a todo menor de edad que tenga suficiente juicio
a ser oiacutedo (en todo caso si tiene maacutes de 12 antildeos)
a ejercer los derechos de la personalidad sin que se puedan producir introshymisiones de terceros ni siquiera de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad solo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor
otorgar actos y contratos ordinarios de la vida corriente conforme a los usos sociales
a que toda limitacioacuten a su capacidad de obrar se interprete de forma restrictiva
a ser titular de su propio patrimonio y a la adquisicioacuten y disfrute de los frushytos y productos que se deriven del mismo
si es mayor de 14 antildeos decide con plena libertad sobre sus derechos de la persoshynalidad y no estaacute obligado a admitir intromisiones de terceros en sus decisiones ni siquiera de quienes sean sus tutores o de quienes ostenten la autoridad familiar Contra su voluntad soacutelo seraacute posible la intromisioacuten con autorizacioacuten judicial en intereacutes del menor Si el menor no estaacute en condiciones de decidir soacutelo es posible la intromisioacuten cuando lo exija el intereacutes del menor apreciado por uno de los titushylares de la autoridad familiar o por el tutor y subsidiariamente por el Juez
En todo caso toda persona que no tenga capacidad de decidir por siacute misma esteacute o no incapacitada por sentencia judicial y le sea aplicable en funcioacuten de su nacionalidad o de su vecindad civil el Coacutedigo civil la Ley aragonesa de Derecho de la Persona o cualquier otra norma tiene derecho a exigir a los servicios sociales de la Administracioacuten que se defiendan sus intereses y derechos a traveacutes de medidas que la protejan juriacutedicamente y aseguren su proteccioacuten econoacutemica y social poniendo en su caso si fuera preciso en conocimiento del Ministerio Fiscal toda contingencia en tal sentido Este derecho es especialmente exigible en situaciones de personas discashypacitadas incapacitadas con o sin sentencia judicial sometidas a tutela curatela conshyforme a la Ley de Derecho de la Persona o al Coacutedigo civil espantildeol (o a cualesquiera otras normas) y a menores y mayores de edad en situacioacuten de desamparo
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral
El derecho al respeto de la integridad fiacutesica y moral es consecuencia del mandato consshytitucional que impone respetar la dignidad personal de toda persona sin que en ninguacuten caso pueda ser sometida a tratos vejatorios o degradantes
Por tanto los usuarios de los servicios sociales tienen derecho a que se respete su inteshygridad fiacutesica y tambieacuten moral entendida como el derecho al equilibrio psicofiacutesico y su autoestima que permita al individuo una vida digna Junto al derecho a su incolumidad fiacutesishyca (a traveacutes de figuras como el delito de lesiones) se protege igualmente el corresponshydiente a la integridad psiacutequica esto es al desarrollo de su personalidad sin que pueda ser menoscabado por tratos humillantes o cualesquiera otras circunstancias lesivas para la digshynidad de las personas que puedan quebrantar su resistencia fiacutesica y moral
Su proteccioacuten queda garantizada en nuestro ordenamiento a traveacutes de
- Los Convenios Internacionales ratificados por nuestro paiacutes (Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos de 1948 Convencioacuten de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) entre otros
- La Constitucioacuten que en su artiacuteculo 15 consagra Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral sin que en ninguacuten caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- El Coacutedigo Penal que junto a la tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios regula el delito de grave trato degradante cometido por un particular contra otra persona
- Los procedimientos especiales para la proteccioacuten de los derechos fundamentales de la persona
- La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situacioacuten de dependencia establece el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su dignidad e intimidad
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la integridad fiacutesica y moral puede usted exigir
un correcto mantenimiento de Centros e instalaciones de manera que no se deriven perjuicios para la integridad fiacutesica o salud de los usuarios
el derecho a no ser sometido a condiciones o procedimientos que supongan sufrimiento fiacutesico lesiones o dantildeos a la integridad fiacutesica
el derecho a no ser sometido a tratos degradantes y humillantes que menoscaben su integridad moral
ser tratado con amabilidad y cortesiacutea por los trabajadores de los servishycios sociales (Ley de Reacutegimen Juriacutedico y Procedimiento Administrativo Comuacuten) y muy especialmente si es menor de edad (artiacuteculo 9 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Derecho a la proteccioacuten de sus datos personales
Se trata de garantizar y proteger en lo concerniente al tratamiento de los datos personashyles las libertades puacuteblicas y los derechos fundamentales de las personas fiacutesicas especialshymente el derecho al honor e intimidad personal y familiar y el derecho al secreto de las comunicaciones amparados constitucionalmente
Principios como el de calidad de datos que supone que toda recogida y tratamiento debe ser siempre adecuada proporcional y suficientemente motivada la necesidad de consentimiento para el tratamiento y la cesioacuten de los datos asiacute como de un reacutegimen de seguridad que garantice los datos especialmente protegidos y su comunicacioacuten entre Administraciones Puacuteblicas contemplados en la Ley Orgaacutenica 151999 de Proteccioacuten de Datos de Caraacutecter Personal suponen limites y garantiacuteas en el tratashymiento de cualquier dato concerniente a personas fiacutesicas identificadas o identificables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y Atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia insiste en estas garantiacuteas y en su artiacuteculo 4 establece la obligacioacuten de resshypeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos cuando se trate de pershysonas con discapacidad o en situacioacuten de dependencia total o parcial
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de sus datos personales puede usted exigir
que soacutelo le exijan aquellos datos de caraacutecter personal que sean adecuados pertinentes y no excesivos en relacioacuten con los fines que se pretenda con ellos
que sus datos personales no sean usados para fines incompatibles con aquellos para los que se hubieran recogido
que sean cancelados sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios
el derecho a ser previamente informado de la existencia de un fichero o tratamiento de datos su finalidad y de quienes van a ser los destinatarios
que se le pida el consentimiento inequiacutevoco para el tratamiento de sus datos salvo en los casos previstos en la Ley
el derecho a acceder rectificar cancelar y oponerse a dichos datos
ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utishylizados en funcioacuten de un proyecto docente o de investigacioacuten siendo necesaria la previa autorizacioacuten expresa y por escrito de la persona en situacioacuten de dependencia o quien la represente
que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos relacionados con su situacioacuten de discapacidad o de dependencia
los datos referentes a la sexualidad de la persona (incluso su orientacioacuten sexual) se consideran especialmente sensibles y merecen maacutes intensa proteccioacuten
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Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a acceder permanecer y cesar en la utilizacioacuten de los servicios
por voluntad propia salvo en los supuestos legalmente contemplados
La voluntariedad constituye uno de los paradigmas de la intervencioacuten de los servicios sociashyles Por eso las intervenciones que se realizan sin que exista esta voluntariedad del usuashyrio constituyen situaciones de caraacutecter excepcional que deben realizarse exclusivamente cuando concurren circunstancias de grave riesgo para las personas incapaces y garantishyzando en todo caso la decisioacuten que corresponde a los jueces
Asiacute mismo es preciso garantizar el caraacutecter voluntario de la intervencioacuten de los servicios sociales tanto en el acceso como en la permanencia y en el cese en los mismos por parte de las personas evitando cualquier posible discrecionalidad o actuacioacuten unilateral de la Administracioacuten que no respete este principio en el caso de todos aquellos servicios presshytados o concertados con las Administraciones Puacuteblicas
Conforme al artiacuteculo 33 de la Ley 132006 de Derecho de la Persona de las Cortes de Aragoacuten para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educacioacuten o formacioacuten especial o en un centro residencial que comporte prishyvacioacuten de libertad se necesita autorizacioacuten judicial Nadie podraacute ser obligado a permaneshycer internado salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido
Asimismo la Ley 392006 de promocioacuten de la autonomiacutea personal y atencioacuten a las persoshynas en situacioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona inteshyresada a decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial asiacute como el derecho al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios garantizaacutendose un proceso contradictorio
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a acceder permanecer y cesar en su utilizacioacuten por voluntad
propia puede usted exigir que toda intervencioacuten de los servicios sociales sea por decisioacuten volunshy
taria del usuario salvo en los casos dispuestos por la Ley por ejemplo Internamiento no voluntario por trastornos psiacutequicos Internamiento de personas presuntamente incapaces Tutela guarda y acogimiento de menores ante situaciones de riesgo
o desamparo En todo caso nadie podraacute ser obligado a permanecer internado conshy
tra su voluntad salvo si media autorizacioacuten judicial en tal sentido El menor de edad tiene derecho a ser oiacutedo siempre que tenga sufishy
ciente juicio y en todo caso si es mayor de doce antildeos como preveacuten la Ley de Derecho de la persona 132006 (art 3) y la Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten (art 13)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Derecho a la continuidad en la prestacioacuten de los servicios
Las Administraciones Puacuteblicas competentes en materia de servicios sociales deben regirse por los principios de coordinacioacuten y cooperacioacuten garantizando la continuidad de la atencioacuten
En ninguacuten caso pueden las Administraciones decidir unilateralmente la suspensioacuten o cese del servicio sin causa justificada y en todo caso este cese o suspensioacuten deberaacute decishydirse y comunicarse a traveacutes de los procedimientos establecidos para garantizar el dereshycho de defensa del usuario Esto afecta tanto a los centros de gestioacuten directa como a los concertados
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la continuidad en la prestacioacuten
puede usted exigir
continuar recibiendo la prestacioacuten o servicio en los teacuterminos estableshycidos o convenidos siempre que se mantengan las condiciones que orishyginaron su concesioacuten
que en ninguacuten caso la suspensioacuten temporal o cese de la prestacioacuten puedan ser decididos discrecionalmente por la Administracioacuten
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
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que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
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Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Derecho de participacioacuten Si se quiere cambiar la visioacuten de alejamiento que se tiene de las Administraciones Puacuteblicas es necesario incidir en la satisfaccioacuten de los intereses de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos Es decir es necesario lograr que este alejamiento disminushyya en la medida que los ciudadanos tengan satisfechas sus necesidades y cumplidas sus expectativas La forma maacutes directa de conseguirlo es promoviendo el derecho a la particishypacioacuten de los ciudadanos en los servicios puacuteblicos haciendo efectiva esta participacioacuten mediante canales adecuados de forma que el individuo se contemple no como mero porshytador de derechos sino como miembro activo de la sociedad que participa en la misma tomando parte en los procesos que le afectan
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece en su artiacuteculo 4 el derecho de la persona interesada a parshyticipar en la formulacioacuten y aplicacioacuten de las poliacuteticas que afecten a su bienestar ya sea a tiacutetulo individual o mediante asociacioacuten
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten
puede usted exigir
que se establezcan cauces de participacioacuten en el centro o servicio en el que estaacute sienshy
do atendido
el derecho a participar activamente en la gestioacuten del centro o servicio a traveacutes de
tales cauces
el derecho a participar a traveacutes de los oacuterganos de representacioacuten que en cada
caso se establezcan en la planificacioacuten control y evaluacioacuten de las estructuras y organizaciones del sistema
el derecho a participar en las poliacuteticas sociales sobre integracioacuten de personas discapacitadas o en situacioacuten de depenshydencia que le puedan afectar sea a tiacutetushy
lo individual o mediante asociacioacuten
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Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
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Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a un programa de intervencioacuten individual definido y realizado con la
participacioacuten y conocimiento del usuario La atencioacuten individualizada global e integrada junto a la participacioacuten y libertad de eleccioacuten por parte del usuario de servicios sociales salvo en los supuestos en que esto no sea posible deben presidir todo proceso de intervencioacuten social
Este derecho constituye uno de los fundamentos de los servicios sociales gestionados por las Administraciones Puacuteblicas ya que eacutestos se organizan para garantizar los derechos de los ciudadanos a una proteccioacuten baacutesica ante situaciones de necesidad El ciudadano constituye asiacute el referente imprescindible de las atenciones que prestan los servicios sociashyles y como tal tiene derecho a exigir que se le trate teniendo como uacutenica referencia sus circunstancias personales y no cualquier otra adscripcioacuten de caraacutecter general a partir de rasgos que pueda compartir con otras personas
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia establece el derecho a recibir informacioacuten completa y continuada asiacute como a la igualdad de oportunidades no discriminacioacuten y accesibilidad universal en cualshyquiera de los aacutembitos de desarrollo y aplicacioacuten de la Ley y a no sufrir discriminacioacuten por razoacuten de orientacioacuten o identidad sexual
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la participacioacuten puede usted exigir
que le sea asignado un profesional de referencia que asegure la globashylidad y coherencia del proceso
que toda la intervencioacuten que le afecte quede recogida en una uacutenica Historia Social de caraacutecter individual a cuyos contenidos pueda acceshyder en las condiciones establecidas
ser atendido de forma individualizada salvo en las circunstancias de incapacidad declarada
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre el proceso de intervencioacuten que se determine
el derecho a elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar entre las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atiendan su caso
la coordinacioacuten de los servicios recibidos con otros afines como el socio-sanitario educativo de empleo y aquellos otros que puedan confluir con los servicios sociales
conocer la identidad y funcioacuten de la persona que le atiende en cada momento
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a evaluar la calidad de los servicios sociales
La calidad constituye hoy diacutea un aval de todo servicio puacuteblico o privado en el que estaacute en juego su propia pervivencia En el caso de los servicios sociales y en particular en el caso de los servicios sociales la calidad es una exigencia imprescindible de legitimacioacuten social a partir de la cual se justifica el esfuerzo que la sociedad compromete para su sosshytenimiento
Es decir no basta soacutelo con que un centro o servicio muestre eficacia en la gestioacuten de aqueshyllas atenciones o prestaciones que le son encomendadas sino que el usuario debe percibir ese plus de calidad que se expresaraacute en un permanente esfuerzo de mejora y en la orientacioacuten de todo el centro o servicio a las necesidades y a la satisfaccioacuten de las persoshynas a las que atiende
Por eso nadie mejor que el propio usuario para actuar como sensor de esta calidad evashyluando la misma El compromiso con la calidad que vincula a todas las Administraciones se expresa asiacute en el derecho de todos sus usuarios a evaluar la calidad de los servicios sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a evaluar la calidad de los mismos puede usted exigir
toda la informacioacuten y orientacioacuten necesaria acerca de los requisitos juriacuteshydicos o teacutecnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se proponga realizar en materia de servicios sociales
ser tratado con el debido respeto y deferencia por los funcionarios o el personal que presshyte el servicio
conocer el Reglamento de Reacutegimen Interior del servicio
conocer la carta de servicios del oacutergano administrativo encargado de la prestacioacuten del servicio caso de que exista
presentar iniciativas y sugerencias para que sean tenidas en cuenta por los resshyponsables de la prestacioacuten del servicio
dejar constancia de reclamaciones y quejas por el mal funcionamiento del servicio
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a exigir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del
personal a su servicio La Constitucioacuten establece el derecho de toda persona a ser indemnizada por toda lesioacuten que sufra en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesioacuten sea consecuencia del funcionamiento de los servicios puacuteblicos (artiacuteculo 1062)
Este derecho se concreta en el derecho del particular a ser indemnizado o a que se produzca la reparacioacuten de los dantildeos y perjuicios sufridos Basta con que el patrishymonio del particular sufra un dantildeo injustificado como consecuencia de la actuacioacuten o funshycionamiento de los servicios puacuteblicos ya sea esta actuacioacuten o actividad liacutecita o iliacutecita para que se active un sistema de responsabilidad objetiva en el que las Administraciones Puacuteblicas responden por el funcionamiento normal o anormal de los servicios puacuteblicos indeshypendientemente de toda idea de culpa
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento anormal comprende aquellos supuestos en que existe una actuacioacuten culpable del personal al servicio de la Administracioacuten y principalmente los supuestos de ausencia de funcionamiento o funcionamiento tardiacuteo de los servicios puacuteblicos
Responsabilidad por el funcionamiento normal de los servicios puacuteblicos El funshycionamiento normal de los servicios puacuteblicos se refiere a aquellos supuestos accidentales o eventuales en los que se produce un dantildeo como consecuencia de una actividad legiacutetimashymente desarrollada por la Administracioacuten
Como excepcioacuten la Administracioacuten no responderaacute de aquellos dantildeos producidos por fuershyza mayor es decir de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que aunque se hubiesen previsto fueran inevitables
La Ley 392006 de Promocioacuten de la Autonomiacutea Personal y atencioacuten a las personas en situashycioacuten de dependencia reconoce el derecho a iniciar las acciones administrativas y jurisdicshycionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en dicha norma a las personas en situacioacuten de dependencia con indeshypendencia del lugar del territorio del Estado espantildeol donde residan
Ademaacutes la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten considera colectivo especialmente protegible a las personas con debilidad econoacutemico social menores (tambieacuten artiacuteculo 44 Ley 122001 de la infancia y la adolescencia en Aragoacuten) o discapacitados y preveacute medidas concretas para exishygir responsabilidades administrativas incluida la reparacioacuten del dantildeo causado
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a exishygir la responsabilidad de las Administraciones Puacuteblicas y del personal a
su servicio puede usted exigir ser indemnizado por toda lesioacuten que sufra en cualquiera de sus bienes y dereshy
chos que supongan un dantildeo efectivo evaluable econoacutemicamente e individuashylizable siempre que dicha lesioacuten sea imputable a una Administracioacuten Puacuteblica
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
El artiacuteculo 43 de la Constitucioacuten atribuye a los poderes puacuteblicos la organizacioacuten y tutela de la salud puacuteblica tanto a traveacutes de medidas preventivas como de las prestaciones y sershyvicios necesarios Otro artiacuteculo el 51 les obliga a garantizar mediante procedimientos efishycaces la salud y la seguridad
Todos ellos destacan la idea consolidada de que la salud es un valor absoluto que debe gozar de los mecanismos adecuados para que la persona pueda desarrollar su personalishydad lo que obliga a defenderla en todas las vertientes en que se manifieste y a protegerla sin restricciones
La proteccioacuten al derecho a la salud y seguridad estaacute tambieacuten reconocida expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 261984 que le confiere el caraacutecter de derecho baacutesico del consumidor o usuario Los poderes puacuteblicos garantizaraacuten la defensa de los consumidores y usuarios proshytegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad la salud y los legiacutetishymos intereses econoacutemicos de los mismos
Esta proteccioacuten se ha reforzado en la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios que ha incorporado un nuevo artiacuteculo sexto bis en el que se preveacute que ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de consushymidores y usuarios las administraciones puacuteblicas competentes puedan adoptar medidas para la desaparicioacuten del riesgo incluidas la intervencioacuten directa sobre las cosas y compulshysioacuten directa sobre las personas los gastos que se deriven seraacuten de cuenta de quienes con su conducta los originen al margen de las sanciones que se impongan
Tambieacuten se ha intensificado en este aacutembito la proteccioacuten de los consumidores y usuarios mediante la Ley 162006 de 28 de diciembre de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten cuyos artiacuteculos 8 y siguientes establecen medidas especiacuteficas para imponer la seguridad en los bienes y servicios a los usuarios que eviten riesgos para su salud y seguridad incluida su adecuacioacuten medioambiental Ademaacutes en el artiacuteculo 5 considera colectivo de consumidores especialmente protegibles a los nintildeos y adolescentes enfermos personas con discapacidad personas mayores mujeres gestantes y consumidores econoacutemica y socialmente maacutes desfavorecidos
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la proteccioacuten de su salud calidad de vida y seguridad
puede usted exigir
que los productos actividades y servicios puestos a su disposicioacuten no impliquen riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones Puacuteblicas lleven a cabo la vigilancia necesaria para evitar que los productos servicios y actividades propios de los servicios sociales bien sean de titularidad o gestioacuten puacuteblica o privada puedan proshyvocar riesgos para su salud o seguridad
que las Administraciones puacuteblicas adopten las medidas necesarias y proshyporcionadas para la desaparicioacuten de riesgo para la salud y seguridad de consumidores y usuarios incluso la intervencioacuten directa sobre las cosas y la compulsioacuten directa sobre las personas
que las Administraciones puacuteblicas competentes en Aragoacuten en materia de consumo lleven a cabo una eficaz protecshycioacuten juriacutedica incluida la reparacioacuten e indemnizacioacuten por los dantildeos y perjuishycios que se pueda sufrir como conshysecuencia del uso o disfrute de sershyvicios sociales con independencia de la viacutea judicial (artiacuteculo 19 Ley 162006)
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La Constitucioacuten en su artiacuteculo 51 compromete a todos los poderes puacuteblicos a promo-
Derecho a la informacioacuten
ver la informacioacuten a consumidores y usuarios y es reconocido como un derecho baacutesico de eacutestos en el artiacuteculo 2 de la Ley 261984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Es por otra parte un derecho catalogado como instrushymental y por tanto decisivo para la realizacioacuten de los demaacutes
En el aacutembito de los servicios sociales la publicidad comparte muchas de las caracteriacutesticas generales condicionamientos y limitaciones que en cualquier otro aacutembito pero tiene adeshymaacutes sus propias exigencias y liacutemites porque aquiacute la adecuada difusioacuten de la oferta puacuteblica se convierte en una obligacioacuten que puede ser exigida por los potenciales usuarios si la existencia de un servicio social de naturaleza puacuteblica no fuera difundida y dada a conocer a las personas a las que va dirigidas se quebrariacutea su propio fundamento De igual manera si esta difusioacuten se hiciera llegar a unos sectores sociales y no a otros se estariacutea atacando el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios sociales
Conforme a la Ley 442006 de mejora de la proteccioacuten de los consumidores y usuarios la oferta promocioacuten y publicidad falsa o engantildeosa de productos actividades y servicios seraacute perseguida y sancionada como fraude El derecho a la informacioacuten se refuerza en la Ley 162006 de Proteccioacuten y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragoacuten que garanshytiza la informacioacuten legal y reglamentariamente establecida sobre todo tipo de servicios a los responsables de su prestacioacuten (artiacuteculos 24 y siguientes)
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho a la informacioacuten puede usted exigir
una informacioacuten suficiente eficaz y veraz sobre las prestaciones y recurshysos sociales disponibles y sobre los requisitos necesarios para el acceso a ellos asiacute como sobre otros recursos de proteccioacuten social a los que
pueda tener derecho
que toda esa informacioacuten le sea facilitada en teacuterminos comprensibles
disponer de un inteacuterprete cuando existan dificultades insalvables de comushynicacioacuten por desconocimiento del idioshy
ma o por discapacidad sensorial
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
que se le informe sobre el precio de los servicios que recibe y a que le sean comunicadas con antelacioacuten sus modificaciones
que se le facilite toda aquella orientacioacuten que requiera sobre las caracteshyriacutesticas y condiciones del centro servicio o prestacioacuten que usted pueda solicitar o recibir
En todo caso es exigible a las Administraciones Puacuteblicas que bien a trashyveacutes de sus propios oacuterganos o en colaboracioacuten con las asociaciones de conshysumidores y usuarios organicen y lleven a cabo campantildeas informativas sobre las diversas prestaciones y recursos sociables disponibles
Derecho a la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
El artiacuteculo 51 de la Constitucioacuten encomienda a los poderes puacuteblicos la proteccioacuten mediante procedimientos eficaces de los legiacutetimos intereshyses econoacutemicos de los consumidores y usuarios
Las prestaciones propias de cada servicio las condiciones y garantiacuteas que nos sean ofrecidas y en particular la defensa frente a la inclusioacuten de claacuteusulas abusivas en los contratos es decir cualquier estipulacioacuten que no hayamos negociashydo individualmente que cause en perjuicio del usuario un desequilibrio importante de los dereshychos y obligaciones de ambas partes han sido objeto de un desarrollo normativo de crishyterios derechos y obligaciones con el fin de configurar esa proteccioacuten
La Ley 442006 de mejora en la proteccioacuten de los consumidores y usuarios ha modificado el artiacuteculo 10 bis de la Ley 261984 de 19 de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios manteniendo la consideracioacuten de claacuteusulas abusivas para todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aqueacutellas praacutecticas no conshysentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato Las claacuteusulas abusivas seraacuten nulas de pleno derecho y se tenshydraacuten por no puestas
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Como usuario de los servicios sociales en el ejercicio del derecho la proteccioacuten de sus legiacutetimos intereses econoacutemicos y sociales
puede usted exigir
que las claacuteusulas condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promocioacuten de cualquier servicio asiacute como toda claacuteusula no negociada indishyvidualmente bien facilitadas por las Administraciones Puacuteblicas o las entidashydes y empresas de ellas dependientes cumplan los siguientes requisitos
Concrecioacuten claridad y sencillez en la redaccioacuten Entrega de un recibo justificante copia o documento acreditativo Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes lo que excluye la utilizacioacuten de claacuteusulas abusivas En caso de duda prevaleceraacute la interpretacioacuten maacutes favorable para el usuario No remisioacuten a textos o documentos de los que no exista constancia que hayan sido facilitados al usuario
que se tenga por no puesta es decir como si no existiera toda claacuteusula que pueda considerarse abusiva con arreglo a las leyes
un Certificado que acredite la utilizacioacuten de los servicios sociales
que la negativa del usuario a someterse a un sistema arbitral distinto al de consumo no pueda impedir la celebracioacuten del contrato principal
no ser sometido a obligaciones innecesarias y abusivas de cumplimentar impresos verificar caacutelculos y aportar datos en beneficio exclusivo de la Entidad correspondiente ni siquiera a efectos de estudios y evaluaciones de caraacutecter general
que no se le exijan traacutemites documentos o mediaciones sin utilidad para el usuario a costes desproporcionados
que al margen de las sanciones que se impongan se repare e indemnice al usuario por los dantildeos y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia del uso o disfrute de los servicios sociales y se restituya iacutentegramente la situashycioacuten juriacutedica alterada incluso la devolucioacuten de cantidades indebidamente entregadas sea o no por aplicacioacuten de precios superiores a los autorizados comunicados presupuestados o anunciados al puacuteblico (artiacuteculo 19 Ley arashygonesa 162006)
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Viacuteas de Reclamacioacuten Los derechos de los usuarios deben ser protegidos de forma efectiva para que no queden en papel mojado La manera para hacerlos efectivos frente a cualquier vulneracioacuten son las viacuteas de reclamacioacuten entre ellas
- El arbitraje de consumo
- El procedimiento administrativo
- El procedimiento judicial
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El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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El arbitraje de consumo como meacutetodo de resolucioacuten de conflictos extrajudicial
En una sociedad cada vez maacutes dinaacutemica social y econoacutemicamente la forma maacutes raacutepida y barata para reclamar una pretensioacuten es el Arbitraje de Consumo Sin embargo para que una reclamacioacuten por dantildeos pueda resolverse a traveacutes del Sistema Arbitral de Consumo se necesita que la empresa o institucioacuten que ha producido el dantildeo muestre su consentimiento por escrito para que este conflicto se resuelva a traveacutes del arbitraje En el caso de los Servicios Sociales prestados por la Administracioacuten no existe en la actualidad este consentimiento
Es importante que cuando se contrate alguacuten servicio se conozca si la empresa estaacute adheshyrida al Arbitraje de Consumo si es asiacute el conflicto se resolveraacute sin tener que ir a los trishybunales ordinarios y el ahorro de dinero y tiempo seraacute muy interesante El Laudo que emita el Colegio Arbitral seraacute de obligado cumplimiento como si se tratara de una senshytencia judicial
Queacute ees eel AArbitraje dde CConsumo
Es un procedimiento extrajudicial voluntario que permite resolver de modo sencillo raacutepishydo y econoacutemico todas aquellas controversias que habitualmente surgen entre consumidoshyres o usuarios y entidades o empresas siempre que no concurra lesioacuten intoxicacioacuten muerte o indicios racionales de delito Se trata de un sistema
voluntario ya que las partes deben someterse al convenio arbitral de forma voluntaria unidireccional ya que solo podraacute interponer la solicitud de Arbitraje el consushymidor o usuario si bien la empresa reclamada podraacute solicitar la reconvencioacuten de las cantidades adeudadas por el reclamante a eacutesta que esteacuten relacionadas con la controversia gratuito lo que lo hace especialmente indicado para los litigios de escaso valor econoacutemico evitando el que el coste de un proceso judicial pueda superar el importe de lo obtenido raacutepido ya que frente a los procesos judiciales que suelen tener una duracioacuten larga sujetos a numerosas formalidades el arbitraje de consumo se lleva a cabo a traveacutes de un procedimiento simple
jjpQueacute ccuestiones pueden sser oob eto dde AArbitra e dde Consumo
En general pueden someterse a arbitraje cualquier cuestioacuten que suponga un desacuerdo en materia de consumo entre el usuario y la entidad o empresa prestadora del servicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Solamente quedan excluidas expresamente de este arbitraje las siguientes cuestiones
- aquellas sobre las que exista resolucioacuten judicial firme - en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal - cuando concurran intoxicacioacuten lesioacuten o muerte - cuando existan indicios racionales de delito
Queacute ees eel CColegio AArbitral
Es un oacutergano colegiado compuesto por tres aacuterbitros cuya funcioacuten es resolver los conshyflictos que se sometan ante las juntas arbitrales de consumo
Sus funciones son conocer la controversia procurar la conciliacioacuten y emitir el laudo (que es como una sentencia judicial) Este colegio no tiene el caraacutecter de oacutergano permanente
sino que se designa y se constituye para resolver cada controversia concreta
Queacute ees eel CConvenio aarbitral
La pieza nuclear del Instituto Juriacutedico del arbitraje su formalizacioacuten y contenido determishynan el desarrollo de todo el procedimiento El Convenio Arbitral tiene su sustento en la libertad y en el principio de autonomiacutea de voluntad de las partes su naturaleza es conshytractual
Quieacutenes ppueden aacudir aal pprocedimiento aarbitral
El procedimiento arbitral de consumo soacutelo puede efectuarlo el consumidor o usuario Es lo que se llama legitimacioacuten activa En el caso de que el usuario sea una persona juriacutedica para ejercer esta legitimacioacuten deberaacuten ser entidades sin aacutenimo de lucro seguacuten establece la doctrina en esta materia
La otra parte del procedimiento aquella sobre la que se reclama deberaacute ser una entidad empresa o profesional Es lo que se conoce como legitimacioacuten pasiva
En el caso de las administraciones puacuteblicas de las que dependen la mayor parte de los sershyvicios sociales existe una limitacioacuten para la praacutectica del Arbitraje en materia de consumo ya que existe dificultades para que una Administracioacuten Puacuteblica pueda ser parte de este proshyceso (legitimacioacuten pasiva) ya que la Ley General Presupuestaria prohiacutebe expresamente que la Hacienda Puacuteblica transacciones respecto a sus derechos y haberes dejando uacutenicashymente la salvedad de que el sometimiento se produzca por acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autoacutenomas y dictamen favorable del Consejo de Estado u oacutergano homoacutelogo de la Comunidad Autoacutenoma
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Queacute ttipos dde aarbitrajes dde cconsumo eexisten
Las partes pueden optar por un Arbitraje de Derecho en el que los aacuterbitros licenciados en Derecho resuelven conforme a las normas legales aplicables al caso debiendo estar el laudo motivado o un Arbitraje de Equidad en el que los aacuterbitros sin necesidad de titushylacioacuten deciden conforme su leal saber y entender es decir conforme a su sentido natural de lo justo y no es obligada su motivacioacuten
Coacutemo ees lla ttramitacioacuten yy pprocedimiento ddel aarbitraje dde cconsumo La solicitud de arbitraje se debe formalizar personalmente o a traveacutes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda al domishycilio del consumidor
Formalizado el Convenio se designa el Colegio Arbitral compuesto por tres aacuterbitros designados del siguiente modo
Un aacuterbitro representante de los consumidores (designado por las asociaciones de consumidores)
Un aacuterbitro representante del sector empresarial implicado (designado por las asociaciones empresariales)
Un Presidente del Colegio Arbitral designado por la Administracioacuten de la que dependa la Junta Arbitral
Constituido el Colegio arbitral se daraacute audiencia a las partes que podraacute realizarse verbalshymente o por escrito presentando los documentos y haciendo las alegaciones que consishyderen necesarias para la mejor defensa de sus intereses pudieacutendose llegar en este momenshyto a la conciliacioacuten entre las partes que de lograrse se recogeraacute en el laudo
El Colegio acordaraacute la praacutectica de las pruebas pertinentes siendo costeadas por la Administracioacuten las que sean acordadas de oficio y por quien las proponga las practicadas a instancia de parte
Finalmente en el plazo maacuteximo de 4 meses desde la designacioacuten del Colegio Arbitral debeshyraacute dictarse el Laudo Arbitral que se decidiraacute por mayoriacutea de votos dirimiendo los empashytes el voto del Presidente Laudo que tendraacute caraacutecter vinculante y ejecutivo produciendo efectos ideacutenticos a la cosa juzgada
La Disposicioacuten Final 6ordf de la Ley 442006 de 29 de diciembre de mejora de la protecshycioacuten de los consumidores y usuarios da un antildeo al Gobierno para que contando con el parecer de las Comunidades Autoacutenomas a traveacutes de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios dicte una nueva regulacioacuten del sistema arbitral de consumo regulando tambieacuten el arbitraje virtual
La Ley aragonesa 162006 establece en sus artiacuteculos 20 y siguientes la obligacioacuten para las Administraciones puacuteblicas de Aragoacuten de propiciar la disponibilidad para los consumidores de sistemas operativos de resolucioacuten extrajudicial de conflictos incluida la Mediacioacuten
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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La potestad sancionadora en el aacutembito de los Servicios Sociales
El procedimiento administrativo
Los servicios sociales se pueden prestar directamente por las Administraciones Puacuteblicas o indirectamente por entidades particulares mediante foacutermulas de conshycierto En principio la potestad sancionadora de la Administracioacuten en este aacutembito seraacute soacutelo de aplicacioacuten plena (tanto para los Centros como para los usuarios de los mismos) en el caso de la prestacioacuten directa por parte de la propia Administracioacuten
En cuanto a los establecimientos concertados eacutestos se veraacuten sujetos a las potesshytades inspectoras de control y sancionadoras de la Administracioacuten como centros prestadores de un servicio social Sin embargo a los usuarios de estos centros se les aplicaraacute el reacutegimen disciplinario interno de los propios establecimientos y no el general contenido en la Ley de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social a no ser que en el propio acuerdo por el que se materializa el concierto se disponga lo contrario
La potestad sancionadora de las Administraciones tiene una doble finalidad
preventiva ya que la mera previsioacuten de un cuadro de infracciones acompantildeado de las consecuentes sanciones supone una amenaza continua para quien incumshypla las diferentes disposiciones administrativas represiva como elemento corrector de la vulneracioacuten de las reglas del ordenashymiento Juriacutedico
Queacute ees uuna ssancioacuten aadministrativa
Una sancioacuten constituye una resolucioacuten administrativa que disminuye debilita o incluso elishymina alguacuten espacio de la esfera juriacutedica de los particulares bien porque se le priva de un derecho bien porque se le impone un deber u obligacioacuten siempre como consecuencia de la generacioacuten de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos
QQuueacuteeacute pprriinncciippiiooss ddeebbee rreessppeettaarr llaa ppootteessttaadd ssaanncciioonnaaddoorraa
Para que una sancioacuten administrativa sea viable debe basarse en los siguientes principios
Legalidad que exige la atribucioacuten de tal potestad a la Administracioacuten por una norma de rango legal
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
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Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables Tipicidad que exige que tanto las infracciones como las sanciones esteacuten preshyvistas como tales en una Ley Proporcionalidad entre la infraccioacuten cometida y la medida correctora impuesta Dado que la potestad sancionadora estaacute reglada se impone la existencia de un procedimiento para su ejercicio que respete el derecho a la presuncioacuten de inoshycencia a conocer los hechos imputados y a formular alegaciones
Quieacuten ppuede iimponer uuna ssancioacuten aadministrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora queda uacutenica y expresamente reservada a aquellos oacuterganos administrativos que la tengan atribuida por disposicioacuten de rango legal o reglamenshytario rigiendo plenamente ademaacutes el principio non bis in idem de forma que no pueshyden ser sancionados aquellos hechos objeto de una sancioacuten penal o administrativa previa y en los que existe identidad de sujeto hecho y fundamento
Infracciones yy ssanciones
En el aacutembito de los servicios sociales la Ley 41987 de Ordenacioacuten de la Accioacuten Social en sus Tiacutetulos VIII y IX modificado el primero e introducido el segundo por la Ley 132000 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas establece un cataacutelogo general de infracciones y sanciones referidas en unos casos a los centros de servicios sociales y otras que tienen como sujetos infractores a sus usuarios
sociales la ley establece una serie de faltas tambieacuten graduadas en funcioacuten de su gravedad en leves graves y muy graves
Respecto a los centros de Servicios Sociales las infraccioshynes atendiendo al criterio de gravedad de las mismas se divishy
den en leves graves y muy graves
Por lo que se refiere a los usuarios de centros o servicios
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Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Colabora
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Coacutemo ddebe sser eel pprocedimiento ppara iimponer uuna sancioacuten
El procedimiento se establece como garantiacutea para el presunto responsable y debe constar de dos fases bien diferenciadas
Instruccioacuten Una primera en la que se instruya el procedimiento y se acumulen las pruebas que determinen los hechos sancionables que seraacute competencia de la Direccioacuten del centro o servicio
Resolucioacuten Terminada esta fase se debe elevar el expediente junto con una propuesta de resolucioacuten al Director del centro al Director provincial del IASS o al Director Gerente del IASS en funcioacuten de que se trate de faltas leves graves o muy graves para que resuelvan definitivamente
Alegaciones En cualquier caso si bien el artiacuteculo 55 de la LOAS no establece un traacutemishyte intermedio entre ambas fases siacute seraacute preceptivo y asiacute se debe entender conforme al artiacuteculo 135 de la Ley 301992 un periodo de 15 diacuteas para que el presunto responsable pueda alegar y aportar todos aquellos documentos que considere oportunos en defensa de su derecho Del mismo modo una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de 15 diacuteas el instructor podraacute acordar con caraacutecter previo a la propuesta de resolucioacuten un periacuteodo de prueba por un plazo no superior a treinta diacuteas haacutebiles ni inferior a diez
Ejecucioacuten de la sancioacuten Dictada la resolucioacuten (motivada) por el oacutergano competente eacutesta seraacute inmediatamente ejecutiva cuando ponga fin a la viacutea administrativa y contra ella soacutelo cabraacute recurso de reposicioacuten potestativo y evidentemente contencioso-administratishyvo Si no pusiera fin a la viacutea administrativa no seraacute ejecutiva hasta que se haya resuelto el recurso de alzada correspondiente o se haya agotado el plazo para su interposicioacuten sin que eacutesta se haya producido adquiriendo firmeza el acto sancionatorio
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Cuando ni a traveacutes del arbitraje voluntario ni a traveacutes de la reclamacioacuten ante la adminisshytracioacuten el usuario ve satisfechas sus peticiones la uacutenica viacutea posible que queda es la judicial
Entonces la vulneracioacuten de los derechos de los usuarios de los servicios sociales da lugar a una bateriacutea de posibilidades de reclamacioacuten para solicitar el auxilio judicial que va desde las que establecen los diferentes Tratados Internacionales hasta las diferentes viacuteas previsshytas en el aacutembito nacional
Queacute TTratados IInternacionales ppueden aafectar aa llos derechos dde llos uusuarios dde llos sservicios ssociales
A nivel Europeo es donde con un aacutembito supranacional encontramos la proteccioacuten jurisshydiccional en esta materia tanto en el Consejo de Europa como en la Unioacuten Europea
Consejo de Europa Cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados puede acudir al Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950
ratificado el 29 de septiembre de 1979 Son muchos los derechos que dicho tratado protege que se ampliacutean con protocolos posteriores Evidentemente los derechos
especiacuteficos de los usuarios de los servicios sociales son mucho maacutes restringidos pero los fundashy
mentales entran de lleno en su proteccioacuten
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interpreta y aplica el
convenio posibilitando el acceso de los ciushydadanos al mismo ya que no seriacutea
loacutegico que quedase en manos de los Estados el planteamiento de actos que a priori eran comeshy
tidos por ellos mismos y que podiacutean vulnerar el convenio
Si la sentencia admite la demanshyda fija normalmente una cantishy
dad de dinero En todo caso las sentencias
imponen recoshymendaciones al estashy
do infractor pues soacutelo declara la existencia de violacioacuten o no del con-
Procedimientos judiciales
Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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venio no pudiendo anular leyes internas Los Estados se comprometen a conformarse con las decisiones del TEDH y adoptar las medidas para ejecutar la sentencia
Unioacuten Europea Tambieacuten la Unioacuten Europea nos dota de proteccioacuten ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vela por que no se produzca la vulnerashycioacuten del derecho europeo
Asiacute a traveacutes de las cuestiones prejudiciales interpreta el Tratado evitando la disgregacioacuten del derecho comunitario por las interpretaciones divergentes que los diferentes tribunales de cada Estado hacen del mismo asegurando la uniformidad de las normas comunitarias El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) solo interpreta normas pero no examina hechos y tampoco valora si las normas son relevantes para la decisioacuten del pleishyto pendiente ante el tribunal estatal
Para plantear una cuestioacuten prejudicial se requiere que la cuestioacuten sea concluyente es decir determinante de la resolucioacuten del litigio planteado ante el tribunal estatal que no se planshyteen de nuevo cuestiones ya resueltas con caraacutecter prejudicial y que el tribunal estatal haya examinado los hechos antes de formular la cuestioacuten prejudicial
Pero tambieacuten ante el TJCE se pueden plantear otros procedimientos como la Accioacuten de responsabilidad extracontractual para reparar los dantildeos causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios generales comushynes a los derechos de los estados miembros o el Recurso de carencia y queja por inactivishydad de un oacutergano de la UE
Queacute rrecursos jjudiciales sse ppueden pplantear een eel aacuteaacutembishyto nnacional
En el aacutembito nacional existen diferentes procedimientos de proteccioacuten del ciudadano aplishycable tambieacuten al usuario de servicios sociales como son los siguientes
bull Las leyes 621978 de 26 de diciembre de proteccioacuten jurisdiccional de los
derechos fundamentales y 291998 de 13 de julio de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa regulan un procedimiento especial previsto uacutenicamente para algunos derechos y libertades constitucionales Del mismo modo el RD 3421979 de 20 de febrero de 1979 y finalmente la Ley Orgaacutenica 21979 de 20 de febrero ampliaron el aacutembito de cobertura de la Ley a todos los derechos y Libertades a los que se refiere el artiacuteculo 532 de la Constitucioacuten resolviendo las reclamaciones por vulneracioacuten o descoshynocimiento de derechos fundamentales en el aacutembito de la ley cuando no proceda la garanshytiacutea penal o contencioso administrativa
Este recurso se interpone ante el Juez de 1ordf Instancia del domicilio del demandante o del lugar donde se produzca el hecho que vulnere el derecho fundamental y protege tanto los delitos y faltas contra los derechos fundamentales como las violaciones de derechos y
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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libertades fundamentales por actos etc de poderes puacuteblicos de Estado Comunidades Autoacutenomas entes corporativos locales institucionales y agentes y funcionarios puacuteblicos como las vulneraciones de los derechos sentildealados en el aacutembito de aplicacioacuten mediante el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
bull El Recurso de Amparo es un proceso constitucional atribuido al Tribunal
Constitucional (TC) y encaminado a proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos contra violaciones por actos hechos o disposiciones de los poderes puacuteblishycos ya sean de los actos sin valor de ley y firmes de oacuterganos legislativos de los oacuterganos poliacuteticos o administrativos que hayan agotado la viacutea judicial (es decir recursos administrashytivos y judiciales) o de los oacuterganos judiciales cuando se agoten los recursos judiciales sean hechos procesales y se invoquen en el proceso judicial Puede interponerlo cualquier pershysona con intereacutes legiacutetimo el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
bull La jurisdiccioacuten civil Pueden utilizarse tanto los procedimientos previstos en la LEC
o en otras normas de la misma naturaleza Esta ley establece dos procedimientos civiles principales ordinario y verbal si bien tambieacuten configura un proceso especial para las preshytensiones sobre capacidad
El juicio ordinario se destina a las demandas relativas a derechos honoriacuteficos de la persoshyna las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad propia imagen y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro fundamental salvo las que se refieran al dereshycho de rectificacioacuten En estos procesos seraacute siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramishytacioacuten tendraacute caraacutecter preferente y las demandas cuya cuantiacutea exceda de quinientas mil pesetas y aqueacutellas cuyo intereacutes econoacutemico resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo El juicio verbal solo tendriacutea cabida para cuando se soliciten alimentos por disposicioacuten legal o por cualquier otro tiacutetulo
Otros derechos se protegen en otras disposiciones como en la ley 11982 de 5 de mayo de tutela de proteccioacuten del derecho al honor intimidad personal y familiar y propia imagen si bien solo en el aspecto de determinacioacuten de la indemnizacioacuten siendo de aplishycacioacuten la LEC en lo demaacutes
Aacutembito de aplicacioacuten
- Si la intromisioacuten es delito se aplica el Coacutedigo Penal y los procedimientos penales pero la indemnizacioacuten se debe determinar seguacuten esta ley
- Si es iliacutecito civil puede utilizar los procedimientos civiles de la LEC y el procedimiento de la ley 621978 para la indemnizacioacuten o bien el recurso de amparo
- No hay intromisioacuten ilegiacutetima si esta autorizada por autoridad judicial o reviste un inteshyreacutes histoacuterico cientiacutefico o cultural
Contenido El artiacuteculo 9 de la ley 1982 sentildeala que se pueden adoptar medidas necesarias para poner fin a la intromisioacuten ilegiacutetima y restablecer los derechos y prevenir o impedir otras intromisiones Es preciso probar el perjuicio
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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bull Procedimientos penales Tambieacuten se obtiene la proteccioacuten a traveacutes de los proceshy
dimientos penales por la comisioacuten de los tipos penales relacionados con la materia tratashyda desde los relativos a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades puacuteblicas comprendidos en los artiacuteculos 510 y siguientes del Coacutedigo Penal y que seraacuten tramitados a traveacutes del Procedimiento abreviado recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se comienza el proceso con la denuncia o querella lo que da lugar al inicio de la insshytruccioacuten en la que se practican diligencias para el esclarecimiento de los hechos adopshytando incluso medidas cautelares Tras ellas se da traslado a las partes para que formulen escrito de acusacioacuten provisional o sobreseimiento y las pruebas que proponen en el primer caso Posteriormente se celebra el juicio oral practicando las pruebas con todas las garantiacuteas legales y constitucionales y elevando las conclusiones a definitivas seguacuten el resultado de esta uacuteltima terminando con la sentencia
bull Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa Puede ser la jurisdiccioacuten a la que en
materia de servicios sociales maacutes veces puede verse abocado despueacutes de recurrir en viacutea administrativa y una vez firme el acto administrativo para seguir ejercitando la accioacuten resshypecto de un derecho que se considera vulnerado
En este sentido el proceso contencioso administrativo ordinario se desarrolla sinteacuteticashymente asiacute se interpone por escrito citando el acto o disposicioacuten impugnado y la cuantiacutea debiendo acompantildear el poder del procurador la copia del acto o disposicioacuten impugnado y tambieacuten puede acompantildear otros que acrediten legitimacioacuten o pago El tribunal reclamashyraacute el expediente administrativo y dictaraacute la admisioacuten o no del mismo A continuacioacuten la administracioacuten emplazaraacute a los interesados ponieacutendolo a su disposicioacuten por 9 diacuteas y se publica en los boletines oficiales Luego se entrega por 20 diacuteas para que presente la demanda y luego traslado para que conteste en 20 diacuteas pudiendo en los 5 primeros diacuteas hacer alegaciones previas El plazo de proposicioacuten y praacutectica de la prueba es de 30 diacuteas Y si lo piden las partes o lo considera el juez puede haber tramite de vista y conclusiones debiendo dictarse sentencia en 10 diacuteas haacutebiles
La jjusticia ggratuita CConcepto yy rrequisitos
Pero los procedimientos judiciales no suelen utilizarse o se utilizan mucho menos de lo debido porque los gastos que ocasionan pueden ser elevados Por ello el Estado concede el Beneficio de Justicia Gratuita (BJG) a quienes acreditan que sus recursos econoacutemicos no son suficientes para acometer un proceso judicial
Quienes pueden solicitarlo Aquellos usuarios que pretendan iniciar un procedimiento judicial o ya esteacuten en uno en defensa de derechos e intereses propios y no tengan medios econoacutemicos suficientes
En el orden civil y como usuarios los ciudadanos espantildeoles de la Unioacuten Europea (Aacuterea de Libre Cambio) y los extranjeros que residan en Espantildea
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
Coacutemo solicitar la Asistencia Juriacutedica Gratuita
Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Derechos de los usuarios de los Servicios Sociales
Procedimiento
Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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En la viacutea penal todos los ciudadanos incluidos extranjeros que acrediten esta carencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea
En la jurisdiccioacuten contencioso-administrativa los espantildeoles en general y los extranjeros con insuficiencia de recursos aunque no residan legalmente en Espantildea en los procesos relatishyvos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjeriacutea
Esta limitacioacuten se da cuando los ingresos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superan el doble del salario miacutenimo interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud (Actualmente el SMI es de 57060 euros al mes o de 1902 euros al diacutea) o bien aun superando el doble del SMI no excedan del cuaacutedruplo del SMI y la Comisioacuten de Asistencia Juriacutedica Gratuita atendiendo a las circunstancias de famishylia del solicitante decida conceder excepcionalmente el BJG
Prestaciones El asesoramiento y orientacioacuten gratuitos previos la asistencia de Abogado al detenido o preso la defensa y representacioacuten de Abogado y Procurador en el procedishymiento judicial la insercioacuten gratuita de anuncios o edictos en perioacutedicos oficiales la exenshycioacuten del pago de depoacutesitos para interponer recursos y la asistencia de gratuita de peritos en el proceso En todo caso se puede modular
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Se debe presentar un impreso de solicitud y la documentacioacuten exigida que acredite la carencia de recursos para litigar Los impresos se facilitan en
middot Los Servicios de Orientacioacuten Juriacutedica (SOJ) de los Colegios de Abogados
middot Las Delegaciones Provinciales de la Consejeriacutea de Justicia y Administracioacuten Puacuteblica
middot Comisiones de Asistencia Juriacutedica Gratuita (CAJG) middot Los oacuterganos judiciales
Los impresos y modelos de solicitud son los de los Anexos del Real Decreto 9962003 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juriacutedica Gratuita con los antildeadidos y modificaciones introducidas por Real Decreto 14552005 de 2 de diciembre
Lugar de presentacioacuten de la solicitud
En los SOJ del Colegio de Abogados del Juzgado o Tribunal que vaya a conocer del proceshyso principal o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se ha iniciado
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Los SOJ examinaraacuten la documentacioacuten y si cumple los requisitos para tener derecho a la AJG procederaacute en el plazo maacuteximo de 15 diacuteas desde la solicitud o desde la subsanacioacuten de los defectos o deficiencias advertidos en la documentacioacuten presentada a la designacioacuten provisional de Abogado y lo comunicaraacute al Colegio de Procuradores para que dentro de los 3 diacuteas siguientes se designe Procurador si su intervencioacuten fuera preceptiva Si estima que no cumple o que la pretensioacuten carece de fundamento lo comunicaraacute al solicitante en 5 diacuteas y al mismo tiempo trasladaraacute la solicitud a la CAJG para que eacutesta resuelva
Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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Si resuelve la CAJG eacutesta dictaraacute resolucioacuten que reconozca o deniegue el BJG en el plazo maacuteximo de 30 diacuteas Si estima la solicitud estableceraacute las prestaciones que integran el BJG Si desestima la solicitud las designaciones realizadas previamente por los Colegios profeshysionales quedan sin efecto Si la CAJG no dicta dicha resolucioacuten se entenderaacute estimada por lo que si hubiera designado Abogado y Procurador la designacioacuten quedaraacute confirmada y si el Colegio no hubiera adoptado decisioacuten el Juez o Tribunal que conozca del proceso requeshyriraacute de los Colegios profesionales la designacioacuten de Abogado y Procurador Las resolucioshynes de las CAJG que reconozcan o denieguen el BGJ podraacuten ser impugnadas mediante escrito motivado que se presentaraacute en la Secretariacutea de la correspondiente CAJG en el plazo de 5 diacuteas Seraacute competente para resolver el recurso el Juez o Tribunal que conozca del litigio o el oacutergano judicial a quien corresponderiacutea conocer sin posibilidad de posterior recurso
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