Derechos Humanos y Constitución (Benito de Castro Cid)

7/26/2019 Derechos Humanos y Constitucin (Benito de Castro Cid)

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DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIN

(Reflexiones sobre el Ttulo I de la Constitucin

espaola de 1978)

Por BENITO DE CASTRO CID

CONSIDER CIONES PRELIMIN RES

En septiembre del ao 1975, Luis Echevarra, entonces Presidente de la

Repblica de Mxico, peda con toda solemnidad ante la Asamblea General

de las Naciones Unidas que se adoptase la decisin de expulsar a Espaa de

la Organizacin, en base al continuado desconocimiento y conculcacin de

los derechos humanos por parte del Gobierno del general Franco. En junio

de 1979 el Gobierno espaol da instrucciones concretas a su embajador en

Managua para que inste al Gobierno del general Somoza a que ponga fin a

las incesantes y sangrientas conculcaciones de los derechos humanos en

Nicaragua.

Qu ha ocurrido en Espaa entre esas dos fechas tan prximas para que

haya sido posible que su Gobierno, directo acusado de ayer, tenga hoy la fuer-

za moral imprescindible para actuar como denunciante y acusador? Algo re-

lativamente sencillo: que el rgimen poltico espaol ha conquistado su pro-

pia legitimacin internacional en el curso de esos breves cuatro aos que

median entre septiembre de 1975 y junio de 1979. Una legitimacin que ha

llegado, como viene ocurriendo ya con inquebrantable regularidad en casi

todos los pases del mundo, por el camino que lleva a la democracia a travs

del pleno reconocimiento y aceptacin de los derechos humanos (1).

(1) Esta larga, paralela y sincrnica marcha de Espaa hacia los derechos hum a-

nos y la democracia ha quedado jalonada por varios hitos significativos:

23 julio 1976:

El Consejo de Ministros da au torizacin al M inisterio de Asun-

tos Exteriores para la firma de los dos Pactos internacionales ms importantes en el

terreno de los derechos humanos: el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polti-

121

Revista de Estudios Polticos (Nueva poca)

Nm. 18, Noviembre-Diciembre 1980


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BENITO DE CASTRO CID

Los derechos del hombre han actuado, pues, una vez ms su originaria

virtualidad modlica para el enjuiciamiento de los sistemas de organizacin

de la vida social y poltica. Ya en 1789 los revolucionarios franceses, posedos

por una histrica indignacin y por un ilusionado optimismo, afirmaban que

la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las

nicas causas de los males pblicos y de la corrupcin de los Gobier-

nos... (2). Y casi doscientos aos ms tarde, tal vez como un eco, la Asam-

blea General de las Naciones Unidas reconoci tambin que el desconoci-

miento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad (3). Por eso, pro-

clam la Declaracin Universal de Derechos Humanos, considerando que

la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimien-

to de la dignidad intrnseca y de los derechos iguales e inalienables de todos

los miembros de la familia humana (4).

No es de extraar, por tanto, que el respeto a los derechos del hombre

eo s

y el

Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales,

procla-

mados ambos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre

de 1966.

28 septiembre 1976:

El ministro espaol de Asuntos Exteriores deposita en la

sede de las Naciones Unidas la firma de estos dos Pactos. En su discurso, el ministro

espaol, seor Oreja Aguirre, insiste en poner de relieve que el acto es prueba de

una inequvoca voluntad del Gobierno espaol de instaurar de inmediato un sistema

poltico radicalmente democrtico y justo.

13 abril 1977: El Estado espaol, mediante el acto formal de su firma por el

Rey, aprueba y ratifica los Pactos internacionales de 1966.

27 abril 1977:

El Presidente del Gobierno espaol deposita en la Sede de las

Naciones Unidas los documentos de ratificacin de los citados Pactos, aclo con el

que se confirma la plena aceptacin de los mismos por parte de Espaa.

27 julio 1977:

Entran en vigor para Espaa, siendo ya por consiguiente de plena

aplicacin y vigencia, el

Pacto Internacional de Derechos Civiles

y

Polticos

y el

Pacto

Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.

30 diciembre 1978: Entra en vigor la nueva Constitucin espaola, al ser publi-

cada en el

Boletn Oficial del Estado,

tras su aprobacin por el pueblo espaol en

referndum del da 6 de diciembre y tras su firma y promulgacin por el Rey el

da 27 del mismo mes. Esta Constitucin, resultado e instrumento del proyecto nacio-

nal de democratizacin, incorpora los derechos fundamentales de la persona humana

como uno de los pilares bsicos de sustentacin.

(2)

Prembulo

de la

Declaracin de los Derechos del Hombre

y

del Ciuda-

dano, 1789.

(3) Prra fo segundo del

Prembulo

de la

Declaracin Universal de Derechos Hu-

manos,

1948.

(4) Prra fo primero del Prembulo de la Declaracin Universal de Derechos Hu-

manos,

1948.

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DERECHOS HUMANOS

Y

CONSTITUCIN

haya alcanzado en laactualidad tan decisiva significacin sociopoltica,que

ha llegadoaconstituirseen unaespeciedefrontera inequvoca entrelademo-

craciay el totalitarismo 5). Hoy, los derechos humanos, en cuanto cdigo

elemental

de la

verdadera tica universal

de

nuestro tiempo

6),

estn actuan-

docon toda evidencia comoun signo autosuficiente de contraste, comoun

criterio transparentedelegitimacin delejerciciodel poder, cuya eficaciaes

generalmente aceptada tantoen elplanode ladoctrina comoen el de la pra-

xis poltica nacionalointernacional.

El reciente proceso regeneradordel rgimen poltico espaolse habenefi-

ciado sin duda ampliamente de esta eficacia justificadora de los derechos

humanos.Ya M. Oreja Aguirre, ministrode Asuntos Exteriores, lorecono-

ci explcita

y

enfticamente

en el

discurso

que

pronunci

el 28 de

septiembre

de 1976 en la sedede las Naciones Unidas conocasin de la firma de los

Pactosde 1966 7),insistiendoenponerderelieveque elactode lafirmaera

prueba de una inequvoca voluntad del Gobierno espaol de instaurar de

inmediatoun sistema poltico radicalmente democrticoy justo. Consecuen-

temente,laLeypara lareforma poltica 8)asumeladefensade losderechos

fundamentales

de la

persona como

uno de los

pilares

o

principios organizati-

vos bsicos

del

nuevo Estado,

al

proclamar

en su

artculo

1. que

los dere-

chos fundamentales

de la

persona

son

inviolables

y

vinculan

a

todos

los r-

ganos

del

Estado. Asimismo,

la

lucha

por los

derechos humanos

fue

incor-

porada comouno de los objetivos prioritariosa losprogramas electoralesde

la gran mayoradeagrupacionesopartidosquetomaron parteen lacontienda

poltica,de talmodoquellegaronaconvertirseen unpuntodeconvergencia,

(5) Dos hechos bastante llamativos de la vida internacional bastarn para confir-

mar esta funcin discriminadora de los derechos humanos. En 1969, a raz de la im-

plantacin del llamado rgimen de los coroneles, Grecia es expulsada del Consejo

de Europa. Causa?

La de

haberse podido apreciar

en su

vida pblica abundantes

violacionesde los derechos humanos. En 1977lleg a desarrollarse un tremendo y ti-

rante forcejeo entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Gobierno

del general Pinochet. Motivo? La reiterada existencia dedenuncias de que las medi-

das de represin adoptadas en Chile tras el derrocamiento del rgimen de Salvador

Allende constituan graves atentados contra la Carta de los Derechos Humanos.

6) Un cdigo que es quiz en frase de E.

GARCA

DE

ENTERRA

y T. R.

FERNN-

DEZ el ltimo residuo tico irreductiblede unacivilizacin ms bien desmitificadora,

si no nihilista:

Curso de Derecho Administrativo,

I, 3.*ed ic , Ed it. Civitas, M adrid,

1980, pg. 86.

(7) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y Pacto Internacional de

Derechos Econmicos, Socialesy Culturales.

(8)

Ley

1/1977, de 4 de enero,

para la Reforma Poltica (BOE

del 5 de enero

de 1977).

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BENITO DE CASTROCID

en algo as como un cmodo lugar de reunin, de las ms diversas y contra-

puestas opciones polticas.

Nada tiene de extrao, por tanto, que a la hora de la pugna por la plas-

macin en el texto constitucional de los idearios propios de cada tendencia,

se registrase una fcil coincidencia en la atribucin a los derechos humanos

del rango de principio fundamental del sistema jurdico-poltico estructurado

en la Constitucin de 1978 (9). Y no ha de extraar tampoco, en consecuen-

cia, que se lograse un estatuto de los derechos fundamentales bastante

aceptable.

Ah est, pues, la Constitucin con su amplio reconocimiento de los de-

rechos fundamentales de la persona humana. Sin embargo, lo importante y

verdaderamente decisivo es la aplicacin de esas diversas normas de procla-

macin y garanta. Y tal aplicacin comporta mltiples problemas tericos y

prcticos...

1 EL

SUBSTRATO IDEOLGICO

DE L

TITULO

I

Los trabajos de la Comisin preparatoria de la Declaracin Universal de

1948 llevaron a sus miembros a la conclusin de que, si bien era posible lo-

grar un acuerdo bsico en cuanto a los derechos que deban ser proclamados,

se haca radicalmente inviable encontrar un punto comn de convergencia

sobre su fundamentacin terica, puesto que tal fundamentacin vena pre-

determinada por el sistema de valores filosficos, polticos, religiosos, eco-

nmicos y culturales sobre los que se asentaba la identidad histrica de cada

uno de los pueblos miembros de la Organizacin de Naciones Unidas (10).

Asimismo, dentro ya de una perspectiva terica, no se ha dudado en califi-

car de impertinente la pregunta misma por un posible fundamento absoluto

de los derechos humanos (11).

Sin embargo, esta pretensin de descubrir un sistema de principios ticos

(9) As se establece en el articu lo 10.1 : La dignidad de la perso na, los derechos

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a

la ley y a los derechos de los dems son fundamento del orden poltico y de la paz

social.

(10) Vase Las bases de un a declaracin internaciona l de derechos del homb re

(por la Comisin de la Unesco sobre las Bases Tericas de los Derechos del Hom-

bre), en Los Derechos del Hombre, Fondo de Cultura Econmica, Mxico-Buenos

Aires, 1949, pgs. 233-246.

(11) As lo hace, po r ejemplo, N.

BOBBIO:

L'illusion du fondement absolu, en

Le fondemen t des droits de l hom me

(Actes des antretiens de L'Aquila, 14-19 septiem-

bre 1964), La Nuova Italia, Firenze, 1966, pgs. 3-9.

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que sirva de apoyo natural y de justificacin racional inalterable a los dere-

chos humanos ha llegado a constituir una especie de obsesin colectiva den-

tro de la copiosa elaboracin doctrinal del tema. Es obvio, no obstante, que,

opciones afectivas aparte, esa pretensin es realmente inalcanzable, ya que

las Declaraciones de Derechos han sido siempre, y seguirn sindolo, el pro-

ducto convergente de unos concretos proyectos organizativos surgidos dentro

de un determinado marco histrico-cultural. Lo nico ciertamente posible,

en todo caso, ser el descubrimiento del sistema valorativo que subyace a cada

una de las Declaraciones.

Desde que los padres de la independencia de los Estados Unidos de Am-

rica del Norte proclamaron el da 4 de julio de 1776 que todos los hom-

bres son creados iguales y que son dotados por su Creador de ciertos de-

rechos inalienables, la raz y fundamento de los derechos humanos ha ido

pasando de las manos de este Dios creador a las de la naturaleza racional del

hombre, y de stas a las del Estado soberano, para volver finalmente, final-

mente por ahora, a las de la dignidad de la persona humana, una dignidad

entendida, por cierto, de forma bastante difusa y dispersa. Cul de estos

diversos paraguas ideolgicos sirve de cobijo a la Constitucin espaola

de 1978?

Una gran mayora de los comentaristas que se han ocupado hasta ahora

de responder a esta pregunta han llegado a encontrar una filiacin yusnatu-

ralista ms o menos clara y ms o menos fiel a la tradicin liberal (12). No

han faltado, sin embargo, tampoco voces discrepantes, voces incluso airada

y reiteradamente discrepantes (13), que niegan a la Constitucin cualquier

tipo de vinculacin excluyente o predominante con el liberalismo clsico

y con el yusnaturalismo tradicional. Y ni que decir tiene que ambas posiciones

(12) As lo hacen, po r ejemplo, J. LALINDE ABADA (Ubicacin histrica de la

Constitucin de 1978, en

Estudios sobre la Constitucin espaola de 1978,

edicin

prep arada por M. Ram rez, Universidad de Z aragoza, 1979, pgs. 14 y 24), J. J. G I L

CREMADES (Las ideologas en la Constitucin espaola de 1978, dem, dem, pgi-

na 83), F. GALINDO AYUDA (La fundamentacin filosfica de los derechos fundamen-

tales en la Constitucin espaola de 1978, dem, dem, pgs. 102-106) y E. GARCADE

ENTERRA y T. R. FERNNDEZ (Curso de Derecho Administrativo, I, cit., pg . 116).

(13) Com o la del socialista G. PECES-BARBA MARTNEZ en La nueva Constitucin

espaola desde la filosofa del Derecho

(Documentacin Administrativa,

nm. 180,

extraordinario, octubre-diciembre 1978, pgs. 26-32) o en su libro

Libertad, poder, so-

cialismo, Edit. Civitas, Madrid, 1978, pgs. 173-179. El rechazo general del yusnatura-

lismo por parte del profesor

PECES-BARBA MARTNEZ

es, por lo dems, constante, lo

que no impide que en sus escritos puedan encontrarse abundantes elementos de lo

que podra calificarse como yusnaturalismo vcrgozante o criptoyusnaturalismo. Puede

verse, a este respecto, su libro anteriormente citado, en las pginas 181-185 y 193-208.

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B E NI T O DE CAS T RO CI D

logran fundamentar su interpretacin en datos o indicios proporcionados

por la propia Constitucin...

Sea cual sea la actitud que se adopte ante la capacidad de conviccin de

cada una de estas dos opciones, se ha de comenzar reconociendo que la Cons-

titucin no explcita en ningn momento el fundamento terico de los dere-

chos humanos que reconoce. Tampoco parece adherirse a ningn tipo de

filosofa jurdico-poltica definida, sino que ms bien da la impresin de es-

tar cruzando continuamente las fronteras que separan a las posibles ideolo-

gas enfrentadas (14). Por ello, parece razonable llegar a la conclusin

de que la pugna yusnaturalismo-positivismo o la contraposicin liberalismo-

socialismo no son precisamente las claves ms adecuadas para una lectura

profunda de nuestra Constitucin, por lo menos en este tema concreto del

que nos estamos ocupando. Creo que, si queremos encontrar una respuesta

satisfactoria a la pregunta por el substrato ideolgico de los derechos fun-

damentales proclamados en nuestra actual Constitucin, no podemos acudir

a esquemas tericos aprorsticos, sino que debemos atenernos honestamen-

te a las concretas condiciones histricas en que esta Constitucin se ha

gestado.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la Constitucin espaola

de 1978 cae plenamente dentro de la zona de influencia de esa poderosa

onda expansiva del pensamiento jurdico-poltico que se gest en la gran

crisis de la segunda guerra mundial. Y, si bien es cierto que dicha onda

ha sido reiterativamente calificada como amplio renacimiento yusnatura-

lista por numerosos autores, sin embargo, parece claro que esa etiqueta

resulta prematura y desproporcionada. En efecto, este movimiento, carac-

terizado ante todo por la defensa de la persona humana frente a las extra-

limitaciones del poder estatal, es la cspide de una amplia y compleja acti-

tud que con toda evidencia puede calificarse de humanista, pero que yo no

me atrevera a inscribir con apellidos propiamente yusnaturalistas.

En segundo lugar, no puede olvidarse que esta Constitucin naci feliz-

mente bajo el gran designio de no ser una Constitucin partidista o facciosa,

y que, en consecuencia, ha sido elaborada conjuntamente por las opciones

sociopolticas ms representativas del pas, de tal modo que en ella han

quedado recogidas, al menos, aquellas aspiraciones o exigencias que cada

grupo de poder consider como irrenunciables. Esta premisa no puede lle-

varnos ms que a una sola conclusin: la de que el estatuto de los derechos

(14) Fen me no que resulta, po r lo dems, perfectamente lgico, si se piensa en

el clima de convergencia, consenso o componenda en que fue redactndose todo el

texto constitucional.

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fundamentales no responden al yusnaturalismo o al positivismo, al libera-

lismo o al socialismo, sino a un humanismo suprapositivo y transideolgico,

a un humanismo plural de convergencia, en el que se han ido acumulando,

gracias a un largo proceso de osmosis histrica, elementos de muy distintas

procedencias: yusnaturalismo religioso, liberalismo racionalista, socialismo

utpico, marxismo... Un humanismo en definitiva que es al mismo tiempo

socialista, liberal, cristiano y marxista.

Este es, me parece, el fundamento o substrato ideolgico de nuestra actual

Constitucin; un fundamento acorde sin duda con el evidente pluralismo

tico en el que se encuentra la sociedad espaola de hoy. Y ste es tambin

el fundamento del cdigo de los derechos fundamentales.

2

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS

Cules son los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucin,

y cul es el camino o mtodo seguido en ese reconocimiento?

Al hacerme esta pregunta, no pretendo realizar un recuento minucioso,

simple y montono de los diversos derechos, siguiendo el hilo de los artcu-

los en que tales derechos se proclaman. Lo nico que intento es la identi-

ficacin de aquellas directrices elementales que parecen haber guiado al

constituyente espaol en la positivacin de los derechos humanos, precisan-

do, al mismo tiempo, el modelo o modelos de reconocimiento plasmados en

nuestra Constitucin.

Si desviamos un momento la mirada del texto constitucional espaol y

la proyectamos sobre la evolucin histrica general de las declaraciones

de derechos, observaremos que esa evolucin ha avanzado ininterrumpida-

mente en el sentido de una progresiva ampliacin del nmero y de los tipos

de derechos reconocidos. Y esto como resultado de esa constante e inevi-

table presin que el sistema de condiciones de la vida social de los pueblos

ha ido poniendo a cada uno de los procesos de constitucionalizacin de los

derechos humanos.

No podemos olvidar que, como la Constitucin y dentro de la Consti-

tucin, las declaraciones de derechos han actuado siempre como instrumen-

tos de consolidacin de un modelo poltico en el que el hombre, en su vida

individual o de grupo, ha de encontrar reconocida y protegida su dignidad

en todos aquellos mbitos o dimensiones de actuacin que la concreta con-

ciencia tica de cada pueblo ha llegado a reconocer como especialmente

importantes. Este juicio vendr determinado en cada caso, y esto es obvio,

por el cmulo de circunstancias histricas, especialmente las filosficas, po-

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lticas, religiosas, econmicas y culturales, que est gravitando en cada mo-

mento sobre el sistema social del pas en cuestin. Tales circunstancias cam-

bian, y a veces rpida y profundamente, cambiando en consecuencia tam-

bin el signo y el contenido de las constituciones y de las declaraciones

de derechos, lo que permite afirmar con la suave irona de K. Loewenstein,

que las constituciones tienen en comn con los vestidos femeninos, el es-

tar sometidas a la moda de su tiempo.

Es evidente que, desde la etapa revolucionaria de fines del siglo xvm

hasta hoy, se han producido profundas alteraciones en todas las circuns-

tancias de la vida colectiva, y, por supuesto, tambin en todas aquellas que

inciden ms directamente sobre la posicin que se asigna a la persona hu-

mana dentro del esquema de las relaciones sociales y polticas.

Una diferencia notable es la que se refiere al nmero y a la identidad

de los enemigos reconocidos del hombre como ciudadano. Hoy se ha lle-

gado a la conviccin de que la dignidad y la libertad de los hombres no se

ven amenazadas ya tanto por el poder absoluto del Estado, por los privile-

gios estamentales o por la discriminacin de las organizaciones gremiales...,

cuanto por los poderes privados surgidos en el libre ejercicio de la libertad

econmica y poltica, e incluso por los rganos a travs de los que se haba

canalizado el ejercicio de la soberana popular. Se ha producido en este as-

pecto una profunda y amplia transformacin de perspectivas. O tal vez se haya

tratado solamente de un simple desplazamiento del horizonte lmite. Pero en

todo caso, lo que s es evidente es que en la actual sociedad de masas, fuerte-

mente industrializada y mecanizada, frreamente organizada, la libertad y la

seguridad de los ciudadanos ya no podr alcanzarse a travs de garantas ju-

rdico-formales que les protejan de las intromisiones del poder estatal. Si

tales garantas fueron alguna vez capaces de proteger suficientemente la li-

bertad individual en una sociedad en que la iniciativa del individuo no estaba

confinada en organizaciones gigantescas (15), en la actualidad tales garantas

resultan radicalmente insuficientes y debern completarse con amplios dispo-

sitivos de organizacin social (16).

La lnea de constitucionalizacin de los derechos humanos, impulsada,

pues,

por la presin de las cambiantes condiciones polticas, sociales y cul-

turales, ha sido siempre fiel a la tendencia de incluir en las Declaraciones

nuevos mbitos de actuacin del hombre y nuevos mecanismos de protec-

cin. Pero esta lnea ha sido sinuosa, alterada por continuos avances, retroce-

(15) La historia pare ce hab er demos trado ya hasta la saciedad que tal capacidad

era ficticia.

(16) Vase F . AYALA: Hoy ya es ayer, Ed. Moneda y Crdito, Madrid, 1972, p-

ginas 164-165.

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D E R E C H O S H U M A N O S Y C O N S T I T U C I N

sos y cambios de rumbo, en funcin de los intereses de aquellos centros de

decisin que imponan en cada caso el signo de la organizacin poltica. No

en vano la determinacin concreta de los derechos que han de ser proclama-

dos y protegidos, es decir, la seleccin de las exigencias o aspiraciones so-

ciales que van a ser elevadas al rango de derechos fundamentales, es una

decisin cargada de significacin poltica, ya que tales derechos, no slo

actuarn como mecanismos de proteccin de los individuos y de los grupos,

sino tambin como principios informadores de la estructura poltica de la

sociedad.

Esa lnea sinuosa y quebradiza marca, sin embargo, ciertas inflexiones

constantes a travs de las que llegan a manifestarse las principales vicisitu-

des por las que ha pasado la dinmica de constitucionalizacin de los dere-

chos humanos y las actitudes en que esa dinmica ha llegado a consolidarse.

Superado el momento inicial de las declaraciones-programa, es decir, de

aquellas declaraciones en que se proclaman casi exclusivamente los grandes

derechos o principios organizativos sin que se pase apenas a su desarrollo o

aplicacin concreta (17), las Constituciones adoptan generalmente el modelo

de

declaraciones catlogo

o declaraciones en las que se recoge un elenco por-

menorizado de derechos concretos (18). Ahora bien, dentro de este mismo

(17) Ha n de incluirse en este tipo de declaraciones program ticas tanto la Decla-

racin de independencia de Estados Unidos (4 de julio de 1776), con su proclamacin

de que mantenemos como verdades evidentes, que todos los hombres nacen iguales;

que su Creador les atribuye determinados derechos inalienables, entre los que se cuen-

tan la vida, la libertad y la busca de la felicidad, como la Declaracin de Derechos

del Buen Pueblo de Virginia

(12 de junio de 1776), que afirma solemnemente que

todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen

ciertos derechos innatos, de los que cuando entran en estado de sociedad, no pueden pri-

var o desposeer a su posterioridad por ningn pacto, a saber: el goce de la vida y de la

libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar u obtener la

felicidad y la seguridad, la

Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

de 1789, incorporada por la Constitucin francesa de 3 de septiembre de 1791, en cuyo

artculo 2. se recoge el principio de que la meta de toda asociacin poltica es la

conservacin de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; estos derechos

son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresin, o la Decla-

racin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

incluida en la

Constitucin

fran-

cesa de 24 de junio de 1793 (que no lleg a entrar en vigor), cuyos dos primeros artcu-

los establecan que la meta de la sociedad es la felicidad comn; el gobierno est

instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescripti-

bles y que estos derechos son: la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad.

(18) Las

declaraciones-catlogo

mantienen con relativa frecuencia el planteamiento

inicial tpico de las

declaraciones-programa,

haciendo una proclamacin esquemtica

solemne de principio, aunque aadan de inmediato la enumeracin detallada de de-

rechos.

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modelo, se dan profundas diferencias entre unas declaraciones y otras en

cuanto al nmero de derechos reconocidos, pues mientras que unas recogen

un elenco extremadamente reducido (como nuestra Constitucin de Cdiz,

por ejemplo), otras proclaman una lista casi completa y exhaustiva (tal como

hace la Constitucin portuguesa de 1976). Debe hablarse, pues, desde este

punto de vista, de declaraciones extensasy de declaracionesreducidas.

Asimismo, y atendiendo al tipo o especie de los derechos proclamados, se

comprueba que el proceso de constitucionalizacin de los derechos humanos

ha originado tres modelos fundamentales, modelos que responden a las tres

fases ms importantes de evolucin por las que ha pasado ese proceso.

Hay un primer modelo de declaraciones en las que predomina la procla-

macin de los derechos civiles, entendidos como derechos naturales de raz

presocial y carcter abstracto y absoluto. El segundo modelo se define por

ampliar el reconocimiento de los derechos civiles tradicionales a un nmero

cada vez mayor de derechos polticos, y por enfocarlos a ambos desde la

perspectiva de los derechos pblicos subjetivos, es decir, por interpretarlos

como derechos que el Estado reconoce a sus ciudadanos y cuyo ejercicio se

compromete a garantizar. El tercer modelo es el de la incorporacin progre-

siva de los derechos econmicos, sociales y culturales, aceptados como exi-

gencias de los individuos y de los grupos que la sociedad y el Estado habrn

de satisfacer con sus prestaciones (19).

Esta contraposicin entre declaraciones pro grama y declaraciones-catlogo tiene

una cierta relacin con el tema de los sistemas de positivacin de los derechos funda-

mentales, tal como lo plantean A. E. PREZ LUO (en el volumen colectivo

Los Dere-

chos Humanos. Significacin, estatuto jurdico y sistema. Publicaciones de la Universi-

dad de Sevilla, 1979, pgs. 188-192), E. VON HIPPEL (en Grenzen und Wessensgehalt

der Grundrechte,

Duncker & Humblot, Berln, 1965, pgs. 50-53) o G. DIETEZE (en

ber Formulierung der Meitschenrechte,

Dun cker & H um blot, Berln, 1956, pgs. 42-44).

Sin embargo, aqu no cabe hablar de un tercer tipo intermedio o mixto, puesto que,

aunque, sobre todo en la actualidad, no es infrecuente el caso de que las Constitucio-

nes combinen una primera proclamacin muy general y programtica de los derechos

con un reconocimiento posterior amplio, tal como se ha sealado en el inicio de esta

nota, tales Constituciones se inscriben evidentemente en el modelo de Declaraciones-

catlogo.

(19) N o se recoge aqu, por exceder de los lmites del planteamiento, la imp ortan-

te distincin de planos o niveles en que se ha desarrollado el proceso de reconoci-

miento de los derechos humanos y que separa la lnea intranacional de la lnea extra

o supranacional. A su vez, dentro de sta puede distinguirse entre el mbito regional

y el mbito universal. Asimismo, y desde otro punto de vista, dentro de la lnea supra-

nacional, conviene distinguir entre las simples proclamaciones (la

Declaracin Universal

de 194B, por ejemplo) y los reconocimientos contractuales (como la

Convencin

europea de 1950, junto con sus sucesivos Protocolos, la Carta Social europea de 1961,

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A cul o cules de estos modelos responde la declaracin de derechos

fundamentales consagrada en el Ttulo I de la Constitucin espaola de

1978?

Si tenemos en cuenta el concreto momento histrico de su gnesis, y sa-

biendo asimismo que la actual Constitucin s ha logrado ser fiel al espritu

de su tiempo, podemos concluir que dicha declaracin se adscribe desde todos

los puntos de vista, o por lo menos desde casi todos, al estilo que predomina

hoy dentro del mbito europeo, participando los rasgos caractersticos ms

importantes de aquellas Constituciones consideradas generalmente como ms

completas y avanzadas en esta materia. Es, pues, una

declaracin catlogo

y

es una declaracin extensa,puesto que en ella se proclaman detallada e indi-

vidualizadamente casi todos los diversos derechos concretos que pueden

identificarse hoy en el panorama total del reconocimiento intra y supranacio-

nal. Tan extensa es la declaracin espaola de los derechos fundamentales

que se ha llegado a descubrir en ella una cierta dolencia de revanchismo

constitucionalista (20) o inflacionismo constituyente manifestada en la

constitucionalizacin de varios principios o garantas que, bien por no ser

bsicos, bien por no ser universalizables, parecan materia ms propia de una

legislacin ordinaria.

Es, adems, una declaracin completa, ya que recoge con amplitud tanto

los tradicionales derechos civiles y polticos como los nuevos derechos eco-

nmicos, sociales y culturales (21), aunque, es cierto, ni concede a todos el

mismo valor jurdico, ni los cubre con el mismo grado de proteccin. Y es,

finalmente, una proclamacin solemne, expresa y directa; una proclamacin

o los Pactos Internacionales de 1966). Y tambin cabra distinguir entre la lnea de

reconocimiento y la lnea de la proteccin jurisdiccional.

(20) Acusacin de que se hace eco O. ALZACA VILLAAMIL en La Constitucin espa-

ola de 1978 (Comentario sistemtico),

Edic. del Foro, Madrid, 1978, pg. 150.

(21) Au nque yo he prop ugn ado en otro lugar (en el volum en colectivo

Los Dere-

chos Humanos. Significacin, estatuto jurdico y sistema,

cit., pgs. 119-147), por razones

estricta y rigurosamente terico-sistemticas, otro tipo de clasificacin de los derechos

del hombre, creo que esta clasificacin tradicional resulta aqu mucho ms operativa.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no parece fcil determinar la tipolo-

ga bsica de los derechos proclamados por nuestra Constitucin, como lo confir-

man las vacilaciones de un estudioso del tema tan autorizado y tan destacado por

su directa participacin en la redaccin del texto constitucional, y en especial del

Ttulo relativo a los derechos fundamentales, como es el profesor G. PECES-BARBA

MARTNEZ. Este autor contrapone a veces solamente dos grandes grupos de derechos,

los de libertad y los de igualdad (como en

La nueva Constitucin espaola desde la

Filosofa del Derecho, cit., pgs. 40-41), y, a veces, distingue tres: los personalsimos,

los econmico-sociales y los de sociedad (como en la conferencia sobre La Constitu-

cin y los Derechos Humanos pronunciada en Madrid el da 8 de febrero de 1980).

131


12/31


que establece incluso de forma derivativa el principio de que el nmero de

los derechos fundamentales del ordenamiento jurdico espaol no se cierra

con el ltimo derecho reconocido explcitamente en el Ttulo I, sino que puede

integrarse ampliamente por la va de los tratados, convenciones o pactos

internacionales (22).

3 CRITICA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

Estamos, pues, en conclusin, ante un sistema de reconocimiento de los

derechos fundamentales que es solemne y expreso, que es completo y que

es abierto. Estamos ante la declaracin de derechos ms progresiva de la his-

toria del constitucionalismo espaol, y ante una de las ms progresivas den-

tro del panorama del constitucionalismo universal.

Y, sin embargo, yo he de confesar que la impresin que me produce la

sistematizacin constitucional de los derechos fundamentales es bastante

deprimente. Por qu? Lo dir brevemente con una frase un tanto paradjica,

pero significativa: porque la primordial caracterstica del sistema de los dere-

chos fundamentales establecido por la actual Constitucin espaola es preci-

samente la de una carencia casi absoluta de sistematizacin.

Soy, desde luego, consciente de que un texto constitucional no es un ma-

nual de teora del Derecho y del Estado. Pero pienso tambin que la Cons-

titucin debe incorporar hasta la medida de lo posible un cierto orden y una

cierta claridad sistemtica; y pienso, sobre todo, que es siempre necesario

contrastar la regulacin de la Constitucin, que es una realidad constitutiva-

mente jurdico-poltica, con los criterios lgicos de las ciencias jurdicas.

Ha de reconocerse, por supuesto, que el estatuto de derechos fundamen-

tales plasmado en nuestra Constitucin de 1978 ha tenido que ser desarrollado

conforme a algn criterio o criterios de ordenacin. Abrigo, sin embargo, la

sospecha de que el gran factor determinante de la concreta agrupacin y or-

denacin de los derechos reconocidos ha sido precisamente la carencia de

un criterio unitario, coherente y cientficamente aceptable. Y esto tena que

conducir de forma inevitable a un resultado catico y desorientador.

En un reciente libro colectivo sobre los derechos humanos editado por la

(22) De hech o, hay ya en la prop ia Constitucin varios derechos extravagantes,

derechos reconocidos fuera del mbito del Ttulo I, como el

derecho a la autonoma

(artculo 2), el derecho a usar el castellano (artculo 3.1) o el derecho a ser indemni-

zado (artculo 106.2).

132


13/31

D E R E C H O S H U M A N O S Y C O N S T I T U C I N

Universidad de Sevilla (23), he propugnado un sistema de ordenacin o clasifi-

cacin de los mismos rigurosamente sistemtico y rigurosamente coherente,

basndome en el elemento ms definitivo y caracterstico de los derechos,

que es, en mi opinin, su propio contenido. No voy a caer en el despropsito

de mantener ahora la pretensin de que se hubiese sido un modelo adecuado

para la sistemtica de la Constitucin. Al contrario, considero ms bien que

ese tipo de modelos doctrinales no resulta funcional dentro de la peculiar

dinmica de los textos normativos positivos. Y pienso, por tanto, que dichos

modelos no son inmediatamente trasplantabas a las declaraciones cons-

titucionales.

Sin embargo, existen modelos de ordenacin ya contrastados, modelos

que son seguramente insatisfactorios desde el estricto punto de vista terico,

pero que han logrado ser incorporados en varias Declaraciones de Derechos

y que han conquistado incluso una amplia aceptacin doctrinal. Tal es el caso,

el conocido caso, de esa reconocidsima ordenacin o clasificacin tripartita

de derechos civiles, derechos po lticosyderechos econmicos, sociales y cul-

turales.Parece, no obstante, que nuestros constituyentes no consideraron opor-

tuno asumir ese criterio de ordenacin aceptado ya, a despecho de todos sus

posibles inconvenientes, por la Constitucin espaola de 1931, por la italiana

de 1948, por la francesa de 1958, por la portuguesa de 1976 y por la rusa de

1977,y, dentro del plano internacional, por laDeclaracin Universalde 1948,

por la Convencin europea de 1950, por la Carta Social europea de

1961,por elPacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos,por elPacto

Internacionalde Derechos Econ micos, Sociales y Culturales,ambos de 1966,

y por la Convencin Americana sobre Derechos Hum anos de 1970. En cam-

bio, optaron por un principio ordenador demasiado elstico y demasiado

ambiguo, de tal modo que sus resultados se han hecho difcilmente acepta-

bles.

Qu principio o criterio ordenador es se?

En una primera aproximacin, puede constatarse la existencia de tres

grandes bloques perfectamente difereciados dentro del Ttulo I: un amplsimo

primer bloque, que incluye los Captulos I, II y m , con los artculos 10 a 52,

en el que se proclaman los derechos; un breve segundo bloque, que incluye

el Captulo IV, con los artculos 53 y 54, dedicado a las garantas de los

derechos proclamados anteriormente; y un brevsimo tercer bloque regulador

de la suspensin de los derechos y libertades, integrado por el Captulo V, con

su nico artculo 55.

Parece, y me alegro de poder reconocerlo, que la secuencia de estos tres

(23)

Los Derechos Humanos. Significacin, estatuto jurdico y sistema,

segn la

cita de la nota 21.

133


14/31


grandes bloques responde a una lgica interna bastante aceptable. Parece

asimismo que no pueden oponerse objeciones serias a la simple estructura in-

terna de los dos ltimos bloques. Las dificultades surgen cuando uno intenta

adentrarse en la complejidad del bloque primero, puesto que la estructuracin

de este bloque rompe con todos los habituales criterios ordenadores de ca-

rcter sistemtico o sistemtico-cronolgico, para adaptarse a un singular

principio de ordenacin, que es inmediatamente jurisdiccional y cuya clave

se encuentra en el artculo 53, pero cuyas races o fundamento entroncan en

motivaciones estrictamente polticas y coyunturales (24).

En efecto, si prescindimos del artculo 10, justamente colocado, habida

cuenta de su extravagante contenido, en el umbral del Ttulo, es decir en

tierra de nadie, y, si prescindimos del Captulo I, cuya regulacin es casi to-

talmente ajena al tema de los derechos fundamentales, podremos identificar

tres grandes grupos de derechos: los que se recogen en la Seccin 1.

a

del

Captulo II, los que integran la Seccin 2.

a

de ese mismo Captulo, y los

proclamados en el Captulo III. Ahora bien, cul es el motivo capaz de ex-

plicar la inclusin de cada uno de los derechos en cada uno de los grupos: el

carcter d e los mismos, la etapa de su aparicin, la naturaleza o contenido del

mbito de la dignidad humana que protegen...?

No. Ninguno de estos criterios generalmente aceptados puede dar razn

de la peculiar sistemtica seguida por nuestra Constitucin. La nica explica-

cin admisible parece ser la que acepta como clave de distincin la impor-

tancia atribuida a cada uno de los derechos, importancia determinada en

funcin de preferencias o imperativos derivados de los peculiares condiciona-

mientos polticos que convergan sobre la sociedad espaola durante la etapa

constituyente y pre-constituyente. Y esto es as a pesar y por encima de la

innegable proyeccin ordenadora del artculo 53, ya que dicha proyeccin

no es ms que un instrumento jurdico al servicio de objetivos desnudamente

polticos.

Nadie puede extraarse, por tanto, ante una sistematizacin construida

sobre un principio tan frgil y aleatorio como ste, si tiene que encontrarse

con incoherencias frecuentes y flagrantes. Por mi parte, no tengo la intencin

de bosquejar aqu una especie de retablo de los despropsitos a partir del

recuento de tales incoherencias; har mencin solamente de algunas de ellas,

pues considero que su ejemplaridad es lo bastante poderosa como para co-

rroborar esa penosa impresin que a m me ha producido la sistemtica de

nuestra declaracin constitucional de derechos fundamentales.

(24) En este sentido, J.

DELGADO PINTO, Garanta constitucional de los derechos

de la persona,

en Iglesia Viva, nms.

80-81,

1979, pg. 226.

134


15/31


Hay una primera incoherencia ya en el epgrafe general del Ttulo I, al

enunciarlo como de los derechos y deberes fundamentales, puesto que di-

cho rtulo hace suponer que todos los derechos o deberes reconocidos en

todos y cada uno de los Captulos del mismo son derechosodeberes,son fun-

dam entales, y lo son en igual medida. Sin embargo, en el Captulo II de este

Ttulo, rotulado bajo el sorprendente epgrafe de derechos y libertades, se

consolida una clara discriminacin entre los derechos fundamentales y las

libertades pblicas de la Seccin 1.

a

y los simples, simples por decisin del

constituyente, derechos y deberes de los ciudadanos proclamados en la

Seccin 2.

a

. Por o tra parte, este mismo Captulo I I, adems de su incoherencia

con el rtulo general del Titulo, lleva implcita una contradiccin interna ms

precisa. Porque, no corresponden al hombre en su dimensin de ciudadano

derechos como el de libre eleccin de residencia, el derecho de libertad de

ctedra, el derecho a la educacin, el derecho de asociacin, o el derecho a

participar en los asuntos pblicos...? Pues bien, tales derechos no han que-

dado incluidos en la Seccin 2.

a

, seccin destinada a los derechos y debe-

res de los ciudadanos, sino en la 1.

a

, en la que se proclaman los derechos

fundamentales y las libertades pblicas.

Otro de los puntos negros que hay que sealar al referirse a la sistemtica

seguida por nuestra Constitucin es la extraa recepcin simultnea (25) de

dos categoras tan divergentes entre s como la de derechos fundamentales

y la de libertades pblicas.Es sabido que estos dos trminos responden, no

slo a dos tradiciones cientficas diferentes, sino tambin a dos distintos sis-

temas surgidos en el proceso de positivacin que se desencaden a partir de

las primeras declaraciones programticas de los derechos naturales y sagra-

dos del hombre (26). Son, pues, dos categoras que se corresponden con dos

diferentes tcnicas de reconocimiento y de proteccin de los derechos funda-

mentales, lo que constituira ya de por s una razn ms que suficiente para

no asumirlas en forma simultnea e indiscriminada. Pero es que, adems, re-

sulta que una de esas tradiciones sistemticas, la que se ha desarrollado en

torno a la categora de las libertades pblicas, viene tomando ya desde hace

algn tiempo plena conciencia de su propia crisis ante las graves dificultades

tericas y tcnico-legislativas que el empuje de ese nuevo e importante sector

(25) Extra a, por supuesto, dentro de un planteamiento cientfico m nimame nte

riguroso.

(26) Ver mi estudio Dimensin cientfica de los derechos del homb re, en el

volumen colectivo Los Derechos Humanos. Significacn, estatuto jurdico y sistema,

citado, pgs. 99-102.

135


16/31


de los derechos econmicos, sociales y culturales est proyectando contra

la vieja doctrina de los derechos o libertades.

Yo estoy seguro de que los padres de la declaracin de derechos funda-

mentales de nuestra actual Constitucin no desconocan en absoluto todo

este mundo de implicaciones tericas y prcticas, y de que, por oscuras y

complejas razones, decidieron no tomarlas en consideracin. Sin embargo, su

decisin es difcilmente justificable porque el producto de esa decisin ha re-

sultado ser inadmisible desde un punto de vista sistemtico.

Una tercera manifestacin de esta defectuosa sistemtica es el sorpren-

dente caso del artculo 25.2. En este artculo se reconoce a los condenados

a penas de prisin que estuvieren cumpliendo la misma los derechos a un

trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad So-

cial, as como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personali-

dad.

Y, segn la distribucin de proteccin que establece el artculo 53, tales

derechos gozan de la tutela directa, preferente y sumaria de los Tribunales

ordinarios, as como del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional;

es decir, quedan respaldados por una proteccin claramente fuerte, al estar

incluidos dentro de la Seccin 1.

a

del Captulo II. Ahora bien, resulta que

esos mismos derechos, cuando sus titulares son ciudadanos no sometidos a

penas privativas de libertad, lo que indica, por lo menos en principio, que

son ciudadanos que no han cometido delitos, slo obtendrn una proteccin

dbil, una proteccin especialmente dbil o ningn tipo de proteccin, por-

que esos derechos les son reconocidos en la Seccin 2.

a

del Captulo II, o les

son reconocidos en el Captulo III, o incluso no les son reconocidos como

tales en ninguna parte, tal como ocurre con el derecho al desarrollo integral

de su personalidad. Es esto coherente desde algn punto de vista que se

atenga a una sistematizacin lgica mnima?

Y qu decir, en fin, de los derechos recogidos en el Captulo III, de-

rechos que, por el simple hecho de venir proclamados dentro del Ttulo I,

deberan ser plenos derechosfundamentales, pero que, por virtud del epgra-

fe que se le ha colocado al Captulo, no son tales derechos, sino slo prin-

cipios rectores de la poltica social y econmica? Qu decir de la ambigua

redaccin de la gran mayora de los derechos reconocidos; qu decir de las

frecuentes reiteraciones y duplicaciones dispositivas, de las incongruencias

entre los diversos Captulos del Ttulo I, de la falta de coordinacin entre las

disposiciones de este Ttulo y las de los otros Ttulos de la Constitucin?

Qu decir...? Nada. Simplemente lamentar que en este caso los objetivos

polticos hayan hecho desaparecer en forma tan radical esa claridad y esa

coherencia mnima, sin las cuales las leyes llegan a ser incomprensibles.

136


17/31

DERECHOS HUMANOS

Y

CONSTITUCIN

4

VALOR

O

EFICACIA

DE LAS

N O R M A S

DE

R E C O N O C IM IE N T O

El tema

del

valor

o

eficacia jurdica

de las

normas

en que se

reconocen

los derechos fundamentales

de la

persona humana

ha

sido, como

se

sabe,

muy debatido,

ya en

forma directa,

al

cuestionarse

el

alcance

de las

propias

DeclaracionesdeDerechos,ya deforma indirecta,alpreguntarsepor elvalor

general de esapartede la Constitucin en que suelen venir recogidoslos

derechos27).

Pues,

bien dentro

de

este plano general

de

discusin,

se ha

llegado, creo

yo, a

tres posiciones bsicas:

una

tesis claramente negativa

del

valor jur-

dico directo,

si

bien

les

reconozca

una

dimensin

de

principios ticos directi-

vos

de la

actividad legislativa

e

incluso

un

significado

de

principios genera-

les

del

ordenamiento jurdico correspondiente;

una

tesis abiertamente afir-

mativa

del

valor jurdico directo, bien

de

rango constitucional, bien

de

rango

y valor supraconstitucional;

y una

tesis intermedia,

por

cuanto afirma

que

algunas

de las

disposiciones

de las

declaraciones

de

derechos tienen

el ca-

rcter

y

fuerza jurdicos, mientras

que las

otras tendran solamente

un

alcan-

ce

de

meros principios ticos

de

eficacia orientadora

28).

La primera tesis

es la que ha

dominado durante mucho tiempo

el pa-

norama

del

constitucionalismo occidental,

y, por

supuesto, tambin

el

espa-

ol. Sin

embargo,

hoy

parece

que ha

sido superada

ya

definitivamente

esa

posicin restrictiva

y

negadora. Esto

es al

menos

lo que ha

ocurrido

en la

Constitucin espaola actual,

que ha

logrado romper

con el

lastre

de ese

viejo modelo, consagrando

el

principio prctico

de que la

Constitucin,

en

toda

su

totalidad, tiene valor normativo

29).

(27)

La

discusin

se ha

desarrollado

de

manera

muy

especial

en el

mbito

de la

doctrina francesa, seguramente

por la

peculiaridad

de su

sistema

de

proclamacin cons-

titucional

de los

derechos, tradicionalmente recogidos desde

1791 en el Prembulo de

las Constituciones.

Sin

embargo,

el

alcance

o

repercusin

de la

discusin

se ha

genera-

lizado

de tal

forma

que

durante mucho tiempo

ha

llegado

a

predominar

la

idea

de que

los derechos reconocidos

en las

Leyes constitucionales

no son

directamente aplicables.

(28) Sobre este pun to,

ver la

precisa panormica

que

ofrece

A. E. PREZ LUO

en

las

pginas 194-201

del

volumen colectivo

Los

Derechos Humanos. Significacin,

estatuto jurdico

y

sistema,

ya

citado.

29) Este es el parecer de E.

GARCA

DE

ENTERRA

y T. R.

FERNANDEZ,

quienes no

dudan en afirmar que, si bien la tradicin constitucional espaola responde a un mo-

delo conforme

al

cual

las

disposiciones constitucionales

no

tienen

un

valor normativo

especfico fuera del mbito de la organizacin de los poderes superiores,el texto cons-

titucional

de 1978 ha

logrado liberarse

de la

presin

de

dicha tradicin. Vase

su

Curso

de

Derecho Administrativo,

I, cit.,

pgs.

81 y

96-106.

137


18/31


Parece claro, por tanto, que la pregunta general por el valor jurdico de

los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitucin no puede

tener ms que una nica respuesta: la de que las disposiciones de reconoci-

miento no son simples principios ticos generales, ni siquiera principios de

naturaleza jurdica, sino que constituyen un verdadero cdigo de normas

jurdicas directamente eficaces. Es esta una respuesta libre de cualquier de-

terminacin de carcter caprichoso o arbitrario; es una respuesta que viene

ampliamente avalada por una lectura simple del propio texto constitucional.

Por eso es suficiente limitarse en este punto a la proposicin de unas cuantas

constataciones aisladas y concretas que actuarn como sntomas de la eviden-

cia general que se encuentra en su base.

Parece claro, en primer lugar, que toda la Constitucin forma parte del

ordenamiento jurdico espaol, puesto que el artculo 9.1 establece que los

ciudadanos y los poderes pblicos estn sujetos a la Constitucin y al resto

del ordenamiento jurdico. Y parece claro tambin que, dentro de la siste-

mtica constitucional, el Ttulo I, Ttulo en que se proclaman los derechos

fundamentales, tiene, cuando menos, la misma efectividad jurdica que los

otros nueve Ttulos restantes.

Por otra parte, el artculo 10.2 establece una regla general de interpreta-

cin de las normas relativas a los derechos fundamentales que no se remite

o subordina a ningn tipo de desarrollo legislativo ulterior, lo que supone un

reconocimiento claro, aunque implcito, de su inmediata aplicabilidad.

Asimismo, el artculo 53.1 proclama que los derechos y libertades recono-

cidos en el Captulo II del Ttulo I vinculan a todos los poderes pblicos.

Este principio comporta de forma directa que los artculos 14 a 38 vinculan

por s mismos, tanto a los rganos del poder ejecutivo, como a los del legis-

lativo o a los del judicial, es decir, que son siempre y en todo caso directa-

mente aplicables. Y el mismo artculo, en su prrafo 2, refuerza esta afirma-

cin respecto de las libertades y derechos reconocidos en el artculo 14 y en

la Seccin 1.

a

del Captulo II, afirmando que cualquier ciudadano podr re-

cabar su tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado

en los principios de preferencia y sumariedad, o tambin, llegado el caso, me-

diante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Es, pues, obvio por s mismo que los derechos fundamentales reconoci-

dos en la Constitucin espaola de 1978 constituyen un cdigo de verdaderas

normas jurdicas inmediata y directamente aplicables.

Hay, no obstante, dentro de este cdigo, un bloque de disposiciones que

ofrecen una peculiar resistencia a ser calificadas como normas propiamente

138


19/31


jurdicas. Me refiero a las del Captulo en el que, bajo ese llamativo epgrafe

de principios rectores de la poltica social y econmica, nuestra Constitu-

cin recoge los llamados generalmente derechos econmicos, sociales y

culturales.

Todos sabemos que el posible carcter jurdico de los derechos socia-

les proclamados en las Constitucionees o en las Declaraciones universales

o regionales ha sido particularmente discutido. Cindonos ahora a la po-

lmica concreta desarrollada en torno a las disposiciones constitucionales

de reconocimiento, podemos constatar la presencia de dos posiciones b-

sicas irreductibles. Hay una actitud (30) que propugna decididamente la

tesis de que las disposiciones normativas en que se proclaman los dere-

chos econmicos, sociales y culturales no llegan a ser autnticas normas jur-

dicas aplicables, sino simples principios programticos con una eficacia tico-

poltica meramente directiva. Y hay otra postura doctrinal que no duda

en defender, sin embargo, la tesis de que la totalidad de las disposicio-

nes constitucionales en que se proclaman y reconocen los derechos socia-

les (31) o, por lo menos amplios sectores de las mismas (32), presentan las

(30) Mantenida por autores como R.

CARR

DE

MALBERO

(Contribution la thorie

genrale de l Etat, Librairie Recueil Sirey, Pars, 1920), A.

ESMEIN

(Elments de Droit

Constitutionnel), E.

FORSTHOFF

(Begriff und Wesen der sozialen Rechtssaates, Walter

de Gruyter & Co., Berln, 1954), J.

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(Manuel de Droit Constitutionnel, 2."

edic ,

Montchrestien, Pars, 1947), M.

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(Prcis de droit constituionnel, Dalloz,

Pars,

1950), G.

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(Le declin du droit, L. G. D. J., Pars, 1949; Le rgime dmo-

cratique et le droit civil moderne, Pars, 1936) o G.

VEDEL

(Manuel lmentaire de

droit constitutionnel, Librairie Recueil Sirey, Pars, 1948).

(31) Com o defensores destacados de esta actitud pueden citarse L. DUGUIT (Traite

de droit constitutionnel, 3.* ed ic, Ancienne Librairie Fontem oing, P ars, 1930, vol. III,

pginas 599-605), M.

DUVERGER

(Manuel de droit constitutionnel, P. U. F. , Pars, 1955,

pginas 550-555), J.

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(Le Prem bule de la Constitution de 1958, en RDP,

1960,

pgs. 85-87), M.

HAURIOU

(Prcis de droit constitutionnel,

Sirey, Pa rs, 1923, p-

ginas 58-65), G.

JZE

(Valeur juridique des Dclarations des droits et des garanties des

droits, en RDP, 1913, pgs. 685-689), R.

PELLOUX

(Le Prambule de la Constitution de

1946, en RDP, 1947, pgs. 347-351) y H.

WILLKE

(Stand und Kritik der neueren Grund-

rechtstheorie, Duncker & Humblot, Berln, 1975, pg. 217).

(32) Puede n sealarse entre los partid arios de esta tesis a F .

BATAILLER (Le Con-

seil d Etat, juge co nstitutionnel,

L. G. D. J., P ars, 1966, pgs . 114 y 117), P H .

BRAUD

(La notion de libert publique en droit franeis,

L. G. D. L, Pars, 1968, pgs. 147-153),

G.

BURDEAU (Les libertes publiques,

4." edic, L. G. D. J., Pars, 1972;

Traite de science

politique,

vol. IV, L. G. D. J., 2." edic, Pars, 1971, pgs. 132-136), J.

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(Los Derechos del Hombre,

Reus, Madrid, 1969, pg. 126), C. A.

COLLIARD

(Libertes

publiques, 5.

a

edic., Dalloz, Pars, 1975, pgs. 23-24), E. GARCA DE ENTERRA y

T. R. FERNNDEZ (Curso de Derecho Administrativo, I, cit., pg s. 55-58 y 66-75),

G. MORANGE (Valeur juridique des principes contenus dans les Dclarathns des Droits,

139


20/31


caractersticas inherentes a las normas jurdicas en sentido plenario (33).

A cul de esas dos posiciones o modelos doctrinales responde la confi-

guracin del Captulo de los derechos econmicos, sociales y culturales en

nuestra Constitucin?

Un destacado miembro de la ponencia constitucional (34) no ha dudado

en afirmar que las disposiciones del Captulo III del Ttulo I son normas-

programa sin contenido jurdico inmediato, normas cuyo alcance consiste en

actuar como marco para la aplicacin poltica de los poderes pblicos (35).

Es esta una afirmacin que ha llegado a preocuparme bastante, por cuanto

su autor une a la condicin de miembro destacado de la ponencia constitu-

cional un conocimiento especializado del tema de los derechos humanos y,

sobre todo, porque acumula tambin la especfica orientacin de un idea-

rio jurdico-poltico socialista, ideario que parece llevarle por su propia iner-

cit., pg. 248) o D. H. SCHEUING (La proteclion des droits fondamenlaux en Republi-

que Fedrale d AHem agne, en Perspectivas del Derecho Pblico en la segunda mitad

del siglo xx, Homenaje a Enrique Sayagus-Laso, tomo III, Instituto de Estudios de

la Administracin Local, Madrid, 1969, pg. 46).

(33) Jun to a estas dos posiciones, pued e sealarse tamb in el pun to de vista sus-

tentado por varios autores pertenecientes al rea de las democracias populares. Pero

hay que tener en cuenta que tal punto de vista se sita en otra rbita de la teora o filo-

sofa del Derecho completamente distinta a aqulla en que se mueven las dos posicio-

nes apuntadas. Para esos autores (L. LORINCZ, I. Kovcs, K. KULCSAR, I. SZAB...), que

se colocan desde luego al margen de cualquier condicionamiento o prejuicio formalista

conceptualista, los derechos econmicos, sociales y culturales, no slo son categoras

que tienen una eficacia real concreta dentro del orden jurdico-poltico socialista, sino

que son los nicos que pueden garantizar la implantacin de una organizacin social,

econmica y poltica adecuada, y el disfrute verdadero de los derechos del hombre.

(34) Me refiero al profe sor G.

PECES-BARBA MARTNEZ,

quien jug un destacado

papel en la redaccin del Ttulo de los derechos fundamentales, tanto por su cons-

tante y activa participacin en la discusin, como por haber sido, segn parece, uno

de los redactores del preborrador que sirvi de base al borrador del texto consti-

tucional. Vase, a este respecto, la afirmacin de O. ALZAGA VILLAAMIL en La Constitu-

cin espaola de 19 78 (Com entario sistemtico), cit., pg. 152, nota 12.

(35) G. PECES-BARBA MARTNEZ, La nueva Constitucin espaola desde la Filoso-

fa del Derecho, cit., pg. 34. Seala tambin el autor que tales principios o normas-

programa son valores que se consideran esenciales y respecto de los cuales se esta-

blece un mandato para que los poderes pblicos los desarrollen legalmente y se puedan

convertir tambin en el progreso dialctico de la incorporacin al ordenamiento jur-

dico de mayores parcelas de los valores superiores de la libertad, y sobre todo de la

igualdad, en derechos para todos los ciudadanos. No son an derechos subjetivos, pero

s suponen una especificacin y concrecin de los valores sealados en el articulo 1., y

en ese sentido suponen normas de organizacin o de segundo grado y, en todo caso,

un paso adelante respecto de la pura enunciacin genrica de los valores:

ob. cit.,

pgina 41.

140


21/31


cia a defender y promocionar en todo caso y a todo trance la importancia

de los derechos econmicos, sociales y culturales (36). Sin embargo, he ter-

minado por rechazar tal punto de vista, en base a una serie de razones que

detallar en breve.

Desde luego, la intencin de nuestros constituyentes en este punto se ha

mostrado con una claridad meridiana: se pretendi evitar a todo trance des-

de el primer momento esa rbrica de derechos econmicos, sociales y cultu-

ralesaceptada ya generalmente por la doctrina y utilizada por Documentos

internacionales de la importancia de la Declaracin Universal de Derechos

Humanosde 1948 (37), del Pacto Internaciona l de Derechos Civiles y Polti-

cos

de 1966 (38) y del

Pacto Internacional de Derechos Econm icos, Sociales

y Culturales,tambin de 1966 (39). Pero parece que la efectividad no ha

acompaado a la transparencia de sus intenciones, ya que existen indicios

suficientes para establecer la conclusin de que el Captulo de los principios

rectores de la poltica social y econmica ha terminado por sustraerse a la

intencin y al control de sus autores, llegando a constituirse, por virtud de

la fuerza conformadora del contexto constitucional, en un verdadero cdigo

(36) En efecto, en el mismo estudio recin citado escribe lo siguiente: A l menos

tres grandes conquistas del constitucionalismo se producirn a pesar del pensamiento

liberal, con su oposicin formal y son impuestas por la lucha, a veces muy cruenta,

del movimiento obrero y del socialismo democrtico. Me refiero al derecho de aso-

ciacin, al sufragio universal y a los derechos econmicos, sociales y culturales:

ob . cit., pg. 27.

(37) En su artculo 22, al proclam ar que toda persona, com o miembro de la so-

ciedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacio-

nal y la cooperacin internacional, habida cuenta de la organizacin y los recursos

de cada Estado, la satisfaccin de los derechos econmicos, sociales y culturales in-

dispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

(38) En el

Prembulo,

cuando afirma: Reconociendo que, con arreglo a la De-

claracin Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser hu-

mano libre, en el disfrute de las libertades civiles y polticas y liberado del temor

y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar

de sus derechos civiles y polticos, tanto como de sus derechos econmicos, sociales y

culturales.

(39) Pac to que, apa rte lo significativo de su pro pio n om bre, seala en el Prem-

bulo

que con arreglo a la Declaracin Universal de Derechos Humanos, no puede

realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos

que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos econ-

micos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y polticos, y precisa

en el artculo 3." que los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a ase-

gurar a los hombres y a las mujeres igual ttulo a gozar de todos los derechos econ-

micos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

141


22/31


de derechos econmicos, sociales y culturales. Son varias, como deca, las

razones o motivos concretos que apoyan esta interpretacin.

En primer lugar, no debe olvidarse que, a pesar de ese inicial propsito

ya denunciado, parece que los constituyentes no pudieron evitar la inclusin,

entre los famosos principios rectores de la poltica social y econmica, de

principios formulados literalmente como derechos, tales como el derecho

a la proteccin de la salud (art. 43.1), el derecho al acceso a la cultura

(art. 44.1), el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, artcu-

lo 45.1), o el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (ar-

tculo 47.1). Esta simple constatacin parece demostrar ya, en base al propio

texto constitucional, que no todas las disposiciones del Captulo III son meros

principios o normas-programa. Cul es, por otra parte, el sentido, cul

es la repercusin o eficacia indirecta de ese sorprendente artculo 42 en el

que los constituyentes espaoles, profundamente reacios a la proclamacin

de los derechos econmicos, sociales y culturales dentro de Espaa, no dudan

en proclamar que el Estado velar especialmente por la salvaguardia de los

derechos econmicos y sociales de los trabajadores espaoles en el ex-

tranjero...?

No puede olvidarse tampoco, por otra parte, que el artculo 10.2 afirma

que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que

la Constitucin reconoce, se interpretarn de conformidad con la Declaracin

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales

sobre las mismas materias ratificados por Espaa (40). Y es evidente que

esta ltima alusin genrica a tratados y acuerdos apunta en forma directa

a los dos Pactos Internacionalesde 1966, ratificados por Espaa el 13 de

abril de 1977. Ahora bien, de los artculos 2.2, 4 y 5.1 del Pacto

Internacional

de Derechos Econm icos, Sociales y Culturalesse desprende que ningn Es-

tado parte podr limitar ninguno de los derechos reconocidos en medida

mayor que la prevista en el propio Pacto, y que todo Estado parte adquiere

(40) Yo defiendo qu e esta referencia a los derechos fundam entales y a las liber-

tades que la Constitucin reconoce tienen un sentido genrico amplio que incluye

todo el Ttulo I. Cierto, no es inverosmil la tesis que sostuviera que tal referencia

es aplicable solamente al Captulo segundo del Ttulo I; y tambin tendra bastantes

posibilidades de defensa la que propugnara que se cie nicamente a la Seccin 1." de

ese Captulo. Yo me decido, sin embargo, por la interpretacin expuesta. Y ello por

dos razones: en primer lugar, por la conveniencia de apoyar desde todos los puntos

de vista el mayor alcance y vigor de los derechos fundamentales; y, en segundo lugar,

porque de la tcnica legislativa seguida en esta materia, y muy especialmente en el

artcu lo 5 3, se despre nde indirectam ente q ue esa referencia tiene alcance gen eral y no

se reduce al Captulo segundo o a la Seccin 1.* de este Captulo, ya que en estos lti-

mos casos habra sido explcitamente sealado.

142


23/31

DERECHOS HUMANOS

Y

CONSTITUCIN

el compromiso

de

garantizar

el

ejercicio

de

dichos derechos como talesde-

rechos.

Y qu

mayor limitacin

de los

derechos econmicos, sociales

y cul-

turales

que su

devaluacin

a

simples principios rectores

de la

poltica social

y econmica?

No puede olvidarse tampoco finalmente

que,

segn

el

artculo

96.1,

los

tratados internacionales vlidamente celebrados,

una vez

publicados oficial-

mente

en

Espaa, formar parte

del

ordenamiento interno.

Sus

disposiciones

slo podrn ser derogadas, modificadas o suspendidasen la forma prevista

enlos propios tratadoso deacuerdo con lasnormas generalesdel Derecho

internacional. Pues bien, como acabo

de

indicar unas lneas atrs,

el

Pacto InternacionaldeDerechos Econm icos, Sociales y Culturales,firmado

por Espaa

el 28 de

septiembre

de 1976, fue

ratificado

el 13 de

abril

de

1977,

siendo depositados

los

Documentos

de

ratificacin

en la

sede

de las

Naciones Unidas

el da 27, y

publicados

en el Boletn OficialdelEstado

delda 30 delmismomes y ao.

De tales hechos

se

sigue

que, por

virtud

de lo

dispuesto

en el

artculo

27.2

del

Pacto

41),

ste adquiri plena vigencia para Espaa como derecho

interno, es decir, como parte del propio ordenamiento jurdico, el 27 de

juliode 1977, sin que, alparecer,y por disposicin expresadelartculo96.1

de

la

propia Constitucin,

la

entrada

en

vigor

de

sta haya implicado

nin-

gn tipo

de

derogacin, modificacin

o

suspensin

de los

derechos econ-

micos, sociales

y

culturales reconocidos

en

aqul.

As

pues,

las

disposiciones

del Pacto InternacionaldeDerechos Econmicos, Socialesy Culturales

son

normas plenamente aplicables

en

Espaa,

y los

derechos

que

proclaman

son

verdaderos y plenos derechos que los espaoles pueden invocar con toda

garanta ante lasautoridadesy los tribunales, puesto que sonderechosre-

conocidospor unos textos normativos que,cuando menos, tienen rangode

ley ordinaria

42).

Rara lgica,

por

tanto,

la de los

constituyentes espaoles

de

1978 al

negar

el

reconocimiento constitucional

de su

categora

de

derechos

a unos principios

que ya

desde julio

de 1977

formaban parte comodere-

chos

del

ordenamiento jurdico espaol

Por todo ello, parece obvio concluirqueincluso los principios rectores

(41) Este artculo

27.2

dice textua lme nte: Para cada Esta do

que

ratifique

el

presente Pacto

o se

adhiera

a l

despus

de

haber sido depositado

el

trigsimo quinto

instrumento

de

ratificacin

o de

adhesin,

el

Pacto entrar

en

vigor transcurridos tres

meses

a

partir

de la

fecha

en que tal

Estado haya depositado

su

instrumento

de

rati-

ficacin

o

adhesin.

(42) Esta interpretacin resulta indiscutible. Vase, por ejemplo, la explicacin

de E. GARCA DE ENTERRA y T. R. FERNNDEZ,

Curso de Derecho administrativo,

I , cit.,pgs. 146-151.

143


24/31

B E NI T O

DE

C A S T R O

CID

de

la

poltica social

y

econmica

son

disposiciones constitucionales

que re-

conocen

a los

espaoles

los

derechos econmicos, sociales

y

culturales,

y que

tales dispsiciones, lejos

de

tener

el

carcter

de

simples normas-programa,

de

meros valores

o

principios ticos orientadores

de la

accin poltica, poseen

todo

el

valor

y

toda

la

eficacia

de las

reglas verdadera

y

plenamente

ju-

rdicas 43).

5 PROTECCIN JURDICA

DE LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES

Hay

dos

grandes caminos

que

conducen hacia

una

mayor

y ms com-

pleta eficacia

de los

derechos fundamentales:

el de la

concrecin normativa

enlosdiversos escalones

de un

ordenamiento jurdico dado ,

y el de su

influen-

cia

en el

entramado

de

relaciones sociales

a

que,dentro

del

sistema social

correspondiente,

dan

lugar

las

estructuras

de

poder,

y

especialmente

las es-

tructuras

del

poder poltico, econmico

o

cultural.

Durante muchsimo tiempo,

la

vieja tradicin

del

liberalismo

ha

seguido

de forma casi exclusiva

y con

pertinaz fidelidad,

la

primera

va.

En

cambio,

los tericos

del

socialismo, especialmente

los

tericos

del

socialismo marxista,

han insistido

en

atribuir

una

importancia insustituible

y

casi excluyente

al

segundo camino

44).

Es

obvio,

sin

embargo,

y as ha

venido

a

confirmarlo

la progresiva praxis constitucional

de

ambos bloques,

que las dos

opciones

son

por s

mismas complementarias

y que

ninguna

de

ellas podr alcanzar

una eficacia satisfactoria mientras opere

en

forma aislada

y

excluyente.

La

propia historia

de los

derechos humanos

ha

demostrado hasta

la

evidencia

que

el gran problema

de

estos derechos

ha

radicado siempre,

no

tanto

en

lograr

su proclamacin

en

lostextos constitucionales, cuanto

en

conseguirunaplena

y real efectividad

en el

mbito

de las

relaciones sociales.

Ahora bien,

la

conquista

de

esta efectividad social depende

de

variables

tan diversas como pueden serlo,

por lo

menos

en

apariencia,

los

factores

polticos,

los

religiosos,

los

econmicos,

los

jurdicos,

los

estrictamente

so-

ciales,

o los

culturales...

Es

decir, est dependiendo sobre todo

de

elemen-

tos

o

instancias

en

gran medida extraconstitucionales,

si

bien

la

Constitucin

43) E.

GARCA

DE

ENTERRA

y T. R.

FERNNDEZ (ob. cit.

en la nota anterior, p-

gina

101)

sostienen expresamenteque lasdisposicionesdelCaptulo III delTtuloI son

algo ms que simples normas de orientacin; son normas eficaces por s mismas,si

bien sueficacia quede p arcialm ente limitada.

(44) Sirva de ejemplo el testimonio de autores como L. LORINCZ, I. Kovcs,

K . KULCSAR o I. SZABen su obra Socialist Concept of Human Rights (Akadmiai

Kiad, Budapest, 1966).

144


25/31


pueda aplicar a la mayora de ellos una relativa presin orientada a conse-

guir una mayor colaboracin o, en el peor de los casos, una menor resisten-

cia a la garanta efectiva de los derechos.

La efectividad social de los derechos fundamentales pende, pues, no slo

del sistema de garantas especficamente jurdicas plasmado en la Constitu-

cin, sino tambin del impacto que tales garantas logren producir sobre el

sistema general de las relaciones sociales. Pende, en definitiva, de la propia

actitud de los ciudadanos mucho ms que de los mecanismos legales de

proteccin (45).

Y es precisamente en ese desajuste entre el plano jurdico formal del reco-

nocimiento constitucional y el entramado real de las relaciones sociales donde

se ha originado el histrico fracaso parcial de los derechos humanos. Tal

desfase entre el carcter y el sentido de que se reviste a los derechos en las

Declaraciones y el horizonte de posibilidades concretas para su realizacin

que ofrece el marco de los condicionamientos polticos, econmicos y so-

ciales ha sido permanentemente evidente desde el primer momento de su

historia. Parece incluso deseable que siga existiendo para que las Declaracio-

nes de Derechos puedan conservar su hasta ahora incorruptible talante revo-

lucionario (46). Pero ese desfase reclama una transformacin amplia y vigo-

rosa de las estructuras sociales, porque slo esta transformacin ser capaz

de eliminar muchos de los obstculos que se oponen al xito de los derechos

del hombre.

Esto es obvio, y quiero dejar constancia expresa de ello. No obstante,

ahora ser preferible, creo, centrarse de forma exclusiva en la consideracin

del sistema de garantas constitucionales propiamente jurdicas.

(45) La seguridad de las libertades fundam entales ha escrito K .

LOEWENSTEIN

descansa solamente en el espritu del pueblo y no en el de las leyes: Verfassungslehre,

Tbingen, 1952, pg. 342.

(46) El desfase es innegab le; lo que tal vez ya no aparez ca con tanta evidencia

es su interpretacin ms adecuada. Esc desfase o despro porcin es un a desm esura

conscientemen te ideolgica, segn prefiri la crtica de M arx, o ha sido ms bien el

efecto indirecto de ese incorregible optimismo utpico que anima siempre a los refor-

madores?

Yo prefiero esta segunda posibilidad, porque veo la larga lucha por los derechos

del hombre como un movimiento incontenible de liberacin- humana en el que se

asienta de forma inevitable el espritu revolucionario. Y por eso es explicable, y es

incluso deseable, que el planteam iento de las declaraciones vaya siempre p or delan te

de las posibilidades reales del sistema social, precisamente para poder impulsar la

transform acin del mismo . En consecuencia, ese parcial fracaso de los derechos hu-

manos debe ser considerado en buena medida como un claro signo de su propio

xito.

145

10


26/31


Sabemos que los sistemas de proteccin de los derechos humanos han ido

amplindose y reforzndose progresivamente desde las primeras Declara-

ciones revolucionarias. Y sabemos tambin que dicha ampliacin ha seguido

con bastante fidelidad el ritmo y la direccin que le ha marcado la cambiante

identidad de los enemigos de la liberacin del hombre.

As, en aquel primer momento revolucionario en el que se identificaba la

fuente de los riesgos ms graves con la arbitraria opresin de un poder sobe-

rano,

se consider suficiente la proclamacin solemne, en documento excep-

cional, de unos derechos configurados como naturales, inalienables, impres-

criptibles y sagrados, es decir, de unos derechos fuera del alcance de cual-

quier poder poltico soberano, y se confi a la Ley, en cuanto expresin de

la voluntad general, la funcin de garantizar su ejercicio e incluso de limitarlo.

Pero, en la etapa inmediatamente siguiente, los derechos humanos hubie-

ron de ser sustrados del libre control de la Ley para ser revestidos, a travs

del mecanismo de las declaraciones catlogo o declaraciones extensas, del

especial vigor de las superleyes constitucionales. Al mismo tiempo, y en base

a que los concretos sistemas histricos de canalizacin o expresin de la

voluntad general se abrieron, por el juego de los mecanismos de concentra-

cin del poder legislativo, a la posibilidad de una desmesurada limitacin, e

incluso supresin, de los derechos de los ciudadanos, pareci necesario incluir

en las declaraciones, no slo la afirmacin del carcter radicalmente inviola-

ble de tales derechos, sino tambin una especie de reserva cualificada de ley.

As se lleg a la implantacin de procedimientos especficamente restrictivos

para el desarrollo o la reforma legislativa de la materia de los derechos fun-

damentales.

Posteriormente, se procede al reforzamiento de los anteriores cauces de

garanta a travs de la jurisdiccionalizacin inmediata y directa de los dere-

chos fundamentales, e incluso mediante la creacin de un rgano supremo

de jurisdiccin constitucional, al que se encomienda tambin la tutela de

ltima instancia del libre ejercicio de los derechos proclamados en la Cons-

titucin.

Y, por fin, las Constituciones, hacindose eco de las aspiraciones sociales

y siguiendo su propio dinamismo de ampliacin, han comenzado a incorpo-

rar la figura de un rgano unipersonal que, en calidad de comisionado de la

soberana popular representada en el Parlamento, asume la defensa de los

derechos fundamentales, ejerciendo una especie de control parajurisdiccio-

nal sobre la actividad de la Administracin.

Son, pues, cuatro los mecanismos de proteccin que, a modo de niveles

y como fiel reflejo de las sucesivas etapas que va atravesando el proceso, han

llegado a cristalizar dentro de la dinmica de desarrollo y ampliacin de las

146


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medidas constitucionales de garanta de los derechos fundamentales. El in-

corporar simultneamente estos cuatro mecanismos, tal como hace nuestra

actual Constitucin, supone sin duda la consagracin de un sistema de ga-

rantas que desarrolla todas las posibilidades de proteccin hoy imaginables.

Veamos brevemente el alcance de cada uno de estos mecanismos o siste-

mas de proteccin jurdica formal.

1. Nos encontramos, en primer trmino, con una reiterada proclama-

cin solemne y general de los derechos del hombre. As, cuando la nacin

espaola, titular de la soberana, proclama en el

Prembulo

su voluntad de

proteger a todos los espaoles y pueblos de Espaa en el ejercicio de los

derechos humanos, o cuando el artculo 10 afirma que los derechos de la

persona son fundamento del orden poltico y de la paz social, o cuando

el artculo 53.1 establece que los derechos y libertades vinculan todos los

poderes pblicos. .

2. Pero, de inmediato, la Constitucin pasa a completar y concretar el

contenido genrico y abstracto de tales proclamaciones, formulando un esta-

tuto privilegiado de derechos fundamentales, un estatuto cuyo alcance se

define por los rasgos siguientes:

a) Proclamacin expresa del carcter fundamental o inviolable de los

derechos reconocidos y de las normas que los reconocen (artculo 10.1).

b)

Sustraccin, por lo que a su interpretacin se refiere, de las norm as

de reconocimiento de la zona de influencia de los principios interpretativos

del ordenamiento jurdico interno, incluido el constitucional, para someterlas

al control de las declaraciones, pactos o convenciones internacionales.

c) Reconocimiento individualizado de cada uno de los derechos en dis-

posiciones que no slo tienen en plenitud el rango supremo de las normas

Documents

Derechos Humanos y Constitución (Benito de Castro Cid)