Universidad Nacional de Colombia Violencia, Conflicto Armado y Procesos de Paz en Colombia

Byron Sebastian Dávila Fandiño bsdavilaf@unal.edu.co – Cód. 06622667

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Desequilibrios Regionales y Conflictos Sociales (1980 - 1987)

En la parte correspondiente a los Desequilibrios Regionales y Conflictos Sociales (1980-1987), dentro del informe de la comisión de estudios sobre la violencia, los autores centran su atención en diagnosticar a grandes rasgos las problemáticas que ha generado el centralismo en el régimen colombiano. Así mismo, consideran que uno los mecanismos que ha perpetuado éste fenómeno, recae particularmente en la implementación de ciertas medidas económicas que favorecen a determinadas regiones por sobre otras. Tal situación puede denominarse diferenciación regional del desarrollo, “en cuanto implica el distanciamiento entre regiones desarrolladas y regiones subdesarrolladas, al mismo tiempo que la vinculación entre unas y otras con fundamento en la explotación de las más débiles por las más fuertes y capitalizadas” (p. 167). El surgimiento de esas desigualdades nos permite entender tres distinciones fundamentales que han organizado la relación entre estos centros y tales “periferias”: En primer lugar, la relación brecha campo-ciudad; segundo, la diferenciación entre zonas agrícolas desarrolladas y atrasadas y, finalmente, los desequilibrios regionales resultantes del modelo de desarrollo vigente. La suma de estas diferencias evidencia las múltiples problemáticas regionales, como la inversión privada en ciertas zonas y la complejización de los conflictos sociales en otros territorios que resultan de esa explotación. Por ejemplo, la inversión en regiones específicas, ya sea por la fertilidad de la tierra o posibilidad de producir un bien en específico, genera que los lugares excluidos de esa intervención desplacen fuerza de trabajo hacia las regiones desarrolladas. De manera que los desequilibrios persisten y se insertan en un círculo vicioso que, tal como señalan los autores, el mismo Estado reproduce en sus lógicas de inversión y acción sobre el territorio. El panorama desalentador que muestran las regiones, y la agudización de los conflictos sociales y sus múltiples derivaciones, llevaron a que se construyera el Plan Nacional de Rehabilitación. Aunque éste empieza con el gobierno de Belisario Betancourt, fue implementando paulatinamente de la mano de otros procesos de ajuste tan importantes como la descentralización y la puesta en escena de un nuevo proyecto de reforma agraria. Todos estos esfuerzos iban encaminados a que el Estado mejorara su presencia regional o llegara aquellos espacios que aún no tenían un control real de la autoridad estatal. En ese sentido, el PNR creó su propio formato de regionalización, desde el cual se caracterizaba a grandes rasgos los acontecimientos y realidades concretas agrupadas por trayectorias similares. De allí surgieron tres tipos de regiones incrustadas en situaciones conflictivas: En primer lugar, las Regiones de Colonización, dividas a su vez por dos tipos de procesos de ocupación que definieron una frontera interna y una externa. Los autores precisan que esta frontera interior la constituye el continuo Magdalena medio-Sinú-San Jorge-Sumapaz, mientras que la frontera externa se sitúa en el piedemonte llanero de la cordillera oriental. Aunque ambos se caracterizan por un tipo de ocupación acompañado del desarrollo de infraestructura, las fronteras interiores, al estar más cerca de centros económicos como Bogotá o Medellín, aceleraron los procesos de concentración de territorios. El ejemplo del Magdalena medio facilita

encontrar los detalles del tránsito de pequeñas economías campesinas sustentadas en minifundios, a grandes extensiones de tierra que cooptaron las formas de producción local y las insertaron en ciclos económicos latifundistas, como el caso del narcotráfico o la agro-industria. El segundo caso se presenta en las zonas de conflicto campesino-agro comercial, la cual se manifiesta en la polarización de fuerzas sociales que habitan esos territorios. Los autores señalan que la debilidad de los gremios y organizaciones campesinas de la época, frente al dominio establecido por sectores de economía ganadera y/o de explotación extensiva, han perpetuado conflictos regionales traducidos en episodios de violencia sobre las comunidades. El ejemplo emblemático de este caso puede verse en el Urabá antioqueño, donde la producción bananera ha sentado bases históricas considerables, enfrentando constantemente a trabajadores campesinos y empresarios. Por último, el PNR identificó las Regiones de agricultura campesina deprimida, en las cuales se torna visible la situación en el Cauca norte. En ese caso, las formas de vida indígenas presentan una situación preocupante para el Estado colombiano por la marcada diferencia con el modelo de desarrollo que se propone, de manera que la pobreza viene a acentuarse a la par de la intervención del gobierno. La ultima parte se concentra en la propuesta de Reforma Agraria que circuló en esos años desde el gobierno Betancourt, pero para el momento en que fue presentado el informe, es decir, 1987, aun estaba siendo tramitada en el congreso bajo la administración de Virgilio Barco. Si bien ellos resaltan que tal reforma debería generarse con mayor seriedad y surgir de un consenso con los actores del conflicto, como las insurgencias, es sabido que el gobierno buscó las formas de legitimar y formular su esquema propio de reforma, el cual no chocara de frente con el modelo de desarrollo. Las recomendaciones que vendrán a dar para cada caso, se concentran, en primera instancia, en temas de ampliación y apertura del régimen a nuevas alternativas políticas, así como facilitar el control de la gestión pública a los ciudadanos. En ese mismo contexto, advierten que es necesario garantizar la autonomía política, fiscal y administrativa de las regiones en conflicto, así como de territorios de minorías étnicas, dos elementos claves para solventar los problemas que los autores señalaban en el centralismo. Finalmente, atienden la situación en que se encontraba la Reforma Agraria de ese momento, sugiriendo plazos concretos que desarrollen de buena forma la compra de predios y las medidas de redistribución que puedan surgir. En conclusión, al ser Colombia un país que guarda brechas importantes en materia regional, al tiempo que las reformas y los procesos de paz de los 80’s no avanzaron en subsanar tales desequilibrios, deben revisarse con más detenimiento las propuestas allí arrojadas y las oportunidades que se presentan en la actualidad. Considero que el reconocimiento de diversas alternativas políticas, de la mano de garantizar autonomía para los territorios, son puntos fundamentales que encaminan una solución a aspectos muy concretos de la desigualdad regional. No obstante, tales medidas no parecen suficientes para enfrentar otras cuestiones igual de preocupantes que vician el desenvolvimiento normal esos proyectos. La corrupción, el clientelismo, el modelo de desarrollo inequitativo, los grupos paramilitares o diferentes tipos de violencia, son realidades tangibles que impiden la implementación satisfactoria de cambios radicales en las regiones. Tal como se marcaban las expectativas en aquellos procesos de paz, hoy en día se presenta un momento de transición favorable, desde el cual se invita al Estado a extender sus vínculos territoriales y ejercer sus funciones para con la población afectada por un abandono histórico.

Bibliografía: SÁNCHEZ, Gonzalo (coord.). (2009) “Colombia: Violencia y Democracia”, La Carreta Editores, IEPRI, Bogotá