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Desigualdad en Chile
A la izquierda, asentamientos informales en Chile, denominados «tomas» o peyorativamente «poblaciones
callampa». A la derecha, sector financiero de Santiago, denominado popularmente «Sanhattan», como un fenómeno
de la manhattanización.
La desigualdad en Chile se refiere a la alta desigualdad económica y social existente en Chile, que
lleva a este país a ser uno de los menos igualitarios del mundo.1
Pese al crecimiento económico sostenido del país en un 6 % anual en promedio, y a ser una de las
economías actualmente más robustas de América Latina, la distribución de sus ingresos es la más
desigual de todos los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Las tasas de impuestos y medidas gubernamentales prácticamente no ayudan a
disminuir la brecha socioeconómica, como sí es el caso de muchos otros países, sino que por el
contrario, favorece a la clase más enriquecida. Adicionalmente, el aumento del PIB del país no se
traduce directamente en mayores gastos fiscales en la población, y menos en las regiones distantes de
la capital Santiago, lo que genera una centralización de los recursos.2
Índice
[ocultar]
1 Antecedentes
2 Estadísticas
3 Consecuencias
4 Iniciativas contra la desigualdad
5 Véase también
6 Referencias
o 6.1 Bibliografía
Antecedentes[editar]
En noviembre de 1970 asumió la presidencia de Chile Salvador Allende, que apoyado por la Unidad
Popular, intentó infructuosamente instaurar un gobierno socialista. El colapso económico de 1973,
producido tanto por el escaso apoyo de las propuestas izquierdistas de Allende, así como por al
sabotaje de grupos opositores nacionales e internacionales, en particular el
gobierno estadounidense de Richard Nixon,3 4 fue uno de los gatillantes del Golpe de Estado de 1973,
que dio inicio al Régimen Militar liderado por Augusto Pinochet, el cual se extendió hasta 1990.
Durante el Régimen Militar se modificó drásticamente el modelo económico del país, permitiéndose
desde entonces, a través de diversos dispositivos legales del sistema tributario, ocultar los ingresos
reales y eludir el pago de impuestos. Entre estos dispositivos destacan el Fondo de Utilidades
Tributables, las exenciones de impuestos al por mayor y la integración de los impuestos que pagan las
empresas con los impuestos que pagan sus propios dueños. Asimismo, se repelieron los sindicatos, las
mesas de negociación colectiva y el derecho a huelga, y se cerraron diversas industrias nacionales,
admitiéndose los oligopolios comúnmente de empresas extranjeras, transformando el giro del negocio
del país, pasando de ser una industria productora de sus recursos naturales a partir de sus propias
materias primas, especialmente el cobre, a ser una industria extractora, que vende las materias primas
en bruto.1 Adicionalmente, se facilitaron las condiciones para que se iniciara un explosivo incremento de
colegios y universidades privados, en desmedro de la educación pública.2
Las bases de este modelo económico impuesto durante la dictadura, luego de la transición a la
democracia y hasta la actualidad, prácticamente no han sido modificadas.1
En la actualidad, los aranceles de las universidades chilenas son los más altos después de Estados
Unidos,5 y su calidad dista de estar entre las mejores del mundo. Si bien el número de estudiantes
de educación superior ha aumentado considerablemente desde los años 1990, la gran mayoría debe
endeudarse con entidades bancarias para poder estudiar, independientemente de si estudian en
universidades públicas o privadas.2
Por otra parte, los oligopolios abarcan diversos tipo de mercados, incluyendo la salud. El 90 % del
mercado farmacéutico es controlado por tres farmacias: Farmacias Ahumada,Farmacias Cruz
Verde y Salcobrand, las cuales se han coludido en diversas ocasiones para subir los precios de sus
medicamentos unilateralmente. También se han dado casos de colusión de precios en los pasajes de
las empresas de autobuses y se han cometido abusos con empresas de telecomunicaciones y con las
tarjetas de grandes tiendas, como es el caso de La Polar. Muchas autoridades con altos cargos políticos
son accionistas o bien poseen conflictos de intereses con empresas relacionadas a oligopolios, así
como con universidades privadas.2
También cabe destacar que si bien Chile es uno de los países de Latinoamérica con los mayores flujos
de inversión extranjera directa (IED), estos se concentran en su mayoría en los negocios de la industria
minera, en adquisiciones de empresas nacionales y en algunos servicios, estimándose en 2013, de
acuerdo con estudios de la Cepal, que por cadaUS$ 1 millón de IED en el país sólo se generan 1,8
empleos, uno de los niveles más bajos de América Latina, cuyo promedio es de 3,0 puestos de trabajo.6
Estadísticas[editar]
Mapa esquemático de países según su coeficiente de Gini. En Chile estos datos se corresponden con los obtenidos
por la Encuesta Casen, cuestionada por otras investigaciones.1 Así y todo, Chile es uno de los países peor
posicionados en Occidente, alcanzando cifras superiores a las de Estados Unidos. Vea el listado completo
enAnexo:Países por igualdad de ingreso.
< 0,20 0,20 ↔ 0,24 0,25 ↔ 0,29 0,30 ↔ 0,34 0,35 ↔ 0,39 0,40 ↔ 0,44 0,45 ↔ 0,49 0,50 ↔ 0,54 0,55 ↔
0,59 ≥ 0,60 Sin datos
El Gobierno de Chile, para determinar los niveles de desigualdad social y económica en el país, utiliza
la Encuesta Casen o Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, creada originalmente en
19857 y dependiente de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), entidad gubernamental que en
1990 se transformó en el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (MIDEPLAN), y en 2011 en
el actual Ministerio de Desarrollo Social.8 Esta encuesta se realiza cada dos o tres años, habiendo sido
aplicada hasta ahora en los años 1985, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2009 y
2011.7
De acuerdo con la Encuesta Casen, desde 1990 hasta 2011, de un 40 % de la población viviendo en
situación de pobreza o pobreza extrema, se ha pasado a menos del 15 %.9 Además, entre 2005 y 2010
el 1 % de las personas con mayores ingresos concentró en promedio el 15,1 % de los ingresos totales
del país. El Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad responsable de la aplicación y la fiscalización
de impuestos, por su parte, considerando datos sin ajustar, determinó que ese 15,1 % correspondía en
realidad al 21,1 % de los ingresos totales. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de
la Universidad de Chile en 2013 determinó que en el mismo lapso de tiempo, el porcentaje correspondía
al 32,8 % de los ingresos totales, considerando utilidades retenidas, o bien al 30,5 %, considerando las
ganancias de capital. Esta diferencia de porcentajes se debe a que la Encuesta Casen, realizada a nivel
nacional, no consigue entrevistar a todos los hogares más adinerados del país, mientras que al
porcentaje del SII es preciso ajustar las cifras considerando además algunos mecanismos mediante los
cuales los más adinerados pueden esconder sus ingresos reales al sistema tributario.1
El mismo estudio de 2013 muestra que el 0,1 % de los chilenos más adinerados perciben entre el
17,6 % y el 19,9 % de los ingresos totales del país, y el 0,01 % percibe entre el 10,1 % y 11,5 % de los
ingresos totales. De los veinte países considerados en el estudio, estas últimas cifras son sólo
superados por Estados Unidos.10 Comparativamente, los porcentajes de ingresos percibidos en cada
caso en Suecia —uno de los países socioeconómicamente más igualitarios del mundo— son,
respectivamente, sólo el 3,4 % y el 1,4 % del total. De hecho, mientras que los ingresos a repartir en
Chile son sólo la mitad que los del país nórdico, el 1 % de la población chilena percibe ingresos
proporcionales casi 3,5 veces más grandes que los del porcentaje más adinerado de los suecos.1 El
estudio también concluye que la renta per cápita del 1 % más rico de los chilenos es 40 veces mayor
que el ingreso per cápita del 81 % de la población.11
Adicionalmente, el coeficiente de Gini de Chile se corresponde con los datos proporcionados con al
Encuesta Casen, bajo la cual dicho coeficiente asume un valor de 0,55. No obstante, utilizando los datos
del SII ajustados, el coeficiente ascendería a 0,63, quedando como uno de los países más desiguales
del mundo, semejante a los del sur de África.1Algo parecido ocurre con el Índice de desarrollo
humano (IDH), donde Chile se sitúa en la categoría de «Muy alto», pero si las cifras se ajustasen
considerando el nivel de desigualdad, retrocedería diez lugares en el ránking.9
Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Casen 2011, en el otro extremo de la pequeña población
más rica, que gana más que los más ricos de países como Suiza, se sitúa una amplia clase baja, en
donde el 50 % de los trabajadores gana menos de $250 000 (pesos chilenos), cercanos al salario
mínimo del país, al mismo tiempo que en el 65 % de los hogares el ingreso mensual autónomo por cada
persona es menor a $203 000.1
Consecuencias[editar]
En Chile, la desigualdad económica conlleva desigualdad social y diferencias educacionales
importantes. En efecto, se ha comprobado que los jóvenes pertenecientes a los estratos más pobres del
país obtienen resultados académicos mucho peores que los jóvenes pertenecientes a los estratos más
altos.10 12 Un estudio solicitado a la Universidad de Chile por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, afirmó que estas diferencias comienzan a gestarse en los niños desde muy temprana edad,
antes incluso que inicien su educación primaria, afectando aspectos de su desarrollo cognitivo. Así, un
niño con sólo treinta y seis meses de vida, perteneciente al quintil más pobre del país, obtendría a futuro
110 puntos menos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que uno del quintil más rico. Este
estudio, realizado en 2010, verifica la importancia que da laneurociencia desde los años 1950 a una
estimulación apropiada de los niños durante sus primeros dieciocho meses de vida. Según el psicólogo,
activista social y filántropo chileno Benito Baranda, estas diferencias pueden revertirse en parte
ofreciendo una educación preescolar de calidad y accesible a todos los niños, sin importar su estrato
social, evitando que los jardines infantiles y sala cunas se conviertan en simples guarderías. A pesar de
lo anterior, Baranda también afirma que nada de esto es realmente posible mientras no disminuya la
brecha social, la cual, de hecho, impide que el 60 % de los niños del primer quintil más pobre al año
2013 reciba educación preescolar.13 A lo anterior, la especialista Verónica Monroy agrega que el
aumento de la escolaridad promedio en los últimos años no ha ayudado a la disminución de la
desigualdad del país.9
Otra de las consecuencias de la desigualdad socioeconómica en Chile es la segregación residencial,
que corresponde a la proliferación de las llamadas peyorativamentepoblaciones
callampas, asentamientos informales que se sitúan en zonas cercanas a sectores más acomodados,
originando la aparición de guetos. Este fenómeno ocurre en distintas regiones del país.13
Adicionalmente, existe en la actualidad un enorme desequilibrio entre lo que debe pagar cada empresa
al Estado en impuestos. Empresas multimillonarias como Celulosa Arauco, controlada por la sociedad
anónima AntarChile, perteneciente en su mayoría al grupo económico Anacleto Angelini, deben pagar
$38 pesos anuales —alrededor de ¢8 centavos de dólar— en una patente municipal, mientras que otras
empresas no tan grandes como la anterior, como CMPC, en la misma municipalidad deben pagar 48
millones de pesos —casi de 96 mil dólares—.14 El mismo caso del pago de patentes irrisorias se repite
en otras grandes empresas de distintos tipos, como por ejemplo las grandes tiendas.15 16
Iniciativas contra la desigualdad[editar]
La Movilización estudiantil que se ha extendido entre 2011 y 2013 es una de las instancias que han surgido para
abrir varios debates relacionados con la desigualdad nacional.
Desde el retorno a la democracia, pese a que ningún gobierno ha cambiado las bases del modelo
económico del Régimen Militar, principal factor de la desigualdad socioeconómica del país,1 se han
creado entidades gubernamentales, políticas públicas y mecanismos de medición con el fin de examinar
e intentar solucionar en parte los problemas de desigualdad existentes.
El principal mecanismo de medición es la ya mencionada Encuesta Casen, creada a fines del Régimen
Militar. No obstante, en la actualidad esta medición ha comenzado a ser criticada por algunos
especialistas, al estar demasiado enfocada en los ingresos percibidos, dejando de lado un enfoque
multidimensional que incluya otros factores que también condicionan la pobreza, como lo son los
relacionados con la educación y la residencia.13
Durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) se creó el programa Chile Crece Contigo y se
reformó el sistema de sala cunas.13 Asimismo, en 2009 se implementó el sistema de Subvención Escolar
Preferencial, que otorga recursos adicionales a loscolegios municipales y liceos subvencionados que
atienden alumnos en condiciones más vulnerables. Esta subvención adicional permitió disminuir la
creciente brecha entre colegios privados y municipalizados en los resultados del SIMCE de 2012, a
pesar de lo cual los resultados de los colegios privados siguen estando por sobre el promedio, y los de
colegios subvencionados, bajo el promedio.12
También existen iniciativas externas al Estado. La fundación Hogar de Cristo, institución chilena de
beneficencia pública fundada en 1944 por Alberto Hurtado y dirigida por los jesuitas,17 ofrece hogar a las
personas en estado de indigencia y entre otras acciones filantrópicas otorga educación preescolar a
cinco mil niños.13 La organización no gubernamental Educación 2020, por su parte, se creó en 2008 con
la finalidad de buscar el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación primaria y secundaria,
dándose para ello un plazo hasta el año 2020.18
Desde mediados de los años 2000, una serie de manifestaciones estudiantiles masivas y organizadas
han surgido buscando una mayor igualdad en el sistema educativo. Estas movilizaciones comenzaron
en 2006 con la revolución de los pingüinos, siguiendo con las movilizaciones de 2008, y con las
realizadas entre los años 2011 y 2013. Todas ellas se han caracterizado por un amplio uso de las redes
sociales como Twitter y Facebook, en las que la juventud chilena tiene una amplia participación.2
Historia económica de ChileEste artículo o sección posee referencias, pero necesita más para complementar
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La Historia Económica de Chile ha estado marcada por los diferentes cambios políticos que ha
experimentado el país. Desde los tiempos de la Colonia el modelo económico ha sido parte fundamental
de las políticas internas, sufriendo diversos cambios a lo largo de la historia nacional, especialmente
desde la última mitad del siglo XX, pasando de una economía de sustitución de importaciones,
impulsada por los Gobiernos Radicales y de corte centro-izquierdista, a una economía de libre mercado,
desarrollada tras el golpe militar de 1973 y que ha sido continuada por los Gobiernos democráticos
desde 1990.
Los distintos períodos de la historia económica en Chile se distinguen, en lo fundamental, por la
importancia relativa de ciertos recursos en las exportaciones y según el distinto rol del Estado en la
economía.
Índice
[
1 Siglos XV a XVII
2 Siglo XVIII. Modernización borbónica
3 1810 a 1930. Auge exportador y crisis
4 1930 a 1970. La Gran Depresión y la intervención activa del Estado
o 4.1 Industrialización
o 4.2 Gobierno de la Unidad Popular
5 Crisis económica y golpe de Estado
o 5.1 1970-1971
o 5.2 1972
o 5.3 1973
6 1975 - 1981. Gobierno Militar y reformas neo-liberales
o 6.1 Política comercial
o 6.2 Reforma bancaria y del sector financiero
o 6.3 Reforma al mercado de tierras rurales
o 6.4 Reforma laboral
o 6.5 Programas de empleo público
o 6.6 Crisis de 1982: ajustes y recuperación
7 Desde 1990. Restablecimiento de la democracia
o 7.1 Programas sociales
o 7.2 Crisis económica asiática de 1998-1999
8 Siglo XXI
9 Véase también
10 Referencias
Siglos XV a XVII[editar]
En tiempos coloniales, la economía chilena tiene como su eje la producción agrícola y ganadera. El
territorio estaba segmentado en latifundios que dejaron sólo pequeños terrenos disponibles a los
aldeanos mestizos e indígenas para cultivar. El ganado que creció en los latifundios era una fuente de
sebo y cueros, que eran enviados, vía Perú, a España. Eltrigo era la exportación principal de Chile
durante el período colonial. Desde inquilinos (peones), pertenecientes a los encomenderos, o dueños de
los latifundios, a los comerciantes y los mismos encomenderos, una cadena de relaciones dependientes
se realizaba en torno a la metrópoli española.
El gobierno desempeñó un papel significativo en la economía colonial. Reguló y asignó el trabajo,
distribuyó la tierra, concedió monopolios, fijó precios, licenció industrias, entregó derechos de minería,
creó empresas públicas, autorizó gremios, canalizó exportaciones, cobraba impuestos, y proporcionó
subvenciones. Fuera de la capital, sin embargo, los colonos a menudo no hacían caso o circunvinieron
leyes reales. En el campo y en la frontera, los terratenientes locales y los oficiales militares con
frecuencia establecían y hacían cumplir sus propias reglas.
La economía se amplió conforme a la regla española, pero algunos criollos se quejaban por los
impuestos reales y limitaciones en el comercio y producción. Aunque la corona requiriera que la mayor
parte del comercio chileno fuera con Perú, los contrabandistas lograron sostener un poco de comercio
ilegal con otras colonias americanas y con la misma España. Chile exportaba a Lima pequeñas
cantidades de oro, plata, cobre, trigo, sebo, cueros, harina, vino, ropa, instrumentos, barcos, y
mobiliario. Los comerciantes, los fabricantes, y los artesanos se hicieron cada vez más importantes para
la economía chilena.
La minería era significativa, aunque el volumen de oro y plata extraída en Chile fuera mucho menor que
la producción de Perú o México. Los conquistadores asignaron minas y lavaderos a la gente nacida en
la zona y los impusieron en la extracción del metal precioso para los nuevos dueños. La corona reclamó
un quinto de todo el oro producido, pero los mineros con frecuencia engañaban a la tesorería. Antes
del siglo XVII, las provisiones mermadas y la Guerra de Arauco redujeron la cantidad de oro extraído en
Chile.
Como los metales preciosos eran escasos, la mayor parte de los chilenos trabajaba en la agricultura.
Los grandes terratenientes se convirtieron en la élite local, a menudo manteniendo una segunda
residencia en la capital. Tradicionalmente, la mayor parte de los historiadores han considerado estos
grandes estados (llamados haciendas o fundos) ineficaces y explotadores, pero algunos eruditos han
afirmado que ellos eran más productivos y menos crueles de lo que son convencionalmente
representados.
Las haciendas al principio dependieron para su existencia de la tierra y el trabajo de la gente indígena.
Como en el resto de la América española, los funcionarios reales recompensaban a muchos
conquistadores según el sistema de encomienda, por el cual un grupo de indios americanos sería
consignado temporalmente a su cuidado. Los cesionarios, llamados encomenderos, serían
evangelizados a cambio de pequeños pagos de tributo y servicio, pero ellos por lo general
aprovechaban sus gastos como trabajadores y criados. Muchos encomenderos también asignaron
tierras nativas. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los encomenderos frenaban las tentativas de la corona
y laiglesia católica de interferir con su explotación del pueblo indígena.
La colonia chilena dependió fuertemente del trabajo impuesto, que era legalmente la faena pesada o,
como el sistema de encomiendas, nominalmente libre. El salario al principio era raro en el período
colonial; se hizo mucho más común en los siglos XVIII y XIX. Como pocos indios americanos o africanos
estaban disponibles, la población mestiza fue la fuente principal de trabajadores para el número
creciente de latifundios, que eran básicamente sinónimos de haciendas.
Aquellos trabajadores en condición de arrendatarios se hicieron conocidos como inquilinos. Muchos de
ellos trabajaron fuera de la economía en efectivo, tratando en tierra, trabajo, y trueque. El campo
también fue poblado por pequeños terratenientes (minifundistas), trabajadores migratorios (afuerinos), y
unas posesiones de tierras comunales mapuches (por lo general bajo título legal).
Siglo XVIII. Modernización borbónica[editar]
El reinado de los Habsburgo terminó en el siglo XVII. Sus sucesores en el reino, la dinastía francesa de
los Borbones, reinó por el resto del período colonial. En la segunda mitad del siglo XVIII, trataron de
reestructurar el Imperio para mejorar su productividad y defensa. El período principal de reformas
borbónicas en Chile duró desde la coronación de Carlos III (1759-88) en España hasta el fin del
mandato del gobernador Ambrosio O'Higgins, Marqués de Osorno en Chile (1788-96).
Los gobernadores borbónicos dieron a la audiencia de Chile (Santiago) mayor independencia
del Virreinato del Perú. Uno de los gobernadores más acertados de la era borbónica fue el irlandés
Ambrosio O'Higgins, cuyo hijo Bernardo O'Higgins conduciría el movimiento independentista chileno.
Ambrosio O'Higgins promovió la mayor autosuficiencia tanto de producción económica como de
administración pública, y amplió y reforzó a los militares. En 1791 también proscribió las encomiendas y
el trabajo forzado.
Los Borbones permitieron que Chile comerciara más libremente con otras colonias, así como con
estados independientes. El intercambio aumentó con Argentina después de que se convirtió en
el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Los barcos de Estados Unidos y Europa realizaban comercio
directo con Chile hacia el final del siglo XVIII. Sin embargo, el volumen total del comercio chileno
permaneció pequeño dado que la colonia producía pocos artículos de alto valor a los forasteros.
El comercio más libre trajo con ello mayor conocimiento de política en el extranjero, sobre todo la
extensión del liberalismo en Europa y la creación de Estados Unidos. Aunque algunos miembros de la
élite chilena coquetearan con los ideales de la Ilustración, la mayor parte de ellos adhirieron rápido a la
ideología tradicional de la corona española y su compañera, la Iglesia Católica. Las nociones de
democracia e independencia, sin mencionar el protestantismo, nunca alcanzaron a la gran mayoría de
mestizos e indios americanos, que siguieron siendo analfabetos y subordinados.
1810 a 1930. Auge exportador y crisis[editar]
Después del inició del proceso independentista en Chile en 1810, la economía creció gracias a una
combinación de políticas mercantilistas y de libre mercado. Las exportaciones agrícolas, principalmente
trigo, fueron el pilar de la economía de exportación. A mediados de siglo, sin embargo, Chile se había
convertido en uno de los productores principales de cobre en el mundo. Después la Guerra del
Pacífico contra Bolivia y Perú (1879-1882), las minas de nitrato en áreas conquistadas durante la guerra
se convirtieron en fuente de enormes ingresos, que fueron prodigados a importaciones, proyectos de
trabajos públicos, educación, y, menos directamente, la extensión de un incipiente sector industrial.
Entre 1890 y 1924, las exportaciones de nitrato supusieron un promedio de aproximadamente un 25 %
del Producto Interno Bruto (PIB) y los impuestos por exportaciones de nitrato representaron
aproximadamente la mitad de los ingresos presupuestarios ordinarios del Estado desde 1880 hasta
1920. Hacia 1910 Chile se había establecido como uno de los países más prósperos en América Latina.
1930 a 1970. La Gran Depresión y la intervención activa del Estado[editar]
Huaso chileno en un campo de trigo, 1940.
Véanse también: República Parlamentaria (Chile) y República Presidencial (Chile).
La dependencia de las exportaciones de salitre contribuyó a la inestabilidad financiera del país porque el
volumen de gastos públicos dependió de los caprichos del mercado internacional de este producto.
Chile afrontó una severa crisis interna cuando la prosperidad de salitre se terminó repentinamente
durante la Primera Guerra Mundial a consecuencia de la invención de sustitutos sintéticos por científicos
alemanes, a causa del bloqueo inglés de salitre a Alemania. Gradualmente, el cobre sustituyó al salitre
como la materia de exportación principal de Chile. Usando nuevas tecnologías que hicieron factible la
extracción de cobre de menor ley, las compañías de Estados Unidos compraron minas chilenas
existentes para el desarrollo en gran escala.
Chile al principio sintió el impacto de la Gran Depresión en 1930, cuando el PIB cayó un 14 %, los
ingresos se redujeron un 27 %, y las exportaciones disminuyeron un 28 %. Hacia 1932 el PIB se había
disminuido a menos de la mitad de lo que había sido en 1929, generando un aumento en
el desempleo y las bancarrotas empresariales. La Liga de las Naciones etiquetó a Chile como el país
más golpeado por la Gran Depresión porque el 80 % de los ingresos públicos procedían de
exportaciones de cobre y salitre, que poseían baja demanda.
Influidos profundamente por la Gran Depresión, muchos líderes nacionales promovieron el desarrollo de
la industria local en un esfuerzo para aislar la economía chilena de futuros choques externos. Después
de seis años de medidas de austeridad del gobierno, que tuvieron éxito en el restablecimiento de la
solvencia del país, los chilenos eligieron durante el periodo entre 1938 y 1958 a una sucesión de
gobiernos de centro y centroizquierda, interesados en la promoción del crecimiento económico por
medio de la intervención pública.
Impulsado en parte por el Terremoto de Chillán de 1939, el gobierno del Frente Popular de Pedro
Aguirre Cerda creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) con el fin de impulsar con
subvenciones e inversiones directas, un programa ambicioso de industrialización de substitución de
importaciones. Por consiguiente, como en otros países latinoamericanos, el proteccionismo se hizo un
aspecto firmemente enraizado de la economía chilena.
La industrialización de substitución de importaciones fue afectada por el advenimiento de la Segunda
Guerra Mundial y la pérdida de acceso a muchos productos importados. Las compañías estatales de
energía eléctrica, acero, petróleo, y otras industrias pesadas también fueron creadas y se ampliaron
durante los primeros años del proceso de industrialización, sobre todo bajo la dirección de CORFO.
A pesar de que al principio hubo impresionantes tasas de crecimiento, la industrialización de
substitución de importaciones no produjo una expansión sostenible del sector industrial. Con la
industrialización el proceso desarrolló una serie de restricciones, mandos, y regulaciones a menudo
contradictorias. Con el tiempo, las industrias encontraron que sus mercados eran limitados en una
sociedad donde un porcentaje grande de la población era pobre y donde muchos habitantes rurales
vivieron en los márgenes de la economía monetaria. El modelo económico no generó una industria de
bienes de equipo viables porque las firmas confiaron en importaciones de capital a menudo anticuadas y
bienes intermedios. La supervivencia a menudo dependía de subvenciones estatales o protección
estatal. De hecho, era debido a estas restricciones de importación que muchas de las industrias
domésticas eran capaces de sobrevivir. Por ejemplo, varios estudios relativos han indicado que Chile
tenía una de las más altos, y más variable, estructuras proteccionarias en el mundo en vías de
desarrollo. Como una consecuencia, muchas, si no las más, de las industrias creadas conforme a la
estrategia de industrialización de substitución de importaciones eran ineficaces. También, ha sido
argumentado que esta estrategia condujo al uso de producción muy costosa, que, entre otras
ineficiencias, obstaculizaba la creación de trabajo.
Durante el período de industrialización de substitución de importaciones, el cobre siguió siendo la
materia de exportación principal y la fuente del mercado de divisas, así como un generador importante
de ingresos del gobierno. La parte retenida del gobierno chileno del valor de la salida de cobre aumentó
de aproximadamente un cuarto en 1925 a un 80 % en 1970, principalmente debido a impuestos más
altos. Aunque las mejores políticas proteccionistas aislaron a Chile de los choques ocasionales de
mercados de materias primas mundiales, los cambios de precios siguieron tomando su peaje.
Industrialización[editar]
Mina de cobre de Chuquicamata, símbolo de la producción minera en Chile.
Entre 1950 y 1970, la economía chilena crecía a niveles marginales. El PIB creció en un promedio del
3,8 % por año, mientras que el verdadero PIB per cápita aumentó en un promedio anual del 1,6 %.
Durante este período, la interpretación económica de Chile era la más pesimista en América Latina.
Uno de los objetivos que perseguía el modelo ISI era que el país disminuyera las relaciones exteriores
para fomentar el crecimiento interno. Pero según datos de la OXLAD, entre 1950 y 1970 las
exportaciones de Chile aumentaron en relación a su PIB y por lo tanto no se consiguió.
Como en la mayoría de los casos históricos, la estrategia de substitución de importaciones de Chile fue
acompañada por una supervaloración aguda del dinero doméstico que impidió el desarrollo vigoroso de
las exportaciones no tradicionales (es decir, aquellas que no tuvieran relación con el cobre). Aunque se
intentó una reforma agraria, el gobierno cada vez más recurrió al control de precios agrícolas a fin de
subvencionar el funcionamiento urbano y clases medias. El sector agrícola fue en particular afectado por
la supervaloración del dinero de Chile. El revestimiento de la agricultura fue, de hecho, uno de los
síntomas más sensibles de los problemas económicos de Chile de los años 1950 y los años 1960.
Durante este período la extracción y fabricación a partir del cobre aumentó considerablemente sus
exportaciones totales.
El modelo de sustitución de importaciones buscaba reducir en un primer momento las importaciones de
bienes de consumo, y posteriormente las de bienes intermedios y de capital. Sin embargo, los datos de
la OXLAD nos permiten ver que tampoco se consiguió lo que se pretendía. La importación de bienes de
consumo aumentó ligeramente, aunque menos que la de bienes de capital (necesarios para llevar a
cabo la industrialización que buscaba el modelo); y los bienes intermedios perdieron peso en un primer
momento para comenzar a coger importancia otra vez en la década de los sesenta.
Antes de 1960, la mayor parte de las substituciones fáciles y obvias de bienes importados habían sido
hechas ya; el proceso de la substitución de importaciones se hacía rápidamente menos dinámico. Por
ejemplo, entre el total de 1950 y 1960 la verdadera producción industrial creció en una tasa anual de
sólo el 3,5 %, menos de la mitad del promedio de la década anterior.
Durante los años 1950, la inflación, que había sido un problema crónico en Chile desde al menos
los años 1880, se hizo particularmente seria; el índice de precios aumentó marcó un promedio del 36 %
por año durante la década, alcanzando un máximo del 84 % en 1955. La fuente principal de la presión
inflacionista en la economía chilena era una política fiscal notablemente floja. La historia económica de
Chile ha estado marcada por tentativas fracasadas de contener la inflación. Durante los años 1950 y los
años 1960, se lanzaron tres programas de estabilización principales, uno en cada administración. El
aspecto común de estos esfuerzos era el hincapié hecho en el abordaje de varias consecuencias de
presiones inflacionistas, como precios, salarios, y aumentos de tipo de cambio, más bien que la causa
primordial del crecimiento de dinero, la monetización del déficit fiscal. A pesar de los esfuerzos de los
presidentes Carlos Ibáñez del Campo (1927-31, 1952-58) y Jorge Alessandri Rodríguez (1958-64), la
inflación tuvo un promedio del 31 % por año durante estas dos décadas. En 1970, el último año del
gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-70), la tasa de inflación llegó al 35 %.
Durante los años 1960, y sobre todo durante la administración Frei Montalva, fueron lanzados algunos
esfuerzos para reformar la economía. Éstos incluyeron una reforma agraria, una liberalización limitada
del sector externo, y una política de minidevaluaciones que apuntaban a la prevención de la erosión del
tipo de cambio real. Conforme a la Ley de Reforma Agraria de 1962, se creó la Corporación de la
Reforma Agraria (CORA) para manejar la distribución, pero la reforma agraria resultó ser lenta y cara. A
pesar de estos y otros reformas, hacia finales de los años 1960 parecía que la interpretación de la
economía no había mejorado en relación a los veinte años anteriores. Además, la economía aún era
fuertemente regulada.
Gobierno de la Unidad Popular[editar]
Véanse también: Plan Vuskovic y Unidad Popular.
En septiembre de 1970, Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular (UP), fue elegido
presidente de Chile. Durante los siguientes tres años lideró una experiencia política y económica única.
Era una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda dominados por el Partido Socialista de
Chile y el Partido Comunista de Chile, ambos de los cuales buscaban poner en práctica reformas
profundamente institucionales, políticas y económicas. El programa de la UP proponía una "vía chilena
al socialismo" democrática.
Cuando Allende tomó posesión del cargo en noviembre de 1970, su gobierno afrontó una economía
estancada y debilitada por la inflación, que alcanzó una tasa del 35 % en 1970. Entre 1967 y 1970, el
verdadero PIB per cápita había crecido sólo el 1,2 % anual, una tasa considerablemente por debajo del
promedio latinoamericano. La balanza de pagos había mostrado que los excesos sustanciales durante
todos excepto uno de los años a partir de 1964 hasta 1970, y, cuando la UP tomó el poder, el Banco
Central de Chile tenía un stock de reservas internacionales de aproximadamente 400 millones de
dólares.
La UP tenía un número de objetivos económicos a corto plazo: iniciar transformaciones económicas
estructurales, incluyendo un programa de nacionalización; aumentar los salarios reales; reducir la
inflación; estimular el crecimiento económico; incrementar el consumo, especialmente entre la gente
pobre; y reducir la dependencia económica del resto del mundo. El programa de nacionalización de la
Unidad Popular debía ser logrado mediante una combinación de nueva legislación, requisiciones, y
compra de acciones a pequeños accionistas. Las otras metas debían ser logradas mediante un impulso
a la demanda agregada, principalmente generada por altos gastos gubernamentales, acompañados de
estrictos controles de precios y mediciones para redistribuir el ingreso.
El programa macroeconómico de la UP estaba basado en varios supuestos clave, siendo el más
importante el hecho de que el sector manufacturero tenía una amplia capacidad no utilizada. Esto
proveyó la base teórica para la creencia de que grandes déficits fiscales no necesariamente serían
inflacionarios. La falta de una utilización completa fue, en parte, atribuida a dos factores fundamentales:
la naturaleza monopolística de la industria manufacturera y la estructura de la distribución de ingresos.
Basado en este diagnóstico, se creía que el ingreso sería redistribuido entre los grupos pobres a través
de ingresos de salarios y si los precios serían adecuadamente controlados, lo que redundaría en una
expansión significativa de la demanda y la producción.
En cuanto a la inflación, el programa de la UP culpó a las rigideces estructurales (es decir, la lenta o
nula respuesta de la cantidad suministrada a los aumentos de precios), y el rol de fijación de precios
monopolísticos, y restó importancia al papel de las presiones fiscales y la creación de dinero. Se prestó
poca atención al sector financiero, dada la orientación económica de los tecnócratas del nuevo régimen
hacia la sustitución de importaciones, que en ese entonces era la filosofía estructuralista de la Comisión
Económica para América Latina. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores y Vicepresidente de
Allende, Clodomiro Almeyda, relata en sus memorias cómo en la primera reunión post-electoral del
equipo económico, dichos tecnócratas expresaron de manera convincente que la gestión monetaria y
financiera no merecían demasiada atención. Alfonso Inostroza, el presidente del Banco Central de
Chile en ese entonces, señaló a inicios de 1971 que el principal objetivo de la política monetaria era
"convertirla en un instrumento clave... para lograr la movilización total de los recursos productivos, y su
asignación a aquellas áreas a las que el gobierno les da prioridad..." Esto fue consistente desde el punto
de vista de la inflación de quienes defienden el estructuralismo.
La perspectiva de la UP referente a la economía funcionaba ignorando muchos de los principios clave
de la teoría económica tradicional. Esto se reflejó no sólo en la muy disminuida atención a las políticas
monetarias, sino que también en el desprecio absoluto del tipo de cambio como una variable clave para
determinar el equilibrio macroeconómico. En particular, el programa de la UP y sus políticas no
prestaban atención al real de la tipo de cambio real como determinante de la posición competitiva
internacional del país. Por otra parte, la UP no reconoció que sus políticas no serían sostenibles en el
mediano plazo y que las limitaciones de capacidad se convertirían en un obstáculo insuperable para un
rápido crecimiento.
Crisis económica y golpe de Estado[editar]
1970-1971[editar]
Después de asumir el poder en noviembre de 1970, la UP rápidamente comenzó a poner en práctica su
programa. En el área de reformas estructurales, dos medidas básicas fueron inmediatamente
comenzadas. Primero,la reforma agraria fue enormemente intensificada, y un número grande de granjas
fue expropiado. Segundo, el gobierno propuso cambiar la Constitución Política a fin de nacionalizar las
grandes minas de cobre que fueron conjuntamente apropiadas por firmas grandes de los Estados
Unidos y el estado chileno.
Los gastos del gobierno se ampliaron enormemente, y en 1971 los salarios reales y los salarios en el
sector público aumentaron un promedio del 48 %. Los salarios en el sector privado crecieron
aproximadamente el mismo promedio. También, el empleo del sector público entre 1970 y 1972 creció
un promedio del 11,4 % anual.1 En los dos primeros cuartos de 1971, el egreso industrial aumentó un
6,2 % y el 10,6 % comparado con los mismos períodos en el año anterior. Las ventas industriales
crecieron en promedios aún más grandes: el 12 % durante el primer cuarto y el 11 % durante el segundo
cuarto.
En general, el comportamiento de la economía en 1971 pareció justificar a los economistas de la UP: el
PIB real creció en un 7,7 %, los salarios reales aumentaron en promedio un 17 %, el consumo agregado
creció en una tasa real del 13,2 %, y la tasa de desempleo bajó debajo del 4 %.1 También, y más
importante para los líderes políticos de la UP, la distribución de ingresos mejoró considerablemente. En
1971 la parte de trabajo del PIB alcanzó el 61,7 %, casi diez puntos porcentuales más alto que en 1970.
Todo esto creó un sentido de euforia en el gobierno.
El 11 de junio de 1971 el Congreso Nacional aprobó unánimemente una enmienda a la constitución que
nacionalizaba las grandes minas de cobre. Como consiguiente, la reforma del sistema bancario y las
grandes firmas industriales era más difícil porque el gobierno careció de los medios institucionales de
poner en práctica la nacionalización. Al principio, este obstáculo fue aliviado porque el gobierno compró
bloques de acciones, sobre todo acciones bancarias, en precios altos. Estas adquisiciones en parte
fueron complementadas por un proceso de requisición o la expropiación de compañías de propiedad
extranjera basadas en un antiguo, y hasta entonces olvidado Decreto Ley promulgado durante la corta
existencia de la República Socialista de Marmaduke Grove Vallejo de 1932.
Todo siguió bien en la economía en 1971. Las políticas macroeconómicas de la UP generaban
rápidamente una situación de inflación reprimida. La alta tasa de crecimiento del PIB era en gran parte
el resultado de un aumento de casi el 40 % de importaciones de bienes intermedios. El déficit fiscal
había saltado del 2 % del PIB en 1970 a casi el 11 % en 1971. El precio en el cual la oferta de dinero
creció el 100 % excedido en 1971. Como consiguiente, las reservas internacionales heredadas por el
gobierno de Allende fue reducida en más de una mitad sólo en aquel año. Una reducción rápida de
inventarios fue otro factor importante en la extensión de consumo.
Hacia finales de 1971, las presiones inflacionistas se habían hecho evidentes. La economía
experimentaba las consecuencias de una demanda agregada de bienes y servicios bien arriba el
suministro agregado en precios corrientes. Este desequilibrio fue agravado por una serie de disputas de
trabajo en muchos establecimientos grandes que causaron a la entrada en funciones de aquellas firmas
por sus trabajadores. De hecho, este procedimiento se hizo el camino institucionalizado del cual el
gobierno agarró un número grande de firmas.
1972[editar]
Durante 1972 los problemas macroeconómicos siguieron aumentando. La inflación superó el 200 %, y el
déficit fiscal superó el 13 % del PIB. El crédito interno al sector público creció en casi 300 %, y las
reservas internacionales cayeron por debajo de los 77 millones de dólares. Los salarios reales cayeron
un 25 % en 1972.1
La economía clandestina y el "mercado negro" crecieron a medida que más y más actividades se
retiraban de la economía oficial. Como resultado, muchas fuentes de ingresos fiscales desaparecieron.
Se inició un círculo vicioso: la inflación reprimida alienta a la economía informal, lo que reduce los
ingresos fiscales y provoca un aumento de los déficits y una inflación aún mayor. En 1972 dos
programas de estabilización se llevaron a cabo, ambos sin éxito.
Al evaluar los problemas que enfrentaba la economía, los economistas de la UP generalmente
señalaban que las autoridades no habían impuesto controles adecuados para ejecutar el programa de
Allende. Esta visión guio al primero, aunque débil, intento de estabilizar la economía que fue lanzado en
febrero de 1972. Los controles de precios fueron el principal ingrediente del programa. A mediados de
1972 era evidente que el programa de estabilización de febrero fue un fracaso. La economía clandestina
se extendía, la producción había comenzado a decaer, la inflación alcanzó una tasa anual del 70 % en
el segundo trimestre, las reservas de divisas eran muy escasas, y el valor de la moneda en el mercado
negro estaba cayendo rápidamente. Las elecciones parlamentarias previstas para marzo de 1973
hicieron que la situación se tornara particularmente difícil para la UP. En agosto de 1972, un nuevo
programa de estabilización fue lanzado bajo el monitoreo político del Partido Comunista de Chile. Esta
vez, no sólo los precios estaban controlados oficialmente, sino que los canales de distribución serían
asumidos por el gobierno, en un intento por reducir la expansión del mercado negro.
A diferencia del plan anterior, el programa de estabilización de agosto de 1972 se basó en una
devaluación masiva del escudo. El gobierno esperaba que el resultado fuera una disminución de las
crecientes presiones sobre la balanza de pagos. El programa también incluía dos medidas básicas para
contener las presiones fiscales. En primer lugar, nacionalizó las empresas que estaban autorizadas a
aumentar los precios como medio para recubrir las necesidades de financiación, especialmente de los
recientemente nacionalizados sectores manufacturero y agrícola (grandes empresas manufactureras y
granjas que habían sido expropiadas arbitrariamente). La devaluación y un gran número de incrementos
de precios resultaron en tasas de inflación anualizadas de 22,7 % en agosto y 22,2 % en septiembre.
A mediados de 1972, el gobierno anunció que había redactado una nueva política salarial basada en un
aumento de los salarios públicos y privados en una proporción igual a la tasa de inflación acumulada
entre enero y septiembre. Además, la nueva política señalaba ajustes salariales más frecuentes.
Al mismo tiempo, Estados Unidos realizó una campaña para profundizar la crisis de la inflación.2 El
economista chileno Jacobo Schatan escribe, "Está claro que la escasez ha sido manipulada por razones
políticas, para crear un clima favorable tanto para el golpe de Estado y, posteriormente, el cambio total
del sistema económico".3
1973[editar]
Artículo principal: Colapso económico de 1973 en Chile
Durante el primer trimestre de 1973, los problemas económicos de Chile llegaron a ser extremadamente
graves. La inflación alcanzó una tasa anual de más de 120 %, la producción industrial declinó cerca de
un 6 %, y las reservas de divisas en poder del Banco Central estaban apenas por encima de los 40
millones de dólares. El mercado negro abarcaba una variedad cada vez mayor de las transacciones en
divisas. El déficit fiscal continuó aumentando como resultado de la espiral de gastos y la rápida
desaparición de fuentes de tributación. Para ese año, el déficit fiscal finalizó sobre el 23 % del PIB.
La profundidad de la crisis económica afectó seriamente a la clase media, y las relaciones entre el
gobierno de la UP y la oposición se volvieron cada vez más confrontacional. El 11 de septiembre de
1973, el gobierno de la UP llegó a un repentino final con el golpe militar y el suicidio del presidente
Allende.
Cuando los militares tomaron el poder, el país estaba dividido políticamente, y la economía era un
desastre. La inflación era galopante, y las distorsiones de precios relativos, derivadas principalmente del
control masivo de precios, eran endémicas. Además, las actividades del mercado negro eran
rampantes, los salarios reales habían caído drásticamente, las perspectivas económicas de la clase
media se habían oscurecido, el sector exterior se enfrentaba a una grave crisis, la producción y la
inversión estaban cayendo marcadamente, y las finanzas del gobierno estaban completamente fuera de
control.
Véase también: Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973
1975 - 1981. Gobierno Militar y reformas neo-liberales[editar]
Después de que los militares asumieron el gobierno en septiembre de 1973, hubo un año y medio de
abandono benigno de la economía cuando el régimen consolidó su poder. En abril de 1975, los
llamados "Chicago Boys" tomaron el control de la política económica, y comenzó un período de cambios
económicos dramáticos. Chile fue transformado gradualmente de una economía aislada del resto del
mundo, con la intervención fuerte del gobierno en una economía integrada liberalizada, mundial, donde
las fuerzas de mercado fueron dejadas libres de dirigir la mayor parte de las decisiones de la economía.
Este período fue caracterizado por varios logros económicos importantes, sostenidos por el apoyo de la
administración estadounidense: se redujo la inflación enormemente, el déficit público fue prácticamente
eliminado, la economía pasó por una liberalización dramática de su sector exterior, y se estableció un
sistema de mercado fuerte. Junto con estos logros, las caídas ocurrieron en el nivel de vida de los
ciudadanos más pobres, la pobreza creció dramáticamente, los salarios disminuyeron, y el hueco entre
rico y pobre se ensanchó considerablemente.4
Desde un punto de vista económico, la era del general Augusto Pinochet Ugarte (1973-90) puede ser
dividida en dos períodos. El primero, desde 1975 hasta 1981, corresponde al período en el que se
pusieron en práctica la mayor parte de las reformas. El período concluyó con la crisis de deuda
internacional y el colapso de la economía chilena. En aquel punto, el desempleo era muy alto, por
encima del 20 %, y una proporción grande del sector bancario había quebrado. Durante este período,
una política económica pragmática que enfatizó en la extensión de exportaciones y el crecimiento fue
puesta en práctica. El segundo período, desde 1982 hasta 1990, se caracterizó por la recuperación
económica y un movimiento adicional hacia una economía libre de mercado, aunque en un paso más
lento que aquel de principios de los años 1980.
Política comercial[editar]
Uno de los objetivos económicos fundamentales del régimen militar fue abrir la economía al resto del
mundo. Sin embargo, este no era la primera tentativa en la liberalización delcomercio internacional en
Chile. Entre 1950 y 1970, el país pasó por tres tentativas de liberalización comercial sin alcanzar la
liberalización completa. Además, tres tentativas rápidamente se terminaron en la frustración y en una
reversión a controles de divisas, el uso de tipos de cambio múltiples, y restricciones cuantitativas
masivas. Un rasgo en particular interesante de las tres tentativas en la liberalización es que, aunque
ocurrieran bajo tres sistemas de tipo de cambio diferentes, todos sufrieron un colapso, al menos en
parte debido a un verdadero tipo de cambio muy supervalorado.
A inicios de 1974, Chile adoptó unilateralmente un régimen comercial abierto caracterizado por bajas
aranceles en las tarifas de importación, una carencia de cambio o mandos comerciales, y restricciones
mínimas al movimientos de capitales. A inicios de 1979, la política comercial de Chile se liberalizó;
posteriormente, no había restricciones cuantitativas, licencias, o prohibiciones. Un impuesto de
importación uniforme que varía entre el 10 % y el 35 % entró en vigor, y, hasta 1980, el verdadero tipo
de cambio sobre la valoración generalmente era evitado. Hacia 1990 Chile era el único país, según
el Banco Mundial, cuyo índice de liberalización alcanzó el nivel posible máximo de 20, indicando una
ausencia de la deformación de sector externo.
En 1973, las tarifas de importación hicieron un promedio del 105 % y fueron muy dispersas, con algunos
bienes sujetos a tarifas nominales de más del 700 % y otros totalmente eximidos de derechos de
importación. Además de tarifas, una batería de restricciones cuantitativas fue aplicada, incluso
prohibiciones de importación absolutas y depósitos de importación previos de hasta el 10.000 %. Estas
medidas protectoras fueron complementadas por un sistema de tipo de cambio múltiple y que consiste
en quince tipos de cambio nominales diferentes. Hacia agosto de 1975, todas las restricciones
cuantitativas habían sido eliminadas, y la tarifa media había sido reducida al 44 %. Este proceso de
reducciones de tarifa siguió hasta junio de 1979, cuando todas las tarifas fueron fijadas en el 10 %. A
mediados de los años 1980, en medio de la crisis de deudas, las excursiones de tarifa temporales
fueron puestas en práctica; hacia 1989, sin embargo, un nivel uniforme del 15 % había sido establecido.
Durante el primer período (1975-1979) del régimen militar, la apertura del sector externo de Chile fue
acompañado por un tipo de cambio real fuertemente depreciado. En 1979, sin embargo, las autoridades
adoptaron una política de tipo de cambio fijo que resultó en una aguda sobrevaloración del peso chileno,
la pérdida de competitividad internacional, y, en 1982, una profunda crisis económica. En 1984 y 1985
esta situación se revirtió, y se implantó una política de depreciación y tasas de cambio real altamente
competitivas. La combinación de estas dos políticas - bajas tarifas y una tasa de cambio real competitiva
- tuvieron un impacto significativo en la estructura económica chilena. La participación de las
manufacturas en el PIB cayó de cerca del 29 % en 1974 al 22 % en 1981. La productividad en los
sectores transables creció sustancialmente, y las exportaciones se diversificaron.. Chile diversificó
también sus mercados de exportación, de modo que ningún mercado individual compra más del 20 %
de las exportaciones totales del país. En la década de los 90, las exportaciones se habían convertido en
el motor del crecimiento, y la reforma comercial chilena fue apreciada por instituciones multinacionales y
observadores de diferentes tendencias ideológicas. Gracias al auge de las exportaciones entre 1986 y
1991, y en particular al creciente aumento de las exportaciones de frutas frescas y productos
manufacturados, Chile experimentó la mayor tasa de crecimiento del PIB en América Latina
(denominado Milagro de Chile), con un incremento anual del 4,2 %.
En lo que quizás fue el signo más seguro del éxito de las reformas comerciales, el nuevo gobierno
democrático del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), electo en diciembre de 1989, decidió continuar
con el proceso de apertura y reducción de aranceles de importación a un 11 %. Curiosamente, el equipo
económico de Aylwin, entre ellos el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, habían sido críticos implacables del proceso de reformas durante su ejecución a
mediados y fines de los años 70.
Reforma bancaria y del sector financiero[editar]
Un objetivo importante del régimen militar fue la liberalización y modernización del sector bancario.
Hasta 1973 el mercado de capitales interno había sido muy reprimido, con la mayoría de los bancos en
propiedad del Estado. Las tasas de intereses reales eran negativas, y había restricciones cuantitativas a
los créditos. El proceso de liberalización se inició lentamente, a principios de 1974, con las venta de los
bancos de vuelta al sector privado, la liberalización de las tasas de interés, la relajación de algunas
restricciones en el sector bancario, y la creación de nuevas instituciones financieras. Los movimientos
internacionales de capital, sin embargo, fueron estrictamente controlados hasta mediados de 1979. En
junio de ese año, el gobierno decidió comenzar a liberalizar la cuenta de capital de la balanza de pagos,
levantando algunas restricciones a movimientos de capital a mediano y largo plazo.
La apertura de la cuenta de capitales dio lugar a un flujo masivo de capitales extranjeros que
contribuyeron a los posteriores problemas de la deuda internacional de Chile. En 1980 las entradas de
capital fueron más del doble de las de 1979 - 2.500 millones de dólares frente a 1.200 millones de
dólares - y en 1981 el nivel de ingresos de capitales se duplicó nuevamente, llegando a 4.500 millones
de dólares.
Un resultado importante de las reformas al sector financiero fue que el número de instituciones
financieras y el volumen de intervención extranjera aumentaron considerablemente. Por ejemplo, en
1981 había 26 bancos nacionales, 19 bancos extranjeros, y 15 instituciones de ahorro y crédito (más
conocidas como "financieras"), un número significativamente más alto que los 18 bancos nacionales y 1
banco extranjero en funcionamiento en septiembre de 1973. Además, entre 1973 y 1981 el volumen real
del crédito total al sector privado aumentó en más de un 1.100 %.
Al menos en términos de aumento del grado de intermediación financiera, la liberalización ha sido un
éxito. Sin embargo, era evidente desde el principio que la liberalización del mercado de capitales se
enfrentaban a tres grandes obstáculos. En primer lugar, las tasas de interés eran muy altas. En segundo
lugar, a pesar del crecimiento significativo en el ámbito de la intermediación financiera, el ahorro interno
no ha aumentado en la medida en que los proponentes de las reformas habían esperado. De hecho, el
ahorro interno se encontraba en uno de sus niveles más bajos de la historia entre 1974 y 1982. Hay
varias explicaciones posibles para el comportamiento del ahorro interno. Uno de los más populares de
estas se basa en la idea de que la apreciación de los activos internos que se estaba produciendo en ese
momento, como acciones y precios de la tierra, dio lugar a una acumulación real de los activos sin
salvar. Este aumento de la riqueza del sector privado era coherente con mayores niveles de consumo
en un determinado ingreso. En tercer lugar, y quizás más importante, el rápido crecimiento del sector
financiero tuvo lugar en un entorno en el que las autoridades monetarias no ejercían ninguna
supervisión. Como resultado, los bancos han acumulado un volumen sin precedentes de préstamos
incobrables, una situación que llevó a la crisis financiera de 1982-1983. Como consecuencia de esta
crisis, un número de bancos se declararon en quiebra entre 1983 y 1984, los cuales fueron colocados
temporalmente bajo control del gobierno, y luego fueron reprivatizados. En 1992, después de que las
autoridades monetarias habían aprendido por las malas la importancia de la supervisión bancaria, el
sector financiero de Chile se había convertido en altamente estable y dinámico.
Reforma al mercado de tierras rurales[editar]
En el momento del golpe militar, alrededor del 60 % de las tierras de regadío de Chile y el 50 % de la
superficie agrícola total estaba controlada por el sector público. La reforma agraria se había iniciado en
la década de 1960 con expropiaciones de grandes latifundios (aquellos con más de 80 hectáreas de
regadío), y el fomento de la explotación de pequeñas granjas administradas por sus propietarios. La
administración Allende favoreció las explotaciones de granjas a gran escala mediante cooperativas y la
administración del Estado sobre la propiedad privada de las tierras agrícolas. A partir de 1974, el
gobierno militar comenzó a utilizar a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) para poner fin a la
Reforma Agraria mediante la distribución de tierras para establecer granjas familiares con propiedad
individual. En un periodo de tres años, 109.000 granjeros y 67.000 descendientes de mapuches tenían
asignados derechos de propiedad en granjas pequeñas. Alrededor del 28 % de la tierra expropiada fue
devuelta a sus dueños anteriores, y el resto fue subastada.
Tres asuntos jurídicos fundamentales fueron entonces clarificados por decretos ley en 1978. La
autoridad del gobierno para expropiar tierras fue derogada, los límites máximos de tenencia de tierras (el
equivalente a ochenta hectáreas de regadío) fueron suprimidos, y la prohibición de la propiedad
corporativa de la tierra fue eliminada. A fines de 1978, todas las tierras agrícolas de propiedad pública
habían sido distribuidas, y la CORA fue cerrada legalmente.
Las reformas en la legislación que reguló el arrendamiento de tierras y subdivisiones de tierras en 1980
le agregó flexibilidad a los mercados de tierras rurales. Pero tal vez los aspectos más cruciales de las
reformas fueron la separación de los derechos de aguas de la propia tierra y la posibilidad legal de
transferir los títulos de aguas independientemente de las transacciones de tierras.
Reforma laboral[editar]
Inmediatamente después del golpe de 1973, muchas instituciones laborales, es decir, los canales
tradicionales de influencia, tales como oficinas de gobierno, que los sindicatos utilizan para hacer oír su
voz, se disolvieron, y algunos sindicatos importantes fueron disueltos. Por lo tanto, los ajustes salariales
se convirtieron principalmente en una función de indexación, que, dada la historia inflacionaria de Chile,
se había convertido en un elemento establecido de cualquier negociación salarial. La indexación se
mantuvo en vigor hasta 1982, a través de diez años de descenso de la inflación.
A partir de octubre de 1973, el gobierno estableció que los ajustes periódicos de los salarios estuvieran
vinculados a la tasa de inflación. Los salarios bajos fueron ajustados proporcionalmente más que los
salarios altos. Desde 1973 hasta 1979 el Plan Laboral formalizó esta práctica, exigiendo que los
acuerdos de negociación colectiva permitieran ajustes salariales iguales o por encima de la tasa de
inflación. En 1982 la cláusula de indexación del Plan Laboral fue eliminado. El gobierno continuó la
práctica de anunciar periódicamente los reajustes salariales y bonos, con los aumentos salariales
usualmente no manteniendo el ritmo de la inflación y que cubría al sector no sindicalizado. El dinamismo
de la economía en la década de 1990 dio lugar a aumentos de los salarios reales por encima de los
reajustes anunciados oficialmente.
La Ley de Seguridad de Empleo establecía que en la ausencia de "causa justa" para el despido, como la
embriaguez, el ausentismo, o robo, un trabajador despedido podía ser reinstalado en su trabajo por un
tribunal laboral. Esta ley fue reemplazada por un sistema menos costoso de las indemnizaciones por
despido en 1978. El Decreto Ley 2.200 autorizaba a los empleadores a modificar los contratos
individuales de trabajo y despedir a trabajadores sin ninguna causa. Se estableció un pago de
indemnización mínima que era equivalente a un mes de salario por año de servicio, hasta un máximo
del salario de cinco meses. Este nuevo sistema se aplica a todos los nuevos contratos firmados después
de agosto de 1981.
Los cambios introducidos por el Decreto Ley 2.200, junto con las reformas de 1979, que establecieron
nuevos mecanismos para regular la actividad sindical (Decreto Ley 2.756) y la negociación colectiva
(Decreto Ley 2.758) , fueron conocidos en Chile como el Plan Laboral. El Decreto Ley 2.756 modificó
sustancialmente la legislación tradicional: la afiliación sindical en la empresa se convirtió en voluntaria, y
todas las negociaciones ahora deberían llevarse a cabo a nivel de empresa; la negociación entre varias
empresas fue eliminada. De acuerdo a la ley anterior, que se había aplicado hasta el golpe de 1973, una
vez que la mayoría de los trabajadores de una empresa optaran por afiliarse a un "sindicato industrial"
todos los trabajadores pasaban a formar parte de dicho sindicato. Es decir, un sindicato podía tener
representación exclusiva de todos los trabajadores de una empresa. El derecho a la negociación
colectiva se concedió a los sindicatos a nivel de empresa y también a las federaciones y
confederaciones sindicales. Esto dio lugar a algunas negociaciones a nivel sectorial con la participación
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección del Trabajo. Como en el pasado,
la nueva ley requiere la participación del 10 % de los trabajadores o un mínimo de 25 trabajadores (en
caso de que fuera una empresa grande) para la creación de un sindicato. Los trabajadores no están
obligados a ser representados por un sindicato en la negociación colectiva.
El Decreto Ley 2.758 establecía que en caso de una huelga, una firma podía imponer un cierre patronal
y temporalmente despedir a los trabajadores, lo que estaba prohibido por la ley anterior. Al mismo
tiempo, el Decreto Ley 2.758 establecía normas acerca de la negociación colectiva, y en su artículo 26
la ley establecía que los salarios nominales de los trabajadores no sindicalizados deben ajustarse o al
menos igualar la tasa de inflación. Este artículo, que se convirtió en una grave limitación a la flexibilidad
a la baja durante la crisis de 1982, sólo puede entenderse en el contexto de una política ya existente de
la indexación del 100 % en todos los ámbitos. En 1982, al inicio de la crisis, el artículo 26 fue
modificado, eliminado la rigidez a la baja de los salarios reales. Esta reforma a la ley estuvo en vigor
hasta abril de 1991, cuando algunos cambios importantes propuestos por el gobierno de Aylwin fueron
aprobados por el Congreso Nacional.
Programas de empleo público[editar]
Durante el período de reformas económicas, entre 1975 y 1987, se implementaron dos programas de
empleo público. El Programa de Empleo Mínimo (PEM) fue creado en 1975 en un momento en que el
desempleo había alcanzado niveles históricos. El programa, administrado por las municipalidades,
pagaba un pequeño salario a los trabajadores desempleados, que, por unas horas a la semana,
realizaban servicios públicos menores. Al principio, el gobierno restringía fuertemente el ingreso en el
programa. Poco a poco, la mayoría de estas restricciones fueron levantadas, y a un mayor número de
personas desempleadas se les permitió participar. Así, la proporción de la fuerza laboral empleada por
el programa se mantuvo virtualmente constante entre 1977 y 1981, a pesar de la recuperación
económica y una reducción en el valor real de la remuneración del PEM.
Cuando Chile entró en una nueva y más grave recesión, el número de personas empleadas por el PEM
en la Región Metropolitana de Santiago aumentó de 23.000 en mayo de 1982 a 93.000 en mayo de
1983. El Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), creado en octubre de 1982, empleaba a
unas 100.000 personas en el área metropolitana de Santiago de Chile en mayo de 1983. Los dos
programas combinados absorbían más del 10 % de la fuerza laboral del Gran Santiago en mayo de
1983. Estos programas también fueron implementados en otras regiones del país. El PEM se redujo
drásticamente en febrero de 1984. Asimismo, en diciembre de 1988, sólo había alrededor de 5.000
personas empleadas por el POJH en todo el país.
Crisis de 1982: ajustes y recuperación[editar]
Artículo principal: Crisis económica de Chile de 1982
La crisis de la deuda latinoamericana desatada en 1982 afectó a la economía chilena con especial
intensidad, dado que los préstamos extranjeros se congelaron y los términos internacionales de
comercio cambiaron drásticamente en contra de Chile. Las políticas implementadas inicialmente para
enfrentar la crisis de 1982 se pueden describir como vacilantes. A inicios de 1983, el sector financiero
fue nacionalizado como una manera de evitar una crisis bancaria, y fue promulgada una serie de
sistemas de subvenciones que favorecían a los deudores. La decisión de subsidiar a los deudores que
habían adquirido préstamos en moneda extranjera durante el período del tipo de cambio fijo, y para
rescatar a los bancos en problemas, se tradujo en fuertes pérdidas para el Banco Central de Chile, lo
que contribuyó a un enorme déficit en las finanzas del sector público. Este déficit, a su vez, se
convertiría en una de las causas subyacentes de la inflación de inicios de la década de 1990. Los
diferentes sistemas de tipo de cambio fueron juzgados, entre ellos un tipo de interés variable, sólo para
ser abandonado rápidamente y sustituido por nuevos planes. Se aplicaron políticas destinadas a
reestructurar el sector industrial, que había entrado en una profunda crisis como consecuencia del
colapso de algunos de los grandes conglomerados, los llamados "grupos". A pesar de este conjunto de
medidas, la economía no mostró una respuesta significativa: el desempleo se mantuvo
extraordinariamente alto, y la crisis externa, que algunos habían esperado se presentara como sólo un
revés temporal, se prolongó.
A principios de 1985, cada vez más decepcionado por el desempeño de la economía, Pinochet se volvió
hacia un grupo de economistas pragmáticos que favorecían el libre mercado y la estabilidad
macroeconómica. Dirigido por el recién nombrado Ministro de Hacienda, Hernán Büchi, un economista
que había estudiado Administración de Empresas en la Universidad de Columbia, el nuevo equipo
económico ideó un programa de importantes ajustes destinado a restablecer el crecimiento, reducir la
carga de la deuda externa, y la reconstrucción de la fortaleza del sistema financiero y los sectores
manufactureros. Tres ámbitos de la política se volvieron críticos en la implementación del programa:
políticas macroeconómicas activas, consolidación de las reformas estructurales orientadas al mercado
iniciadas en la década de 1970, y las políticas de gestión de la deuda orientadas a reprogramar los
pagos de la deuda y hacer un uso agresivo del mercado secundario. Con la ayuda del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial, y mejores términos de comercio, estas políticas lograron
concretar sus objetivos.
El programa macroeconómico de un grupo de economistas chilenos conocidos como los "Chicago
Boys", que habían guiado las políticas económicas de los primeros años de la administración Pinochet,
se había basado en una estrategia de "ajuste automático". A mediados de 1982 este enfoque había
generado una severa sobrevaloración de la tasa de cambio real. Por el contrario, el programa
macroeconómico resultó en una administración macroeconómica activa y cuidadosamente monitoreada.
Una política cambiaria activa, basada en grandes ajustes del tipo de cambio inicial seguido por
periódicas devaluaciones pequeñas, se convirtió en una de las políticas más importantes del período
posterior a 1982. Entre 1982 y 1988, la competitividad internacional de las exportaciones chilenas se
incrementó en gran medida por una depreciación real del tipo de cambio en aproximadamente un 90 %.
Esta política no sólo ayudó a generar un auge de las exportaciones no tradicionales, sino que también
contribuyó a niveles razonables de tasas de interés y para la prevención de la fuga de capitales.
El programa de ajustes que se inició en 1985 también tenía una componente de ajuste estructural que
tenía por objeto la consolidación de las reformas orientadas al mercado de la década de 1970 y
principios de 1980, incluido el proceso de privatización, la apertura de la economía y el desarrollo de un
mercado de capitales dinámico. Había varios objetivos estructurales en el programa de 1985: reconstruir
el sector financiero, que había sido casi completamente destruido por la crisis de 1982; reducir los
aranceles de importación por debajo del nivel del 35 % al que había llegado durante 1984 a un nivel
uniforme de 15 %; y promover las exportaciones mediante un conjunto de incentivos fiscales y una tasa
de cambio real competitiva.
Quizás los aspectos más importantes de estas medidas de reforma estructural fueron la privatización y
la recapitalización de las empresas y los bancos que habían fracasado durante la crisis de 1982. Como
primer paso en este proceso, el Banco Central compró las carteras de los bancos privados en mora.
Para financiar esta operación, el Banco Central emitió créditos internos. Los bancos, a su vez, pagaban
una tasa del 5 % en las carteras en mora y prometían volver a comprarlas fuera de los beneficios no
distribuidos. Este programa de recapitalización tuvo como contrapartida un plan de reprivatización que
devolvió la propiedad de los bancos y las empresas privadas que habían sido intervenidas en 1983. El
economista y ex-ministro de Hacienda y Economía, Rolf Lüders, estima que cerca de 550 empresas
bajo control del sector público, incluyendo la mayoría de las corporaciones más grandes de Chile, fueron
privatizadas entre 1974 y 1990. A fines de 1991, menos del 50 % de las empresas se mantenían en el
sector público. El programa de privatización aplicado después de 1985 en general ha sido criticado por
algunos chilenos y también por algunos economistas internacionales porque los bancos y las empresas
manufactureras se vendieron muy rápido y a "precios muy bajos".
El ajuste estructural de Chile en la segunda mitad de los años 80 fue único desde una perspectiva
internacional. Las reformas más difíciles, controvertidas y costosas - incluyendo la mayor parte de la
privatización, liberalización del comercio, la desregulación financiera y la racionalización del mercado
laboral - se llevaron a cabo en Chile en el período 1975-1980, mientras que las medidas adoptadas
después de 1985 fueron menores. El éxito del período posterior a 1985 tenía sus orígenes en las
primeras reformas. Por ejemplo, el auge de las exportaciones no tradicionales que tuvieron lugar en la
segunda mitad de la década de 1980 sólo fue posible debido a las inversiones iniciadas casi diez años
antes. La respuesta del rápida y flexible de los mercados a los incentivos fue también una consecuencia
directa de las reformas microeconómicas de los años 70.
Uno de los temas más debatidos de la recuperación de Chile en la segunda mitad del decenio de 1980
se refiere a los diferentes planes de conversión de la deuda externa encaminados a reducir rápidamente
la deuda externa. Cuando la crisis de la deuda estalló en 1982, la deuda externa de Chile era de 17.200
millones de dólares, una de las mayores deudas per cápita del mundo. A través del uso agresivo de una
variedad de planes de reconversión de la deuda, entre 1985 y 1991 Chile retiró un estimado de 10.500
millones de dólares de su deuda, la mayoría del cual se convirtió en capital de empresas chilenas.
Las reservas internacionales netas de Chile ascendieron a 9 mil millones de dólares en 1992, lo
suficiente para cubrir un año de importaciones y equivalente a aproximadamente la mitad de su deuda
externa. El stock de inversión extranjera directa en Chile se estima entre 10 mil y 13 mil millones de
dólares, casi el 30 % del PIB. Cerca de 4 mil millones de éstos fueron adquiridos a través de
capitalización de la deuda. El programa de canje de deuda finalizó cuando el crecimiento de la inversión
directa y la fortaleza de la economía habían acabado con la necesidad de incentivos especiales para
atraer capitales extranjeros.
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Desde 1990. Restablecimiento de la democracia[editar]
El 11 de marzo de 1990, el General Augusto Pinochet le entregó la presidencia de Chile a Patricio
Aylwin. Cuando la Concertación de Aylwin se hizo cargo del gobierno, Chile tenía la mejor economía
de América Latina.[cita requerida]
Durante años, los opositores del gobierno de Pinochet habían argumentado que su programa
económico se basaba en ideas ajenas a la tradición chilena[cita requerida]. A principios de 1990, analistas,
académicos, agentes de bolsa, y los políticos en todo el mundo se preguntaban si el nuevo gobierno
democrático del presidente Aylwin se mantendrían algunos, o en su totalidad, los aspectos más
importantes de las políticas orientadas al mercado del gobierno militar, o si el gobierno de la
Concertación reformaría el sistema basándose en las críticas realizadas durante un decenio en la
oposición. Lo que hizo a esta pregunta particularmente interesante fue que en el momento de la
restauración de la democracia, Chile fue considerado por muchos, incluidas instituciones internacionales
como el Banco Mundial y el FMI, como un ejemplo de la forma en que el proceso de ajuste después de
una crisis debía llevarse a cabo[cita requerida]. Varios analistas se preguntaban cómo el advenimiento de la
democracia podía afectar la política económica chilena. En particular, los analistas estaban preocupados
por la actitud del nuevo gobierno hacia el sistema de precios libres y la nueva apertura de Chile a la
competencia internacional.[cita requerida]
En cuanto a la competencia de precios, la posición del programa de Aylwin señalaba lo siguiente:
"Afirmamos que dentro de una política económica eficaz no hay ningún papel para el control de
precios"[cita requerida]. Al discutir el rol del mercado, el programa señalaba: "El mercado no puede ser
reemplazado como un mecanismo para que los consumidores expresen sus preferencias" [cita requerida].
Estas opiniones eran bastante distantes de las de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador
Allende en los años 60 y 70. También eran sustancialmente diferentes de las de los críticos del nuevo
mercado en los años 70 y mediados de los años 80. De hecho, el programa de la Concertación
transmitía que se había producido una importante convergencia de puntos de vista internos sobre el rol
de los mercados en el proceso económico.[cita requerida]
Al abordar la apertura de la economía hacia el resto del mundo, el programa de la Concertación
señalaba: "Los instrumentos más importantes de la política del sector externo son el mantenimiento de
una tasa de cambio real alto y un arancel de importación razonablemente bajo". Esta declaración
sugiere que desde su inicio el gobierno de Aylwin no estaba dispuesto a poner en práctica importantes
cambios en uno de los rasgos más fundamentales de la nueva economía de Chile.[cita requerida]
Véase también: Transición a la democracia (Chile)
Programas sociales[editar]
En busca de la financiación para nuevos programas sociales, el gobierno de Aylwin aclaró
inmediatamente que el único modo de aumentar los gastos sociales sin generar presiones
macroeconómicas no sostenibles era encontrando fuentes seguras de ingresos del gobierno. Los
economistas se asociaron con la Concertación de Aylwin con el fin de poner en práctica sus programas
sociales anti-pobreza, para lo cual se requerían fondos anuales en la orden del 4 % del PIB. Ellos
sostuvieron que estos recursos podrían ser obtenidos mediante una combinación de gastos,
reasignación, ayuda externa, y aumento de los ingresos fiscales. A fin de poner en práctica estos
programas rápidamente, en abril de 1990 el presidente Aylwin presentó al Congreso recién asumido una
oferta legislativa apuntada a reformación del régimen fiscal. Los rasgos generales del paquete eran los
siguientes: el precio del impuesto sobre la renta corporativa debía ser aumentado temporalmente del
10 % al 15 % para 1991-93; y la base fiscal, que en 1985 había sido definida como ganancias
distribuidas, debía ser ensanchada para incluir ganancias totales. El carácter progresista del impuesto
de renta personal debía ser aumentado reduciendo el nivel de ingresos en el cual el precio máximo era
aplicable; y el Impuesto al Valor Agregado sería aumentado del 16 al 18 %. Durante la mayor parte del
gobierno de Pinochet, el IVA había sido del 20 %. Sólo fue reducido al 16 % antes de la competencia
electoral del plebiscito de 1988 que decidiría la continuación de Pinochet en el poder. Después de
intensas y a menudo frustrantes negociaciones entre la administración Aylwin y la oposición, la reforma
fiscal fue aprobada a fines de 1990.[cita requerida]
Las reformas laborales de Pinochet de 1978 y 1979 habían sido, desde su inicio, fuertemente criticadas
por los opositores del régimen militar[cita requerida]. Aunque los Decretos Leyes de 1979 modernizaron las
relaciones laborales en algunas áreas, éstas también habían limitado con severidad las actividades
sindicales y, como fueron concebidas, rigidizaron las tasas de reajuste de los salarios. La reforma del
plan laboral era una prioridad importante del nuevo gobierno democrático.[cita requerida]
Después de que se obtuvo el apoyo de algunos senadores de oposición, una suave reforma laboral fue
aprobada en 1991. Una característica importante de la Constitución de 1980es que estipula los asientos
de nueve senadores que eran designados y por lo tanto no eran electos por voto democrático, así como
los ex-presidentes y ex-jueces de la Corte Suprema de Chile. La Concertación careció de una mayoría
parlamentaria porque los senadores no elegidos habían sido designados por Pinochet. Por consiguiente,
a fin de aprobar las reformas el gobierno tuvo que obtener el apoyo de la opositora Unión por Chile
(posteriormente Alianza por Chile) para algunas medidas.
La nueva legislación laboral, entre otros cambios, restringió las causas para despedir a empleados, y
aumentó la compensación que las firmas tenían que pagar al despedir a sus empleados. Aunque
hubiera un poco de duda de que estas nuevas regulaciones habían aumentado el coste del trabajo, era
demasiado temprano saber el efecto de la nueva legislación en la creación de trabajos. Se sabía, sin
embargo, que la reforma de las leyes laborales por parte de un gobierno democráticamente elegido
tenía enormemente legitimada la modernización de las relaciones de trabajo. De esta forma, el concepto
de la flexibilidad del mercado laboral había dejado de tener relación exclusivamente con elrégimen
militar.
Crisis económica asiática de 1998-1999[editar]
Artículo principal: Crisis financiera asiática
En el caso de la crisis asiática, las principales dificultades venían dadas por la alta dependencia de la
economía de Chile respecto de los mercados internacionales y la baja diversificación de sus destinos de
exportación. Hasta ese momento Chile tenía una economía muy abierta, pero poco diversificada, lo que
dio origen al concepto de los 3 tercios que hacían referencia a que sus envíos se dividían en: un tercio
hacia Estados Unidos, otro para Japón y otro para Europa.5 6
En ese contexto, la caída de Asia se tradujo en reducciones de las exportaciones, en la caída del PIB a
0,9 % en 1999 y aumento del desempleo a tasas del 10 %6 . La crisis se vio agudizada por el sobre -
ajuste monetario aplicado por el Banco Central que casi duplicó la tasa de interés (pasando desde 8,5 %
hasta 14 %) en respuesta al fuerte endeudamiento de las familias y a la especulación financiera. La
crisis actual nos toma en mejor pie, porque parte de las dificultades del pasado que gatillaron o
profundizaron- las crisis, hoy están resueltas.6
El sistema financiero está mejor regulado, las exportaciones más diversificadas y el endeudamiento está
acotado. Además, el Banco Central posee reservas de dólares por unos 25 mil millones y el Gobierno
central acumula en las arcas fiscales casi 20 mil Millones de dólares, producto de los ahorros generados
por los sucesivos superávit fiscales de los últimos 5 años. Pero lamentablemente, no basta con la
solidez macroeconómica y financiera para enfrentar la crisis, porque la contracción de Chile se verá
profundizada por problemas ligados a lo estructural de la economía, que se hacen más evidentes en los
periodos de dificultades.6
Finalmente, frente al proceso de desaceleración en 1999, y subsanada la crisis asiática, el país volvió a
la senda crecimiento durante la década siguiente, esta vez con tasas menores de crecimiento, que
rondan el 6 % desde el 2000 al 2009, dando termino a la década dorada denominada el segundo
milagro económico de Chile.
