Diccionario Corrupción 1959-1979

8/8/2019 Diccionario Corrupcin 1959-1979

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DICCIONARIO DELA CORRUPCION EN VENEZUELA # 1 1959-1979

Fertilizantes 135Fragatas italianas 139Fraude de la leche 145

Fundalara 149Hipdromo 153Hotel Tamanaco 157IAN 159INOS 163Instituto Nacional de Puertos 1978 169IPASME 173Leche cortada 177Maz 183MELAPORT 187Metro de Caracas 191

Ministerio de Comunicaciones 195Ministerio de Justicia 199Misiles 201MOP 207Movida de "La Mariposa" 211Muelles flotantes 215Multas burladas 223NITROVEN 225Papa Podrida 227Petarazo 74 231Petarazo 76 235Petroqumica 66 241Plantas Desulfuradoras 245Reposeros.del INP 249Rottemberg 253Seguros Sociales 255SIDOR 259Sierra Nevada 263Telegrafista 287Terrenos de la Auyama 289Terrenos de Higuerote 295Tesoro Municipal 299Tractores del IAN de Maracaibo 305Universidades Nacionales307INDICE ONOMASTICO 311


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NOTA DE LOS EDITORESUn diccionario es una ayuda a la memoria, no es un extenso tratado sobrealguna cosa. El primer volumen de este diccionario recopila, rindiendoservicio a la memoria colectiva, los casos de presunta corrupcin

administrativa en Venezuela ms sonados por la opinin pblica desde 1959a 1979.

El criterio de recopilacin aplicado ha sido la intensidad de la denunciapblica y el comentario efectuado por los rganos de prensa, las entidadescontraloras de la Repblica y, en menor medida aunque igualmente vlida,el rumor colectivo. Se intent reunir todos los hilos de informacindisponible para reconstruir cada caso como una pequea historia completa,incluyendo los resultados, y el cierre de cada historia; cuando la opininpblica tuvo noticia de ellos o fue posible obtenerlos.

Para la seleccin inicial de los casos, se procedi efectuando un arqueo defuentes semanales (semanarios) y fuentes anuales (informes deContralora). Luego se siguieron los casos en la prensa diaria y se recopilinformacin oral de quienes recordaban los casos o de algunosparticipantes. Finalmente, fueron seleccionados los casos ms comentadosentre las tres fuentes de la informacin mencionadas: prensa, informes decontraloras y rumor colectivo. La informacin aparece organizadaalfabticamente segn el nombre ms popular otorgado a cada caso en lapoca de la denuncia. Cuando distintos casps recibieron el mismo podo("Petarazo", por ejemplo), se le aadi la fecha de suceso. Algunos casosfueron llamados por el nombre del organismo donde sucedi o por lamateria objeto de alguna irregularidad, segn el uso popular.

El conjunto de casos recopilados no agota la cantidad total de los casosdenunciados. La opinin pblica conoci y conoce muchos otros casos queno aparecen aqu, simplemente por razones de frugalidad. No es necesariosealar todos y cada uno de los casos, sino uno de cada especie paraconocer la variedad de los fenmenos. Aqu aparecen desde los casos mshumildes de pequeos funcionarios en necesidad, hasta los casos en los quese han visto involucradas autoridades de alta jerarqua en funciones degobierno. Parece tan valiosa la ms humilde historia del viejo y necesitadotelegrafista de 78 aos, quien resulta el primer condenado de la democraciavenezolana, hasta el juicio al Presidente de la Repblica quien resultabsuelto de toda responsabilidad administrativa y moral.

El sentido del trmino "corrupcin" que surge de la recopilacin esnecesariamente impreciso pues es el nombre surgido popularmente paradenunciar un manejo irregular, fuera de norma, de los fondos pblicos,debidos a la colectividad nacional por los administradores y decisorespblicos. Las denuncias han sido transcritas a este diccionario tal comofueron expresadas por los denunciantes. En algunos casos la denuncia eraincorrecta, o no era cierta, o no defina con precisin el acto cometido segnel Cdigo Penal vigente para estas cuestiones hasta la normativa sucesora,la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Pblico de 1982. Pero la mismaimprecisin y, especialmente, la dificultad para emitir la denuncia conexacta precisin jurdica, tiene que ver con el desarrollo de los sucesos;


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porque una denuncia mal nombrada en una demanda, permite que el casono siga curso legal (o lo retrasa y posterga) por no ser encontrado a lugar.Ello alarga los procesos de dilucidacin de las responsabilidades, y para losrecopiladores de este diccionario signific una enorme dificultad paraencontrar los resultados finales de los casos. En este sentido, la

investigacin sigui arqueando las fuentes hasta dos y tres aos despus delas denuncias, pero muchos casos desaparecen de la memoria colectiva, sepierden en el tiempo, o quedan postergados en los tribunales hastaformalizarse su prescripcin.

Es importante recopilar todos los resultados posibles, pues la ausencia decerramiento de las historias produce incertidumbre en la opinin pblica.Este efecto, como en crculo vicioso, contribuye a la imprecisin del trmino"corrupcin", pues a la opinin pblica le es imposible distinguir entre lasdenuncias falsas de las verdaderas; entre los casos prescritos, los querecibieron sentencia, o los casos que no fueron encontrados a lugar, y nadie

los sigui o volvi a intentar la denuncia; tampoco puede recordar lassentencias firmes o seguir las apelaciones. Menos an puede la opininpblica y este diccionario dilucidar la justicia de las absoluciones oinculpaciones.

Por lo anterior, quienes aparecen involucrados en los casos sonpresuntamente inocentes, con excepcin de unos pocos personajes quienes,habitantes de un poco poblado conjunto, recibieron sentencia deresponsabilidad por algunas de las instancias investigadoras. Cuando hansido encontradas, las sentencias pronunciadas aparecen al final de cadacaso bajo "resultados". Toda informacin adicional recibida, que corrijanombres, sucesos y aada resultados, ser publicada. Slo podemos ofrecerla informacin existente y los editores agradecen cualquier informacinadicional que deba conocer la opinin pblica. Por esta razn, rogamos aquienes conozcan resultados de los casos recopilados aqu, que los remitana esta editorial pues sern publicados en una separata del siguientevolumen de este diccionario.


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A MODO DE PROLOGO

CASO: VENEZUELAPRESIDENCIAS: Rmulo Betancourt, Ral Leoni, Rafael Caldera, CarlosAndrs Prez FECHA SUCESO: 1959 a 1979 FECHA DENUNCIA: 1960 a

1979DENUNCIANTES: La opinin pblica nacional

INVOLUCRADOS: Gobernantes, funcionarios de la Administracin Pblica,sindicatos, partidos polticos, militares, multinacionales, empresa privada,contratistas del Estado, mediadores, comisionistas, venezolanos en general

INVESTIGADORES: Contralora General de la Repblica, Fiscala General dela Repblica, Comisin Investigadora contra el Enriquecimiento Ilcito,Congreso Nacional de la Repblica, Comisin de Contralora de la Cmara

de Diputados, Tribunales de Justicia, Tribunales Militares, prensa nacional,etc. DENUNCIA: Crimen de lesa patria, malversacin, despilfarro, uso irregularde influencias, peculado, concusin, estafa, fraude, etc.

MAGNITUDES: Miles de millones de bolvares: gran parte del presupuestonacional y la mayor proporcin de la deuda pblica.

MATERIA: Contratos y compras del Estado, otorgamiento de crditos yavales, incentivos, adquisicin de barcos, comercializacin de alimentos,compra-venta de productos petroqumicos, compra de armamento para lasFFAA, etc.

HISTORIA

Si alguna reflexin es factible derivar de este compendio de las denunciaspblicas de corrupcin ms sobresalientes durante los 20 aos quetranscurrren entre 1959 y 1979, es que la problemtica de la corrupcin enVenezuela no se circunscribe al caso particular, ya que pareciera existir unafina y transparente hebra que une todos los casos para conformar el GranCaso Venezuela. As, vemos que no es un problema de individuosexclusivamente, de denunciantes e involucrados, ya que existe, confrecuencia, una alternabilidad en sus posiciones, pasando la persona dedenunciante a involucrado y de involucrado a denunciante. Es difcil precisarlos lmites de los casos individuales, dnde comienza el escndalo o larencilla poltica, pero los casos continan ah, como entes autnomos quecrecen por generacin espontnea. Ciertas instituciones parecen tener en s mismas el gen de la corrupcin, como si una inefable presencia las poseyeradesde la misma tierra. A pesar de las recomendaciones, reglamentos,reformas, sustitucin total de las juntas directivas, cambio de razn social omodificaciones importantes en la estructura y trabajadores de la empresa,los actos de presunta corrupcin resurgen de nuevo como ave fnix nacidade su propia ceniza. En ciertos casos podemos observar que, ms all de lacorrupcin, existi una proverbial incapacidad administrativa y una profundaingenuidad venezolana que nos dej a la deriva de los manejos y argucias


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de las grandes multinacionales, acostumbradas a promover corrupcin enlas almas dbiles fuera de sus fronteras.

Una observacin se desprende claramente de la recopilacin efectuada: lacorrupcin ha ido creciendo paulatinamente, autnomamente, sin frenos ni

cortapisas. A medida que se avanza de 1959 a 1979, ei material se vahaciendo ms y ms abundante, el tema ocupa mayor centimetraje en laprensa nacional, los informes de la Contralora General de la Repblica sehacen ms voluminosos y el Congreso Nacional dedica mucho ms tiempo asus labores investigativas. Los casos individuales pierden as su importanciaoara convertirse en el Gran Caso que es Venezuela. Deja de ser unproblema del funcionario pblico o de la empresa del Estado en particular,para convertirse en una variable macroeconmica, poltica y social, queamenaza con desestabilizar el sistema, desmoralizar a la poblacin eimpulsar la economa nacional hacia una situacin de crisis casi insuperabley de graves consecuencias para el desarrollo del pas a largo plazo.

Observada la corrupcin en la forma compendiada que presenta estediccionario, slo queda decir que sus dimensiones son pavorosas. Nadiepuede precisar el verdadero tamao y dimensin, pero el dao hecho al pases simplemente inconmensurable. Podramos decir que en la corrupcin noexiste una voluntad individual, pero s una racionalidad colectiva evidente.La corrupcin es una estructura subyacente que alimenta y sostiene elsistema de partidos y la organizacin poltico-social de Venezuela como untodo, apoyada sobre las instituciones econmico- financieras y el poder

judicial. Es una estructura con racionalidad propia, indispensable paraentender los mecanismos del poder en nuestro pas. Y ms all, en elterreno de lo psquico, es un componente de la estructura del carctersocial.

En junio de 1967, durante el perodo presidencial de Ral Leoni, el Dr.Gilberto Morillo, Presidente de la Comisin Investigadora contra elEnriquecimiento Ilcito (CIEI), convoc a una rueda de prensa para exponersu angustia en torno al incremento de delitos contra la cosa pblica. En esaocasin entreg una lista de 8 cuartillas de funcionarios investigados. Enella aparecan 121 personas, de las cuales 34 correspondan al Ministerio deComunicaciones, el cual de esta manera exhiba el mayor porcentaje dedelincuencia administrativa, debido a sus mltiples dependenciasdistanciadas del control directo del Despacho, tales como correos,telgrafos, trnsito, lneas areas. Morillo, muy alarmado por la situacin,mencion el caso del Contralor Delegado de la Contralora General, quieninvestigando las irregularidades del Ministerio de Comunicaciones, seenred en ellas y fue inculpado en las mismas.

Como en la actualidad se ha superdimensionado el delito administrativo,alcanzando cifras otrora impensables, involucrndose en l desde lospresidentes de la Repblica hasta el ltimo funcionario, no puede apreciarsebien la alarma expresada por Morillo cuando relat a los periodistas lasdiversas formas de cometer el delito. Hoy, cuando los procedimientos paradelinquir se han vuelto mucho ms complejos, aquellos de entonces soncausa de risa o, a lo sumo, objeto de balad interpretacin. La mayora delos funcionarios investigados, cuando se han visto acorralados explicaba elPresidente de la CIEI han dicho que tomaron el dinero porque tenan una


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hipoteca encima, la enfermedad de un familiar o porque haban visto laoportunidad de comprarse una casa. Y citaba el caso de Jaime MandSnchez, administrador Postal del Departamento Internacional decorrespondencia del Ministerio de Comunicaciones: todo lo que haca estefuncionario era favorecer a la KLM para el transporte de las sacas de correo,

lo cual redund, por ejemplo, en que esta lnea recibiera, en 1962, sietemillones de bolvares por dicho servicio, mientras VIASA recibi solamentecinco. La CIEI descubri que KLM haba regalado al funcionario, su esposa ehijo, pasajes para un viaje a Europa, y que cobraba 3 mil bolvaresmensuales por sus servicios a la lnea. Los montos son irrisorios si loscomparamos con los del perodo presidencial de Carlos Andrs Prez. Elprincipio, sin embargo, es el mismo. El Gerente de la KLM tena una cuentaen el Banco Nacional de Descuento para los gastos secretos de la empresa,tal y como suelen hacer las grandes corporaciones para sobornosmillonarios a los altos personeros de gobiernos forneos.

Otro de los negocios denunciados por el compungido funcionario de la CIEIera la tarifa extraoficial (hoy la llamaramos "peaje") establecida por RamnAntonio Prraga Gonzlez, como Jefe de Licencias de Trnsito y "porordenes del Jefe" segn declar para el otorgamiento de Ucencias,placas de alquiler, etc.

Era, pues, un modesto inicio de la corrupcin administrativa. Gilberto Morillono se atrevi a mencionar los sobreprecios en la compra de fincas queestaban pagndose para llevar adelante la Reforma Agraria o los negociosde la alta burguesa, al amparo de la amistad con renombrados personajesdel mundo poltico, en la compra de armamento para las Fuerzas Armadas.

Por esa misma fecha, la Fiscala General de la Repblica mostr tambin supreocupacin por el problema de la corrupcin administrativa. Al rendir suinforme para el ao 1967 y anunciar la apertura de 125 juicios por delitoscontra la cosa pblica, que venan a sumarse a otros 215 casos pendientes,se refiri a lo que se institucionalizara como el procedimiento oficial paraamparar a los culpables: la prescripcin de la accin, ltimo recurso cuandoel caso pasaba a los Tribunales sin que los involucrados pudiesen detener laacusacin en sus comienzos. El Fiscal apunt que ello "trae comoconsecuencia no slo la impunidad del delincuente, sino tambin laconfirmacin de dao patrimonial a los intereses econmicos de la nacin".

La Contralora General de la Repblica, en las Memorias rendidasanualmente ante el Congreso Nacional, presentaba regularmente la mismaqueja referente a la indiferencia, culpable o negligente, ante su reiteradadenuncia de las evidencias del mal manejo de los fondos pblicos y el pococaso que hacan los funcionarios administradores de las normas legales decontrol establecidos para todos los Despachos Ejecutivos e InstitutosAutnomos. Esa cantinela sigue hoy da resonando, igualmente inane eineficaz; pero la Contralora, con perseverancia digna de mejor destino,persiste en proclamarla en sus citados informes, precedidos siempre porcondolidas palabras del Contralor que constituyen la verdadera voz de laconsciencia nacional.


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En las Memorias de 1958 y 1959, debido a la euforia democrtica del primerao de gobierno de Rmulo Betancourt, la Contralora no realizinvestigacin alguna de los nuevos administradores del Erario Pblico. Todosu esfuerzo, as como el de la Fiscala, durante esos aos y mucho de losposteriores, fueron dirigidos a inculpar a los funcionarios perezjimenistas,

llegando a sustanciar un centenar de casos.En la de 1960 se public una relacin de expedientes, 58 en total,correspondientes al perodo comprendido desde el 1 de febrero de 1958hasta el 31 de diciembre de 1960, los cuales haban sido pasados a lostribunales competentes. Dems est decir que all quedaron impvidoshasta ser sobresedos la mayor parte de ellos.

En 1961 la cosecha disminuy. Se sustanciaron solamente 17 expedientes yse abrieron 4 investigaciones especiales: 1) En el INOS; 2) relacionados conla adquisicin de terrenos vecinos al aeropuerto de Maiqueta; 3)

irregularidades ocurridas en la prctica de avalos en 182 obras pblicas yen la construccin de la autopista Tejeras- Valencia y 4) robo en laContralora General de la Repblica; es decir, en el mismo Despachoinvestigador. En ese ao se empezaba a hablar de los sobreprecios en laadquisicin de fincas para la Reforma Agraria, pero ninguno de losorganismos contralores intervino en ello, aunque se hizo pblico y notorio.El desarrollo de nuestra agricultura pudo continuar as su solemne einalterable marcha hacia el fracaso.

En 1962, no aparece relacin de investigaciones efectuadas. El gobiernoluchaba por su supervivencia contra la subversin y as poco caso podaprestarle a ese otro tipo de delincuencia.

En 1963 se produce el destape. La Contralora abre e instruye 445expedientes: por peculado, 168 expedientes; por robo, 18; por lucroindebido de funcionarios, 60; por otros delitos contra la cosa pblica, 94.Los restantes 105 expedientes se refieren a irregularidades administrativasde diferente orden.

En 1964 se inician y sustancian 239 expedientes y se examinan 505iniciados antes de dicho ao. Son resueltos 173 en la siguiente forma:sobreseimiento, 52; culpabilidad, 23; pasadas a la Fiscala, 66; a losTribunales, 2; corte en providencia, 10; PTJ, 4; CIEI, 1; y solamente 15absoluciones.

En 1965 se inician 223 averiguaciones y se decide solamente sobre 19 deese perodo y 263 de los anteriores. Para el 31-12-65 se encontraban entramitacin 685 expedientes. Se afirmaba la indolencia y negligencia pararesolver la corrupcin administrativa durante el perodo presidencial de RalLeoni, germen primigenio de lo que vendra despus. Solamente fueronencontrados culpables 30 acusados. A mediados de ese perodoconstitucional se hizo una interpelacin general del gasto pblico delgobierno, delatndose especialmente al Ministerio de Obras Pblicas y alMinisterio de Comunicaciones.


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En 1966 se abrieron expedientes de 262 casos nuevos, continundose concautela y lentitud la sustanciacin de los 685 pendientes. Solamente 111casos fueron resueltos mediante autos de culpabilidad. En 1967 se abrenexpedientes por 227 casos, sentencindose como culpables a slo 16acusados.

A ese ritmo prosigue extendindose la corrupcin en los niveles medios ybajos de la administracin pblica, estimulada e incentivada tanto por laevidencia de la impunidad para los grandes escndalos como por el ejemploofrecido por los altos niveles del Poder Ejecutivo y dirigencia polticanacional. La modalidad de la concubina presidencial como personainterpuesta cobr actualidad y preeminencia, as como tambin el favor desta y de la influencia partidista como nico medio para realizar grandesnegocios. Mientras en la escala inferior de la administracin pblica seabren ms de 2.000 expedientes por delitos contra la cosa pblica entre losaos 1968 y 1979, resolvindose por autos de culpabilidad menos de 400.

RESULTADOComo resultado del aumento de los precios del petrleo en la dcada de lossetenta, Venezuela se vio beneficiada por un gigantesco incremento en susingresos de exportacin, lo cual conllev a un cambio sustancial en losniveles de riqueza nacional, pocas veces visto en la historia de lahumanidad. Los ingentes recursos econmicos representaron la posibilidadde penetrar en pocos aos en el mundo del desarrollo occidental. Laincompetencia administrativa y la voracidad en contra de la cosa pblica,sin embargo, hicieron de esa posibilidad una fantasa que se fuedesvaneciendo a medida que se desvanecieron los sueos faranicos deaquello que se llam LA GRAN VENEZUELA.


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CASO: ACTA DEL CONSEJO DE MINISTROS PRESIDENCIA: Carlos AndrsPrez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1978-1979 FECHA DENUNCIA:Septiembre de 1979 DENUNCIANTES: Herrera Campns. Luis (Presidente dela Repblica) INVOLUCRADOS: Laura. Carmelo (ex- Secretario de laPresidencia); Armas, Celestino (ex-Ministro de Informacin)

INVESTIGADORES: Contralora General de la Repblica

DENUNCIA: Presunta certificacin de cosa falsa; malversacin de fondos yviolacin de la Ley Orgnica del Rgimen Presupuestario y de la Ley deHacienda Pblica por sobregiros sin autorizacin para gastos publicitariosdel gobierno

MAGNITUDES: Bs.98.000.000 MATERIA: Sobregiros paro publicidadgubernamental; punto de cuenta que no constaba en las actas de Gabinete

HISTORIACon fecha 26 de marzo de 1979, el despacho de Informacin y Turismoremiti el oficio N DM-1-00-218 a la Contralora General de la Repblica,informndole sobre la existencia de la cuenta N 10-74-2042-4 a nombredel Ministro de Informacin y Turismo en el Banco Industrial de Venezuela(BIV). En dicha correspondencia se remiti fotocopia del estado de cuentahasta el 28 de febrero de 1979, con sobregiro de Bs.61.020.164. Se tratabade una cuenta corriente con fondos que no correspondan al presupuesto deldespacho de Informacin y Turismo y que se movilizaba con la firma del ex-Ministro y del ex- Director General sectorial de Administracin y Servicio.Con fecha 22 de noviembre de 1978, el ministro Celestino Armas habasolicitado sobregiro por 10 das al Banco Industrial de Venezuela paraefectuar pagos urgentes de compromisos contrados con agenciaspublicitarias.

En su mensaje a la nacin sobre la deuda pblica, el 29 de septiembre de1979, el Presidente Luis Herrera plante la situacin irregular de dichacuenta y sugiri la necesidad de hacer la correspondiente investigacin,porque esa cuenta presentaba un sobregiro publicitario de 104 millones debolvares, de los cuales 98 millones haban sido pagados mediante unsobregiro ilegal en la misma cuenta corriente mencionada. Segn elPresidente Herrera, Carmelo Launa, Ministro de la Secretara de laPresidencia, haba ordenado mediante oficio un sobregiro en la cuenta delMinisterio de Informacin y Turismo en el BIV para cubrir gastos que porconcepto publicitario se hicieron en la segunda mitad de 1978. Al dasiguiente, 30 de septiembre, los exministros Celestino Armas y CarmeloLaura se presentaron ante el nuevo Ministro de la Secretara de laPresidencia para explicar que, con fecha 24-01-79, el Consejo de Ministroshaba ratificado la autorizacin de sobregiro de la cuenta especial N 10-74-2042-4 hasta por un monto de 98 millones de bolvares; ordenndose adiferentes institutos autnomos y empresas del Estado (Hipdromo, CVF,Corpoindustria, Cadafe, CANTV, INOS, CSB, CVG, Fondo de CrditoAgropecuario, Edelca, INCE, Fondo de Desarrollo Agropecuario, BancoIndustrial de Venezuela, entre otros) que efectuaran depsitos en ese Bancopara cubrir el monto sealado. El Instituto Nacional de Hipdromos depositBs. 10.600.000; pero los dems organismos requeridos no parecen haber


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procedido de igual forma, puesto que el sobregiro permaneca paraseptiembre de 1979.

La arbitrariedad de la peticin de transferencia de fondos para campaaspublicitarias efectuada por el Ministerio de Informacin a otros organismos

del Estado, puede observarse analizando algunas respuestas a dichosrequerimientos. Por ejemplo, cuando Celestino Armas instruy por oficio del8 de marzo de 1979 al director- gerente del Fondo de Crdito Industrial, Sr.Lincoln Garca Garca, que, por instrucciones del Jefe de Estado, eseorganismo deba cubrir un aporte de 5 millones de bolvares para elfinanciamiento de distintas campaas de informacin, divulgacin ypublicidad gubernamental, el Sr. Garca Garca contest, el 16 de marzo delmismo ao, pidiendo una aclaratoria pues ni la Gerencia General ni la JuntaAdministradora de dicho Fondo de Crdito haban autorizado la realizacinde campaa de informacin alguna. Adems aclaraba que la cifra citada enla comunicacin de Celestino Armas era prcticamente similar al monto

presupuestado para atender la totalidad de gastos administrativos delFondo de Crdito para todo el ao 1979. Corpoindustria contest, por suparte, que slo depositara 6 millones de los 10 millones que le habanpedido, habida cuenta que ya haba colaborado con 4 millones en lascampaas anteriores.

La prctica de sobregirarse en las cuentas del siempre vctima BancoIndustrial de Venezuela apareci como un hbito acendrado en laadministracin de Carlos Andrs Prez. Con el asunto del Acta de Ministros,salieron a la luz otros sobregiros y otras protestas de organismos por lascuantiosas sumas que deban aportar para financiar la ExposicinAudiovisual "Hacia la Gran Venezuela" (que fue llamada "la jaula de KingKong") para publicitar en 1976 las realizaciones gubernamentales de los dosprimeros aos. En esa oportunidad, la Dra. Aura Celina Casanova,Presidenta del Banco Industrial de Venezuela, se quej de un sobregiro deBs.4.694.746 pues no haban sido cubiertas las cuotas del Ministerio deHacienda (al que le corresponda aportar 3 millones de bolvares), el INOS(2 millones) y el INAVI (al cual, Guido Groscoors, entonces Ministro deInformacin, haba asignado 2 millones de bolvares aunque Sal Schwarz,Presidente del INAVI, haba contestado que slo podra colaborar con 200mil bolvares, debido a restricciones presupuestarias).

Luego de la alocucin del Presidente Luis Herrera Campns, la prensaempez a especular que los recientes sobregiros publicitarios haban sidodestinados a la campaa de Luis Piera. El ex-ministro Celestino Armaspublic una relacin de los pagos hechos por su Despacho de la cuentaespecial N 10-74-2042-4, para las campaas globales de informacin,divulgacin y publicidad de la accin gubernamental. Pero la prensaconsider que la lista confunda ms las cosas, en lugar de aclararlas, puesen ella aparecan pagos personales, sin explicitacin del concepto, apersonas como Rafito Cedefio, Dmaso Blanco, Jess Sevillano, DelioAmado Len; grandes pagos a pequeas agencias publicitarias e imprentas,las cuales, por su tamao, mal podan efectuar campaas de talesmagnitudes y, adems, haban trabajado para la campaa electoral dePiera.


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Con respecto al punto de cuenta, que segn Laura deba constar en actaautorizando el sobregiro, no apareca en el libro de asiento de las actas delConsejo de Ministros, tal como pudieron verificarlo los mismos ex-ministrosCarmelo Laura y Celestino Armas. En declaraciones a los medios decomunicacin, Laura insisti en que el Consejo de Ministros haba

autorizado dichas operaciones; pero el nuevo despacho de la Secretara dela Presidencia confirm la inexistencia del punto de cuenta en la fechadeclarada por Laura, as como en las actas de las reuniones del Consejo deMinistros realizadas entre el 26-12-78 y el 06-03-79.RESULTADOLa Contralora General de la Repblica inici un proceso de averiguacin queconcluy con auto de responsabilidad administrativa del Ministro deInformacin y Turismo.

El 9 de octubre de 1979, Carmelo Laura dirigi al nuevo ministro de la

Secretara de la Presidencia, Gonzalo Garca Bustillos, una solicitud de suplirel acta del Consejo de Ministros correspondiente al 23 de enero de 1979,por un documento correctivo firmado por el ex-Presidente de la Repblica ylos ministros del anterior gobierno.

Gonzalo Garca Bustillos rechaz la peticin de Laura explicando que, segnel Artculo 19 de la Ley Orgnica de Administracin Central, la nica pruebaprocedente de las reuniones del Consejo de Ministros la constituye larespectiva acta asentada en libro; por lo cual mal poda ser sustituida porexpresiones verbales o escritas rendidas con posterioridad y por personasque hubiesen dejado ya de pertenecer al Consejo de Ministros. Agreg elSecretario, que el act correspondiente al 23 de enero de 1979 haba sidoaprobada sin enmiendas.


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CASO: AUTOBUSES IKARUS Y LEYLAND PRESIDENCIA: Carlos Andrs Prez(1974-1979) FECHA SUCESO: 1975 FECHA DENUNCIA: Septiembre 1979

DENUNCIANTES: Ferrer, Leonardo (Presidente de la Comisin de Contralorade la Cmara de Diputados); Rey, Luis Esteban (Periodista de El Universal,

militante de AD); Olavarra, Jorge (revista Resumen)INVOLUCRADOS: Arria Saiicetti, Diego (ex- Gobemador del Distrito Federal)

INVESTIGADORES: Comisin de Contralora de la Cmara de Diputados

DENUNCIA: Compra apresurada de autobuses sin licitacin ni autorizacinde los organismos pertinentes; fraude a la nacin MAGNITUDES: Bs.106.400.000 (valor total de autobuses IKARUS); Bs.75.095.200(sobreprecio en autobuses Leyland) MATERIA: Autobuses

HISTORIAA finales de 1974 y principios de 1975, la empresa estatal INVERSIONISTASDEL TRANSPORTE adquiri en Europa ms de 1.200 autobuses sin que lasautoridades municipales, supuestamente encargadas del servicio pblico detransporte, estuvieran enteradas y sin que ninguna comisin de contraloraestudiara el ofrecimiento ni investigara las ventajas o desventajas de losautobuses. I -os accionistas principales de Inversionistas del Transporteeran el Centro Simn Bolvar (CSB) y la Corporacin Venezolana deFomento CVF); pero fue el gobernador de Caracas, Diego Arria, quien llevadelante, personalmente y sin consulta, las negociaciones de compra de losautobuses.

El 31 de mayo de 1974, Daniel Ficht haba ofrecido a la Cmara Nacional delTransporte la cantidad de 800 autobuses hngaros, marca IKARUS, alprecio de Bs.133.000 cada uno, al contado y puestos en La Guaira;ofreciendo la alternativa de venderlos a crdito, mediante financiamientodel gobierno hngaro, con una cuota inicial de un 10% y el resto pagaderosen 5 aos, con un inters de 7,5%. La Cmara del Transporte no acept laoferta, quiz considerando otras ofertas; pero el Gobernador de Caracas noslo la acept precipitadamente sino que al hacerlo viol los procedimientosusuales y legales para la gestin de tales adquisiciones. El Gobernador noconvoc a licitaciones, salt la aprobacin de la Contralora General de laRepblica para la adquisicin y violent las normas del Banco Centralgirando ms de 100 millones de bolvares de la cuenta corriente que tenaInversiones de Transporte en el Banco Industrial de Venezuela; en su velozcarrera, ni siquiera convoc a la Junta Directiva de Inversiones deTransporte, la cual era presidida por l mismo, en su condicin deencargado del Centro Simn Bolvar. Los 800 autobuses fueron compradosde contado por Bs.133.000 cada uno; siendo estimado posteriormente suvalor en Bs.79.000 la unidad.

En enero de 1975 se anunci, con gran despliegue publicitario, el viaje queemprenda hacia Londres el gobernador de Caracas, Diego Arria. Desde lacapital britnica llegaron despachos anunciando que Venezuela habaencargado a la firma British Leyland 400 autobuses, junto con piezas derepuesto, por un monto aproximado de $26.400.000 de acuerdo a un


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contrato firmado por el gobernador del Distrito Federal y Lord Stokes,presidente de Leyland. Los despachos internacionales agregaban que elcontrato venezolano ayudara a la British Leyland a superar dificultadesfinancieras que le haban obligado, en diciembre de 1974, a pedir ayuda algobierno ingls; no habiendo superado sus dificultades, la negociacin

venezolana contribua a impedir la quiebra. Mientras tanto, en Caracas nadase saba del asunto.

I .as informaciones internacionales menearon el avispero de los autobusesIkarus y Leyland, simultneamente. Los organismos institucionalescompetentes (Congreso Nacional, Municipio y Contralora) manifestaron sudesconocimiento en torno a lo pactado e insistieron en que no secumplieron los trmites imprescindibles para gestionar contratos de estanaturaleza. Se le reproch al primer mandatario de la Gobernacin el habermarginado al Concejo Municipal del Distrito Federal, omitido la fiscalizacinde las entidades contraloras y no haber consultado la calificada opinin de

tcnicos y asesores. La negociacin result especialmente extraa porque elgobernador Arria haba informado que los autobuses Leyland cumpliranservicio para el Instituto Municipal de Transporte, empresa agonizante de lamunicipalidad, dependiente en ese momento del CSB. Arria explic que,como el IMTC haba sido prcticamente liquidado durante la administracinanterior, l haba propuesto un plan para la creacin de una nuevaEMPRESA METROPOLITANA DEL TRANSPORTE para sustituirlo. Aunque elproyecto haba sido aprobado por el Ayuntamiento, la nueva empresa nohaba sido constituida todava, as que los autobuses seran comprados porInversiones del Transporte y entregados a la administracin del IMTC hastatanto estuviera formada la nueva EMT. El Gobernador aleg en su defensaque los fondos utilizados para la adquisicin de los autobuses erannacionales y, por tanto, no necesitaba la aprobacin del Concejo Municipal.

Ante las noticias internacionales y las quejas de los c oncejales, LeonardoFerrer, presidente de la Comisin de Contralora de la Cmara de Diputados,pidi que se abrieran las investigaciones y propuso citar a Diego Arria,quien declar ante la Comisin que no haba firmado ningn contrato enLondres y que su labor haba consistido en asegurar un compromiso deadquisicin sujeto a las condiciones que estableciese el contrato acelebrarse, previa discusin y aprobacin de la empresa adquiriente. Aadiel Sr. Arria que toda empresa del Estado, al diligenciar cualquier operacinno tena por qu contar con el aval de la Contralora hasta tanto no sedecidiese la negociacin. Sin embargo, el proyecto de contrato no pas porContralora y se hizo la compra precipitada de los mencionados autobusesLeyland, disponindose tambin de la misma cuenta de Inversiones delTransporte en el BIV.

Cuando sali el escndalo a la luz pblica, la Waine International Divisin sedirigi al Contralor de la Repblica, sorprendida por no haber sido llamada alicitacin para ofrecer sus unidades autobuseras de 60 pasajeros, aBs.90.062 por unidad y puestas en la Guaira. El asombro de la Waineratific la desconfianza en la negociacin, pues adems de ofrecercotizaciones ms baratas, que permitieron estimar el sobreprecio en lacompra de los otros autobuses, esa firma era una de las ms solicitadas en


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el mercado venezolano, con ms de 40 aos de experiencia en motoresaclimatados, y ofreca disponibilidad inmediata de repuestos en el pas.

RESULTADOAnte la Comisin de Contralora de la Cmara de Diputados, Arriaargument, para justificar la compra precipitada de los autobuses, que l sehaba visto presionado por las empresas autobuseras del Distrito Federalque reclamaban la compra de nuevas unidades de transporte colectivo. Conrespecto a los autobuses Leyland, y a pesar del escndalo, el nicoresultado fue la recomendacin efectuada al Ejecutivo Nacional por laComisin Delegada, de que en el futuro la compra de unidades detransporte se hiciera a travs de licitaciones, teniendo en cuenta laproduccin nacional.

Con respecto a los Ikarus, el caso no fue investigado a pesar de que losautobuses resultaron ser de calidad fraudulenta. El piso de los mismos erade cartn piedra el cual, para mayor tragedia, estaba podrido, causando lacada y muerte de un nio que viajaba en uno de los autobuses.

La Inversionista del Transporte intent repartir los autobuses concediendoprstamos de millones de bolvares sin cumplir con las prcticas habitualesde prstamos e ignorando la capacidad de pago de las empresastransportistas. La Cmara de Transporte inform que los transportistashaban sido obligados a comprar los autobuses, pues ellos preferan losvehculos Reo, Blue Hird y Mercedes Benz, mejor adaptados al climatropical, de mayor potencia y con disponibilidad de repuestos en el pas.Adems, los mismos autobuses que haban sido ofrecidos a la Cmara delTransporte por 133 mil bolvares, fueron vendidos a las empresasautobuseras de Caracas por Bs. 189.659 cada uno, valor que ascenda aBs.256.591, si se cuentan los intereses y gastos de cobranza establecidos,arrojando un sobreprecio de Bs. 123.591 por unidad. Aunque fuese unaestafa a los autobuseros, ello hubiera sido un buen negocio para el CSB silos autobuses no hubieran resultado de mala calidad y se hubiese podidorecuperar los crditos concedidos.

Ln los meses subsiguientes, los autobuses Ikarus fueron arrinconados comochatarra en los terrenos del Instituto Municipal de Transporte en LaYaguara, donde todava pueden ser vistos cuando uno baja por laPanamericana, . orno expresivo testimonio de un cielito sin responsables.


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CASO: AVIONES DE AEROPOSTA!. PRESIDENCIA: Carlos Andrs Prez(1974-1979) FECHA SUCESO: 1973-1976 FECHA DENUNCIA: Diciembre1979

DENUNCIANTES: Departamento de Justicia de Estados Unidos; Miralles,

Fernando (Vicepresidente de LAV) INVOLUCRADOS: Garca Vallenilla, Julio;D'Erizans, Roberto; D'Erizans, Ricardo INVESTIGADORES: Juzgado Cuartode Primera Instancia en los Penal; Juzgado Segundo de Instruccin;Comisin Investigadora contra el Enriquecimiento Ilcito

DENUNCIA: Soborno, cobro de 2 millones de dlares por el sobreprecio delos aviones DC-9 que Me Donnell y Douglas vendieron a AEROPOSTALMAGNITUDES: Bs. 8.600.000

MATERIA: 6 aviones DC-9

HISTORIAEn 1976, la justicia norteamericana anunci que la empresa Me DONNELL & DOUGLAS CORP. haba falsificado documentacin para pagar soborno avarios pases a los que vendieron aviones. Entre esos sobornos estabanincluidos 2 millones de dlares pagados a los venezolanos Julio GarcaVallenilla y a los hermanos Ricardo y Roberto D'Erizans. Cuando RicardoD'Erizans fue llamado por el Departamento de Justicia a declarar sobre elparticular, admiti haber recibido 666 mil dlares de "comisinperfectamente legal" a travs de su empresa, con sede en Nueva York,agregando que incluso haba ahorrado al gobierno venezolano 200 mildlares por cada avin de los que se adquirieron a la Mc.Donnell DouglasCorporation.

La denuncia del Departamento de Justicia norteamericano destap el affairede la Lnea Aeropostal Venezolana (LAV), que haba pasado desapercibidoen Venezuela, y ese mismo ao una comisin de diputados venezolanos,presidida por Siuberto Martnez, viaj a Estados Unidos con el propsito derevisar la documentacin sobre el caso. De acuerdo al Informe de laComisin e Intercambio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos,los pagos de la empresa Me. Donnell fueron efectuados a funcionariosvenezolanos entre 1973 y 1976, siendo considerados como "extorsin" parala venta de los DC-9. Sin embargo, la comisin de diputados venezolanosdictamin que la negociacin haba sido "buena para Aeropostal".

El 15 de enero de 1979, ante la persistencia de los rumores que seguanpublicndose en la prensa sobre el sobreprecio de los DC-9 vendidos aAeropostal, Ricardo D'Erizans promovi un juicio por propia iniciativa ante elJuzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, a cargo del Dr. CayetanoDi Guida Magaldi. Este Juez lo remite al Juzgado Segundo de Instruccin acargo del Dr. Emilio Sosa Prez para que procediese a instruir elexpediente. El 23 de febrero de 1979 el juez termina la averiguacincorrespondiente, dicta decisin considerando que no existe delito y retornael expediente al Juzgado Cuarto, el cual, en una decisin de 15 folios,declara terminada la averiguacin sumarial y lo remite a consulta al JuezSuperior Quinto, Dr. Enrique Nez Tenorio. El Dr. Nez Tenorio confirma


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la averiguacin considerando que los hechos denunciados no revestancarcter punible. La decisin se produjo el 14 de marzo de 1979 y alconvertirse en cosa juzgada, el expediente N 1694 es enviado al Registrode Los Teques para su archivo.

La compra de 6 aviones DC-9 era, as, un caso cerrado con una sentenciafirme de que no hubo delito; pero volvi a tomar actualidad en noviembrede 1979, cuando el ingeniero Fernando Miralles (Vicepresidente de LAV) deretomo de un viaje a los Estados Unidos a las instalaciones de la Me DonnellDouglas dijo que los compradores venezolanos haban pedido un aumentode 2 millones de dlares sobre el precio ofrecido por la flota adquirida.Aada el Dr. Miralles un clculo del valor real del dao causado aAeropostal, pues si a esos 2 millones de dlares se le agregaba los interesescorrespondientes a 10 aos, la prdida para LAV era realmente de 17millones de bolvares. Miralles pidi a la Fiscala y a la Contralora Generalde la Repblica reabrir las averiguaciones. En diciembre de 1979 el Fiscal

General de la Repblica design al fiscal Cuarto del Ministerio Pblico, Dra.Letty Mrquez, para investigar el caso.

RESULTADOAnte las denuncias del ingeniero Miralles, la doctora Esther I raneo La Riva(Juez Dcimo de instruccin) declar que el acta de la compra de losaviones y su financiamiento guardaban relacin con un expediente quecursaba en su Tribunal Dcimo de Instruccin contra Roberto DErizans porusurpacin de funciones y forjamiento de actas en I.AV; aadiendo la Dra.Franco, que los recaudos de oborno que presuntamente pag la empresaaeronutica norteamericana Me Donnell Douglas, en relacin a la ompra deaviones DC-9 de Aeropostal, podan ser incorporados al expediente N 4916del ao 1976 que cursaba ante ese Juzgado.

Fn diciembre de 1979, la Comisin Investigadora contra el EnriquecimientoIlcito abri averiguaciones sobre el caso le los aviones. En variasocasiones, la prensa public declaraciones de voceros de la CIEI anunciandoprontos H-sultados que no aparecieron publicados en los meses Ilosteriores. Aparentemente, el caso del sobreprecio de los I )C-9 muriaplastado por el escndalo del Sierra Nevada


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CASO: AVION PRESIDENCIAL PRESIDENCIA: Carlos Andrs Prez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1976 FECHA DENUNCIA: Noviembre 1979

DENUNCIANTES: Petkoff, Teodoro; Olavarria, Jorge; Prez, Carlos Andrs

INVOLUCRADOS: Pigna Santamara, Jos Antonio; Gral. Paredes Bello,Fernando (ex- Ministro de la Defensa)

INVESTIGADORES: Ministro de Justicia (Echeverra, Juan Martn)DENUNCIA: Cobro de comisiones en adquisicin de avin presidencialMAGNITUDES: $500.000 MATERIA: Avin Boeing 737

HISTORIAEn 1975 la nacin adquiri un avin Boeing 737 para uso de la Presidenciade la Repblica; previo rechazo de una oferta de otro avin comparable, dela firma Douglas, a un precio menor en 3 4 millones. Se dijo que el Estado

venezolano no haba negociado directamente, sino por intermedio de losseores Raymond Smith (ingls) y Julio Pocaterra, pero nunca se ofrecims informacin sobre la participacin real de estos seores.en lanegociacin.La informacin sobre el caso sali a la luz a raz de un juicio iniciado enEstados Unidos contra la Boeing, al que fueron citados David Morales Bello yel ex-ministro de Justicia Juan Martn Echeverra. Jos Antonio Pigna fueacusado de corrupcin en la compra a la Boeing del avin presidencial. ACarlos Andrs Prez, Juan Martn Echeverra y David Morales Bello se lesreproch encubrimiento, pues no revelaron la informacin que les fuesuministrada en Estados Unidos. Sin embargo, en un programa televisado elda mircoles 31 de octubre de 1979, Carlos Andrs Prez afirm que lmismo haba denunciado a los seores Jos Antonio Pigna y Julio GarcaVallenilla como responsables de corrupcin, acusndolos de hacer negociosturbios y recibir comisiones; el primero en la compra del avin presidencialy el segundo en la adquisicin de los aviones Douglas por Aeropostal (vaseel caso). Insisti el ex-Presidente Prez que, a pesar de sus denuncias, lostribunales no los haban sancionado.

Posteriormente se supo que el Departamento de Estado norteamericano,por mano de Cyrus Vanee, haba entregado en el mes de julio de 1978 alministro de Justicia, Juan Martn Echeverra, los expedientes levantados porellos contra la Boeing, donde se inclua el negocio del avin presidencial. Secoment tambin que el Presidente Luis Herrera Campns haba recibido uninforme que vinculaba a Jos Antonio Pigna con el Gral. Fernando ParedesBello a quien, segn se dijo, el primero serva de testaferro. Corri el rumorentre corrillos que dicho informe contena copias de cheques recibidos por elGeneral Paredes Bello.

RESULTADONunca se supo qu pas con los documentos del Departamento de Estadonorteamericano; si pasaron a la Fiscala General de la Repblica o seengavetaron o si se los qued el ex-Presidente Prez.

El nuevo Presidente Luis Herrera Campns no revel publicamente elcontenido del informe sobre el avin presidencial, ni las copias de los


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cheques que involucraban al ex-Ministro de la Defensa, Paredes Bello, quienfue postulado como Embajador en Francia. Ello caus gran extraeza ycomentario en la opinin pblica sobre las razones para que el gobierno deLuis Herrera postulase a un militar para un cargo diplomtico sinrequerimientos castrenses.

En enero de 1979, los tribunales penales declararon terminada laaveriguacin sumarial seguida al ciudadano Jos Antonio Pigna Santamara,funcionario de la lnea area Viasa, por acusacin de recibir una comisin de500 mil dlares en la compra del avin presidencial Boeing 737. Laaveriguacin sumarial fue iniciada el 10 de enero de 1977 por orden delPresidente Carlos A. Prez. El expediente fue conocido por el Juez Octavo deInstruccin, Dr. Luis Armando Garca Sanjuan, cuya decisin asentclaramente que no se haba demostrado el cuerpo del delito, declarandoterminada la investigacin por cuanto los hechos no revestan carcter

penal. Esta decisin la conoci la Juez Io de Primera Instancia en lo Penal,Dra. Delia Estaba Moreno, y el Tribunal Superior Sptimo en lo Penal, por laDra. Carmen Beatriz Romero, quienes confirmaron la decisin delInstructor. Como no fue presentado recurso de casacin, este juicio queddefinitivamente cerrado.


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CASO: BALNEARIO CAMURI CHICO PRESIDENCIA: Carlos Andrs Prez(1974-1979) FECHA SUCESO: 1974-1975 FECHA DENUNCIA: Octubre 1979

DENUNCIANTES: Mantellini, Pedro J. (Fiscal General de la Repblica);Olavarra, Jorge (revista Resumen); Villegas Araujo, Luis Rubn (Fiscal del

Ministerio Pblico) INVOLUCRADOS: Arria Salicetti. Diego y Soucy Villegas,Hctor

INVESTIGADORES: Contralora General de la Repblica, Fiscala General dela Repblica, Tribunales de Primera Instancia en lo Penal DENUNCIA:Estafa, peculado, concusin, abuso de autoridad, enriquecimiento ilcito

MAGNITUDES: Bs.30.000.000 MATERIA: Crdito otorgado por el CentroSimn Bolvar para la construccin de un balneario en el Litoral Central

HISTORIA

Durante el ao 1972, "CONCRESA S.A.", por intermedio de diversaspersonas, entre otras el Sr. Nelson Martnez, allegado a la PIA UNIONBENEFICA, empresa administrada por padres benedictinos, propuso a stala constitucin de una sociedad para la construccin de un balneario en laplaya del Fundo Camuri Chico, de su propiedad. Dicha institucin religiosaacept la proposicin y, como hecho preparatorio de lo que despus seconvertira en un despojo de su propiedad, se firm un documento confecha 26 de septiembre de 1972 entre las personas jurdicas antesreseadas. En l se estableca suscintamente lo siguiente: la Pa UninBenfica cedera en arrendamiento por el termino de 6 aos a ConcresaS.A. una parcela de terreno de su exclusiva propiedad con un rea de 42,40hectreas en la referida finca Camur Chico, con el fin de que la arrendatariaconstruyera en dicha parcela una playa pblica con sus instalaciones, obrasrecreacionales y anexos, debiendo pagar Concresa S.A. a la Pa UninBenfica 32 mil bolvares mensuales. Se estableci en dicho documento queuna vez vencido el trmino del contrato, inmediatamente se constituiraentre las partes una sociedad por el trmino de 40 aos para el uso yexplotacin de las instalaciones, obras en la playa y anexos. Se convino,adems, que, transcurridos los 40 aos fijados, todas las obras ejecutadaspor Concresa S.A. sobre la parcela arrendada, pasaran a ser de propiedadde la Pa Unin Benfica.

Poco tiempo despus de haber firmado este contrato, Concresa S.A. lecomunic a la Pa Unin Benfica que el costo de la obra no sera de 6millones de bolvares, sino de 12. A finales de 1974, se le volvi a notificarque el costo de las obras del balneario se elevara a la cantidad de 27millones. Se le inform, adems, que Concresa S.A. haba solicitado unprstamo de $6.500.000, es decir Bs.27.950.000 al cambio vigente paraesa fecha, con la INARCOIVESTMENT COMPANY. En consecuencia, la PaUnin Benfica debi constituir hipoteca sobre el Fundo Camuri a favor delprestamista, hasta por la cantidad de 33 millones de bolvares.

Mientras se realizaban estas negociaciones, el Dr. Diego Arria, gobernadorde Caracas y presidente del CENTRO SIMON BOLIVAR, dict el 30 de marzode 1974 el Decreto sobre el uso y aprovechamiento pblico de las playas,ocho das despus de haber la Pa Unin hipotecado su propiedad. Poco ms


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tarde, el 20 de enero de 1975, se celebr un contrato entre Concresa S.A.,representada por Hctor Soucy Villegas, y el Centro Simn Bolvar,representada por Diego Arria, relativo a la construccin del BalnearioPblico de Camur Chico. En virtud de este contrato, el CSB otorg unprstamo de 60 millones de bolvares para la terminacin del Balneario

Camuri Chico, pero ste en realidad estaba ya totalmente terminado. Segnla Pa Unin Benefica, que vio incrementada enormemente la hipoteca quepesaba sobre su propiedad, los firmantes de ese contrato se aprovechabandel impacto poltico producido por los decretos de fecha 30 de marzo y 5 deabril de 1974 sobre las playas, para de hecho despojarlos de la posibilidadde obtener algn beneficio sobre el balneario, disfrazndolo de prstamopara la ejecucin de unas obras ya concluidas.

De los 60 millones de bolvares aportados por el CSB, se pag a la InarcoIvestment Company los Bs.27.950.000 aportados por sta. Nunca se lleg apresentar cuentas al CSB de los restantes Bs.32.050.000 del valor de las

obras realmente ejecutadas y tampoco le fue presentada a la Pa UninBenfica una relacin o estado de cuenta que demostrase en qu se invirtiel dinero excedente de lo entregado por el CSB a Concresa S.A.

De esta operacin resultaron dos perjudicados: el Centro Simn Bolvar,que entreg un prstamo de dudosa recuperacin sobre obrassobrevaloradas en ms del 100 por ciento y la Pa Unin Benfica, a la cualse oblig a garantizar al CSB con sus terrenos la cantidad de 60 millones debolvares, cuyos rditos y cuanta del gravmen hacen nugatorio laposibilidad de recuperarla.RESULTADOLa Contralora Municipal;.la Contralora General de la Repblica y laComisin Investigadora contra el Enriquecimiento Ilcito, encontraronadministrativamente responsable a Diego Arria por las irregularidades en latramitacin de estas operaciones, hallndose razones suficientes paraconsiderar los hechos como punibles.

El fiscal general de la Repblica, Pedro J. Mantellini, en escrito de acusacindel 10 de octubre de 1979 dirigido a la Corte Suprema de Justicia, seallas diferentes averiguaciones que cursaban por ante los tribunales penalesen contra del ciudadano Diego Arria Salicetti. Entre ellos se encontraba elexpediente N 1589-9, por los delitos de estafa, peculado, concusin, abusode autoridad y enriquecimiento ilcito iniciado por Jorge Olavara ante elTribunal Vigsimo de Primera Instancia en lo Penal. El demandante consigndocumentos que haban llegado a su poder, entre los cuales se encontrabaun memorndum donde se sealaba un posible delito de estafa, cuyosautores seran Diego Arria y los directivos de Concresa S.A., empresa deconstruccin, en perjuicio de la Pa Unin Benfica y de la nacinvenezolana, as corri tambin otros delitos.

Habiendo pasado el expediente a los tribunales penales, la Corte Supremade Justicia declar en antejuicio de mrito, el 20 de noviembre de 1979 quehaba mrito suficiente para proseguir el enjuiciamiento contra el ex-gobernador Diego Arria Salicetti y, a tales efectos, la Corte remiti ladecisin al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal de laCircunscripcin Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.


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El ex-gobernador Arria se ausent del pas por varios aos, volviendo a lpara apoyar a Carlos Andrs Prez en las elecciones de 1988.


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CASO: BANCO AGRICOLA Y PECUARIO PRESIDENCIA: Rafael Caldera(1969-1974) FECHA SUCESO: 1970-1974 FECHA DENUNCIA: 1974

DENUNCIANTES: Strdel, Juan (Presidente del BAP en 1974); FederacinCampesina de Venezuela; Asociacin de pequeos y medianos productores

ruralesINVOLUCRADOS: Decenas de funcionarios del BAP y sus agencias;receptores de crditos que no fueron utilizados en propsitos agropecuarios

INVESTIGADORES: Comisin permanente de Agricultura y Cria delCongreso; Comisin Investigadora contra el Enriquecimiento Ilcito;Contralora General de la Repblica; Fiscala General

DENUNCIA: Enriquecimiento ilcito

MAGNITUDES: Bs.80.000.000MATERIA: Crditos agropecuarios; maquinaria agrcola

HISTORIAEn febrero de 1974 el nuevo presidente de la Junta Administradora delBanco Agrcola y Pecuario, Juan Strdel, efectu una dramtica denunciaante la Comisin Contra la Corrupcin Administrativa de la Cmara deDiputados sobre la extendida corrupcin existente en dicho instituto,pidiendo la intervencin de los organismos competentes como la ComisinInvestigadora contra el Enriquecimiento Ilcito, la Fiscala General, laContralora General y la Polica Judicial. Entre las irregularidades sesealaron el otorgamiento de crditos a personas que no eran agricultores;cobro de comisiones a los prestatarios; informes falsos sobre prdidas decosechas, crditos a personas que nunca haban solicitado crditos y cuyasfirmas fueron falsificadas; crditos concedidos a personas analfabetasquienes firmaban con su huellas digitales por grandes sumas de las cualesreciban una mnima parte; utilizacin de gestores para cobrar crditos;crditos concedidos a familiares y a los mismos funcionarios del BAP;crditos otorgados a difuntos y a personas, sindicatos y ligas campesinasque jams existieron; crditos concedidos por telfono, sin que pasara aconocimiento de la Junta Administradora; levantamiento de informes falsos;sobregiros en los presupuestos de las distintas agencias del BAP y, en fin,violacin de todos los instructivos del Instituto. De acuerdo a lasinvestigaciones, hubo sucursales en las que desde el gerente hasta elmensajero, pasando por la totalidad del personal, se otorgaron mutuamentecrditos por varias decenas de miles de bolvares. Un funcionario del Bancose haba perdido con 70 mil bolvares y el Banco no lo denunci. En algunasdependencias todos los funcionarios, sin distincin de jerarquas, habancomprado parcelas con los dineros de los contribuyentes.

El Banco Agrcola y Pecuario acusaba 100 millones de bolvares en deudasacumuladas, de las cuales ms de 50 millones eran absolutamenteirrecuperables, especialmente porque el dinero destinado a la promocin delas actividades agropecuarias nunca lleg a manos de los verdaderosproductores. Strdel present una largusima lista de personas quienes, sin


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ser agricultores, haban cobrado cantidades de dinero que haban sidoutilizadas en provechos personales. Tambin denunci que la maquinariaagrcola desaparecida supona otros 5 millones de bolvares perdidos, puesel Banco distribua maquinaria agrcola sin existir contrato, compromiso oletras firmadas.

Treinta y tres de las sesenta y siete dependencias que tena el Banco entodo el pas, fueron intervenidas e investigadas. Juan Strdel precis quelas sucursales donde fueron detectados los casos ms inverosmiles dedesaparicin de dinero fueron las de Zaraza, Aragua de Barcelona, Calabozoy Valle de la Pascua.

RESULTADOEn 1974, La Contralora General de la Repblica pas a su Departamento deAveriguaciones Administrativas 99 informes sobre presuntas irregularidadesadministrativas en el BAP, requiriendo el establecimiento de las

responsabilidades. De los 99 casos, 19 correspondan a intervenciones de laContralora Delegada en las dependencias de Acarigua, San Carlos,Porlamar, Turn, Valle de la Pascua, depsito de maquinarias en Araure,Coro, Oficina Central y en una firma particular de transporte de PuertoCabello. Los 80 casos restantes fueron informes de auditoras practicadaspor la Contralora Interna en: Zaraza, Porlamar, Aragua de Barcelona, SanFernando de Apure, Calabozo, Tucupido, Caja Seca, Ciudad Bolvar,Guanare, Trujillo, San Carlos, Miremire, San Juan de los Morros, SantaBrbara de Barinas, Carpano, San Cristbal, Maturn, Machiques,Altagracia de Orituco, Coro, Valera, Maracaibo, Cariaco, Tovar, Ocumare delTuy, Biscucuy, Libertad de Barinas, Mene Grande, Pariagun, Nirgua,Mrida, Churuguar, Valencia y Maracay. El nmero de dependencias delBanco intervenidas da una idea de la magnitud de las irregularidades.

En agosto de 1974, la Comisin Investigadora contra el EnriquecimientoIlcito procedi a congelar los bienes y prohibir la salida del pas a 40funcionarios del Banco Agrcola y Pecuario por responsabilidadadministrativa en el caso.

El Informe de la Fiscala de 1975 incluye, en la lista de casos investigados,el caso del Banco Agrcola y Pecuario ante denuncias consignadas por el Dr.Juan Strdel. Este Informe concluy que proceda la apertura de laaveriguacin penal correspondiente. El Informe de Fiscala del ao siguienteno ofrece los resultados del caso.

En el transcurso de la investigacin Juan Strdel fue citado al Congreso(febrero 1975), pues se haba recibido informacin de que participaba en laJunta Directiva de la empresa PLANAGRO, empresa que haba firmado uncontrato de 4 millones de bolvares para asesorar al gobierno del EstadoCojedes en materias agrcolas. El contrato fue posteriormente rescindidopor el Ministro del Interior. Strdel explic que haba renunciado a laempresa al enterarse del contrato.

El 13 de mayo de 1975, mediante decreto N 909, fue creado el Instituto deCrdito Agrcola y Pecuario (ICAP), institucin con personalidad jurdica ypatrimonio propio en sustitucin del Banco Agrcola y Pecuario.


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La creacin del ICAP y la condonacin de las deudas de crditos a losacreedores del BAP durante los primeros aos de la Administracin CAP,parecen, literalmente, haber hecho "borrn y cuentas nuevas" con el casoBAP.


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CASO: BANTRAB

PRESIDENCIA: Carlos Andrs Prez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1975FECHA DENUNCIA: 1979

DENUNCIANTES: Olavarria, Jorge (revista Resumen)INVOLUCRADOS: Arria Saiicetti, Diego; Delfino, Enrique; Malav Villaiba,Augusto (dirigente obrero); Pulido, Manuel Antonio INVESTIGADORES:Ingenieros Sucre Figarella, Leopoldo y Miranda, Euclides DENUNCIA:Sobreprecio de Bs. 190.000.000 MAGNITUDES: Bs. 190.000.000 MATERIA:Obras urbansticas del Metro de Caracas

HISTORIAAugusto Malav Villaiba, a nombre del Banco de los Trabajadores deVenezuela (BTV), y Camilo Daza, a nombre de CENTRO SIMON BOLIVAR

(CSB), ordenaron en 1977 la evaluacin de los proyectos y obrasurbansticas en torno a las licitaciones del Metro en terrenos del CSB. Laevaluacin fue efectuada por los ingenieros Sucre Figarella y EuclidesMiranda, quienes concluyeron que exista sobreprecios por el orden de 72millones de bolvares en los proyectos y obras contratadas. La evaluacinrevel que los sobreprecios provenan del cobro de estudios y proyectos(ssmicos, de suelos, de supervisin arquitectnica, de administracin yorganizacin, etc.) que se cobraban por separado, aun cuando estabanincluidos en el convenio original para la ejecucin de todo el desarrollourbanstico. Otra fuente de sobreprecio fue el proyecto de un edificio que serepeta 42 veces y era cobrado cada vez como un proyecto original. Lousual en esos casos es que el proyectista cobre por el proyecto original yluego un porcentaje por la repeticin del mismo proyecto, su adaptacin alterreno y su supervisin.

La evaluacin de los ingenieros puso sobre el tapete los contratos del CSB yuna empresa privada BANTRAB. La prensa revel que Diego Arria habafirmado el 26 de septiembre de 1975 un contrato con la empresa BANTRABmediante el cual acordaron que el Centro Simn Bolvar aportara losterrenos y BANTRAB asumira el financiamiento de los estudios, proyectos,construccin, inspeccin y administracin de las obras urbansticas enterrenos circunvecinos a las estaciones del Metro, comenzando por las de LaHoyada, Parque Carabobo y Plaza Morelos (hoy Bellas Artes). BANTRABhaba sido constituida el da anterior por los siguientes accionistas: Bancode los Trabajadores (BTV), con el 50% de las acciones; Inmobiliaria LaFlorida, de Enrique Delfino, con el 30%; y el economista Manuel AntonioPulido con el 20 por ciento.

Poco despus, BANTRAB contrat con su propio accionista, Inmobiliaria LaFlorida, representada por su director, ingeniero Enrique Delfino, un contratopor 160 millones de bolvares para la elaboracin del proyecto. Luego,Diego Arria, en nombre del CSB, firm contratos por 92 millones debolvares con cuatro empresas del grupo de Delfino para la supervisinarquitectnica de los edificios en torno a las estaciones La Hoyada y ParqueCarabobo, y otro contrato para la "coordinacin y administracin" de lasobras por Bs.272.800.000. Con la firma ORCAVEN, Arria contrat los


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estudios de suelos por Bs.68.800.000. La prensa hizo estimaciones msatrevidas que los avaluadores, calculando que los sobreprecios llegaban ams de 190 millones de bolvares. BANTRAB cancel sus obligaciones conlos subcontratistas, emitiendo pagars aceptados para ser pagados a suvencimiento por el CSB.

Cuando en marzo de 1974 ascendi Carlos Andrs Prez a la PrimeraMagistratura nacional, design a Diego Arria como Gobernador del DistritoFederal y Presidente del Centro Simn Bolvar. Hasta ese momentoprevaleca el criterio tcnico del MOP de que el Metro fuera subterrneo,desde que en julio de 1968 el Congreso Nacional haba autorizado lasoperaciones de crdito pblico para financiamiento del proyecto. Entoncessurgi intespectivamente un intento de paralizacin de ese plan para que seconsiderara un proyecto japons de "aerocarril" superficial, similar alexistente en Tokio, preconizado por el nuevo Gobernador de Caracas,argumentndose que era ms barato y poda extenderse hasta el Litoral

Central. Este proyecto estaba representado por Enrique Delfino y tuvo enDiego Arria su principal defensor. Levantse en torno a l una granpolmica periodstica y confrontacin de intereses, pues la nueva opcindaba al traste con todos los estudios realizados hasta la fecha por la OficinaMinisterial del Transporte y estaba en contra de todas las recomendacionesy opiniones de los asesores de dicha oficina y de todos los expertosnacionales e internacionales invitados en diferentes oportunidades paraevaluar la solucin escogida. Tal consideracin retras la obra ms de loque ya lo haba sido, pero cuando el Colegio de Ingenieros en asambleaplena, se pronunci categricamente por la solucin subterrnea, elPresidente de la Repblica tom la decisin de continuar el proyecto originalsubterrneo, concedindose la buena pro al consorcio francs, en 1978. Sedijo entonces en los altos niveles financieros y polticos, que comocompensacin a la prdida de ese negocio, se le concedi al proponente del"aerocarril" los negocios a que se refiere la anterior informacin.

RESULTADOSegn el Informe de Contralora de 1979, el convenio CSB-BANTRAB seestableci para la ejecucin conjunta del desarrollo urbanstico de losterrenos propiedad del CSB situados alrededor y en zonas adyacentes a lasestaciones del Metro de Caracas: Bellas Artes, Parque Carabobo y LaHoyada; dicho convenio consta en documento de fecha 26 de septiembre de1975, modificado en julio de 1976 y noviembre de 1977. El convenio de

julio de 1976 estableca en su clusula 25 que el pago de los contratos porinspeccin tcnica y supervisin de proyectos estara a cargo de BANTRAB;sin embargo, que el CSB efectu el pago de las valuaciones de supervisin,presentadas por las empresas QUEPREVEN, C.A., MANORCA, C.A., TABASA,S.A. y EDIFICACIONES STORNI, C.A.

Para 1980, como resultado del anlisis practicado al convenio con BANTRABse derivaron las conclusiones siguientes: el contratista present, con cargoal contrato, valuaciones correspondientes al lapso 2-76 a 3-79 por un totalde Bs. 1.760.394,50 y le fueron otorgados por el CBS Bs.1.455.856,50,quedando pendiente un pago por Bs.47.577, as como la devolucin deretenciones por la cantidad de Bs.264.052,35. Respecto a los trabajos


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realizados, el Informe de Contralora seal que el estado de los mismos nopermita formarse una opinin sobre el alcance de las actividades y, enconsecuencia, no se poda constatar si se haba dado efectivo cumplimientoa las obligaciones establecidas en el contrato. Segn la fecha de las ltimasvaluaciones presentadas por BANTRAB, las obras deban haber sido

concluidas en enero de 1979; pero los informes quincenales que la empresadeba entregar entre los meses de junio 1978 y marzo de 1979 no fueronpresentados. La Contralora recomend verificar si el contratista haba dadocumplimiento a sus obligaciones e igualmente precisar los trabajosrealizados en el lapso febrero 1978 a marzo 1979 que justificaran lasvaluaciones pagadas, y, de acuerdo a los resultados, se procedera alreintegro de retenciones y cancelacin de valuaciones pendientes. Enoctubre de 1980, el CSB notific su decisin de no realizar pago algunohasta tanto no se diera cumplimiento a las recomendaciones de laContralora. En el Informe de Contralora correspondiente al ao 1981 ysiguientes no aparece ninguna referencia al convenio CSB- BANTRAB.

Tampoco se conocieron otros resultados.


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CASO: CAJA DE AHORROS DE CADAFE- MARACAY

FECHA COMISION: 1976 FECHA DENUNCIA: Junio 1976 DENUNCIANTES:Carvallo Hurtado, Pedro Miguel (Comisario-Jefe de ia PTJ) INVOLUCRADOS:Bez Vargas, Tito Armando: (Presidente); Brito, Flix Mara:

(Vicepresidente); Inciarte Lugo, Victor Manuel (Tesorero); Arrez Guevara,Victor Jos (Administrador); Rincones Cardozo, Daniel (Contador); GonzlezAlvarado, Flix Ramn (Asistente Cont)

INVESTIGADORES: PTJ del Estado Aragua ACUSACION: Defraudacincontinuada de los fondos de los ahorristas de la Caja, desde varios aosantes de la fecha de su descubrimiento

MAGNITUDES: Bs.7.000.000 en cuentas incobrables y Bs.800.000 faltantesen Caja MATERIA: Estafa por medio de cheques falsificados y facturasficticias de proveedores

HISTORIA

El Comisario-Jefe de la Divisin contra la Delincuencia Organizada dla PTJen el Estado Aragua, Sr. Pedro Miguel Hurtado Carvallo, convoc a unarueda de prensa el 23 de junio de 1976 para informar la detencin de ungrupo de ciudadados, miembros de la Junta Administradora de la Caja deAhorros de CADAFE en Maracay, acusados de manejos dolosos en el manejode dicha Caja de Ahorros. La defraudacin vena realizndose desde haca15 aos y, segn declar el funcionario por lo que haba podido deducirsede una Auditora realizada, pasaba de 7 millones de bolvares en cuentasinexistentes o incobrables, ms un faltante en Caja de Bs.800.000.

RESULTADOFueron detenidos todos los indiciados y pasados a la orden del Juez Tercerode Primera Instancia en lo Penal del Estado Aragua.


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CASO: CAJA DE AHORRO DEL MOP PRESIDENCIA: Ral Leoni (1964-1969)

FECHA SUCESO: Febrero 1964 FECHA DENUNCIA: 1966

DENUNCIANTES: Soto Rosa, Jos (Presidente de la Caja de Ahorros del MOP

en 1965); Rosales, JulioINVOLUCRADOS: Presidente de la Caja de Ahorro; Ferrer, Juan Bautista(Administrador de Caja de la Caja de Ahorros del MOP); Garca Regalado,Roberto (Auditor de la Caja de Ahorro del MOP); Feo Garca, Luis(Secretario de Junta Directiva del MOP); Paiva Piate, Ramn (Fiscal de laJunta Directiva del MOP en 1962)

INVESTIGADORES: Comisin Investigadora contra el Enriquecimiento Ilcito(CIEI) DENUNCIA: Desfalco a Caja de Ahorro del MOP MAGNITUDES: Bs.1.898.688 MATERIA: Ahorros de los empleados del MOP

HISTORIA

El 12 de agosto de 1965 fue iniciada una primera intervencin a la Caja deAhorro de los empleados del Ministerio de Obras Pblicas (MOP). Estainvestigacin sobre el ejercicio del ao 1964 revei que, aunque para eseao slo se haba producido un beneficio de Bs.427.426,12, la JuntaDirectiva haba ordenado el reparto Bs.830.933,14 entre los socios,producindose de esta manera un dficit de Bs.403.507. Tal situacin noslo significaba la violacin de lo ordenado en el artculo 93 de los estatutosvigentes para entonces, segn los cuales slo deba repartirse el 70 porciento de las utilidades realmente habidas durante el ejercicio, sino ademsla reparticin de unas utilidades que no existan.

RESULTADO

Los comerciantes que haban avalado las letras de cambio tuvieron quepagarlas y algunos fueron embargados. El Sr. Candelario Salazar no fuesancionado por no demostrarse su responsabilidad directa en el caso, y elSr. Octavio Rodrguez recibi como sancin ser suspendido de su empleo enla CIEI por un mes ... con sueldo.

Como en muchas otras cajas de ahorro de la poca, que sufrieron una delas modalidades ms conocidas de la llamada "corrupcin media", en la Cajade Ahorro del MOP existan otras numerosas irregularidades. Podramosnombrar algunas, tales como carencia total de organizacin administrativa yde sistema contable donde se pudiera conocer la historia de las operacionesrealizadas. Este estado de desorden dio como resultado el hecho de quenunca se llegara a comparar los saldos de cuentas que figuraban en losbalances con la sumatoria de los saldos de las cuentas individuales. Estairregularidad cre un dficit para la Caja de Ahorros del MOP de Bs.266.364en depsitos y de Bs.175.000 en prstamos, adems de Bs.99.306 eninventario de mobiliario y equipos de oficina inexistentes.


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Entre los datos del balance que no reflejaban la realidad del estado de lamencionada Caja de Ahorros, se encontr pendiente una deuda deConstrucciones Puig C.A. por Bs.395.000 que haba sido cancelada por lamisma firma el 3 de febrero de 1964. Tambin se descubri el otorgamientode crditos a personas ajenas a la institucin, reparticin de utilidades

inexistentes y compras personales hechas por los miembros de la JuntaDirectiva, todo ello en abierta violacin de los estatutos de la Caja deAhorro. En la lista de los prstamos irregulares y contra los estatutosfiguraba, especialmente, uno conferido a la Direccin de CartografaNacional por 85 mil bolvares, descubrindose que el mismo ex-Presidentede la Caja de Ahorro, acusado de estas irregularidades, era tambinAdministrador de Cartografa Nacional donde a su vez dej una deuda porBs.58.333 por retiros de caja, cargndolos en su cuenta por concepto deprstamos, sin pago de intereses. Esta denuncia qued asentada en uninforme firmado por Jos E. Soto Rosa, presidente de la Caja de Ahorros en1965, y avalado por Julio Rosales.

RESULTADO

Se comprob la responsabilidad del ex-Presidente de la Caja de Ahorros delMOP en el abuso continuo de autoridad, orden y aval de prstamosirregulares. Igualmente se atribuy responsabilidad por encubrimiento alAdministrador de la Caja de Ahorros. El ex-Presidente de la Caja de Ahorrosreconoci su responsabilidad y, aunque no se instal juicio, se suicid por"causas desconocidas". Los medios de comunicacin sealaron que laresponsabilidad no deba corresponder exclusivamente al Presidente, porcuanto la administracin de la Caja era responsabilidad de la Junta en plenoy no del presidente en particular. Apaientemente por respeto al hecho delsuicidio, aunque el caso Fue muy publicitado, nunca se public el nombredel principal involucrado, lo cual dice mucho de los patrones tico;, de laprensa de la poca.


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CASO: CAJA DE AHORRO DE LA POLICIA DE PETARE

PRESIDENCIA: Ral Leoni (1964-1969) FECHA SUCESO: 1964 FECHA

DENUNCIA: 1965

DENUNCIANTES: Oropeza, Domingo (abogado demandante de la CIEI) y laComisin Investigadora contra el Enriquecimiento Ilcito INVOLUCRADOS:Solazar. Candelario (ex- Prefecto de Petare); Rodrguez. Octavio (hermanode Simn Rodrguez, representante de la Corte Suprema de Justicia en laCIEI)

INVESTIGADORES: Comisin Investigadora contra el Enriquecimiento Ilcito

DENUNCIA: Malversacin de fondos MAGNITUDES: Bs.71.000 en 56 letrasde cambio MATERIA: Ahorros de la Polica de Petare

HISTORIA

El 12 de febrero de 1965, el prefecto Candelario Salazar (AD), entrega elcargo a Manuel Salvador Becerra (FDP) y se reorganiza la Caja de Ahorro dela Polica de Petare, para lo cual se llama a una comisin de la ComisinInvestigadora contra el Enriquecimiento Ilcito (CIEI) para que se hicieracargo de 56 letras de cambio encontradas en dicha Caja. Posteriormente,las letras desaparecieron de la CIEI, siendo responsable de ello, por accinu omisin, el Sr. Octavio Rodrguez, hermano de Simn Rodrguez,representante de la Corte Suprema de Justicia en la CIEI. Esas letras habansido firmadas por Candelario Salazar y avaladas por los seores JoaoGongalves, Panagicte Sapikas, Ramiro Jimnez Valds y Nicola Canferra.


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CASO: CAJA MUNICIPAL DE CARACAS PRESIDENCIA: Rafael Caldera (1969-1974) FECHA SUCESO: 1971 FECHA DENUNCIA: Agosto 1971

DENUNCIANTES: Lovera, lldemaro (Primer Vicepresidente del Ayuntamientode Caracas) INVOLUCRADOS: Riveroll Romay, Ramn y Guinand Bald,

Carlos (Gobernador de Caracas)INVESTIGADORES: Contralora Municipal y Contralora General de laRepblica DENUNCIA: Estafa a la nacin y sustraccin de letras de la CajaMunicipal del Ayuntamiento de Caracas

MAGNITUDES: Bs. 1.480.000 MATERIA: Letras al portador

HISTORIA

La Gobernacin de Caracas haba suscrito un contrato con Ramn Riveroll

para la construccin del Parque Naciones Unidas y otras obras menores enel Litoral Central. Riveroll solicit al gobernador de Caracas, Carlos GuinandBald, una serie de giros a su favor hasta por la cantidad de Bs.8.910.000para construir el Parque en los terrenos del antiguo Hipdromo del Paraso.El Gobernador confi en su amistad con Ramn Riveroll y acept girar poradelantado letras de cambio por el monto total de las obras. Riveroll, quienno tena ninguna compaa de construccin ni capacidad econmica paraemprenderlas, no efectu obra alguna y logr descontar en el BancoCaracas una de las letras por Bs. 1.480.000, constituyendo esa cantidad elvalor del perjuicio econmico perpetrado por Ramn Riveroll Romay a laGobernacin del Dtto. Federal. Como la obra nunca fue realizada, losconcejales del Dtto. Federal presentaron la correspondiente denuncia algobernador Guinand Bald, quien inform no tener noticia del otorgamientoadelantado de las letras, afirmando que dicha letra haba salido de laGobernacin sin el consentimiento del titular de ese despacho, pues elcontrato con Riveroll haba sido rescindido. Sin embargo, se descubri queel contrato no haba sido rescindido formalmente sino de palabra entre elcontratista y el gobernador; por tanto, las letras, vlidas al portador, porvalor superior a 7 millones de bolvares no haban sido destruidas, a pesarde una solicitud hecha por la Contralora Municipal. El contratista norespondi a la citacin que le hiciera la Gobernacin para dilucidar lascontradicciones.

RESULTADO

Ante las denuncias efectuadas por los concejales del Distrito Federal a laGobernacin y posteriormente al Cuerpo Tcnico de la Polica Judicial, sebusc al 62 indiciado; pero Riveroll haba salido del pas.

El expediente fue remitido al Juez Octavo de Instruccin, Dr. Jos ErasmoPrez Espaa, quien en el mes de junio de 1972 dict auto de detencin alcontratista Ramn Riveroll por el delito de estafa con el agravante de habersido en perjuicio de uno de los rganos de la Administracin Pblica. Esteauto de detencin fue confirmado por el Juez Dcimosexto de PrimeraInstancia, doctor Luis Riva Romero, quien libr la correspondienterequisitoria para la detencin del indiciado. Al ser informado de que ste


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haba abandonado el pas, solicit por los canales regulares de la CorteSuprema de Justicia su extradicin. La Sala Poltico Administrativa acordexigir al gobierno de la Repblica de Mxico la entrega del contratistaRamn Riveroll Romay, pero ello no sucedi. Riveroll nunca respondi a losrequerimientos para que resarciera a la municipalidad la cual, aunque pudo

detener el cobro de las restantes letras de cambio, tuvo que pagar la letradescontada.


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CASO: CAMINA (C.A. MINAS DE NARICUAL) PRESIDENCIA: Carlos AndrsPrez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1974-1978 FECHA DENUNCIA: 1979-1980 DENUNCIANTES: Oliveros, Luis Angel (ex- Administrador de las Minasde Naricual); Daz Bruzual, Leopoldo (Presidente del Fondo de Inversionesde Venezuela); Contralora General de la Repblica

INVOLUCRADOS: Lares Cordero, Carlos (ex- Presidente de CAMINA)

INVESTIGADORES: Contralora General de la Repblica, Comisininvestigadora contra el Enriquecimiento Ilcito (CIEI), Fiscala General de laRepblica

DENUNCIA: irregularidades administrativas, prdidas cuantiosas para elEstado venezolano

MAGNITUDES: Bs. 160.000.000

MATERIA: Contratos y prstamos para laproduccin de carbn

HISTORIA

Desde su formacin en 1974, C.A. Minas de Naricual (CAMINA), propiedadde la Corporacin de Desarrollo de la Regin or-Oriental, el Sindicato deTrabajadores de la Hulleras de Naricual y los concejos municipales de Sotilloy Bolvar, mostr diversas irregularidades administrativas. Por ejemplo, lacontabilidad presentaba problemas de extemporaneidad, duplicacin deregistros, disparidad de saldos contables y falta de evidencia documental.En 1975 el Fondo de Inversiones de Venezuela (FTV) prepar un informe deevaluacin sobre el plan de inversiones, en el cual se concluy que elproyecto, tal como haba sido formulado, no era viable desde el punto devista tcnico-econmico y financiero. Informes de oficinas especializadascontratadas por el FIV hicieron la misma observacin. La National CoalBoard indic, por ejemplo, que el costo de una planta de lavado de carbnsencilla con una sola caja lavadero costara solamente 30 millones debolvares en lugar de los 60 de millones previstos por la alternativaplanteada por CAMINA. A pesar de las fallas y deficiencias que impedan laviabilidad tcnico-ecnomica del proyecto, la administracin de CAMINA nopermiti la reformulacin del mismo.

Se le otorg el contrato de perforaciones de la Cuenca Carbonfera deNaricual al Consorcio Geoinca Cerro Negro, el cual no contaba con iosequipos necesarios para los sondeos. CAMINA rescindi los contratostransando un convenio en el cual perdi Bs.793.467. Durante la mismapresidencia de Carlos Lares Cordero, se firmaron y cancelaron contratospara el tratamiento qumico de 18.000 durmientes, la adquisicin de 78.000clavos y la reparacin de una locomotora General Motors. Los durmientesno necesitaban tratamiento qumico y fueron utilizados sin l, los clavos nopudieron ser utilizados por ser de diferente medida y la locomotora jamsfue reparada. No obstante, las cartas de crditos fueron cobradas por lasempresas contratistas sin haber entregado las mercancas o trabajosdescritos.


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A principios de 1977 C.A. Minas de Naricual recibi un crdito adicionaldelOO millones de bolvares, el cual se aplic incumpliendo los objetivosplanteados en la solicitud del mismo. Ms del 50 por ciento del crdito sedestin al pago de obligaciones no previstas o permaneci depositado en

diversos bancos, renovando las deudas que se haban previsto cancelar condicho crdito; ello gener nuevos compromisos y gastos. La tasa de intersde los crditos renovados era superior a la que perciban los recursosdepositados, originalmente destinados a liquidar dichas deudas, y que sinrazn alguna fueron cedidos como prenda mercantil de los nuevosendeudamientos contrados. Los contratos perjudiciales para la empresallevaron a Camina a una situacin econmica que hizo necesario nuevoscrditos. En 1978 la CVF otorg a Camina un aval por 160 millones debolvares, el cual fue dado, sin embargo, en forma de crdito directo. JohnPhelps, presidente de la CVF, firm un pagar por $37.500.000. Asimismo,el presidente del FIV, Hctor Hurtado, solicit al Consejo de Ministros su

aprobacin para no exigir garantas a Camina por el aval concedido, a pesarde la deplorable situacin financiera en la que estaba sumida la empresa y asabiendas de su incapacidad de pago.

RESULTADO

Luego de la denuncia y el minucioso informe de la Contralora, CAMINAparece desaparecer de la memoria colectiva. Los Informes de Contralora delos dos aos siguientes (1980,1981) no vuelven a informar sobre el caso.


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CASO: CARIVEN

PRESIDENCIA: Rafael Caldera (1969-1974)Carlos Andrs Prez (1974-1979) FECHA SUCESO: 1974-1975 FECHA

DENUNCIA: 1976-1979 DENUNCIANTES: Alvarez Domnguez, Luis (ex-Presidente de la CVF); Curiel, Marcel (ex- Presidente CVF); SananesCarranza, Francisco (Presidente de la CVF 1979)

INVOLUCRADOS: Gascue Ros, Federico (ex- Presidente de Cariven); Sosa,Carmen Amalia (accionista principal Cariven); Lozada Provenzali, Jos Angel(ex-Presidente encargado CVF); Sosa Ros, Ricardo ( ex- Comandante de laMarina, ex-Presidente de Cariven); Coronil Hartmann, Alfredo

INVESTIGADORES: Encargados del informe confidencial de la CVF ; AgudoFreytes, Esteban (ex-Director de la Consultorio Jurdica de la Fiscala

General de la Repblica)ACUSACION: Sobreprecio; estafa consumada

MAGNITUDES: Bs.50.000.000 MATERI A: Adquisicin de barcos paracruceros

HISTORIA

En marzo de 1974, pocos das antes de la entrega de gobierno del Dr.Rafael Caldera, el Consejo de Ministros autoriz a la CorporacinVenezolana de Fomento para otorgar un aval por 50 millones de bolvares(Bs. 50.000.000) a la Corporacin Venezolana de Cruceros del Caribe(CARIVEN). El directorio de la Corporacin Venezolana de Fomento, segnresolucin N 0344 resolvi conceder dicho aval con el objeto degarantizarle el financiamiento requerido para la adquisicin de dos barcoscruceros que seran destinados a la realizacin de cruceros por el Caribe.Las especificaciones en los documentos establecan que los barcos debantener 800 toneladas de peso, capacidad para 800 pasajeros, hacer 20 nudosde velocidad y ser de construccin reciente. Los barcos adquiridosposteriormente, sin embargo, fueron dos cruceros obsoletos, el Santa Rosay el Bahama Star, ambos fuera de especificaciones. Despus de todas lasreparaciones, la capacidad mxima llegaba apenas a 350 pasajeros. Uno deellos tena ms de 15 aos de servicio; y estando en deplorable situacin seencontraba en reparacin en un astillero de los Estados Unidos y fueposteriormente rematado en Nueva York a precio de chatarra por 300 mildlares (alrededor de Bs. 1.200.000,oo). Dadas sus precarias condiciones,los dos cruceros juntos no valan ms de 3 millones de bolvares. Esomotiv que los propios abogados de la CVF en los Estados Unidosrecomendaran que los barcos fuesen rematados como material de desechoo chatarra; puesto que stos tenan tambin ciertas restricciones de uso porparte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

La adquisicin de estas naves se realiz a pesar de que el Ministro deTransporte haba negado la autorizacin para que Cariven las adquiriera.Informes presentados ante el directorio de la Corporacin Venezolana de


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Fomento sealaron la responsabilidad de los ex-presidentes de Cariven,Federico Gascue Ros, y contralmirante Ricardo Sosa Ros. Este ltimodemostr, sin embargo, que l haba sido Presidente de la empresasolamente once das ya que renunci porque el directorio era contrario alinforme que present sobre los barcos. Las operaciones financieras se

aceleraron en 1975 con la aceptacin de pagars a favor de The MerbanCorporation, la cual a su vez abri rpidamente cartas de crdito en elSecurity Pacific International Bank a favor de Vintero Sales Corporation,vendedora de los barcos. Los pagars fueron avalados con la firma deldirigente sindical Jos Angel LozadaProvenzali, presidente encargado de la CVF. La operacin de financiamientofue investigada por la Contralora General de la Repblica desde enero de1976 y luego por la Fiscala General de la Repblica.

RESULTADO

En agosto de 1976, la Direccin de la Consultora Jurdica de la FiscalaGeneral de la Repblica, a cuyo cargo se encontraba el Dr. Esteban AgudoFreytes, dictamin que la Junta Directiva de Cariven haba incurrido en eldelito de estafa consumada, tipificada en el artculo 370 del Cdigo deComercio.

Las intervenciones de la Contralora y la Fiscala procedieron a raz de unadenuncia efectuada por el Dr. Luis Alvarez Domnguez, cuando presidi laCorporacin Venezolana de Fomento durante el gobierno de Carlos AndrsPrez. En medios polticos se dijo posteriormente que el nfasis dado a laactuacin de Alvarez Domnguez en el Caso Sierra Nevada se debi a estaacusacin a Cariven y, concretamente, contra Alfredo Coronil Hartmann,diputado e hijastro del ex-Presidente Rmulo Betancourt. No obstante, sedijo que para el momento de la operacin fraudulenta, Coronil no erarepresentante en Cariven, siendo el Presidente de esta empresa FedericoGascue Ros. En Resolucin N 212 del 2 de marzo de 1976 la CVF acuerdademandar a Cariven, The Merban Corporation y Vintero Sales Corporationante los tribunales de Venezuela y contratar al abogado Jay Schafrann deNueva York para representar a esta corporacin ante los tribunales enEstados Unidos. En Resolucin N 0529 del 31 de julio de 1979, fueaceptado el convenimiento entre la CVF y los bancos, como resultado de lasnegociaciones conducidas por los apoderados del instituto y enconsecuencia se aprob el pago de $6.663.292,53 por capital e interesesadeudados a los bancos al 31 de agosto de 1979.

En 1979 la Fiscala volvi a llamar la atencin sobre la estafa, sealandoque Cariven haba obtenido el aval de la CVG por 50 millones de bolvarespresentndole a esta Corporacin un acta fraudulenta que testificaba unaumento ficticio de capital para que la empresa norteamericana The MerbanCorporation (la misma del caso FUNDALARA) otorgara dos crditos por 5millones de dlares cada uno, para comprar los barcos Santa Paula (luegoBahama Stars) y Santa Rosa. Estas denuncias del ao 1979 tampocoarrojaron mayores resultados. Segn la administracin de Sananes, sehaba comprobado suficientemente que Cariven haba adquirido dos barcosviejos y en mal estado que no tenan las caractersticas y condicionesestipuladas. De la compra de los dos buques, uno de ellos fue liquidado en


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Nueva York por deudas y el otro estaba para esa fecha 70 en proceso deremate, siendo la recaudacin de tan poco valor que, al decir de Sananes,no ameritaba accin alguna.


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CASO: CARRETERA Y AEROPUERTO DE LA HACIENDA "PUEDPA"

PRESIDENCIA: Ral Leoni (1964-1969)

FECHA SUCESO: 1965-1966

FECHA DENUNCIA: 1969

DENUNCIANTES: No se formul denuncia concreta ante ningn organismocontralor, quedando la acusacin a nivel de la opinin pblica

INVOLUCRADOS: Leoni, Ral (Presidente de la , Repblica)

INVESTIGADORES: No se realiz investigacin formal

DENUNCIA: Aprovechamiento de su alta investidura para la construccin de

una carretera asfaltada entre su hacienda "Puedpa" y la poblacin de ElManteco, as como de viviendas, presuntamente para la GuardiaPresidencial, y el acondicionamiento de un aeropuerto en esa' poblacinMAGNITUDES: Bs. 10.000.000 MATERIA: Aprovechamiento de los recursos,financieros y tcnicos, del Estado para la construccin de las obrassealadas en beneficio propio

HISTORIA

La hacienda "Puedpa" era una finca algo aislada e insignificante, propiedaddel Dr. Ral Leoni y de su esposa Menea. Hasta el momento de la ascensindel primero a la Presidencia de la Repblica, estaba unida a El Manteco porun camino de tierra; a partir de ese momento, y con to

Documents

Diccionario Corrupción 1959-1979