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DISEÑO INSTITUCIONAL NEOLIBERAL:
EL MODELO SOCIOECONÓMICO CHILENO Y SUS CONSECUENCIAS1
Dr. Francisco Báez Urbina
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile
RESUMEN
El presente artículo es parte de una línea de trabajo centrada en el campo de la
acción colectiva y el diseño institucional en Chile. El objetivo de la línea de investigación
es contribuir, teóricamente desde la teoría social analítica, al conocimiento tanto de la
naturaleza como de las consecuencias que el rediseño institucional des colectivizador
operado en Chile entre mediados de la década 70 y la década del 2010 ha venido teniendo
sobre los diferentes dimensiones de la sociedad chilena, dejando planteados algunos
elementos preliminares de diseño institucional. Es decir, un diagnóstico institucional, socio
político y socioeconómico, hecho desde el enfoque analítico, y teniendo como foco el país
surgido a partir de las transformaciones ocurridas entre 1973 y 2010.
PALABRAS CLAVE
Diseño institucional, desigualdad, concentración, individualismo, acción colectiva, Chile.
I. INTRODUCCIÓN
El presente texto ofrece una caracterización somera del proceso de rediseño
institucional ocurrido sobre la sociedad chilena, el llamado modelo chileno, e intenta definir
algunas de las consecuencias generadas por este para la población. Desde el enfoque de la
teoría social analítica, sostenemos que el problema de la descolectivización en Chile
proviene del rompimiento unilateral del contrato social entre clases ocurrido a mediados de
1 Artículo escrito como parte del proyecto de investigación Iniciación N° 11130026 financiado por FONDECYT y patrocinado por la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
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los 70, y que ello habría traído consigo una serie de consecuencias observables tanto en el
terreno político, como en el económico y cultural. Dicho rompimiento, que desde el estudio
de la acción colectiva y el diseño institucional entendemos como un problema de acción
colectiva entre clases o sectores sociales determinados, habría traído consigo el vaciamiento
político, la despolitización de la esfera económica y la social, la caída de la actividad
colectiva como forma relevante de acción social y resultados socioeconómicos de éxito
relativo entre las diferentes categorías socioeconómicas, es decir, resultados de altísimos
beneficios agregados para algunos sectores sociales respecto de otros, a saber, la elite
oligopolico financiera, respecto de vastos sectores tercerizados, desprotejidos y
precarizados de la economía nacional.
2. EL MODELO Y SUS DIMENSIONES: EL META DISEÑO INSTITUCIONAL
IMPLANTADO
Para nosotros, un modelo es un conjunto de variables, de dimensiones y de
supuestos comportamentales que, organizados de tal modo, pueden de manera conjunta
obtener el logro de ciertos resultados esperados.
Cuál es el modelo de sociedad que impusieron luego del quiebre unilateral del
contrato y que vino a reeemplazar el modelo centrado en el trabajo y en los derechos
economicos y sociales? Cuál es el modelo que posibilita la restitución del poder de clase
aunque ahora en manos del capital financiero y ya no del industrial? Cuál es el esquema de
sociedad que permite volver a dinamizar la acumulación de capital? En lo que sigue, se
describirán a grosso modo las caracteristicas propias del diseño institucional neoliberal
implantado en Chile entre fines de los 70 y fines de los 80.
2.1 Sobre las bases y la orientación del modelo.
Hablar del modelo chileno es sinónimo de hablar de un tipo de modernización
asociado a la idea de la privatización, de la concentración, de desregulación radical, de des
institucionalización de las reglas del juego de la sociedad del trabajo, de la
institucionalización de las reglas del juego propias de lo que se ha dado en llamar la
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sociedad del consumo, de la destrucción del modelo centrado en los derechos colectivos y
la instauración de un modelo centrado restrictivamente en las libertades individuales. Es
decir, la instauración de un modelo de intercambio sin política y sin sociedad y donde sólo
cabe la economía. No la ciencia económica, que a ratos puede alcanzar grados de
progresismo político que a veces la sociología estándar no puede alcanzar, sino la
economía; la economía, como esfera de la reproducción de la racionalidad instrumental
ampliada utilitarista.
En ese sentido, el modelo chileno ha consistido en un conjunto de instituciones
políticas y económicas que desde los años ochenta se vienen diseñando para que el 1% de
la población se quede con el 31% del producto. La distribución funcional del ingreso lo
demuestra. En 1973, los beneficios para el capital giraban en torno del 40% del producto y
los beneficios para el trabajo, en torno al 60. En 1990, la proporción era al revés, 40 para el
trabajo y 60 para el capital. En 17 años la dictadura había destruido todas las conquistas
sociales materiales e inmateriales del movimiento social democrático del SXX, y
construido las bases para la construcción de una sociedad de mercado completamente
desigual y que aseguraba tasas de rendimiento para el capital sólo comparables a nivel
global con los tiempos de la Belle Epoque, es decir, a comienzos del XX. En 2015 el
comportamiento del indicador es similar al del año 90. Es decir, la Concertación no hizo
nada al respecto. En ese sentido, el neoliberalismo ha implicado un estructural proceso de
transferencia de riqueza bottom up (de abajo hacia arriba), todo lo contrario a la fantasiosa
ideología del trickle down, la promesa del chorreo pinochetista.
A nivel global, los gobiernos, las clases medias y las clases trabajadoras se han
venido empobreciendo a favor de oligarquías globales que han decidido dejar de financiar a
la sociedad imponiendo una retorica de austeridad fiscal vestida de teoría económica
técnicamente especializada y distributivamente excluyente en la práctica. En palabras de
Cleary y acerca del modelo chileno: “El actual modelo sociopolítico y económico nacional,
de auténtico carácter “expropiatorio” por parte de las élites, ha impedido una distribución
meritocrática de la riqueza y ha garantizado a una minoría su retención sobre la base de
políticas públicas diseñadas deliberadamente para este objetivo” (Cleary, 2015).
Los Estados sociales ceden cada vez más terreno y, en su retroceso, se van
desempoderando políticamente a la hora de hacer frente a la hegemonía creciente del
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capital financiero, lo que va generado el escenario actual global: la captura del Estado y del
sistema político por parte de la derecha económica global. En Chile sabemos bastante de
esta historia, y esto, pese a que la clase política se siga vistiendo de demócrata.
La política tiene que ver con como organizamos lo público, lo colectivo. Y el tipo
de esquema impuesto por la dictadura y consolidado en la transición por el centro político
generó una estructura de distribución de oportunidades y recursos absolutamente regresiva.
Relacionado a ello, creemos que la desigualdad económica es producto de la desigualdad
política y que la des colectivización –como lo político- no tiene que ver únicamente con lo
político, sino que tiene que ver fundamentalmente con lo económico, es decir, con la
distribución -lo más equitativa posible- de lo producido socialmente.
Sabemos que el capital es una relación social históricamente constituida y basada en
el antagonismo político y económico prototípico a establecer entre propietarios y no
propietarios, y que el mundo moderno, la configuración institucional básica de la
modernidad industrial, su eje constitutivo central, su viga maestra, esta conformada
principal o fundamentalmente (no enteramente) sobre la intensificación y aceleración de
ese antagonismo interdependiente entre capital y trabajo; es decir, entre sectores sociales
que históricamente se han ido haciendo poseedores de los medios materiales e inmateriales
necesarios para la producción y la conducción del proceso de producción social, y los no
poseedores de dichos recursos. Quienes han acumulado y quienes han desacumulado.
Ahora bien, básicamente, también sabemos que el proceso de acumulación / des
acumulación de unos y otros se decide en el terreno de la contienda política, es decir, en el
terreno de la correlación de fuerzas políticas (las acumulaciones, las hegemonías) en un
momento histórico concreto. El escenario del conflicto será, por tanto, el de la lucha de
intereses corporados de clase. En ese sentido, tanto las victorias parciales como las derrotas
parciales de uno u otro lado le van permitiendo aumentar o disminuir el grado de
acumulación respecto del oponente o aumentar o disminuir el grado de explotación también
respecto de aquel. En esa dirección, la contienda o la disputa política van teniendo como
objetivos no otro que el de la depuración o modificación de los mecanismos institucionales
que les van permitiendo en la misma confrontación, desestructurar políticamente -y a veces
militarmente- al adversario. En el Chile de 1973, la desestructuración fue política y militar
y no al oponente sino al “enemigo” interno: al mundo del trabajo organizado políticamente.
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Precisamente eso es lo que ha pasado en el terreno de lo público en las últimas tres a cuatro
décadas, la emergencia de un completo y especializado proceso de desestructuración, de
fragmentación, de segmentación y de debilitamiento radical del mundo del trabajo por parte
de una derecha económica cada vez más exitosa, triunfante y organizada políticamente.
Dejando a un lado la fragmentación de la matriz productiva post industrial, subcontratación,
precarización, contratos temporales, deslocalización, facilitación y abaratamiento del
despido, prohibición de negociar colectivamente, flexibilidad de las condiciones de trabajo,
entre otros, constituyen mecanismos conscientemente desarrollados por las patronales en
las últimas décadas para intentar desarticular los mecanismos de cooperación horizontal
creados por los trabajadores organizados durante parte importante del Siglo XX y
enfrentarlos entre sí. (El capital rompió los lazos de solidaridad intraclase y llevó al mundo
del trabajo a pasar de un estado político de cooperación horizontal a uno de no cooperación
horizontal, o de competencia intraclase por los mejores puestos de trabajo).
Creemos que una cosa son los sistemas de preferencias electorales y su propia
dinámica (la política y el sistema de partidos), y otra el diseño o el meta institucional: las
reglas del juego e incluso las preferencias diaparadas a nivel micro (individual) por dicho
sistema de reglas del juego. En ese sentido, el meta diseño institucional para nosotros es un
conjunto determinado de meta reglas del juego (reglas constitucionales, jurídicas,
económicas, políticas y también psicológicas), que permiten y promueven cierto tipo de
orientaciones en los intercambios entre particulares. En ese sentido, contiene la cosa
constitucional (norma fundamental), la cosa organizacional estatal (la forma y la cantidad
de burocracia estatal) y la cosa institucional propiamente dicha (la estructura de incentivos,
es decir, la psicología política resultante). Nos ocuparemos en algún grado de lo primero y
de lo último.
Respecto de la cosa constitucional, es decir, respecto de la cosa macro, los derechos
democráticos son el resultado de encarnizadas luchas sociales anti hegemónicas contra la
concentración oligárquica y pueden ser ordenadas en oleadas, en etapas, en generaciones.
En este sentido en los últimos 200 años es posible contar una historia de flujos
democratizadores que nacen en Francia en 1789, como también por desgracia, de los
reflujos des-democratizadores actuales que nacerían en el Chile de 1973. Entre estas etapas
u oleadas podemos contar con varios momentos: Las constituciones sociales republicanas
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del período de entreguerras (escritas con pretensiones emancipatorias), las constituciones
sociales del período de postguerra (escritas con pretensiones políticas más integradoras
socialmente hablando, que revolucionarias o emancipatorias), y la constitución mixta global
y el constitucionalismo antidemocrático actual (se aceptan ciertas libertades publicas y
derechos de participación pero el poder esta concentrado en grandes poderes económicos)
(Pisarello, 2011). Entre estas últimas, la chilena de 1980 puede ser entendida como la
venganza del capital (o del rentista) y como la anulación de la política y del poder
constituyente (potestad normativa) de las clases medias y bajas. Un texto que funciona
como norma fundamental del meta diseño institucional chileno y que pone al orden
espontáneo a resguardo del voto y la soberanía popular (o de la “tiranía de la mayoría”). De
hecho, según Atria, la Constitución de 1980 se construye para protegerse del pueblo y de
las consecuencias nefastas del sufragio universal. (Esto de dar voz y voto a los pobres no es
bueno para la estructura de propiedad; y ojo, para Jaime Guzmán la estructura de propiedad
es anterior al Estado y a las leyes).
Como es bastante sabido, el caso chileno es bastante particular: Los esquemas
institucionales propios de la generación de constituciones emancipatorias y de alto
contenido social de comienzos del Siglo XX se mantienen a través de la Constitución del
25 hasta los años setenta, consagrando cada vez más derechos fundamentales para las
grandes mayorías. Es una constitución que con el desarrollo político del siglo se va
haciendo extemporánea para las pretensiones de beneficio del capital, pues va permitiendo
la consolidación de esquemas de desarrollo social nacionales que van sobrepasando cada
vez más los límites de permisividad de la hegemonía del capital respecto del trabajo.
En ese contexto, la Constitución del 80 se construye bajo la idea guzmaniana
expresa de limitar o bloquear el campo de acción de la potestad normativa de las clases
medias y bajas. Es decir, con ello la derecha se aseguró, por un lado, ser ella misma un
poder de veto demoledor, y por otro, ganar institucionalmente siempre aunque perdiese
electoralmente siempre. Todo ello, pese a las bulladas reformas de 1989 y de 2005 que no
disolvieron en nada el contenido radicalmente des democratizador de su centro firme. No
olvidemos que para Guzmán la democracia atenta contra el ejercicio del derecho de
propiedad y la libre empresa.
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Ahora bien, respecto de lo micro, es decir, respecto de la cosa institucional, y desde
el vínculo entre neo republicanismo y sociología analítica, entendemos como diseño
institucional –o “meta diseño institucional”- al conjunto de las “intervenciones en todos los
acuerdos que coordinan la conducta de los individuos dentro de la sociedad” (…) “Incluyen
los procedimientos establecidos a nivel constitucional o legalmente, pero también abarcan
cuestiones que están apenas sujetas a normas y convenciones o que están fijadas
únicamente por presiones y perspectivas tácitas o registradas acaso ocasionalmente” (Pettit,
2003). Esto está basado en al menos tres supuestos comportamentales básicos: 1) la
conducta en sociedad es sensible a oportunidades y a incentivos disponibles en ciertas
situaciones de intercambio entre agentes; 2) dichas estructuras de oportunidades pueden ser
modificadas externamente de manera tal que se pueden obtener resultados agregados
determinados esperados o no; y 3) existen ciertos criterios que pueden servir para evaluar si
ciertos patrones agregados de conducta son más deseables que otros, dado lo cual puede
resultar mas atractivo promoverlos frente a otras alternativas o líneas de acción. Es decir, y
posicionándose dentro del republicanismo académico, la conducta puede perfeccionarse,
orientarse, promoverse, desde ciertos criterios producidos al interior del juego social y la
disputa política. Así, las instituciones, o los resultados persistentes, son producto de la
correlación de fuerzas propia de un escenario político determinado y expresan hegemonías
sociales y culturales específicas. Esto es, el poder. Por su parte, si el meta diseño consiste
básicamente en la creación de un esquema o forma determinada de promover ciertos
resultados valiosos y no otros, entendemos como rediseño institucional al conjunto de
procesos de re organización de las reglas del juego y de estructura de incentivos que re
encamine la obtención de ciertos resultados económicos y sociales y no de otros. A veces
incluye el recambio de los grupos que ejercen la hegemonía sociocultural, política y
económica en un contexto de intercambio específico (B. Guy Peters, 2003; Pettit, 2003).
Dicho proceso de rediseño, que buscó un heterogéneo y general proceso de des
colectivización y des universalización de los derechos intencionalmente promovido desde
el Estado, involucró el desmantelamiento de lo que se conoció como el capitalismo
organizado o contra reformado del segundo tercio del Siglo XX. Dentro de ello, y
concretamente en nuestro caso de estudio, el proto Estado social chileno. Sostenemos que
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dicho proceso se ha desarrollado por medio de diferentes procesos institucionales
relacionados, esto es:
• la des-colectivización organizacional pública (estructura de la administración
estatal),
• la des-colectivización constitucional (la estructura de las reglas del juego a
escala nacional), y a
• lo que desde la sociología analítica se define como lo institucional propiamente
tal y, que (para fines metodológicos), asociamos la psicología política que hay
detrás, por tanto, a “lo cultural”: el fomento o incentivo de motivaciones
utilitaristas de primer orden a la no cooperación en la provisión de bienes
públicos (en adelante, BP. Schelling, 1989; Elster, 1989, 1995, 2010; Báez
Urbina, 2009).
Es decir, el derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos
por el Estado, la caída de la identidad colectiva referida a lo nacional y el desprestigio
observado de la actividad colectiva como forma relevante de acción social, entre otros
fenómenos asociados.
Como vemos, hay una correspondencia entre el nivel macro, es decir, la cosa meta
institucional o constitucional –las reglas del juego-, y el nivel micro, es decir, la
constatación –verificada en el nivel del comportamiento individual esperado u observado-
de las modificaciones en la estructura de incentivos.
2.2 Causas: La elite chilena y el quiebre unilateral al pacto social.
En esa línea, y como sabemos, el capital reaccionó frente a las restricciones a la tasa
de ganancia del capital impuestas por el contrato de post guerra (y del modelo nacional
popular) y se reposicionó en el concierto económico global (1) restituyendo el proyecto de
clase de la nueva oligarquía (el capital financiero) y (2) acumulando poder económico y
político; poder que –a su vez- le sirvió –como actualmente puede observarse a nivel
nacional y mundial- para disciplinar a una clase política de centro izquierda sin teoría ni
convicciones, capturar el Estado, y así definir las nuevas reglas del juego (como, por
ejemplo, bajar impuestos a las utilidades. Hoy, los ricos prácticamente no pagan el
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financiamiento de la sociedad. De ahí, por ejemplo, que la educación en países liberales sea
financiada principalmente por las familias. Pasamos del estado de: “todos financiamos lo de
todos”, a “cada quien paga lo suyo”. Fue el quiebre unilateral de la acción colectiva
organizada socialmente y del capitalismo organizado.
El neoliberalismo es una teoría de lo social, lo político y lo económico (e incluso lo
cultural) que señala que la mejor manera de promover el bienestar dentro de la población,
consiste en no restringir el supuestamente espontáneo y libre desarrollo de las capacidades
y de las libertades emprendedoras del individuo. Todo esto, dentro de un diseño
institucional marcado por el respeto a los derechos de propiedad privada, por la libertad de
emprendimiento individual y por tanto de robustos mercados libres de regulación estatal.
Dentro de ello, el Estado sólo debe crear, fortalecer y preservar dichos imperativos
absteniéndose de intervenir en el libre desarrollo de dichas capacidades individuales. Junto
a ello, debe garantizar y asegurar, incluso mediante la fuerza, el correcto funcionamiento de
los mercados privados y la estructura de propiedad privada resultante. Las libertades
individuales, y ya no los derechos colectivos de las mayorías, se garantizan por medio de la
promoción y del respeto de la libertad de mercado y de comercio (Gárate, 2014; Harvey,
2007; Viera, 2013). Las motivaciones, en cuanto a psicología política (disposición a
proveer bienes de uso colectivo) previstas en la teoría economica estándar, son la
maximización individual egoísta la cual –según la famosa aseveración de Smith- generará
más beneficio colectivo (BP) que si una institución central supra individual le dedicara
tiempo y empeño organizado (Elster, 2010). Los sistemas de intercambio privados han
existido siempre, no obstante, la institución del mercado moderno es una creación política
(cfr. Polanyi) que el liberalismo académico, político y económico han impuesto y
legitimado de manera incondicional en el sentido común contemporáneo global. En ese
sentido, en las áreas o esferas en donde los mercados privados no existen (o donde no
existían hasta los años 80, como en las esferas de la educación, la salud, la seguridad social,
el agua, etc.), deben ser creados artificialmente por el Estado para asegurar beneficio
privado al capital (comodificación). No obstante ello, una vez creados por el Estado, este
debe replegarse pues no puede obtener toda la información necesaria para coordinar una
economía eficiente y porque dicha institución central será fácilmente capturable por
poderosos grupos corporativos de interés que distorsionarán los marcos de una economía
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eficiente y próspera. La fe liberal se basará por tanto, digamos, en dos dogmas: la
autorregulación y equilibrio de los mercados y la benevolencia de la mano invisible del
mercado (de Francisco, 2007), dogma basado en el citado mecanismo de mano invisible
previsto por Smith. O más bien, por la lectura liberal de Smith (Casassas, 2010).
Los orígenes de la receta global de la descolectivización, de la des universalización
de los derechos económicos y sociales, de la desregulación económica radical, del
desmontaje –en definitiva- del meta diseño institucional propio de la sociedad del trabajo,
el desarrollismo keynesiano, se probaron en Chile entre mediados de la década 70 y
mediados de la década 80 (lo que nos convierte en conocedores experimentados tanto de la
naturaleza como de los efectos de dichos procesos de desmontaje).
Consideramos el problema de la des-colectivización como el problema del quiebre
unilateral del contrato social entre clases por parte de la élite económica, esto es, el
problema de la no cooperación de agentes corporados de clase con respecto al resto del
colectivo, lo que se posibilitó sólo sobre la base de la caída inducida de la actividad
colectiva popular y clase mediera como forma relevante de acción social, y del vaciamiento
y la despolitización de la esfera social y económica; situaciones que generaron, como
consecuencia, la ya referida importante diferenciación en los resultados socioeconómicos
obtenidos por los diferentes grupos sociales de la población. La desigualdad económica es
producto de la desigualdad política. Entendemos dicho quiebre unilateral como un
problema de acción colectiva entre clases o sectores sociales determinados, donde los
resultados de la comunidad económica nacional, son considerados BP. En este caso, de la
élite económica respecto del resto de la población, o a decir por el ejercicio conceptual
hecho por Elster y que nos aporta base teórica central para nuestra reflexión, el capital
respecto del trabajo (Cfr. 1989: 248). Es decir, el rompimiento unilateral del contrato (golpe
de Estado de 1973 y neo liberalización de la sociedad chilena post 1980), implicó la
desarticulación del compromiso de clases de la post guerra y las certezas y logros
conseguidos por el movimiento social obrero, lo que implicó la privatización y pérdida de
patrimonio colectivo (propiedad pública), la desarticulación violenta de la acción colectiva
popular de clase (destrucción de la organización social y obrera), y la revolución cultural
neoconservadora a nivel de psicología política (legitimación simbólica). Al respecto,
creemos que “(…) Una sociedad está en equilibrio cuando las actitudes – creencias y
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aspiraciones - generadas por sus instituciones se sostienen mutuamente y sostienen a esas
mismas instituciones” (Elster, 1995:116).
En relación a ello, definimos des-colectivización como el proceso de desinstalación
de las regulaciones colectivas y universalistas propias de la modernidad organizada del
segundo y tercer cuarto del Siglo XX (el capitalismo organizado o reformado) que
aseguraban ciertas protecciones y mecanismos de retribución de los resultados sociales y
económicos logrados en términos macro: los derechos económicos y sociales (Castel, 2013
y et al. 2013; Domènech y Raventós, 2010; Domènech, 2013 y 2013b; Harvey, 2007;
Rosen, 2010). Esto es, el complejo conjunto de procesos constitucionales (las reglas del
juego legales), organizacionales (racionalización y privatización de activos públicos) e
institucionales (la re estructuración de los incentivos a nivel individual) promovidos desde
el Estado, y que han provocado como resultado inducido en la población tanto el repliegue
al mundo de lo privado (la desvalorización o pérdida del sentido de lo colectivo como
instrumento de consecución de fines relevantes), como resultados económicos y sociales
regresivos desde el punto de vista del desarrollo social y la equidad distributiva. Creemos
que el problema de la descolectivización, está fuertemente asociado al problema de la
privatización y al de la des universalización de la estructura institucional. En ese sentido,
nos servimos de concepto de acumulación por desposesión propuesto y desarrollado por
Harvey (2003, 2007). Por este, entendemos el amplio conjunto de procesos de
privatización, desnacionalización, mercantilización de la sociedad y de financiarización de
la economía que ha estado afectando a la sociedad contemporánea desde mediados de los
años 70 y que funciona como línea de continuidad con los procesos similares que describe
Marx para la naciente economía industrial capitalista bajo su categoría de acumulación
primitiva u originaria. Dicho proceso puede entenderse como el amplio conjunto de
procesos de mercantilización, privatización, conversión de distintos tipos de derechos de
propiedad en derechos de propiedad privada, etc., y en donde el Estado, cumple un rol de
promotor crucial (Harvey, 2003: 116).
En efecto, acumulación por desposesión es el amplio, complejo y profundo conjunto
de procesos de privatización, de desmantelamiento de derechos universales,
desnacionalización, precarización y trasferencia de riqueza bottom up (de abajo hacia
arriba) vividos por la población de clase media y baja entre mediados de la decada 70, a
12
beneficio de la elite financiera, y que continua hasta el día de hoy. De esta manera, y para
efectos de este escrito, suscribimos la hipotesis de Harvey (2003, 2007) que señala que
todas las caracteristicas propias de la acumulación originaria señalada por Marx siguen
poderosamente presentes en los procesos de desinstalación de las regulaciones
institucionales universalistas, desarrollistas y/o nacional populares (Domènech, 2013). En
ese sentido, queremos argumentar a favor de la idea de que el contrato, como mecanismo
de resolución del problema de la acción colectiva, ilustra de manera apropiada el modelo de
cooperación forzada y la restricción institucional que frenó la acumulación de capital entre
los años 50 y los 70. Había que destrabar el libre flujo de capitales y la acumulación de
capital. La restricción, el contrato, el pacto de clases entre capital y trabajo conseguido con
luchas sociales a nivel mundial, lo colectivo, frenaban el proceso de acumulación. En
términos corporados, para la élite era preciso dejar de cooperar con el BP que representaba
la idea de la contribución a la idea del proyecto nacional y pasar a la no cooperación
unilateral. La cooperación forzada del capital frenaba la velocidad, la agilidad.
Se pasó de una situación de cooperación condicional donde ambos ganaban algo
(contrato social), a una en que uno actor –debido a la crisis de acumulación de capital:
argumentan que se esta afectando a la estructura de propiedad (reforma agraria,
expropiaciones, nacionalizaciones)- decide unilateralmente pasar a la no cooperación
incondicional rompiendo el acuerdo y decidiendo imponer nuevas reglas del juego. Se
quiso pasar del forced rider (contención de beneficios de corto plazo) al free rider
(beneficio y no pago: “hay que cuidar a los ricos” en el corto plazo). Los beneficios por
romper unilateralmente el pacto y asegurar autoritariamente el cambio de meta reglas del
juego eran mayores que los costes estimados por romperlo: dejaba de tener incentivos
cooperar.
El objetivo de las instituciones liberalizadoras fue entonces el de la reorganización
de la economía en base a los supuestos teóricos del monetarismo económico propagado
desde las aulas de la Universidad de Chicago y que promovían el pensamiento de la
Escuela Austríaca (Hayek). Revirtieron todos los procesos de nacionalización y estatización
y privatizaron (traspasaron bienes públicos o comunales a la explotación privada y
desregulada) todos los activos públicos que pudieron: Los recursos de asistencia sociales
básicos (salud, educación y pensiones), los recursos naturales (industria pesquera,
13
maderera, minera), y abrieron las economías (nacionalismo económico) a la libre
circulación de capitales globales y a la inversión extranjera directa, favoreciendo así una
mayor libertad de comercio. El mercado de trabajo fue “liberado” de las restricciones
político - institucionales (sindicatos) propias de modelos más desarrollistas, y el poder
político de clase acumulado en décadas de luchas sociales de carácter distributivo fue
completamente destruido: la acción colectiva de clase. Esto implicó enfrentarse y destruir el
poder sindical, atacar todas las formas de cooperación y solidaridad social que frenaban la
libre competencia, desmantelar los compromisos sociales del Estado, privatizar empresas
públicas, reducir impuestos al capital, incentivar la libre iniciativa individual y crear un
clima favorable a los negocios privados eliminando toda reglamentación represiva a las
fuerzas espontáneas de los mercados privados. Todas las formas de solidaridad existentes
en lo social –“la sociedad”- iban a ser disueltas en favor de esquemas basados en el
individualismo, en la propiedad privada, la responsabilidad personal y los valores
familiares. Transformaron así, comunidades nacionales productoras y vendedoras con
soberanía económica y política (países) en economías periféricas compradoras. En ese
sentido, neoliberalización es sinónimo de financiarización general y global de la esfera
económica. Es la subordinación de la economía real a la especulación bancaria. También de
complejos, oscuros y a veces antidemocráticos procesos de acumulación de poder político y
económico sin precedentes en la historia, lo que significa la intensificación del dominio del
capital financiero por sobre las restantes dimensiones de la esfera económica (así como por
sobre la vida cotidiana), y el sentido y la orientación de los mecanismos estatales que
canalizan los sistemas de intercambio privados.
De esta manera fue como, rompiendo las reglas del juego establecidas entre capital
y trabajo, se llegó a la principal característica del escenario económico - político actual: la
restitución del poder económico a las clases altas y una de sus consecuencias perversas, la
mayor desigualdad social vista en los últimos siglos. En efecto, la crisis que detono en la
década de los 80 afecto a una modalidad especifica de organización de la esfera económica
y de relación entre el Estado, el mercado, y la democracia, es decir, al sistema de poder
articulado y empotrado a ella. De esta manera, una serie de políticas económicas orientadas
a desmontar los mecanismos institucionales intervencionistas de base keynesiana y a
ampliar los márgenes de libertad de los mercados privados: el capital financiero y bancario
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(sectores de las economías centrales ligados al comercio exterior y al sector financiero
global) y círculos doctrinarios de carácter académico vinculados a dichos actores. Nos
referimos al llamado Consenso de Washington. Pero, ¿en qué consistía dicho consenso?
“Consistía de diez ingredientes de política económica: 1) disciplina fiscal; 2) priorización
del gasto publico en áreas de alto retorno económico; 3) reforma tributaria; 4) tasas
positivas de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio competitivos y liberalización
financiera; 6) políticas comerciales liberales; 7) apertura a la inversión extranjera; 8)
privatizaciones; 9) desregulación amplia; 10) protección a la propiedad privada”
(Williamson 1990 y 1993, en Vilas, 2000:2). Como sabemos, el Estado (quien opera el por
nosotros denominado y ya expuesto “Contrato”), en términos teóricos genéricos es la
institucionalización de las relaciones de poder dispuestas en la sociedad y articula los
intereses corporativos hegemónicos nacionales con el sistema político y económico
internacional. Pero en términos organizacionales, el papel del Estado debía reducirse a un
nivel mínimo de expresión, reservándose sólo para cumplir con funciones de provisión de
bienes públicos en áreas donde los privados no tienen incentivos para intervenir (cfr. Robert
Nozick). Será el Estado subsidiario. No obstante ello, el desmantelamiento de los
mecanismos de intervención y de las regulaciones universalistas pro estatales de carácter
keynesiano requerían de una concentración importante de facultades gubernamentales. Esto
es, para poder impulsar tanto las aperturas necesarias para aseguramiento del libre flujo de
capitales como de las desregulaciones necesarias para el libre comercio, había que generar
hegemonías que lograran vencer las resistencias sociales y políticas que se oponían al
desmantelamiento y el cambio de rumbo. Había que modificar los equilibrios preexistentes
y romper la estructura de correlación de fuerzas. Había que romper la acción colectiva de
clase. En algunos países las modificaciones fueron hechas bajo dictaduras militares como
fue el caso chileno, en otros, fueron hechas con programas neoconservadores de carácter
autoritario, como los anglo norteamericanos.
En el nivel constitucional, todo esto implicó en el país la creación de un Estado
supuestamente neutral, eficiente, autoritario, y que pudiera lograr la refundación
institucional necesaria. (Recordemos que para Jaime Guzmán la democracia era un
obstáculo para el ejercicio del derecho de propiedad y la libre empresa). En lo social, se
creó una esfera pública no gubernamental (la sociedad civil, los “cuerpos intermedios”) que
15
reemplazara la politizada e ideologizada vida pública chilena al 73 preñada de orientación
colectiva de clase. A nivel micro, se plantea la creación de una identidad económica y
política imbuida de individualismo (inacción colectiva) y de pautas modernas de consumo
inmediatista y crédito. Cuando se modifica la estructura del diseño institucional, cuando
cambia la distribución y el uso de los recursos sociales, cambian –como resultado- las
relaciones entre los individuos y los grupos sociales, así como sus posicionamientos
específicos en las estructuras de jerarquía y poder. Pero sumado a ello, también cambian las
capacidades de acción y de auto imposición de objetivos y metas a alcanzar: la estructura
de incentivos y las creencias (subjetivas) sobre las oportunidades (objetivas). No está
demás decir que dicha reestructuración genera ganadores y perdedores. El mayor peso
asignado al mercado privado neoliberal, implicó mayor poder político y económico de los
agentes que consiguieron posiciones políticas importantes dentro de él. A diferencia de
aquellas posiciones, los trabajadores y los gobiernos sensibles a las demandas del sector
trabajo fueron responsabilizados de la crisis del capitalismo Estado céntrico y fueron
subordinados o simplemente destruidos (dirigentes ilegalizados, perseguidos, exiliados,
desorganizados, asesinados, etc.). Como sabemos, y en términos estrictamente nacionales,
en Chile los aspectos básicos de esta nueva institucionalidad, el proyecto ideológico
refundacional que se impulsó en los 17 años de dictadura militar, aún permanece inalterado.
Nos referimos a El sistema tributario (1974-1984), el sistema bancario (1975-1986), el Plan
Laboral y la subcontratación (1979), la Constitución de 1980 (1980), la privatización de la
seguridad social a través de la creación de las Asociaciones de Fondos de Pensiones –AFP-
(1981), la privatización y abandono de la educación pública (1981), la implantación del
sistema de salud –ISAPRES- (1981), la desnacionalización del cobre (1981), la
privatización del agua (Código de Aguas del año 1981) y el fomento forestal (1984). Hasta
comienzos de marzo de aquel año 1990 el régimen se esmeró en aprobar leyes orgánicas
para atar los contenidos de la transición. En efecto, si el diseño se empezó a implementar
desde fines de los 70 (plebiscito de 1978 y del 80, p. e.) un conjunto no menor de reformas
se terminaron de definir e implantar pocos días antes del inicio formal de la transición, esto
es, cambio de mando de marzo de 1990 (plebiscito de julio del 89, p. e.). Así, a las
redefiniciones estructurales en materia constitucional, laboral, de educación, pensiones,
salud, aguas, partidos políticos, gobierno y administración regional, etc., los últimos meses
16
de la dictadura militar se agregaron cambios en materia de Banco Central, aborto, estado de
excepción, fuerzas armadas y de orden, entre otras.
3. UNA MIRADA SOBRE LAS CONSECUENCIAS CONCRETAS DEL MODELO
Pues bien, las formas que va asumiendo la des colectivización, son entre otras: (1) la
des universalización del diseño institucional nacional desarrollista; (2) la despolitización, la
desmovilización, la desideologización y el monopolio de la gestión de lo público estatal por
parte de los partidos políticos posterior a 1988; y (3) la destrucción del tejido social, la
desafiliación, la inacción colectiva y el desprestigio observado de la actividad colectiva
como forma relevante de acción social propuestas a nivel cultural por el rediseño de la
sociedad por parte del capital y sus agencias estatales.
En ese sentido, las consecuencias concretas de la implantación del esquema de des-
colectivización o des universalización promovido desde el Estado en la población, y que
involucró el desmantelamiento del capitalismo organizado, están a la vista: el
derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos por el Estado, la caída
de la identidad colectiva referida a lo nacional, y el desprestigio observado de la actividad
colectiva, como forma relevante de acción social, la fragmentación de los mercados de
trabajo, altas tasas de desempleo, subempleo y precarización, salarios reales estancados o
deteriorados comparables con los niveles logrados en los años 70, endeudamiento privado,
aumento de la pobreza (en los años 80), caída de la calidad de la cobertura de los servicios
públicos básicos, degradación ambiental, inseguridad ciudadana, sensación de
desprotección social generalizada, desigualdades sociales alarmantes, bloqueo de la
organización política de los trabajadores (destrucción de negociación colectiva ramal, por
ejemplo), privatización de empresas estratégicas del Estado o recursos de uso común como
el agua o el patrimonio minero, mercantilización de parte importante de las dimensiones
más relevantes de la producción de la vida social como el sector sanitario (ISAPRE), el
educativo (municipalización, privatización), el de la seguridad social (AFP), etc. En
definitiva, situaciones que van desintegrando el ensamblaje entre lo económico, lo social y
lo cultural, elemento propio de sociedades más integradas y cohesionadas (Hoexter, 2013).
17
En ese sentido, los impactos producidos por las modificaciones estructurales de
carácter neoliberal en el diseño institucional de la descolectivización, y que al parecer
después de 30 años son ya casi irreversibles, parecen ser claros.
3.1 CONSECUENCIAS SOCIO POLÍTICAS
La consecuencia sociopolítica mas evidente y reconocida del modelo es la
despolitización. De acuerdo a nuestra perspectiva, la desigualdad económica es producto de
la desigualdad política. Esto es, la desigualdad política, genera desigualdad económica. Es
decir, la desigualdad política expresa dramáticamente el desequilibrio de poder de clase
entre capital y trabajo, generan acumulación tanto poder político y económico, como
riqueza física. En palabras de Harvey (2014): “El declive constante de la parte del trabajo
en la renta nacional desde los años 70 se ha derivado del poder económico y político
desfalleciente del trabajo a medida que el capital movilizaba tecnologías, desempleo,
deslocalización y medidas políticas antisindicales (como las de Thatcher y Reagan) a fin de
aplastar toda oposición”. Y esto, en el sentido de que una sociedad es mas igualitaria
mientras más capacidades de negociación (poder) haya entre los grupos sociales más
desposeídos. Es decir, mientras más poder corporativo de organización y de negociación
política tengan las clases dependientes o subalternas (dentro de la empresa o fuera de ella),
más democrática será la sociedad. Ejemplo de esto puede ser la estructura sindical o la
posibilidad de negociar colectivamente de parte de los sindicatos. Mientras más sindicatos
haya, y mejor aún, si estos pueden negociar colectivamente con el capital mediante diálogo
social tripartito (ejecutivo, patronales y sindicatos), más horizontal e integrada es la
sociedad de la que se esté hablando. Recordemos que la población sindicalizada en Chile
(Tasa de sindicalización para el 2011) llega aproximadamente sólo al 12% (Dirección del
Trabajo, 2014: 21). La Fundación Sol la ubica para el 2013 en 14.2 (Fundación Sol,
2015c:2). Para nosotros, la des colectivización destruyó toda forma de organización política
y cultural del pueblo como unidad de sentido de clase (el pueblo como voluntad única y
homogénea) y toda forma de defensa y negociación frente al capital en escenarios de
disputa política normal sobre los equilibrios democráticos entre lo público y lo privado.
Así, sin poder político, sin poder constituyente (potestad normativa instituyente) no hay
18
poder de negociación frente al capital en cualquiera de sus formas. En este caso, la forma
de transición del capital industrial de carácter nacional desarrollista al financiero rentista
transnacional. (Ni siquiera hay negociación colectiva por rama, viga maestra del sistema
junto a las AFP). (La política quedó vaciada de contenido y la política pública se afirmó
como única forma de consideración sobre la política). En ese sentido, la consecuencia
sociopolítica más clara del diseño neoliberal es la despolitización. En efecto, lo que hizo el
diseño neoliberal implantado a fines de los años 70 fue despolitizar la sociedad.
Despolitizar la sociedad dentro y fuera de le empresa capitalista. Conseguir una sociedad
sin política, una sociedad en donde los agrupamientos sociales tuvieran un tipo de vínculo
de tipo gremial o social no político.
De dicha despolitización en general marcaremos algunos indicadores o aspectos
concretos que organizaremos en dos dimensiones: la despolitización dentro de la empresa y
fuera de ella. El indicador dentro de la empresa es fundamentalmente la despolitización
laboral (desafiliación intra empresa); fuera de ella, la despolitización electoral (apoliticidad
y abstención), la social (desmovilización y desconfianza horizontal y vertical) y la
ideológica (vaciamiento subjetivo de las capacidades para explicar causalmente los
problemas de la vida en común). Revisemos rápidamente dichos indicadores.
Dentro de la empresa podemos mencionar claramente un sindicalismo y una
negociación colectiva deterioradas, cuestiones que se pueden traducir en el bloqueo de la
organización política de los trabajadores y la consecuente desmovilización sindical, y la
destrucción de negociación colectiva por rama. Sobre la desafiliación sindical y la baja en
la conflictividad sindical, los datos son elocuentes: “A partir de 1993, el número de huelgas
comienza a bajar (…), fase coincidente con el descenso sostenido de la población
sindicalizada” (Guzmán, 2004:1).
Como sabemos, en Chile la negociación colectiva por rama, el mecanismo universal
conseguido por el movimiento obrero industrial para dar a los trabajadores la existencia
política que reequilibre el peso del capital en las relaciones laborales y de constitución de lo
social democrático, no existe, constituyéndose como una de las vigas maestras del modelo.
En efecto, el Plan Laboral de José Piñera de 1979 la elimina catalogándola como una
amenaza al crecimiento de la economía. Los pilares fundamentales de dicho plan son los
siguientes: 1) “huelga que no paraliza, permitiendo el reemplazo de trabajadores y
19
encerrándola en el espacio de la negociación colectiva reglada”; 2) “negociación colectiva
que no distribuye ingresos, restringiendo las libertades de los trabajadores para poder
negociar más allá́ del espacio de la empresa”; 3) “paralelismo organizacional, que permite
la presencia de grupos negociadores que puedan restar fuerza o inhibir la formación de
sindicatos”; y 4) “producción y reproducción de una cultura individualista, que sostiene que
los sindicatos (si existen como mal necesario) sólo deben tener como preocupación lo que
sucede en su lugar de trabajo y de ninguna manera atender los grandes problemas del país”
(Fundación Sol, 2015c:4). Para el 2013, sólo el 8.4% de la población trabajadora podía
negociar colectivamente y con reemplazo, es decir, la población sindicalizada que va a
huelga puede ser reemplazada por el empleador lo que -en definitiva- constituye una huelga
no efectiva: la empresa puede funcionar de todas maneras. En 1973, la cifra alcanzaba un
histórico 34%.
Para referirnos a la despolitización fuera de la empresa, nos referiremos sucinta pero
fundamentalmente al ocultamiento de la idea de comunidad política -de la politeya- como
horizonte de sentido colectivo referencial, y de sus consecuencias en lo económico y lo
simbólico. Y acá entendemos la soberanía como el derecho de propiedad que un colectivo
determinado tiene (la comunidad política en formato nacional, la politeya, el “pueblo”
moderno industrial sigloveintero) tanto sobre los recursos de uso común existentes dentro
del territorio de la comunidad nacional a la cual se haga referencia, como sobre los bienes
públicos ejecutables dentro de ella. En efecto, la despolitización general de la sociedad
guarda relación con algunos aspectos más o menos conocidos como la despolitización
electoral medida en la caída en la intención de voto, la caída en la participación social
barrial, la destrucción del tejido social funcional y territorial a partir de los 80, la
destrucción de la confianza horizontal, etc. No obstante ello, creemos que todos apuntan a
la misma idea, la de los intentos sistemáticos por parte de las elites desde mediados de los
70 por destruir la esfera de la política (de la politicidad) como conjunto de mecanismos de
defensa, de participación (entre si y para presionar por el reparto o distribución del
producto social) y de representación colectivo fraternal frente a las elites; es decir, la
destrucción de lo que el populismo nacional desarrollista había dado en llamar: El pueblo.
Se erigió a la esfera económica como la principal dimensión de la vida y se suplantó la idea
de la política, de la acción colectiva y de lo asociativo, por la idea de la sociedad como
20
agregado de preferencias individuales orientadas a la obtención de resultados directos no
mediados por ningún tipo de representación o regulación institucional.
Si a esto, le sumamos el monopolio de la gestión de lo público - estatal por parte de
los partidos políticos social reformistas después de 1988 y al monopolio ideológico
conservador (liberal de izquierda) en la representación política, tenemos un escenario en el
que se deshizo toda orientación colectiva y toda imagen de lo público político. Se destruyó
la ciudadanía, y se terminó por imponer el horizonte y la hegemonía político cultural propia
del gremialismo y de la post política y la post democracia (Cfr. Colin Crouch): lo social no
político. Es decir, la idea de que la democracia y la política como fundamentos son
elementos contrarios al conjunto de intereses que se han tomado la gestión y el
gerenciamiento de la producción social. Son opuestos a una economía sana centrada en el
crecimiento y no en la distribución central, centrada en las libertades individuales y no en
los derechos colectivos. Recordemos que para el propio Guzmán, la democracia atenta
contra el crecimiento.
No hay más que ver las cifras. Las cifras relacionadas tanto en la intención de voto
desde los 90, como las de desconfianza interpersonal, las de la participación social barrial,
las de identificación con algún partido político, entre otras, son cifras que claramente
demuestran la despolitización completa de la sociedad chilena.
En definitiva, modernizar neoliberalmente ha significado despolitizar y despolitizar
ha significado restar poder de negociación frente a las elites en transformación desde el
paradigma industrial al postindustrial.
3.2 CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS
En términos generales, la consecuencia socioeconómica más clara y genérica es el
derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos por el Estado,
situación que trae consigo una serie de corolarios que han ido en detrimento de la condición
democrática de la población. Si bien es cierto, América Latina, en general, y Chile, en
particular, nunca tuvo un Estado de benefactor en regla como las economías centrales, en
algún sentido el desarrollismo representó un esquema institucional centrado en los derechos
sociales y económicos de la población trabajadora industrial, y ello fue lo que fue
21
desmantelado en la línea de instalar un esquema de instituciones de reemplazo orientado
hacia la cultura de los deberes y no de los derechos. El capital requería recortar derechos y
demandas sociales.
Ahora bien, ya en los aspectos socioeconómicos mas concretos, podemos comenzar
nuestro listado con la idea de la fragmentación la matriz productiva y de los mercados de
trabajo. El modelo económico chileno mutó desde una matriz proto industrial y agraria a
una matriz extractivista y de servicios financiero - comerciales que llevó al fenómeno de la
actual segmentación y fraccionamiento de los mercados de trabajo. Actualmente las
empresas son mucho más pequeñas y ágiles que en el mundo industrial pre 73, y se
constituyen con grupos reducidos de trabajadores. PYMES. Y si a ello, le sumamos los
efectos antisindicales del mecanismo denominado “Multi RUT”2, tenemos una estructura
laboral absolutamente fragmentada y descompuesta políticamente, lo que redunda en una
baja capacidad de negociación al interior de la empresa, y por tanto, en una población con
bajos salarios. Según la evidencia internacional comparada, un esquema laboral basado en
algún grado de negociación colectiva ramal redunda en una mayor productividad
(Fundación Sol, 2015d). Como dato relevante es preciso señalar que la productividad mano
obra chilena viene creciendo sostenidamente pero sueldo mínimo respecto del PIB per
cápita viene bajando desde el año 1989.
Otro de los aspectos centrales de la revolución neoliberal a escala global fue la
reducción de la estructura tributaria de primera categoría (impuestos directos). Así, se pasó
de una estructura teóricamente progresiva, en donde los que ganan más pagan más, a una
regresiva, en donde los que ganan más pagan menos puesto -de acuerdo al canon
neoclásico-, el capital debe alimentar el crecimiento y por ello se le debe excluir del
financiamiento de la sociedad. Sumado a ello, y como sabemos, tanto en Chile como en el
resto de la región el tema de la elusión y la evasión tributaria son dos preocupaciones
permanentes. Sobre todo, pensando en la falta de regulación general del sistema económico
posterior a los años 70.
Como es por todos sabido, la consecuencia socioeconómica más clara del diseño
neoliberal en la población es la excesiva desigualdad y la excesiva concentración
2 Subdivisión de la personalidad jurídica central de la empresa en varias personalidades jurídicas alternativas que hacen que por ley el dueño de dicha empresa no se vea obligado a aceptar sindicatos al interior.
22
económica y territorial de la riqueza generada. En efecto, los procesos de rediseño han
incidido negativamente en los resultados sociales obtenidos por los sectores
socioeconómicos medio y medio bajos del país desde los 80 a la fecha. Prueba de ello, son
las estadísticas socioeconómicas que actualmente se están construyendo desde trabajos
académicos de diversa factura y que vienen evidenciando la existencia de enormes brechas
de desigualdad. En Chile, actualmente el 75% de los hogares chilenos genera ingresos
mensuales menores a $276.000 por persona (Fundación Sol a partir de datos CASEN de
2010). En Chile, el 80% de la población trabajadora gana menos de $600.000 mensuales,
algo así como US$800. Dichos trabajos, que demuestran la existencia de procesos
regresivos de transferencia de riqueza desde abajo hacia arriba en la pirámide de ingresos a
escala nacional (bottom-up), tendrían relación con los rediseños que –intencionadamente o
no- se han venido operando, y que tienen por telón la reorientación en la proporción
ganancias de capital y remuneraciones.
De esta manera, tanto la exclusión, como la inequidad y la desigualdad social se
toman a diario los análisis periodísticos y políticos serios en el país. Respecto de la
desigualdad económica por ejemplo, en cifras del 2010 cerca del 1% de la población
chilena más rica concentraba cerca del 32% del producto (Fazio, 2014), lo que ubica a la
economía nacional como una de las economías más socialmente regresivas y desiguales de
los países, tanto de la órbita liberal global (OCDE), como de la economía mundial en
general. Por su parte, sobre la desigualdad territorial, su capital, Santiago de Chile, es la
ciudad que concentra la mayor cantidad de intercambios económicos del país y la que
dispone de mayor cantidad de riqueza material; por tanto, es la ciudad que concentra la
mayor parte de los procesos decisorios relevantes que se desarrollan en el país, esto desde
el punto de vista del diseño de políticas públicas nacionales y desde el punto de vista de las
decisiones privadas de inversión. Todo proceso decisional reside y depende de las
preferencias de la oligarquía santiaguina.
Los insumos con los cuales demostrar la inequidad económica tienen relación con la
evolución de los salarios reales, por ejemplo. Como sabemos, estos se han venido
estancando o deteriorando a nivel mundial respecto de los niveles logrados en los años 70
mediante luchas políticas y sindicales (Bauman, 2011; Brenner, 2009; Domènech, 2013b;
Harvey, 2007).
23
Complementariamente, recordemos que según en Banco Mundial (2013), Chile
actualmente (cifras del 2013) presenta un Gini de 50.5 puntos, muy por encima de las
economías liberales globales (OCDE) y por encima de las economías de la región (salvo de
Brasil y Colombia que presentan índices de 52.9 y 53.5, respectivamente). Paraguay
presenta un 48.3, México y Bolivia un 48.1, Perú un 44.7, Argentina un 42.3 y Uruguay un
41.9. Venezuela y Cuba no presentan datos.
Ahora bien, como nota acerca de la desigualdad económica, creemos que es un
resultado esperado pues desde el neoliberalismo académico y político esta genera
incentivos a la competencia y esto redunda en incrementos en la tasa de inversión y por
ende, en el crecimiento. La famosa religión del crecimiento.
La desigualdad económica, la inequidad social, la evidencia respecto de la asimetría
en la fiscalidad, el derrumbamiento de la orientación universalista de los BP producidos por
el Estado, ha venido generando la sensación de desprotección social generalizada en la
población. Efectivamente, hoy en el país la población vive en un escenario subjetivo de
inseguridad y de sensación de riesgo permanente respecto de sus condiciones de vida. En
Chile, el subempleo, la tercerización laboral, la precarización, la sobre explotación, la falta
de negociación colectiva, la desesperanza política, han venido minando, poco a poco la
conciencia de los derechos sociales y económicos, generando como corolario final una
suerte de “<cambio antropológico> de la clase obrera, en el sentido de que debilitó
extraordinariamente la consciencia colectiva de clase” (Domènech, 2013b). Así, el discurso
thatcheriano TINA (there is not alternative) ha calado hondo en la población. Por lo menos
durante los 20 años que van desde el inicio de la transición hasta el 2010. En opinión de
Mario Garcés: "Acceder a los bienes de consumo por la vía del endeudamiento, les entrega
una sensación de bienestar que compromete a las clases populares con el modelo de
dominación. Ante la ausencia de un camino distinto, también las clases medias perciben
que el único proyecto posible es el existente y por lo tanto, se hacen parte del modelo y
aspiran a que sus hijos logren mejores condiciones de vida dentro del actual sistema regido
por lógicas de mercado" (Garcés, 2016).
Sumado a ello, podemos también contar con el incremento de la sensación subjetiva
de inseguridad ciudadana, fenómeno asociado pero desde el punto de vista espacial o
territorial. Efectivamente, debido al bombardeo mediático permanente centrado en la
24
inseguridad producto de la amenaza del otro, la población ha venido mostrando índices
bastante preocupantes sobre sensación de inseguridad barrial y urbana. De esta manera, y
pese a que en el 2015 la tasa de victimización (objetiva) ha venido bajando, la población
sigue creyendo que la delincuencia viene en aumento y que por ello es necesario el
aumento de penas, una mayor protección policial, mayor inversión pública y privada en
seguridad, etc.
Consecuencia de todo ello fue el comienzo del sostenido proceso de descenso en los
salarios reales y del desemparejamiento de estos respecto de la tasa de productividad
lograda, cuestión que podemos identificar y relevar como la principal innovación del
llamado neoliberalismo, y que se encuentra a la base de lo que hoy conocemos como la
sociedad del consumo: el desacoplamiento entre demanda efectiva agregada y salarios
reales, y la subsecuente financiación de la demanda efectiva por el consumo masivo y
prácticamente universal a partir del fraude financiero global y el crédito barato.
Dicho proceso lo podemos observar sin problemas en la caída de los salarios reales
desde los años 70, en la caída del gasto público, en los galopantes desequilibrios en la
distribución funcional del ingreso (proporción de los beneficios agregados a distribuir entre
capital y trabajo), en la evolución de los impuestos de 1ª y 2ª categoría, en el
endeudamiento privado, en el porcentaje de producto respecto de la población, etc.
Sobre la estructura salarial, según la Fundación SOL (que trabajó con datos CASEN
del 2015), “el 50,5 % de los ocupados chilenos gana menos de $260.000 líquidos y el 74,1
% menos de $400.000 (...) Sólo el 11,8 % gana más de $700.000” (Fundación SOL,
2015:3). Por otro lado, el 90,1% de la población gana menos de $852.000 (Fundación SOL,
2015b:6). Sumado a ello, según The Economist (2016), Chile es el único país de la OCDE
que cobra impuesto al salario sólo a cargo del trabajador.
Sobre el endeudamiento privado, en Chile, una economía financiarizada, mono
exportadora, sin diversificación productiva y sin derechos laborales, la relación carga
financiera sobre ingreso disponible de los hogares (RCI), con un 38% promedio, es la más
alta de la OCDE (Páez, 2016). Junto con ello, “para las rentas menores a $250.000
mensuales, la deuda de consumo promedio es de $1.500.000, para las rentas entre $250.000
y $500.000 de $2.300.0000 y para quienes tienen ingresos entre $500.000 y $750.000 de
$4.100.000”. Todo ello, redunda en que “de acuerdo al Informe Global Wealth Report
25
2013, de la Aseguradora Allianz, la deuda per cápita de Chile es la más alta de América
Latina (Fundación SOL, 2015b: 23).
3.3 CONSECUENCIAS SOCIOCULTURALES
Como señala Monbiot (2016), el neoliberalismo como modelo de sociedad se ha
vuelto tan ubicuo que ya casi ni siquiera reconocemos que existe como tal, y que es una
ideología que gobierna tanto la subjetividad individual como la colectiva. Se ha
naturalizado en la conciencia colectiva hegemónica del capitalismo tardío como la única vía
posible al desarrollo. El fin de la historia.
En términos doctrinarios, el liberalismo estándar promueve su ideología a partir de
la noción de que todos los agentes obtienen del juego social o económico lo que se
merecen, esto es, reciben del sistema de intercambio un beneficio correspondiente a lo
invertido, a lo contribuido. Esto es, las relaciones basadas en el principio de la
proporcionalidad (tomo proporcionalmente en la medida de lo que contribuyo).3 En ese
sentido, se va alimentando un efecto perverso en que las clases acomodadas se van
convenciendo de que sus ventajas han sido obtenidas por medio del merito individual
propio (obviando ventajas obtenidas mediante la perpetuación de privilegios de educación,
de herencia y clase emanados de diseños institucionales oligarcas y elitistas), y las clases
subordinadas a su vez se van convenciendo de que su condición de precariedad y
vulnerabilidad se relaciona directamente con sus incapacidades y escasez de destrezas,
situación que va justificando fracasos individuales, va deteriorando la autoestima, y va
legitimando la culpa como recurso psicológico desesperanzador. En palabras de Monbiot
(2016): “The market ensures that everyone gets what they deserve. We internalise and
reproduce its creeds. The rich persuade themselves that they acquired their wealth through
merit, ignoring the advantages – such as education, inheritance and class – that may have
helped to secure it. The poor begin to blame themselves for their failures, even when they
can do little to change their circumstances”. 3 La proporcionalidad (liberalismo: a cada quien según su merito y contribución), es el ámbito de relacionamiento estructural más básico. En orden de complejidad política, le sigue el de autoridad (a cada quien según estipule la autoridad habilitada), luego el de comunidad (comunitarismo: a cada quien según sus necesidades y capacidades), para finalizar en el de parigualdad (republicanismo: a cada quien lo mismo) (Cfr. Domènech: 2002).
26
El diseño institucional neoliberal produce un sujeto de nuevo tipo –una nueva
subjetividad- que siente que no tiene responsabilidades con la comunidad económica o
política a la cual original e invisiblemente adscribe. Elige individualmente su identidad
(elige ser quien quiere ser o quien quiere demostrar ser) y entiende que la esfera de la
política no es una esfera relevante para conseguir sus propios fines. La nueva clase media,
construida en entornos mercantiles (fue integrada mercantilmente a la sociedad después del
90), que ha creído en el mito liberal de la movilidad social ascendente, no siente la
necesidad de la política o de la acción de carácter político para intentar la promoción social
o el mejoramiento de las condiciones de vida: Sólo confía en sus propios recursos de acción
(personales o familiares). Tampoco requiere de sindicatos o de la coordinación de los
intereses de los de su misma condición al interior de la empresa. Desconfía del Estado,
también de los partidos, de las organizaciones barriales. Navega en la economía de manera
solitaria. Es conservadora políticamente.
Junto a ello, podemos encontrar lo que podemos denominar la invisibilización de la
idea de participación económica en los recursos colectivos o públicos. Con esto, queremos
señalar la idea básica de que el rediseño institucional neoliberal quiso destruir la idea de
que existe una comunidad nacional (la nación) que es propietaria -en términos colectivos-
de bienes materiales e inmateriales. La población rica, el 10 o el 1%, quiso escaparse del
resto de la sociedad generando esta sensación ambiente de fragmentación institucional y
cultural generalizada que sólo les ha servido a ellos mismos.
La consecuencia sociocultural más apremiante, y que funciona como conjunto de
mecanismos legitimatorios y de sustentabilidad subjetiva al diseño neoliberal, es la cultura
liberal exacerbada, esto es, el individualismo, la inacción colectiva y la identidad como
consumidor de la población de las nuevas clases medias aspiracionales y las clases bajas.
Esto es, el desprestigio generalizado de la actividad colectiva (por tanto, política) como
forma relevante de acción social para la consecución de bienes sociales relevantes. Es un
sujeto calculador que opera en la vida cotidiana mediante recursos personales de psicología
política individuales e instrumentales que vienen dados en los contenidos propios de la
revolución neoconservadora global actual: liberalismo económico exacerbado y
conservadurismo valorativo exacerbado.
27
Concretamente, y en cuanto a su operar en el mundo social, podemos encontrar
fácilmente tanto la subjetividad individual y la crisis legitimatoria de los valores sociales
universales de la democracia republicana, como la ideología liberal propia del relativismo
moral en las decisiones de todo orden: políticas, económicas, socio culturales.
De esta manera, podemos señalar varios procesos socio políticos relacionados
íntimamente con los procesos socio culturales propios del capitalismo tardío. Entre ellos, la
individuación extrema y fragmentación de la identidad de cuerpo de la clase trabajadora: el
hoy llamado precariado; la desconfianza horizontal (y actualmente también vertical), la
desideologización de la población, la caída de la identidad colectiva referida a lo nacional,
el reemplazo de la identidad social centrada en el trabajo por la centrada en el consumo, la
desafiliación. Todos ellos, fenómenos que funcionan como corolarios estrictos y evidentes
de la cultura del nuevo capitalismo implantado a nivel global desde hace 40 años (Cfr.
Sennett, 2006).
En definitiva, como señalan Hardt y Negri en su texto Declaración del año 2012, el
endeudamiento (forzar el cuerpo a trabajar cada vez más para pagar el consumo), la
mediatización (obligación de expresarse a través de los medios pero de una expresión sin
contenido social como las redes sociales: soledad electrónica), la securitización (miedo y
desconfianza horizontal promovida, gobiernos como gestores y gestionadores ya no de la
seguridad sino de la inseguridad) y la sub representación (delegación de soberanía y poder a
corporaciones vinculadas a corporaciones), son elementos fundamentales a tener en cuenta
a la hora de establecer un diagnóstico institucional y socio cultural certero de nuestro
tiempo. Y la población chilena actual cae exactamente dentro de dicho esquema
descriptivo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
B. Guy Peters (2003). El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política.
Barcelona: GEDISA.
Báez Urbina, Francisco (2009), “El problema de la acción colectiva y los movimientos de
oposición ciudadana a la provisión de bienes de uso colectivo: El trazado del AVE a su
28
paso por Barcelona, un caso relevante de estudio”, tesis doctoral, Facultad de Ciencias
Políticas y de Sociología UAB.
Bauman, Z. (2011). Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global. Madrid:
FCE.
Brenner, R. (2009). La economía de la turbulencia global. Madrid: Akal.
Casassas, D. (2010), La ciudad en llamas. La vigencia del republicanismo comercial de
Adam Smith. Barcelona: Montecinos.
Castel, Robert et al. (2013). Individuación, precariedad, inseguridad. Des
institucionalización del presente. Buenos Aires: Paidós.
De Francisco, A. (2007). Ciudadanía y democracia: Un enfoque republicano. Madrid: Los
Libros de la Catarata.
Domènech, A. (2013). Socialismo: ¿De dónde vino? ¿Qué quiso? ¿Qué logró? ¿Qué puede
seguir queriendo y logrando?. En M. Bunge, C. Gambetta ¿Tiene porvenir el socialismo?,
(pp. 71-124). Buenos Aires: EUDEBA.
Elster, Jon (1989). Reflexiones sobre marxismo, funcionalismo y teoría de los juegos. En J.
Roemer, El marxismo, una perspectiva analítica (pp. 231-251). México, DF, FCE.
______(1995). Psicología política. Barcelona: GEDISA.
______(2010). La explicación del comportamiento social. Barcelona: GEDISA.
Fazio, H. (2014). El mundo del 1%, 0.1% y 0.01%. Santiago de Chile: Editorial USACH.
Gárate, M. (2014), La revolución capitalista en Chile (1973-2003). Santiago de Chile:
UAH.
Goodin, R. (2003). Teoría del diseño institucional. Barcelona: GEDISA.
Guzmán, C. (2004). Sobre huelga y conflicto laboral en Chile. Alternativa, ICAL, Nº21,
Santiago de Chile.
Hardt, M. y Negri, A. (2012). Declaración. Madrid: Akal.
Harvey, D. (2003). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.
______(2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.
Monckeberg, M. O. (2001). El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno.
Santiago de Chile: Ediciones B.
Pettit, P. (2003). Diseño institucional y elección racional. En R. Goodin (ed.), Teoría del
diseño institucional. Barcelona: GEDISA.
29
Pisarello, G. (2011). Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo
antidemocrático. Madrid: Trotta.
Sennett, R. (2006). La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
Schelling, T. C. (1989). Micromotivos y macroconductas. México: DF, FCE.
Viera, C. (2013). Libre iniciativa económica y estado social. Santiago de Chile: Thomson
Reuters.
Vilas, C. (2000). Más allá del consenso de Washington? Un enfoque desde la política de
algunas propuestas del BM sobre reforma institucional. En Revista del CLAD, Reforma y
Democracia, 18.
RECURSOS ELECTRONICOS
Arias, E. (2015). La ideología del chileno medio (en línea).
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/04/22/la-ideologia-del-chileno-medio/,
acceso 2 de marzo del 2016.
BM (2013). Índice de Gini (en línea).
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI, acceso el 04 de marzo de 2016.
Castel, R. (2013). El individuo no puede existir sin soporte social (en línea).
http://vientosur.info/IMG/article_PDF/article_a7814.pdf, acceso en febrero del 2015.
Cleary, E. (2015). La elite resentida de Chile (en línea).
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/09/28/la-elite-resentida-de-chile/, acceso
el 28 de septiembre del 2015.
Dirección del Trabajo (2014). Compendio estadístico (en línea).
http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-62614_recurso_1.pdf, acceso el 04 de
abril del 2016.
Domènech, A. (2013b). La humanidad es una sola, no un cúmulo de culturas cerradas (en
línea). http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5579, acceso en febrero del 2015.
Domènech, A., Raventós, D. (2010). Después de la utopía (en línea).
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3685, acceso en mayo del 2012.
El Mostrador (Noticias sin editar) (2016). Ominami, el laguismo y el temprano maridaje
con los empresarios en los 90 (en línea).
30
http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2016/03/29/ominami-el-laguismo-y-el-
temprano-maridaje-con-los-empresarios-en-los-90/, acceso el 30 de marzo del 2016.
Fundación SOL (2015). Desposesión Salarial en Chile. Panorama de los verdaderos sueldos
usando la encuesta CASEN (en línea). http://www.fundacionsol.cl/wp-
content/uploads/2015/09/Verdaderos-Sueldos-Casen-2013-31.pdf, acceso en abril del 2016.
Fundación SOL (2015b), Los verdaderos sueldos de Chile: Panorama actual del valor del
trabajo usando la encuesta NESI (en línea).
http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2015/06/Verdaderos-Salarios-2015.pdf,
acceso en abril del 2016.
Fundación SOL (2015c). Sindicatos y negociación colectiva (en línea).
http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2015/04/Fundación-SOL-2015-
Negociación-Colectiva.compressed.pdf, acceso el 4 de abril del 2016.
Fundación Sol (2015d). Negociación colectiva por sector económico (en línea).
http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2015/08/Estudio_NCRVFinal.pdf, acceso
el 4 de abril del 2016.
Garcés, M. (2016). Hay que inventar la alternativa (en línea).
http://www.puntofinal.cl/848/garces848.php#.VxABJ6L4hM8.facebook, acceso el 16 de
abril del 2016.
Harvey, D. (2014). Consideraciones sobre El Capital de Piketty (en línea).
http://www.sinpermiso.info/textos/consideraciones-sobre-el-capital-de-piketty, acceso en
febrero del 2016.
Hoexter, M. (2013). Qué es el neoliberalismo: teoría, práctica e ideologema (en línea).
http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/hoex.pdf, acceso en junio del 2013.
Monbiot, G. (2016). Neoliberalism, the ideology at the root of all our problema (en línea).
http://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-
monbiot, acceso el 15 de abril de 2016.
Páez, A. (2016). El brutal endeudamiento de los chilenos y la desposesión salarial (en
línea).
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/28/el-brutal-endeudamiento-de-los-
chilenos-y-la-desposesion-salarial/, acceso el 28 de marzo del 2016.
31
Rosen, D. (2010). Es hora de volver a llamar a la lucha de clases por su nombre (en línea).
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3679, acceso en mayo del 2012.
The Economist (2016). Taxing wages (en línea).
http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21696952-taxing-
wages?fsrc=rss, acceso el 16 de abril del 2016.