Diversidad tnica e inclusin social en Bolivia Mara Jos Farias Dulce __________________________________________________________________________________________

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DIVERSIDAD TNICA E INCLUSIN SOCIAL EN BOLIVIA

Mara Jos Farias Dulce Profesora Titular de Filosofa y Sociologa del Derecho

de la Universidad Carlos III de Madrid

Introduccin

La Constitucin de Bolivia aprobada en el ltimo ao1 se enmarca en una nueva di-

mensin del constitucionalismo iberoamericano, marcado especialmente por el reco-

nocimiento de la diversidad tnica, cultural y jurdica, por la bsqueda de mecanismos

de inclusin social de los pueblos indgenas y por la necesidad de impulsar reformas

institucionales (judiciales, educativas, territoriales, parlamentarias, policiales y de lu-

cha contra la corrupcin) necesarias para un buen funcionamiento democrtico del po-

der poltico, para el fortalecimiento del Estado de Derecho y para reducir la segmenta-

cin social hasta ahora existente en trminos econmicos, regionales y tnicos.

Tradicionalmente, los problemas econmicos, las desigualdades sociales y eco-

nmicas, la pobreza y la exclusin de las comunidades indgenas por las lites polticas

y econmicas dominantes se ha retroalimentando con una falta de estabilidad de los

gobiernos, una fuerte crisis de adaptacin de los sistemas de partidos polticos frente al

auge de los lderes populistas, una falta de legitimacin poltica, una falta de confianza

en el funcionamiento de la administracin de justicia y un desigual acceso a la misma.

Esta situacin que ha sido una constante en los pases andinos, es especialmente signi-

ficativa en Bolivia, donde Evo Morales es el dcimo presidente de la repblica desde

que en 1982 se volvi a establecer el sistema democrtico tras 18 aos de gobiernos

militares y dictaduras.

1 El 25 de enero de 2009 ha sido convocado el referndum para la aprobacin definitiva del nuevo tex-to constitucional.

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Bolivia: riesgo de fragmentacin

El contexto actual de Bolivia es particularmente complejo y se deriva de una ya larga

situacin de inestabilidad poltica, luchas sindicales, reivindicaciones campesinas y

movilizacin indgena. Con la nueva Constitucin se pretende sentar las bases de una

nueva convivencia, lo que se ha denominado la refundacin de Bolivia. Sin embar-

go, subsisten graves riesgos de fragmentacin del Estado, entre el Oriente rico, propie-

tario de las tierras y de los recursos naturales del pas, y el Altiplano pobre, rural, con-

figurado como un mosaico tnico y que representa el 70% de una poblacin de unos

10 millones de habitantes. Esto es, lo que tradicionalmente han sido las dos Bolivias.

1. La cuestin socio-poltica

Desde el punto de vista poltico y social, el conflicto se est planteando en trminos

clasistas, en una sociedad donde apenas existe la clase media. Lucha de clases sociales

entre, por un lado, los ricos (el 15% de la poblacin ms o menos), terratenientes, crio-

llos o blancos, en cuyas manos se ha concentrado la prctica totalidad de la propiedad

de las tierras ms frtiles y las riquezas naturales del pas, que se oponen a la reforma

constitucional, a la reforma agraria, a la ampliacin de derechos a la poblacin indge-

na y a la redistribucin de la riqueza nacional; y, por el otro, los pobres, mayoritaria-

mente indgenas e histricamente desposedos, excluidos del reparto de las riquezas

naturales y de la distribucin del poder social y econmico, viviendo casi siempre en

un rgimen de servidumbre en el seno de los grandes latifundios del pas.

Los primeros, la lite econmica descendiente de europeos, representada fun-

damentalmente por la oligarqua crucea, abogan ahora por la defensa de una legisla-

cin neoliberal en lo econmico y lo social y homognea en lo cultural. La misma le-

gislacin que durante siglos ha mantenido al 62% de la poblacin de Bolivia (mayori-

tariamente indgenas originarios) en la exclusin social y cultural y en los niveles de

pobreza econmica ms grandes del continente.

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Los segundos, a travs del movimiento indigenista, del sindicalismo campesino

y del Movimiento Sin Tierra (MST)2, reivindican el reconocimiento y el respeto a sus

derechos como individuos y como pueblo3: sus derechos lingsticos, su identidad cul-

tural, tnica y religiosa, sus normas y mecanismos de resolucin de conflictos (justicia

comunitaria, designacin de autoridades, diferentes formas de autonoma nacional),

los derechos de propiedad comunitaria sobre la tierra y la reclamacin de compensa-

ciones econmicas a las empresas de hidrocarburos y de la minera por los daos cau-

sados al medio ambiente, con el cual ellos se sienten vitalmente identificados. Pero,

adems, reivindican su derecho a participar en pie de igualdad en el reparto de las ri-

quezas naturales del pas y en la toma de decisiones polticas y jurdicas. Es decir, rei-

vindican a la vez su derecho a la igualdad y su derecho a la diferencia, en base a los

mismos principios democrticos que antes les haban negado ambos derechos.

La igualdad puede y debe admitir las diferencias que identifican a los seres hu-

manos, pero nunca debera admitir desigualdades, ni discriminaciones entre ellos. Los

pueblos indgenas (hasta 36 etnias diferentes existen en Bolivia, segn se recoge en el

nuevo texto constitucional) quieren ser iguales en el acceso al reparto del poder social

y econmico, a la vez que esperan que se respeten las diferencias culturales que los

caracterizan como tales y sus propios espacios de poder social. Defienden su identidad

y su diferencia, porque sienten y han sentido durante siglos que corre peligro de ser

desnaturalizada o descaracterizada por la imposicin de un modelo cultural dominante.

Pero tambin defienden su derecho a acceder a la promesa de la universalidad de la

igualdad (poltica, econmica y social), cuando sta les ha sigo negada histricamente

en razn precisamente de su identidad tnica, cultural o religiosa; elementos que han

2 Sobre el sindicalismo y los movimientos indigenistas en Bolivia, vase los trabajos recogidos en Je-ss Espasadn Lpez y Pablo Iglesias Turrion (eds.), Bolivia en Movimiento. Accin colectiva y poder poltico, Barcelona, El Viejo Topo, 2007. 3 Los derechos de los pueblos indgenas han sido formalmente reconocidos en la Declaracin Univer-sal de Derechos de los Pueblos Indgenas, aprobada en septiembre de 2007, y que abarca no slo al derecho a su lengua y cultura a sus prcticas sociales y religiosas, a sus prcticas medicinales, a su re-lacin con la tierra y la propiedad, sino tambin a sus normas de convivencia y a sus mecanismos de resolucin de conflictos (mbito de juridicidad).

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sido utilizados como coartada para su inferiorizacin y, por lo tanto, para excluirlos y

dominarlos.

El nuevo texto constitucional boliviano, con algunas incoherencias, otras con-

tradicciones y no menos precipitaciones lxicas, pretende conseguir un difcil equili-

brio entre la igualdad socio-econmica y la diferencia cultural, en un pas donde ni la

una ni la otra han sido debidamente salvaguardadas hasta ahora. Sin embargo, el nece-

sario reconocimiento recproco de la diversidad cultural, tnica y jurdica, que ahora se

plasma constitucionalmente, no debera relegar a un segundo plano las desigualdades y

exclusiones, la pobreza, la humillacin y las jerarquas socioeconmicas existentes du-

rante siglos y que han causado la insatisfaccin y el hartazgo de los indgenas bolivia-

nos. La democracia boliviana necesita de su participacin en condiciones de igualdad,

como sujetos polticos plenos, para evitar su propia debilidad. Porque, como deca

Castoriadis, si no participamos todos, las estructuras democrticas de la sociedad se

debilitan.

Lo que ocurre es que tradicionalmente los grupos identitarios han ocupado un

lugar incmodo en las democracias4. Cuando se identifica a un ser humano como ind-

gena o blanco, se recurre siempre al estereotipo de la raza o la etnia, estableciendo una

competencia entre grupos identitarios diferentes por establecer la superioridad de uno

sobre otro, que va ms all de los principios comunes de participacin y justicia demo-

crticas. El reto, pues, est en construir un espacio pblico donde todos tengan cabida

y donde se establezcan vnculos sociales de inclusin y cohesin.

Todo lo dicho implica, pues, sentar las bases de una nueva convivencia. Ya no

se trata de la mera coexistencia, basada en criterios jerrquicos de superioridad racial o

de exclusin cultural y social, ni en imposiciones clasistas, sino de la convivencia in-

tercultural e intertnica, sin imponer condiciones absolutas a la misma. Para ello, es

necesario emprender toda una labor legislativa de reformas institucionales y territoria-

les de gran calado. La sola aprobacin de un nuevo texto constitucional no podr re-

solver el problema de la pobreza y de la desigualdad social y econmica, ni los con-

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flictos identitarios. Se hace necesario reforzar al mximo la legitimidad democrtica de

las instituciones polticas, para que estas puedan introducir reformas econmicas y so-

ciales que marquen las lneas de un nuevo modelo de desarrollo econmico y ecolgi-

co.

2. La cuestin jurdica

Desde el punto de vista jurdico, el reto est en cmo articular un nuevo sistema poli-

cntrico de fuentes de produccin normativa compatible con la centralidad del Estado

de Derecho (por ejemplo, la nacionalizacin de los hidrocarburos), con el principio de

la legalidad y el de la seguridad jurdica.

Est por determinar cmo se van a solucionar los conflictos de internormativi-

dad, es decir, los casos en los que varios sistemas normativos entran en competencia

sobre la misma materia regulada, as como los conflictos procesales y de jurisdiccin

en los casos en los que se reconoce la justicia comunitaria y, en definitiva, la ordena-

cin adecuada entre los diferentes niveles jurdicos existentes. El pluralismo jurdico

reconocido en el nuevo texto constitucional y derivado de la diversidad tnica, requie-

re una puesta en prctica que canalice eficazmente los inevitables conflictos que en un

contexto de pluralidad normativa se han de producir.

Los riesgos del nacionalismo tnico

Las aspiraciones secesionistas de la oligarqua empresarial de Santa Cruz, junto con

las reivindicaciones tnicas-nacionalistas de los movimientos indigenistas instalados

ya en las instituciones de gobierno, adems de que pueden provocar una ruptura en el

Estado boliviano de consecuencias todava no previstas en la propia estabilidad del

continente iberoamericano, estn oscureciendo a veces el verdadero problema de fon-

do: la desigualdad social, el atraso econmico y la inmensa pobreza de la mayora del

pueblo boliviano, que exige la puesta en marcha de reformas institucionales radicales

4 Cfr. Amy Gutmann, La identidad en democracia, Katz Editores, Buenos Aires, 2008.

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para atajarlo y promover una sociedad ms justa. En Bolivia, por ejemplo, no existe un

sistema pblico de Seguridad Social, con la consiguiente desproteccin ante situacio-

nes de riesgo y carencia de derechos que sufre la mayora de la poblacin.

El nacionalismo tnico, con aspiraciones autonomistas (se aspira a un Estado

plurinacional, con amplios procesos de autodesarrollo), corre el riesgo de frenar cual-

quier movilizacin social a favor de la reivindicacin de derechos sociales, de polticas

redistributivas, de una mayor justicia social y de un nuevo modelo de desarrollo eco-

nmico ms equitativo. Un excesivo paternalismo indigenista o un sesgo demasiado

identitario por parte del Gobierno boliviano dara al traste con las necesarias reformas

estructurales que la sociedad demanda y con la lucha contra la corrupcin institucio-

nal5.

El problema mayor es que existen dos bandos claramente enfrentados con inter-

eses y reivindicaciones contrapuestas y excluyentes, especialmente, por lo que se refie-

re a la propiedad de las tierras y la extensin de la tierra que se puede tener en propie-

dad. Los movimientos sociales e indigenistas piden un lmite de 5.000 hectreas, mien-

tras que la oligarqua de derechas pide un lmite de 10.000 hectreas. Actualmente la

distribucin de la tierra en Bolivia es extremadamente desigual. Segn el Informe de

Desarrollo Humano del PNUD de 2005, menos de 100 familias son propietarias de

ms de 25 millones de hectreas. Los propietarios de estos latifundios, vinculados a las

empresas trasnacionales del gas y el petrleo, son los que estn impulsando el movi-

miento secesionista desde Santa Cruz, rechazando la reforma agraria y la nacionaliza-

cin de los hidrocarburos, en defensa nicamente de sus propios privilegios de clase.

Parece que la codicia de la elite rica es infinita.

En el referndum constitucional previsto para el 25 de enero de 2009 se incluir

una segunda consulta, adems de la aprobacin definitiva del articulado del nuevo tex-

to, referida a la extensin que debe tener un latifundio improductivo para ser expropia-

5 Segn el ndice de Percepcin de la Corrupcin 2007, publicado por Transparencia Internacional, Bolivia ocupa, con una puntuacin de 2,9, (10, altamente transparente; 0, altamente corrupto) uno de los lugares ms bajos entre los pases de Iberoamrica en la percepcin del grado de corrupcin segn la ven los empresarios y los analistas del propio pas.

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do por el Estado. Sin duda, este ser el primer paso para una reforma agraria en pro-

fundidad y, a la larga, para ir creando una clase media que deber ser clave en el nuevo

desarrollo econmico del pas andino, que ya no debera estar slo vinculado a la ex-

ploracin de los recursos naturales como el gas natural.

Conclusin

La tarea emprendida por el Gobierno presidido por Evo Morales es imprescindible en

este momento, pero el proceso de negociacin interna es bastante complicado. No cabe

duda que el modelo neoliberal de las polticas econmicas llevadas a cabo por los pre-

sidentes anteriores ha fracasado estrepitosamente y ha conducido al pas a los niveles

ms altos de pobreza y de desigualdad social de todo el continente. Pero la actual si-

tuacin de recesin econmica global aade una dificultad aadida al ya de por si

complejo entramado boliviano, que podra derivar en una gestin populista de la eco-

noma con consecuencias negativas a medio plazo. No se debera olvidar que Bolivia

necesita, por ejemplo, poner en marcha un programa de grandes infraestructuras, para

facilitar el desarrollo de la reforma agraria y de las reformas institucionales; y necesita

tambin alcanzar una estabilidad macroeconmica que sea compatible con la necesaria

redistribucin de la renta.

Madrid, noviembre de 2008