Pablo Lavado #batalladeideasperuEmpleo y productividad

A. Pregunta de política:

¿Cómo combatir el subempleo y el desempleo juvenil?

B. Propuesta de política:

Objetivo:

Combatir el subempleo y el desempleo juvenil

Problema

El subempleo y desempleo juvenil es uno de los problemas más grandes a nivel mundial. Una explicación a ellos es el bajo nivel educativo de muchos jóvenes que, por diversos motivos, no son capaces de culminar (en algunos casos ni siquiera empezar) los niveles educacionales básicos para aspirar a formar parte del mercado laboral. Sin embargo, existe otro factor que alimenta estos problemas, y es que muchos jóvenes que cuentan con un nivel educativo aceptable (incluso con grados universitarios) no logran obtener un trabajo, o por lo menos uno que se encuentre acorde con el esfuerzo realizado durante sus estudios.

Propuesta

Para combatir estos problemas, se propone hacerlo desde un punto de vista de ciclo de vida. Este enfoque consiste básicamente en analizar las fases de desarrollo del – potencial - trabajador y realizar una propuesta específica que permita fortalecer las debilidades identificadas en cada una de estas fases. Se han identificado cuatro fases:

Características Propuesta

Fase 1Personas que no alcanzan estudios superiores y deben luego de terminar la educación básica.

Fortalecer las CETPROs e IST

Fase 2

Personas con educación básica que siguen estudios superiores pero no están correctamente informadas acerca de la calidad de la institución de educación superior.

Planilla Electrónica para Instituciones de Educación

Superior

Fase 3Trabajadores dependientes; mayormente de medianas y grandes empresas formales y subempleados.

Esquema de Crédito Fiscal

Fase 4

Trabajadores independientes, mayormente de micro y pequeñas y empresas informales; y desempleados.

Financiamiento directo a firmas y centros de capacitación

C. Implementación

La propuesta para la Fase 1 se basa en asegurar una adecuada transición escuela trabajo. Por diversos motivos, las personas en esta fase no son capaces de seguir estudios superiores por lo que no poseen las habilidades y/o capacidades suficientes para asegurar su inserción en el mercado laboral. Ante ello, resulta crucial dar capacitación técnico-productiva durante el nivel secundario en especialidades demandadas en el mercado laboral. Para otorgarles estas herramientas, es necesario no sólo identificar las especialidades técnicas demandadas por el mercado; sino también asegurar una oferta educativa adecuada, con contenidos validados por la instancia educativa correspondiente y/o el sector privado. Usualmente, estas capacitaciones focalizadas en este perfil de trabajadores suelen brindarse en los Centros de Entrenamiento Ocupacional (CETPROs) y en los Institutos Secundarios Técnicos (ISTs).

El principal déficit en este ámbito es que la mayoría de estas instituciones son de muy baja calidad, impidiendo una capacitación adecuada que les brinde los conocimientos y habilidades necesarias para conseguir puestos de trabajo apropiados, resultando en trabajadores tanto subempleados como desempleados. Por tanto, la propuesta correspondiente en esta fase es el fortalecimiento de las CETPROs e ISTs, en términos de infraestructura, equipamiento y personal docente. De este modo, estas instituciones servirán como un nexo entre lo que le mercado laboral demanda y lo que sus egresados ofrecen.

La Fase 2 se caracteriza por un desajuste entre lo ofrecido por los egresados de las instituciones de educación superior y lo que demandan las empresas. Existe una gran cantidad de institutos técnicos y universidades de baja calidad, de modo que los egresados de dichas instituciones poseen un déficit en cuanto a habilidades y conocimientos, el cual es castigado en el mercado laboral mediante un menor salario. El problema radica en la desinformación por parte de los recién salidos de las escuelas acerca de cuáles son las instituciones de educación superior de mayor calidad, aquellas que brindan los mayores retornos tanto en empleabilidad como en salarios. Esta desinformación puede ocasionar que las personas realicen sus estudios en instituciones de baja calidad, conllevando posteriormente al desempleo o a un puesto de trabajo no adecuado al nivel educativo de la persona. En este sentido, la propuesta es el desarrollo de una planilla electrónica para las universidades, donde se brinde información pública, de preferencia por carrera, acerca del número de ingresantes y egresados, tasa de cotizantes , remuneración promedio de sus egresados, plana docente, publicaciones, duración de la carrera y

cualquier otro tipo de información que ayude a las personas a elegir de manera responsable la carrera y la institución educativa que más les convenga.La Fase 3 se centra en los trabajadores dependientes y subempleados; es decir, aquellas personas que se encuentran vinculadas a una organización (mayormente empresas) a través de un contrato, brindando sus servicios laborales a cambio de un salario fijo. El problema principal en esta fase radica en el hecho de que muchos de los empleados poseen un nivel de habilidades más bajo del requerido por la empresa para el puesto que ocupan; lo cual no sólo limita su crecimiento, sino también la productividad de la misma empresa. Estos trabajadores suelen pertenecer a empresas medianas y grandes; las cuales tiene la habilidad de impartir capacitación al trabajador; o por lo menos de invertir en ella. Estas empresas tienden a ser formales; por lo que un esquema basado en un crédito fiscal resultaría ser el más adecuado para ellas.

El esquema propuesta es uno denominado “3x3x3” que consiste en 3 clases por semana de 3 horas de duración cada una por 3 meses, cada 3 años. Este esquema asegura un total de 117 horas de capacitación cada 3 años; lo cual, considerando un costo de US$8 por hora implica un costo adicional de US$936 por periodo. Este costo representa cerca del 3.5% y 3.1% del costo anual de la planilla para las medianas y grandes empresas; respectivamente. Si se cofinancia este esquema entre el Estado y la empresa, asumiendo una proporción igual para ambos agentes, el crédito fiscal asciende a aproximadamente 1.7% y 1.5% para las empresas medianas y grandes; respectivamente. Este cofinanciamiento permite también asegurar la calidad de la capacitación brindada ya que la empresa tiene el incentivo de invertir en entrenamiento de alta calidad al verse también positivamente afectada por la capacitación.

Finalmente, la Fase 4 está dirigida principalmente a trabajadores independientes, a aquellas personas que realizan una actividad económica por cuenta propia; y a las personas desempleadas. Estos trabajadores se encuentran principalmente en las micro y pequeñas empresas, mayormente informales; y se caracterizan por ser trabajadores vulnerables poco capacitados. Las empresas de este perfil no suelen capacitar a su fuerza laboral; y algunos de estos trabajadores requieren capacitación que va más allá de simplemente habilidades técnicas (incluyendo en la currícula alfabetismo o el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas). Un esquema basado en subsidios no serían muy efectivos ya que se trata mayormente de empresas informales; por lo que el establecimiento de un financiamiento directo a las firmas o a los centros de capacitación sería más conveniente.

Este esquema de financiamiento directo requeriría tener un alcance muy extenso; por lo que debería ser cubierto enteramente por el Estado. Se podría utilizar una adaptación o actualización del esquema tipo Projoven. Este sistema permitiría propuestas enviadas por instituciones de capacitación certificadas y microempresas que no se encuentren en el régimen general de Impuesto a la Renta (IR). Estas propuestas deben ser coherentes con las necesidades de este tipo de

empresas; y deberían estar dirigidas no sólo a trabajadores actualmente empleados; sino también a personas que no cuenten con un trabajo para facilitar su reinserción al mercado laboral. Estas empresas deberían pagar un costo mínimo que asegure la relevancia y la calidad del entrenamiento; pero no tan alto como para desincentivar su participación. Para fomentar la participación, se debería realizar una promoción de los beneficios de la capacitación otorgada a las microempresas. La implementación podría empezar con un cierto segmento de microempresas (dispuestas a invertir en capacitación) orientada a trabajadores medianamente vulnerables (por ejemplo, con educación secundaria incompleta).