Dossier LeyAborto

8/11/2019 Dossier LeyAborto

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Las legislaciones restrictivas

no disminuyen los abortos

Dossier nm. 2


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Agenda Pblica Dossier nm . 2

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ndice

Pg 4. Presentacin

Agenda Pblica

Pg 6. GRFICO: De qu hablamos cuando decimos consenso en

torno al aborto?

Mriam Martnez-Bascun

Pg 8. Nosotras decidimos

Trinidad Noguera

Pg 11. La mujer, sujeto de derechos?

Argelia Queralt y Silvia Fernndez

Pg 14. Ley del aborto: Una ley que produce violencia de gnero


Pg 17. Hoy hablamos de la supresin del plazo

Mara Casado

Pg 20. El ahora y el despus en la regulacin del aborto

Argelia Queralt

Pg 23. Cul es el perfil de las mujeres que abortan?

Teresa Castro

Pg 25. El anteproyecto de la ley del aborto frente a los estndares

europeos

Lydia Vicente

Pg 28. Las legislaciones restrictivas no evitan los abortos

Argelia Queralt


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Las legislaciones restrictivas no disminuyen los abortos

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Pg 30. Las tasas de aborto son ms elevadas en los pases con leyes

restrictivas

Teresa Castro

Pg 32. El Ministro que instrumentaliz a las mujeres



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Presentacin

A la espera del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la ley de

plazos del 2010, muchas son las cuestiones que quedan abiertas sobre lo que haocurrido y puede ocurrir en relacin a algo tan complejo y delicado como la libertad

reproductiva de las mujeres. La regresin sufrida en relacin a las cuestiones que

competen a la igualdad de gnero durante la legislatura presidida por Mariano Rajoy,

ha tenido en el proyecto de ley que el ya ex Ministro Ruz-Gallardn quera impulsar,

uno de sus ms preocupantes exponentes.

Todo lo sucedido en torno al proyecto regresivo de Ruz-Gallardn merece de entrada

una reflexin: que las conquistas en materia de derechos no son definitivas, y que en

muchas ocasiones pueden ponerse al servicio de intereses que con frecuencia son

difciles de calibrar. Y puesto que esa libertad reproductiva sigue hoy amenazada,Agenda Pblica quiere volver a sacar a colacin algunas de las cuestiones principales

que se han ido esgrimiendo en los ltimos meses a raz de este tema.

La presentacin de este dossier recoge la inestimable aportacin de algunas expertas

que han tratado de explicar con rigor, y desde una visin tambin pedaggica si se

quiere, por qu Gallardn estaba jugando con aspectos que atravesaban

profundamente la vida de las mujeres, su salud, y sus derechos ms bsicos.

Desde estas aportaciones, nuestras colaboradoras han mostrado evidencia emprica de

algo que conviene siempre recordar: que las legislaciones ms restrictivas nodisminuyen las tasas de abortos. La correlacin es ms bien la inversa: cuanto ms

punitivas son las regulaciones, mayores tasas de aborto nos encontramos. Para Teresa

Castro es importante llamar atencin sobre algo de vital importancia; desde un

enfoque interseccional, la investigadora nos muestra la conexin del aborto con la

cuestin social, pues en realidad, regular el aborto como derecho incide en el principio

de igualdad social. Esto quiere decir que al amparo de una legislacin adecuada sobre

el mismo, las mujeres con menos recursos tendrn las mismas oportunidades para

ejercer ese derecho que las ms pudientes. Este hecho decisivo, si lo que se persigue

con cualquier legislacin es ahondar en el principio de igualdad recogido en nuestro

marco constitucional.

Desde Agenda Pblica hemos ido haciendo un seguimiento detallado de cmo se iba

diseando la articulacin de esa ley. Los anlisis arrojaban luz sobre la situacin de

dependencia en la que quedaban relegadas las mujeres como consecuencia de esa

articulacin. Con esta propuesta se estaba produciendo un retroceso claro en

derechos y en la capacidad de agencia de las mismas que era necesario evidenciar, y

as lo argumenta Mara Casado en sus anlisis. Por eso, y al hilo de ese argumento, la

experta Trinidad Noguera afirmaba que cualquier legislacin que regulara el aborto

deba dejar un margen dentro del cual la mujer, como ciudadana de pleno derecho

directamente afectada, eligiera autnomamente si quiere o no tener hijos y cundo. Y
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en ese sentido, era la ley de plazos vigente en Espaa desde 2010 la que mejor se

ajustaba a tal posicin, siendo sta a su vez la ms acorde con la mayora de las

legislaciones de nuestro entorno europeo, tal y como muestra la profesora Silvia

Fernndez, y tambin la experta Lydia Vicente Mrquez. Frente a ella, y as lo sealaVicente Mrquez, las legislaciones europeas ms restrictivas con el aborto como son la

de Irlanda y la de Polonia, indicaban el camino hacia el cual nos dirigamos con el

anteproyecto de ley orgnica que Gallardn pretenda sacar adelante.

Por todos estos motivos, no slo nos alejbamos del marco legal europeo, y del

reconocimiento a las mujeres de su capacidad de agencia en relacin a su libertad

reproductiva, sino que con ese anteproyecto de ley, ahondbamos en el fenmeno de

violencia estructural producida contra las mujeres. Si la violencia contra las mujeres se

produce cuando a stas se les niega la libertad, el respeto y la capacidad de decisin, la

nueva ley del aborto, antes que paliar los mecanismos de violencia estructural degnero que operan en nuestra sociedad, los agravaba y los profundizaba.

Con todo lo sucedido hemos aprendido que todava son muchas las cuestiones que

ataen especialmente a las mujeres que se prestan a la manipulacin e

instrumentalizacin partidista. Y que el gran avance en la concienciacin de las

mujeres contrasta con la mentalidad de muchos de nuestros polticos y con el diseo

institucional que intentan imponer. An queda un largo camino para que muchos de

estos polticos entiendan que el gnero es una dimensin clave de la vida personal de

hombres y mujeres, de las relaciones sociales en general, y especialmente, de la

cultura. Es en la arena de una desigualdad estructural de gnero de raz, desde dondedeben emerger las principales cuestiones sobre la justicia, la libertad y la dignidad para

todos los seres humanos. Los trabajos recogidos en este dossier intentan avanzar en

esa direccin.

Mriam MartnezBascun

Profesora de Ciencia Poltica de la UAM y miembro del Consejo Asesor Editorial de

Agenda Pblica

Argelia Queralt

Profesora de Derecho Constitucional de la UB y Directora Editorial de Agenda Pblica


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GRFICO:De qu hablamos cuando decimos consenso en

torno al aborto?Por Mriam Martnez-Bascun

Ya en 1983 ms de la mitad de la poblacin espaola pensaba que el aborto debaestar despenalizado en todos los casos. Pero ntese que la pregunta se formula entorno al hecho de despenalizar lo que hasta entonces haba sido entendido comodelito y no como derecho. Todava en ese tiempo primaba la mirada penal sobre laforma de comprender el aborto. Todava en ese tiempo la produccin del discurso enrelacin al aborto no tena que ver con la libertad reproductiva de las mujeres, ni a

favor de la propia eleccin.

Poco antes de aprobarse la Ley de Supuestos de 1985, ms del 74% de la poblacinpensaba que el aborto deba estar despenalizado en todo caso si el embarazo suponaun riesgo para la salud fsica o mental de la madre. Haba consenso en sealar que erapreciso poner por delante la proteccin de la vida de la mujer en tanto que principalsujeto poltico responsable al que iba dirigido esta ley.

El avance social impulsado en buena medida por el activismo feminista y la necesidadde equiparar el marco legal al contexto europeo, hicieron cambiar progresivamente ellenguaje y el tipo de preguntas que se haca en torno a estos temas. Fjense que en

2012 ya no se habla de despenalizar determinados supuestos, sino de la posibilidad deelegir voluntariamente la interrupcin de un embarazo. Ese activismo feminista haba
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conseguido recuperar el pensamiento sobre la vida a travs de la defensa de unapostura centrada en la libertad reproductiva. La defensa en torno a la vida no sebasaba en una individuacin biolgica, sino en las condiciones sociales que hacan

posible la idoneidad de la vida. Eso implicaba dialogar con otras leyes, como la ley dedependencia o la ley contra la violencia de gnero. La base del pensamiento sobre lavida se haca sobre el principio de igualdad, y pona a la mujer en el eje central de suarticulacin. De alguna manera, se culminaba con un proceso de concienciacin socialque entenda que las mujeres eran mayores de edad para elegir responsablementesobre sus vidas, y que haba que desarrollar las condiciones institucionales necesariaspara el desarrollo y ejercicio de sus capacidades individuales. Ntese tambin que el75% de la poblacin espaola pensaba que efectivamente, las mujeres embarazadasdeban tener ese derecho a decidir.

Con una amplia mayora como la del 75% sorprende que el gobierno del PP pensara

que el aborto deba entrar otra vez en la agenda poltica, pues en 2013, aunque no poruna mayora aplastante, s era cierto que la ley de plazos contaba con un respaldomayor que la opcin de regularlo mediante una ley de supuestos. Concretamente, un46% frente a un 41% respectivamente. Quiere esto decir que no haba consenso? Esmuy probable que la respuesta haya que buscarla ms en el tipo de pregunta que sehace a la gente que en el resultado que arrojan las propias respuestas. Ntese quepara las preguntas seleccionadas en 2013, la mujer deja de ser el eje central de lasmismas. Y en su lugar se interroga sobre si hay preferencia por una ley de plazos frentea una ley de supuestos. El interrogante que divide en torno a la preferencia por una leyu otra viene adscrita sin duda a una predileccin partidaria que polariza ms. La

pregunta por la ley de plazos se vincula con el Gobierno de Zapatero, mientras que noexiste esta adscripcin ideolgica y partidaria tan clara con la ley de supuestos del 85.El propio PP pretenda volver a ella (pasndola por un bao ultraconservador, eso s).

Probablemente sea esto lo que explique ese salto tan llamativo de una cifra queasciende al 75% de la poblacin que entiende que la mujer debe tener derecho adecidir libremente si quiere seguir o no con su embarazo, a slo un 46% que piensaque el aborto debe ser legal segn un sistema de plazos. La libertad reproductiva y lapropia eleccin de la mujer quedan desplazados del eje central de la preguntas y esentonces cuando comienzan a cobrar protagonismo en este tema otra clase deintereses que poco tendrn que ver con las mujeres y sus vidas. Sin embargo, y es

necesario insistir, cuando lo que se pregunta tiene que ver con ese derecho de lamujer a decidir, el porcentaje de consenso en torno al s es nada ms y nada menosque del 75% de la poblacin. Esta comprensin sobre el aborto como derecho se hanaturalizado ya en la inmensa mayora de la sociedad espaola.

Eso merece una reflexin profunda, especialmente para los polticos. No se puede ir encontra de algo que ya se ha adquirido, que ya es aceptado socialmente y valoradocomo progreso. Por ello, importante en relacin a esto que algunos polticos tomenconciencia de que afortunadamente estamos ya en el siglo XXI.


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Nosotras decidimos

Por Trinidad Noguera

La ropa de hombre no suele abrocharse por la espalda. La de mujer, s. Alguna vez seha preguntado por qu? La articulacin del codo de las mujeres funciona slo hacia

delante, igual que la de los hombres, y las contorsiones necesarias para abrir y cerraruna larga fila de pequeos botones o subir y bajar una cremallera posterior son tandifciles para ellas como para ellos. As pues, la explicacin de esta disparidad deconfeccin tan poco prctica no est en la naturaleza ni en la anatoma, sino en lasociedad y en la cultura.

Tal vez sea un detalle nimio, pero es una nimiedad simblica, y con smbolosconstruimos nuestra concepcin de la realidad. Los botones en la espalda nos dicenque aunque hoy las mujeres adultas se visten solas, lo cmodo, lo ideal, sera quealguien una madre, una amiga, una doncella, un marido- las asistiese en esa tareacotidiana. En cambio, la ropa masculina indica que los hombres adultos se vistensiempre solos. Estos smbolos revelan que en nuestra sociedad los hombres sonconsiderados autnomos por principio; las mujeres, depende. Si para ellos laautonoma es un hecho incuestionable, para ellas es una carrera de obstculos,sembrada unas veces de simples engorros y otras de autnticas murallas que lesimpiden vivir en libertad e igualdad.

En ese marco de autonoma o dependencia se inscribe el debate sobre la interrupcinvoluntaria del embarazo. Este tema evidencia con claridad meridiana que, comorezaba el eslogan feminista, lo personal es poltico. Nada hay ms personal que elcuerpo y ms ntimo que la sexualidad; pocos acontecimientos marcan tanto la vida

como tener un hijo, o no tenerlo. Por obvias razones biolgicas, esto es especialmentecierto para las mujeres. Los trminos en que se regulan las decisiones sobre esta
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cuestin personal quin, cmo, cundo, dnde- son un asunto poltico, porqueobligan a escoger entre distintas visiones del mundo.

Desde una visin laica vinculada a los valores ilustrados, el Estado debe ser neutralrespecto a las opciones religiosas y morales de sus ciudadanos. As, en un tematicamente controvertido como el aborto, ni obliga a ser madre ni a interrumpir elembarazo: deja un margen dentro del cual la mujer, como ciudadana de pleno derechodirectamente afectada, elige autnomamente si quiere o no tener hijos y cundo. Sereconoce pues el derecho a decidir sobre la maternidad, se pondera con el carcter debien jurdico del nasciturus y se refuerza la salud sexual y reproductiva con el fin deprevenir embarazos no deseados y reducir el nmero de abortos (un desenlace que,no nos engaemos, es siempre traumtico). Esta es la posicin que refleja la ley deplazos vigente en Espaa desde 2010, semejante a las que rigen en la mayor parte depases de nuestro entorno.

Los trminos en que se regulan las decisiones sobre esta

cuestin personal quin, cmo, cundo, dnde- son un

asunto poltico, porque obligan a escoger entre distintas

visiones del mundo

Existen por otra parte las visiones polticas confesionales, donde la separacin entre elEstado y un determinado culto tiende a difuminarse, al menos en los temas con

implicaciones ticas. Aparece la tentacin de convertir al Estado en agente secular delculto en cuestin e imponer la norma moral de ste al conjunto de la poblacin,confundiendo incluso las categoras de pecado y delito. Este proceder limita laautonoma de todos los ciudadanos en lo que respecta a las preferencias religiosas.Pero para las mujeres la restriccin va ms all, si prospera un cierto relato sobre lavida humana en el que la interrupcin voluntaria del embarazo es homicida siempre yen todo caso, y la maternidad aparece como verdadero horizonte natural es decir,socialmente vlido- de realizacin femenina. En coherencia con tal relato, estasvisiones polticas confesionales aspiran a prohibir la interrupcin voluntaria delembarazo, convirtindola en hecho punible, o como mnimo a limitarla severamente.

No obstante, en contextos complejos por ejemplo, una transicin hacia lamodernidad democrtica- la correlacin de fuerzas sociales y polticas puede dar lugara que, aun sin reconocerse el derecho a decidir, se acepten algunos supuestos dedespenalizacin del aborto. Este fue el tipo de contexto en el cual se aprob la primeraley espaola de interrupcin voluntaria del embarazo, en 1985.

Han pasado casi treinta aos desde entonces, la sociedad espaola ha madurado y seha modernizado. Sin embargo, parece que la reforma de la regulacin del abortoanunciada por el Ministro de Justicia la seleccin de este Ministerio comoresponsable del tema es ya toda una declaracin de principios- no se conformar con

retroceder hasta 1985, sino que dar el salto hacia una apuesta netamenteconfesional, que nos acercar ms a Irn que a Alemania.


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Sustraer a las mujeres la capacidad de decidir sobre su maternidad, poniendo esadecisin en manos de otrosea mdico, juez, sacerdote o ministro- es cercenar suautonoma ante una circunstancia que condicionar el resto de sus das. Slo se puedehablar de libertad e igualdad para las mujeres si se les reconoce el control sobre sucuerpo y su vida, dos cosas que a veces es preciso repetir lo obvio- son suyas y slo

suyas. De lo contrario se las convierte en una especie de ciudadanas de segunda,adultas slo a veces, autnomas a medias. Con voz y voto para elegir a quienesgobiernan el futuro de todos, pero sin ellos a la hora de escoger el suyo propio. Estacontradiccin es insoportable en una sociedad avanzada. La igualdad y la libertad noson opcionales en democracia, y sin derecho a decidir sobre su maternidad, lasmujeres ni son libres ni son iguales.

Negar a las mujeres la capacidad de elegir en este campo no es crearles un engorro

adicional, otra blusa con botones en la espalda. Es infinitamente ms grave. Es

imponer una camisa de fuerzanunca mejor dicho- al 50% de la ciudadana espaola, y

reconstruir una muralla que ya haba cado. Seor Ministro, no se obstine en eldogmatismo y la hipocresa. En esto, nosotras decidimos.


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La mujer, sujeto de derechos?Por Silvia Fernndez y Argelia Queralt

Desde hace ya unos meses el Ministro Gallardn viene anunciando lams queprobable modificacin de la actual ley del aborto (LO 2/2010 de salud sexual y

reproductiva y de la interrupcin del embarazo). Tal y como se plantean lascambiantes propuestas, la futura reforma muestra, una vez ms, la ofensiva denuestro gobierno contra los derechos ms elementales de la mujeres. La actualregulacin del aborto se plantea como un sistema mixto de plazos y de indicaciones acorde con la mayora de las regulaciones de nuestro entorno europeo-despenalizando la interrupcin voluntaria del embarazo dentro las primeras catorcesemanas de gestacin, as como la produccin del aborto por causas mdicas siempreque no se superen las veintids semanas. Ambas posibilidades quedan sometidas, encualquier caso, a la concurrencia de determinados requisitos de preceptivocumplimiento, lo que evidentemente proporciona un control legal y mdico de dicha

prctica. Con independencia de la opinin que nos merezca la tcnica legislativautilizada en la redaccin de los preceptos tanto del Cdigo Penal como del reglamentoque lo desarrolla (RD 825/2010) lo cierto es que los supuestos mdicos no son tanpermisivos como pueda parecer. A ttulo de ejemplo poner de manifiesto que no se haprevisto expresamente el supuesto de que corra peligro la salud (fsica o psquica) de laembarazada pero se hayan superados las veintids semanas de gestacin. En estoscasos la produccin del aborto en aras de la salud de la madre sera un supuesto, apriori, de aborto delictivo.

La tan anunciada modificacin de la LOIVE trae causa de la ms que evidente influenciade la Iglesia Catlica en nuestro pas, y ms concretamente en las personas que formanel gobierno actual. Tal influencia resulta discriminatoria en cualquier caso, pues siendo
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absolutamente respetable la eleccin y el ejercicio de dicha confesin derechofundamental- supone un agravio comparativo con respecto a aquellas personas, quede manera igualmente legtima, optan por otros modos o formas de pensamiento.Dicho de otro modo: la despenalizacin del aborto no obliga a realizar dicha practica,simplemente permite la opcin de llevarla a cabo en el caso de que se cumplan los

requisitos legalmente establecidos. Lo que no pueden negar los detractores del abortoes que tras sus argumentos subyace una cuestin moral que no solo tiene que ver conel reconocimiento del derecho a la vida, sino con un trasfondo de censura conrespecto al mismo acto de la procreacin.

Abundando en el reconocimiento de los derechos no podemos olvidar que siendoreconocibles los del nasciturus ello no puede cercenar los derechos de eleccin dealguien que es plenamente sujeto de derechos y obligaciones: LA MUJEREMBARAZADA. A este respecto debe aadirse que el nasciturus goza de proteccinconstitucional por lo que de potencial vida, esto es, persona tiene. En cambio, la mujer

embarazada es titular de derechos fundamentales, tales como vida, intimidad,integridad fsica y moral, y, tambin, claro est la libertad para el libre desarrollo de supersonalidad. As las cosas, Puede el Estado interferir en decisiones tanpersonalsimas como la de ser madre? Con qu legitimidad obligamos a una mujer aser madre de un beb con malformaciones? Ser madre debe ser, en cualquier caso, underecho y no una obligacin. De lo contrario colocamos a la mujer en un alieni iuris enla que son otros los que deciden sobre su destino acudiendo a argumentos cuantomenos supralegales como el valor sagrado de la vida en formacin. Estos sectorestodava no han entendido que defender el aborto es luchar por reconocer un derecho,esto es, una capacidad de eleccin y no la de crear una obligacin. Las personas que

defendemos la posibilidad de que una mujer pueda abortar partimos de que lasmujeres debemos tener la capacidad de elegir qu hacer con nuestra vida lo queincluye, indudablemente, decidir sobre si tener un hijo o no. No se olvide que aquellossectores que imponen el nacimiento de un hijo curiosamente lo imponen a la madre,no al padre.

La situacin actual nos resulta del todo bochornosa y

ninguneadora de los derechos de la mujer

Ante la intimidatoria reforma de Gallardn los responsables de los partidos de laizquierda espaola han anunciado, como no poda ser de otra forma, que impugnarnante el Tribunal Constitucional la nueva norma que sea aprobada tras el rodillo de lamayora absoluta del PP. Esta ser, nos tememos, una nueva oportunidad perdida paraque nuestros representantes, los de todos y todas, ejerzan su mandato representativocon la ciudadana, y no ese mandato imperativo constitucionalmente prohibido quemarca la disciplina de voto dentro de cada partido.

En cualquier caso, la situacin actual nos resulta del todo bochornosa y ninguneadora,si se nos permite, de los derechos de las mujer: a da de hoy la LOIVE est todava a laespera de ser analizada por el Tribunal Constitucional, con la previsin de que sea

rebajada en sus expectativas ante la entrada en la prxima renovacin de cuatroMagistrados "conservadores", por cierto, todos hombres. Lo de la paridad en la justicia


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parece que tambintendr que esperar.Peso a ello, el Ministro sigue amenazando conuna normativa todava ms restrictiva en la que se coloca a la mujer en una situacinde dependencia respecto de terceras personas como decamos ms arriba. As pues, lo

que est sobre la mesa una vez ms es la consideracin de la mujer como sujeto dederechos con plena capacidad.

Por otra parte no podemos olvidar que la realidad social se impone ante el Derecho. Esindudable que las prcticas abortivas se seguirn realizando con independencia de supenalizacin lo que puede provocar un indeseable mbito de clandestinidad. Si asfuera retrocederamos ms de treinta aos en la realidad social espaola, en la quenicamente aquellas personas pudientes podan permitirse un aborto en ptimascondiciones sanitarias. La desigualdad social basada en criterios econmicos es,desgraciadamente, uno de los problemas ms acuciantes de nuestra sociedad yprovoca situaciones realmente dramticas, debemos aadir a las muchas mujeresque soportan la precariedad el riesgo vital?

Sera este un campo de pruebas ms para las polticas de desigualdad que estegobierno lleva aplicando desde que est en el poder. Una desigualdad que, adems, seha visto agravada en relacin con la situacin de las mujeres en el mbito laboral comoesplndidamente mostraba Nuria Pumaren este mismo espacio hace unos meses;conla vuelta a la esfera esencialmente domstica y, por tanto, irrelevante para lo pblico,de las tareas de cuidados de las personas dependientes que en su gran mayora llevana cabo las mujeres y que describaen este artculo Berta Baquer; con el progresivoenmascaramiento del fenmeno de la violencia de gnero que pretende ser de nuevo

reconducido a los crmenes pasionales, de nuevo, propios del mbito privado,domstico, ese que queda escondido de la luz pblica.

En conclusin, no aprovechen nuestra diferencia para tratarnos de forma injustamente

desigual.
http://www.eldiario.es/sociedad/Desigualdades-justicia-ley_de_igualdad-tribunal_constitucional_0_124938364.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/imposible-reforma-laboral-trabajadora-hijos_6_66203386.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/crisis-Cuidado_6_78102196.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/crisis-Cuidado_6_78102196.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/imposible-reforma-laboral-trabajadora-hijos_6_66203386.htmlhttp://www.eldiario.es/sociedad/Desigualdades-justicia-ley_de_igualdad-tribunal_constitucional_0_124938364.html


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Ley del aborto: Una ley que produce violencia de gneroPor Mriam Martnez-Bascun

Mucho ha hablado nuestro Ministro de Justicia sobre la violencia estructural queafecta a las mujeres. Baste recordar que esa violencia estructural era, en palabras deGallardn, la que obligaba a las mujeres en muchoscasos a abortar.En las lneas quesiguen pretendo darle la vuelta a su argumento y demostrar que la ley del aborto quequiere aprobar produce ms violencia de gnero. Lejos de paliar los mecanismos deviolencia estructural de gnero que operan en nuestra sociedad, la nueva ley delaborto los profundiza y los agrava. Por tanto, la ley de Gallardn, produce violencia degnero.

Preguntmonos primero qu es la violencia de gnero. Responder a esta cuestin nosobliga a ir a la Ley Orgnica 1/2004 de Medidas de Proteccin Integral contra laViolencia de Gnero, en cuya exposicin de Motivos se sostiene que la violencia degnero es una violencia producida contra las mujeres cuando a stas se les niega lalibertad, el respeto y la capacidad de agencia, esto es, la capacidad de decisin. Esa

violencia es la manifestacin ms brutal contra la igualdad, contra la creacin de laigualdad social a travs del reconocimiento de la dignidad, la integridad y el respeto detodos sus miembros.

El primer paso de los politlogos cuando se enfrentan al anlisis de polticas pblicases el de preguntarse a qu valores sirve esa ley. Cul es el objetivo normativo quepersigue esa ley, esto es, qu pretende mejorar, transformar o remediar. En esesentido, la ley integral contra la violencia de gnero iba ligada a una idea de justiciaque tena como finalidad la creacin de igualdad. Una de esas dimensiones de laigualdad era la distribucin igualitaria de dignidad, respeto y capacidad de agencia,

esto es, reconocer la capacidad de las mujeres de decidir por s mismas sobre susvidas, de elegir unas vidas significativas para s mismas.
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Ley-aborto-produce-violencia-genero_0_270523278.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Ley-aborto-produce-violencia-genero_0_270523278.htmlhttp://www.eldiario.es/autores/mariam_martinez-bascunan/http://www.eldiario.es/autores/mariam_martinez-bascunan/http://www.eldiario.es/autores/mariam_martinez-bascunan/http://politica.elpais.com/politica/2012/03/07/actualidad/1331109997_755805.htmlhttp://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdfhttp://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_130-01.PDFhttp://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_130-01.PDFhttp://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdfhttp://politica.elpais.com/politica/2012/03/07/actualidad/1331109997_755805.htmlhttp://www.eldiario.es/autores/mariam_martinez-bascunan/http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Ley-aborto-produce-violencia-genero_0_270523278.html


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El reconocimiento de la dignidad de las personas, de su libertad y su capacidad deagencia o de decisin ha sido un elemento esencial del concepto de justicia sostenidopor los grandes pensadores. La idea de respeto, por ejemplo, tom en el propioKant la

funcin de mximo principio de toda moral porque contena el ncleo imperativocategrico de tratar a todas las personas como fines en s mismas. Esto quera decirque ninguna persona poda instrumentalizarse para conseguir un fin. Que la vida de laspersonas era un valor en s mismo, no un instrumento para dotar de valor a otras vidaso cosas. La ley del aborto instrumentaliza a la mujer y por tanto vulnera ese principio,pero por qu?

Con la nueva ley, el valor de la vida de la madre es menor

que el propio feto

El anteproyecto de ley orgnica se refiere a la proteccin de la vida del concebido yde los derechos de lamujer embarazada.Ntese que en el propio ttulo se pone pordelante la proteccin de la vida del concebido, y despus se garantizan los derechos dela mujer en tanto que embarazada. Con la nueva ley, el valor de la vida de la madre esmenor que el propio feto, la hace ms precaria porque la arranca del fundamentoltimo de toda vida; contar como sujeto, vivir una vida que tenga sentido para unamisma. Ntese adems que hay un discurso sobre la maternidad que omite lasubjetividad de la propia mujer porque sta slo es protegida en tanto queembarazada. El embarazo deja de pertenecerle a ella y ella pasa a convertirse en uncontenedor donde se desarrollar el feto. La mujer deja de ser sujeto para devenir enun objeto que habr que amparar en tanto que recipiente del feto que se protege enprimer trmino. La mujer slo interesa en tanto que cuerpo para contener un feto. Lasituacin previa en la que ella debe decidir si quiere seguir adelante o no con elembarazo no merece protegerse. No es un derecho. Su autonoma y su capacidad deagencia para decidir no se garantizan. Esa fundamentacin moral de que los individuosslo pueden adquirir conciencia de su libertad cuando hacen uso de su autonoma sevulnera. Esa negacin de la autonoma es una de las formas ms bsicas de humillacindel sujeto, porque priva a las mujeres de su autonoma fsica en su relacin consigomismas y por tanto, destruye una parte de su confianza bsica con el mundo que esnecesaria para desarrollar laautoconfianza y el autorrespeto.

Antes que reconocer a la mujer como sujeto con capacidad de agencia, la nueva ley delaborto la instrumentaliza en tanto que objeto para fecundar una vida. Esa cosificacinde su cuerpo, de su persona, viola el estado ms bsico de su seguridad emocional yfsica para la exteriorizacin de sus necesidades, de sus sentimientos propios, de lafacultad que permite a las personas buscar el sentido ltimo de sus vidas, algo queest estrechamente relacionado con su dignidad y que constituye la premisa bsicapara todas las formas deautoestima.

La privacin de un derecho a decidir que la mujer tiene supone un acto de humillacin

en la medida en que no se le concede la imputabilidad moral de una persona jurdicade pleno valor. Es una forma de menosprecio que vulnera el principio bsico de
http://books.google.es/books?id=j8Nj-Vl1wj4C&dq=Fundamentaci%C3%B3n+de+la+metaf%C3%ADsica+de+las+costumbres&hl=es&sa=X&ei=MDOYU4-yIuKQ0QXBkIG4Dw&ved=0CCoQ6AEwAAhttp://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201312/21/sociedad/20131221csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdfhttp://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201312/21/sociedad/20131221csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdfhttp://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201312/21/sociedad/20131221csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdfhttp://books.google.es/books?id=Vl-3MQEACAAJ&dq=Las+mujeres+y+el+desarrollo+humano+Nussbaum&hl=es&sa=X&ei=1TaYU-a0GKTt0gWxzYHYAg&ved=0CCwQ6AEwAghttp://books.google.es/books?id=VgdFeCSlJcoC&printsec=frontcover&dq=Axel+Honneth&hl=es&sa=X&ei=YTGYU6ezJqi40QW4moDoBA&ved=0CCoQ6AEwAghttp://books.google.es/books?id=VgdFeCSlJcoC&printsec=frontcover&dq=Axel+Honneth&hl=es&sa=X&ei=YTGYU6ezJqi40QW4moDoBA&ved=0CCoQ6AEwAghttp://books.google.es/books?id=Vl-3MQEACAAJ&dq=Las+mujeres+y+el+desarrollo+humano+Nussbaum&hl=es&sa=X&ei=1TaYU-a0GKTt0gWxzYHYAg&ved=0CCwQ6AEwAghttp://www.cadenaser.com/csermedia/cadenaser/media/201312/21/sociedad/20131221csrcsrsoc_1_Pes_PDF.pdfhttp://books.google.es/books?id=j8Nj-Vl1wj4C&dq=Fundamentaci%C3%B3n+de+la+metaf%C3%ADsica+de+las+costumbres&hl=es&sa=X&ei=MDOYU4-yIuKQ0QXBkIG4Dw&ved=0CCoQ6AEwAA


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igualdad de nuestras sociedades desde el momento en que deja de considerarse titularde los mismos derechos que el resto de miembros de la sociedad. Hablamos de lasestructuras generales de una vida satisfactoria que reconocen a las personas comoseres autnomos, iguales y a la vez singulares. Individualizarlas y reconocer el valor desus vidas es sacarlas de una categora que las define primero como madres sin

preguntarles si ellas lo quieren ser. Esta humillacin y degradacin sistemtica ejercidasobre la mujer por el hecho de serlo, seor Ministro, se llama violencia.


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razones de por qu lo hace, lo que no significa que no tenga causas, sino slo que notiene que hacerlas pblicas, ya que son parte de su derecho a la intimidad.

Esto implica que se trata a la mujer como a una persona realmente capaz de tomar susdecisiones sin intromisin, que se la considera realmente autnoma y no como una

incapaz necesitada de consejos y asesoramientos obligatorios a golpe de ley; ella ya losbuscar si los necesita y sabr por qu lo hace. Es decir, se la respeta, de verdad y enserio, como una ciudadana: una persona adulta capaz.

Decir que esta propuesta normativa es para proteger la

vida resultara risible

Las indicaciones (tres o cuatro supuestos despenalizados, segn las legislaciones)pueden dar amparo a los mismos casos, segn se interpreten y fijen; es decir, pueden

permitir igual nmero de abortos en la prctica. La diferencia fundamental reside enque no es la mujer quien tiene en su mano la decisin, sino que necesita muletas:informes mdicos sobre su salud o la del feto, informes policiales en la violacin y, enlos casos que se acepta la indicacin socioeconmica, informes de servicios sociales.

Es evidente que cada una de las opciones tiene detrs un modelo distinto de entenderla capacidad de las mujeres; las mismas mujeres que, por cierto, dirigen partidos ygobiernan pases, gestionan empresas, educan hijos y cuidan padres, sin que para estose cuestione su capacidad para decidir.

Decir que esta propuesta normativa, de restriccin de derechos de las mujeres, es

para proteger la vida resultara risible si no fuera porque tiene consecuencias tanduras. Sabido es que la prohibicin del aborto no lo evita, sino que slo lo haceclandestino. Sabido es que el Estado puede manifestar su apuesta por la vida sinnecesidad de ejemplificar a costa de la vida y la salud de las mujeres es decir, ms dela mitad de su ciudadana, sino mediante polticas de verdadero apoyo a la vida de losya nacidos y las familias mismas. Sabido es que la nica manera efectiva de disminuirel nmero de abortos es evitar embarazos indeseados, y esto slo se consigue con unabuena educacin sexual y reproductiva y un acceso real a los anticonceptivos.

As pues, resulta que estamos ante un anteproyecto que pretende introducir cambios

de un enorme contenido simblico, que implican un retroceso en la valoracin de lamujer y su lugar en la sociedad espaola.

Adems, planea en la propuesta un tufo de cambalache: dispuestos a ceder y rebajar,pedir lo ms, y as contentar a los sectores ms retrgrados del partido y del pas,tener una cortina de humo para tapar ms restricciones de derechos sociales con esteruido meditico y hasta la oposicin entretenida haciendo de esto su caballo debatalla

Todos sabemos que la ley no quedar as: se irn haciendo aparentes concesiones paravolver a donde estbamos antes de la ley de 2010. Los obispos, contentos; las clnicas

privadasque cubrirn cobrando los abortos que no se harn en la sanidad pblica,contentas; los autodenominados provida, contentos y un amargo regusto de saber


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que, una vez ms, se usa a la mujer como moneda de cambio. Pero de qu nosquejamos? Si ya sabamos el remedio: csate y se sumisa.


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Cul es el perfil de las mujeres que abortan?Por Teresa Castro

En 2012, ltimo ao con datos oficiales, interrumpieron su embarazo en Espaa 12 decada 1.000 mujeres de 15 a 44 aos. Una tasa similar al promedio de EuropaOccidental pero muy inferior al de otras regiones del mundo, como Amrica Latina (32abortos por 1000 mujeres), donde el acceso al aborto est restringido legalmente en lamayora de pases. Al contrario de lo que pronosticaban los sectores opuestos a laactual ley de plazos (vigente desde Julio de 2010), no solo no se ha producido unaumento de las tasas de aborto, sino que stas han experimentado un ligero descensoen 2012.

Las estadsticas publicadas anualmente por el Ministerio de Sanidad muestran que lasinterrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se dan en todos los grupos sociales. El

perfil de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2012 es heterogneo conrespecto a su nivel educativo (39% tenan educacin postobligatoria), su situacinlaboral (50% tenan empleo), su nacionalidad (62% tenan nacionalidad espaola), susituacin conyugal (49% convivan en pareja) y su biografa reproductiva (55% tenanhijo/s). Sin embargo, a la hora de analizar la incidencia relativa de IVE, es convenientecomparar el perfil socio-demogrfico de las mujeres que interrumpieron su embarazocon el del conjunto de mujeres en edad reproductiva, para detectar en qu segmentossociales la incidencia de IVE es superior a lo que cabra esperar por su peso en lapoblacin (segn el Censo de 2011). Por ejemplo, aunque casi la mitad de las mujeresque interrumpieron su embarazo conviva en pareja, son las mujeres que viven solas

las que presentan una mayor probabilidad de interrumpir su embarazo. Como muestrael grfico, la incidencia relativa de IVE es ms elevada entre las mujeres con menor
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/GRAFICO_0_277872327.htmlhttp://www.eldiario.es/autores/teresa_castro/http://www.eldiario.es/autores/teresa_castro/http://www.eldiario.es/autores/teresa_castro/http://www.eldiario.es/autores/teresa_castro/http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/GRAFICO_0_277872327.html


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nivel educativo, las mujeres inmigrantes, las que viven solas y aquellas sin hijos. Encaso de aprobarse la nueva ley, este perfil probablemente cambiar, ya que tanto lasmujeres que viajen al extranjero como las que recurran al aborto farmacolgico sinsupervisin mdica desaparecern de las estadsticas.

Lo que ms llama la atencin en el grfico es que un tercio de las mujeres queinterrumpi su embarazo declar no utilizar anticonceptivos. Como es bien sabido, lanica manera efectiva de disminuir el nmero de abortos es prevenir los embarazos nodeseados. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley no incluye ninguna estrategia desalud sexual y reproductiva. Ni siquiera se menciona.


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El anteproyecto de la ley del aborto frente a los estndares

europeos

Por Lydia Vicente Mrquez

Las legislaciones restrictivas en materia de aborto no garantizan ni un menor nmerode abortos y, a la vez, restringen en exceso los derechos de las mujeres, como haafirmado el Comit de asuntos sociales, salud y familia de la Asamblea Parlamentariadel Consejo de Europa.

Tanto es as que 4 de las sentencias ms relevantes que ha dictado el Tribunal Europeode Derechos Humanos (Estrasburgo) en relacin con el aborto han sido, precisamente,contra los dos Estados que actualmente cuentan con las legislaciones ms restrictivasen esta materia: Irlanda y Polonia. A sus legislaciones es hacia donde tiendeelAnteproyecto de Ley Orgnica de proteccin de la vida del concebido y derechos dela mujer embarazada. Por ello, lo que hasta ahora ha dicho el TEDH es de absolutarelevancia ya que es el estndar europeo respecto del que debe responder el Estadoespaol.

As, pese a no haber llegado a reconocer el derecho al aborto como tal, el TribunalEuropeo afirma que cuando los Estados permiten, sea en el grado que sea, el acceso alaborto tienen la obligacin de crear un marco jurdico y poner en marcha un proceso omecanismo que permita a las mujeres ejercer de forma efectiva y real su derecho deacceso a un aborto legal. Segn el TEDH, si bien los Estados gozan de un margen deapreciacin sobre las circunstancias bajo las cuales est permitido abortar, el marco

jurdico establecido para ello debe estar configurado o estructurado de una maneracoherente que permita ponderar adecuadamente los diferentes intereses legtimos en

juego de conformidad con las obligaciones derivadas de la Convencin. El TEDH haconcluido que las disposiciones legales aplicables deben ante todo definir claramentela situacin de la mujer embarazada respecto a la Ley. (...) Una vez que el legislador ha

decidido autorizar el aborto, no debe concebir el marco jurdico correspondiente de
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/anteproyecto-aborto-frente-estandares-europeos_0_259324624.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/anteproyecto-aborto-frente-estandares-europeos_0_259324624.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/anteproyecto-aborto-frente-estandares-europeos_0_259324624.htmlhttp://www.eldiario.es/autores/lydia_vicente_marquez/http://www.eldiario.es/autores/lydia_vicente_marquez/http://www.eldiario.es/autores/lydia_vicente_marquez/http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11867&lang=ENhttp://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11867&lang=ENhttp://www.eldiario.es/agendapublica/proyecto-europeo/Salt-Parot-tribunal-derechos-humanos_0_188281678.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/proyecto-europeo/Salt-Parot-tribunal-derechos-humanos_0_188281678.htmlhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288774452773/Detalle.htmlhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288774452773/Detalle.htmlhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288774452773/Detalle.htmlhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288774452773/Detalle.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/proyecto-europeo/Salt-Parot-tribunal-derechos-humanos_0_188281678.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/proyecto-europeo/Salt-Parot-tribunal-derechos-humanos_0_188281678.htmlhttp://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11867&lang=ENhttp://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11867&lang=ENhttp://www.eldiario.es/autores/lydia_vicente_marquez/http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/anteproyecto-aborto-frente-estandares-europeos_0_259324624.htmlhttp://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/anteproyecto-aborto-frente-estandares-europeos_0_259324624.html


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manera que limite en la realidad la posibilidad de obtener el acceso a tal intervencin(asuntoTysic contra Polonia).

En esta lnea, los criterios de medir o determinar el riesgo o peligro para la vida y saludde la mujer tienen que ser claros y precisos. Los trminos vagos y amplios pueden

generar incertidumbre en cuanto a su aplicacin precisa. La claridad de la norma y delproceso es esencial, no slo para facilitar a la mujer la toma de una decisin informadasino tambin para que los mdicos sepan como deben proceder.

Igualmente, el acceso a la interrupcin voluntaria del embarazo, por restringido quesea, debe estar desprovisto de obstculos para la mujer que decida abortar. As, elacceso debe ser efectivo y, por tanto, debe garantizarse un aborto seguro, asequible,aceptable y apropiado. Por ello, son incompatibles con las obligaciones internacionaleslas legislaciones nacionales que, en la prctica, obstaculizan a las mujeres abortar porla falta de centros de salud locales, la falta de mdicos que quieran realizar abortos, el

nmero de consultas mdicas exigidas, el tiempo previsto para cambiar de opinin o eltiempo de espera para la realizacin del aborto, ya que todo ello dificulta o inclusoimpide en la prctica el acceso seguro, aceptable y apropiado al aborto. Este estndarde actuacin es tan relevante que el TEDH conden a Polonia por tratos inhumanos ydegradantes por dificultar hasta el extremo la posibilidad de abortar de una joven (R.R.yP. y S. contra Polonia).

En el contexto relativo al aborto, el proceso debera

garantizar el derecho de la mujer a ser escuchada as como

a que se tomen en consideracin sus opiniones

Un aspecto crucial a cuyo respecto el Anteproyecto de Ley es del todo silente es qusucede en caso de opiniones divergentes entre los mdicos, o en el caso en que lamujer discrepe con las opiniones de stos? La jurisprudencia del TEDH en elasuntoTysicestablece con claridad cules son los estndares relativos a la revisin dedecisiones divergentes. En trminos generales, el TEDH ha reiterado que las medidasque afecten derechos humanos fundamentales estn sujetas a algn tipo de procesoante un rgano independiente competente para revisar las razones y las pruebasrelevantes. En el contexto relativo al aborto, tal proceso debera garantizar, al menos,el derecho de la mujer a ser escuchada as como a que se tomen en consideracin susopiniones. La ausencia de tales procesos en la legislacin domstica puede equivaler auna falta de cumplimiento del Estado con sus obligaciones positivas bajo el ConvenioEuropeo de Derechos Humanos.

En cuanto al tema de la objecin de conciencia, segn el TEDH, los Estados estnobligados a organizar su sistema de salud de tal manera que se garantice que elejercicio efectivo de la libertad de conciencia por los profesionales sanitarios no impidaa los pacientes obtener acceso a los servicios a los que tienen derecho segn lalegislacin vigente. Por tanto, el derecho de objecin de conciencia debe conciliarsecon los intereses del paciente y los Estados tienen la obligacin de garantizar que las

mujeres obtienen los servicios de aborto a pesar de la objecin por parte deprofesionales de salud (asuntosR.R. yP. y S.)
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Una comparativa del anteproyecto con este contexto normativo de referencia nospermiten ver la vaguedad con la que est redactado el Anteproyecto de Ley dereforma del aborto en relacin con los supuestos en los que se considera que la madre

est en riesgo y, por tanto, no casan con la claridad y precisin exigida por el TEDH.Asimismo, los 7 das de perodo de reflexin de la mujer embarazada podran serincompatibles con la obligacin de no obstaculizar el acceso de ninguna forma. Comose ha visto, tampoco prev el Anteproyecto un mecanismo rpido y adecuado pararesolver el conflicto entre los informes mdicos que tenga, adems, en cuenta laopinin de la mujer. En la misma lnea, la objecin de conciencia reconocida en elAnteproyecto, no debe, en ningn caso, suponer un obstculo para el acceso a lainterrupcin del embarazo.

En definitiva, cualquier obstculo o barrera que en la prctica impida un acceso real alaborto legal supone incumplir las obligaciones del Estado de conformidad con lostratados internacionales de derechos humanos ratificados por Espaa.Adems, en lamedida que tales obstculos tengan un impacto desproporcionado en mujerespertenecientes a los grupos y socialmente ms desfavorecidos y marginados tambinsupondr una clara discriminacin que est prohibida por las normas internacionales.Como se observa, si se aprueba el Anteproyecto, pasaremos de tener una legislacinrespetuosa con los derechos de la mujer, clara, utilizada como modelo por el propioTEDH (asuntoA, B y C c. Irlanda), a una legislacin colocada entre las tres msrestrictivas de nuestro entorno, con problemas de salida de compatibilidad con losestndares europeos en materia de derechos humanos.

Nota: Por todas estas razonesseis organizaciones de derechos humanos (Alianza por laSolidaridad; el Centro de Derechos Reproductivos; EuroNGOs; la Federacin dePlanificacin Familiar Estatal; Human Rights Watch y Rights International Spain) hemoscalificado el proyecto legislativo como una grave amenaza para la salud y los derechossexuales y reproductivos de las mujeres y hemos instado al Ministro de Justicia aretirarlo.
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/4632e82a7912b7dd3333e9c6ca4cf3c2c0ec0a03.pdfhttp://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/4632e82a7912b7dd3333e9c6ca4cf3c2c0ec0a03.pdfhttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102332http://rightsinternationalspain.org/uploads/prensa/50501e3285bcc050ae769a9a9d095076d55a11b6.pdfhttp://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/6ea55993821ff59ff6e48a3ebd7badbc943dedcb.pdfhttp://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/6ea55993821ff59ff6e48a3ebd7badbc943dedcb.pdfhttp://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/6ea55993821ff59ff6e48a3ebd7badbc943dedcb.pdfhttp://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/6ea55993821ff59ff6e48a3ebd7badbc943dedcb.pdfhttp://rightsinternationalspain.org/uploads/prensa/50501e3285bcc050ae769a9a9d095076d55a11b6.pdfhttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102332http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/4632e82a7912b7dd3333e9c6ca4cf3c2c0ec0a03.pdfhttp://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/4632e82a7912b7dd3333e9c6ca4cf3c2c0ec0a03.pdf


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3) En Europa en algunos pases el aborto es legal, seguro, libre y accesible, mientrasque en otro se obliga a las mujeres a abortar en clandestinidad y en condiciones queponen en riesgo su salud incluso su vida.

4) Es generalizado el perodo de reflexin en Europa occidental y, por lo general, seexige el consentimiento de los padres para el aborto de las menores.

5) Los pases con legislaciones ms restrictivas tienen unos ndices de mortalidadmaternal ms elevados debido a los abortos inseguros, realizados en clandestinidad yen condiciones poco salubres.

6) Las legislaciones ms restrictivas provocan que las mujeres salgan a abortar a otrospases, generando el llamado turismo del aborto, con los problemas para la salud dela mujer que esto puede provocar, y la desigualdad que se genera entre mujeres

pudientes y no pudientes.

7) Las legislaciones ms restrictivas que no permiten el acceso al aborto seguroconviven con abortos ilegales practicados en clnicas privadas, por ejemplo en Polonia,donde son tolerados por la iglesia y el Estado.

8) Las legislaciones ms restrictivas que no permiten el acceso al aborto seguroincrementan la ratio de mortalidad de las mujeres embarazadas.

9) Las restricciones en el acceso al aborto seguro no disminuyen el nmero de abortos,pero s las posibilidades y derechos de las mujeres.

10) Las legislaciones ms restrictivas que no permiten legalmente o en la prctica elacceso al aborto seguro no hacen disminuir los nmeros de abortos.

Como pona de manifiesto la citada Resolucin y los textos internacionales en lamateria, el aborto no debe utilizarse como una poltica de planificacin familiar y,evidentemente, hay que evitar los abortos no deseados y los embarazos no deseados.Como conclua la propia Resolucin, una de las vas para evitar los embarazos y losabortos no deseados pasa por promover una educacin sexual y reproductivaobligatoria, incorporada en el currculo escolar, y con una perspectiva de gnero.

Parece que el proyecto finalmente incorporar un nuevo supuesto: el de gravesmalformaciones del feto. Pues bien, ante ello,ms datos:los abortos por este motivorondan el 3% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se producen enEspaa, mientras que en el 91% se produce, en el plazo previsto por la ley, a peticinde la mujer.

As pues, vamos a una ley muy restrictiva que no acoge la primera causa de

interrupcin voluntaria del embarazo, la libre decisin de la mujer, y que, como

demuestra la experiencia europea, no servir para reducir los abortos.
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Las tasas de aborto son ms elevadas en los pases con leyes

ms restrictivasPor Teresa Castro

En contra de lo que todava mucha gente cree, las tasas de aborto son ms elevadas enaquellos pases donde lasleyes son ms restrictivas y punitivas. Las tasas de aborto sonde 29 por mil mujeres en edad reproductiva en frica y 32 por mil en Amrica Latina,regiones en donde el aborto est severamente restringido en casi todos los pases. Encambio, la tasa de aborto es de 12 por mil en Europa Occidental, donde existe unamplio acceso tanto al aborto como a la anticoncepcin. Penalizar el aborto no evita suprctica, pero s provoca un aumento de ingresos hospitalarios por complicaciones y

de muertes derivadas de procedimientos clandestinos e inseguros. En Amrica Latina,por ejemplo, el 95% de los abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras, congraves consecuencias para la salud de la mujer en trminos de morbilidad ymortalidad.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por investigadoresdelInstituto Guttmacher y la Organizacin Mundial de la Salud, publicado enTheLancet. A nivel mundial, el porcentaje de abortos realizados en condiciones deinseguridad sanitaria y jurdica ha aumentado de 44% en 1995 a 49% en 2008aunquesolo suponen el 6% en el mundo desarrollado. LaOMS estima que las complicaciones

derivadas de abortos en condiciones inseguras causan 47.000 muertes anuales yrepresentan un 13% del total de muertes maternas en el mundo.
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En el caso de Espaa, un estudio publicado en laEuropean Journal of Public Health,que analiz los registros de abortos de mujeres espaolas en Inglaterra y Holandadesde 1974 y en Espaa desde 1986 concluy que la despenalizacin del aborto de

1985 no tuvo un efecto observable en la evolucin de la tasa de aborto, pero s en lareduccin de desigualdades sociales en el acceso al mismo. La ley de plazos de 2010 safect a la evolucin de la tasa de aborto, pero en el sentido contrario al augurado porlos sectores ms conservadores, ya que sta experiment un ligero descenso. En casode entrar en vigor la nueva ley, el pronstico es bastante preocupante: el nmero deabortos no se reducir (desaparecern de las estadsticas espaolas, pero emergernen las estadsticas de otros pases europeos), aumentarn los riesgos para la salud delas mujeres derivados de procedimientos sin control mdico, y aumentar ladesigualdad social respecto a la libre eleccin de la maternidad.
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El Ministro que instrumentaliz a las mujeresPor Mriam Martnez-Bascun

Al comienzo de esta legislatura nos preguntbamos cmo era posible que el hombreque haba defendido el matrimonio gay fuera el mismo que pretenda satisfacer a laConferencia Episcopal con la reforma del aborto. En la rueda de prensa que dio elpasado martes,el Ministro se escudaba en el mandato del gobierno para esgrimir elargumento de que la ley del aborto en realidad haba sido un proyecto del gobierno, yno del Ministerio de Justicia. Ese tono quejumbroso mostraba el lamento de unatraicin, probablemente la de la jugada maquiavlica de Rajoy que al guardar esta leyen el cajn, ha permitido finalmente quitarse de en medio a su delfn. Convienerecordar que hubo un tiempo en el que Gallardn era quien le haca sombra desde elsector ms centrista del partido. Conviene recordar tambin que supuestamenteGallardn era un liberal; ms an, un poltico atractivo entre los votantes de laizquierda y del centro. Es muy probable que por todo esto haya ido traicionando laexpectativa de lo que para mucha gente significaba su figura dentro del PartidoPopular.

Pero todo cuanto ha ocurrido en torno a l y a su gran contrarreforma debe analizarsecon cautela para extraer algunas conclusiones en clave poltica. Aunque es

fundamental dejar claro que todas estas conclusiones nos deben ayudar a detectar eltrasfondo que han marcado las maniobras del Ministro. Ese trasfondo, no lo olviden,ha sido el de la instrumentalizacin de las mujeres. En ningn momento al SeorMinistro le ha temblado el pulso al ir diseando una ley que era a todas luceshumillante para las mujeres, porque con su contrarreforma, Gallardn impuso unamirada penalista sobre el aborto que nada tena que ver con la vida, con el valor de lavida, con la proteccin del derecho de las mujeres a vivir vidas que fueran significativaspara ellas y elegidas por ellas mismas.

El Ministro instrumentaliz a las mujeres para garantizarse los votos del ala extrema

del mercado electoral de su partido, de la misma manera que el gobierno las ha vueltoa instrumentalizar ahora para conservar los votos del sector ms centrista de ese
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mercado electoral. As lo aconsejaban los estudios sociolgicos de Pedro Arriola alapuntar que al parecer, muchos de los votantes del PP se estabansintiendoincmodos con el tema.De esto cabe concluir que tanto en un momento como en

otro, las conminaciones de los consejeros y expertos electorales del PP han sido lasque realmente han obligado a dedicarse a lo que importaba: la conquista de los votos.Habr pocas leyes que atraviesen de forma tan profunda el proyecto de vida de lasmujeres, y sin embargo lo que estaba en juego no eran las vidas que ellas queran vivir,ni el derecho a decidir sobre las mismas. Ni siquiera la supuesta proteccin delnasciturus. Sin lugar a dudas con este espectculo, parte del mundo poltico se ha vistoreducido a una suerte de circo entregado a clculos electoralistas carente de todaconviccin, proyectando una visin cnica del mundo poltico sin precedentes.

Pero adems con el Ministro Gallardn hemos asistido a dos hechos inauditos hastaahora en nuestra vida poltica. En primer lugar, un personalismo llevado hasta susltimas consecuencias, pues la retirada de una ley ha supuesto el retiro automtico dequien la defendi. De quien la defendi adems con una forma de comunicacinpoltica completamente novedosa, pues tambin conviene recordar que con Gallardnnos enfrentbamos a un adversario armado conun lenguaje progresista.El titular deJusticia hablaba de los derechos de las mujeres mientras las instrumentalizaba, y deluchar contra la violencia estructural de gnero al mismo tiempo que emprenda surevolucin conservadora. Ahora sabemos que bajo esta circulacin retrica en realidadsubyaca la lgica calculadora de alguien que iba ofreciendo un servicio ideolgico acambio de una posicin de poder.

En segundo lugar, Gallardn ha inaugurado una nueva forma de hacer poltica a partirde un cdigo de activacin y desactivacin del tiempo poltico para entrar en laagenda, sin dejar nunca de estar ah. En realidad haba una produccin de discurso queno problematizaba la violencia estructural ejercida contra las mujeres, ni la luchacontra desigualdad de gnero con un alcance social transformador. No exista unamirada interseccional que dialogara con los mltiples problemas a los que las mujeresse enfrentan cuando tienen que decidir si siguen adelante o no con un embarazo. Porel contrario, haba momentos. Momentos en los que se hablaba mucho de un Ministroque se enarbolaba como el guardin de las mujeres, y momentos en los queestratgicamente el Ministro se replegaba. Sin embargo, ese cdigo de activacin y

desactivacin de la agenda ayudaba a mantener la tensin social y la atencinmeditica. Profundizaba en su afn personalista, intercalando Consejos de Ministros,comits de expertos, manifestaciones y declaraciones parlamentarias. Nosencontrbamos ante la lucha por un capital simblico que se serva de una poltica dela presencia meditica permanente para procurar la cotizacin al alza de susaspiraciones polticas personales.

Sin embargo, el Ministro que instrumentaliz a las mujeres acab siendo vctima deotra instrumentalizacin basada en un clculo electoral distinto al que l estabahaciendo. Es importante no engaarse en relacin a esto; Gallardn no ha dimitido, lo

han echado. Por esto mismo, no debemos perder de vista todo lo que queda tras su
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ausencia. Por lo pronto,el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contrala ley de plazos del 2010. Mucho nos conviene no bajar la guardia.
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