ISSN 0123-2894 Circulacin nacional

560JUNIO 2016

Edicin

55 aosACORE

PATRIA - UNIN - PROGRESO

55 aosACORE

EDITORIAL

Conversatorio sobre mecanismos de refrendacin frente a los acuerdos pactados con las Farc

En La Habana se est sustituyendo la Constitucin: Carlos Holmes Trujillo

Por: Redaccin peridico ACORE.La sustitucin de la Constitucin va comunicado de prensa desde La Habana es el ms reciente desatino de la mesa de dilogos entre el Gobierno y las Farc.As lo dio a entender Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial por el Centro Democrtico, durante el conversatorio Posibles mecanismos de refrendacin frente a los acuerdos pactados con las Farc, el cual se realiz recientemente en la sede nacional de ACORE.Esta polmica tesis fue secundada por el abogado scar Ortiz, uno de los gestores de la llamada sptima papeleta que propici la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, quien fue uno de los conferencistas invitados al trigsimo noveno conversato-rio que realiza la Asociacin. Pasa pgina. 9

Contundente respuesta a la Corte Constitucional

No! de ACORE a blindar Acuerdo General con el DIH Continuamos por el

camino correctoUn no! rotundo a la posibilidad de blindar a la luz de derecho internacional humanitario los acuerdos a que lleguen en La Habana el Gobierno y las Farc, respondi la presidencia nacional de ACORE a una peticin formulada por la Corte Constitucional.En la misiva, tambin se preguntaba a la Asociacin acerca de su posicin frente a la competencia de la Corte Constitucional sobre acuerdos de paz, funcio-nes del Congreso de la Repblica respecto a estos mismos acuerdos y los mecanismos de participacin ciudadana para su refrendacin. Pasa pgina. 18

Por: Coronel (RA) Manuel Jos Santos PicoUno de los grandes problemas irresueltos, segn Francisco de Roux en su columna de El Tiempo del 5 de mayo pasado, es que las bacrim desbordan la delincuencia organizada y se expresan como paramilitarismo, apoyado en fracturas marginales del Estado, capaz de parar

territorios y matar a defensores de derechos humanos y de la tierra. Esta afirmacin no es ms que el planteamiento equivocado de un problema de seguridad nacional, que se repite por algunos colombianos con intereses no muy claros, al sindicar a miembros del Estado como fracturas marginales, expresin imprecisa que da para todo, incluso para matar a defensores de derechos humanos. Pasa pgina. 6

ACORE presente en nuevos escenarios internacionales en defen-sa de nuestra legitimidad y dignidad institucional.

Excelente oportunidad para denunciar la guerra poltica, ju-rdica y meditica de que son vctimas nuestras instituciones militares y policiales.En nuestra condicin de nuevos agentes consultores de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), haremos presen-cia en importantes escenarios de carcter internacional, junto con distintas organizaciones pertenecientes a 35 pases de nuestro continente.Para esta participacin, la Asociacin ha recibido invitacin formal del Consejo Permanente de este organismo, para asistir al Cuadragsimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebrara en Santo Domingo, Repblica Dominicana, del 12 al 15 de junio del pre-sente ao. Pasa pgina. 3

El futuro del paramilitarismo en Colombia

24 de junio Hotel Crowm TequendamaSaln esmeralda piso 112 m

DIA DEL PADRECELEBRACIN ALMUERZO ACORE

2 junio de 2016

Saba ustedEl undcimo principio de la guerraEl undcimo principio de la guerra es la opinin pblica. Cuando estaba en su furor la guerra de Vietnam se entroni-z en este puesto, destronando el principio que se haba funda-mentado en la II Guerra Mundial, es decir el podero areo. Los diez principios iniciales son: masa, maniobra, unidad de mando, secreto, sorpresa, se-guridad, sencillez, economa de fuerzas, objetivo y ofensiva. Cada principio es un tratado pero vamos dilucidar el moder-

no, la opinin pblica, dentro del marco de las negociaciones de La Habana. Indudablemente nuestro presi-dente Juan Manuel Santos tiene la opinin pblica en contra a sus dilogos de paz en La Habana. No se est en contra de la paz, sino que como columnista de opinin estamos analizando esta negociacin dentro del marco de los principios de la guerra. Por ejemplo, la ne-gociacin de paz en Pars

para poner fin al conflicto de Vietnam fue desastrosa para los Estados Unidos; ganaron todas las batallas en el campo de com-bate pero perdieron la guerra en la mesa de negociaciones de la capital francesa; Henry Kissinger se gan el Nobel de la Paz mientras los integran-tes de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur (70 mil, entre suboficiales, oficiales y solda-dos profesionales) sufrieron una muerte lenta porque los obligaron a punta de bayoneta a construir un canal en una zona cenagosa y todos murieron en

los temibles campos de concen-tracin o en la crcel.De todas maneras, la negociacin se firm a pesar de la oposicin de los militares estadouniden-ses porque tena el gobierno la opinin pblica en contra de la guerra y exiga una firma de paz sin importar que fuera vergon-zosa. La retirada del guila se denomin a ese abandono de su aliado Vietnam del Sur. En esa guerra y las subsiguien-tes, el principio de la guerra de la superioridad area fue

derribado: la fuerza area Estadounidense bombardeaba la ruta Ho Chi Min, principal flujo logstico para la guerra en Indo China, y por la noche la reconstrua el Vietcong, conti-nuando el flujo de pertrechos. La contra ofensiva del Tet que inicio con una victoria inicial del Vietcong, que termin en una derrota aplastante con la repuesta Norteamericana, la volvieron un logro poltico a travs de la propaganda; por ejemplo, cuando recuperaron la segunda ciudad de Vietnam, quedo herido el Comandante de un Batalln de Infantes de Marina y pas lo que se llam el grito que se oy en toda Norteamrica, porque lo saca-ron herido y los noticieros di-fundieron la noticia. Por eso el gobierno est hacien-do una propaganda a favor de los dilogos de La Habana, pero el problema principal es la desconfianza; que nos pase como en Vietnam que una mi-nora muy activa y combativa se impuso en el pas llevando a campos de concentracin mons-truosos a sus ponentes los del Vietnam del Sur y no entreg a todo los pilotos estadouniden-ses prisioneros.

30 de junio al 2 de julio

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Cano cristalesCano cristalesSegunda fecha: 04 al 07 julio

3Edicin 560

NOTA: Los artculos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de ex-clusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrn ser editados.La reproduccin total o parcial de los artculos publicados en esta edicin pueden ser utilizados con la referencia del peridico ACORE.

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Editor General: CO Jose Obdulio Espejo Muoz.

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Editorial

Continuamos por el camino correctoACORE presente en nuevos escenarios internacionales en defensa de nuestra legitimidad y dignidad institucional.

Excelente oportunidad para denunciar la guerra poltica, jurdica y meditica de que son vctimas nuestras instituciones militares y policiales.

En nuestra condicin de nuevos agen-tes consultores de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), haremos presencia en importantes escenarios de carcter internacional, junto con dis-tintas organizaciones pertenecientes a 35 pases de nuestro continente.Para esta participacin, la Asociacin ha recibido invitacin formal del Consejo Permanente de este organismo, para asistir al Cuadragsimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebrara en Santo Domingo, Repblica Dominicana, del 12 al 15 de junio del presente ao.Este importante compromiso ser la oportunidad para abrir nuevos espacios de intercambio y cooperacin entre dife-rentes organizaciones de la sociedad civil y los estados miembros que conforman este organismo de carcter regional.

Para este propsito, se ha venido prepa-rando una agenda consultada con las 18 asociaciones del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las FF.MM. y la Polica Nacional pertenecientes a la Mesa de Trabajo Permanente, sobre temas de inters institucional y as-pectos relativos a seguridad y defensa nacional.De manera prioritaria y en coordinacin con la Defensora Militar, entidad que igualmente ostenta su condicin de agente consultor, se pretende en esta asamblea discutir priorita-riamente temas relacionados con la se-guridad jurdica de los miembros de la Fuerza Pblica, con el nimo de impul-sar eventuales acuerdos de cooperacin para la defensa de sus derechos en dis-tintas instancias internacionales.Sobre este particular, se dar a conocer la

guerra poltica, jurdica y mediti-ca que estn enfrentando nuestras ins-tituciones castrenses y policiales por causa del conflicto armado que registra el pas desde hace varias dcadas; sea-lando la activa participacin de distintas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras (ONG), en una persistente y sistemtica campaa de intimidacin y desinformacin, en la cual se formulan graves imputaciones sin pruebas ni sustentacin jurdica al-guna, sobre supuestas violaciones a los derechos humanos.Dentro de este tema, habr que explicar lo que se pretende con esta campaa difamatoria, que no es otra cosa que in-tentar demostrar en forma tendenciosa y sin frmula de juicio ante la comuni-dad internacional, la existencia de una supuesta doctrina de seguridad nacio-nal de origen norteamericano, apli-cada particularmente por el estamento militar colombiano, orientada hacia la

persecucin sistemtica de los distintos movimientos socialistas, progresistas y corrientes neocomunistas que actan en nuestro pas. Habr que denunciar tambin la intensa actividad desa-rrollada en este campo por el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) o PC3, que no es otra cosa que el brazo poltico invisible con que cuen-ta la organizacin narcoterrorista Farc para conducir este tipo de acciones en forma clandestina, advirtiendo que esta organizacin, constituye una formidable mquina de guerra poltica para infiltrar las distintas instituciones del Estado (rama ejecutiva, legislativa y judicial) y organizaciones sociales que sean de su inters poltico (gremios, sindicatos, uni-versidades, entre otras).Dentro de esta misma agenda, tambin se han preparado estos otros posibles temas que pudieran ser motivo de dis-cusin o de inters para los partici-pantes: 1. Alternativas procesales para miem-bros de la Fuerza Pblica. a. Fuero y justicia penal militar y policial vigente.b. Justicia transicional y Jurisdiccin Especial para la Paz.c. Justicia ordinaria y su aplicacin ac-tual.d. Tribunales internacionales en busca de garantas procesales por denegacin de justicia.e. Otras alternativas posibles dentro de la legislacin interna del pas. 2. Proceso de negociaciones en La Habana y sus efectos en la estabilidad democrtica del pas (dudas y preocupa-ciones). a. Exceso de concesiones: Se negocia dentro de la Constitucin o por fuera de sus preceptos?b. Desarme y desmovilizacin:- Entrega total y verificable de las armas con que cuentan?- Cese real y efectivo de toda actividad criminal?- Entrega de bienes y recursos asocia-dos con hechos delictivos?- Desmovilizacin o reintegro de sus

organizaciones delictivas como un sim-ple cambio de brazalete o etiqueta?c. Territorios de Paz:- Utilizacin de Zonas de Reserva Campesina con autonoma especial sin mayor control por parte del Estado?- Plena garanta para el respeto a la propiedad privada?- Coincidencia con zonas de influencia donde han desarrollado minera ilegal y narcotrfico para ejercer un control te-rritorial?d. Refrendacin Popular:- Plebiscito, constituyente o acuerdo con caractersticas de tratado interna-cional?- Se omitir esta refrendacin por no considerarse de obligatoriedad jurdica y legal? 3. Situacin actual del proceso de nego-ciaciones con las Farc y el ELN.- Agendas previstas para estos procesos.- Aspiraciones gubernamentales.- Logros alcanzados, salvedades y otros temas por resolver. 4. Fuerzas Militares y Polica Nacional en el posacuerdo o posconflicto.- Hasta qu punto desaparece o dis-minuye la amenaza?- Qu tipo de transformaciones requiere la Fuerza Pblica para cumplir su misin constitucional y enfrentar nuevas ame-nazas en materia de seguridad y defensa nacional?- Qu implicaciones podran surgir de estas eventuales transformaciones?- La tarea prioritaria de seguridad na-cional que ha prevalecido deber ser modificada para garantizar una mayor seguridad ciudadana? 5. Foro de Sao Paulo y sus efectos polti-cos en el pas y en la regin iberoame-ricana.- Conformacin de este organismo y participacin regional.- Estado actual y plan de accin en el escenario internacional. 6. Vctimas de la Fuerza Pblica por cau-sa del conflicto armado.- Reconocimiento de verdad, justicia y reparacin integral.- Garantas y plena proteccin de sus derechos fundamentales. 7. Refrendacin de acuerdos pactados con categora de tratados para buscar un blindaje internacional- Interpretacin del artculo tercero comn a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.- La voluntad popular, los derechos hu-manos, el DIH y su prevalencia sobre cualquier otra norma de carcter supra-nacional.- La Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) y su aval por parte de la Corte Penal Internacional.- Vigencia de la institucionalidad democrtica como valor supremo de nuestro estado de derecho y soberana nacional. Brigadier General (RA) Jaime Ruiz BarreraPresidente Nacional de ACORE

4 junio de 2016

Proceso de paz

Al inicio el proceso de paz se difundi profusamente el men-saje de que las Farc estaban en La Habana porque haban sido llevadas all debido al debilita-miento militar por la accin de las Fuerzas Militares y porque haban sido convencidas por Chvez y los Castro de que la lucha armada ya no era vlida para llegar al poder, como lo de-mostraba el caso de Venezuela y otros pases en que los socialis-tas haban llegado al poder por la va de las armas. Lo contrario decan las Farc: no haban ido all derrotadas o vencidas y menos rendidas. Lo que no sabamos los colombia-nos es que Santos haba acor-dado que los llevara all como plenipotenciarios, los pondra en el mismo nivel del Estado y que cumplira sus peticiones de cualquier ndole. Cmo no iban a aceptar y como no iban a decir tal cosa?Santos repeta a los militares en cuanta ceremonia asista: la paz es la victoria, la victoria es la paz, dando a entender que el

hecho de que las Farc estuvie-ran en La Habana para negociar una salida poltica para alcanzar la paz despus empezaron a decir que era para alcanzar, sim-plemente, el fin de lo que llaman conflicto armado era la conse-cuencia de los resultados del cumplimiento de la misin de las Fuerzas Armadas (Fuerzas Militares y Polica Nacional) que haban acorralado en sus guari-das de la retaguardia estratgi-ca a las Farc, limitndolas a las acciones terroristas y haban obligado a sus mximos cabeci-llas a refugiarse en Venezuela al amparo de Chvez. Recuerdo que el General Mora en reuniones con la Reserva Activa y ante los medios deca que las Farc estaban all por la accin de las Fuerzas Armadas y que todos los conflictos termi-naban en negociaciones polti-cas; esto ltimo, parcialmente cierto.Otros, colocados del lado de las Farc, dicen que el Estado no pudo derrotar a las Farc; piden que nos olvidemos de todo y

que aqu no pas nada y que a esos pobres angelitos los per-donemos y les demos lo que piden, porque se lo merecen. Con los ojos cerrados, no s si voluntariamente o bajo la pre-sin de algo desconocido, dicen, sin drsele nada: El Estado debi buscar la aceptacin de las Farc a su invitacin al recono-cer su incapacidad para derrotar-las mediante la aplicacin de la fuerza armada, as esta haya al-canzado capacidades hasta hace pocos aos impensadas y con-tinuara en su desarrollo. Decir que las Fuerzas Armadas fueron incapaces de derrotar a las Farc es una solemne men-tira para encubrir un proceso de paz, justificar su concepcin y arropar lo que all se acuerde. No disque estn all por la ac-cin de las Fuerzas Armadas y a consecuencia de su debilita-miento? Lo cierto es que falto fue un poco ms de tiempo para reducirlos a su ms mnima ex-presin que las hubiera obliga-do a someterse. Pero no fue as y ahora tenemos que pagar por la funesta paz que nos imponen y

continuar rechazando lo que de all se derive y no le convenga al pas.De otra parte, las Farc llegaron a un punto de inflexin en el que su capacidad de control territo-rial y de atacar con xito a las tropas se hizo mnima; les que-do slo su capacidad de causar dao a las unidades militares y policiales, de delinquir para realizar terrorismo, asesinar, secuestrar, extorsionar y nar-cotraficar.Cuando mejor lo hacan las Fuerzas Armadas en la lucha contra los narcoterroristas y a partir de 1998, con eficiencia y eficacia comprobadas, llega Santos al poder y esa lucha queda cuestionada, porque el Estado abre la puerta de una ne-gociacin, que hasta ahora veni-mos a saber, prometindoles el oro y el moro y entonces los bandidos deciden aceptar. Ellos saban que a partir de ah tenan la iniciativa, que han mantenido en la negociacin, porque sa-ben que para el Estado cons-tituyen algo ms que simples delincuentes, como lo son. Interpretaron que el Estado les otorgo el estatus de enemigo, de actor poltico y parte en la negociacin. Exactamente lo que queran, un grupo armado marxista con objetivos polticos y capacidad militar cuyo ene-migo es el Estado y con el que el Estado se ve obligado a ne-gociar porque no puede acabar militarmente con ellos segn la teora de algunos pocos mili-tares, carente de toda validez y evidencia, que solapadamente se esconden bajo esa falda o porque no est seguro de que-rer hacerlo, que fue el camino que escogi Santos.Cuando estaba por terminar estas reflexiones escritas, llego a mis manos un artculo de Hctor Abad Faciolince, titulado No ganar la guerra, no perder la paz, que me pareci importante para traer sus principales ideas, de por si cuestionables, para complementar mi escrito.Afirma el importante articulis-ta: La premisa mayor es que al final de los ocho aos de Uribe, en agosto del 2010, la guerra es-taba a punto de ganarse. Pero llego Santos y tal como lo expre-sa Hctor Abad, les propuso ta-blas, empate, para se sentaran a negociar, que de entrada repre-senta entrar ganando y para el Estado ceder lo ganado, que no lo hace sino alguien para quien los narcoterroristas estn por encima de los colombianos y sus instituciones, que merecen su apoyo. Pero el problema no es que se sentaran a negociar, est en que fuera para favorecer a las Farc, sin lmites a la nego-ciacin y que se negociara como si fueran unos vencedores, colo-cando de entrada el Estado en el mismo nivel y como incapaz de derrotarlos. Las tablas, el em-

Primera entrega

De hroes a villanosPor: Mayor General (RA) Carlos Orlando Quiroga Ferreira.

pate, en una partida de ajedrez, se dan cuando no puede haber ni vencedores ni vencidos. Y ese no era el caso. Otra cosa es que alguien declare un empate para favorecer a unos de los con-trincantes que est perdiendo y con amplias posibilidades de ser derrotado rpidamente. Es como amarrarle las manos al boxeador que va ganando.Aade Abad Faciolince: Es ver-dad que Santos, en una posicin ventajosa, renuncia a ganar la guerra. Lo que hay que analizar es si esto es cobarde, entreguis-ta, blandengue, como afirman el expresidente y sus aliados, o era en cambio lo razonable, lo que deba hacerse, que es la tesis del actual Gobierno.., Hay que reconocer, como afirma Abad Faciolince, que hay me-nos muertos, menos dolor. Pero tambin es cierto que el sufri-miento tambin es producto de los secuestros, la extorsin, la intimidacin armada, la pre-sin para narcotraficar, la coac-cin a la libertad, que no han cesado, aunadas a la perdida dignidad y menosprecio a las vctimas, que ven como sus vic-timarios ahora son los consen-tidos del Gobierno, camino a la impunidad y como los militares y policas son mostrados como los culpables de 50 aos de agresin a la sociedad.Renunciar a ganar la guerra es ya un principio de paz, enten-dida esta como menos muertos y menos sufrimiento, aade Abad Faciolince. Yo agrego: renunciar a la persecucin de los agresores con tal de que los narcoterristas reciban su castigo ejemplar y se sometan al Estado, sera la contrapre-stacin adecuada, pero no ser as. Al contrario sern premia-dos, mientras los que legitima y legalmente, as algunos hayan cado en la comisin de delitos, impidieron que el Estado cayera en manos de estos bandidos y protegieron a los colombianos militares y policas, al igual que los civiles que se la jugaron por perseguirlos, sern envia-dos al mismo tribunal inven-tado para institucionalizar la impunidad, en inferioridad de condiciones, pues sern trata-dos como delincuentes y crimi-nales organizados, mientras los guerrilleros como delincuentes polticos, sujetos de amnistas e indultos, que necesariamente conduce a perder la paz que se pregona, pero que el mismo gobierno y sus aliados, definen como fin del conflicto.De manera que Santos re-nuncio a ganar la guerra, de-claro empate y adems les concedi, a los que estaban a punto de ser derrotados, militar y polticamente, lo que pedan. Est por verse lo que nos traer, que rogamos no sea tan funesto. Queremos la paz, pero a la medida de los colombianos.

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Proceso de pazLa nueva cantaleta de la beligerancia

Por: Mayor General (RA) Juan Salcedo Lora

La fecha coincide con el da de la victoria, en la Segunda Guerra Mundial, en ese entonces afor-tunado el mundo cambi de la guerra a la paz. Hoy estamos en las mismas, guardadas las debi-das proporciones. En reciente artculo me pronunci sobre la cantaleta de las Farc alrededor del uso sistemtico del temor a la amenaza usualmente ficticia de supuestos grupos paramili-tares amenazantes de la inte-gridad de sus miembros en la guerra o en la paz. Iniciaron esa cantaleta en los primeros tiem-pos del Cagun, la silla vaca, la ausencia de Tirofijo y el desen-canto del presidente Pastrana. Era ridcula y an lo sigue sien-do, en ese da de la silla vaca las Farc en sus alrededores, tenan entre dos mil y tres mil com-batientes, muy bien uniforma-dos y armados hasta los dien-tes. Nadie les crey el cuento y ahora tampoco se les cree. Est presente otra cantaleta. Pero esta viene adornada, ma-quillada, disimulada, casi im-perceptible, se sugiere una cosa, pero se busca otra, bien diferente pero reiterativa en el tiempo. Se cambia el elenco, ya no es Jacobo Arenas u otro idelogo o amigo simpatizante de las Farc, ahora es un actor del principal reparto nacional. El ex fiscal general Eduardo Montealegre pide que los acuer-dos de paz de La Habana sean elevados al rango de tratados. En el despacho del magistrado Jorge Ivn Palacios qued la de-manda presentada en su ltimo da como Fiscal, pidindole "a la Corte Constitucional una sen-tencia interpretativa para que la Corte diga que los acuerdos que

se van a firmar en La Habana son equivalentes a un tratado de paz. Que adems se pueden clasificar especficamente como acuerdos especiales, es decir, acuerdos a los cuales acuden las partes en conflicto con la finali-dad de darle ms proteccin a la poblacin civil". Humberto de la Calle, en Cuba, se estremeci, de estupor o de preocupacin, anot que Es prematuro que la Corte Constitucional se pronun-cie sobre un acuerdo y que la mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por s misma la Constitucin. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromi-so del Gobierno es promoverlas y convocar a los rganos compe-tentes para lograrlo, pero para que est claro, en La Habana no se har una Constitucin en la sombra. Sobraran ms palabras, pero si como todo parece indicar la clta Corte es receptiva de la postura de Montenegro, al admitir la re-visin de la demanda y adems convocaron a audiencia pblica para ventilar el tema. Mayor estupor produjo el hecho que la Corte Constitucional pidiera a las Farc un concepto jurdico para aportar sus luces jurdicas a la honorable corte. Vlgame Dios, si entra a operar la juris-prudencia fariana! Nobleza ob-li-ga, Ivn Mrquez agradeci al magistrado Jorge Ivn Palacio, el gesto y asegur este nuevo togado que elevar al rango de acuerdos especiales los acuer-dos de La Habana constituye la va ms expedita para garanti-zar su seguridad jurdica. Otro miembro de la alta corte de las Farc, Pastor Alape, sentenci que "la paz para que sea estable

y duradera se construye con todas la voces, la bilateralidad juega, coherente decisin de la Corte Constitucional".Pretende el ex Fiscal que la pa-labra acuerdo sea interpretada por la Corte como un tratado internacional o tratado de paz que no solo tenga fuerza vincu-lante para todas las institucio-nes sino que haga que lo que se acuerde en La Habana no pueda ser modificado ni siquiera por una iniciativa popular como un plebiscito o un referendo. Jaime Arrubla, exmagistrado de Corte Suprema, tild de "inco-herente" el pedido, que era un despropsito elevar los acuer-dos a la categora de un tratado internacional, cuando las Farc ni siquiera tienen personera jurdica.Un tratado, segn el diccionario de la lengua espaola, es un acu-erdo que se establece entre dos o ms estados; es un documento donde consta el acuerdo que se establece entre dos o ms nacio-nes. O tambin tratado es todo acuerdo concluido entre dos o ms sujetos del derecho inter-nacional; hablamos del sujeto y no de Estados con el fin de in-cluir a las organizaciones inter-nacionales. La Convencin so-bre el Derecho de los Tratados de Viena, define a los tratados nternacionales en su artculo 2 prrafo 1, as: Se entiende por un tratado un acuerdo inter-nacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya que consiste en un instrumento ni-co o en dos o ms instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacin particular.Los acuerdos celebrados entre un Estado y un particular, sea persona fsica o jurdica, como por ejemplo las Farc, no son tratados sino simples acuerdos que con frecuencia concluyen en nuestros das. Si el ex Fiscal, como bien lo sabemos, que harto sabe de derecho constitucional, y lo bien que conoce las lneas el-ementales de los prrafos an-teriores, pretende con su po-nencia volver los acuerdos de La Habana un tratado entre Estados, debe saber tambin, que por esa va tortuosamente jurdica puede convertir a las Farc en un Estado, con todas las connotaciones y por ende usar la calidad de beligerantes a la que tanto y por tanto tiempo han aspirado. Quedan dos caminos, en nimo a evitar tan desastrosas situa-ciones hipotticas: que la Corte Constitucional se declare in-hibida de pronunciarse sobre

el acuerdo entre el Gobierno y grupos alzados en armas. Ello ser cuando haya acuerdo, mal podra pronunciarse errada-mente de fondo si no existe ese acuerdo, bajo la firme premisa cuando se iniciaban los dilo-gos de Cuba que nada est acordado hasta que todo est acordado. Pero si hubiera fallo favorable a la pretensin de Montealegre, y que ni siquiera la voluntad popular pudiera modificar las nuevas normas de rango con-stitucional, porque segn la po-nencia, el pueblo no tiene com-petencia para dar marcha atrs a lo que se firme en La Habana, la solucin final, como cuando se opta por la del suicidio, sera que no se firmaran los acuerdos de La Habana, lastimosamente. Muchos abogan por ello, aunque el fin del fin de los dilogos est muy cerca. La cantaleta realAdnde conduce todo este enredo, el de cada semana, el de siempre, el que nos tienen acostumbrados desde que se iniciaran los dilogos en Cuba? Al reconocimiento de la belig-erancia de las Farc. Aos atrs, me refer al tema y manifest que Las Farc, algunos periodis-tas, uno que otro miembro del clero y uno que otro politlogo y hasta un presidente vecino, han insinuado que es necesario el reconocimiento del estado de beligerancia para las Farc y cada uno aduce una razn para su respectiva insinuacin. El tristemente clebre cabecilla Briceo o Mono Jojoy dijo que no acataran el derecho interna-cional humanitario hasta tanto no se les reconociese el estado de beligerancia.Reitero lo escrito en 1999, pues hoy cobra palpitante realidad, para la guerrilla que se en-frenta al Estado, la beligerancia es un peldao importante que la acerca a las metas idealizadas de control de una porcin impor-tante de territorio y la posibili-dad igualmente de formar tolda aparte como un Estado indepen-diente si la fuerza insurgente se encuentra empeada en un proceso de dilogo con miras a concertar el cese de hostilidades y la paz, como lo hacen hoy da las Farc, algo est en contrava de unos planteamientos serios. As como se busca la paz por medio de los dilogos y las ne-gociaciones, por la beligerancia se busca la continuacin de las hostilidades en un plano ms el-evado el estado de beligeran-cia es del resorte exclusivo del derecho internacional pblico y no del derecho internacional humanitario.

Hoy, como ese ayer cercano, debe quedar claro que cum-pliendo los postulados del DIH se estara haciendo acopio de los requisitos que exige la beli-gerancia y no lo contrario. No se puede pretender llegar a la aceptacin de las normas del DIH por la va de la beligeran-cia, como lo pretenda el Mono Jojoy. Bajo la suposicin o la aceptacin de que la fuerza in-surgente cumple los requisitos y pide el estado de beligeran-cia, el Gobierno tiene la facultad para aceptar y reconocer o para negar simplemente tal recono-cimiento. Nada le obliga. El reconocimiento puede hac-erlo un tercer Estado, caso en el cual slo genera efectos para el Estado reconocedor y no para el Estado primario contra el cual lucha la fuerza insurgente. Pero ojo juristas de la Corte Constitucional o miembros del Conreso, se precisa que la beli-gerancia es un paso previo a la secesin y que la fuerza beliger-ante como tal reconocida encar-na un proyecto de Estado que necesariamente est poniendo en entredicho la soberana inte-gral del otro Estado. Si a pesar de los conceptos anteriores, al-guien insiste en abogar por la beligerancia estaremos dando pasos muy firmes para la balca-nizacin colombiana.En los tiempos del Cagun, el gobierno advirti que la auto-ridad resida en los alcaldes de cada municipio y ello motiv un interrogante: A los alcaldes quin los ronda? Once frentes de la guerrilla ms el Secretariado, mil quinientos guerrilleros al empezarse el despeje y nada impeda que fueran ms. Quin manda y quin obedece? No es fcil la situacin. Para algunos el asunto se tradujo en entrega de soberana cuando la beligeran-cia se asomaba, supuse que ello era hilar demasiado delgadito. Pero la beligerancia es cosa se-ria. En ello no se puede ceder ni dar pie a que en las circun-stancias de la aproximacin a la paz, se aprovechen de la in-genuidad de los colombianos. Si en marzo de 1999 el presi-dente de Colombia reaccion acertadamente cuando su veci-no Hugo Rafael Chvez lanz al aire la inaceptable sentencia que Venezuela es neutral en el conflicto interno entre el go-bierno colombiano y la guer-rilla", porque la neutralidad de un pas es aceptable ante el enfrentamiento de dos estados, hoy es viable alzar la voz para impedir que lo pretendido por el ex Fiscal prospere, porque conduce a los mismos terrenos farragosos de una soberana cuestionada.

6 junio de 2016El futuro del paramilitarismo en ColombiaPor: Coronel (RA) Manuel Jos Santos Pico

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Uno de los grandes problemas irresueltos, segn Francisco de Roux en su columna de El Tiempo del 5 de mayo pasado, es que las bacrim desbordan la delincuencia organizada y se expresan como paramilita-rismo, apoyado en fracturas marginales del Estado, capaz de parar territorios y matar a de-fensores de derechos humanos y de la tierra. Esta afirmacin no es ms que el planteamiento equivocado de un problema de seguridad nacional, que se re-pite por algunos colombianos con intereses no muy claros, al sindicar a miembros del Estado como fracturas marginales, ex-presin imprecisa que da para todo, incluso para matar a de-fensores de derechos humanos. En el fondo, el problema se identifica con uno de los puntos exigidos por las Farc en la mesa de La Habana, la erradicacin del paramilitarismo, incluido en el Acuerdo General, numeral 7 del punto 3, Fin del conflicto, cuando escriben: En el marco de lo establecido en el punto 5 (Vctimas) de este acuerdo se esclarecer, entre otros, el fen-meno del paramilitarismo. La palabra utilizada esclarecer ha sido cambiada por erradi-cacin.Cul es el problema del para-militarismo? Cmo naci? Dnde? Realmente existe? Estas seran las preguntas bsi-cas para proponer algn camino hacia el futuro en Colombia.El Diccionario Enciclopdico de la lengua espaola dice: para-militar, adj. Dcese de ciertas or-ganizaciones civiles cuya estruc-tura y disciplina son similares a las del ejrcito.. En el Protocolo I, Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Seccin II, Estatuto de Combatiente, Artculo 43, nu-meral 3, dice: Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un orga-nismo paramilitar o un servi-cio armado encargado de velar por el orden pblico, deber notificarlo a las otras Partes en conflicto. En este numeral se acepta que un Estado puede, le-galmente activar un organismo paramilitar legal. En Colombia se utiliz el termino por prime-ra vez, durante el gobierno del general Rojas Pinilla, quien re-organiz la Polica Nacional, cuerpo de naturaleza civil, y le otorg grados militares. A par-tir de entonces en las Fuerzas Militares se calificaba a la Polica Nacional como un organismo paramilitar, en concordancia con la definicin, por cuanto tena

una estructura y disciplina simi-lares a las del ejrcito.En la dcada del ao 30, el Partido Comunista cre las lla-madas ligas campesinas, or-ganizaciones independientes que pretendan colonizar tie-rras baldas, y asentarse como propietarios, enfrentando a los grandes terratenientes califica-dos de latifundistas, situacin que cambi cuando las lucha por el poder entre liberales y con-servadores empez a generar violencia poltica en esta misma dcada, la cual en la dcada del 40, estas ligas se transformaron en autodefensas campesinas, para defenderse de ataques ar-mados producidos por grupos polticos que aprovecharon el momento para disputarles las tierras que los colonos haban explorado y ya eran tierra pro-ductivas. Las autodefensas campesinas se mantuvieron durante el perodo ms crtico de la violencia poltica (1948-1953) y algunos grupos de au-todefensa se transformaron en guerrillas liberales y comuni-stas para enfrentar la violen-cia oficial representado en la polica municipal, manipulada por polticos locales extremis-tas contra liberales, agrandando el clima de violencia que se gen-er despus del asesinato de Jorge Eliecer Gaitn.Para 1964, dada la situacin de la presencia de grupos armados en el territorio nacional donde expresaban la intensin de to-marse el poder por medio de las armas y de una inconformidad manifiesta en las reas urba-nas que promova la accin de masas mediante huelgas y dis-turbios civiles, se materializ el concepto de amenazas a la se-guridad nacional y el gobierno del Presidente Guillermo Len Valencia public el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965, con el cual se organizaba la Defensa Nacional, documen-to que pretenda actualizar la poltica en este sentido, frente a la doctrina universal que los pases democrticos tenan. Para el 21 de mayo de 1965 se haba declarado turbado el or-den pblico y en estado de sitio el territorio nacional, tal como lo expresa uno de los conside-randos del Decreto 3398: Que la accin subversiva que pro-pugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurdico, requiere un esfuerzo coordi-nado de todos los rganos del poder pblico y de las fuerzas vivas de la nacin. Este de-creto fue el primero elaborado en Colombia para organizar la Defensa Nacional; no fue, como

lo afirma el sacerdote Javier Giraldo, en un panfleto titulado Desde los mrgenes, el origen del paramilitarismo, al incluir en una de sus apartes la auto-rizacin legal para El uso de civiles en actividades de resta-blecimiento de la normalidad (artculo 25), y la posibilidad de entregar a civiles armas de uso privativo de las FF.AA (artculo 33, pargrafo 3). Estos artculos que menciona el padre Giraldo fueron introduci-dos no para crear las bases del paramilitarismo sino para crear las Juntas de Autodefensas segn los conceptos expre-sados posteriormente en el Reglamento de Contraguerrillas. EJC-3-10, elaborado por el Comando del Ejrcito y apro-bado por Resolucin No 005 de 1969 por el Comando General de las Fuerzas Militares. En ese entonces, en la doctrina mili-tar se conceba la utilizacin de fuerzas paramilitares como se le denominaba a la Polica Nacional y la Defensa Civil, dos trminos que tenan significa-dos diferentes: autodefensa y paramilitares. En ese ao se concret una idea que dio origen a las Autodefensas Ganaderas, segn relato de Carlos Castao al pe-riodista Aranguren Molina: .a finales de 1982, se dio la primera reunin de ganaderos, agricultores y comerciantes de la regin. Cerca de doscientos cincuenta empresarios se or-ganizaron para defenderse de los atropellos de la guerrilla. Con base en las disposiciones legales de 1965 y 1968, que permita a los ciudadanos por-tar armas con salvoconducto. El espritu de la ley pretenda que los ciudadanos se organizaran y cuidaran sus predios, con co-laboracin de las fuerzas arma-das. Como era algo legal, surgi la primera asociacin de au-todefensa colectiva, Acdegam, Asociacin Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio. La reunin se efectu en Medelln, porque el setenta por ciento de ellos no podan regresar a las fincas.Estas Autodefensas tenan una base legal para su creacin como fue expuesto en una valla publica, que todo el pas recono-ci, instalada a la entrada del unicipio de Puerto Boyac, aos despus, donde se poda leer: Bienvenido a Puerto Boyac, tierra de paz y progreso capital antisubversiva de Colombia.Al margen de esta autodefen-sa se cre un grupo ilegal ese

mismo ao conocido como el MAS (Muerte a secuestrado-res), que fue organizado por el cartel de Medelln para vengar el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de Fabio Ochoa, un famoso narcotrafi-cante de la regin. Esta orga-nizacin tuvo un periodo muy corto de actuacin, ya que al ser liberada la secuestrada, la organizacin desapareci, pero el nombre qued en el imagi-nario de la opinin pblica. A estas dos organizaciones de autodefensa le siguieron otras que se fueron extendiendo por todo el pas en la dcada de los ochenta, con una clara orien-tacin antiguerrillera que lle-garon a crear un ambiente de muerte y destruccin, bajo las siglas de AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y ACCU (Autodefensas Unidas de Crdoba y Urab). La vinculacin del narcotrfico a los primeros grupos de auto-defensa que tenan una clara orientacin de lucha contra la guerrilla en defensa de intereses particulares, vulner su base le-gal en defensa propia, frente a la incapacidad del Estado de pro-teccin ciudadana y terminaron enfrentados a la fuerza pblica al comprometer a sus miembros en la comisin de delitos graves contra la vida y la propiedad, en las regiones donde se desa-rrollaron. Los nombres de los hermanos Ochoa y Castao Gil, Pablo Escobar, Rodrguez Gacha alias El Mexicano, fueron los ms famosos en la dcada de los ochenta y el noventa, llegando a conformar una fuerza de au-todefensas ilegales que retomo el nombre de paramilitares, adoptando el uniforme camu-flado del Ejrcito Nacional, con el apoyo inicial clandestino de ganaderos, esmeralderos y co-merciantes, y ms tarde con el apoyo de polticos, industriales y algunos miembros de la fuer-za pblica. Su control territo-

rial pas del Magdalena Medio, donde nacieron, a Crdoba y Urab, el Meta, Caquet, Guaviare y Putumayo. Se crea-ron escuelas de entrenamiento donde el israelita Yahir Klein demostr sus habilidades en tcnicas y tcticas antiguerri-lleras. Su principal financiacin lleg del narcotrfico con apoyos de empresarios mineros y esmeralderos. Al suspenderse por ley el uso de autodefensas legales, el Ejrcito Nacional activ el sistema del servicio militar para campesi-nos con Decreto nmero 1382 del 13 de mayo de 1983, siste-ma que puso en funcionamiento ese mismo ao, concentrando su utilizacin en zonas donde se crea necesario consolidar terri-torios que estaban siendo con-trolados por la fuerza pblica y el Estado. Este sistema tuvo mucho xito operacional pero ms de tipo sicolgico y social sobre la poblacin campesina, ya que requera de un pie de fuerza adicional de soldados regulares para proporcionar su-ficiente seguridad propia lo que oblig a reforzar la seguridad local de las veredas, sistema que fue utilizado en la dcada de los ochenta y los noventa, cuando fue reglamentado el servicio militar obligatorio por medio del Decreto 2048 de 1993.Rotas las conversaciones con las Farc durante el gobierno an-terior, es elegido presidente de la Repblica Ernesto Samper (1994-1998), gobierno donde las prcticas terroristas de las Farc se intensifican y la activi-dad poltica se centran en la de-fensa de la figura presidencial, acusados de recibir dinero del narcotrfico. El narcotrfico y las autodefensas se haban extendido en el pas, logrando implantar un rgimen de terror y dominio, teniendo como ob-jetivo poltico la lucha contra la

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subversin. De las autodefensa ganaderas creadas en 1982 en Puerto Boyac y el Magdalena Medio, con unos efectivos aproximados de 420 hombres, se pas a las de Crdoba y Urab de los hermanos Castao, las de los arroceros de San Martn en los Llanos, las Autodefensas de Santander apoyadas por com-erciantes y ganaderos, las del guila en Cundinamarca, las de los hermanos Rodrguez en el Valle del Cauca y los Traquetos de Putumayo y Caquet. De una serie dispersa de gru-pos de autodefensa, se pas en 1997 a una organizacin de tipo nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), idea que se gest en 1995 por Carlos Castao. Las AUC son obra ma, y nadie crey en ellas al comien-zo, cuenta Castao. Una fuerza civil armada antiguerrillera, en la cual no participa el Estado, ni los dueos del pas. Aranguren Molina afirma: Se conjug el grupo ms dismil del mundo: militares retirados, ex guerrille-ros, ganaderos, empresarios, co-merciantes, arroceros, cacaote-ros, cafeteros, palmareros, los cultivadores del pas y sectores de los transportadores. En fin la clase media. Las vctimas de la guerrilla se ensamblaron para orientarse en un solo rumbo, y aclamaron como su comandan-te a Carlos Castao. Carecan de lder y lo encontraron, lo cual permiti la creacin de las AUC.

Aqu est representado un gru-po de personas desprotegidas por el Estado. Se inicia un proceso de forta-lecimiento del movimiento de autodefensa organizacin de extrema derecha al integrarse los grupos existentes bajo un solo movimiento nacional de autodefensas, con la aceptacin de una plataforma poltica bajo el liderazgo de Carlos Castao y con un pie de fuerza de 3.400 hombres armados. En esta fase, la expresin autodefensas fue fortalecida al volverse popular que estas eran integradas por paramilitares, civiles que tenan una organizacin de tipo militar, portaban armas largas y vestan uniformes de campaa, mien-tras en el argot de la izquierda, los paramilitares eran militares y policas que apoyaban desde las filas del gobierno las accio-nes de las autodefensas, lo que les daba un estatus de poder en las regiones. Alrededor de esta alianza se cre-aron mitos y mentiras que per-judicaron la imagen del Ejrcito y la Polica. Entre ellos, no fue cierto que para ser ascendido en el Ejrcito se requera el respaldo poltico y econmico de algn jefe paramilitar; es posible que se diera en la clase poltica o en la carrera judicial como lo afirma Duncan Gustavo, pero de all a que un ascenso militar dependiera de un jefe paramilitar es una gran mentira

que solo tiene como finalidad sustentar la tesis de que el para-militarismo se cre y continua impulsado por miembros de las Fuerzas Militares como una doctrina de la institucin.La desmovilizacin de los grupos de autodefensa Este proceso se inicia en diciem-bre de 2002, cuando se toma la decisin de negociar con las au-todefensas y se puede consoli-dar el 15 de julio de 2003 cuan-do se logra la firma del llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el cual las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, de manera gradual que comen-zar con las primeras desmovi-lizaciones antes de terminar el 2003 y que deber culminar a ms tardar el 31 de diciembre de 2005.Los debates en el Congreso du-rante el 2003 no tienen xito y el proceso avanza poco cuestio-nado por las posiciones polti-cas frente a la existencia de esta modalidad que fue sindicada de nexos con el Estado. Tras la muerte de Carlos Castao, asumi el liderazgo Salvatore Mancuso, quien logr firmar un

segundo acuerdo en Santa Fe de Ralito el 13 de mayo de 2004.El proyecto de verdad, justicia y reparacin, liderado por los senadores Rafael Pardo y Gina Parody que contemplaba pe-nas entre 5 y 10 aos, la confe-sin pblica de los delitos y la prdida de beneficios en caso de omisin, la participacin de las vctimas y una reparacin integral y simblica de estas se hundi durante un periodo de crisis y empantanamiento de los dilogos. Despus un nuevo proyecto aparece, presentado por el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, que cont inicialmente con el visto bueno de la comunidad internacional, pero tuvo sus tropiezos cuando se cuestion las relaciones de los paramilita-res con el narcotrfico. Los cam-bios adoptados por el gobierno pretendan construir un proyec-to que se adecuara a los intere-ses de las autodefensas como a las condiciones de los Estados Unidos. Finalmente, a mediados del 2005, el Congreso aprueba un proyecto de Ley de Justicia y Paz sancionado por el presi-dente que produce nuevas des-movilizaciones, pero tambin no desaparecen crticas como la aparecida en el New York Times.

De todas maneras se calculan en 30.000 los desmovilizados de las AUC, conocindose con certeza que no todos los integrantes de esta organizacin adoptaron este camino, sino que algunos continuaron formando bandas criminales o Bacrim vinculados especialmente al narcotrfico, entre las que ms sobresalen estn Las guilas Negras, Los Urabeos, los Paisas, la Oficina de Envigado y el Erpac. Creemos que mientras existan las guerrillas en Colombia habrn autodefensas o para-militares ilegales, segn las definiciones contempladas al principio de este artculo. El Estado no tiene intencin de organizar grupos de autode-fensa o paramilitares legales, dada la experiencia negativa de su utilizacin, Es preferible fortalecer el Ejrcito y la Polica Nacional, empleando soldados campesinos o profesionales. El fenmeno del paramilitarismo es claro para cualquier ciudada-no en los trminos ya descritos, pero nunca lo ser para las Farc en los trminos del Acuerdo General firmado el La Habana el 26 de agosto de 2012; ser siempre un motivo de disculpa y chantaje contra el gobierno y las Fuerzas Militares.

Crecimiento de los efectivos de las AUC, aproximados. Datos de inteligencia.1982 1986 1990 1994 1998 2000 2001 2002420 hombres 1.020 2.100 2.450 3.650 8.150 10.520 12.175Grfica 1

Elecciones presidenciales 2018Por: Daniel Castellanos / Subgerente de Cifras y Conceptos.

Muy temprano para hablar de candidaturas presidenciales. O no? Quines tienen posi-bilidades de ser presidente de Colombia en 2018? Segn las cuentas de Csar Caballero, hoy en Colombia hay por lo menos 35 precandidatos presidencia-les. La pregunta es quin va a ser candidato presidencial de verdad.Comencemos por la derecha. Repetir scar Ivn, despus de la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones pasa-das? Hoy, exiliado en Miami, no parece probable. Buscar el Centro Democrtico una fig-ura interna nueva, como Ivn Duque? No estara mal. O dar lvaro Uribe su bendicin al procurador Ordez? No sera raro. Por ahora, suena lo ms probable que Ordez sea el candidato de Uribe, del Centro Democrtico y de una parte del Partido Conservador.El Partido Conservador? La pregunta es si se unir al Centro Democrtico o si tendr candi-dato propio. Marta Luca tiene

muchas ganas, y seguramente volver a intentar. Si el par-tido no tiene candidato propio, perder mucho como fuerza poltica. Pero hoy luce ms probable que el conservatismo adhiera al uribismo que vicev-ersa.Cambio Radical? Tiene un can-didato cantado: Germn Vargas Lleras. Es el candidato del esta-blecimiento (ms poltico que econmico). Es un fuerte con-tendiente. A su favor su experi-encia pblica y su rcord como ejecutor en temas de vivienda e infraestructura. En contra su salud y su mala imagen. Y es una incgnita su postura fr-ente al proceso de paz. Ahora que es vicepresidente, no lo ha atacado, pero tampoco lo ha apoyado. Algunos dicen que una alianza entre Cambio Radical y el Centro Democrtico no sera probable, debido a la distancia personal entre Uribe y Vargas. Yo no pienso lo mismo: ah no hay qumica personal, pero hay qumica ideolgica. Aqu puede haber una de las volteretas inte-resantes de la poltica.

Los independientes y verdes? Aqu est Sergio Fajardo. Tiene un gran espacio, porque no tiene la opinin en su contra. Puede hacer una gran campaa en contra del establecimiento poltico. Va a sacar muchos vo-tos. La pregunta es si le van a al-canzar para ganar. La coyuntura est dada para que un candida-to de sus caractersticas pueda hacer una gran campaa.La U y el Partido Liberal? Ganas tienen muchos. Vuelo, muy pocos, prcticamente nin-guno. Esto es particularmente cierto para la U. El nico rum-bo sensato es una coalicin U-liberalismo, pero Santos no se movi en esa direccin con el ltimo gabinete ministerial. Se especula que el candidato del Partido Liberal ser Humberto de la Calle, con el apoyo de Csar Gaviria. Para que vuele, hay que apoyarlo bastante. No tiene los votos, pero tiene la talla presi-dencial. Es un hombre medido y ponderado. Hay que evaluar qu tanto el escndalo de los Panama Papers puede afec-tarlo. Si llega a ser el candidato del liberalismo y del gobierno, puede ser un candidato fuerte.

La izquierda? Petro y Robledo. La pregunta es si pueden presentar una candi-datura unida. Parece difcil. Petro va a tener muchos vo-tos (10 o 15%). No va a ganar, pero algunos candidatos no podrn distanciarse mucho de l, porque sus votos sern importantes. Quizs la coyun-tura internacional, en la cual la izquierda latinoamericana est implosionando, vctima de sus propios errores, afecte a nuestros zurdos locales.Hoy luce que los dos candida-tos para segunda vuelta sern Vargas Lleras y Fajardo. A mi juicio, el que puede daar ese caminado es de la Calle. Para Vargas, la pregunta es: Santos, o Uribe? Para Santos, la pregun-ta es: Vargas, o de la Calle? Ni Vargas ni Santos respondern pronto. Pero yo creo que Vargas se acercar a Uribe y Santos es-tara mejor yndose con de la Calle, aunque esta ltima fr-mula tiene el problema de ser una coalicin de dbiles. Para de la Calle es fundamental que la opinin ciudadana sobre el proceso de paz mejore: una tar-ea de titanes.

Aunque Vargas Lleras no pa-rece tan fuerte como en el pas-ado, hoy luce que la campaa presidencial puede terminar en un toconvar: todos contra Vargas. Aqu la gran pregunta es si las fuerzas u-liberales y las independientes-verdes pu-eden juntarse efectivamente contra Vargas. Es poco probable que aqu haya una coalicin ex-plcita, pero quienes no gustan de Vargas Lleras (la mitad de la poblacin) y que tampoco son de izquierda, vistas las cosas hoy, tendrn que escoger entre Fajardo y de la Calle.Hay elecciones que son de gi-gantes. Hay otras elecciones que son de enanos. Hay otras que son de enanos y gigantes. La de 2018 parece ser de este ltimo tipo. En este caso, la pregunta es: podrn los enanos tumbar a los gigantes, o podrn los gigan-tes poner orden entre los ena-nos? Por ahora se puede decir que las elecciones presiden-ciales de 2018 lucen ideolgi-camente muy diversas y que el juego de las coaliciones va a ser muy importante. Ojal el pas no se incline por un juego de fa-natismos de extrema derecha e izquierda, sino de medios.Como se dice en TV, espere el prximo captulo de esta saga emocionante! Esto apenas co-mienza! Futuro /Viene pgina 6

8 junio de 2016

Resumen concepto del comit de verificacin de salud integral de ACORE sobre aplicacin y cumplimiento de la ley estatutaria de salud

Objeto social

En el servicio de Sanidad Militar defini-tivamente no existe unidad de gestin ni se cumplen los principios fundamentales sobre los cuales se estructura y funciona un sistema de salud tal como lo estable-ce la ley vigente sobre el particular.La Direccin General de Sanidad Militar no acepta responsabilidad alguna en el ordenamiento, administracin y control de la prestacin del servicio. Un servici de salud carente de directivos y funcio-narios con el perfil adecuado para su manejo, sin sistemas adecuados de infor-macin y de protocolos giles y eficaces de referencia y contra referencia para integrarse con los servicios de la red ex-terna, se hace ingobernable. Algunos procedimientos, protocolos y costumbres existentes en el Subsistema de Salud de las FF.MM., estn en contra-posicin con lo dispuesto en la Ley esta-tutaria que regula el derecho fundamen-tal a la salud y que afectan de manera importante la prestacin del servicio in-tegral a los usuarios del subsistema mili-tar, en especial al grupo ms vulnerable, de la tercera edad y a los discapacitados que requieren acceder fcil y oportuna-mente al servicio.La ley estatutaria, prolongacin de la Constitucin Nacional

La aprobacin, modificacin o dero-gacin de las leyes estatuaras exigir la mayora absoluta de los miembros del Congreso de la Republica y deber efec-tuarse dentro de una misma legislatura. En consecuencia, se encuentra jerrqui-ca y jurdicamente por encima de la Ley orgnica. En este orden de ideas, todos los organismos del Estado estn en la obligacin de cumplir estrictamente esta ley de la Repblica.La declaracin de la salud como derecho fundamental es un paso importantsimo para considerar que Colombia a pesar de sus desgracias, desordenes, corrup-cin, violencia y crisis de diferente n-dole, se constituye como estado social de derecho, donde se garantiza la dignidad y se reconocen los derechos inalienables de la persona humana por el simple hecho de serlo.La Ley 1751 del 16 de Febrero del 2015 regula el derecho fundamental de la salud que debe aplicarse en todo el te-rritorio nacional. En los artculos prime-ro y segundo expresa la obligacin que tiene el Estado de garantizar y proteger el derecho fundamental de la salud. El artculo segundo establece claramente que el derecho fundamental a la salud es autnomo e irrenunciable en lo indi-vidual y colectivo. Es as como los servi-cios de salud deben tener un acceso de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservacin, el mejoramiento y aplicacin efectiva de este servicio. El artculo quinto establece las obligacio-nes del Estado como responsable de res-petar, proteger y garantizar el goce efec-

tivo del derecho fundamental a la salud. Para ello deber: Abstenerse de afectar directa o indi-rectamente en el disfrute al derecho fundamental a la salud. Formular y adoptar polticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la poblacin. Formular y adoptar polticas que pro-pendan para una correcta promocin de la salud. Establecer mecanismos para evitar la violacin del derecho fundamental a la salud y determinar su rgimen san-cionatorio. Ejercer adecuada inspeccin, vigilan-cia y control mediante entidades es-pecializadas. Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional. Realizar el seguimiento continuo de la evolucin de las condiciones de salud a lo largo del ciclo de vida de las personas.El artculo sexto establece que los dife-rentes agentes del sistema debern ser respetuosos de la tica mdica y de las diversas culturas de las personas, res-petando las particularidades sociocul-turales. El artculo 12 establece clara-mente que el sistema debe responder adecuadamente a las necesidades de salud relacionadas con el gnero y el ci-clo de vida.El artculo dcimo establece los derechos y deberes de las personas, en cuanto a la prestacin del servicio de salud y en par-ticular, en los siguientes aspectos: Acceder a los servicios y tecnologa de salud que garanticen una atencin integral, oportuna y de alta calidad. Recibir la atencin de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condicin amerite, sin que sea exigible documento o pago previo al-guno. Mantener una comunicacin plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto a los procedimientos que se vayan a practicar y riesgos de los mismos. La historia clnica debe ser tratada de manera confidencial y reservada. nicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorizacin del pa-ciente o en los casos previstos por la ley y poder ser consultada en su totalidad en forma gratuita y obte-ner copia de la misma. As mismo se menciona que al paciente se le debe prestar durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de calidad por trabajadores de la salud debida-mente capacitados para ejercer. No se deben trasladar a los pacientes las cargas administrativas y buro-crticas que les corresponden asumir a los encargados o intervinientes en

la prestacin del servicio y agotar to-das las posibilidades de tratamiento para la superacin de la enfermedad.La ley estatuaria es contundente respec-to de la obstruccin en la prestacin de los servicios de salud a los que deben re-cibirlos por mandato legal. El hecho de colocar nuevas condiciones para acceder a los exmenes de laboratorio y proce-dimientos de baja complejidad, puede ser considerado como una talanquera y un obstculo para el acceso a los servi-cios de salud que son obligatorios en cuan-to a su prestacin. Es importante mencionar que ciertas disposiciones del servicio de salud de las Fuerzas Militares pueden encontrarse en contrava con la disposicin legal supe-rior. En el artculo 11 se sealan aquellos sujetos de especial proteccin: atencin a nios, nias y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados vcti-mas de violencia y de conflicto armado, poblacin adulta mayor (como es el caso de la mayora del personal de retirados), personas que sufren de enfermedades hurfanas y en condicin de discapaci-dad indicando que, gozaran de especial proteccin por parte del Estado. La aten-cin de los sujetos antes mencionados, no estar limitada por ningn tipo de restriccin administrativa o econmica. Tambin incluye atencin domiciliaria para enfermos terminales.El artculo 15 establece claramente que los recursos pblicos asignados a la salud no podrn destinarse a financiar servicios y tecnologas, determinando los siguientes criterios: No propsitos cosmticos o sun-tuarios. No existencia de evidencia cientfica

sobre su seguridad, eficacia y efec-tividad clnica, que se encuentren en fase de experimentacin o que ten-gan que ser prestados en el exterior. El resto de los exmenes por consiguien-te solamente requeriran de la orden del mdico tratante como parte de la au-tonoma profesional. Tambin se establece claramente que est prohibido todo constreimiento, presin o restriccin del ejercicio pro-fesional que atente contra la autonoma de los profesionales de la salud, as como cualquier abuso en el ejercicio profesional y que proceda contra la se-guridad del paciente. Esta vulneracin ser sancionada por los tribunales y por los organismos de inspeccin, vigilancia y control en el mbito de sus competencias. La costumbre viciosa de trasladar las carga administrativas a los pacientes en aras de demorar el servicio, evitar la prestacin y con ello ahorrar dinero para aumentar temporalmente sus ganancias y presentar balances cosmticos, es una actividad nociva a expensas de la salud de los usuarios.

As mismo es conveniente establecer que en el artculo dcimo de ley estatutaria quedaron establecidos claramente los derechos y deberes de las personas rela-cionados con la prestacin del servicio y se analiza claramente el maltrato al per-sonal de la salud por parte de personas o pacientes agresivos, groseros y abusivos con quienes atienden una enfermedad.La Ley 1751 del 16 de Febrero del 2015 o Ley Estatutaria de Salud comprende 26 artculos y el mbito de su aplicacin est determinado como ya se dijo en el artculo tercero, en el cual se establece que la Ley se aplica a todos los agen-tes, usuarios y dems que intervengan de manera directa en la garanta del derecho fundamental a la salud. En el artculo quinto se determina claramente que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y realizar evaluaciones sobre los resultados efecti-vos del derecho fundamental a la salud. Tambin se establece que los servicios y tecnologa de salud deben ser accesibles, que incluye la no discriminacin la accesibilidad fsica, la asequibilidad econmica, y el acceso a la informacin. Por otra parte se seala en este artculo que los establecimientos, servicios y tec-nologas de salud, debern estar centra-das en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista mdico y responder a estndares de calidad aceptados por las comunidades cientficas. Se debe mencionar tambin que el derecho fundamental a la salud estable-ce, adems de la universalidad, la equi-dad y la oportunidad, la continuidad, es decir, que las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisin de un ser-vicio ha sido establecida, este no podr ser interrumpido por razones admi-nistrativas o econmicas como sucede actualmente en el servicio de salud de las Fuerzas Militares, donde se cambia permanentemente los mdicos basados en este tipo de consideraciones. Por otra parte, no se garantiza el servicio per-manente de medicamentos por cuanto obligan al mdico a una formulacin no mayor de dos meses y exigen una nue-va cita mdica para la reformulacin, lo cual es una talanquera innecesaria y una clara induccin a la demanda que perju-dica el sistema y la oportunidad de citas.Finalmente es importante resaltar que en el artculo 12 se establece claramente que el sistema estar organizado en redes integrales de servicio de salud las cua-les podr ser pblicas, privadas y mixtas y en consecuencia, el subsistema de las Fuerzas Militares puede perfectamente apelar a la red privada sin que haya inob-servancia de la Ley en referencia.Atentamente,Comit de Verificacin de Salud Integral de ACORE

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Mesa de trabajoConversatorio sobre mecanismos de refrendacin frente a los acuerdos pactados con las FarcPlebiscito no, referendo revocatorio s

Por: Redaccin peridico ACORE.El plebiscito no es el mecanismo de refren-dacin adecuado para legitimar los acuer-dos de La Habana entre el Gobierno y las Farc.Esta fue la gran conclusin a la que llegaron los tres invitados al conversatorio Posibles mecanismos de refrendacin frente a los acuerdos pactados con las Farc, evento reali-

zado en das pasados por ACORE y la Mesa de Trabajo Permanente.En este conversatorio el trigsimo noveno que se rea-liza desde que la Asociacin y su junta directiva decidie-ron llevar a cabo escenarios para fortalecer el anlisis y el dilogo tomaron parte Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial por el Centro Democrtico, y el abogado scar Ortiz, uno de los gestores de la sptima papeleta.El periodista Ricardo Galn moder la discusin.El Congreso ser un simple notario de los acuerdos: Holmes Trujillo

Durante su intervencin, Carlos Holmes Trujillo, adems de lamentar la ausencia de lvaro Leyva en el conversatorio (por motivos de su agenda), rechaz el artcu-lo que recientemente incluy el gobierno en el llamado acto legislativo por la paz y que segn el ejecutivo busca blindar los acuerdos a que se llegue en La Habana.Holmes Trujillo hizo una crtica aguda a la ltima columna de opinin de lvaro Leyva (Ballet constitucional) en la que el abogado de las Farc defiende este articu-lado, cuyo polmico contenido conoci la opinin pblica a travs del comunicado 69 de la mesa de dilogos.Para el precandidato presidencial, las negociaciones de La Habana estn ll-evando a un fenmeno de sustitucin de la Constitucin; prueba de ello es el acu-erdo del pasado 12 de mayo. Dijo, adems, que el Congreso de la Republica actuar como un simple no-tario de estos acuerdos, pues le estn atando las manos para que nicamente cumpla con lo que se indica desde La Habana.Holmes Trujillo seal con claridad que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no tienen el carcter de acuerdos espe-ciales a la luz del artculo tercero comn a los Convenios de Ginebra y que cual-quier interpretacin en este sentido es perversa.Sobre el particular, dijo que se trata, pues, de una materia reglada, que no contempla acuerdos entre un Gobierno y una organizacin armada al margen de la ley. El DIH no es un instrumento para conseguir la paz, sin perjuicio de

que aplicarlo puede facilitar los procesos destinados a alcanzarla. La figura hu-manitaria de los acuerdos especiales es completamente distinta a la idea de los acuerdos polticos con caractersticas o fines humanitarios.Durante el desarrollo de este argumento les pregunt a los asistentes sobre qu tienen que ver algunos de los acuerdos parciales alcanzados en Cuba agrario, drogas ilcitas o la misma jurisdiccin es-pecial para la paz con el artculo tercero comn a los cuatro Convenios de Ginebra.As mismo, asegur que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no pueden incorporarse al bloque de constituciona-lidad. Este est compuesto por los tra-tados y convenios internacionales sus-critos por el Estado colombiano, con el cumplimiento de todas las formalidades, que reconocen los derechos humanos. De otro lado, cumple la funcin de gua en la interpretacin de los deberes y derechos consagrados en la Carta fundamental. Lo acordado entre el Gobierno y las Farc no es un tratado ni un convenio, y se refiere a materias que van mucho ms all de la esfera de los Derechos Humanos, dijo.Con respecto al depsito de los acuerdos en Ginebra, afirm que es un acto ino-cuo. En Ginebra se depositan los instru-mentos de ratificacin de los tratados o convenios suscritos por los Estados en materia humanitaria. Lo que suscriban en La Habana no es ni lo uno ni lo otro. En Ginebra no es posible depositar cual-quier papel, porque all slo se llevan aquellos instrumentos de ratificacin de los tratados suscritos entre los estados y los estados con organizaciones con per-sonera jurdica internacional.

La declaracin unilateral no produce efectos jurdicos inmediatos. Este fue otro argumento esgrimido por Holmes, ya que la Comisin de Derecho Internacional prescribi que puede sur-tir el efecto de crear obligaciones jurdi-cas, pero, igualmente, que para determi-narlas es necesario tener en cuenta su contenido, las circunstancias de hecho en que se produjeron y las reacciones que suscitaron, adems de que ser nulo todo aquello que est en oposicin con No nos vamos a dejar robar la Constitucin: Oscar Ortiz

una norma imperativa de derecho inter-nacional general.Concluy recordndoles a los asis-tentes que el poder soberano que re-side en el pueblo es el nico que pue-de aprobar o improbar lo pactado en La Habana. Un acuerdo que mantenga una paz estable y duradera debe ba-sarse en la legitimidad popular, la sos-tenibilidad de lo que se acuerde y la estabilidad institucional.

El gestor de la sptima papeleta y ex zar anticorrupcin hizo un recuento de cmo fue el proceso para que en 1991 se llevara a cabo la Asamblea Nacional Constituyente y dej claro que este proceso tuvo un respaldo social mayo-ritario. Explic que la corrupcin en todas las esferas del Estado haba rebo-sado sus lmites y la terrible inseguri-dad del momento cohesion a esta gran mayora para promover lo que hoy es la Constitucin de 1991. Ortiz se refiri al porqu las Farc no acudieron a la Constituyente como se les propuso en el plan de gobierno del presidente Gaviria. El 9 de diciembre de 1990 se les reitero que era en serio que estaban invitados a la Constituyente, pero claramente no acudieron.Ellos (las Farc) han querido ser consti-tuyentes pero sin representacin, dijo Ortiz. Si se dice que no hay impuesto sin representacin, puede haber constitu-yentes sin representacin? A quin re-presentan acaso las Farc? En Colombia no estamos viviendo como en otros conflic-tos, por ejemplo, plan de catlicos contra protestantes, esto no es una frica de negros contra blancos, incluso, no es una Colombia de liberales contra conserva-dores, aqu s se necesita que tengamos una Constitucin legitima y la que tene-mos no nos la vamos a dejar raponear.En relacin con el plebiscito, subray que este no es el mecanismo adecuado y que por eso se estn presentado argu-mentos ante la Corte Constitucional, ale-

gatos para evitar que no se d la aparien-cia de respeto al pueblo. Este no es leal porque se usa la expresin de ratificar los esfuerzos para darle forma de norma jurdica, porque no es leal invocar va-lores como la paz, sobre la cual sera ino-cuo preguntar a la gente si hay voluntad o no de construir la paz, cuando en rea-lidad no se est preguntando por la paz, sino que se pretende poner en vigencia los acuerdos de La Habana. Sobre la posicin de lvaro Leyva, Ortiz dijo que los colombianos no estamos asistiendo a un ballet constitucional sino a un reggaetn constitucional.Al hacer referencia a nuestra actual Constitucin, Ortiz dijo a los asistentes que no nos la regalaron, ni nos la im-pusieron, sino ms bien la conquista-mos, a pesar de los violentos, a pesar de los corruptos, a pesar de los supuestos blindajes.Al final de su intervencin, este abogado propuso la necesidad de adelantar un re-ferendo derogatorio, del acto legislativo para la paz. Por qu ese mecanismo? La Constituyente de 1991 identific algunas de las vrtebras principales del proceso constituyente, como lo son; la carta de derechos, el poder ciudadano o mecanis-mos de participacin ciudadana y el nue-vo rgimen en el Congreso y cuando se ex-pide reformas constitucionales que tratan sobre esos temas, hay un mecanismo de convocatoria expedito, de menores exi-gencias en recoleccin de firmas para que sea as el pueblo quien determine si esa reforma sigue vigente o no.

10 junio de 2016

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Opinin

Quienes criticamos el proceso en La Habana no somos ciegos ni irreflexivos

Por: Coronel (RA) lvaro Bonilla LpezEn la vida, todas nuestras ob-ras, actividades, expresiones o actitudes, no estn exentas de crticas, ni deben estarlo, porque no somos seres perfec-tos; el nico es Dios; el resto tenemos defectos, cometemos errores y si somos realistas, debemos estar dispuestos a es-cuchar .y, si es necesario, corre-gir el rumbo. El proceso de paz es una idea excelente, porque qu colom-biano viendo lo que ha ocur-rido no slo en los ltimos 50 aos, sino recorriendo la historia durante los ltimos 197 aos, desde la Batalla de Boyac que sell nuestra liber-tad no desea la paz? Creo que todos los que hemos tenido el privilegio de nacer en este bello y amado pas, amamos la paz, porque es la que nos per-mite el progreso, culminar con

xito los anhelos de nuestras familias y hacer realidad el sueo de un pas desarrollado y exitoso, que ojal fuera ejem-plo para Latinoamrica.No es el primer gobierno que entabla conversaciones con el grupo terrorista de las Farc, porque si hacemos historia el primer proceso lo inici el presidente Belisario Betancourt en 1982, seguido en 1986 con Virgilio Barco, en 1990 con Cesar Gaviria , en 1998 con Andrs Pastrana y, final-mente en 2010 con Juan Manuel Santos. Luego, el problema no han sido los deseos de los gobiernos consientes del des-gaste y la afectacin del pas, sino del grupo narcoterrorista de las Farc.Todos somos conscientes del dao que hace la violencia al

pas, por cuanto sta ha impe-dido o limitado el desarrollo de Colombia. Por esto somos un pueblo anhelante de paz, anhelo por el cual los gobier-nos de los ltimos 30 aos la han buscado, de acuerdo con las circunstancias y su modo de apreciar cada situacin, como uno de sus principales objetivos. En razn a lo an-terior, creo que el presidente Juan Manuel Santo invit a este grupo terrorista a dia-logar, para conseguir la anhe-lada paz.Pero, qu ha ocurrido en Colombia? Lo que afirmar no es pegado slo a las p-ginas de la historia, sino acudiendo a la memoria que, a estas alturas, puede tener algunas falencias. Durante mi paso por las filas de la ins-titucin me han marcado no

las palabras o las letras, sino los hechos que he vivido des-de 1957 cuando egres de la Escuela Militar como subte-niente del Ejrcito y de inme-diato fui trasladado al Batalln Palac; a los pocos das de llegar all, armado con una pistola Colt 45 y la compaa de 18 soldados mal armados con fusiles Punto 30, tuve que salir a Ceiln, en el Valle del Cauca, a enfrentar una grave situacin que se haba presentado, pues haban asesi-nado a 25 personas, las cuales fueron degolladas con el fa-moso corte de franela. Inicialmente mi labor consis-ti en conseguir unas mulas y costales, posteriormente enjal-marlas y cargar los cuerpos a lado y lado de la alforja con su respectiva cabeza en un costal. No es dantesco,

horripilante, doloroso y cruel este hecho? Cul es su ori-gen? Nada ms ni nada menos que la lucha partidista entre liberales y conservadores, que sin respetar la dignidad hu-mana, con la polarizacin que han organizado y mantenido nuestros polticos a travs de los aos, gener este hecho, el cual, creo por lo menos no lo he conocido no fue castigado, no gener accin de la justi-cia y esos seres descuartizados pasaron a la eternidad y sus asesinos no recibieron ningn castigo. Esto, qu gener? Ms violencia y ms odios entre las gentes, los cuales an siguen, pero sus acciones ya no son de liberales contra conservadores o viceversa, sino de comunis-tas contra los colombianos que deseamos la democracia y no el totalitarismo de extrema iz-quierda.Si criticamos la forma cmo se lleva a cabo el proceso de paz, es porque amamos nuestra patria y porque pre-cisamente por haber portado el uni-forme de soldados y las insignias de los grados que logramos a lo largo de nuestro servicio, nos duele an ms cualquier accin del gobierno que pueda afectar a Colombia. Al re-specto y para que se entienda que no es porque deseo la guerra sino la paz, me permito formular las siguien-tes reflexiones:

1. No me incomoda ver a los asesi-nos sentados con unos miembros del gobierno , sean o no sean plenipoten-ciarios o con el nombre que quieran ponerse, porque nunca dejarn de ser los terroristas de las Farc, pues ese fue el camino que decidieron to-mar y por ms que quisiramos su denominacin siempre ser la mis-ma. De manera especial, si continan con la prepotencia con que actan Algunos afirman que los que no estamos de acuerdo con la forma cmo se lleva a cabo el dialogo con los terroristas, deseamos la guerra, estamos ciegos y somos irreflexivos, lo cual carece de verdad, porque si bien los objetivos que se buscan son altruistas y nobles, carecen de realismo en su de-sarrollo, veamos :

en La Habana. Adems, estn reunidos para dialogar y uno puede dialogar con cualquier persona.2. Muchos comentan que los negocia-dores y los delincuentes en la mesa estn al mismo nivel y que nos inco-moda esta situacin. En primer lugar, debo aclarar que si estn al mismo nivel y, es obvio, porque las sillas de todos los que estn en la mesa tienen la misma altura y la misma estructura y los asientos son iguales, pero no las personas que estn dialogando, pues su trayectoria de vida es totalmente diferente: los unos son criminales y terroristas y los otros son delegados del Gobierno que cumplen una impor-tante tarea. No por estar sentados en la misma mesa han dejado de ser crimi-nales, pero obviamente tienen todo el derecho porque el gobierno lo ha querido, de estar frente a frente, pero eso es de distribucin, ms no de digni-dad. Nunca un asesino ser igual a una

persona que no ha infringido la ley. Eso puede incomodar, pero es correcto, pues se est negociando y deseamos la paz, luego no lo discutimos y podemos llegar a acuerdos, pero con dignidad y obviamente sin llegar a extremos de prepotencia.3. Estn los negociadores discutiendo sus puntos de vista, cada quien expre-sando con entera libertad lo que con-sidera de importancia para su grupo o para el Gobierno. Eso es normal, porque en otra forma no estaran sentados en la misma mesa buscando alternativas para dar solucin al conflicto armado de tantos aos; pero, sin lugar a dudas, debemos tener en cuenta no con ni-mo belicoso ni irreflexivo que la parte que pone las condiciones es el gobier-no que representa a Colombia que ha sido la afectada y no los delincuentes; pero en este caso, lo que se aprecia es que los asesinos exigen y tratan de imponer sus condiciones, actitud que

nos incomoda a los que amamos a Colombia, porque de victimas pasamos a ser victimarios de las Farc.Sin lugar a dudas, el apasionamiento poltico que vivimos incide en la po-larizacin de las gentes; no obstante, es obligacin del gobierno escuchar y analizar las recomendaciones y suge-rencias y no actuar con obsesiones o ambiciones personales, como es al pa-recer lo que est ocurriendo, porque se desea o se busca la paz de palabra, pero a ojos del ms incauto esto no es verdad, es tremenda mentira. Lo que se est buscando es la entrega de un grupo armado y la terminacin de un conflicto de ms de 50 aos, mas no por ello el logro de la paz, menos en este momento en que exis-ten varios grupos violentos. Lo cierto del problema de la paz es que mien-tras exista el narcotrfico sin control y creciendo la produccin, como en efecto actualmente, esta no se lograr.

1. Alcanzar el fin del conflicto. De acuerdo, es lo ideal , porque es un anhelo de todos los colombianos y si se logra sera un paso muy importante para el logro de la paz.2. Lograr que el grupo renuncie a sus objetivos polticos. Eso s es estar ciego y desconocer que el objetivo de los marxistas o de los comunistas es la toma del poder, para lo cual el fin jus-

tifica los medios; de manera que no soemos con que ellos polticamente van a renunciar a esto. Su poltica ya la conocemos, luego no podemos soar despiertos.3. Que este grupo se reincorpore a la sociedad y sea una organizacin poltica sera lo ideal, pero para ello se necesita que haya justicia. Se re-quiere que los que no estn de acuer-

do con sus crmenes, han sido sus vctimas y han sentido en carne propia sus infamias, vean que se les aplic la justicia y que no sea borrn y cuenta nueva, porque se generara ms violencia, como bien lo afirme al comienzo de mi es-crito. Aunque me uno a soar un poco, dudo mucho que abandonen sus estrategias para lograr el poder poltico.

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Continuando en nuestro anlisis so-bre los diferentes aspectos que lle-varon al gobierno a dialogar con los terroristas de las Farc. Debemos, adems, tener en cuenta:1. Se les invita al dialogo no porque sea imposible derrotarlos. De hecho estaban virtualmente derrotados con el anterior gobierno, que de verdad si los combati; tambin debemos ser justos, como quiera que el presidente Pastrana reforz y dot al Ejrcito con tecnologa de punta, pues en los go-biernos anteriores careca de me-dios. En una visita que acompa al General Pedro Nel Molano a Florencia (Caquet), cuando su comandante era el General Rafael Pea Ros, fui testigo que los soldados en la poca de Belisario Betancourt no tenan bo-tas sino cotizas, sus camuflados es-taban rotos y rados y los fusiles no tenan portafusiles para cargarlos sino

cabuyas. Era la miseria total, pero as con dignidad y pundonor, los comba-tamos gracias al valor y el herosmo de nuestros soldados. Doy nombres para cualquier verificacin. Nunca hemos pensado, ni en los peores momentos, que nuestras Fuerzas Militares fueran incapaces de derrotarlos. As tengamos hasta la justicia en contra nuestra, como ocurre en el momento actual; siempre luchamos hasta conseguir la victoria.2. Sin lugar a dudas, la legislacin vi-gente en nuestro pas es contraria a los intereses de Colombia, para conse-guir la derrota de los narcoterroristas de las Farc o de cualquier grupo de delincuentes. Es demasiado laxa y, para completar, los jueces, en la mayora de los casos, no son imparciales, pues ac-tan de acuerdo a sus intereses y sus simpatas ideolgicas. Esta impunidad y esa benevolencia con los criminales ha afectado la tranquilidad del pas y,

sin lugar a dudas, tarde o temprano, como ya lo estamos viendo, afectar en la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos.3. Somos conscientes que los narco-terroristas no tiene en este momento la capacidad para lograr la toma del poder, pero con todas las prebendas y con la debilidad que est demostrando el gobierno en las negociaciones, no sera extrao que lograran sus objetivos polticos, afectando sensiblemente a los ciudadanos de bien que hemos senti-do la violencia de su accionar, mxime si tenemos en cuenta la corrupcin poltica que en las justas electorales logra colocar en los puestos o cargos de eleccin a los que ms dinero aportan, por la manipulacin y la propaganda engaosa y populista que emplean. Las Farc con el dinero que tienen prove-niente del narcotrfico, el secuestro, la extorsin y la minera ilegal, entre otros

delitos, tienen un importante poder econmico, lo cual les permitir lograr resultados importantes en el campo electoral.4. No soy enemigo del dialogo, porque no me cabe duda que es la forma civi-lizada de romper las diferencias, pero cuando se dialoga debe ser sin intran-sigencia y mucho menos tratando de imponer las razones del delincuente. Los colombianos no somos los vic-timarios, somos las vctimas de este absurdo terrorismo y de la sangre de tantos inocentes que han cado bajo el fuego de sus armas y de las minas que han sembrado en todos los te-rritorios de su accionar. Dialoguemos y busquemos arreglos para acabar el conflicto, pero con dignidad y sin perder la razn, pues el que impone las condiciones y exige el cumplimien-to de la constitucin y las leyes es el gobierno y no los terroristas.

Tenemos disposicin para el perdn, pero no porque sea nuestra obliga-cin; perdonamos de corazn cuando apreciamos o sentimos que hay arre-pentimiento, pero cuando surge la intransigencia y, an, se hace gala de sus acciones como unas vctimas, de inmediato surge el antagonismo y el rechazo al perdn. Recordemos el sa-cramento de la confesin, que cuando cometemos un pecado, debemos tener propsito de la enmienda y arrepen-timiento; adems, el sacerdote nos im-pondr una penitencia por los pecados cometidos; entonces, por qu quieren y exigen ser perdonados? Qu han hecho para ganar el perdn? Qu han hecho para resarcir los crmenes? Si las respuestas llenan nuestras inquietudes, vamos con el perdn. Por qu subsiste la violencia en Colombia? Pueden ser muchas las causas: diferencias sociales, raciales, econmicas, etctera, pero entre estas las ms resaltantes son la falta de ac-cin de la justicia o la corrupcin en esta importante rama del poder, al igual que la impunidad: no se ve ninguna sancin o son muy laxas las penas a quienes han delinquido. Un criminal, as este en una mesa de negociaciones, debe pagar una condena, as sea mnima, pero pagar por lo que hizo y no seguir al igual que cualquier persona que no ha delinquido.

Soy consciente que para sancionar a estos delincuentes se deben buscar frmulas o alternativas, pero en ningn caso estos deben quedar impunes, porque esto genera inconformismo en los afectados y sed de venganza, lo cual obviamente hace nacer nuevas etapas de violencia para hacerse justicia por su propia mano, ante la indiferencia del Estado para hacerlo.Creo que cuando hemos pertenecido a una institucin tan bella y tan llena de glorias y honores como el Ejrcito, si algo deseamos es que la grandeza y la dignidad que nos infundieron en la Escuela Militar nunca vaya a ser profanada por hechos que la pongan en igualdad de condiciones a un grupo delincuencial . Por esto, cuando juzgan militares, estos no pueden ser medidos con el mismo racero con el que se mide a los terroristas que han cometido crmenes atroces, salvo casos excepcio-nales, en los cuales el miembro de la institucin se haya igualado en su ac-tuar, realizando hechos similares a los cometidos por estos.Sin lugar a dudas, debemos ser cui-dadosos con los acuerdos que se logren en La Habana, analizando punto por punto, para descubrir los micos que los negociadores de las Farc tratarn de meter con su habilidad, en procura de no afectar las normas constitucionales que

nos rigen. A este respecto, las ideas endiabladas y leguleyas del ex fiscal Montealegre son un riesgo para el destino de Colombia y tienen que mi-rarse desde todos los ngulos posibles. Ya sabemos cules son sus objetivos, cules sus intereses y sobretodo cul es su ideologa y a quines desea bene-ficiar, obviamente haciendo abstraccin a la mayora del pueblo colombiano.Colombia requiere de la unin, la cual pienso puede lograrse si la clase poltica abandona la corrupcin y hace surgir ideas que den respuesta a las necesidades reales del pas, hacien-do a un lado el populismo barato, las promesas que despiertan anhelos y la manipulacin de los medios de comu-nicacin, que no dan a conocer las no-ticias reales del pas, sino de acuerdo a la conveniencia del gobierno, que gasta ingentes cantidades de recursos en mostrar una imagen que no es la real, buscando favorecer sus intereses, pero olvidndose de las necesidades reales de Colombia. Todo esto origina in-conformismo y hace surgir la violencia. Creo que el gobierno debe hablar con la verdad para que recobre credibilidad y no como ocurre en este momento, como lo dicen las encuestas, que tiene el 15 o 20 % de credibilidad.Finalmente, considero que los concep-tos de personajes de diferentes pases

del mundo sobre el proceso de paz tienen eco en los medios de comuni-cacin, pero siendo realistas nos damos cuenta que se suman a la manipulacin de la paz, porque estos personajes ob-viamente consideran que es muy im-portante lograr sentar en una mesa de negociaciones a los terroristas de las Farc y a los delegados del Gobierno, pero desconocen el fondo del problema y los objetivos que est