Edición especial Acuerdo de lA hAbAnA

N.º 203 / septiembre 2016ISSN 1657-0987

www.unperiodico.unal.edu.co unperiodico_bog@unal.edu.coBogotá, Colombia

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los derechos de lAsvíctimAs en el contextodel proceso de pAz

drogAs ilícitAs:un Acuerdo con sentido común

Fin del conFlicto ArmAdo, un proceso irreversible

pArticipAciónpolíticA exigirá rediseño del estAdo

políticA AgrAriAomite lo AcordAdoen lA hAbAnA

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un Acuerdo conposibilidAdes reAlesde implementAción

lA justiciAde lA pAz

septiembre 2016 | 2 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianosignAcio mAntillA prAdA, rectorUniversidad Nacional de Colombia

La institución de educación superior más importante del país se prepara para la celebración del sesquicentenario de su creación. Por espacio de un año, la Universidad llevará a cabo diversos eventos conmemorativos que presentan tanto sus legados como los aportes de hoy y su visión de futuro.

Después de muchas décadas de conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las farc, hoy vemos cerca el fin de esta guerra que nos dejó desolación, muerte y una gran división entre hermanos. Fi-nalmente, podremos concentrarnos en lo importante, en los asuntos que harán de este país el mejor lugar para que nuestros hijos y nietos crezcan, nuestros jóvenes desarrollen su imaginación sin límites y construyan con ella una nueva sociedad, así podremos morir de viejos en una tierra de paz.

Estoy convencido del papel de la educación de calidad como columna vertebral en la construcción de la paz. Porque educar para la paz es superar la mera enseñanza de contenidos, es preparar a los individuos para que logren su equilibrio personal, profesional y familiar. También, es educar a la sociedad para que solucione sus conflictos mediante el diálogo, la reflexión y la imaginación.

Es en este sentido, en el que creo que la sociedad debe marcar un objetivo común para la construcción de una paz duradera, que solo será sostenible si ubicamos la educación de nuestras próximas generaciones en el centro de todo un proyecto social de prosperidad, equidad, diversidad y tolerancia. Una educación con fundamentos éticos y humanistas, una educación de calidad que se extienda por todos los rincones de Colombia y que toque las mentes y corazones de los estudiantes para que su visión de la realidad les permita aspirar a una vida próspera y feliz donde quepamos todos.

La Universidad Nacional de Colombia, ya desde sus inicios, ha estado comprometida con este gran objetivo social. Somos hijos del

pensamiento libre y la construcción de una nación que bajo una misma bandera quiso terminar con los conflictos entre pueblos y estados soberanos. La creación de la Universidad de los Estados Unidos de Colombia a mediados del siglo XIX fue un proyecto de profundas motivaciones pacifistas, que pretendió formar en su seno a jóvenes provenientes de cada rincón del país recién constituido. Un proyecto de universidad para toda la Nación y de todos los colombianos en donde nuestros jóvenes debían encontrar verdaderas posibilidades para desarro-

llarse personalmente y, a partir de allí, llevar progreso a sus regiones; este fue el proyecto que dio vida a nuestra Institución hace 149 años.

Gracias a esto nuestra Institución ha influido hondamente en la conformación de la Nación y su desarrollo. El aporte más importante que la Universidad ha entregado al país no solo está relacionado con la infinidad de investigaciones pertinentes, desarrolladas en nuestros laboratorios, o los proyectos de extensión social que han mejorado el bienestar de muchas comunidades, ha sido, y sigue siendo, la forma-ción integral de miles de jóvenes colombianos como profesionales y ciudadanos ejemplares. Por cerca de siglo y medio, en las aulas, labo-

palabras clave: sesquicentenario, Universidad Nacional, educación, posacuerdo. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Nuestra historia nos ha entregado la mayor responsabilidad en una sociedad: liderar su educación, influir con el ejemplo y la cátedra en el destino de la Nación.

Gracias a la confianza que genera la Universidad en cada uno de los equipos negociadores y la seriedad que la sociedad le reconoce, la Institución actuará como veedora de los acuerdos de paz.

ratorios, bibliotecas, talleres y auditorios de la Universidad Nacional, han pasado jóvenes inquietos, ávidos de conocimiento, creativos que sueñan al país y han contribuido a transformar nuestra sociedad.

En medio de tensiones políticas, guerras civiles, escasez económica y conflictos sociales, típicos de un país en formación que busca ser libre, autónomo y mayor de edad, hemos logrado consolidarnos como la mejor Institución de Educación Superior de Colombia. Nuestra historia nos ha entregado la mayor responsabilidad en una sociedad: liderar su educación, influir con el ejemplo y la cátedra en el destino de la Nación.

Cada una de nuestras escuelas y áreas del conocimiento han aportado y aportan con empeño y gran responsabilidad a nuestra sociedad. Desde mediados del siglo XIX en la Universidad se organi-zaron seis escuelas de gran alcance intelectual. La Escuela de Juris-prudencia, de Medicina, de Ciencias Naturales, de Filosofía y Letras y, posteriormente, la de Artes y Oficios. Desde estas escuelas se ha forjado la modernización de la Nación con la tecnificación del país, la construcción de ciudades y vías de comunicación, con desarrollos científicos de gran importancia para la salud de la humanidad, la creación y puesta en marcha de nuevos programas para el cultivo de las ciencias humanas y sociales, el perfeccionamiento de la justicia, el estímulo a las artes y la difusión de la cultura, así como también la preservación de nuestro patrimonio natural.

La Universidad Nacional no es solo historia, que de por sí es muy rica y ha sido esencial para el país, es también presente vivo y ofrece un futuro promisorio. Por ejemplo, las sedes de presencia nacional, que con su juventud logran ensanchar la academia con calidad, aprenden de los saberes locales y aportan al bienestar de las regiones junto con el conocimiento universal. Estas sedes son una exuberante mezcla de conocimientos, vivencias y visiones de mundo que encuentran en su diversidad la fortaleza de una nación en constante cambio y desarrollo.

Esta época de grandes esperanzas para el país, con la solución al conflicto armado que por varias décadas ha desangrado a nuestra sociedad, se convierte en otra oportunidad para que la Universidad Nacional de Colombia aporte fundamentalmente su conocimiento y experiencia para la construcción de una paz sostenible y duradera. Desde el inicio del proceso de negociación entre el Gobierno y la gue-rrilla de las farc, la Universidad ha cumplido un papel importante como mediadora y organizadora de los diálogos de la sociedad civil toda para alimentar la información en la Mesa de Negociaciones en La Habana. Gracias a la confianza que genera la Universidad en cada uno de los equipos negociadores y la seriedad que la sociedad le re-conoce, la Institución actuará como veedora de los acuerdos de paz.

La Universidad Nacional de Colombia es de todos y ha sido cons-truida gracias al aporte, el apoyo y el cariño de cada colombiano. Invito al país entero a que se una a la celebración del sesquicente-nario de la Universidad Nacional, que conmemoraremos en el mes de septiembre de 2017. A partir de ahora y por espacio de un año, la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, llevará a cabo diversos eventos conmemorativos que presentan tanto sus legados como los aportes de hoy y su visión de futuro.

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investigación & creación

30 días en la Universidad

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director: Fredy Chaparro S.

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comité editorial: Astrid Ulloa, Jorge Echavarría Carvajal, Horacio Torres, Luis Carlos Colón, André-Noël Roth, Juan Álvaro Echeverri y Álvaro Zerda

corrección de estilo: Angela Bernal Larrotta • diagramación: Ricardo González Angulo • impresión: ceet, Casa Editorial El Tiempo

Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional de Colombia ni las políticas de UN Periódico

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Premio Nacional al Mérito Científico 2015 ACAC

La U

nive

rsidad Nacional

d e C o l o m bia

Bogotá. Ocho de 19 harinas de maíz comercializadas en Bogotá contienen de uno a tres organismos genéticamente modificados para resistir las plagas y tolerar el glifosato, pero no lo mencionan en sus etiquetas.

Manizales. Una fórmula matemática permite detectar los ganglios basales, estructuras subcorticales ubicadas en los hemisferios cerebrales, lo cual facilitaría la identificación del párkinson.

Bogotá. Las parcelas de Investigación Participativa Agropecuaria (Pipas) aumentaron un kilo la producción por planta de tomate en Cundinamarca; de 4 kilos se pasó a 6 k.

Manizales. ClicSalud es la aplicación móvil diseñada para que los colombianos informen al Estado sobre las deficiencias en el servicio de salud.

Bogotá. Deterioro del ecosistema y escaza alimentación que amenaza su supervivencia, determinó análisis estomacal de 24 especies de anfibios en el piedemonte llanero.

Bogotá. Tras evaluar muestras de suelo, se identificó Propionibacterium avium cepa P29, microorganismo endémico de Colombia que podría reducir impacto negativo del arsénico.

Bogotá. Un sistema de control automático en una bicicleta estabilizó la posición vertical de este vehículo cuando se desplaza sin conductor.

Bogotá. La proteína miosina B generaría resistencia al parásito transmisor de malaria.

Bogotá. Menor porcentaje de carbono y cromo en acero utilizado en industria petrolera evita corrosión.

Bogotá. Etileno (hormona vegetal) y atmósferas modificadas extienden vida útil de la albahaca.

Bogotá. Colectores solares y bandejas de polisombra secan maíz en menos tiempo.

Bogotá. Flor de machiguá (Petrea volubilis) inspiró modelo de turbina eólica para bombear agua.

Medellín. Ecuación calcula evapotranspiración en el Amazonas.

Bogotá. Avanza diseño de microorganismo capaz de identificar explosivos enterrados.

Manizales. Prototipo Wireless terra enciende bombillos led gracias a la energía de las plantas.

Bogotá. Niños con epilepsia podrían superar dificultades de aprendizaje.

Bogotá. Neutralizan resistencia antibiótica de Acinetobacter baumannii, bacteria hospitalaria.

Medellín. Aprovechar el bore para producir biocombustible de bajo costo fue la propuesta de un ingeniero químico, finalista en la Feria de la Ciencia promovida por Google.

Bogotá. Panelita es el prototipo de un carro a pequeña escala que se desplaza por medio de reacciones químicas controladas.

Bogotá. El blindaje del virus responsable de la diarrea con tejido del paciente, podría convertirse en una estrategia para atacar los tumores cancerígenos.

Bogotá. Chapoda gaitana, Chapoda sanlorenzo y Chapoda suaita son las nuevas arañas saltarinas encontradas en Tolima, Magdalena y Santander.

septiembre 2016 | 4 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Política & Sociedad

Estados Unidos y la construcción de paz en ColombiadiAnA mArcelA rojAs, profesora, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) Universidad Nacional de Colombia

A principios de 2016 se conmemoraron los 15 años del Plan Colombia, a través de esta estrategia el gobierno colombiano buscó finalizar el conflicto armado interno con el respaldo político, econó-mico y militar de Estados Unidos (ee. uu.). Hoy se plantea la continuidad de esta alianza a través de Paz Colombia, programa con el que Washington reafirmaría su apoyo al proceso de paz y la etapa de posconflicto que seguiría. ¿En qué consiste esta nueva fase de la estrategia?, ¿cuáles son los temas clave? y ¿qué factores inciden en la aprobación ante el congreso estadounidense?

Con el objetivo de enfrentar por vía militar a la guerrilla, el Plan Colombia fue concebido, ini-cialmente, en el gobierno de Andrés Pastrana y el respaldo de la administración de Bill Clinton, como una intensificación de la lucha antinarcóticos; rápidamente, asumió la forma de una estrategia contrainsurgente legitimada a través de la lucha global contra el terrorismo declarada por el pre-sidente George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Después, el Plan sería la base de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez y, más recientemente con el gobierno de Juan Manuel Santos, la estrategia contribuirá a crear las condiciones para el proceso de negociación con las farc. Una ayuda calculada en cerca de 10.000 millones de dólares para el conjunto de la estra-tegia, convirtió al país en el principal receptor de ayuda estadounidense en la región y el show case (modelo) de una forma de intervención orientada a la reconstrucción estatal.

Tres lustros después, el balance del Plan Colombia no es unívoco. De un lado, el proceso de paz es en parte resultado del debilitamiento de la guerrilla en el campo militar y político. La disminución en algunos de los índices de violencia, así como la recuperación de condiciones de seguridad en varias regiones del país son avances por destacar. La percepción internacional sobre el país también ha cambiado y de manera favorable. Además, el espaldarazo de Washington fue decisivo a la hora de crear consensos entre las élites colombianas y legitimar la política de pacificación ante la ciudadanía.

Por otro lado, sin embargo, los factores que han contribuido a la perpetuación del conflicto armado están aún presentes, como la lucha contra las dro-gas, que sigue siendo la guerra fallida que alimenta diversas formas de violencia; o las llamadas bandas criminales o bacrim, resultado del reciclaje de gue-rrillas y paramilitares.

De igual manera, las fallas institucionales así como las prácticas políticas corruptas son elementos que promueven la ineficiencia y la debilidad del sistema democrático; las condiciones de pobreza y subdesarrollo constituyen el sustrato de la injusticia social y el malestar de una parte significativa de la población. Así, sin llegar a instituir la panacea de

palabras clave: Plan Colombia, Paz Colombia, posconflicto, lucha contra las drogas. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Parte de los recursos se destinarán a programas de erradicación, No proliferación, Antiterrorismo y Desminado.

Con el Plan Colombia, el país fue el principal receptor de la ayuda estadounidense en Latinoamérica y modelo de una forma de intervención orientada al fortalecimiento del Estado. Ahora, el programa Paz Colombia creará condiciones para el posconflicto.

foto: El Tiempo

todos los males del país y con resultados contrasta-dos, el Plan Colombia contribuyó a sentar las bases del fin de la guerra*.

recursos para el posconflicto

Con el inicio de los diálogos en La Habana, el Plan entró en una nueva fase y ee. uu. manifestó su respaldo decidido al proceso de paz. Muestra de ello fue el nombramiento de Bernie Aronson como enviado especial para las negociaciones con las farc.

Pese al perfil discreto que han mantenido sus funcionarios y diplomáticos, ese país ha cumplido un papel central en el actual proceso de paz; ade-más de servir como mediador entre las partes, le conciernen directamente temas sustanciales de la agenda de negociaciones, como la política antinar-cóticos, la extradición de los jefes guerrilleros y la reorientación de las Fuerzas Militares de Colombia hacia el posconflicto.

Paz Colombia promete contribuir en la creación de las condiciones en esta nueva etapa a través de la financiación de programas con ayuda externa estadounidense. Para el año fiscal 2017, el gobierno de Barack Obama solicitó 450 millones de dólares, distribuidos en torno a cuatro elementos principales.

El primero de ellos está dirigido a financiar la paz territorial. Esto es el fortalecimiento de la presencia del Estado en zonas históricamente abandonadas y los programas de atención a las víctimas, las mi-norías étnicas, la justicia, los derechos humanos y los proyectos de construcción de paz. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) está a cargo de tales programas.

El segundo corresponde a los recursos destinados a la lucha contra las drogas. Además de subvencionar la erradicación manual de la coca y la interdicción marítima y aérea, estos recursos promueven una mayor presencia de la policía en las zonas rurales, así como patrocinar la cooperación técnica en ma-teria antinarcóticos con otros países de la región.

El tercer elemento corresponde a la ayuda militar para respaldar las fuerzas militares colombianas y, así, consolidar los avances en el campo de la segu-ridad que fueron alcanzados con el Plan Colombia. En este rubro se subvencionan los programas de inteligencia y entrenamiento.

El último componente corresponde a los progra-mas de No proliferación, Antiterrorismo y Desmi-

nado (nadr, por sus siglas en inglés). A través de estos recursos se financiaría el programa multilateral de desminado.

A diferencia de lo ocurrido en el Plan Colombia, pues la mayor parte (80 %) de la ayuda estadouni-dense era de carácter militar, en el presupuesto para el año entrante se hace mayor énfasis en la asistencia de carácter económico y social (cerca del 50 %). Mientras se afianza el proceso de poscon-flicto, se espera que estos programas aumenten su participación en el total de la ayuda otorgada por Washington en los años venideros.

En cuanto a la aprobación del nuevo paquete de ayuda, por parte del Congreso estadounidense, no existen mayores dificultades dado el sostenido respaldo bipartidista que ha tenido la política hacia Colombia desde 2000. Sin embargo, el gobierno de Obama está muy atento a los resultados del plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz, así como a los compromisos para su im-plementación.

Asimismo, factores externos pueden incidir de manera negativa en la continuidad de la ayuda es-tadounidense teniendo en cuenta la proliferación de conflictos armados en países de Oriente Medio y África, y las demandas por mayores recursos ante la necesidad de atender crisis internacionales, entre ellas la de los refugiados y los desastres naturales debidos al cambio climático.

Con su actual política, Estados Unidos parece estar tan comprometido en la construcción de la paz como lo estuvo en la que esperamos haya sido la última etapa de la guerra en Colombia.

* Para un análisis detallado del tema consulte el libro El Plan Colombia: la intervención de Estados Unidos en Colombia 1998–2012. Bogotá, de la autoría de la profesora Diana Marcela Rojas del Iepri.

septiembre 2016 | 5 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

palabras clave: frontera colombo-venezolana, corrupción, crisis de alimentos. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Política & Sociedad

Frontera requiere acciones de fondosocorro rAmírez, politólogaUniversidad Nacional de Colombia

Para combatir la corrupción y la informalidad laboral se deben impulsar proyectos que generen empleo e ingresos formales, así como depurar las instituciones civiles y militares de ambos lados. El acompañamiento de la onu, oea, Celac y Unsaur es esencial para garantizar el reacercamiento intergubernamental.

Desde el 13 de agosto comenzaron a funcionar seis pasos peatonales. Entre tanto, los gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro intentan poner en marcha lo acordado en las mesas de tra-bajo binacional.

Migración Colombia y su homólogo venezolano, el Servicio Administrativo de Identificación, Migra-ción y Extranjería (Saime), trabajan en una tarjeta o cédula fronteriza que, además de la identificación de cada ciudadano, indicará dónde reside y la acti-vidad que desarrolla.

Como medidas anticontrabando, para abrir el paso vehicular, se hará un censo de automóviles y motos con placa venezolana en Colombia. Además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian) y su homólogo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), construyen un esquema de regulación conjunta del tránsito de mercancías, topes y frecuencias de una cesta básica que la gente de frontera podrá adquirir en uno u otro lado.

De igual manera, los ministerios de Comercio examinan el trueque de productos colombianos de primera necesidad por productos químicos o ener-géticos venezolanos; también, las fuerzas policiales y militares ponen en marcha el Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional para intercambiar información y coordinar el control de ilícitos en la frontera y las 250 trochas con pasos irregulares.

Sin embargo, tanto los asuntos tratados (mi-gración, comercio, aduanas y seguridad) como las medidas antes reseñadas son insuficientes y no atacan los problemas de fondo. Para que los distintos ámbitos fronterizos se sustraigan de la ilegalidad hay que impulsar proyectos de desarrollo que generen empleo e ingresos formales y sean sostenibles en lo social, económico y ambiental. Para combatir exitosamente la criminalidad controlada por las mafias del contrabando se requiere, además, de-rrotar la corrupción depurando las instituciones civiles y militares de ambos lados.

Otro punto crucial es la participación local, que no puede ser reemplazada por los gobiernos cen-trales. Los alcaldes de Ureña y Cúcuta protestaron porque no fueron considerados, además, inicial-mente Caracas y Bogotá habían dejado por fuera el puente Santander de la reapertura a pesar de la gran movilidad de ese paso limítrofe.

El involucramiento de las autoridades locales tam-bién es indispensable, como la vinculación de gremios económicos, universidades y centros educativos, organizaciones sociales e iniciativas humanitarias de ambos lados de la “raya”, sectores que están en mora de formular propuestas y abrir procesos conjuntos para profundizar este acercamiento.

Retomar acuerdos previos ya logrados en las recientes mesas de trabajo y en otras dimensio-nes cruciales (cultura y educación, salud, agua y

La frontera colombo-venezolana es una de las más dinámicas de América.

FOTO: Defensoría del Pueblo

ambiente, infraestructura, turismo y transporte, economía y finanzas) ayudaría a salir del vacío regulatorio debido al cierre unilateral de los pasos limítrofes y la parálisis de toda la institucionalidad para la vecindad. A estos se ha llegado en momen-tos cooperativos, por ejemplo, para la puesta en marcha de la Zona de Integración Fronteriza (zif), pero han sido paralizados por las tensiones entre los gobiernos centrales.

De hecho, el acuerdo de Santos y Maduro sobre la reapertura de la frontera retoma la identificación binacional establecida por el estatuto fronterizo de 1942, luego del tratado de límites terrestres, que inició uno de los momentos más cooperativos de la relación permitiendo regulaciones de los flujos transfronterizos poblacionales, económicos, am-bientales, de asuntos judiciales y de seguridad. Esos acuerdos fueron profundizados por el Tratado de Tonchalá, de 1959, que permitió ejercer lícitamente trabajos y residencia debido a las fuertes interac-ciones fronterizas.

Hay que recuperar el tiempo perdido para regular los intensos nexos en esa frontera, una de las más dinámicas de América. El cierre injustificable de los pasos fronterizos formales afectó un mercado laboral, de bienes y servicios del ámbito andino, el más poblado, destruyó en ambos lados la producción y el comercio formal y agravó la situación local.

Lejos de liquidar la criminalidad, los distintos grupos irregulares aprovecharon el contexto –el vacío dejado por los Estados y la economía legal– y multiplicaron las trochas para el paso de la línea limítrofe reconfigurando su variado uso.

retornados e inmigrantes

No es fácil lograr una regulación fronteriza sólida entre Colombia y Venezuela por los desfases cam-biarios y precios derivados de la diferenciación de modelos económicos y políticos de los dos países.

Las crisis venezolanas se agravan y Maduro solo toma las medidas que, a su juicio, lo mantienen en el gobierno. Ha postergado la solución de los problemas económicos y de seguridad ciudadana,

que impactan cada vez más el lado colombiano de la frontera. El desabastecimiento es peor que antes.

La militarización del país que llega hasta la dis-tribución de comida no resuelve la desesperación. Las interminables colas, riñas y atracos se incre-mentan mientras se multiplican tanto bachaqueros (revendedores de alimentos y productos básicos) como precios.

Pasar a Colombia en busca de comida, medicinas, ropa o repuestos es una válvula de escape. Crece el número de colombianos, colombo–venezolanos y venezolanos que se quedan en este lado buscando alternativas para sobrevivir.

El país requiere medidas de emergencia para atender la dimensión humanitaria de ese flujo po-blacional que, además, crece con el retorno de nacionales, quienes huyeron de la confrontación y ven que se abre una ventana de esperanza con el fin de la guerra con las farc.

Hay que impedir el colapso de la capacidad de respuesta local y el aumento del desempleo y el subempleo informal fronterizo, uno de los más altos del país. Urgen inversiones que generen proyectos productivos, brinden empleo y reconviertan la infor-malidad; además de trueques o negocios energéticos y productivos de mutua conveniencia, con coordina-ción de sistemas de cambios y precios, que anulen el “caldo de cultivo” de la ilegalidad y violencia.

Esta frontera será crucial en la transición vene-zolana, servirá de escenario para el posacuerdo con las farc y debe ayudar a desenredar las negocia-ciones con el eln. De ahí la conveniencia de que organizaciones como Naciones Unidas, la oea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-ños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acompañen el proceso de reacercamiento intergubernamental y de reapertura progresiva de los pasos fronterizos.

septiembre 2016 | 6 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Política & Sociedad

Región hídrica de Bogotá, oportunidad de gestión sostenible del agua

ernesto guhl nAnnetti, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Disponer de agua suficiente y con la calidad adecuada es uno de los retos de la capital del país. Ante factores como el cambio climático y una inadecuada gestión, se propone el concepto de región hídrica, instrumento para ordenar el territorio bajo criterios hidrográficos, político–administrativos y ecosistémicos.

La localización y relieve del territorio colombiano otorgan una riqueza hídrica excepcional; sobre este llueve más del doble del promedio mundial y 1,5 veces más del valor estimado en Suramérica, el continente con mayor precipitación. Aunque los pro-medios anteriores esconden diferencias en la disponibilidad regional, las carencias de agua obedecen más a una desacertada ges-tión que a una limitación natural. Además, no ha habido un aprovechamiento de esta riqueza, percibida como fuente de desastres y problemas en lugar de factor de progreso y equidad.

No obstante, esta abundancia está ame-nazada. La creciente contaminación por la falta de tratamiento de las aguas residuales urbanas y actividades como la minería legal e ilegal y la agroindustria, afectan la salud pública y los ríos no pueden utilizarse en la práctica. Asimismo, el cambio climático acentúa los extremos de lluvia y sequía y amenaza el futuro de los páramos y sus funciones relacionadas con el agua.

Corregir esta situación requiere la adopción de una nueva forma de gestión, el reconocimiento de la importancia de los ecosistemas y sus servicios con relación al agua, el consumo racional y la devolución al ambiente con las propiedades adecuadas para garantizar la cantidad y calidad del líquido.

Las experiencias internacionales parten de entender la integralidad del territorio y el agua como bienes públicos y concluyen que la conservación de la riqueza hídrica está ba-sada en dos elementos esenciales: responsabilidad y acción conjunta de la sociedad.

El primero es la construcción colectiva de un territorio sostenible con una calidad de vida digna y equitativa, basada en procesos de desarrollo socioeconómico enmarcados en las potencialidades y límites de la naturaleza. El agua cumple un papel fundamental en este propósito por su carácter vital, eje articulador de los ecosistemas, además, como recurso in-dispensable y limitado para las actividades socioeconómicas. La disponibilidad de este elemento podría convertirse en un poderoso instrumento para ordenar el territorio y definir los usos del suelo.

La tendencia de articular la gestión del agua con la del territorio, reconociendo su interdependencia, parte de la pla-nificación participativa y de una forma de gobernanza nueva, integradora y cooperativa, que considere y negocie los intereses y las necesidades de los diversos actores que compiten por los usos del agua, lo que ha dado origen a la Gestión Integrada del Agua y el Territorio (giat).

La aplicación exitosa de la giat requiere como paso ini-cial la delimitación del territorio donde será realizada. La inexistencia de una estructura territorial y administrativa adecuada para este fin radica en la administración del agua según un criterio que no reconoce el carácter regional del ciclo hidrológico, ni los de las formas y ecosistemas del territorio,

palabras clave: región hídrica, Bogotá, servicios ecosistémicos, río Bogotá. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

N

RHBRegión Hídricadel río Bogotá

Límite región hídrica

Cuenca del río Bogotá

Río Bogotá

Bogotá, D.C.Bogotá, D.C.

Fuentes: IGAC - Quinaxi

que son generalmente supramunicipales, es decir, engloba varios municipios.

gobernanza integral Hace algunos años la cuenca hidrográfica era con-siderada el territorio adecuado para la gestión sostenible del agua. Sin embargo, los límites de los entes territoriales, actores responsables de los servicios de acueducto y alcantarillado, no coinciden necesariamente con los de la cuenca abastecedora y menos con los de los ecosistemas que generan y regulan el agua de este espacio.

Por ello, es empleado el concepto región hídrica, cuyos límites están definidos por la interacción de tres criterios. El primero de ellos es el hidrográ-fico, que estructura e incluye el sistema hídrico construido, como embalses, trasvases de aguas de otras cuencas, canales, etc. El criterio político– administrativo es un escenario de las actuaciones del Estado con respecto al agua, donde el municipio es célula básica de la gestión. El ecosistémico, por último, aporta los elementos naturales, como la estructura ecológica principal, y su conservación y buen funcionamiento depende la disponibilidad de este recurso líquido.

La región hídrica de Bogotá abarca casi 10.000 km2 y está compuesta por el Distrito Capital y 53 municipios, ubicados tanto en la cuenca del río Bogotá como fuera de ella. Además, son incluidos por la importancia de los servicios ecosistémicos (beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas) que ofrecen para garantizar la dispo-nibilidad de agua en la zona.

Es la región más presionada e intervenida del país. En ella viven casi diez millones de personas, el 25 % de la población del país, y genera un tercio

del pib nacional, por lo cual su sostenibilidad es una prioridad nacional. En ese sentido, la Ley orgánica de Ordenamiento Territorial (loot) es un instrumento muy útil, al establecer for-mas de asociación entre entes territoriales para rea-lizar proyectos y acciones de interés mutuo con una visión regional, mediante la articulación de visiones y recursos.

Respecto al segundo fac-tor, sobre la acción conjun-ta de toda la sociedad que implica nuevas actitudes, se propone un sistema in-tegral de gobernanza para el agua y el territorio de la región hídrica, que supere la visión fraccionada y de corto plazo con que es ad-ministrada. Este reconoce la existencia de múltiples entes territoriales, autori-dades ambientales y acto-res del agua (involucrados en el manejo, distribución y uso del recurso en un te-rritorio determinado) pú-blicos y privados que de-ben articularse y cooperar para lograr un fin común, a saber, la gestión sostenible del agua y el territorio.

Un sistema de este tipo debería apoyarse en un

conjunto armónico de espacios para la participación de los actores del agua, así como la generación y difusión de conocimiento e información, mediante formas de trabajo en redes, que permitan articular los instrumentos de planificación y los recursos humanos y financieros. El riesgo asociado con fe-nómenos como la variabilidad y el cambio climáti-co, los fenómenos hidrometeorológicos extremos y las actividades socioeconómicas insostenibles requieren que la giat sea proactiva, tenga bases científicas muy sólidas, sistemas de seguimiento y evaluación del estado del territorio para facilitar la toma de decisiones y reducir los riesgos.

Existe un factor especialmente favorable para hacer realidad la región hídrica de Bogotá, este es el fallo del Consejo de Estado sobre la descontami-nación del río Bogotá, que con una visión sistémica y regional impone obligaciones a los diversos en-tes territoriales y a otros actores para mejorar la calidad del río.

La puesta en marcha de esta posibilidad depen-de de crear el marco jurídico adecuado, que como lo ordena el fallo debe presentar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al Congreso como un proyecto de ley, lo cual lleva más de un año de atraso. Es de esperar que el Ministerio aproveche esta excepcional oportunidad para que la nueva normativa inicie otra forma de gobernanza, no solo en la región de Bogotá, sino en todo el territorio na-cional. Así, permitiría aprovechar sosteniblemente nuestra valiosa y excepcional riqueza hídrica.

septiembre 2016 | 7 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

palabras clave: mercados del carbono, Amazonia, territorio indígena, cambio climático. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Medioambiente

Amazonia 2020, sin visión indígenajuAn álvAro echeverri, profesor titular Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

Mientras para los indígenas la naturaleza no es un recurso, proyectos como Visión Amazonia 2020 reducen el bosque a un repositorio de carbono que puede negociarse en el mercado mundial. Por eso, las medidas contra el cambio climático deberían tener en cuenta los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

La deforestación y el cambio climático son temas relevantes en la agenda política mundial. En 2014, 32 países suscribieron la Declaración de Nueva York sobre Bosques, mediante la cual se comprometen a reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales en 2020 y acabarla por completo en 2030.

Colombia forma parte de ese compromiso a través del programa Global 2020, una responsabilidad ambi-ciosa si se tiene en cuenta que la tasa de deforestación anual es de 120 hectáreas (ha), la mayoría en Amazonia.

La firma de estos acuerdos contrasta con la inten-ción declarada del Gobierno de acelerar el desarrollo económico del país, en gran medida, a expensas de los bosques, minerales, hidrocarburos y otros recursos na-turales, contenidos en las áreas que pretende proteger.

Aun así, anunció la puesta en marcha de los pro-gramas Visión Amazonia 2020 y Conservación de bos-ques y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia, dirigidos a la deforestación cero, el “desarrollo verde” y el desarrollo sostenible. Estas iniciativas involucran amplios territorios de resguardos indígenas en Caquetá, Guaviare y Amazonas y cuentan con financiación de Alemania, Noruega y Gran Bretaña.

La implementación de los proyectos está precedida de acciones como la ampliación de Parques Nacionales Naturales (pnn), en particular el pnn Chiribiquete, que pasó de 1’298.954 ha a 2’782.353 ha. La intensificación de las políticas de protección y ampliación de las zonas parece responder a la intención de crear capital natural en el mercado mundial de servicios ambientales, en particular, en los mercados de carbono. Precisamente, esta es la visión del mecanismo redd+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación) que subyace a las estrategias de los proyectos.

El documento descriptivo del programa establece: “El gobierno está comprometido con el mecanismo redd+ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cmnucc) y lo reconoce como una de las estrategias para gestionar la pérdida de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos”. Asimismo, representa el primer programa piloto de redd+ a escala subnacional en Colombia.

Los planes contra el cambio climático y la protección de bosques tienen impactos potenciales en los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, pero las comunidades locales en los resguardos y las organizaciones locales tienen poca información sobre las propuestas.

demandas desatendidas

Un gran programa redd+ para el Resguardo Predio Putumayo está en desarrollo. Además, cuenta con el liderazgo del Foro Mundial para la Naturaleza (wwf–Colombia) y Forest Trends; y en asocio con la coordi- Aunque es una reserva de la biodiversidad mundial, en el PNN Chiribiquete habitan diversas comunidades indígenas.

Mercado de servicios ambientales

• La estrategia redd busca que los bosques tengan un mayor valor sembrados que talados, puesto que se crea un valor financiero en el carbono almacenado en los árboles.

• El Fondo Mundial para el Medio Ambiente fue establecido en 1991 con el propósito de proveer donaciones y asistencia en proyectos sobre la protección de “beneficios ambientales globales”. De los 182 países miembros, 39 son países donantes.

• El proyecto Conservación de bosques y sosteni-bilidad en el Corazón de la Amazonia, llamado informalmente Gef-Corazón de la Amazonia, será desarrollado en los departamentos de Caquetá y Guaviare, en un área cercana a nueve millones de hectáreas, por un término de cinco años a partir de 2015.

FOTO: Julia Miranda/Parques Nacionales

nadora Indígena de la Cuenca del Amazonas (Coica), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) y la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera (Azicatch). Sin embargo, los indígenas de ese resguardo y de otros vecinos tienen información limitada sobre la propuesta y no están conscientes de cómo puede afectar sus tierras, bosques y modo de vida.

La ampliación del pnn Chiribiquete ha extendido sus límites hacia los resguardos indígenas del medio Caquetá, ubicados en el área de influencia del programa Conservación de bosques y sostenibilidad en el Cora-zón de la Amazonia, pero las promesas del Gobierno nacional de atender sus demandas de ampliación de los resguardos no han sido cumplidas hasta ahora.

El mencionado programa también ha generado con-fusión en los resguardos afectados sobre el significado preciso de los términos empleados en los planes y acuerdos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (gef, por sus siglas en inglés), como “ordenamiento ambiental” y “gobernanza ambiental”. Dependiendo del diseño final y los acuerdos con las organizaciones y comunidades locales indígenas, estas intervenciones nacionales e internacionales podrían generar riesgos, así como oportunidades para las comunidades.

Las concepciones indígenas del territorio, que inclu-ye los bosques, el subsuelo, especialmente la historia, la vida y la memoria, tienen un fundamento vital y espiritual. Además, son diferentes de las nociones territoriales que subyacen a los planes y proyectos gubernamentales.

La Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia viene acompañando un proceso de investigación del pueblo féénemɨnaa (anteriormente conocido como muinane) de la región del medio Caquetá. El trabajo se concentra en el Resguardo Indígena Predio Putumayo para fortalecer el conocimiento y derechos ancestrales de los pueblos nativos frente a iniciativas de este tipo.

Como resultado de esos trabajos, a finales del presen-te año se publicará el libro Fééne fíívo játyɨ me iyáachimɨhai jíínɨje – Territorio primordial de vida de la descendencia del centro: Memorias del territorio del pueblo féénemɨnaa, el cual contiene su visión territorial indígena y es autoría de los ancianos de esa comunidad.

Según los líderes de este resguardo, la vida define y fundamenta el concepto de territorio, no es simplemente un pedazo de terreno que se puede vender o explotar. “Es, primero que todo, la vida entregada por Fíívo taadi, el

abuelo creador. Allí, él asentó los bancos de la humanidad, los bancos de los dueños de los animales y los bancos de los dueños mitológicos, y dejó una ley para manejarlo, que no es una ley inventada por seres humanos –como las leyes de los no indígena–, sino una ley que nace del principio mismo de la vida. Esta vida y esta ley provienen de la formación del mundo y es muy sagrada: es la ley de origen”.

Para estas comunidades, la naturaleza no es un recurso; el monte, los árboles, los animales tienen dueños, con los que establecen relaciones de acuerdo con la ley de origen. Por el contrario, proyectos tipo Visión Amazonia 2020 plantean adoptar –sin ninguna reserva y postura crítica– mecanismos como redd+, cuya visión reduce el bosque a un repositorio de car-bono que puede negociarse en el mercado mundial de servicios ambientales.

septiembre 2016 | 8 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

palabras clave: Fondo de Investigación en Salud, presupuesto del Estado, médicos. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Educación

Le quitan recursos a investigación en saluddolly montoyA cAstAño, vicerrectora de InvestigaciónUniversidad Nacional de Colombia

Pese al déficit de médicos especialistas en el país, cabe preguntarse si es quitándole recursos a la investigación en salud que debe cumplirse esa necesidad. El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2017 parece no contar con sustento jurídico, pues el objetivo del Fondo de Investigación en Salud es promover la generación de conocimiento.

En enero de 2001, a través del artículo 42 de la Ley 643, el Congreso de la República determinó que los dineros recaudados “por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes del lotto, la lotería preimpresa y la instantánea serán destinados al Fondo de Investigación en Salud (fis)”, administrado por Colciencias.

Desde ese momento hasta 2015, el fis ha destinado más de 390.000 millones de pesos a proyectos de crea-ción de conocimiento para la solución de problemas de salud de la población colombiana. Nunca antes en la historia del país se había consolidado un programa que a mediano plazo fortaleciera las capacidades de creación de conocimiento en este sector.

Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2017 propone que los recursos del Fondo sirvan, de ahora en adelante, para finan-ciar el programa de créditos–beca establecido en el artículo 193 de la Ley 100, administrado entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Icetex, con el fin de formar especialistas en áreas clínicas y quirúrgicas.

Si bien el informe del Centro de Proyectos para el Desarrollo, Los recursos humanos de la salud en Colombia, advirtió en 2011 que existía un déficit de más de 2.000 médicos especialistas en el país, cabe preguntarse si es quitándole recursos a la investi-gación en el área de la salud que debe cumplirse con la reducción de esta brecha. Por supuesto, negar las virtudes de contar con más y mejores especialistas sería un despropósito. No obstante, el acceso a los recursos para su formación no debe ir en detrimento de un sistema construido hace más de 15 años.

El fis ha demostrado ser efectivo, eficiente y provechoso en investigación científica, además, ha tenido consecuencias positivas en la prevención y el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos, en la adquisición de competencias médicas de punta en las regiones y en el fortalecimiento institucional de nuestras universidades, particularmente las públicas, gracias a la apropiación del conocimiento que de la investigación se desprende.

Más allá de esta inquietud, cabe advertir, –como en la comunicación remitida el 10 de agosto por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Na-cional de Colombia al Congreso de la República– la iniciativa parece no contar con el debido sustento jurídico. Los recursos que se apropian actualmente para el fis tienen como objetivo “promover e impartir directrices encaminadas a fortalecer la investigación, indagación, consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales en temas como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud, calidad de vida y prevención de las enfermedades”.

Es decir, en el proyecto no queda claro cómo el otorgamiento de créditos–beca del Icetex para

foto: Catalina Torres/Unimedios

Los recursos del FIS han servido para crear conocimiento en el sector de la salud.

formación en especialidades clínicas y quirúrgicas aportaría, en sentido estricto, a la investigación científica en el tema de salud, cuya base conceptual es la generación de nuevo conocimiento.

investigación regional y pública

El 42 % de los productos obtenidos, gracias a las investigaciones financiadas con recursos del fis, son materiales que tienen como objetivo la apro-piación social del conocimiento, como guías de prácticas clínicas, cartillas y demás documentos de uso diario para profesionales y personal asistencial en clínicas, hospitales y centros de salud. En este sentido, ha habido un énfasis particular en el uso e impacto directo en la prevención y tratamiento de los problemas de salud de los colombianos.

Los recursos del Fondo han fortalecido de manera general el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-ción Nacional. De los 4.638 grupos de investigación reconocidos por Colciencias, el 23,76 % pertenecen a ciencias médicas, y de los 10.042 investigadores registrados, el 16,16 % corresponde al área de la salud.

Además, el 28 % de los productos de investigación obtenidos por el fis genera nuevo conocimiento, plasmado en artículos de revistas indexadas, libros, resultados de investigación, capítulos en publica-ciones arbitradas, tesis doctorales, etc. Es decir, fortalece el desempeño de nuestros investigadores, suscitando más redes de creación y circulación del conocimiento, tanto en el interior como en el exterior del país.

Como si fuera poco, los recursos del fis han sido destinados con un criterio descentralizado, según las capacidades de las regiones. De los 763.609 mi-llones ejecutados desde su creación, el 38 % ha sido en Antioquia y el Eje Cafetero, el 14 % en el Pacífico y el 6 % en el Caribe. Además de estos datos, ya di-cientes, cerca del 50 % de los recursos es asignado a universidades públicas.

De lo anterior se desprende otra virtud del fis, caracterizada por el fortalecimiento de la investiga-ción regional y pública, que por su origen impacta

directamente los territorios y, a su vez, pertenece a todos los colombianos.

de nuevo conocimiento a créditos–beca

Con la intención de atender el preocupante déficit de especialistas en las áreas de la salud, se ha propuesto que, desde 2017, el 7 % de los recursos que los depar-tamentos recaudan por los impuestos relacionados con los juegos de azar, cercanos en 2015 a 20.000 millones, ya no sean administrados por Colciencias, sino que conformen un fondo para que el Ministerio de Salud y Protección Social asigne créditos–beca de formación especializada por medio del Icetex.

No cabe duda que debería fortalecerse la for-mación, sin sacrificar la investigación, pues las dos hacen parte de la misma cadena. Formar al ser humano y, en particular a los médicos, es tarea ineludible del Estado. Por tanto, es desde la genera-ción de conocimiento que nuestros médicos podrán adquirir las competencias para el ejercicio integral de su profesión, incluida la investigación. Para la formación de investigadores en niveles de posgrado, el saber requiere de puntos de referencia para la construcción social del conocimiento científico, que sí es la tarea de investigadores ya formados.

Consideramos necesario que el estudiante de los más altos niveles de especialización aporte con su dedicación y formación previas al desarrollo científico como investigadores del más alto nivel.

El llamado de la Universidad Nacional de Colom-bia supera la coyuntura legislativa de aprobación de dicho presupuesto; se trata de ser creativos y encontrar maneras de conciliar las evidentes necesi-dades de formación con los logros en investigación científica en la prioritaria área de la salud.

septiembre 2016 | 9 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

palabras clave: medicamentos, costo, sistema de salud. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Salud

Medicamentos: divorcio entre precio y valorcArolinA gómez muñoz, abogada, Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Universidad Nacional de ColombiaclAudiA vAcA gonzález, coordinadora, Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Universidad Nacional de ColombiatAtiAnA AndiA rey, profesora, Proyecto Salud Visible, Universidad de los Andes

La falta de control y los altos costos de los medicamentos han provocado uno de los mayores problemas financieros del sistema de salud. Las universidades Nacional de Colombia y los Andes le entregaron a MinSalud una propuesta para definir su precio según el aporte terapéutico.

Los sistemas de salud del mundo deben gestio-nar con mayor frecuencia la "presión tecnológica" de los nuevos medicamentos, los cuales en numerosos casos presentan un divorcio entre precio y valor.

Por un lado, ejercen una presión enorme para ingresar, posicionarse y aumentar la participación de mercado; por otro, la evidencia científica sugiere que en muchos casos no son mejores, aunque más costosos que las alternativas ya existentes en el mercado, con las que pretenden competir.

En Colombia esta realidad es relevante porque la mayoría de medicamentos son pagados con recursos públicos a través del sistema de salud. Entre el 15 % y 20 % (unos diez billones de pesos) del presupuesto están destinados a este rubro. Esta suma se espera que crezca en los próximos años, pues por mandato de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que regula el de-recho fundamental a la salud, el Plan Obligatorio de Salud (pos) deberá cubrir todas las tecnologías del mercado, excepto las específicamente excluidas.

¿Qué hacer en un contexto de recursos públicos escasos para garantizar la inversión en rubros que valgan la pena? Para responder a esta pregunta fue elaborado un documento con las propuestas prácticas sobre cómo establecer los precios de los medicamentos según su aporte terapéutico.

El documento estuvo a cargo del Centro de Pen-samiento en Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia y el Proyecto Salud Visible de la Universidad de los Andes. Para su elaboración, fueron convocados un grupo de profesionales en diversas disciplinas y sectores (industria farmacéutica, ong, pacientes, operadores logísticos, academia y consultores independientes). El resultado fue entregado al Ministerio de Salud y Protección Social.

El documento para la regulación de medicamen-tos ofrece sugerencias sobre cómo reglamentar el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo (pnd), el cual formula el control de los precios de medicamentos nuevos de acuerdo con su aporte.

nuevo modelo

La propuesta sugiere la utilización de una escala muy sencilla de aporte de tal manera que, después de analizar de forma objetiva y rigurosa el bene-ficio adicional que ofrece el nuevo medicamento con respecto a los ya existentes, sea posible definir el precio, así:

–Para los medicamentos con alto aporte tera-péutico, un precio que los premie. Este podría corresponder al costo internacional de referencia (observando el precio del mismo medicamento en 17 países).

–Para los medicamentos con aporte terapéutico moderado, un premio entre el 10 % y el 50 % adicio-nal al precio del comparador (es decir, uno de los

Alrededor de diez billones de pesos de recursos públicos son destinados a la compra de medicamentos.

medicamentos ya presentes en el mercado, con el que el medicamento nuevo entra a competir).

–Para los medicamentos sin ningún aporte terapéu-tico el precio no debería superar en ningún caso el del comparador, pues no habría justificación para pagar un valor más alto que el del medicamento que ya está en uso.

En la definición del aporte terapéutico y del pre-cio, el documento propone también el análisis del costo de oportunidad. Ello significa evaluar no solo la contribución para los pacientes, sino también para el sistema de salud, ya que la financiación de nuevas tecnologías en el sector impide invertir en otras.

precio, consideración no sanitaria

Además, los autores ofrecen recomendaciones prác-ticas sobre los criterios y las fuentes de información para que el Ministerio de Salud y Protección Social defina cada año los medicamentos que estarían su-jetos a esta medida, sobre plazos y procedimientos jurídicos específicos. En esta línea la propuesta anali-za elementos de la demanda de inconstitucionalidad que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) instauró en contra del artículo 72 ante la Corte Constitucional.

La demanda considera que ese punto viola el derecho fundamental a la salud al bloquear o retrasar la entrada al mercado de nuevos medicamentos, además, al esta-blecer el precio como requisito del registro sanitario.

La iniciativa indica que el artículo 72 dispone sal-vaguardas para evitar el bloqueo de medicamentos nuevos, pues establece que la fijación del precio debe hacerse paralelamente al registro sanitario, sin sobrepasar los plazos para su expedición.

El documento precisa que al no ser una consi-deración sanitaria, en ningún momento deberá ser considerado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para evaluar la calidad, seguridad o eficacia de un medicamento.

Además, recomienda que la evaluación del aporte para tomar decisiones sobre el control de precios de

nuevas tecnologías sea usada independientemente del resultado de la demanda de constitucionalidad. En caso de que la demanda prospere, esto implicaría hacer la evaluación después del ingreso al mercado del nuevo medicamento.

proceso transparente

El documento es contundente en relación con la importancia y necesidad de que el proceso de control de precios sea transparente. Por eso, insiste en que debe realizarse mediante referenciación interna-cional, además, cualquier interesado (laboratorio fabricante, sus competidores, pacientes y hospi-tales) podrá comentar por escrito y las entidades involucradas publicarán los aportes recibidos y las respuestas.

Según los autores de la propuesta, la consulta pública es un espacio que garantiza el derecho de la industria farmacéutica a defender su posición y evita acuerdos sobre los precios a puerta cerrada, los cuales son inaceptables, ya que está en juego el gasto público.

La propuesta del Centro de Pensamiento no se aleja de las tendencias y recomendaciones técnicas internacionales en esta materia. La posible adop-ción de las recomendaciones del documento en los asuntos polémicos de naturaleza política y jurídica, incluida la decisión de la demanda de constitu-cionalidad, dependerá del balance de fuerzas y la capacidad de influencia de los diversos grupos en el proceso de discusión.

El texto destaca el consenso que parece existir en esta materia. No se trata de negar o limitar el acceso a medicamentos o tecnologías nuevas, sino tener una medida viable para poder pagarlas de forma responsable y equitativa.

foto: archivo particular

septiembre 2016 | 10 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Política agraria omite lo acordado en La HabanadArío FAjArdo montAñA, profesor Universidad Externado de Colombia

Lejos de modificar la realidad del campo, como escenario principal del conflicto armado, las iniciativas del Gobierno tienden a afianzarla. Ejemplo de ello es la Ley 1776 de 2016, para el establecimiento de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que concedería tierras a grandes proyectos agroexportadores.

Rodeadas por las preocupantes perspectivas económicas del país y su descomposición institu-cional, las conversaciones de paz entre el Gobierno y las farc culminaron el pasado 24 de agosto con la firma de los acuerdos alcanzados. Acentúan estas dificultades las decisiones tomadas por el Gobierno, que afectan la gestión del patrimonio ambiental y debilitan el abastecimiento alimentario, lo cual profundiza los efectos del llamado modelo de de-sarrollo agrario.

Las mencionadas determinaciones han agudizado el descontento popular, encauzado en demandas de distinto orden, en particular las expresadas por la Cumbre Agraria y Popular, que coinciden en sus contenidos fundamentales con el Acuerdo Final de las conversaciones de La Habana.

A propósito de estas condiciones el Informe de la Misión para la Transformación del Campo, publicado por la Dirección Nacional de Planeación, señala: “El área rural colombiana ha sido uno de los ejes indiscutibles del desarrollo económico del país. Sin embargo, al mismo tiempo, su atraso relativo en materia económica y social muestra los sesgos urbanos que ha tenido el desarrollo del país. El campo ha sido, además, el escenario principal del largo conflicto armado”.

Según el censo de 2014, de las tierras para uso agropecuario, aquellas dedicadas a los cultivos alcan-zan poco más del 19 % de la superficie, en tanto que el 80 % está cubierto por praderas, para un hato de 22 millones de cabezas, lo cual mantiene una propor-ción de 0,7 cabezas por hectárea, similar a la de 1954.

Estas cifras revelan una estructura de la propiedad y uso de la tierra inamovible, caracterizada por la supremacía de la gran propiedad y la subutilización de los suelos; un patrón reforzado a través de la guerra, extendida por más de cinco décadas y du-rante las cuales procedieron sin efectos dos leyes de reforma agraria.

Como resultado de la vigencia de este sistema agrario se ha restringido la producción de los bienes agrícolas y agravado la dependencia alimentaria del país. En la actualidad, son importados entre el 30 % y el 50 % de sus alimentos, lo cual reduce la generación de empleo e ingresos, reproduce y am-plía la pobreza, estimada en el 47 % de la población rural, y retrasa el desarrollo económico y social del campo y el país, según indica el informe Colombia, política de tierra en transición, publicado en 2004 por el Banco Mundial.

fondo de tierras

El primer punto del Acuerdo Final incluye la creación del Fondo de Tierras de carácter permanente para

su entrega gratuita a campesinos sin tierra o con disponibilidad insuficiente de la misma.

El fondo dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros diez años de crea-ción. También, contará con la for-malización de siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad, que serán priorizadas por áreas definidas en los Progra-mas de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet), las Zonas de Re-serva Campesina (zrc) y otras que establezca el Gobierno, además de la financiación de sus planes de desarrollo.

Asimismo, contempla el es-tablecimiento de incentivos para la producción, dotación de crédito, asistencia técnica e infraestructuras (vías terciarias, electrificación y conectividad en comunicaciones, obras de riego y drenaje para las economías cam-pesinas y comunitarias, obras de saneamiento y salud). También, atiende las necesidades en edu-cación a nivel local, protección y seguridad social, formación y actualización del catastro rural y la restitución de las tierras a las personas y comunidades víctimas del despojo.

convergencia de propuestas

Previo a las conversaciones de paz, varios movi-mientos agrarios venían exponiendo sus demandas. Algunas de ellas fueron recogidas el pasado 11 y 12 de junio en el Acta de acuerdos de la reunión de los representantes de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Estos acuerdos contemplan la creación de una figura territorial campesina que amplíe la experiencia de las zrc; la identificación física y jurídica de tierras productivas a campesinos sin tierras o con menos de una Unidad Agrícola Familiar definida en la Ley 160 de 1994, con una extensión no acordada todavía de unos dos millones de hectáreas; y la legalización de los predios ocupados por campesinos.

De igual manera, plantean la culminación de trámites de las zrc y su financiación; la revisión del Convenio sobre Protección de Obtentores Vegetales, referido al establecimiento e imposición de patentes comerciales a modificaciones de especies vegetales; además, los planes piloto de compras públicas de cosechas para abastecer instituciones y programas, así como el impulso al Fondo adaptación al Cambio climático y vivienda rural.

propuesta oficial

Expresada en la Ley 1776 de 2016 para el estableci-miento de las Zidres, la propuesta agraria del gobier-no descarta la titulación de baldíos a través de las Unidades Agrícolas Familiares (uaf), establecidas en la Ley 160 de 1994, las cuales son “flexibilizadas”

palabras clave: agro, acuerdos de paz, posacuerdo, Zidres, desarrollo agrario. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

para ampliar su extensión y asignación a grandes inversiones.

La nueva normativa facilita la legalización de compras de tierras asignadas en uaf a través de reforma agraria y promueve su absorción mediante concesiones de tierras a grandes proyectos agroex-portadores.

Al mismo tiempo, minimiza su asignación a fa-vor de los pequeños campesinos carentes de ellas o con muy pequeñas posesiones, para los cuales solamente se prevé su asociación con grandes emprendimientos en condiciones semejantes a la calidad de aparceros.

Por otra parte, contempla el establecimiento de zonas francas agroindustriales (artículo 2, Ley 1776 de 2016) en el interior de las Zidres, lo cual las convierte en territorios autónomos frente a la legislación laboral y fomenta una precarización de las condiciones de trabajo de los asalariados.

Ante los diagnósticos contenidos en los estudios citados, la propuesta oficial, lejos de intentar modi-ficar las realidades reveladas, tienden a afianzarlas. La dirección del Estado no solamente persiste en las políticas que han conducido a la postración del campo y la exacerbación de la guerra, también omite los acuerdos establecidos dentro de las con-versaciones de paz.

Apenas el 19 % de las tierras tienen uso agropecuario en Colombia.

foto: archivo particular

Especial Acuerdode La Habana

septiembre 2016 | 11 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Participación política exigirá rediseño del EstadocArolinA jiménez mArtín, profesora, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesUniversidad Nacional de Colombia

El segundo punto del Acuerdo Final abre escenarios importantes para la cualificación democrática y la recuperación del campo político. Su concreción depende del despliegue de herramientas jurídicas que permitan materializar lo acordado.

Especial Acuerdode La Habana

El segundo punto del Acuerdo Final “Participa-ción política: Apertura democrática para construir la paz” propone una serie de estrategias, mecanismos y herramientas para la ampliación democrática y la recuperación –aunque parcial– del poder político de la comunidad. De ahí la importancia de construir una paz estable y duradera con justicia social.

Los desarrollos propuestos parten del reconoci-miento de las limitaciones del régimen democrático. En especial, aquellas referidas a las restricciones y criminalizaciones a la participación popular, así como la pretendida especialización del campo de lo político y su eclipsamiento en el poder del go-bernante.

Este carácter autoritario y delegativo del siste-ma político sería, entre otros, uno de los factores explicativos de la pervivencia y dinamización de la confrontación armada del último medio siglo. Por tanto, su resolución resulta inexcusable para evitar apelar a la violencia como método de acción política y orientarla hacia el fortalecimiento del pluralismo, la cualificación del debate democrático y la representatividad de los diversos horizontes de sentido político, presentes en la sociedad en un momento histórico específico.

democracia delegativa

El régimen democrático en Colombia ha asumido rasgos de lo que el politólogo argentino, Guillermo O’Donnell, caracteriza como democracias delegati-vas, las cuales “están basadas en la premisa de que quien sea que gane una elección presidencial tendrá derecho a gobernar como lo considere apropiado, restringido solo por la dura realidad de las relacio-nes de poder existentes y por un periodo limitado constitucionalmente”.

Esto es, regímenes donde el campo de acción de la política se ha restringido, “especializado” y, en consecuencia, delegado a un grupo dominante que controla el aparato estatal. El carácter de este tipo de democracias eclipsa el ejercicio de la política al juego electoral, desconoce la riqueza y complejidad del campo político, persigue la protesta y la movi-lización social y rechaza formas de regulación de carácter comunitario y antielectoral.

Algunas veces, estas estructuras del sistema político están soportadas en poderes clientelistas afianzados en los territorios y con una alta capacidad de orientar el proceso electoral en oportunidades, apoyado en el uso de estructuras armadas. El pro-yecto de dominación de clase del paramilitarismo es ilustrativo de esta cuestión.

Justamente, teniendo como horizonte este nudo de problemas, el Acuerdo Final propone una serie de caminos que pretenden contribuir en su resolución.

participación activa

El acuerdo sobre participación política prevé esce-narios importantes para la cualificación democrática

palabras clave: participación política, democracia, movimientos sociales. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

ilustración: Vanessa Tremain/Unimedios

y la recuperación del campo político. Entre los componentes que están dirigidos en esa dirección sobresalen:

–Derechos y garantías para el ejercicio de la opo-sición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final.

–Creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, con especial cuidado de los líderes de las organizaciones y los movimien-tos sociales y defensores de los derechos humanos.

–Promoción de mecanismos democráticos de participación ciudadana en los diferentes niveles territoriales que permitan a las comunidades de-cidir (construcción desde abajo) sobre asuntos de interés público y comunitario.

–Garantías para la movilización y la protesta social y procesos de democratización que conduzcan a la transformación de la cultura política y promuevan la recuperación de la legitimidad de la acción política.

–Reforma del sistema electoral y creación de una misión electoral especial para orientar el rediseño institucional requerido.

–Medidas efectivas para promover una mayor participación de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condi-ciones y con garantías de seguridad.

–Creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz con el propósito de integrar las zonas más afectadas por el conflicto y generar con-diciones para avanzar hacia la configuración de órdenes territoriales más justos.

Además, es importante subrayar que el Acuerdo Final en cada uno de los puntos hace un llamado a la participación activa de toda la ciudadanía para la implementación de lo acordado y la construcción de la paz territorial.

Estos elementos problematizan el carácter representativo y delegativo del sistema político

colombiano, amarran la consolidación de la paz a la ampliación democrática, reconocen la impor-tancia de la movilización y la protesta social para el fortalecimiento de una sociedad pluralista y generan condiciones para el control comunitario de la gestión pública.

Pese a que el acuerdo no logra poner en cuestión la disociación que construye la democracia capita-lista entre identidad civil y estatus socioeconómico, este emprende espacios y genera garantías para las luchas del poder popular.

nuevas herramientas jurídicas

El desarrollo del segundo punto conducirá a un profundo rediseño del Estado y al despliegue de una nueva producción jurídica que genere garantías de materialización de lo acordado. De ahí la importancia del llamado que se hace en el Acuerdo Final para concertar un gran acuerdo político nacional con la participación de todos los partidos, movimientos sociales y políticos que “definirá las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”.

Pese a las limitaciones para transitar hacia una radicalización democrática, el Acuerdo Final propone caminos importantes que desplieguen e intensifi-quen la conflictividad social con amplias garantías democráticas, en el escenario de posacuerdo.

Precisamente, es atendiendo a estas cuestiones que el proceso de refrendación popular convocado para el próximo 2 de octubre asume un carácter estratégico.

septiembre 2016 | 12 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Fin del conflicto armado, un proceso irreversiblecArlos medinA gAllego, profesor, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de PazUniversidad Nacional de Colombia

El punto 3 del Acuerdo, diseñado por militares activos y comandantes del grupo guerrillero, contempla que las farc estarán concentradas en 23 zonas veredales y ocho campamentos, las armas serán entregadas a la onu y las partes definirán el protocolo de seguridad para los mandos y militantes reinsertados.

Importantes innovaciones permitieron que antes de la firma de los acuerdos de paz fueran adelantadas acciones para avanzar en la finalización del conflicto armado entre Gobierno y farc.

Por ejemplo, la decisión de las farc de abandonar la guerra determinó un cese unilateral al fuego per-manente, suspendió el reclutamiento de menores y la compra de armas e iniciaron el acompañamiento del proceso de desminado humanitario en la vereda El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), y en la vereda Santa Elena, del municipio de Mesetas (Meta).

Estos contundentes hechos y acciones de paz evidencian la disposición de seguir los procedi-mientos necesarios para incorporarse a la vida social, económica y política del país.

Muestra de esa voluntad explícita la constituye el hecho de haber llegado, junto con el Gobierno, a un acuerdo de terminación del conflicto que define rutas, agendas, tiempos y responsabilidades preci-sas para los procesos de localización, dejación de armas, monitoreo y verificación. Todo ello, en el marco de un amplio plan de tránsito hacia la vida institucional y política.

El Acuerdo Final, dado a conocer el pasado 24 agosto, explicita en el punto 3 “Fin del conflicto” los componentes procedimentales del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y la dejación de armas. A la vez, establece los relacionamientos básicos con aspectos centrales para la seguridad del proceso y los integrantes de las farc, una vez se produzca su concentración e incorporación en la vida civil en términos de sus intereses sociales, económicos y políticos.

Como paso preliminar para poner en marcha aspectos esen-ciales, por ejemplo, el plebiscito, las partes anunciaron el cese bila-teral al fuego a partir del pasado 29 agosto. Por tanto, ordenaron acabar de manera definitiva las acciones ofensivas, así como poner fin a las hostilidades y a cualquier tipo de conducta que ponga en riesgo el proceso de paz.

verificación de la onu y celac

En relación con el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y De-finitivo y Dejación de Armas, el acuerdo parte del reconocimiento de los compromisos del Gobierno en tres aspectos que constituyen prerrequisito de este punto.

El primero de ellos corres-ponde a la implementación de

palabras clave: Fin del conflicto, proceso de paz, farc, zonas veredales. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Especial Acuerdode La Habana

medidas que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de los nuevos movimientos y partidos resultantes de la terminación del conflicto armado. También, la creación de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Polí-tica, que garantice prácticas democráticas, evite la criminalización, respete la dignidad humana y los derechos humanos. Y, por último, las partes deberán contribuir al surgimiento de una cultura democrática que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y favorezca la contrastación sana de las ideas.

Sobre la base de estos compromisos genera-les inicia la fase de localización de las estructuras guerrilleras en 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y ocho campamentos. Desde allí serán divulgados los procesos requeridos para ga-rantizar el paso de los combatientes a la vida civil, de manera que la dejación de armas se produzca en un tiempo no mayor a 180 días.

Este proceso será adelantado por Naciones Unidas de forma escalonada. Con el armamento colectado se erigirán tres monumentos para la memoria de un conflicto que no debe volver a repetirse.

Asimismo, contará con un Mecanismo de Mo-nitoreo y Verificación a cargo del Consejo de Se-guridad de las Naciones Unidas con el apoyo de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe (Celac), el Gobierno y las farc. Este operará como un mecanismo técnico y eficaz que proporcione seguridad y legitimidad al proceso y resuelva en la instancia pertinente las dificultades presentadas.

Los integrantes de las farc formarán parte de un censo socioeconómico durante su permanencia en las zonas veredales. En ese periodo también se desarrollarán medidas y actividades preparatorias para que el tránsito hacia la legalidad suceda con el menor número de traumatismos e inconvenientes.

colectivo y articulado

Seguramente, en el conjunto de la población exis-tirán varias dudas, alimentadas por los delirios de los opositores al proceso. Por ejemplo, si efectiva-mente las farc desaparecerán como organización armada, si van a fragmentarse o seguir secuestrando, extorsionado o controlando territorios.

Como en todo proceso de paz, es posible que haya algún sector pequeño e insubordinado. Esto

ha sucedido con el Frente Primero, profundamente cuestionado porque el comportamiento de sus mandos evidenció infiltración y traición durante la Operación Jaque. Sin embargo, las farc son una organización cohesionada y disciplinada que sigue las orientaciones del Secretariado y del Estado Mayor Central. Además, ya ha tomado la decisión de irse de la guerra y si todo trascurre según lo acordado, es un proceso irreversible.

La entrega de las armas es otra inquietud per-cibida en la sociedad. Existe una hoja de ruta para llevar a cabo esa tarea. El armamento no se entregará al Gobierno, pues las farc no se consi-deran una fuerza derrotada, por el contrario, es una decisión esencialmente política.

Tampoco, llegarán a las ciudades como otros desmovilizados, quienes se vincularon a otras prácticas ilegales y aumentaron los niveles de inseguridad; su normalización iniciará a través de la vinculación de sus integrantes a proyectos de desarrollo social y económico, y a labores de construcción y desarrollo del nuevo movimiento político. Todo esto sucederá de manera colectiva y articulada.

Igualmente, sectores sociales y políticos tienen la incertidumbre heredada de otros procesos sobre si su dirigencia y militancia será crimina-lizada por otros actores armados y en particular por el fenómeno paramilitar. El Gobierno tiene el compromiso de combatir y desarticular las organizaciones criminales, que obliga a las par-tes a ajustar el sistema de seguridad sobre los mandos y militantes reincorporados al orden institucional.

El punto 3 del Acuerdo General, con sus respec-tivos anexos operativos, es el resultado del trabajo de la subcomisión para la terminación del conflicto conformada por militares activos y comandantes de las farc, quienes construyeron una propuesta frente a la decisión de finalizar la guerra entre las partes de manera definitiva.

Arauca es uno de los 12 departamentos que albergará una zona veredal.

foto: Nicolás Bojacá/Unimedios

septiembre 2016 | 13 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Drogas ilícitas: un acuerdo con sentido comúnpedro josé ArenAs gArcíA, coordinador, Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (ocdi)Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

En el punto 4 del Acuerdo Final se definió que los cultivos han tenido un uso ilícito, los campesinos son ciudadanos sujetos de derechos y es necesaria una nueva política e institucionalidad para lograr un gran pacto de sustitución voluntaria.

Colombia ha sido escenario de todo tipo de acciones coer-citivas, impuestas unas veces por convenciones internaciona-les, potencias consumidoras y, otras, por sus propias élites. En el marco del conflicto interno se creyó que la causa de la oposición armada estaba sostenida por campesinos cultivadores de coca, amapola o marihuana.

Para diseñar este punto en la agenda “Solución al problema de las drogas ilícitas”, la Mesa de Conversaciones convocó a discusión las premi-sas relacionadas con la reducción de la oferta de drogas.

Para ello, con el apoyo de la Universidad Na-cional de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), fue organizado un foro en Bogotá que abordó las iniciativas y alternativas dirigidas a una mejor comprensión de la realidad de los cultivos, los asuntos de salud que conciernen al consumo y los desafíos que entraña el combate a los grupos criminales que se lucran de ese mercado. En el evento participaron delegaciones de una veintena de departamentos, así como académicos y especialistas nacionales y extranjeros.

Otra reunión en Guaviare facilitó el encuentro de experiencias en materia de desarrollo regional. Allí, las voces de organizaciones sociales, autoridades locales, funcionarios del gobierno central y produc-tores de coca –algunos inmersos en programas de sustitución– elaboraron conjuntamente una serie de propuestas. Entre ellas, destacaron la solicitud del fin de las fumigaciones aéreas, la erradicación forzada y la necesidad de la concertación de los proyectos con los directos implicados en este tipo de agricultura, considerada ilegal.

Cuando el Gobierno y las farc alcanzaron el acuerdo sobre drogas ilícitas reconocieron que el conflicto armado tuvo causas ajenas y anteriores a la aparición del narcotráfico. Señalaron que para lograr una Colombia en paz y sin “el problema de las drogas” es necesario alcanzar consensos con los países consumidores. Además, precisaron, los cultivos existen por razones de pobreza rural, marginalidad, falta de presencia del Estado en los territorios y carencia de servicios elementales,

palabras clave: sustitución, salud pública, derechos humanos, combatir la delincuencia. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Especial Acuerdode La Habana

que permitan la garantía de derechos básicos para los más pobres, entre otros aspectos.

Luego, las partes enlistaron las principales con-secuencias del mercado de drogas para construir una nueva política que incorpore un tratamiento diferenciado, basado en la evidencia científica.

reducción de daños, la prioridad

La nueva política tendrá un enfoque de derechos humanos y salud pública y contempla un tratamiento especial a los “eslabones débiles” de la cadena de drogas, es decir, a los campesinos cultivadores y las personas que usan sustancias adictivas.

Esa nueva visión reconocerá y defenderá los usos ancestrales y desarrollará usos médicos e indus-triales basados en aquellas plantas; asimismo, fue acordada la inclusión de los enfoques territorial, de género y ambiental. De igual manera, en un marco de seguridad garantizada por instituciones estatales, se facilitará un alto nivel de participación ciudadana.

La Mesa de Conversaciones logró algo aún más interesante: ligó el fenómeno de los cultivos con los problemas de la tierra. Además, indica que el punto cuatro 4 debe verse como un capítulo es-pecial del punto 1 “Política de desarrollo agrario integral”. Es decir, como parte de la transformación estructural del campo colombiano, debe fomentar el buen vivir de las poblaciones rurales y la mate-rialización de los principios y normas del Estado social de derecho. Por eso, la implementación de los proyectos en comunidades donde hay cultivos debe comprender programas diseñados a partir del punto de reforma rural.

El reto de seguridad que afrontarán los territorios cuando las guerrillas dejen sus armas fue asumido de forma realista, lo cual es un gran desafío. El Gobierno y las FARC reconocieron que el mercado de drogas es una realidad que empuja a las orga-nizaciones criminales por las rentas que genera el narcotráfico. Por ello, el punto 4 hace énfasis en una

persecución del delito generado por bandas que buscan el enriquecimiento personal, a través de la corrupción, la inseguridad en las zonas de cultivo, tránsito y consumo y perversión del sistema político.

Este acuerdo contempla el compromiso de las farc “de poner fin –en un escenario de fin del conflicto– a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenóme-no” (sic). Dicha responsabilidad ha sido destacada por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, así como la Organización de las Naciones Unidas (onu).

En ese ámbito está inscrito el esfuerzo conjunto especial de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, adoptado por las partes para once veredas de Briceño (Antioquia). Dentro de las acciones prácticas que validan la decisión de avanzar en esta dirección, también, están los programas de desmi-nado humanitario que cuentan con la participación activa de la onu.

Si bien los diálogos de paz sirvieron para reco-nocer que los cultivos de coca y la pasta base han sido parte de las economías de guerra, la Mesa de La Habana abordó este fenómeno desde la perspectiva de reducción de daños y señaló que las acciones inconsultas sin la participación de quienes están directamente afectados por las políticas son una equivocación que el país puede corregir.

El fin del conflicto es una oportunidad para ello y la construcción de paz debe incluir la creación de una nueva institucionalidad con el compromiso decidido del Estado de incorporar como ciudadanos a las personas que han cultivado materias primas de las drogas o consumido aquellas sustancias.

En once veredas de Briceño (Antioquia) avanza un esfuerzo conjunto por la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

foto: El Tiempo

septiembre 2016 | 14 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Los derechos de las víctimas en el contexto del proceso de pazmArco romero, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesUniversidad Nacional de Colombia

El proceso de paz entre el Gobierno y las farc fue el primero en Colombia que reconoció los derechos de las víctimas desde un principio de universalidad, lo cual significa esclarecer la responsabilidad de todos los que participaron de manera directa o indirecta en crímenes graves.

El aporte más evidente de todo proceso de paz es frenar la cadena de hostilidades. Esa fue una de las exigencias de las delegaciones de víctimas que concurrieron ante la mesa de diálogo: “Que no se levanten sin acordar la paz y que no ocurra a otros lo que nos ha ocurrido”.

La terminación de un conflicto armado por esa vía conlleva a la ponderación de las necesidades de reconciliación basadas en el derecho a la paz y la garantía de los derechos de las víctimas.

Estos derechos dependen del tipo de solución que se da a las guerras civiles, pues cuando triunfa una de las partes, esta impone a los vencidos su visión de justicia y sociedad. Pero cuando son resueltos a través de negociaciones de paz, no se reconocen vencedores ni vencidos y se pacta la transición al nuevo orden.

En ese sentido, las transiciones pactadas resultan superiores en términos de democracia porque evitan el autoritarismo, permiten mayores oportunida-des de inclusión en el sistema político y ofrecen mejores posibilidades para el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas; siempre que el compromiso no incluya una transición amnésica.

mecanismos judiciales y extrajudiciales

El acuerdo de La Habana incorpora dos conjuntos de medidas. El primer conjunto de acuerdos establece un Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, compuesto por mecanismos ju-diciales con funciones de investigación y sanción (Jurisdicción Especial para la Paz); también, me-canismos extrajudiciales complementarios como la Comisión de la Verdad, que deben contribuir a establecer las responsabilidades, la búsqueda de personas desaparecidas y la reparación de los daños.

Por primera vez en Colombia, el sistema adopta el principio de “universalidad”, esto es el recono-cimiento de la responsabilidad de todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, involucrados en graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Según el historiador Mario Aguilera Peña, en Colombia se han concedido más de 180 procesos de amnistía e indulto, sin mayor consideración por los derechos de las víctimas, para resolver las guerras civiles entre liberales y conservadores, y en los años 90, entre el Estado y grupos insurgentes.

En el proceso de diálogo del expresidente Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares se acordó un modelo unilateral basado en la determinación de responsabilidad de estos grupos, pero dejando por fuera a los responsables indirectos y agentes de Estado. En su momento, la Ley 975 del 2005 in-corporó los derechos de las víctimas y dejó atrás la propuesta gubernamental de “alternatividad penal” basada en la impunidad.

No obstante, los opositores del actual proceso hablan de impunidad, pero en el fondo rechazan

palabras clave: víctimas, desplazamiento forzado, reparación a víctimas. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

La impunidad en temas como desaparición forzada o violencia sexual contra las mujeres registra índices superiores al 95 %.

foto: El Tiempo

Especial Acuerdode La Habana

el criterio de “universalidad” porque prefieren un sistema selectivo, que excluya a empresarios, agentes de fuerza pública, expresidentes y líderes políticos.

El segundo principio da prioridad a la justicia restaurativa y la reparación sin descartar sancio-nes retributivas, para lo cual se adopta un sistema de condicionalidad y de incentivos, que otorga penas especiales a quienes aporten a la verdad y la reparación. La principal ventaja de este concepto de justicia es que permite esclarecer los crímenes sistemáticos y, con ello, contribuir a la verdad, uno de los reclamos básicos de las víctimas.

Al respecto, la oposición sostiene que el nuevo sistema erosiona las instituciones y garantías de la justicia ordinaria nacional e internacional. Además, deberían considerar que esta seguirá actuando frente a quienes no concurran al sistema especial.

Asimismo, se debe reconocer que históricamente la justicia ha sido un bien escaso para las víctimas, pues la impunidad registra índices aberrantes su-periores al 95 % frente a delitos graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra las mujeres o el asesinato de líderes sindicales. Irónicamente, el país está ante la probabilidad de que las víctimas tengan más justicia con el sistema especial que con décadas de “justicia” ordinaria.

Finalmente, el modelo ofrece seguridad jurídica a quienes decidan acogerse al sistema especial de justicia, como elemento de transición a la paz, pero en función de asegurar los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas.

atención y reparación de víctimas

El Acuerdo Final también prevé importantes medi-das para garantizar los derechos de las víctimas y el tránsito a la vigencia de sus derechos ciudadanos. De esta manera, se convino:

1) Planes de retorno para las víctimas en el exte-rior y los desplazados internos, basados en principios de dignidad, seguridad, voluntariedad y sostenibili-dad. Es previsible un alto índice de retornos, dados los incentivos de la paz territorial, lo cual demanda soluciones duraderas rurales y urbanas y concerta-

ción de medidas de regularización migratoria para los refugiados que no quieran regresar.

2) Además de la restitución de tierras, las víctimas de desplazamiento que decidan retornar y tengan vocación productiva tendrán acceso preferencial al fondo de tierras, al programa de formalización y a los sistemas de subsidio, asunto decisivo si se considera que muchos desplazados carecen de propiedad formal o real de tierras.

3) Las víctimas tendrán prioridad en las circuns-cripciones electorales de carácter transitorio en 16 territorios afectados por la violencia.

4) Los programas de la paz territorial tendrán en cuenta los índices de victimización, a fin de favorecer las poblaciones y territorios más afectados.

5) Fortalecer los planes de reparación colectiva a partidos y movimientos sociales, pueblos étnicos, organizaciones sociales, iniciativas de mujeres, gre-mios económicos y demás colectivos afectados por el conflicto, a fin de reparar daños, reconstruir sus capacidades y su lugar en el sistema democrático.

6) Un proceso participativo de reforma de la institucionalidad y la normatividad vigente para la atención y reparación de las víctimas para adecuarla a las necesidades, la temporalidad y las oportuni-dades que ofrece el proceso de paz.

7) Reconocer los derechos especiales de las mu-jeres víctimas, los jóvenes y niños, los grupos lgbti, los pueblos indígenas y afrodescendientes, etc., para reparar los daños con medidas diferenciadas.

Estas reformas deben asegurar la implementación de los acuerdos sin menoscabar los derechos ya adquiridos por las víctimas, además, demanda una voluntad política que asegure el funcionamiento eficaz de las nuevas instituciones, superar el des-financiamiento de la Ley de Víctimas advertido por la Contraloría General de la República y resolver el déficit de soluciones duraderas documentado por el auto 373 de 2016 de la Corte Constitucional.

septiembre 2016 | 15 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Un acuerdo con posibilidades reales de implementaciónjAiro estrAdA álvArez, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesUniversidad Nacional de Colombia

El sistema de implementación, punto 6 del Acuerdo Final, conjuga nueva institucionalidad, desarrollos normativos, financiación, control social y ciudadano y mecanismos de participación social para un período estimado de diez años.

palabras clave: implementación, políticas públicas, presupuesto. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Tras la firma del Acuerdo Final entre el Go-bierno y las farc y de su entrada en vigor, inicia la fase de mayor importancia: la implementación de lo convenido.

Del desenvolvimiento de esta parte podrá in-ferirse si se está en presencia de un proceso con efectos políticos, económicos, sociales y culturales transformadores o de una simple absorción sisté-mica de la rebelión armada. Asimismo, será posible valorar si el país está ante un hecho político que inaugura un proceso de inflexión histórica o frente a un acontecimiento más de la historia nacional sin mayor significado, como lo sugieren algunos análisis escépticos.

La implementación descansa sobre una premisa: el Acuerdo Final es un acuerdo de mínimos para una salida negociada al conflicto armado al mismo tiempo un acuerdo de solución jurídica, ya que lo convenido demandará elaboraciones que permitan dotarlo con la correspondiente fuerza normativa constitucional y legal.

En ello radica buena parte del fundamento para que lo acordado sea incorporado a las políticas públicas y los planes, además, exista la obligación de comprometer recursos de presupuesto para su financiación.

el sistema de implementación

Al tomar como referente la señalada premisa, es posible tener una mejor comprensión del sistema

ilustración: Vanessa Tremain/Unimedios

Especial Acuerdode La Habana

de implementación y de sus componentes. En ese sentido, las partes acordaron:

-La conformación de una “Comisión de Imple-mentación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (csvr)”, en adelante, Comisión de Implementación, de ca-rácter bipartito, integrada por tres representantes de cada una de ellas.

-La discusión y aprobación de un Plan Marco de Implementación (pmi), dentro de los cuatro meses siguientes a la firma del Acuerdo Final. Este “contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, la recomen-daciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia (cronograma) e insti-tuciones responsables”.

El pmi será adoptado mediante documento conpes en los términos aprobados por la Comisión de Implementación y deberá contener los recursos indicativos para su financiación.

-La desagregación del Plan Marco en Planes Cuatrienales de Implementación, que deberán ser incluidos como capítulos del Plan Nacional de De-sarrollo de los próximos gobiernos.

-La vinculación de los planes de desarrollo, de-partamentales y municipales, “incluyendo en los territorios priorizados, los planes de acción para la transformación regional de los planes de desarrollo con enfoque territorial (pdet)”.

-La contribución a la financiación con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías.

-La creación de un Sistema integrado de Infor-mación y Medidas para la Transparencia para fa-cilitar el seguimiento a la implementación, prever la corrupción y dar garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

-La promoción de la participación de organiza-ciones sociales y comunitarias en la ejecución y organizaciones de la sociedad civil en reuniones ampliadas de la Comisión de Implementación. En el capítulo étnico se estableció la creación de una instancia de alto nivel con pueblos étnicos, que actuará como consultora, representante e

interlocutora de primer orden de la Comisión de Imple-mentación.

-La consideración de diferentes medidas para garantizar la implementación, que incluyen la participación del sector empresarial y la cooperación internacional, así como, en el caso de la reincorporación, la medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, entre ellas, la contribu-ción de las farc.

De esta manera, el sistema de implementación conjuga nueva institucionalidad, desarrollos normativos, financiación, control social y ciudadano y mecanismos de participación social para un período estimado de diez años.

desarrollos normativos

Tal como se ha mencionado, la solución jurídica es un com-ponente central del Acuerdo Final, ya que además de ofrecer seguridad jurídica a las partes, otorga a lo convenido una fuerza vinculante y genera condiciones favorables para el proceso de implementación.

Por esa razón, fueron establecidas las “prioridades para la implementación” y “un calendario de implementación normativa durante los primeros doce meses tras la firma del Acuerdo Final”, que se llevarán a cabo según lo establecido en el Acto legislativo 01 de 2016. Mediante dicha reforma constitucional fue definido un procedimiento expedito para “facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo nor-mativo del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

El cumplimiento del trámite y aprobación de las priori-dades y las principales reformas constitucionales y legales derivadas del Acuerdo Final será la primera prueba de fuego para establecer la voluntad y la decisión política del Gobierno y de la bancada mayoritaria en el Congreso y promover lo convenido por las partes.

Todas las reformas por tramitar tendrán una garantía de fidelidad con lo acordado, pues dentro de las funciones de la Comisión de Implementación se estipuló: “constatar que el contenido de los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final correspon-da a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el presidente de la República”.

Los diseños del proceso de implementación aquí expuestos y los acuerdos de verificación de la implementación generan optimismo, dados los múltiples seguros que comprometen la comunidad internacional, la veeduría y el control social y ciudadano. No obstante, hay sombras que provienen de la capacidad de financiación estatal de lo acordado. En este aspecto debe preverse la apertura de otro campo de la dis-cusión política: las finanzas públicas.

La implementación exigirá la redefinición de la sosteni-bilidad fiscal, la estructura actual del gasto público y un sis-tema de tributación que castiga primordialmente a sectores medios y pobres de la población. El esfuerzo fiscal destinado a la victoria militar que nunca llegó deberá encauzarse a la financiación de la implementación.

colofón

Tras la realización del plebiscito y la esperada victoria del sí, se asistirá a una agenda legislativa cargada de múltiples reformas constitucionales y legales, que además de cualificar el debate político, sentarán las bases de un inusitado ciclo reformista.

La mayoría serán reformas aplazadas históricamente, otras están previstas en la Constitución de 1991, pero no rea-lizadas tras 25 años de acción parlamentaria. A los acuerdos de La Habana debe reconocérseles un indiscutible impulso democratizador de la sociedad colombiana; por supuesto, despojado de cualquier ilusión constitucional, pero advir-tiendo que habrá un nuevo marco normativo para la acción política transformadora del orden social vigente.

septiembre 2016 | 16 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

La justicia de la paz rodrigo uprimny, profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia

Aunque imperfecta, la jurisdicción especial para la paz busca una difícil armonización entre los imperativos de la justicia y las necesidades de una salida negociada al conflicto. De una óptima implementación dependerá que la paz con justicia sea posible.

La mayor parte de quienes llaman a votar no en el plebiscito manifiestan no estar en contra de una paz negociada con las guerrillas, sino que se oponen de manera específica a este acuerdo por ser, supuestamente, una paz con impunidad. Pero, ¿realmente el país está frente a un acuerdo de impunidad?

Es un tema difícil. Después de décadas de un conflicto armado cruel, en donde todas las partes (guerrilla, paramilitares y Estado) han cometido atrocidades, no es fácil encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la paz negociada y los esfuerzos por satisfacer los derechos de las víctimas y sancionar las atrocidades cometidas en la guerra.

La paz y la justicia pueden ir en la misma dirección en el largo plazo, pero en el corto plazo entran en tensión, ya que los crímenes atroces merecen penas severas, aunque ese tipo de sanciones impiden una paz negociada.

En ese difícil contexto, la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) prevista en el Acuerdo Final tiene, al menos, seis elementos positivos que deben ser destacados.

elementos positivos

El primero destaca su dimensión moral, pues este proceso de paz ha tomado en serio a las víctimas, lo cual es algo único en la historia colombiana y, tal vez, en el mundo.

El carácter holístico constituye el segundo ele-mento. La jep haría parte de un sistema global para satisfacer integralmente los derechos de las víctimas, que incluye una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas declaradas desaparecidas, el fortalecimiento de los programas de reparación y el establecimiento de garantías de no repetición, además de la dejación de armas de la guerrilla verificada por la onu.

Tal visión holística o integral de la justicia tran-sicional es recomendada por todos los expertos, quienes señalan que estas fórmulas integrales son las que mejor satisfacen los derechos de las víctimas y tienen sobresalientes resultados en términos de consolidación democrática.

El tercero está relacionado con la dimensión polí-tica. El acuerdo prevé una amnistía amplia por delitos políticos y conexos, lo cual reitera que esto no es un sometimiento de las farc, sino un proceso de paz con una guerrilla no derrotada para poner fin a un conflicto armado con raíces históricas profundas. Por ello, la reconciliación supone no sancionar la rebelión como tal, a fin de reconocer la dignidad del opositor político armado y que este tuvo sus razones, sin que esto signifique que la rebelión estaba justificada.

El respeto del derecho internacional es el cuarto elemento. El Acuerdo excluye de la amnistía las peo-res atrocidades, como los crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad). Esos crímenes serán entonces conocidos por la jep, que tendrá distintas salas y un Tribunal para la Paz.

El quinto factor es su carácter global. La jep juz-garía todas las atrocidades cometidas por quienes directa o indirectamente hayan participado en el

palabras clave: Jurisdicción Especial para la Paz, justicia, crímenes atroces. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Especial Acuerdode La Habana

conflicto armado, incluidos agentes estatales y financiadores de la guerra. Esto es importante, pues las guerrillas no han sido las únicas autoras de atrocidades y la paz requiere un cierre jurídico global, que incluya a los victimarios y reconozca a las víctimas.

El último elemento es el realismo. El acuerdo prevé que la jep se concentre en los crímenes “más graves y representativos”, lo cual evitaría su co-lapso si pretende investigar todas las atrocidades ocurridas. Igualmente, la jurisdicción tendrá en cuenta las sentencias e investigaciones de la justicia colombiana, así como la información proveniente de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

el debate sobre la cárcel

A pesar de lo anterior, los críticos argumentan que la jep es inaceptable por cuanto no prevé cárcel para todos los responsables de crímenes atroces. Sin embargo, el asunto requiere ser matizado, pues no habrá amnistía para los crímenes internacionales, por lo que los responsables de esas atrocidades serán sancionados.

Según el acuerdo, aquellos que sean condenados sin haber aceptado su responsabilidad irán a la cár-cel de 15 a 20 años; también, quienes reconozcan tardíamente la verdad y su responsabilidad serán encarcelados entre cinco a ocho años (igual que los paramilitares en justicia y paz).

Aquellos que de manera inmediata reconozcan plenamente la verdad y su responsabilidad no serán privados de su libertad , pero tendrán una sanción que puede llegar a ser tan dura o significativa como ir a prisión, pues incluye la restricción efectiva de la libertad personal de cinco a ocho años para realizar labores reparadoras, que tiene en cuenta, en ciertos casos, actividades como el desminado, que podrían poner en riesgo sus vidas.

Esto muestra que el debate sobre la supuesta impunidad del acuerdo de paz dista de ser radical, pues los opositores no pretenden establecer una

pena de cárcel severa y proporcionada para los responsables de crímenes atroces, sino que haya algo de cárcel, incluso por un tiempo reducido de pocos años. Además, el acuerdo no autoriza am-nistía para esos crímenes, por el contrario, prevé que quienes colaboren plenamente tengan en todo caso una sanción.

El debate está reducido a esta discusión: ¿debe votarse no para que los responsables de crímenes atroces, que reconozcan inmediatamente verdad y responsabilidad, vayan en todo caso a la cárcel, aunque eso ponga en riesgo la paz? o ¿se puede aceptar en nombre de la paz que, es suficiente (e incluso mejor), cumplan por un tiempo una sanción alternativa, que bien ejecutada es significativa, rigurosa y puede incluso ser útil?

Está claro que el acuerdo de jep dista de ser per-fecto, pero ninguna justicia transicional lo es, pues en condiciones muy difíciles busca una armoniza-ción difícil, casi imposible, entre los imperativos de la justicia y las necesidades de la paz negociada.

Cualquier fórmula adoptada podrá ser criticada y dejará a algunos insatisfechos. Pero la jep, como lo reconoció recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, se ajusta a los estándares, aún en construcción, que son apro-piados para estas circunstancias extraordinarias de los procesos de justicia transicional. En resumen, las víctimas serán reconocidas y reparadas en for-ma adecuada, la verdad será esclarecida, existirán garantías de no repetición, y los responsables de las atrocidades rendirán cuentas y recibirán las sanciones apropiadas.

A pesar de ser imperfecta, la jep, si es implemen-tada de forma adecuada, será realmente justicia; así, una paz con justicia será posible.

foto: archivo Unimedios

septiembre 2016 | 17 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Disminución de babilla, una cuestión de pielvAnessA cArdonA, Unimedios Bogotá

El muestreo más grande realizado en Atlántico y Bolívar evidenció que el mayor depredador de los ecosistemas cenagosos está disminuyendo debido a la sobreexplotación por la comercialización de su piel y la reducción de su hábitat.

Caiman crocodilus es uno de los reptiles de amplia distribución en el país y una especie de gran impor-tancia comercial y ambiental, pero es poco estudiada. Algunas investigaciones realizadas en Cundinamarca, en la vía Parque Isla de Salamanca, y en el río Atrato dan cuenta de su estado de conservación aceptable o bajo, mientras que en otras regiones, como la Orinoquia, sus poblaciones son saludables.

Biólogos del Grupo de Conservación y Manejo de Cocodrilos, liderados por la profesora María Cristina Ardila del Instituto de Ciencias Naturales de la Univer-sidad Nacional de Colombia (icn–un), comprobaron que la situación de los individuos que habitan los valles interandinos y la costa Atlántica no es alentadora.

“Evidencia genética y morfológica indica que las babillas de estos sitios pertenecen a una especie dife-rente a la de la Orinoquia y Amazonia. Como se trata de resultados recientes, no forman parte de las eva-luaciones sobre su estado de conservación. Además, un promedio de las poblaciones entre las dos regiones indica que no es una especie amenazada”, explica el biólogo Rafael Moreno.

Tras realizar avistamientos en las ciénagas Matati-gres y Grande de Magangué (en Bolívar) y en la laguna de Luruaco y el embalse de Guájaro (en Atlántico), los investigadores evidenciaron que el caimán de anteojos del Caribe está sometido a un mayor nivel de amenaza.

Colombia es uno de los principales exportadores de cueros exóticos, entre ellos de babilla. Cada año, envía entre 600.000 y 700.000 pieles a Europa, Esta-

palabras clave: babilla, caimán de anteojos, explotación, ciénaga. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.coSe llama caimán de anteojos por la protuberancia o cresta ósea característica entre los ojos, que simulan unas gafas.

dos Unidos y Asia, transacción que representa unos 21 millones de dólares (63.000 millones de pesos), según Estadísticas de la Asociación Colombiana de Zoocriaderos (Azoocol).

Debido a la importancia de este comercio, desde los años 90 vienen consolidándose zoocriaderos de ciclo cerrado, únicos permitidos para la especie. Este consiste en su manejo por medio de una pareja de progenitores (pie parental), obtenida del medio silvestre, a partir de la cual se desarrollan todas las fases del ciclo biológico.

Infortunadamente, el país es uno de los territorios donde más se práctica el comercio ilegal de pieles. Infor-mes de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Cites) indican que el 30 % de los cueros exportados provienen de animales extraídos del medio silvestre.

La legislación prohíbe estas acciones y avanza en el fortalecimiento de la regulación. En ese sentido, pretende impulsar el ciclo mixto, es decir, el manejo de una o varias especies, tanto en ciclo abierto como en cerrado. Para ello, la investigación de la un fue adelantada en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues para estudiar la proble-mática es importante conocer el estado del recurso y decidir cuál es la mejor alternativa para la especie y las comunidades que viven de su explotación.

población joven

Para el conteo de las babillas fue utilizada la meto-dología de captura–marcaje–recaptura, que consiste en aproximarse al animal y atraparlo con lazadas de acero. Una vez enganchados, registraron datos como edad y sexo, luego, implantaron un microchip para identificarlos en un muestreo posterior.

Un total de 260 avistamientos fueron realizados en agosto de 2015, en el primer muestreo. Tres meses después, la cifra se redujo a 179. El mayor decaimiento sucedió en Matatigres (de 148 a 95). En Guajaro pasó de 57 a 33; en la Laguna Luruaco la cantidad se mantuvo en ocho y en Ciénaga Grande de Magangué disminuyó en cuatro individuos.

En tres (Matatigres, Magangué y Guájaro) de las cua-tro ciénagas no hay babillas reproductoras de tamaños

Medioambiente

foto: Willington Martínez Barreto

mayores a 1,5 metros, dato que contrasta con el aumento registrado en las crías. Una situación aceptable porque muestra una renovación de la población, fenómeno conocido como reclutamiento.

Precisamente, ante la ausencia de ejemplares adultos, la reproducción recae en individuos de menor tamaño que tienen menos capacidad de poner huevos. “En los reptiles, entre más grande sea la hembra, los huevos son de mayor tamaño y las crías más fuertes”, destaca el investigador Moreno.

Otro resultado mostró que los individuos que están llegando a la adultez disminuyeron entre los dos perio-dos de muestra. En esa edad son más apetecidos por los zoocriaderos, pues han superado los 60 centímetros de longitud y su piel es idónea para la comercialización.

deterioro del hábitat

Los biólogos analizaron los bosques que rodean las ciénagas, fundamentales para la reproducción de esta especie, ya que utilizan la hojarasca para construir sus nidos.

En Matatigres, antes, había un mosaico de bosque y plantas acuáticas, hoy conserva un kilómetro cuadrado de área boscosa y buena parte de la rivera está cubierta por pastizales. Aun así, reportó un mejor estado de conservación.

A su vez, la ciénaga Grande de Magangué no cuenta con áreas boscosas, solo algunos árboles dispersos, y en la laguna Luruaco tampoco hay bosque, pero conserva formaciones de plantas acuáticas.

Para comprender la situación del caimán de anteojos fue importante la participación de la población, que informó sobre las actividades pesqueras y si perciben a la babilla como amenaza.

La comunidad manifestó que la pesca era una activi-dad que se hacía en cualquier momento, ahora realizan un mayor esfuerzo para obtener la misma cantidad de pescado. La diversidad íctica también ha disminuido, hace años capturaban más bocachicos y bagres, pero en la actualidad predominan menos especies entre ellas la mojarra (especie introducida). Esta situación los ha obligado a utilizar trasmallos, red gigante de uso ilegal ubicada de orilla a orilla y que recoge todo a su paso.

“Las babillas se acercan al trasmallo, comen algunas presas y al hacerlo rompen la red. Por eso, a veces hemos tenido que matarlos”, describieron algunos entrevistados.

No contar con un relleno sanitario es otro aspecto fundamental, ya que la contaminación es cada vez mayor y afecta el hábitat de los caimanes de anteojos. Asimismo, el desecamiento, antigua problemática de la región, muestra que los ganaderos siguen extendiendo potreros hasta el límite de las masas de agua.

Según el biólogo Moreno, quienes están dedicados a la comercialización de babillas venden las especies más adultas, cuya piel no es de calidad, e incluso capturan ejemplares más pequeños, aunque su precio sea menor, pues cada vez es más difícil encontrar individuos de las tallas apreciadas en el mercado.

Esta es una de las razones por las que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pretende impulsar un ciclo mixto de crianza y explotación, el cual permitiría el rompimiento del inequitativo margen de ganancias entre cazador y zoocriadero, que es el que promueve el comercio ilegal.

Para ello, otorgaría permisos de explotación silvestre a integrantes de la comunidad, de manera que apro-vechen el recurso de forma racional. De esta manera, entrarían en una cadena productiva que les proveerá ingresos económicos para afrontar los problemas de seguridad alimentaria y calidad de vida.

septiembre 2016 | 18 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

palabras clave: tensiómetro, riego de precisión, agricultura. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Ciencia& Tecnología

ciencia & tecnología

Menos agua en cultivo de pimentón

Los departamentos de Química de suelos y Producción vegetal de la Universidad de Almería (España), a través del uso de tensiómetros y sondas de succión, lograron optimizar las condiciones de un cultivo de pimentones, luego de ahorrar un 34 % de agua en irrigación. Para potenciar la cosecha al máximo, hecho que se consigue tras cinco meses de irrigación, en el último mes de riego pasaron de usar entre 3,5 a 4 millones de litros de agua a 2 y 2,55 millones de litros.

Patentan tensiómetro para riego de precisión

Cuándo y cuánto regar son interrogantes que suelen hacerse los agricultores al momento de poner en marcha los sistemas de riego. La respuesta estará en el tensiómetro para suelos agrícolas patentado por la Universidad Nacional de Colombia (un).

héctor velozA cAno, Unimedios Bogotá

Desde hace más de medio siglo, la información para el riego es obtenida a partir del uso de dos medidores de tensión que permiten, por separa-do, responder a las inquietudes ¿cuándo regar? y ¿cuánto regar? La Superintendencia de Industria y Comercio concedió la patente a la un porque su innovación consiste en medir ambos aspectos en un mismo aparato.

Según sus creadores, la mayoría de agricultores suelen sentirse más seguros si riegan los cultivos en exceso, pero demasiada humedad los afecta y habría que fumigarlos. Esta situación acarrea sobrecostos e impactos medioambientales por el uso excesivo de agroquímicos.

“La utilización de este tipo de instrumentos en la irrigación de cultivos en Colombia es muy baja, ya que no son comunes en el comercio nacional y su costo como equipo importado es demasiado alto”, afirma el profesor Roberto Villalobos, líder de la invención, obtenida con la participación del Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental.

Sin embargo, el uso de herramientas como el tensiómetro es cada vez más imperativo porque la tendencia agrícola mundial es consolidar un riego de precisión, independientemente del tipo de suelos, si son francos (capacidad media de almacenamiento de agua), arcillosos (almacenan más agua) o arenosos (almacenan poca agua).

Parte de esta necesidad radica en que la pro-ducción de alimentos deberá aumentar al menos un 70 % para 2050, según estimaciones de la fao. En 34 años el mundo albergará alrededor de 9.000 millones de personas, la mayoría vivirán en ciudades de países en desarrollo y los fenómenos climáticos, como los extensos periodos de sequía, serán más variantes y extremos.

precisión, as bajo la manga

El riego de precisión utiliza la tecnología disponible para programar el momento, la frecuencia y el tiempo adecuado, según las características del cultivo, la configuración del sistema de riego, el clima y suelo del predio. Así, es posible determinar la cantidad de agua que necesita la planta en el momento adecuado.

Uno de los objetivos es mantener el sembrado en un estatus de humedad óptimo llamado “capacidad de campo” para que, a su vez, el cultivo exprese su potencial productivo, explica el profesor Villalobos.

Mediante dicha capacidad, la planta cuenta con suficiente humedad y disponibilidad de aire en los poros del suelo e invertirá mínima energía en sus procesos fisiológicos y productivos. De esta manera, el agricultor maximiza sus cosechas en cantidad y

El nuevo tensiómetro de suelos impulsará la consolidación del riego de precisión en Colombia.

calidad. Para que eso sea posible, debe instrumentar esas características al tomar la decisión en materia de riego.

La pertinencia de saber cuándo regar implica controlar la humedad en un cultivo para que su respuesta productiva sea óptima. En relación con cuánto regar, se vigilan los costos con beneficios, expresados a través de indicadores como menor consumo de energía (asociado a menos horas de uso de motobombas) o ahorro de fertilizantes, mano de obra y, por supuesto, agua.

En ambos casos el tensiómetro convencional, inventado en 1959 y patentado en Estados Unidos, opera por medio de una pieza en cerámica porosa (deja circular el agua) en su extremo inferior. Una vez enterrada, la herramienta capta la tensión con la cual el suelo agrícola retiene el agua y la expresa en valores negativos en un vacuómetro (especie de reloj con una sola aguja) ubicado en el extremo opuesto, a través de una medida de presión atmos-férica conocida como centibar.

Una lectura cercana o equivalente a cero sugiere exceso de agua. Por ejemplo, 15 centibares indican que el cultivo está en capacidad de campo o cuanto más alejada de cero esté la aguja del medidor, más riego requerirá el cultivo.

Asimismo, una lectura de 30 centibares en suelo arenoso advierte preparar la logística de riego por-que muy pronto se necesitará irrigación, pero ese mismo dato en suelo arcilloso ofrece al agricultor un margen de maniobra de dos o tres días para regar.

dos en uno

A diferencia del convencional, que utiliza una cerá-mica, el tensiómetro desarrollado por la un posee dos. Además, tiene una longitud de 30 centímetros (cm), ya que los suelos pueden contener distintos cultivos y la formación y extensión de las raíces son distintas (profundidad radical). Por ejemplo, las raíces de los frutales alcanzan o superan los 60 cm, mientras que las de las hortalizas miden hasta 20 cm.

El prototipo diseñado cuenta con dos vacuóme-tros que expresan los datos de tensión captados a

foto: Roberto Villalobos

foto: archivo particular

través del mismo número de cerámicas, una ubicada en la mitad y otra en la punta del tensiómetro. De esta manera, expresa las mediciones a nivel medio de raíces (cuándo) y la profundidad radical (cuánto).

Además, los investigadores hallaron los mejores componentes para la constitución de las cerámicas utilizadas y con la porosidad y conductividad hidráu-lica requeridas. La mezcla en diferentes proporciones de caolín, arcilla refractaria, carbonato de calcio, feldespato, sílice, alúmina y talco ofrecieron los insumos para constituir la cerámica idónea para la función del tensiómetro. Aunque estas no fueron patentadas.

El tensiómetro de múltiples cerámicas fue so-metido a pruebas a profundidades de 0,15 metros y 0,30 metros en suelos de un cultivo bajo inverna-dero, en comparación con los convencionales. En las mediciones diarias, realizadas durante 18 días, se concluyó que la invención realizada por la un demostró ser igual de eficiente, así que la posibi-lidad de fabricarlo en Colombia lo haría asequible a los productores.

Por ejemplo, en pruebas de campo realizadas en un cultivo de flores de exportación en Madrid (Cundinamarca) bajo invernadero, un indicador de reducción de costos se reflejó en la disminución de agua irrigada, el cual pasó de 2,5 millones de litros por hectárea, a un millón de litros para el mismo ciclo de pompón, que dura tres meses.

Al respecto, según el profesor Villalobos, se está trabajando en la versión digital del instrumento y en lograr el licenciamiento de la patente para fabri-carlo, labor apoyada por la un desde la División de Extensión de la Sede Bogotá.

Asimismo, la eficiencia del prototipo ofreció otros valores agregados en relación con su uti-lización. Por ejemplo, el tiempo de llenado dis-minuyó casi a la mitad (45 %); la instalación en campo (abertura de los orificios en terreno) fue del 42 % y prácticamente no requiere mantenimiento.

septiembre 2016 | 19 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

palabras clave: minifundios, sistemas de riego, zonas rurales. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Sistemas de riego a la medida de pequeños agricultores

Desarrollorural

mAríA luzdAry AyAlA v., Unimedios Bogotá

Aunque es esencial para el desarrollo agrícola, el 83,1 % de los pequeños productores carecen de sistemas de riego que les permitan afrontar los cada vez mayores periodos de sequía. Con el liderazgo de la Universidad Nacional de Colombia se proyecta el diseño de 51 infraestructuras de este tipo en todo el país.

Estudiantes de maestría y doctorado, inge-nieros recién egresados y profesores forman parte de un equipo de trabajo que se mueve desde Nariño hasta Bolívar, en busca de datos para diseñar sis-temas de riego dirigidos a pequeños agricultores.

Con ayuda de drones se realizan levantamientos topográficos y estudian diferentes variables climáti-cas, de suelos, de infraestructura vial y de cultivos, con el fin de diseñar el proyecto adecuado para cada comunidad, con la coordinación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (un) Sede Medellín.

Uno de los viajes más recientes del profesor Carlos Alfredo Salazar Molina fue a Tuta y Siacho-que, en Boyacá, zona de influencia de los sistemas de riego que el Gobierno proyecta entregar a los campesinos, ante cifras como las del último Censo Nacional Agropecuario, según las cuales el 83,1 % de los pequeños productores no cuenta con esta infraestructura.

Los proyectos son ejecutados en 51 zonas rurales del país, donde comunidades indígenas, afros, re-insertadas y desplazadas cultivan desde dos hasta 10 hectáreas (ha) de tierra. Aunque, en conjunto, son las mayores productoras de frutas, hortalizas y tubérculos, según analiza el profesor Carlos Suescún, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (cid) de la un.

Para el diseño, los expertos han viajado a pobla-ciones como El Salado, en Bolívar, recordada por la masacre que perpetraron allí grupos armados, donde cultivan tabaco, ñame, yuca, plátano, entre otros productos. “Tuvimos que ‘trochar’ mucho, porque no teníamos contacto con los agricultores”, recuerda el docente. También, llegaron hasta Córdoba, en el Quindío, donde las comunidades viven del banano, mora, aguacate y café.

No obstante, los diseños proyectados, cada uno con una inversión entre los 180 y 200 millones de pesos, impactarán a no menos de 20.000 hectáreas cultivables. Son modelos diferentes, debido a las condiciones del terreno, la distancia de la fuente de captación hídrica, la ubicación de las tierras y el tipo de cultivos.

nuevo esquema

La Facultad de Ciencias Agrarias de la un Sede Me-dellín inició este ambicioso trabajo atendiendo una convocatoria del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) –hoy en liquidación– en 2015. El propósito es diseñar los sistemas mencionados para los pequeños cultivadores que afrontan la pérdida de cosechas debido a la falta de riego.

Este nuevo enfoque gubernamental apoyaría a la población agraria, si se tiene en cuenta que en el esquema anterior los agricultores debían contratar

los estudios y, posteriormente, ges-tionar los recursos con el Incoder.

La tarea ha implicado traslados a otros sitios donde las sequías han arrasado con las esperanzas de campesinos. Municipios como Taminango y Cumbal, en Nariño, de Mesetas y Lejanías, en el Meta, o de Jericó y Boavita, en Boyacá, afrontan las más prolongadas tem-poradas de verano.

El principal obstáculo para que la mayoría de pequeños agriculto-res cuente con esta herramienta es que, por lo general, resulta más costosa que el valor del terreno. De acuerdo con el profesor Salazar, un sistema pequeño de irrigación para una parcela puede valer entre 30 y 35 millones de pesos por hectárea, porque la fuente siempre está muy distante de los predios y su cons-trucción se basa en tuberías de pvc, también de alto precio. El valor de una hectárea, entre tanto, puede oscilar entre 15 y 20 millones de pesos. De ahí que, sin ayuda del Gobierno, no podrían contar con esta importante herramienta.

La falta de un sistema de riego puede arruinar cualquier cultivo por pequeño que sea. Después de esperar cuatro meses para obtener los primeros frutos de siembras, de tomate o maracuyá, y hasta un año para plátano o yuca, la falta de agua implica perder el tiem-po y el dinero invertido, además de las ilusiones de una ganancia. En zonas de Boyacá, las sequías prolongadas reducen hasta a un 90 % la producción agrícola duran-te la época de verano, advierte el profesor Salazar.

Como no cuentan con esta importante ayuda técnica, la única alternativa para los minifundistas es sembrar en época de invierno. Esto representa la compra de sus productos a unos precios tan bajos que incluso se ven abocados a dejarlos perder, porque resulta más costosa la tarea de empaque y envío a los centros de acopio que lo que pagan los intermediarios, debido a la sobreoferta de las cosechas.

Por tanto, el objetivo es proporcionar a los propietarios de estas pequeñas fincas sistemas de riego para cultivar en verano y, así, obtener una verdadera rentabilidad en la venta de sus productos, señala el profesor Salazar.

Además de revisar la infraestructura vial, las áreas de cultivo y las posibles fuentes de captación hídrica, el tra-bajo de campo también contempla el análisis de suelos, el inventario de los cultivos, la climatología y trámites como el permiso de la respectiva corporación autónoma regional para la captación de agua.

Con esta información es diseñada la obra, las redes de conducción y los puntos de agua que serán entregados a cada usuario. Asimismo, se efectúan reuniones para socializar el proyecto e informar los costos que deben cubrir, los cuales equivalen al 10 % del valor total del proyecto.

De ahí en adelante, el cultivador decide si riega su parcela por el sistema de goteo, a través de mangueras con goteros insertados y la utiliza, por ejemplo, en cultivos de fresas; o por aspersión, que consiste en una tubería a presión.

pequeños escollos

En el camino han encontrado algunos escollos. En una de las zonas visitadas en el Quindío, por ejemplo, el río Verde

es una fuente de captación, pero existen solicitudes de concesiones para proyectos energéticos. Afortunadamente, en estos casos, el sistema de riego tiene prioridad sobre los proyectos hidroeléctricos.

Por otra parte, en algunas zonas de Nariño fue necesario aplazar los desplazamientos dado los problemas de orden público presentados, en tanto que el paro camionero tam-bién obstaculizó otras visitas planeadas.

Hasta el momento, según el profesor Salazar, ya se cuenta con los primeros 14 proyectos en etapa de socialización con las comunidades y otros 28 avanzan en el diseño final. De cada uno de estos habrá un documento para la Agencia de Desarrollo Rural, encargada de ejecutar las obras.

Estos sistemas, concluye el profesor Salazar, aumentarán los ingresos de los agricultores en un promedio de uno a tres salarios mínimos, lo que, en su concepto, “no generará riqueza, pero sí sostenibilidad y tranquilidad para estas familias”.

La ejecución de sistemas de riego, como estos adelantados por la un, están incluidos dentro del acuerdo de paz firmado en La Habana, específicamente en el numeral 1.3.2.1., que determina: “con el propósito de impulsar la producción agrícola y la economía campesina en general, garantizan-do el acceso democrático y ambientalmente sostenible al agua, el Gobierno nacional creará e implementará el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina familiar y comunitaria.

Los cultivos de los pequeños

agricultores se arruinan

con frecuencia por falta de riego.

foto: Carlos Alfredo Salazar

septiembre 2016 | 20 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

ciencia & tecnología

Mayor velocidad en detección para sistema Ayres

El proceso de Ayres es uno de los sistemas computarizados que detecta distorsión arquitectural, sin embargo, tarda más de 70 minutos en ofrecer un resultado. Por esta razón, investigadores del Instituto Tecnológico de Acapulco, en México, establecieron un nuevo lenguaje logarítmico para que el programa corriera a mayor velocidad y proporcionara resultados más completos.

Ciencia& Tecnología

Herramienta detecta lesiones ocultas en cáncer de senoángelA cArolinA pérez sánchez, Unimedios Bogotá

Un sistema computarizado aísla e identifica con un 96 % de precisión la lesión conocida como distorsión arquitectural, una de las más difíciles de identificar en las mamografías y responsable del 20 % de falsos diagnósticos de tumores.

De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (oms), el cáncer de mama representa el 16 % de los casos diagnosticados en el mundo, por ello es el más frecuente en el género femenino. De hecho, en Colombia, cada año más de 8.686 mujeres desarrollan cáncer de seno y mueren aproximadamente 2.649 por la misma causa, según datos del Instituto Nacional de Salud.

Este tipo de cáncer es el que más padecen las mujeres y, por ello, es el que más alternativas de tratamiento ofrece, si es detectado a tiempo. Según la etapa de descubrimiento, puede tratarse hasta evitar la metástasis.

El método más utilizado para detectarlo es la mamografía, un tipo específico de toma de imáge-nes de los senos que utiliza bajas dosis de rayos X. Para el diagnóstico se tienen en cuenta tres tipos de lesiones: masas, microcalcificaciones (depósitos de calcio en el espesor de la glándula mamaria) y distorsión de la arquitectura glandular (distorsión arquitectural). Las dos primeras pueden apreciarse fácilmente en la radiografía, pero la tercera no es perceptible, debido a la compleja distribución de los tejidos en la mama.

La dificultad en la identificación de la dis-torsión arquitectural provoca un 20 % de falsos diagnósticos de cáncer de mama. Esto sucede porque “durante la toma de las imágenes la mama se comprime y los tejidos se juntan, episodio que puede ocultar la lesión detrás de los tejidos o dar un falso dictamen de cáncer por la sobre-posición de los tejidos, pero sin masas”, explica Jorge Andrés Álvarez Triana, magíster en Inge-niería Biomédica de la Universidad Nacional de Colombia (un).

Para optimizar el diagnóstico, el ingeniero bio-médico diseñó un sistema computarizado que mediante un cuadro de coordenadas arroja resul-tados más definidos de la lesión. “Esta es como una estrella que tiene un punto de partida y de la que se desprenden haces de luz que conforman el tumor. Se trata de ramificaciones sutiles que dificultan la detección mediante un autoexamen y pasan desapercibidas para los radiólogos”.

herramienta para radiólogos

En Estados Unidos existen métodos efectivos para detectar la distorsión arquitectural, cuyo funciona-miento consiste en aislar la lesión, o por lo menos la sospecha de una, y estudiarla de forma virtual. Sin embargo, una de las principales dificultades es que no se realizan in situ por lo que extraen la imagen del

palabras clave: distorsión arquitectural, biomedicina, cáncer de seno, mamografías. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

En un lapso de 0,5 segundos, la herramienta determina un resultado favorable del 96 % en el descubrimiento de la distorsión arquitectural.

foto: Nicolás Bojacá/Unimedios

foto: Archivo particular

cuadro de análisis, lo cual dificulta percibir todo el panorama y arrojar diagnósticos errados.

Por tanto, por primera vez en el campo de la biomedicina fue desarrollada una herramienta que permite estudiar la distorsión arquitectural sin aislarla del cuadro total de la mamografía y, así, obtener un diagnóstico más convincente.

El magíster tomó una base de datos de 2.500 exámenes practicados a mujeres colombianas, de los cuales 123 correspondían a falsos dictámenes de cáncer de mama (casos donde había tumores no detectados y casos donde se habló de un tumor inexistente).

Para ello, dividió el total de los casos en dos grupos. En el primero ensayó el programa con 19 casos. Inicialmente, la imagen fue aclarada, resaltó los tejidos relevantes y trazó un marco (cuadrado) en el punto de la lesión. Después, esta fue dividida en coordenadas x y y, además, cada punto de lesión fue unido con cada punto de los ejes. “El marco reveló una red que automáticamente le otorga va-lores a cada punto, dependiendo de su intensidad lumínica”, amplía el ingeniero biomédico.

El paso siguiente consistió en organizar los valores obtenidos, con base en la teoría de grafos (encontrar los puntos de mayor brillo), que determina el punto central y la dirección en la cual se encuentran los demás puntos brillantes. “Es como tener un servidor de un computador, que tiene su punto de inicio y una red de sucursales, todas ellas me dan el tamaño y las características de la lesión, además del lugar exacto de nacimiento”, añade.

En cada uno de los exámenes de la muestra, el estudiante analizó tres posibles resultados: tejido normal, tejido superpuesto y distorsión estructural. Para ello, tuvo en cuenta la dirección de las líneas de los tejidos, si estaban dispersas o indicaban un

punto fijo. Así, estableció la existencia de tumores que no se habían visto o en qué momento es posi-ble referirse a un falso positivo, lo cual facilita el trabajo del radiólogo.

Después de esta primera parte, el siguiente paso consistió en ensayar el programa con una muestra grande (246 casos, 123 con lesiones y la otra mitad con tejido normal y tejido normal superpuesto) y esperar un rango favorable igual o mayor al de la base de datos. “Como no es una lesión fácil de encontrar a gran escala, porque no abundan los casos de falsos dictámenes, hubo la necesidad de emular varias lesiones”, menciona el investigador, integrante del grupo Computer Imaging and Medical Application Laboratory (Cimalab) de la un.

En un lapso de 0,5 segundos, la herramienta determina un resultado favorable del 96 % en el descubrimiento de la distorsión arquitectural. Comparado con el método de Gabor, el más uti-lizado actualmente para encontrar la distorsión arquitectural, el margen de favorabilidad es del 83 %, lo cual demuestra que el método propuesto es más eficiente.

Tras comprobar la utilidad del método diseña-do, el magíster en Biomedicina está preparando una muestra de análisis más amplia a partir de una base de datos con más de 5.000 radiografías, que permita acreditar el programa, de manera que llegue a constituir una herramienta útil para los radiólogos del país.

septiembre 2016 | 21 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Ciencia& Tecnología

Fórmula identifica mutaciones genéticas de hemofilia AmAríA luzdAry AyAlA villAmil, Unimedios Bogotá

Una estrategia que contempla la utilización de diversas técnicas biológicas le permitirá al país contar con el diagnóstico molecular de esta enfermedad rara. Al mismo tiempo, determinar tratamientos más eficientes y de menor costo. Genetistas buscan crear un Centro de Referencia Nacional en este campo.

La estudiante de la Maestría en Genética Hu-mana de la Universidad Nacional de Colombia (un), Luz Karime Yunis Hazbún, se concentró durante casi seis meses en el análisis de 37 muestras de sangre de pacientes diagnosticados con hemofilia A, la enfermedad huérfana o rara que más costos genera al sistema de salud.

Enfundada en su bata blanca, desde tempra-nas horas de la mañana, analizó en el laboratorio cada uno de los 26 segmentos del factor VIII, gen responsable de la hemofilia A, caracterizada por hemorragias y la incapacidad del cuerpo de los pacientes de producir coagulación.

Este gen es uno de los más difíciles de estudiar, dada su dimensión, pues tal como lo explica el pro-fesor Juan José Yunis Londoño, director del grupo de Patología Molecular del Instituto de Genética de la un (igun), el código genético tiene tres billones de letras y de estas solo 186.000 representan el factor VIII.

En su detallada búsqueda, la futura magíster iden-tificó, en las muestras de los pacientes evaluados, las mutaciones o alteraciones genéticas causantes de la enfermedad, padecida en Colombia por al menos 1.600 personas, según el registro más reciente del Ministerio de Salud y Protección Social.

Los recobros de los tratamientos requeridos por los pacientes con esta afección provocaron que, durante el primer semestre de 2014, el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud de Colombia (Fosyga) pagara 37.000 millones de pesos. Por eso, es considerada la enfermedad huérfana (crónicamente debilitante, que amenaza la vida y tiene una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas) de mayor impacto en el sistema de salud nacional.

La hemofilia A es hereditaria y afecta en ma-yor proporción a los hombres, aunque las mujeres pueden portar, transmitir y resultar afectadas por esta condición. Según documentación de la Biblio-teca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los niños nacidos de tales mujeres tienen un 50 % de probabilidad de padecerla y las niñas, un 50 % de probabilidad de ser portadoras. En general, todas las hijas de hombres hemofílicos son portadoras del gen defectuoso, explica el documento.

En Colombia, para detectarla se realiza un examen tradicional de laboratorio a partir de una muestra de sangre, el cual determina la presencia del factor VIII. Sin embargo, este análisis no es suficiente para conocer la mutación que la produce, ni las mujeres de la familia portadoras del gen y las transmisoras.

Del total de casos existentes en el país, el 60 % de las personas afectadas presenta hemofilia severa, es decir, requiere mayor Factor VIII, y terapia perma-nente para el suministro para evitar hemorragias que afecten el sistema nervioso central. Además, una situación crítica es que el 30 % de estos pacientes desarrollan anticuerpos y generan resistencia a dicho factor, lo cual hace más complejo y costoso el tratamiento. Los países desarrollados cuentan

palabras clave: diagnóstico molecular, gen, hemofilia A, enfermedades huérfanas. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

HEMOFILIA A

Si la madre es portadora de la mutación del gen de hemofilia XX y el padre no tiene hemofilia XY

Si la madre no es portadora de la mutación del gen de la hemofilia XX

y el padre sí tiene hemofilia XY

Portadores del gen de hemofilia Posee hemofilia No posee hemofilia

CDC – Centers for Disease Control and Prevention-Hemophilia Homepage.http://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/champs.html

100%0% probabilidades

de que los hijosposean hemofiliaprobabilidades

de que las hijassean portadoras

del gen dela hemofilia

probabilidadesde que las hijas

sean portadoras del gen de

la hemofilia

50%

50% probabilidadesde que los hijosposean hemofilia

gráfico: Vanessa Tremain/Unimedios

con diagnósticos moleculares para estos casos, aunque su precio oscila entre los 2.500 (7,5 millones de pesos) y 4.000 (12 millones de pesos) dólares por muestra.

Con este disciplinado análisis de laboratorio, la investigadora implementó una estrategia escalonada de análisis molecular para identificar las mutaciones. Este abordaje implicó el análisis de las inversiones (alteraciones) 1 y 22 (regiones) del gen y el tamizaje o filtro molecular, mediante una metodología denominada High Resolution Melting (HRM), en todas las regiones o segmentos del gen, en los pacientes negativos para las mencionadas inversiones. Posteriormente, fueron secuenciadas las regiones que por el tamizaje HRM indicaban en qué segmentos del gen podría estar la mutación y así realizar el diagnóstico.

Este trabajo colaborativo fue coordinado por el profesor Yunis, el Grupo de Patología Molecular de la Facultad de Medicina, el igun y el grupo de Oncohematología Pediátrica de la un, que lidera la profesora Adriana Linares Ballesteros; además, contó con la colaboración del Dr. Édgar Cabrera Bernal.

baja inversión

La profesora Linares, una de las expertas más reconocidas en hemo-filia, había comenzado esta tarea preliminarmente, pero no se había estudiado la totalidad del gen. Fue así como decidieron continuar el trabajo hasta perfeccionar la estrategia que les ha permitido realizar el diagnóstico molecular, un procedimiento común en los países desarrollados, pero hasta ahora desconocido en Colombia y en otros países de la subregión.

Reconocidos avances en Argentina y literatura sobre el tema fueron en un primer momento la base del estudio. De esta manera, el abor-daje escalonado permitió analizar las regiones donde posiblemente estaba ubicada la mutación (alteración de la estructura genética).

Con los equipos disponibles en el igun, estudiaron el gen causante de la enfermedad en cada una de las 37 muestras de pacientes en estudio, suministradas por el Hospital de La Misericordia y la Clínica Infantil Colsubsidio, organizaciones que cuentan con programas de atención a los pacientes con hemofilia A.

Asimismo, una inversión de alrededor de 10 millones de pesos en reactivos (gracias a los aportes de la División de Investigación de la un Sede Bogotá) permitió implemen-tar la estrategia, con la que se espera reducir los costos del diagnóstico por paciente, a un máximo de dos millones de pesos, según la complejidad de cada caso.

asesoría genética

De los 37 pacientes estudia-dos, 30 presentaron hemofi-lia severa; cinco, moderada y dos leve. Al respecto, explica la estudiante de maestría, la alteración molecular es dife-rente en cada familia, lo cual es importante en el asesora-miento genético, con el fin de explicarles cómo se transmi-te la enfermedad, establecer el estado del portador y un transmisor de esta patología y los riesgos en cada caso. Por ejemplo, a dos hermanas de pacientes les informaron que no eran portadoras de la mutación.

Cuando el diagnóstico muestra que alguna mujer integrante de la familia es por-

tadora y como tal potencial transmisora, es posible brindar asesoramiento genético y preconcepcional para que la pareja tome una decisión informada al pensar en tener un hijo, precisa la doctora Yunis. En estos casos, cuando la madre es transmisora, sus hijos varones tienen una alta probabilidad de adquirir la enfermedad.

Una vez identificada la mutación, el grupo de estudio brindó la asesoría requerida a las familias y suministró información básica sobre el concepto de adn, el significado de un gen y las implicaciones de una alteración o mutación genética.

El adelanto logrado por el equipo investigador de la un señala que el papel del genetista no ha sido valorado suficientemente en Colombia, con base en todo lo que puede aportar en el manejo integral de pacientes con enfermedades genéticas como la hemofilia.

Por tanto, los investigadores aspiran a consolidar un grupo con herramientas modernas para diag-nósticos moleculares, como el desarrollado para el caso de la hemofilia A, que contribuya al manejo y control de esta y otras tantas enfermedades de origen genético.

septiembre 2016 | 22 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

ciencia & tecnología

Hongos de aguas contaminadas degradan antraceno, fluoranteno y pirenoInvestigadores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, de Venezuela, estudiaron la biodegradación de hidrocarburos policíclicos aromáticos (hpa) por hongos aislados de aguas contaminadas con petróleo, podredumbre blanca (enfermedad que afecta cultivos de frutas) y acíbar (sustancia amarillenta de la hoja del aloe vera). Además, al evaluar la capacidad de las cepas para crecer y degradar antraceno, fluoranteno y pireno, una de ellas mostró la mayor tasa de biotransformación de estas sustancias (entre 15 y 20 %), por tanto, fue seleccionada para ensayos de biorremediación en suelos contaminado.

Ciencia& Tecnología

Levaduras que comen hidrocarburosvAnessA cArdonA, Unimedios Bogotá

Por primera vez en el mundo son identificadas dos especies de levaduras (hongos microscópicos)que habitan en ductos y tanques de gasolina de los automóviles. En estos espacios sobreviven y se alimentan de hidrocarburos contaminantes, lo cual es ideal en procesos de limpieza de ecosistemas.

En la producción de combustible para vehí-culos, plaguicidas, herbicidas o detergentes son utilizados hidrocarburos derivados del petróleo que, además de contaminar la atmósfera, no se degradan con facilidad. A esto se suman los derra-mes de petróleo, resultado de los atentados a los oleoductos que afectan los ecosistemas de varios cauces del país.

Este panorama ha motivado la búsqueda de alternativas para restaurar los ecosistemas con-taminados, a través de una tecnología emergente conocida como biorremediación, es decir, el uso de organismos vivos (plantas, algas, hongos o bac-terias) para absorber, degradar o transformar los contaminantes en sustancias menos tóxicas.

Nathalia Catalina Delgadillo, bióloga de la Uni-versidad Nacional de Colombia (un), constató por primera vez la presencia de dos levaduras del género Rhodotorula, microorganismos que se encuentran en el tanque de gasolina de vehículos urbanos y tendrían el potencial de transformar la estructura química de los contaminantes.

El hallazgo es importante, pues aunque hay más estudios sobre 150 géneros de bacterias que contie-nen especies capaces de crecer con hidrocarburos como único proveedor de carbono, elemento fun-damental para la vida y energía, solo unos pocos hongos (del género Penicilium) y levaduras (de los géneros Candida y Pichia) han sido estudiados en este sentido. De hecho, distintas investigaciones realizadas en 1998 y 2007 constatan la presencia de microorganismos en tanques de combustibles empleados para la industria aeronáutica.

“Si los microorganismos que habitan esos lugares tienen la capacidad de vivir en ambientes contami-nados, pues la presencia de una fuente de carbono (hidrocarburo) les provee un entorno propicio para su desarrollo y crecimiento, también lo utilizan como alimento”, afirma la investigadora.

crecen en tanques de gasolina

La bióloga obtuvo la muestra al frotar con copos de algodón estéril las paredes y los tubos de ingreso de gasolina de tres automóviles.

La aisló en tubos de ensayo y la conservó a cua-tro grados centígrados. Así comenzó a comprobar que las levaduras encontradas, 17 en total, podían crecer en hidrocarburos aromáticos, reconocidos

palabras clave: hidrocarburo, levaduras, petróleo, biorremediación, degradación. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Las especies Rhodotorula calyptogenae y Rhodotorula dairenensis proliferan en tanques de gasolina de vehículos.

por sus olores intensos, normalmente agradables, y la alta complejidad de degradación.

Los compuestos escogidos fueron naftaleno, un sólido blanco producido naturalmente al quemar combustibles; fenantreno, presente en el humo del cigarrillo y conocido irritante porque aumenta la fotosensibilización de la piel a la luz; y pireno, sus-tancia potencialmente carcinógena que contienen algunos alimentos, como carne y pescados.

Cada cepa fue incubada en alguno de los hidro-carburos aromáticos a 27 grados centígrados y su crecimiento estuvo vigilado entre 10 y 15 días, de acuerdo a unos criterios (si hubo o no crecimiento). Para los controles fueron sembradas las mismas cepas en medios ricos en nutrientes en su ambiente normal.

El aumento más notorio corresponde a las es-pecies Rhodotorula calyptogenae y Rhodotorula daire-nensis, lo cual sugiere que podrían ser potenciales degradadores de naftaleno, fenantreno y pireno.

“Las levaduras que crecieron poseen enzimas útiles para que los hidrocarburos se fragmenten, es decir, transformen su estructura química, sean sustancias menos nocivas y permitan que otros microorganismos del medioambiente puedan de-gradarlas con facilidad”, explica la bióloga Delga-dillo. Para el estudio contó con la colaboración de la empresa Corpogen, la cual aportó materiales y reactivos fundamentales en procesos de biología molecular, como extraer el adn (material genético) de las cepas y los ambientes que estas requieren para crecer.

Según la investigadora, aunque las levaduras no registraron un crecimiento similar a las utilizadas como controles, demostraron que utilizan los hi-drocarburos como nutrientes y fuentes de energía para su desarrollo.

Por otra parte, la cepa de control P. anomala, cuyo potencial degradador de fenantreno, crizeno

foto: Nicolás Bojacá/Unimedios

foto: Archivo particular

y dibenzofurano (sustancia tóxica acumulada en suelo, agua, aire y tejidos orgánicos) ya había sido reportado, en esta investigación demostró que también degrada pireno.

identificación genética

Tras comprobar la efectividad de las cepas, el paso si-guiente fue identificar el género y la especie al que per-tenecían. Para ello, se llevó a cabo la extracción de adn de las levaduras y se analizó en un programa informático, que confirmó que Rhodotorula calyptogenae y la Rhodotorula dairenensis fueron las levaduras con mejor rendimiento.

Si bien esta es la primera investigación que registra la presencia de microorganismos en tanques de gasolina de vehículos urbanos, la profesora Jimena Sánchez Nieves, del Departamento de Biología, directora del estudio de Nathalia Catalina Delgadillo, y los investigadores del grupo de Microbiología de la un continuarán evaluando la aplicación concreta de las cepas en la biorremediación.

Sin embargo, esto dependerá del ecosistema que se descontamine. En el caso de los cauces afectados por petróleo, habrá que determinar la cantidad de concen-traciones para aplicar un inóculo (microorganismos que se utilizan en la incorporación de una sustancia en un organismo) con la levadura y observar cuánto químico puede remover.

Estrategias como esa serán de gran ayuda para la sos-tenibilidad ambiental del país, pues solo en 2015 fueron registrados más de 49 ataques contra la infraestructura petrolera, según cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo, cuyo impacto ambiental afectará durante varios años cientos de kilómetros de ríos, quebradas y ciénagas.

septiembre 2016 | 23 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

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septiembre 2016 | 24 Periódico – N.º 203 – Universidad Nacional de Colombia

Artes& Culturas

“No se trata de crear artefactos, sino de diseñar ideas”

El filósofo estadounidense Richard Buchanan, una de las voces más influyentes del diseño gráfico, asegura que crear estrategias de unión es uno de los ámbitos en los que navega esta disciplina en la actualidad. En su opinión, superar 52 años de conflicto armado en Colombia implica soluciones locales diseñadas por cada comunidad.

ángelA cArolinA pérez sánchez, Unimedios Bogotá

Hace algunos años, Richard Buchanan fue invitado a Sudáfrica para el congreso nacional de diseñadores gráficos. En la sala de conferencias, frente a representantes del Gobierno y empresa-rios, un participante presentó Vector, un arma que borra las huellas dactilares del gatillo, exhibida en Berlín, Chicago y New York. Asombrados, los asistentes discutieron durante varios minutos sobre el propósito del diseño y la manera como este debe velar por el bienestar de la sociedad.

Según el Ph.D. de la Universidad de Chicago (Estados Unidos), el nuevo rol de los diseñadores no está centrado solamente en el objeto, sino en crear nuevas relaciones con el mundo y orientar sus propósitos al servicio de la humanidad. “La interacción del diseño sobrepasa la pantalla de la computadora y se extiende a la vida personal y social de los seres humanos”, subraya el ex-perto estadounidense, quien de joven soñaba con ser astrofísico.

Por eso, como docente del Weatherhead School of Management de Cleveland, Ohio, tra-baja en las “interacciones colectivas”, centradas en los problemas del cambio organizacional y en una reforma de la educación de gestión sobre el concepto de “gestión del diseño”.

un Periódico conversó con este doctor honoris causa de la Universidad de Montreal (Canadá) durante su visita a Colombia, como uno de los invitados internacionales del II Congreso Inter-nacional de Investigación en Diseño realizado por la Facultad de Artes de la un.

un Periódico (UNP): desde hace algunos años afirma que el diseño gráfico pasa por un cuarto momento…

Richard Buchanan (R.B.): en las primeras dos etapas los diseñadores estaban preocupados por los símbolos y la creación de objetos; en un tercer momento su interés estuvo centrado en las interacciones y propusieron innovación en servicios. Ahora, afrontan la innovación de las relaciones, los vínculos e ideas para el ambiente que los rodea. El nuevo diseño está centrado en los servicios ya sean culturales, educativos, gubernamentales y de productos. No se trata solamente de diseñar un artefacto, sino de en-contrar la forma de llevarnos bien entre todos.

UNP: ¿qué casos existen sobre el diseño de ideas y las nuevas relaciones?

R.B.: por ejemplo, China lo ha comprendido muy bien y alrededor del 80 % de su economía está vol-cada en los servicios de educación, alimentación y salud; le siguen Estados Unidos (75 %) y Japón (70 %). Australia rediseñó el sistema de impuestos y para conseguirlo, además de un puesto central de control, creó grupos locales que propusieron

Según Richard Buchanan, el diseño debe salir de los computadores y extenderse a las relaciones humanas.

palabras clave: diseño gráfico, Richard Buchanan, innovación, sociedad. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

integrar a los usuarios, es decir, establecieron otras formas de relacionarse.

UNP: ¿qué papel podrían desempeñar los dise-ñadores colombianos en su tarea de tejer nuevas relaciones tras cinco décadas de conflicto armado?

R.B.: en diseño hay dos tipos de problemas: los “arreglables”, que están determinados y por los cuales podemos calcular la respuesta, y los “intri-gantes”, los más emocionantes e interesantes, ya que nos exigen pensar cómo diseñar si tenemos diferentes propuestas y visiones del futuro. Navegar en esas diferencias es lo que la sociedad, incluidos los diseñadores, deben aprender para crear una nueva Colombia. En ese sentido, cada comunidad debe planear la manera como resolverá los proble-mas, como lidiará con la justicia. Por ejemplo, su apuesta puede estar reflejada en infraestructura o en el diseño de políticas públicas. Si todos diseñan estrategias de unión, podrán solventarse los pro-blemas del pasado.

UNP: lo que acaba de señalar está relacionado con uno de los temas centrales de sus reflexiones, “las interacciones colectivas”.

R.B.: creo que la dignidad es el punto central de la labor corporativa. Esta se refiere a tratar a las personas con respeto y entender que somos diferentes, que tenemos otros valores, deseos e intereses. El respeto por ese pluralismo es el centro de lo que define al diseño.

UNP: además de la reconciliación de ideas, queda el reto de comunicarlas de forma correcta, ¿cómo hacerlo?

R.B.: en el diseño gráfico la comunicación es una meta evidente. Se pueden plantear grandes ideas, pero si no se saben comunicar, no habrá éxito. Esto exige ser inteligente y precavido a la hora de transmitir ideas. La comunicación también es im-portante en las investigaciones que llevan a cabo los diseñadores, pues deben escuchar a las personas, sus necesidades, los problemas y las expectativas para plantear soluciones óptimas.

UNP: los diseñadores se enfrentan a la dico-tomía de comunicar y conseguir sustento en su

FOTO: Catalina Torres/Unimedios

profesión. Por ejemplo, si yo tengo una idea que puede cambiar el mundo, ¿sería egoísta venderla al mejor postor?

R.B.: no hay una respuesta fácil para eso. Es curioso, pero no suele comprenderse el funciona-miento de las compañías en la sociedad y resulta que ellas, muchas veces, son las encargadas de masificar las ideas de diseño. Si tienes una buena idea piensas en cómo transmitirla, ¿la imprimo en un periódico? o ¿encuentro un socio e invierto? Como es un proceso largo, voy a una empresa para que esta tenga un impacto en la sociedad. Sin em-bargo, una vez es compartida, la idea ya no es del todo mía y otros participan en su desarrollo. No puedes mantenerla escondida, debes dejarla fluir.

UNP: ¿cómo hacer para que los diseñadores se arriesguen a proponer sus ideas, aun sin tener la certeza de que funcionen?

R.B.: la valentía la da la confianza en tu proyec-to. Algunas veces, buenas ideas son desechadas cuando no deberían; por eso, uno de los retos de los diseñadores es sacarlas del estudio y arriesgarse para que el mundo las vea.

UNP: ¿cuál cree que es el mayor reto de los nuevos diseñadores en el mundo?

R.B.: rediseñar los entornos en los que vivimos. Por ejemplo, los sistemas habitacionales de los seres humanos fueron creados para una población más pequeña y ahora somos tantos que ya no son ni eficientes ni suficientes. Sin embargo, es un reto de cuidado, pues se cree que los sistemas diseñados cumplen con todas las expectativas, lo cual es arrogante, ya que estos suelen cambiar constantemente porque el mundo está en cons-tante movimiento.