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Efectos Económicos del DesplazamientoForzado en Colombia: Departamentosde Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca1997-2004

Diagramación e Impresión: Espitia Impresores - Cartagena

La Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrolloes un proyecto colombo-italiano, fruto del convenio entre la Universidad deSan Buenaventura de Cartagena en Colombia, la Universidad de Pavíaen Italia y un consorcio de la las mayores ONG italianas, COOPI, CISP YVIS. Es cofinanciada por el gobierno italiano y cuenta con el respaldo de laComisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Car-ibe, CEPAL.

Su propósito fundamental es contribuir al fortalecimiento de la cooperaciónpara el desarrollo, formando especialistas latinoamericanos a través de unaEspecialización Presencial en Cooperación Internacional para elDesarrollo. Para tal fin, realiza investigaciones en esta área del conocimientoy promueve el intercambio de experiencias y aprendizajes entre lasinstituciones que actúan en este ámbito.

La Escuela posee una estructura interna conformada por tres unidadesoperativas interdependientes: formación, investigación y redes.

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN tiene como objetivo realizarinvestigaciones en el campo de la Cooperación Internacional para elDesarrollo que contribuyan a la reflexión académica y se constituyan comoherramientas prácticas en los procesos de gestión de proyectos.

En este sentido, los trabajos de investigación guardan correspondencia conlas áreas que conforman el programa académico de la EspecializaciónPresencial en Cooperación Internacional para el Desarrollo: Economía delDesarrollo, Sociopolítica y Metodologías para la gestión de proyectos.

La Investigación “Efectos Económicos del Desplazamiento forzado enColombia: Departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997-2004”, surge como una pregunta del Área de Economía que busca avanzar

en una aproximación al problema del desplazamiento forzado, que por sumagnitud y persistencia, revela graves efectos sobre el desarrollo. Seabordan específicamente tres de ellos: abandono forzoso de tierras, cambioen la estructura del mercado laboral y pérdida de capital humano – esteúltima aspecto, planteado como una propuesta metodológica de estimaciónque constituye una invitación a futuros análisis.

De esta manera se espera contribuir a la reflexión de las instituciones públicasy privadas que atienden la población desplazada, a través de la promociónde nuevos enfoques que respondan a una lectura del desplazamiento comoun problema de mediano y largo plazo.

ESCUELA LATINOAMERICANA DECOOPERACIÓN Y DESARROLLO

DIRECTOR DEL PROYECTOPaolo Giorgi

DIRECTOR DE LA ESCUELAJairo Agudelo Taborda

RESPONSABLE LOGÍSTA DEL PROYECTOEmanuelita Focaia

ASISTENTE DE LA UNIDAD DE FORMACIÓNPedro Rejtman Orozco

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y REDESNatalia Londoño Vélez

INSTITUCIONES PROMOTORAS DEL PROYECTO

Universidad de Pavía, Italia Escuela Europea de Estudios Avanzados en Cooperación y Desarrollo

Universidad de San Buenaventura, de Cartagena

Cooperazione Internazionale COOPI

Comitato Internazionale per lo Sviluppo del Popoli CISP

Volontariato Internazionale per lo sviloppo VIS

Naciones Unidas - Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL

Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia MAEcopyright 2005. 1º Edicióncopyright 2005. 1º Edición

Edita: Escuela Latinoamericana de Cooperación y DesarrolloUniversidad de San Buenaventura de CartagenaCalle Real de Ternera, Bloque Fray Pedro Gante

PBX: (575) 653 9594 Ext 139/147 Directos: (575) 653 7603 – 653 7592E-maill: [email protected] www.usbctg.edu.co/elacid

Cartagena de Indias - Colombia

InvestigadoresInvestigador Principal: Dewin Pérez Fuentes, Economista, Especialista en Finanzas.Profesor de la Universidad de Cartagena e Investigador de la Escuela Latinoamericana deCooperación y Desarrollo.

Co-investigador: Damiano Stella, Magister en Cooperación Internacional para elDesarrollo de la Universidad de Pavia – Italia.

Tatiana Guarnizo, Polítologa, Magister en Relaciones Internacionales UE-AL. Investigadorade la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo.

Auxiliar de Investigación: Carlos Yanes Guerra, Economista de la Universidad deCartagena, candidato a Especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo de laEscuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo.

ASESORES:

Asesores metodológicos

Marco Missaglia: Economista. Doctorado en Economía Política del Desarrollo Profesor eInvestigador de la Universidad de Pavía - Italia.

Martha Helena Badel: Abogada. Magíster en Economía. Investigadora Principal del Índicede Integridad de Transparencia por Colombia.

Asesores temáticos

Amaranto Daniels: Economista. Especialista en Planeación para el Desarrollo Urbano-Rural y Magíster en Estudios Político – Económicos. Investigador del Instituto Internacionaldel Caribe de la Universidad de Cartagena.

Raúl Quejada Pérez y Martha Yánez C. Economistas. Profesores del Programa deEconomía de la Universidad de Cartagena.

Asesor Editorial:

Raymundo Gomezcásseres, Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de laUniversidad de Cartagena.

AGRADECIMIENTOS:Al Padre Murizio Pontin y Rodrigo García Téllez de Pastoral Social, Instituto Geográfico AgustínCodazzi, Comitato Internazionale per lo Sviluppo del Popoli CISP - Medellín, a Adolfo Álvarezde la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, Rosita Jiménezdel Observatorio del Desplazamiento Forzado de la Universidad de Cartagena, Facultad deCiencias Económicas – Programa de Economía de la Universidad de Cartagena, y DavidAcuña de la Secretaria de Agricultura del Departamento de Bolívar.

ContenidoPág.

Presentación .................................................................................... 9Introducción ..................................................................................... 11Antecedentes .................................................................................. 15

Capitulo I

Contexto del desplazamiento forzado en Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca

1.1 Departamento de Antioquia ...................................................... 18Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP – Colombia

1.2 Departamento de Bolívar .......................................................... 34Amaranto Daniels Puello. Investigador Instituto Internacionalde Estudios del Caribe. Universidad de Cartagena.Rosa Jiménez Ahumada. Coordinadora Observatorio parael Desplazamiento Forzado. Universidad de Cartagena.

1.3 Departamento del Valle del Cauca ............................................ 44Adolfo A. Álvarez. Profesor Titular de la Escuela de TrabajoSocial y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle.

1.4 Características generales de la población desplazadaforzosamente en los tres departamentos ........................................ 54

Capitulo II

2. Efectos económicos del desplazamiento .................................... 64

2.1. Tenencia de la tierra y desplazamiento forzado ................ 642.2. Ocupación y desplazamiento forzado ............................... 1132.3. Perdida de capital humano ............................................... 1692.4 Propuesta Metodológica- Índice de Desarrollo Humano (IDH) Corregido por el Desplazamiento ................................ 179

3. Implicaciones y recomendaciones ............................................ 184

Bibliografía ................................................................................ 189

Anexos ...................................................................................... 197

PresentaciónEl desplazamiento forzado en Colombia se constituye como una de lasconsecuencias más graves de la confrontación armada en Colombia queestá afectando todos los niveles del desarrollo social, institucional, ambientaly económico del país.

De acuerdo con la ONG CODHES entre 1985 y el primer trimestre de 2005han sido desplazadas forzosamente 3.563.504 personas, registrándose enlos años 2001 y 2003 las cifras más altas con 760.475 personas desplazadas.La Red de Solidaridad Social reporta en su Sistema Único de Registro (SUR)1’692.600 personas desplazadas desde 1995 a la presente fecha.

Las notorias diferencias en estas cifras evidencian las dificultades que sepresentan a la hora de abordar el problema del desplazamiento forzado enColombia, en una perspectiva más amplia y a partir de un enfoque económico,dada la debilidad de los sistemas de información en la lectura que hacen delproblema, así como las metodologías de registro y recolección de datos.

No obstante, el desplazamiento representa para el país una catástrofehumana que ha despertado la solidaridad internacional y se ha traducidoen una amplia movilización de recursos de cooperación para la atenciónhumanitaria de emergencia y para el desarrollo en proyectos de resta-blecimiento y estabilización socioeconómica.

Según un informe de la Contraloría General de la Nación de marzo de 20051,“el Estado por intermedio del Sistema Nacional de Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia (SNAIPD), durante el periodo 2002 –2003, invirtió aproximadamente $436.531.3 millones. La CooperaciónInternacional destinó $676.456.5 millones. En total, la población afectada ha

1 En el periodo de 2002 – 2003 La Comunidad Europea a través de su Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) destinó 33.99millones de euros ($ 91.860.6 millones), la Oficina de la Cooperación Europea (AID CO) destinó $ 29.551.23 millonesespecialmente para restablecimiento. Para un total de 121.411.83 millones. El Sistema Nacional de las Naciones Unidas –Plan de Acción Humanitaria (PAH) destinó 284.259 millones. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID) $252.616.1 millones. Los Gobiernos de Japón y Suiza han aportado $ 18.169.5 millones.

recibido aproximadamente ayudas por $1.1 billones de los cuales el Estadoaportó el 39.2%”.

No solo es importante identificar cuánto y quién asume los costos de la atenciónal problema, sino también -desde una perspectiva de la cooperacióninternacional que busca trascender la transferencia de recursos-, es necesarioahondar suficientemente en el análisis de carácter estructural de los problemasdel desarrollo, en este caso los efectos económicos del desplazamiento forzado.

Bajo esta óptica, la finalidad de este estudio es aportar a la reflexión de lasinstituciones que atienden la población desplazada, analizando tres efectoseconómicos causados por el desplazamiento forzado: abandonoforzoso de tierras, cambio en la estructura del mercado laboral ypérdida de capital humano.

Con respecto a la pérdida de capital humano, se propone una ruta meto-dológica novedosa para avanzar en la estimación de la pérdida por ingresoy deserción escolar, aprovechando los escasos datos disponibles y a pesarde sus limitaciones.

Por otro lado, esta investigación deja abiertos interrogantes que a medianoplazo sería necesario profundizar. Por ejemplo la estimación de los costosdel desplazamiento para la economía colombiana, es un insumo necesarioque, convertido en un ejercicio sistemático y riguroso, permitiría a lasinstituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, diseñary ejecutar medidas de intervención conducentes a la asignación eficientede los recursos y a la construcción de políticas públicas para la atención yrestablecimiento de la población desplazada.

Natalia Londoño Vélez, Coordinadora Unidad de Investigación. EscuelaLatinoamericana de Cooperación y Desarrollo.

Antecedentes

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido abordadodesde diferentes ópticas y áreas del saber, análisis necesarios paracomprender integralmente el problema. En las investigaciones existentesprevalecen los enfoques sociológicos, políticos, psicológicos, entre otrosde las ciencias sociales y humanas, pero son escasos en el país los estudiossobre desplazamiento desde un abordaje económico.

Las diferentes investigaciones dan cuenta del comportamiento de variableseconómicas en poblaciones afectadas por el conflicto, más no siemprecorresponden exactamente a estudios sobre poblaciones desplazadas,aunque se corrobora la hipótesis de la relación entre conflicto ydesplazamiento, así como los evidentes costos de la violencia y el conflictoarmado para la economía colombiana.

• Ramos (1999) y Manrique (1999) afirman que las condiciones depobreza, la falta de oportunidades y las formas violentas de defender yapropiarse del capital son determinantes fundamentales deldesplazamiento.

Según Manrique el desplazamiento forzado esta ligado a tres factores decarácter estructural: El modelo de desarrollo económico y social excluyentey promotor de la concentración de la riqueza, la perdida del monopolio deluso de la fuerza por parte del estado y el fenómeno de la venganza.

• Botero (1999) plantea que la pobreza y el subdesarrollo al igual que elconflicto armado son causantes de desplazamiento.

• Lozano y Osorio (1998) vinculan el desplazamiento al modelo dedesarrollo. Plantean que el desplazamiento forzado tiene su

determinante mas inmediato en el modelo capitalista y de ajusteestructural.

Otros autores plantean que los desplazamientos no se presentan tanto enzonas con economías muy deprimidas sino en territorios donde hayabundancia de recursos estratégicos. Los desplazamientos ocurren enregiones de mayor dinámica económica; en territorios que experimentanrápidos cambios económicos, en los que se desarrollan por parte de losgrupos de interés, mecanismos muy definidos de exclusión y concentraciónde recursos estratégicos como la tierra.

• Posada y Montenegro (1994) establecen que la criminalidad muestrauna tendencia a concentrarse en zonas de mayor crecimiento económicoy social.

• Cárdenas(1993) plantea que la dinámica de la violencia se manifiestaprincipalmente en zonas de mayor prosperidad económica.

• Luis Eduardo Pérez en su trabajo “El desplazamiento forzado en Co-lombia 1995-1999 una aproximación empírica a las relaciones entredesplazamiento conflicto armado y desarrollo”, construye un marco deinterpretación y explicación empírica de los posibles determinantes deldesplazamiento, para evidenciar si estos se producen fundamentalmenteen territorios donde confluyen bajos niveles de desarrollo económico,escasa participación política, poca presencia institucional del estado yaltos niveles de impunidad o si por el contrario se presentanprincipalmente en territorios donde existen recursos estratégicos queante posibles valorizaciones de la tierra donde están ubicados seconviertan en objeto de disputa por parte de los actores armados.

• Reyes y Bejarano (1998) y Erazo et al (2000) muestran la importancia

de la tierra como causal de desplazamiento.

• Ibáñez y Querubín (2004) estudian el vinculo entre la tenencia de latierra y el desplazamiento forzado en Colombia.

En lo referente a la estimación de los costos:

• Rubio(1995) estima el costo directo de las actividades criminales entérminos de crecimiento perdido.

• Granada y Rojas (1995)estiman el costo del conflicto armado para elperiodo 1991 – 1994 en un 4.2 % del PIB anual

• Echeverri (1999) estima la inversión necesaria para lograr la paz en un8% del PIB(VPN)

• Badel y Trujillo. Trabajan el tema de la violencia y del conflicto conaproximaciones al capital humano. Según ellos los costos de la perdidade vidas por la violencia urbana y el conflicto armado asienden a 5.37billones de pesos de 1995.

• Pérez , Vergara y Lahuerta(1995-2000): pérdida de capital humano pormuerte prematura de policías antinarcóticos $ 18121,5 millones de pe-sos de 2000.

• Erazo, Ibáñez, Kirchhoff y Galán. Estudian diversas causas y costos dedesplazamiento definen un conjunto de hipótesis acerca de las causasy consecuencias del desplazamiento.

1 Los costos se clasifican entre tangibles e intangibles, entendiendo por los primeros, aquellos que se pueden “monetarizar”,mientras los costos intangibles aunque no se “monetarizan”, tienen efectos sobre el desempeño de la economía yconsecuentemente en el desarrollo. Es por esto que en variables como mercado laboral y capital humano, no se llega a unacifra que responda al costo del desplazamiento en pesos, pero se pueden evidenciar como efectos económicos que representanperdidas para la economía en su conjunto.

IntroducciónLa economía del desarrollo tradicionalmente ha abordado temas como: elcrecimiento económico, transiciones de economías agrícolas a industriales,urbanización y migraciones, estrategias de industrialización, sustitución deimportaciones, entre otras.

A estos temas clásicos de la economía del desarrollo se agregan nuevoscampos de investigación y sectores innovadores debido a los cambiosmundiales en los últimos veinte años. Se trata de acuerdo con Andrea Cornia,de la “Economía de los grandes riesgos no asegurables”: SIDA, desastresnaturales, conflictos civiles, hoy objeto de estudio económico.

Tales riesgos, que desafortunadamente se observan con frecuencia enmuchas regiones del mundo en vías de desarrollo, no son asegurables enel mercado privado por lo tanto es el Estado, como operador público a todonivel, el que tiene que hacerse cargo de ellos.

Es claro que en el caso colombiano, el riesgo no asegurable por excelenciaestá ligado al conflicto armado. Este estudio abordará particularmente unaspecto especifico de tal conflicto, como es el fenómeno del desplazamientoforzado.

Es condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr que el Estadodecida sobre políticas de reducción de riesgos no asegurables, conocer loscostos asociados a dichos riesgos. Sin este requerimiento no se podríadeterminar la modalidad de intervención de la inversión pública y muchomenos su dimensión.

En este sentido, la detección de los costos y efectos económicos1 deldesplazamiento forzado, permitirá a las instituciones públicas y privadas diseñary ejecutar medidas de intervención conducentes a la asignación eficiente derecursos, lo cual incide a su vez en la construcción de políticas para la atencióny el restablecimiento de la población afectada por el fenòmeno.

Este estudio concentra su atención en el análisis de tres efectos económicosdel desplazamiento forzado sobre algunas de las variables que determinanla actividad económica: tenencia y concentración de la tierra, ocupación, ycapital humano en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca,durante el periodo 1997-2004.

En Colombia el problema del desplazamiento forzado es dramáticamentegrave y se ha hecho más visible en los últimos años. Aunque las estimacionesse presentan con grandes diferencias dependiendo de la fuente, se estimaque el total de desplazados forzados fluctúa entre las casi 1’700.000 perso-nas registradas en el SUR y las 3’975’100 reportadas por CODHES. Locual, corresponde respectivamente al 3.7% y 8.63% de la población delpaís (46.039.144) estimada por el Departamento Administrativo Nacionalde Estadísticas DANE.

Estas fuentes presentan diferencias relevantes como resultado de susmetodologías y técnicas de recolección de datos, lo cual genera sesgos ylimitaciones importantes en el análisis.

En el marco de la presente investigación se utiliza como fuente el Sistemade información RUT de Pastoral Social, que a diferencia de las mencionadasinicialmente, se basa en metodos de investigación estadísticos de registro.Si bien esto podría representar un limite en la estimación de los datos, seha elegido porque ha adquirido con los años el carácter de encuesta con-tinua de los hogares desplazados, lo que permite mostrar la evolución

histórica del desplazamiento. Adicionalmente contiene informacióndisponible desde el año 1997 de las variables objeto de estudio, cuenta conuna gran credibilidad y permite a diferencia de otras, el acceso directo a labase de datos, posibilitando el proceso de investigación.

Por otro lado, la dificultad de acceso a otras fuentes de información, impidióel planteamiento de otros objetivos que hubieran complementado losresultados de este estudio. Por ejemplo, no fue posible calcular la perdidade productividad de la tierra y llegar a estimar la perdida en el PIB agrícolapor el desplazamiento forzado. Respecto a la ocupación de la poblacióndesplazada, la mayor limitación consiste en no poder identificar la poblacióneconómicamente activa, no lográndose calcular las tasas de desocupacióncon las metodologías oficiales, y avanzar en comparaciones.

La información arrojada por el RUT es necesariamente complementada conotras fuentes que abordan variables especificas relacionadas con lainvestigación: los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de lassecretarías de agricultura departamentales, permitieron hacer los análisisrespectivos sobre la tenencia de la tierra. Así mismo, el DANE se constituyóen una fuente importante.

Superando en parte las limitaciones metodológicas, es posible abordar lostres efectos económicos señalados: tenencia y concentración de la tierra,ocupación y capital humano.

Es evidente que el activo por excelencia que los desplazados poseían yperdieron es la tierra, luego entonces en la medida en que aumenta eldesplazamiento forzado por el conflicto armado y el abandono de tierras, seincrementa la concentración de la propiedad; situación agravada por ladestrucción de las redes sociales de las víctimas y de desarraigo respectoa su proyecto original de vida.

El cambio de ocupación de las personas antes y después del despla-zamiento, significan que agentes económicamente productivos y por lo gen-eral autónomos en actividades ligadas a la agricultura, pasan a engrosar elsector informal desempeñando oficios de muy baja productividad, que nogeneran valor agregado. Por otro lado, este proceso produce a su vezcambios en los roles al interior de las familias desplazadas asi: los hombresabandonan su rol como principalales generadores de ingresos, mientraslas mujeres se insertan en el mercado laboral informal.

Un efecto muy importante del desplazamiento es la perdida del CapitalHumano, ya que los miembros del hogar adquieren a lo largo de su vidaconocimientos y habilidades para el desempeño de actividades agrícolas ycuando ocurre el desplazamiento pierden este Capital Humano, el cual, porlo general no encuentra aplicabilidad en los sitios receptores y al ocuparseen actividades en el sector informal urbano se genera una perdida de ingreso.

Por otro lado, la deserción escolar después del desplazamiento, significa lainterrupción de la educación de los niños y jóvenes truncando o atrasandolas posibilidades de formación y acumulación de Capital Humano para laeconomía y la sociedad en términos de movilidad intergeneracional.

Finalmente se plantea una propuesta metodológica a desarrollar en futurasinvestigaciones sobre el ajuste del Índice de Desarrollo Humano (IDH) porel desplazamiento.

18 / Escuela Latino Americana de Cooperación y Desarrollo

1 Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada. Cifras a Septiembre 30 de 2005.2 Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada. Cifras a Septiembre 30 de 2005.3 Municipio de Medellín - Secretaría de Solidaridad: Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada (UAO) – Enerode 2005.

CAPÍTULO I

1. Contexto del desplazamiento forzado en Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca

1.1 Departamento de Antioquia

Por: Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP - Colombia

Antioquia es el departamento más afectado por el desplazamiento forzado,

se estima que han sido expulsadas 293.087 personas y se han recibido

254.665 desde 1997 al 20051 , a raíz del recrudecimiento del conflicto armado.

Los bloqueos, el control militar de las zonas, la restricción de alimentos y

los emplazamientos, que se presentan cada vez con mayor frecuencia en

el departamento, al convertirse en las estrategias más comunes de los

actores armados.

Medellín y el área metropolitana

El conflicto armado interno ha aumentado el desplazamiento forzado, y ha

hecho de Medellín la segunda ciudad receptora de población en condiciones

de desplazamiento por violencia, proveniente de todas las regiones del país

y del departamento. De allí que en esta Ciudad, han sido expulsadas 7.727

personas y han llegado 80.160 entre 1997 y 20052 .

Por otra parte, en Medellín existen aproximadamente 200 grupos armados

ilegales, en cuyas filas militan cerca de 9.000 jóvenes3 . En el área

metropolitana, tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares, han tenido

/ 19Efectos Económicos del Desplazamiento Forzado en Colombia Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997-2004

y tienen, trabajo ideológico y/o reclutamiento forzoso de menores y jóvenes.

Ante la ausencia del Estado, los grupos armados (pandillas o milicias) son

quienes imponen la ley en comunas y barrios.

Los desplazamientos intraurbanos, se hacen a través del miedo, cuando

cometen actos de violencia, pero también en muchos casos hacen

desocupar las casas de las cuales se adueñan para llevar a cabo allí

actividades ilícitas o incluso para arrendarlas, como lo demostró la

negociación que a principios de este año sostuvo la alcaldía de Medellín

con la banda “Los Triana” (se calcula que es la banda mas grande del área

metropolitana, al servicio de las autodefensas) para que devolvieran a sus

verdaderos dueños alrededor de 60 viviendas que tenían en su poder en la

zona Nororiental de Medellín.

Es necesario agregar que varios de los asentamientos donde los despla-

zados habían empezado a construir un nuevo proyecto de vida en la ciudad

-dado que el retorno a corto y mediano plazo no se vislumbraba-, han sido

destruidos y las familias se han visto obligadas a re-desplazarse.

Análisis subregional del desplazamiento forzado

Subregión Oriente

La Región del Oriente es una de las más afectadas por el conflicto interno

que vive el país, por la permanente disputa territorial de grupos armados.

Ahí los diversos municipios de la zona se han visto Inmersos en la

problemática de desplazamiento, bloqueos, incremento de campos minados,

incidentes y accidentes por Minas Antipersonales (MAP) y Municiones sin

Explotar (MUSE), vinculación de niños/as y jóvenes a los Grupos Armados,

masacres, amenazas y asesinatos selectivos4 .

4 CISP: Oficina de Monitoreo y Evaluación

20 /

5 CISP: Oficina de Comunicaciones – Tomado de la prensa local (2005)

Asimismo, hay algunos municipios que históricamente se han configurado

como expulsores de población, como el caso de San Luis, Granada, Cocorná

y San Carlos; existen otros que representativamente han sido receptores

de población como Rionegro, Santuario y La Ceja.

En ese sentido, el cordón de la autopista Medellín- Bogotá (Municipios de

Santuario, Cocorná, San Francisco, San Luis, Carmen de Viboral, Granada),

es una zona importante y estratégica para la comercialización de productos

hacia el centro del país, lo cual ha impulsado las incursiones armadas que

han traído consigo el abandono de las zonas limítrofes a la carretera, y el

estancamiento de la circulación y comercialización de productos.

Adicionalmente en esta subregión donde están ubicados varios embalses,

se han comenzado a desarrollar megaproyectos representativos para la

infraestructura eléctrica y vial, que se han convertido en eje determinante

del conflicto armado en la zona.

Su población se mantiene en inminente riesgo de desplazamiento debido a

los enfrentamientos entre los diferentes grupos por el control territorial,

especialmente de los municipios que tienen una alta producción hidroeléctrica

y que por estar ubicados en las zonas de embalses producen cerca del

35% de la energía del país. Este hecho genera constantes atentados contra

las obras de infraestructura y continuas luchas por el control de las cargas

movilizadas por las carreteras Medellín-Bogotá y Medellín-Puerto Berrío.

Por esta razón en la actualidad el Oriente antioqueño es una de las zonas

que concentra el mayor número de efectivos militares oficiales: se calculan

cerca de 4.000 combatientes permanecen en la zona realizando operativos

para proteger la infraestructura vial e hidroeléctrica5 .

En consecuencia, la zona tiene presencia de los distintos grupos al margen

de la ley ELN, FARC, Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio

Escuela Latino Americana de Cooperación y Desarrollo

/ 21

6 Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada – Gobernación de Antioquia (DAPARD)

7 CISP: Oficina de Comunicaciones – Tomado de la Prensa Local

(ACMM), combatidos por las Operaciones Normandía y Marcial del Ejército

Nacional desarrolladas en la zona. Las AUC han consolidado su presencia

en los cascos urbanos de casi todos los municipios del Oriente de Antioquia

y se observa incremento en el número de combatientes de las FARC-EP y

el ELN, que siguen teniendo fuerte presencia en la zona rural.

En Argelia en el Oriente Antioqueño, se han desplazado 1.720 personas (hasta

el 13 de junio de 2005)6 por el miedo a los campos minados que sembró la

guerrilla como una reacción a la ofensiva del ejercito. Se podría decir que es

uno de los primeros desplazamientos masivos en el departamento de Antioquia

por temor a las minas antipersona. Las minas hacen mucho más aguda la

problemática del desplazamiento, pues se calcula que esta pueden durar

activadas hasta 50 años, haciendo que las tierras queden deshabitadas,

improductivas y sin posibilidades de retorno hasta que pueda darse un proceso

de desminado, el cual no esta muy cercano.

De acuerdo con ese contexto, la situación de los derechos humanos continúa

deteriorándose especialmente desde 1997 y las infracciones al DIH son

cada vez más frecuentes y graves, lo que ha generado el desplazamiento

de aproximadamente el 50%7 de los habitantes de la zona que no se registra

ante la RSS por amenazas del grupo expulsor, aumentando el número

municipios receptores de desplazamientos interveredales (entre veredas

del mismo municipio) y al casco urbano, al igual que municipios emplazados

(población civil como escudos humanos).

Subregión Occidente

En esta zona del departamento se han presentado diferentes atentados

contra las instituciones y la participación democrática. Estas acciones

Efectos Económicos del Desplazamiento Forzado en Colombia Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997-2004

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comprenden tomas a alcaldías, sabotajes de elecciones, amenazas,

intimidaciones y asesinatos a candidatos y a funcionarios públicos, exilios

de gobiernos municipales que tienen que administrar el pueblo desde la

capital del departamento.

Los habitantes de Cañasgordas han sufrido desplazamientos y además son

victimas del reclutamiento de jóvenes. Cañasgordas presenta una delicada

situación de orden público en algunas de sus veredas y los habitantes de

las zonas rurales son altamente vulnerables ante la presencia y hostilidades

de grupos armados.

En efecto, los municipios de Frontino y Dabeiba han sido fuertemente

golpeados por el conflicto armado. Entre los problemas que enfrentan estas

poblaciones se destacan las minas antipersonales, las disputas constantes

entre los diferentes grupos participantes del conflicto, el emplazamiento de

algunas comunidades y diversos hostigamientos a la población civil por parte

de los actores armados. Estos municipios son de especial interés para los

grupos armados, pues en Frontino se encuentran proyectos hidroeléctricos

como La Herradura y La Vuelta, lo cual despierta el ansia de dominio terri-

torial. Dabeiba es la puerta de entrada a Urabá; además, aquí se presentan

las cifras más elevadas de desplazamiento de la región. Según la Red de

Solidaridad Social, hasta el 2003, de Dabeiba fueron expulsadas 7.501 per-

sonas y 2.138 fueron recibidas. En estos dos municipios se localizan

resguardos indígenas habitados por la etnia Embera que también se han

visto afectados por el conflicto armado.

El municipio de Peque estuvo mucho tiempo bajo dominio del frente 34 de

las FARC y en los últimos años han incursionado las AUC, produciéndose

fuertes enfrentamientos entre estos grupos ilegales, así como

desplazamientos de muchas familias y emplazamientos de comunidades

enteras, sitiadas por las armas. En este municipio también se han presentado


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bloqueos que impiden la movilización de las personas, de alimentos, de

medicamentos, y el acceso de instituciones gubernamentales y no

gubernamentales a algunas zonas que carecen de servicios básicos.

Durante parte del 2002 y del 2003, el alcalde fue desterrado de Peque por

las FARC y tuvo que gobernar el pueblo desde Medellín.

A principios del 2004 se presentaron nuevos ataques guerrilleros y las AUC

asesinaron un líder comunitario; esto hizo que 280 personas, de diferentes

veredas, se desplazasen hacia el casco urbano. Luego, estas personas

retornaron a sus sitios de origen.

En el municipio de Anzá se presenta el reclutamiento de jóvenes por parte

de actores armados ilegales. Anzá cuenta con una gran biodiversidad y por

su posición es un corredor estratégico, que conecta a Antioquia con las

tierras bajas en el departamento de Córdoba, de allí que el corregimiento

de Guintar, perteneciente a este municipio, haya sufrido desplazamientos

masivos, por hostigamientos de las autodefensas.

Heliconia es otro municipio que ha sufrido masacres y asesinatos selectivos.

Anteriormente hubo una fuerte presencia del ELN y a finales de los noventa

incursionaron otros grupos armados, presentándose numerosos

enfrentamientos y desplazamientos. También allí los menores de edad

conforman las filas armadas. Actualmente las autodefensas poseen el con-

trol del territorio.

En Buriticá han ocurrido numerosos desplazamientos de la población y en

octubre del 2003, grupos armados ilegales quemaron algunas urnas de las

elecciones para alcalde.

Sabanalarga, Uramita y Santa Fe de Antioquia cuentan con fuerte presencia


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de las FARC y las AUC y se dan numerosos enfrentamientos entre ellos lo

cual genera desplazamientos de muchas familias.

Subregión Suroeste

La subregión del suroeste antioqueño, ha sido afectada históricamente por

el conflicto armado. Esta afectación se ha dado en diferentes formas y ha

obedecido a la rotación y movilización de los actores armados en la región.

La dinámica del desplazamiento se caracteriza por la expulsión de población

de manera individual y familiar, y se presenta tanto de los municipios con la

hegemonía de un grupo armado, como en los de disputa territorial. Sin

embargo, pareciera ser que esta problemática es aún más evidente y

compleja en los territorios en disputa, mientras que en los que predomina

un solo grupo, es evidente el silencio y la negación de la problemática

ocasionada por las amenazas y los desalojos.

Con respecto a las rutas de movilización de la población desplazada en el

territorio, se presenta el desplazamiento hacia municipios de la misma

subregión, intramunicipales, hacia el Área Metropolitana y hacia

departamentos aledaños como Caldas.

A partir de la década de los 90, con el incremento en la presencia de la

subversión y la llegada de las autodefensas, se produjo la agudización del

conflicto armado, reflejado en los actos violentos contra la población civil,

tales como masacres y desplazamientos. A finales de esta década Caicedo

sufrió una de las más cruentas incursiones de su historia incrementándose

el número de familias desplazadas, y dejando en los residentes el temor de

otra posible incursión. Los municipios de la zona del Penderisco, se

constituyen en corredores estratégicos para los sectores en conflicto, y es

allí donde se ha generado el mayor número de desplazamientos del


/ 25

Suroeste. Estos municipios actualmente son escenario de disputa de territorio

por parte de estos grupos, generando con ello un alto nivel de temor e

incertidumbre en la población civil y de inestabilidad gubernamental.

Si bien la presencia de mayor reconocimiento en la zona fue en algún

momento la de la guerrilla (FARC y ELN), durante los últimos 5 años las

autodefensas y paramilitares tuvieron presencia y ejercieron su hegemonía

en gran parte de la sub-región del suroeste Antioqueño.

A partir de octubre del año 2003, con la desmovilización del Bloque Ca-

cique Nutibara y otros grupos de paramilitares, la autodefensa en esta región

fue debilitada y replegada hacia los municipios cercanos al departamento

del chocó, conservando centros de concentración importantes en la zona

rural de Betulia, Andes, Hispania y Jericó. Del mismo modo se considera

que hay municipios con una significativa presencia paramilitar: Amagá,

Angelópolis, Tititiribí, Fredonia, Venecia, Concordia, Santa Bárbara, Támesis,

La Pintada, Valparaíso y Caramanta, lo que ha propiciado una incursión de

dicho movimiento dentro de la dinámica social de la subregión y ha

representado un factor de riesgo con respecto al desplazamiento.

Lo anterior no implica que las FARC se hayan retirado de la zona, lo cual

incrementa la hostilidad y recrudecimiento del conflicto. A esto se suma la

conocida operación militar Everest, ejecutada por las fuerzas armadas estatales.

Este panorama deja a la población civil en medio de tres fuerzas bélicas, que

afecta a toda la comunidad pero especialmente a quienes residen en la zona

rural pues el bloqueo de alimentos, las limitaciones al transporte, las dificultades

de acceso a algunas veredas y corregimientos, son causa del encarecimiento

del costo de vida para quienes permanecen y motivo de abandono de la tierra

para quienes se ven conminados a desplazarse.

Los municipios de Montebello, Salgar, Betulia y Urrao, se han convertido en


26 /

zonas de disputa territorial, por los corredores estratégicos que representan

estas zonas, dando pie a constantes asesinatos selectivos, amenazas,

masacres y bloqueos económicos.

Subregión Norte

El municipio de Ituango se ha visto golpeado por una serie acciones bélicas

por parte de los actores armados ilegales que han afectado la situación de

orden público desde los años ochenta, haciendo comunes las tomas a la

cabecera municipal, las incursiones guerrilleras a zonas pobladas, y zonas

rurales de gran importancia económica; las vacunas, extorsiones, robo de

ganado, enfrentamientos con la fuerza pública y a mediados del año 1996

la entrada de grupos de autodefensas al territorio dándose asesinatos

selectivos, enfrentamientos, emboscadas, masacres, disputas territoriales

de zonas de cultivos ilícitos y demás.

Tan es así que en el 2003 el alcalde, los personeros y los fiscales tuvieron

que abandonar el municipio por presiones de grupos armados, por lo cual

Ituango se quedó temporalmente sin autoridades civiles. Las cifras de

desplazamiento en este municipio son las más elevadas de la región. Según

la Red de Solidaridad Social, en Ituango, hasta el año 2003, habian sido

expulsadas 3.440 personas, mientras 1.093 fueron recibidas.

En este municipio también se han presentado bloqueos que impiden el flujo

de personas y de bienes básicos para la subsistencia; además, hay

reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.

En el municipio de Campamento, los enfrentamientos entre las FARC y las

AUC han generado centenares de muertos y en 1990 la guerrilla obligó a la

policía a abandonar la zona. Debido a los combates muchas familias se

han desplazado y los grupos armados reclutan menores de edad.


/ 27

En Yarumal, San Andrés de Cuerquia y Carolina del Príncipe también existe

una fuerte presencia de grupos ilegales y sus acciones bélicas afectan sus

habitantes.

Subregión Bajo Cauca

Es una zona rica en ganadería y algunos municipios se dedican a la minería.

La situación en toda la zona es semejante y el factor común es la disputa de

territorios por parte de los actores armados, con predominio de las AUC,

quienes tienen grandes extensiones de tierra y recursos logísticos

importantes para el manejo de los cultivos ilícitos para el procesamiento debase de coca. En este sentido, el gobierno nacional, en colaboración con el

programa de antinarcóticos de los Estados Unidos han adelantado una

campaña de erradicación de cultivos mediante las fumigaciones vía aérea,

lo que ha afectado las plantaciones de caucho y cacao, afectando seriamente

la economía local.

El impacto del conflicto armado en la región se observa por el desarraigo

que sufren sus pobladores, por lo general pescadores y mineros, dado quelos actores armados se han apropiado de una parte importante de las tierras

productivas para sus actividades ilícitas, en especial los grupos de

autodefensas.

En el municipio de Caucasia se evidencia una fuerte presencia de las AUC,

las cuales tienen el control de la zona, sin embargo cabe resaltar que aun

cuando no se presentan enfrentamientos con otros grupos armados, se

experimenta un clima de constante tensión. Además, en la zona se estánincrementando los cultivos ilícitos en los que se involucran laboralmente a

menores de edad y mujeres cabezas de familias. Este municipio es el que

arroja las cifras más elevadas de recepción de personas desplazadas en

la región, mientras que el municipio de El Bagre presenta el mayor número

de expulsiones.


28 /

En Tarazá han ocurrido amenazas de combates entre paramilitares y guer-

rilla, y se produce reclutamiento de menores de edad por parte de actores

armados ilegales. Cáceres es otro municipio altamente vulnerable por el

conflicto armado.

En el Bajo Cauca Antioqueño hacen presencia las Autodefensas Campesinas

de Córdoba y Urabá (ACCU), las cuales actuan en toda la región. El BloqueMineros, incursiona entre el Bagre y Zaragoza. Por otra parte, también se

encuentran presentes el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el Frente

María Cano accionando entre el Bagre y Zaragoza. Mientras el Ejercito

Revolucionario Popular (ERP), grupo disidente del ELN, ha creado un

corredor estratégico entre el Bagre y Nechí, adquiriendo movilidad hacia el

Departamento de Bolívar.

Subregión Nordeste

Uno de los factores que ha sido potenciador del conflicto, y por ende un ejede disputa territorial de los grupos armados es la presencia de minas de

oro, cultivos ilícitos y de otros recursos naturales que allí se producen; y,

además, porque su ubicación representa corredores estratégicos que

permiten el intercambio con el Magdalena Medio, el Norte, el Oriente, el

Nordeste y el sur de Bolívar.

Las acciones ejercidas por los grupos, como forma del lograr el control ter-

ritorial, y que han sido generadores de desplazamiento forzado en estazona son: los boleteos, voladura de oleoductos, desapariciones, intentos

de toma a municipios, vacunas a ganaderos y empresarios de la región, los

constantes asesinatos selectivos y enfrentamientos entre grupos armados

en áreas rurales de algunos municipios como Yolombó, Segovia y Remedios,

y el aumento de siembra de minas antipersonales en áreas rurales. Otro

factor predominante es la presencia de cultivos ilícitos que se encuentra

inmersa dentro de la dinámica del conflicto subregional.


/ 29

Además, hay territorios que han estado bajo la situación de emplazamiento

durante estos dos últimos años como el caso de Remedios, algunas veredas

de Segovia y Yolombó. Así mismo, se han dado casos de limpieza social,

que ha sido un factor generador de desplazamientos individuales y familiares,

situación que se encuentra altamente relacionada con el paulatino incre-

mento de cultivos ilícitos.

Predominan los desplazamientos individuales y familiares, y en menor

cantidad, han ocurrido desplazamientos masivos en zonas rurales de San

Roque, Santo Domingo, Amalfi y Yolombó en las cabeceras urbanas. La

tipología del desplazamiento en cuanto a la movilización de la población

cuando es individual se caracteriza por ser intramunicipal, ya sea hacia los

cascos urbanos o zonas rurales del mismo municipio, siendo predominante

en los cascos urbanos, y hacia el Área Metropolitana. Así mismo, estos

cascos son receptores de población desplazada del Sur de Bolívar, y Norte

de Antioquia.

En la subregión del nordeste Antioqueño, tienen actualmente presencia

grupos paramilitares, grupos de guerrilla y fuerzas armadas estatales del

Ejercito Nacional. Entre los grupos al margen de la ley que operan en la

zona se conocen: Los frentes 34 y 37 de las FARC, las milicias populares

José Antonio Galán y Héroes de Anorí del ELN y las Autodefensas Unidas

del Nordeste. Por otro lado, el Ejercito Nacional hace presencia con una

Base militar asiento del Batallón de Héroes de Barbacoa y del Grupo

Antiterrorista del Norte, asi como de las brigadas móviles 1 y 2 y de la

operación militar del batallón Pedro Nel Ospina, que operan activamente en

la subregión.

Subregión Magdalena Medio

La región del Magdalena Medio Antioqueño responde a una multiplicidad de


30 /

intereses políticos y de desarrollo económico. Esto se debe a su posición

geoestratégica, como un lugar de enlace entre diferentes departamentos y

ciudades del territorio nacional, donde la disponibilidad de recursos naturales

y el potencial económico han dado pie a la implementación de mega

explotaciones y al incremento de la inversión pública y privada como una

estrategia de integración de redes del mercado nacional y local. En la zona se

evidencia una clara hegemonía de grupos armados de derecha y una

característica particular de la tenencia de la tierra, definida por el predominio

de latifundios

Este escenario ha representado un eje dinamizador de problemáticas

sociales locales y subregionales que se reflejan en la caracterización del

conflicto armado, los intereses sobre el territorio que se manifiestan en

procesos de latifundización, y el cambio de las estructuras sociales.

Las manifestaciones del conflicto armado, se encuentran representadas por

amenazas, muertes selectivas y desplazamientos individuales. Estas

movilizaciones ocurren de una manera silenciosa y carece del reconoci-

miento público, que hace que ésta sea una zona no representativa para la

expulsión de población desplazada, en el marco del Sistema Único de

Registro (SUR), instrumento de la Red de Solidaridad Social. Sin embargo,

a finales de los 90 se caracteriza por ser una región receptora de población

desplazada del oriente antioqueño.

La población en condición de desplazamiento que se ubica en esta región,

la mayoría de las veces, no tiene la posibilidad de ser reconocida

públicamente como desplazada, a raíz del control de ingreso y permanencia

en la zona que ejercen los grupos de autodefensas. Por otro lado, la

estigmatización de la condición de desplazado para las comunidades

receptoras, generan aislamiento y rechazo, lo que se evidencia en los índices

de NBI. Adicionalmente existe poca sensibilización frente a la crisis


/ 31

humanitaria por parte de las administraciones municipales de esta subregión

Con respecto a la dinámica del desplazamiento, la zona del norte del

Magdalena Medio, representada por el municipio de Yondó, se considera

un municipio mixto, es decir, que el conflicto armado está caracterizado por

la disputa territorial, lo cual se expresa en los frecuentes enfrentamientos,

masacres y muertes selectivas que han dado pie a la movilización forzada

de familias e individuos, y que además históricamente se ha constituido

como un receptor de población de la subregión.

En cuanto a la movilización, las personas del sur y el norte del Magdalena

Medio, tienden a movilizarse dentro de la misma zona o buscar los municipios

cercanos de departamentos limítrofes como Barrancabermeja, Honda,

Dorada, Riosucio, Caldas y Manizales.

La hegemonización de grupos paramilitares se origina a partir de un proceso

histórico del conflicto. A finales de los años setenta y principios de los ochenta

el territorio era dominado por grupos de guerrillas, con presencia de las

FARC en el sur de Magdalena Medio y del ELN en el norte de la zona. El

cuarto frente de las FARC nació en el sur de la región, entre los límites de

Boyacá, Cundinamarca, Santander y Antioquia. Entre 1980 y 1983 nacen

los frentes de las FARC 11, 12, 20 y 23 en Santander, 24 en el sur de

Bolívar; el 22 en Cundinamarca y el 9 en Antioquia. En los noventas nacieron

el frente 37 en Bolívar y el 46 en los límites de Santander y Bolívar. Algunas

de las estrategias de guerra empleadas por este grupo armado han sido la

extorsión, el secuestro y la extracción de excedentes de la economía

petrolera. En la actualidad se concentran en el valle del río Cimitarra en

jurisdicción de los municipios de Yondó, San Pablo y Cantagallo.

El surgimiento de las AUC coincide con el de las FARC en el sur de la

región a mediados de los 70, década en la cual se presentan diversas fases


32 /

donde se han posicionado en diversos territorios. La primera fase se

caracteriza por una disputa territorial en Cundinamarca, Antioquia, Boyacá

y Santander. La segunda fase comprende de finales de los 80 a inicios de

los 90, y está determinada por un dominio territorial en el norte de la región.

Finalmente, a mediados de los 90 se presenta una extensión territorial hacia

el Sur de Bolívar y Cesar, Puerto Wilches, Santander y Yondó en Antioquia.

Este panorama de conflicto y desplazamiento forzado, ha generado

condiciones de inseguridad alimentaria, crisis sanitarias y de salud, limitación

de acceso al sistema educativo, disminución o cierre del comercio,

desabastecimiento y disminución o eliminación de la posibilidad de

movilización de las personas y las comunidades. Las estrategias de guerra

(emplazamientos, bloqueos, entre otros), son efectuados por grupos armados

al margen de la ley, que expone a las comunidades a riesgos permanentes

dada la posibilidad de enfrentamientos y operativos militares donde la

población queda en medio del fuego cruzado.

Por otro lado, la existencia de MAP (Minas Antipersonales) y la abundancia

de accidentes e incidentes a causa de estas, afectan a individuos, familias

y grupos poblacionales debido a las secuelas físicas, psicológicas y

emocionales que dejan, no sólo en las víctimas, sino también en los

habitantes de los municipios donde ocurren los eventos, por la sensación

de miedo como consecuencia de la limitación de movilidad y utilización de

tierras. Esta situación se complejiza a partir de las dificultades y el temor a

registrar, denunciar e informar los casos ocurridos en su totalidad.


/ 33

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


SUBREGIONES

34 /

1.2 Departamento de Bolívar

Por: Amaranto Daniels Puello. Investigador Instituto Internacional de

Estudios del Caribe. Universidad de Cartagena.

Rosa Jiménez Ahumada. Coordinadora Observatorio para el

Desplazamiento Forzado. Universidad de Cartagena.

El Distrito de Cartagena desde 1995 se ha convertido en un importante

centro receptor de población desplazada en el Caribe Colombiano, como

resultante del recrudecimiento del conflicto armado interno, en donde la

disputa por el control del territorio ha expulsado a miles de familias de sus

lugares de origen. En este sentido, es de señalar a las zonas de los Montes

de María y el Sur de Bolívar, como los sitios de mayor desplazamiento a

nivel del Departamento y mientras la Sierra Nevada de Santa Marta y, el

Uraba Antioqueño y Chocoano, como expulsores externos de población

hacia el Distrito de Cartagena.

Esta dinámica, tiene una correspondencia con el nivel de intensidad del

conflicto armado que en su desarrollo, ha derivado hacia el desarraigo de

27.529 hogares como recibidos, para una población total de 120.924 llegada

a las distintas cabeceras del territorio bolivarense, de acuerdo con las cifras

del sistema SUR de la Red de Solidaridad Social a agosto 30 de 2005.

Como hogares expulsados se reportan 37.925, para una población estimada

de 172. 394; Es decir que el departamento de Bolívar durante el periodo

1996-2005 tiene un saldo migratorio negativo, pues “pierde 41.270

residentes” ya qué es superior el volumen de población expulsada de sus

lugares de residencia, que la población recibida.

Ante esta tragedia departamental y nacional el Estado Colombiano logra el

diseño de una política pública para la atención de las victimas del


/ 35

desplazamiento forzado, definida en la ley 387 de 1997 y demás decretos

reglamentarios, complementados por una serie de sentencias emanadas

de la Corte Constitucional. Este compendio de normas permite afirmar que

en materia de legislación, estamos en presencia de un cuerpo de leyes

entre los más avanzados y completos para el tratamiento del fenómeno a

nivel internacional, pero desafortunadamente su instrumentalizaciòn y puesta

en marcha lo ha vuelto inoperante, constatando así la enorme fragilidad del

Estado al momento de ejecutar las políticas públicas diseñadas para dar

respuesta a las demandas ciudadanas.

Conflicto armado y desplazamiento forzado: dos caras de la misma

moneda?

La correspondencia entre el conflicto armado en el Departamento de Bolívar

y el desplazamiento forzado hacia Cartagena y demás centros urbanos

receptores de población, es fruto de la aparición o manifestación de la

confrontación de los actores armados en el territorio bolivarense en las dos

décadas precedentes, tal como a continuación se describe:

En primer lugar es ineludible identificar cómo la conjugación de un déficit de

soberanía del Estado y una precaria gobernabilidad en el departamento de

Bolívar, y en el país, como categorías ausentes van a ser determinantes en

la dinámica conflicto armado-desplazamiento forzado. En virtud de ello la

zona sur del departamento, durante más de veinte años ha tenido la

presencia de actores armados de la subversión (frente 24, 37 de las FARC

y el frente José Solano Sepúlveda y Héroes y Mártires de Santa Rosa del

Sur del ELN) que ejercieron dominio sobre la población y usufructuaron la

explotación de rentas como la extracción del oro, petróleo, extorsión,

secuestros y más recientemente el cultivo de coca (se calculan por la Policía

Nacional más de 12.000 hectáreas en el año 2004).


36 /

No es desconocido que hasta 1997 las FARC y ELN se “movilizaron a sus

anchas y ley en el sur del departamento”; a partir de 1997 las Autodefensas

Campesinas de Colombia AUC le disputan el territorio a estos actores y

prácticamente “sacan a los elenos de su santuario e intentan lograr lo mismo

con las FARC”. Es reconocida la arremetida paramilitar en el segundo

semestre de 1998, en poblaciones como San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa

Rosa del Sur, Montecristo, Tiquisio entre otros. De otra parte en lo atinente

a la provisión de bienes y servicios como salud, educación, agua potable,

saneamiento básico y vías, la realización de múltiples paros cívicos

(especialmente los ocurrido en 1985 en cabeza de la Coordinadora

Campesina del sur de Bolívar, que llegó hasta Cartagena y el de 1996 en

San Pablo, Morales y Simití) corroboran la precariedad institucional y limitada

gobernabilidad del Estado nacional y territorial en la región, a pesar de las

diversas riquezas naturales y potencialidades económicas de la misma.

En relación a los Montes de María la existencia de un déficit de soberanía,

en las zonas rurales y más recientemente en las cabeceras, es una realidad

tangible que limita la construcción de esa gobernabilidad. Es cierto cómo la

presencia y dominio de los actores armados en las áreas rurales dan al

traste con el ejercicio de la soberanía, reflejada en que desde los años 90

los Montes de María (a diferencia de la zona sur) se convierten en un teatro

de operaciones de los actores armados, reflejado en cifras como la ocurrencia

de más de 80 acciones armadas (hostigamientos, asaltos, tomas) en los

municipios. En segundo lugar es de reconocer cómo la estrategia de

expansión y crecimiento de los actores armados (FARC, ELN), facilita la

situación actual. En este aspecto es significativo cómo las FARC en la

realización de su séptima conferencia acometen el desdoblamiento de

frentes, creando el frente 37 cuyo radio de acción es el territorio bolivarense,

que prioriza tres actividades asociadas: la política, la militar y la financiera

en su área de influencia.


/ 37

1

Proceso similar acontece con el ELN, que luego de su fortalecimiento

financiero, inicia su expansión de la zona sur a los municipios localizados

en el centro del departamento y a los Montes de María con sus actividades

tradicionales de financiamiento (extorsión, boleteo y secuestros) y la

reinvidicación de su “bandera nacionalista en cuanto a la defensa de recursos

como el petróleo”.

En igual sentido es válido precisar cómo en esa dinámica de crecimiento de

los actores armados en Bolívar se dan dos hechos que cambian la tendencia

del conflicto armado. Por un lado la aparición de los grupos de justicia privada

(llámense paramilitares, autodefensas), como una respuesta al avance de

la subversión y, una expresión de la ineficacia del Estado colombiano y su

fuerza pública en salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público.

En Bolívar hacen presencia desde la segunda mitad de los 90 y en corto

tiempo logran inclinar la balanza de las acciones militares con base en su

estrategia de control territorial. De hecho, el primer propósito fue desalojar

a los miembros del ELN del sur de Bolívar como muestra de su creciente

capacidad militar.

Paralelo con la entrada al conflicto de las AUC, surge la variante del conflicto

por el territorio, entendido este como “la valoración que asume el dominio y

control del territorio, dado su carácter de espacio estratégico, de orden

político y económico” . Luego, el territorio bolivarense reúne esas condiciones

señaladas, de allí que para las AUC es de trascendencia la serranía de San

Lucas, en donde la presencia de valiosos recursos naturales (oro, petróleo,

biodiversidad); así como su posición estratégica unida al departamento de

Córdoba (incluyendo el Urabá antioqueño y chocoano), se convierten en

“territorios liberados” por ellas y en zonas que facilitan su apertrechamiento

y cortan la comunicación de los frentes de la guerrilla del interior con la

Costa Caribe.


38 /

Similar situación acontece con los Montes de María; si bien no existen los

minerales como en el sur, su localización y manejo permite su tránsito

hacia Sucre (“los otros Montes de María”), implicando a los actores armados

la posesión sobre un territorio con salida al mar y acceso al interior del país

(por la vía de El Carmen de Bolívar, Zambrano, Bosconia hacia San Alberto-

Cesar) para sus actividades bélicas, económicas (posibilidad de acceder o

influenciar los recursos municipales y nacionales y extorsión y peajes al

transporte de carga) y por qué no, políticas (ingerencia en la elección de

alcaldes y concejos municipales) . Lo anterior redunda en que los pobladores

de las regiones o asimilan al nuevo “actor que impone la ley y el orden o se

desplazan abandonando tierras, enseres y demás”, que es lo que sucede

en Bolívar en los últimos 12 años.

Una radiografía del Conflicto armado en ese periodo, con base en las

estadísticas de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de

Orden Público de la Gobernación de Bolivar, muestra entre otros las

siguientes cifras:

• El 90% de la población rural y el territorio está bajo presión de

los actores armados.

• Se establecen un estimativo de 620 acciones armadas

(hostigamientos, tomas enfrentamientos, asaltos), es decir un

promedio de 48 por año. Se destacan los intentos de tomas por

parte de la subversión de cabeceras municipales como El

Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba, San Martín de Loba,

Pinillos, Barranco de Loba, Simití, San Pablo, Santa Rosa del

Sur, Morales, Achí y Tiquisio.

• Un total estimado de 436 secuestros.

• Se estiman 4.320 homicidios reportados.


/ 39

• Un total de 52 masacres, destacándose las de El Salado (en

dos ocasiones), Macayepo, Bajogrande, Cansona, Tiquisio, San

José de Playón, Mampujan, Corralito y San Blas.

• Se estiman en más de 150.000 las hectáreas de tierra

abandonadas según el RUT de la Conferencia Episcopal.

La dinámica del conflicto armado desde el año 2002, con la entrada en

vigencia de las denominadas “Zonas de Rehabilitación” y de la política de

Seguridad Democrática (como eje prioritario del actual gobierno) , ha variado

y logra generar la percepción de un mejoramiento sustancial de las

condiciones de orden público y seguridad ciudadana. Esta zona de

rehabilitación incluía medidas como el nombramiento de un “jefe militar”

con jurisdicción sobre los entes territoriales, el cierre de las vías para la

movilidad y el transito de vehículos en la noche, e incluso se pensó en

hacer el “empadronamiento “de la población. Esta zona de rehabilitación

era una copia de los “teatros de guerra” de la ley de defensa y seguridad

que la corte constitucional le declaró inexequible al gobierno Pastrana.

Finalmente, la corte constitucional “tumbó” la creación de las Zonas de

Rehabilitación”, sin embargo los gobiernos Departamentales siguieron

utilizando algunas medidas como el cierre del trafico vehicular en las noches.

Ciertamente se han disminuido ostensiblemente los hostigamientos por parte

de la guerrilla a las cabeceras urbanas. Se han reducido las llamadas “pescas

milagrosas”, así como la ocurrencia de masacres y secuestros en el territorio

departamental. La situación del conflicto armado ha derivado hacia un

repliegue de las guerrillas hacia las zonas rurales, una mayor presencia del

pie de fuerza del Estado (la puesta en marcha de los “soldados campesinos”),

y recientemente la desmovilización de los frentes de las autodefensas con

presencia en el departamento. Estos efectos en el conflicto se asocian a las

medidas tomadas por las administraciones departamentales y/o la presencia


40 /

de la fuerza pública. Este proceso-la desmovilización de las AUC- ha

ocasionado preocupación e incertidumbre en la población ante el probable

regreso de las FARC y ELN a copar esos espacios territoriales.

De acuerdo con el escenario descrito, el desplazamiento aflora en diversos

sitios del departamento asumiendo algunas características definidas por

María Teresa Uribe, “éxodos aluviales, silenciosos, diluidos en el tiempo,

movilizaciones masivas en períodos de corto, mediano o largo plazo ligados

a la intensidad de la guerra” (El Desplazamiento Forzado en Antioquia.

Volumen 0. 2001) Veamos algunos casos.

Magangué , segunda ciudad de Bolívar y puerto de entrada y salida hacia el

sur del departamento, presenta una de los más singulares casos. En 1993

tenía una población de 124.489 habitantes (Dane) y para el 2003 se estima

en 164.659, reflejado en el surgimiento de cerca de 20 asentamientos de

invasión (barrios como Belisario Betancur, 2 de Noviembre, 7 de Agosto,

Simón Bolívar, Pueblo Nuevo, La Paz, Pastrana, San Martín, entre otros).

En cuanto al número de personas en situación de desplazamiento la Red

de Solidaridad Social registra en el SUR a 12.181 personas a corte de junio

de 2005.

En materia de desplazamientos masivos uno de los primeros en ocurrir es

el del municipio de San Jacinto en el corregimiento de Bajo Grande en

1996, que se desplaza en su totalidad ante una masacre de 7 pobladores.

En junio de 1998 se desplazan unas 2.000 familias de los municipios de

Tiquisio, San martín de Loba, Arenal, Simití, Rioviejo, Morales y San Pablo

hacia el puerto de Barrancabermeja (esta movilización es resultado de los

enfrentamientos de las AUC y la guerrilla por el manejo de la Serranía de

San Lucas); estas comunidades inician un proceso de retorno pero el pos-

terior asesinato mediante masacres de más de 100 personas obligó a un

nuevo desplazamiento.


/ 41

Caso de particular interés lo constituyen los Montes de María, en donde

existen municipios como Zambrano cuyos dos corregimientos (Jesús del

Monte y Jesús del Río) están localizados en la cabecera desde hace cinco

años. El Carmen de Bolívar muestra una cifra de 26.984 personas llegadas

como resultado del fenómeno, de acuerdo con el sistema SUR de la Red de

Solidaridad Social a junio de 2005 y de 57.225 las expulsadas. Esto

complejiza aún más (su condición de expulsor y receptor) la atención a la

población. Es claro cómo más de 12 corregimientos y veredas de la zona

baja han sido abandonados y se localizan en la cabecera. Similar situación

acontece con San Jacinto en donde pobladores de 18 corregimientos y

veredas se hallan hacinados en escuelas, albergues y familiares hoy en

día. No es gratuito entonces que las cifras de la Red de Solidaridad Social

considere a los Montes de María entre las tres primeras subregiones

afectadas por el desplazamiento forzado en el territorio nacional.

Obsérvese como la correspondencia entre el surgimiento y escalamiento

del conflicto armado con el desplazamiento forzado en el Departamento y

Cartagena es incuestionable como efecto multiplicador del fenómeno,

evidenciando la intencionalidad por parte de los actores armados, en

convertir a la población civil en un momento dado en objetivos militares.

Esto se constata en que las principales causas de desplazamiento son:

amenazas generalizadas (44%), enfrentamientos armados (15%), masacres

(9%), etc. Como presuntos autores, el 46% de los desplazamientos fue

causado por las AUC, el 12% por grupos Guerrilleros, el 2% por agentes

armados del Estado, entre otros.

En últimas, el desplazamiento sigue siendo la gran vergüenza nacional que

exige una respuesta integral de tres instancias: en primer lugar por parte

del Estado en cuanto primer responsable de la vida, honra y bienes de los

ciudadanos; - en segundo por la sociedad civil, la cual debe pasar de la

condena de la violencia, a asumir el desplazamiento en el contexto de la


42 /

sociedad posconflicto teniendo en cuenta las palabras de Daniel Pécaut

(1998): “Resolver el problema de los desplazados, implica nada menos que

rehacer una nación, lo que quiere decir, a la vez, una sociedad y sus

instituciones. La Nación siempre ha permanecido incompleta; hoy está hecha

pedazos”; en tercer lugar, una respuesta individual ubicándose frente al

desplazamiento en cuanto fenómeno social, y ante los desplazados como

personas de iguales condiciones con motivaciones internas que se reflejen

en la asunción de responsabilidades por parte de los investigadores sociales,

de las ONG, la cooperación internacional y las instituciones estatales, con

una responsabilidad directa en la atención del problema. En síntesis una

legitimación de la política pública será viable cuando sea evidente que el

derecho a la vida constituye su razón de ser, aunado a que todos y todas

tienen que participar de las estrategias y acciones y que el perfil gerencial

para atender a los desplazados involucre el respeto a la persona humana y

exista una “pasión por los derechos humanos”, como ethos cultural.



44 /

1.3 Departamento del Valle del Cauca

Por: Adolfo A. Álvarez Profesor Titular de la Escuela de Trabajo Social

y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle.

En relación con el fenómeno del desplazamiento forzado en el Valle, entre

los años 1999 y 2004, se dieron algunos cambios en su dinámica e impacto

sobre la región. En primer lugar pasó de ser una región principalmente

receptora de desplazados provenientes de otros departamentos del país,

a una región golpeada en forma directa por la expulsión violenta de perso-

nas de sus sitios de vivienda y trabajo. En segundo lugar, con respecto a la

expulsión como a la recepción de desplazados, el fenómeno creció en cuanto

al número de personas afectadas y en el sentido territorial abarcando un

número creciente de municipios.

En efecto, el desplazamiento originado en el departamento creció en forma

vertiginosa del año 1999 (1.912 personas expulsadas) al 2001 (23.194).

Entre 2001 y el 2002 fueron mayores las cifras de expulsión ( 41.269 perso-

nas) que las de recepción (25.114) . En el 2003 y 2004 disminuyó la

intensidad (4.184 expulsiones) y (11.413 recepciones).8

Una confrontación regional de baja intensidad en los noventa

Antes del año 1999 hacían presencia prácticamente los diferentes actores

armados, y se recibía el impacto de diversos hechos de violencia asociados

en parte al conflicto armado ( actos de sabotaje, secuestros, retenes,

combates etc.), pero la disputa por el control territorial, parecía de más baja

intensidad.

8 Fuente: (1) Cifras de Oficina de Gestión de Paz y Convivencia – Valle(2) Cifras CODHES- Desplazados por Departamento- Recepción.(3) Informe Consejería de Derechos Humanos – Vicepresidencia. Junio 05


/ 45

Las FARC operaban principalmente a través del 30 Frente, en el sur y

occidente del departamento; por el oriente, principalmente con el Frente 21

desde el Tolima, y el Sexto Frente que comenzó a maniobrar en esta área

a finales de los noventa; a su vez el ELN lo hacía a través del Luis Carlos

Cárdenas, en la cordillera Occidental y a comienzos del año 98 creó la

columna José María Becerra9 .

En esos años, por otra parte, bandas armadas al servicio del narcotráfico,

generaban en muchos casos mayores niveles de violencia y criminalidad

en comparación con el propio conflicto armado, lo cual se evidenciaba en

las altas tasas de violencia homicida del Valle10 , en varios de los municipios

del centro, el norte y en Cali, donde el narcotráfico adquiría fuerza,

penetrando diversas esferas de la vida social, incluyendo las instituciones,

la política11 y el control territorial.

La menor intensidad del conflicto armado y su relativa contención entre

mediados y finales de los años noventa, se explicaba igualmente por una

amplia movilización ciudadana e institucional, orientada a promover la

negociación política y acuerdos humanitarios con los actores armados,

autorizados incluso por una Directiva Presidencial del gobierno Samper (N

06 de Febrero 18 /1998) que permitía diálogos regionales de los

Gobernadores con la insurgencia y otros actores armados, previa

autorización del presidente y para fines muy concretos.

9 Oficina del Alto Comisionado, Informe de Paz N.12 Febrero de 1998, Pág. 30

10 Entre 1992 y 1996 , la tasa de muertes violentas del Departamento osciló entre 100 y 120 por cien mil, cuando la medianacional era de 80; en muchos municipios del norte y centro llegaba a 200 y en Cali a 120 en 1994.

11 El proceso 8000, que copó la atención pública, a partir de 1995, por la financiación de la campaña a la presidencia deErnesto Samper, realmente sólo mostró la punta del iceberg. En el Valle en estos años la pregunta pertinente era: quésectores o candidatos no había recibido financiación del narcotráfico?. Ya entonces se evidenciaba incluso el control deadministraciones locales en el norte del departamento e incluso en el sur por parte de los carteles locales.


46 /

El cambio en la dinámica entre 1999 y el 2003: intensificación del

conflicto y desplazamiento

Un hecho coyuntural que marcó el inicio del cambio en la intensidad y los

efectos del conflicto en la región, fue el secuestro masivo por el Frente

José María Becerra del ELN de cerca de 120 feligreses de la Iglesia la

María, en el corregimiento de Pance habitado por estratos altos de la ciudad,

en Mayo de 1999. Entre los secuestrados estaba Mario Valencia, más

conocido como “el caballista”, acusado de ser un importante capo del

narcotráfico regional, liberado, según se afirma previo pago de una cuantiosa

suma de dinero12 .

Al año siguiente el ELN realizó otro secuestro masivo, esta vez en el Km, 18

de la vía al mar, muy cerca de la ciudad de Cali, golpeando a personas de

estratos medios de la ciudad. El otro evento emblemático de esta fase de

recrudecimiento del conflicto fue el secuestro masivo de los Diputados del

departamento en el mes de Marzo del año 2002, por un comando de las

FARC, que huyó a través de los Farallones de Cali, epicentro previo de la

persecución al ELN por parte de las Fuerzas Armadas, que ya habían

desarrollado una acción envolvente tendiente a la liberación de los

secuestrados de la María y el Km. 18.

Desde otro ángulo, a partir de 1999 apareció el Bloque Calima de las AUC

en el Norte, centro y sur del departamento, responsable de varias masacres

y múltiples desplazamientos, en Tulúa, en el Alto Naya (con 40 víctimas) en

Abril del 2001 y la de Alaska en Buga en la que masacraron 24 labriegos (El

País. 07.11.04 Pág. A9). Igualmente comenzó a operar el Bloque Pacífico,

en Buenaventura, el andén del Pacífico y los Farallones. Como se ha hecho

evidente, las AUC nacieron y crecieron de la mano del narcotráfico (o

12 El caballista acaba de ser extraditado a los Estados Unidos por el gobierno de Uribe, con cargos de narcotráfico.


/ 47

reforzadas por éste) que, precisamente en la región, después del éxito

relativo de la lucha del Estado contra el “cartel de Cali” entre 1995 y 1997,

creció y se diversificó jalonado por el llamado “cartel del norte” y por otras

expresiones, con presencia y penetración significativa en casi todas las

regiones del Departamento.

Desde mediados del año 2002, con el triunfo de Uribe13 y el inicio de la

política de “seguridad democrática”, también la estrategia de combate y

persecución activa particularmente a la insurgencia por parte del Estado,

reforzaría la dinámica y la espiral de guerra y de disputa por el control terri-

torial, tanto dentro del Departamento como en el sur del país. De parte de

las Fuerzas Armadas desde 1999 se había iniciado una fuerte presión primero

sobre el ELN en los Farallones y luego sobre las FARC, logrando el virtual

desmantelamiento de la columna José María Becerra.

En el año 2003, como parte de la promesa del Presidente, se puso en

operación el Batallón de Alta Montaña, ubicado en el corregimiento de Felidia,

con lo cual se afianzó el relativo control de los Farallones, un punto

estratégico, cercano a Cali y también a la vía al mar. Pero, entre tanto, las

FARC diversificaron su presencia con el Bloque Arturo Ruiz (300 hombres

en la cordillera central), la columna Víctor Saavedra (60 hombres en áreas

rurales del centro Cerrito, Buga y Ginebra) y la columna Gabriel Galvis en el

suroriente (120 hombres, en Florida). (El País, Dbre/04-pag. A7).

La dinámica de la confrontación, tanto del lado de los actores armados

ilegales, como de las Fuerzas Armadas del Estado, han tenido como centro

el control de la carretera al mar, el corredor del pacífico y en particular el

Puerto de Buenaventura, por la ubicación estratégica y su impacto sobre el

comercio, el contrabando, el tráfico de drogas y armas.

13 Álvaro Uribe recibió un amplio apoyo por su propuesta de confrontación directa a la insurgencia, en una región en la cualdiversos sectores sociales y económicos consideraban que esa no había correspondido al apoyo expresado tanto a lanegociación en el Cagúan entre el gobierno Pastrana y las FARC, como al impulso de la Convención Nacional propuesta porel ELN y al contrario habían sido blanco directo de la estrategia de guerra.


48 /

En el centro y norte del Departamento (cordillera occidental, el valle central

y las estribaciones de la cordillera central), se ha expresado con fuerza la

presión y el poder del narcotráfico y las AUC, que han apuntado al control

total de esta área “puente” con el centro y el norte del país. También ha

repercutido en la cordillera occidental en los límites con el Tolima y hacia el

sur en los límites con el Cauca, en cuanto corredores estratégicos para la

movilidad de la guerrilla hacia el Tolima, el Huila y el sur del país.

En estos años aumentaron en forma importante los combates y las

operaciones de las Fuerzas Armadas contra la insurgencia, en parte como

expresión de la política de seguridad democrática y la búsqueda de golpes

contundentes y estratégicos sobre la insurgencia, con éxitos respecto del

ELN y en menor medida en relación con las FARC. Por otra parte se amplió

la confrontación entre las FARC y las AUC, particularmente por el control

del pacífico y de Buenaventura, cuya disputa ha sido cruda y cruel,

sometiendo a la población de sus ríos y de la propia área urbana a una

verdadera catástrofe humanitaria.

Pero de igual forma se extendió a otras áreas, como el centro y la cordillera

Central donde las AUC propiciaron varias masacres pretendiendo, golpear

bases de apoyo de la guerrilla. Esta confrontación está asociada en buena

parte a la economía de la droga: control de áreas de cultivo de coca o

amapola, al procesamiento y mantenimiento de laboratorios y a la

comercialización.

También se han dado, si bien en menor proporción, acciones de las Fuerzas

Armadas contra las AUC. Una de las más importantes es la acción de la

Armada que sometió a parte de la columna del Bloque Pacífico que había

cometido la masacre del Naya y que venía siendo perseguida por la guer-

rilla; otras en la parte central del departamento, como reacción a los ataques

que contra la población civil cometieron las AUC. Debe señalarse que en-


/ 49

tre 1999 y el 2002, según la Oficina de Gestión de Paz del Departamento,

las AUC cometieron al menos 18 masacres, en Tulúa, Buenaventura, Buga

y Florida entre otras.

La confrontación se amplió por tanto en relación con los actores, las área

territoriales y especialmente respecto de la población civil involucrada como

objeto, o como medio de la estrategia de guerra, o de hechos de violencia,

vinculados particularmente a las operaciones del narcotráfico.

De todo esto ha sido un reflejo concreto la problemática del desplazamiento

forzado que, de afectar sólo 10 municipios en el año 1998, pasó a cubrir

casi toda la geografía departamental, extendiéndose aproximadamente a

40, con población desplazada expulsada por la violencia o como “recep-

tores”. En síntesis, paralelo a la extensión del mapa de la confrontación,

con las diversas lógicas y propósitos de sus actores, se fueron ampliando

los impactos sobre los municipios y sus habitantes.14

Sobresale el impacto en las áreas rurales y sus poblaciones. En efecto, de

acuerdo con el trabajo realizado por la Oficina de Gestión de Paz del

Departamento y su mapeo del fenómeno, las cifras consolidadas muestran

una incidencia alta en una docena de municipios, siendo el caso más dramático

el de Buenaventura donde cerca del 76%15 de la población campesina habría

sido afectada por desplazamiento forzado. En segundo lugar se ubican Tulúa,

Jamundí y Buga (entre el 20% y el 28%). En tercer lugar, entre el 11% y el

19%, Florida, Calima Darién, Pradera y Dagua. Cuarto, Entre el 3% y el 8%

están Trujillo, Sevilla, Cali, Bugalagrande y San Pedro. Estos cuatro escenarios

son precisamente las áreas de mayor disputa armada.

14 Mapas del Atlas sobre Conflicto y Desplazamiento en el Valle del Cauca, Edición C.D. Oficina de Gestión de Paz, OIM.USAID y Gobernación del Valle, Mayo de 2005.

15 Se trata de un indicador bruto que relaciona el total de desplazados entre los años 99 y 2004 con la población estimada ruraly debe tomarse más que como una medición exacta, como indicador de una tendencia.


50 /

El resto de municipios tienen tasas mucho menores, pero prácticamente

no hay uno sólo en el que algunos habitantes del área rural no hayan sido

golpeados por la expulsión violenta, bien sea en forma temporal o

permanente16 .

En relación con el impacto directo en el área rural hay pocos estudios, pero

existen diversos testimonios respecto de la forma como ha entorpecido

proyectos y procesos productivos individuales o de grupo. Por ejemplo, en

la zona rural de Buga, Tuluá y otros municipios, el desplazamiento ha alterado

la producción pecuaria, los productos de pan coger, además de los efectos

sobre la movilidad y la circulación de personas y bienes y sobre la propiedad

agraria en esas áreas17 .

La recepción de los desplazados, también en forma temporal o permanente,

es la otra cara de la moneda. Medida como proporción de población desplazada

sobre la población urbana se evidencia un impacto importante en unos diez

cascos urbanos del Departamento. Los casos más agudos son los de Jamundí,

Buenaventura, San Pedro y Dagua con porcentajes entre 13% y 17%; el

siguiente grupo entre el 6.5% y el 9%, Florida y Bugalagrande; entre el 2.5%

y el 4%, Buga, Sevilla y Tulúa, y entre el 1% y el 2%, Caicedonia, Cali, Restrepo,

Calima- Darién, Yumbo, Obando , la Cumbre y Pradera.

En muchos casos del Departamento se ha verificado el desplazamiento

desde las áreas rurales hacia el área urbana, con distinto nivel de

temporalidad. La malla urbana y la característica de un departamento de

ciudades intermedias y medianas ha amortiguado sólo en forma relativa el

fenómeno, pues de acuerdo con las cifras de la Oficina de Gestión de Paz,

cerca del 66.6% de la población desplazada registrada (97,430 a Enero de

2005) llegó a Buenaventura y Cali.

16 Las cifras se derivan del Atlas sobre Conflicto y Desplazamiento, igualmente este aspecto se muestra en el documento deAnálisis del Conflicto, de Fabio Cardozo, Gestor de paz y Wilson Reyes, asesor de la Oficina de Gestión de Paz delDepartamento.

17 Testimonios en reuniones y encuentros de trabajo con desplazados, en la ciudad de Cali y en el centro del Valle.


/ 51

La recepción de población desplazada se ha convertido de hecho en un

problema de política pública local en varios municipios que incluso han

incorporado el asunto en sus planes de desarrollo (B/ventura, Cartago,

Florida, Pradera, Buga, Tulúa, entre otros). Pero también ha habido

reacciones sociales de rechazo e insolidaridad, si bien temporales y en

algunos momentos, se llegó a sugerir la idea de “cierre de fronteras” para el

acceso de desplazados18 .

Según la Oficina de Gestión de Paz del Departamento, el 40% de la

población desplazada en este período lo ha hecho bajo la modalidad de

desplazamientos masivos y en forma individual y/o familiar el 60% restante.

Esto también aparece como otro rasgo peculiar del Departamento del Valle,

por cuanto en el promedio nacional, esas proporciones son respectivamente,

para los años 2000 a 2002, de 20.2% y 79.8%.19 De acuerdo con lo señalado

hasta aquí respecto a la naturaleza de la confrontación y de la violencia en

la región, los autores del desplazamiento, corresponden en forma

determinante en primer lugar a las AUC, en segundo lugar a la guerrilla. Un

estudio reciente con población desplazada residente en Cali, muestra como

causantes, en primer lugar a las AUC, en el 44% de los casos, las FARC el

32%, el ELN el 4% el Ejército el 2% y otros el 6%.20

Los retornos: alternativa de reestablecimiento

Uno de los hechos más peculiares del Valle del Cauca, son los retornos de

población desplazada. En efecto, entre el año 1999 y el 2004, se han

producido unos 20 retornos, involucrando a cerca de 10,000 personas. Estos

retornos han sido posibles, en primer lugar, por la política impulsada desde

18 Diagnóstico Situacional de la Población en Situación de Desplazamiento- PSD- asentada en el Municipio de Cali, Oficinade Gestión de Paz y Convivencia en convenio con la OIM y la financiación de USAID, Cali, Mayo de 2005.

19 Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003, El Conflicto Callejón con salida. pag. 122.

20 Opus. Cit. El estudio se hizo con una muestra representativa de la población desplazada, a 274 familias que incluían 1434personas.


52 /

la Oficina de Gestión de paz, que ha liderado una acción institucional con

administraciones locales, el ministerio público, la RSS y organizaciones de

cooperación internacional y ha estimulado la participación de las

Comunidades afectadas.

Por otra parte, ha sido fundamental la existencia de procesos comunitarios

y de tejido social propio de las comunidades afectadas. Esto, además, guarda

relación con el hecho ya señalado de la proporción importante de

desplazamientos masivos o colectivos que se han dado en el departamento.

Los principales retornos se han dado en los municipios de Buenaventura

(Bajo Calima), Dagua, Jamundí, Buga, Tulúa y Florida.

Para concluir esta visión panorámica y resumida, debe señalarse que desde

el año 2003, pero particularmente en el año 2004 y lo que va corrido del

2005, el desplazamiento originado en el propio departamento disminuyó en

forma importante, en parte debido al proceso de desmovilización de las

AUC, en la región. No obstante, ha venido cobrando fuerza el desplazamiento

de los departamentos vecinos y particularmente del sur, como consecuencia

del Plan Patriota que desarrollan las Fuerzas Armadas en su estrategia de

persecución y copamiento de la insurgencia. Los hechos recientes de Toribío,

mostrarían un cambio en la estrategia de las FARC, que implicarán una

nueva escalada de la confrontación, con sus previsibles efectos,

particularmente sobre la sociedad civil y las comunidades campesinas e

indígenas, que como se ha señalado en este trabajo reciben el mayor impacto

del conflicto armado.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCASUBREGIONES

Norte

Pacifico

Centro-Sur

54 /

1.4 Características generales de la población desplazadaforzosamente en los tres departamentos

Fuente Sistema RUT, período 1997-2003

Composición del hogar

Las familias desplazadas tienen un número promedio de personas que varia

entre 4,76 en Antioquia y 5.45 en el Valle del Cauca, pasando por 5,19 en

Bolívar. Entre el 60% y el 70% de las famillas tiene entre dos y tres hijos. El

50% de encuestados vive con su familla, además otras personas amplían

el núcleo familiar como nietos, hermanos, u otro pariente.

La jefatura familiar femenina se presenta en una de cada tres famillas en

Antioquia y Bolívar, y la frecuencia aumenta hasta una de cada dos famillas

en el Valle del Cauca.

Esta es una cifra significativa ya que en el país solo 24 hogares de cada

100 tiene jefatura femenina. El desplazamiento interno forzado obliga a las

mujeres a asumir la responsabilidad de la sobrevivencia de sus familias, en

condiciones sociales y culturales diferentes y desiguales respecto a los

hombres y las mujeres no desplazadas. Al verse presionadas a asumir la

jefatura del hogar, la mayoría de mujeres en situación de desplazamiento

son responsables de su propia manutención y la de sus parientes (que la

generalidad de las veces supera la familia nuclear compuesta por los hijos

e incluye a los abuelo(a)s y a otros familiares). Estas mujeres hacen un

enorme esfuerzo por conseguir el sustento diario, con un escaso nivel de

escolaridad y poca o nula experiencia laboral.


/ 55

Fuente: RUT. Cálculo de los autores

Gráfico No. 1

Jefatura familiar en los hogares desplazados

Distribución según género y rango de edad de la poblacióndesplazada

La distribución por género es bastante equitativa en cada rango de edad.

Se observa en los tres departamentos una distribución similar pero con

niveles más altos en el grupo de niños entre 6 y 12 años, y en el grupo de

adultos entre 18 y 29 años.

Esta información evidencia que la mayoría de la población desplazada es

menor de 30 años, lo que tendría fuertes repercusiones en los niveles de

escolaridad a alcanzar y por consiguiente en una mejor inserción al mercado

laboral y aprovechamiento de la fuerza laboral en una de sus etapas más

productivas. Además de las implicaciones en la redistribución del ingreso,

que supone menor número de personas que trabajan y generan ingresos

en la familia.

El desplazamiento afecta en mayor medida a niños, niñas y jóvenes y a las

mujeres que deben asumir la carga de responsabilidad en el mantenimiento


56 /

de las familias. Un alto porcentaje de niños y jóvenes desplazados, puede

relacionarse con la presión que ejercen los actores armados para vincularlos

de manera forzada a sus filas. De hecho en algunas declaraciones ante el

ministerio público muchas familias argumentan como motivo de su

desplazamiento, el reclutamiento forzado de sus hijos menores de edad.

Gráfico No. 2

Distribución de la población según rango de edad y género en Antioquia



Gráfico No. 3

Distribución de la población según rango de edad y género en Bolívar


/ 57


Gráfico No. 4

Distribución de la población según rango de edad y género en Valle del

Cauca

Nivel escolar de la población desplazada

Sobre los niveles de escolaridad de la población desplazada, el mayor

porcentaje de las personas desplazadas llega al nivel de primaria, muy

pocos alcanzan niveles de secundaria y casi ninguno llega a la Universidad.

Además, cerca del 10% manifiesta no haber alcanzado “Ningún” nivel de

escolaridad, cifra que aumenta si se considera la alta participación (30%

en promedio) de la categoría “No sabe”, “No responde”, lo que podría

evidenciar un nivel elevado de analfabetismo.


58 /

Gráfico No. 5

Nivel escolar alcanzado en la población desplazada por departamento


Origen de la población desplazada 1997-2003

Cuadro No 1

Origen de los Desplazados en Antioquia

Departamento Expulsor Antioquia

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado

Antioquia 11127 87,53 87,53

Choco 1089 8,57 96,10

Córdoba 128 1,01 97,11

Bolívar 93 0,73 97,84

Valle del Cauca 46 0,36 98,20

Caldas 36 0,28 98,48

Quindío 32 0,25 98,73

Santander 30 0,24 98,97

Meta 23 0,18 99,15

Otros 108 0,85 100,00

Total 12712 100



/ 59

La distribución del porcentaje acumulado evidencia que más del 80% de la

población de desplazados en Antioquia era ya residente en el departamento.

Además un porcentaje alto de la muestra, expresa que aproximadamente

de una persona de cada diez, llega del departamento del Chocó y entre las

dos sub-poblaciones representan más del 95% de la población que tuvo

que reasentarse en el departamento de Antioquia en el periodo 1997 - 2003.

Cuadro No 2

Origen de los Desplazados en Bolívar

Departamento Expulsor Bolívar

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado

Bolívar 28492 72,84 72,84

Antioquia 3521 9,00 81,84

Sucre 2183 5,58 87,42

Choco 1416 3,62 91,04

Córdoba 1204 3,08 94,12

Magdalena 753 1,93 96,05

Cesar 597 1,53 97,57

Santander 212 0,54 98,12

Norte Santander 172 0,44 98,56

Guajira 120 0,31 98,86

Valle del Cauca 52 0,13 99,00

Putumayo 40 0,10 99,10

Otros 353 0,90 100

Total 39115 100


En el departamento de Bolívar, más del 70% de la población residía allí

antes del evento. Una persona de cada diez, ha cruzado la frontera entre

Bolívar y Antioquia y un 10 % llega desde Sucre.


60 /

Cuadro No 3

Origen de los Desplazados en Valle del Cauca

Departamento Expulsor Valle del Cauca

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Valle del Cauca 12758 79,93 79,93

Cauca 1698 10,64 90,57

Choco 443 2,78 93,35

Nariño 412 2,58 95,93

Antioquia 210 1,32 97,24

Cesar 96 0,60 97,84

Putumayo 87 0,55 98,39

Risaralda 38 0,24 98,63

Santander 33 0,21 98,83

Tolima 33 0,21 99,04

Otros 153 0,96 100

Total 15961 100


La población en el Valle del Cauca, se comporta, como era esperado según

el mismo patrón observado en Antioquia y Bolívar. Cuatro individuos de

cada cinco, tuvieron que desplazarse pero no emigraron del territorio

departamental. Una afluencia sostenida procedente del Cauca añadida a la

porción intra-departamental constituye el 90% de la población reasentada

en éste departamento.


/ 61

Causas que motivan el desplazamiento

Gráfico 6

Motivo de desplazamiento por departamento


Poco más del 5% de la población antioqueña afirma que la causa del

desplazamiento fue el combate en curso; en los demás departamentos los

porcentajes varían entre 6 y 3%. El porcentaje acumulado de los individuos

que afirmaron que decidieron huir por miedo, violencia o amenaza,

representan más del 55% en Bolívar y este porcentaje aumenta hasta el

72% en Antioquia y 87% en el Valle del Cauca.


62 /

Actor Expulsor

Gráfico 7

Actor Expulsor por departamento


Si se consideran las respuestas de los individuos desplazados a la pregunta

formulada en la encuesta RUT, con respecto al actor por el cual tuvieron

que desplazarse, se observa que en los tres departamentos los grupos

paramilitares de autodefensas ocupan el primer lugar y los grupos guerrilleros

(FARC, ELN y otros) siguen en la clasificación de agentes intimidatorios.

Un porcentaje representativo de personas no responden a esta pregunta, o

contestan “actor armado desconocido”. Más de una, de cada tres personas

en Antioquia y en Bolívar cerca del 15% en Valle y en Bolívar no califican al

actor armado que causó la huida, lo cual, de alguna forma corrobora que la

amenaza y el miedo a revelar esta información, prevalecen para evitar

posibles repercusiones.


/ 63

Deseo de permanencia, retorno o reubicación:

Gráfico 8

Deseo de permanencia, retorno o reubicación en los tres departamentos


La encuesta RUT pregunta por el deseo que tiene cada hogar de regresar a

su sitito de residencia, pero como se puede observar en el gráfico No 8, en

Antioquia solo una familla de cada cuatro quiere regresar al lugar de donde

fue expulsada, se registra en menor medida este deseo en el Valle del Cauca

y Bolívar. Las personas prefieren reubicarse, más bien que retornar. La

mayoría, quiere asentarse y reconstruir su vida en el sitio receptor.


64 /

CAPITULO II

2. Efectos Económicos de Desplazamiento Forzado

2.1 Tenencia de la T ierra y Desplazamiento Forzado

A la hora de dimensionar los efectos del desplazamiento forzado por la violencia

en la economía colombiana, uno de los aspectos más importantes está

relacionado con la pérdida de la tenencia1 de la tierra de la población expulsada

y, paralelamente, el proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra

rural que incluso ha sido identificado como una contra reforma agraria2 .

Esta problemática tiene, sin embargo, profundas raíces históricas derivadas,

en gran medida, del régimen de tenencia precaria que ha caracterizado

tradicionalmente la cultura misma de la propiedad rural en Colombia, definida

a través de un proceso continuo de poblamiento o colonización interna. De

este modo son múltiples las debilidades del Sistema de Catastro en las

áreas rurales, donde no se relaciona la propiedad con una titulación oficial,

sino con la tenencia.

De allí que la restitución de tierras sea quizás una de los más grandes

obstáculos que enfrentará el Estado a la hora de proponer soluciones al

fenómeno del desplazamiento forzado, pues a pesar de ser un problema

tan difundido, se ha mantenido silenciado, en gran parte como consecuencia

de la ausencia de la información en los registros oficiales.

La pertinencia de este análisis radica en la consideración de la tenencia de

1 En el presente estudio se entiende por tenencia “cualquier vínculo con la tierra tal como la propiedad -individual-, lapropiedad colectiva, el arrendamiento, la colonización y la posesión”, recogiendo el planteamiento de IBÁÑEZ, A y QUERUBÍN,P. Op. Cit. Pág. 62

2 En este sentido la Contraloría General ha lanzado un importante llamado de atención al señalar en un reciente informe quemientras en la reforma agraria el INCORA entregó cerca de 2’000.000 de hectáreas, en los últimos años los grupos paramilitareshan logrado apropiarse de cerca de 6’000.000 de hectáreas en todo el país. CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN.“Informe Situación del desplazamiento forzado 2002-2003”. Bogotá, Marzo 2005.


/ 65

la tierra como el activo por excelencia que pierde la población desplazada,

profundamente ligada al primer sector de la economía.

Esta sección está compuesta por dos partes:

En la primera parte se establece la magnitud del fenómeno de abandono

forzado de tierras por causa del desplazamiento en los tres departamentos

en estudio durante el periodo 1997 - 2003, y se estima cuál ha sido el costo

de esta pérdida para la población desplazada, cuánto podría representar

en relación con cada PIB departamental.

Para ello se identificaron en la base de datos del RUT los hogares

desplazados que declararon tener algún tipo de vínculo con la tierra antes

de presentarse el desplazamiento3 , clasificándolos de acuerdo a sus

respectivas formas de tenencia.

De este modo se logró avanzar en la estimación del número total4 de

hectáreas abandonadas en cada uno de los tres departamentos del estudio,

analizando la situación por subregiones e identificando los municipios más

afectados.

Con base en el valor por hectárea estimado por la Contraloría General en

un estudio del 2003, que actualizado a pesos del 2005 corresponde a 2.4

millones de pesos5 , se prosiguió a calcular el costo de la tierra total

abandonada en los tres departamentos por el desplazamiento forzado.

Este estimativo permite, por una parte, establecer la magnitud del abandono

3 Considerando que en muchos casos los desplazados que responden la encuesta RUT pueden tener una motivación paradeclarar una cantidad de tierras mayor a la abandonada, con la intención de acceder a mayores beneficios en un posibleprograma de restitución de tierras, este análisis puede implicar algunas sobrestimaciones.

4 Existe también un riesgo a la subestimación porque una parte importante de la población desplazada no se registra en elRUT, dejando de reportar las tierras por ellos abandonadas.

5 Para lugares como la Subregión del Urabá Antioqueño, donde se han implementado megaproyectos agroindustriales de altarentabilidad, puede ser que el valor de la tierra sea mayor a esta estimación basada en el cálculo de la Contraloría General.


66 /

forzado de tierras en relación con el PIB departamental y, por la otra, contar

con una aproximación más concreta a los costos en que incurriría el Estado

a la hora de avanzar en un proceso de restitución de estas parcelas que no

parta de la devolución o expropiación de las mismas a los actores que

ilegalmente se han apropiado de ellas.

La segunda parte, hace un análisis de la relación entre concentración de la

propiedad de la tierra rural y el desplazamiento forzado en los municipios

más afectados, en los departamentos de Bolívar y Valle del Cauca para el

periodo 1994 - 2003. Por la ausencia de información fue imposible realizar

el mismo análisis para el departamento de Antioquia.

Se concluye con una comparación de la situación en los tres departamentos.

Abandono de tierras y desplazamiento forzado

Según Ana María Ibáñez, el desalojo de la población civil responde a

“estrategias de guerra adoptadas por los grupos armados para desocupar

el territorio, expandir sus áreas de control y apropiarse de manera violenta

de propiedades agrícolas”6 . De hecho, en un estudio acerca de la efectividad

de la reforma agraria, Suárez y Vinha (2003) muestran que cerca del 51%

de las transferencias de grandes predios se realiza por presiones violentas7 .

Adicionalmente, un estudio realizado por Darío Fajardo8 , demuestra que el

desplazamiento es más frecuente en los departamentos con una mayor

concentración de la tierra, donde existe también una motivación por el con-

trol de recursos naturales y por la perspectiva de importantes inversiones.

De este modo, la caracterización de un territorio como de alto valor

estratégico por parte de los actores armados ilegales se inspira en la

6 Ana María Ibáñez y Pablo Querubín. Acceso a tierras y desplazamiento forzoso en Colombia. Documento CEDE No 23Mayo de 2004. Universidad de los Andes. Pág. 60

7 Citado en Ibíd. Pág. 64

8 Darío Fajardo. “Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra”. Universidad Nacional de Colombia. 2002


/ 67

apropiación de recursos naturales y usufructo de megaproyectos, además

de su significado político-militar.9

Al ser victimas con mayor frecuencia de las amenazas por parte de actores

armados ilegales, son los propietarios de tierras los más sensibles al

problema del desplazamiento ligado al abandono de tierras. Esto aplica

particularmente para el pequeño propietario, puesto que su “desalojo (...)

parece ser una estrategia de bajo costo para ocupar la tierra ya que los

pequeños propietarios cuentan con una capacidad limitada para adoptar

medidas de protección”10 .

De acuerdo con el Banco Mundial, existe en Colombia una tendencia con-

tinua hacia la concentración de la propiedad rural, impulsada en gran parte

por los fenómenos de violencia y desplazamiento. “El desplazamiento ha

puesto en marcha una contrarreforma agraria de proporción masiva y es

posible que favorezca una concentración significativa e improductiva de la

tierra en algunas regiones”11 .

Departamento de Antioquia

A través del análisis de los datos del Sistema RUT, se puede establecer que

durante el periodo 1997-2003 en el Departamento de Antioquia el 89% de

los hogares desplazados reportó algún tipo de vínculo con la tierra en el

momento de la expulsión. Sólo un 11% manifestó no haber tenido o no

haber abandonado tierras, confirmando la estrecha relación que

originalmente existe entre las personas desplazadas y las actividades del

sector agrícola. Adicionalmente estas cifras permiten dimensionar, en

términos muy generales, el impacto de reubicarse en lugares que, como los

9 Luís Eduardo Pérez Murcia. “Desplazamiento forzado en Colombia 1995 – 1999: Una aproximación empírica a las relacionesentre desplazamiento, conflicto armado y desarrollo. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. 2001.10 Kirchhoff e Ibáñez (2001) Citado en Ibáñez Op. Cit. Pág. 6111 Banco Mundial. Colombia una política de tierras en transición. Pág. 7.


68 /

Gráfico No. 9Tenencia de la tierra por año de expulsión. Antioquia 1997-2003


centros urbanos, son totalmente ajenos a sus formas tradicionales de vida.

Como se aprecia en el Gráfico No. 9, el porcentaje promedio de tenencia de

la tierra durante el periodo de estudio fue del 79%, mostrando incluso cifras

superiores al 90% entre los años 2001 y 2003. Estas cifras evidencian que

en el Departamento de Antioquia el desplazamiento forzado se ha acentuado

cada vez más sobre los hogares directamente vinculados a la tierra.

De los hogares que reportaron algún tipo de tenencia, el 49.2% son

propietarios de las parcelas abandonadas, aunque de estos, tan sólo un

37.4% admite tener la respectiva escritura que lo acredita como tal. Esto

revela la debilidad del Sistema de Derechos de Propiedad, que es uno de

los principales obstáculos para avanzar en el futuro en una hipotética

devolución de estas tierras por parte de los actores ilegales en conflicto que

se las han apropiado.

Confirmada -como se verá más adelante- por el análisis de los

Departamentos de Bolívar y Valle del Cauca, se puede hablar de ésta como


/ 69

una debilidad de carácter nacional, que lleva a plantear la necesidad de

desarrollar mecanismos especiales de titulación que garanticen la protección

de la tenencia (Ibáñez 2003).

Como se aprecia en el Gráfico 10, respecto a las otras categorías de tenencia

de la tierra, el 17.8% son arrendatarios, el 14.2% tenían posesión sobre la

tierra, el 5.8% eran colonos y un 4.4% tenían carácter de propietarios

colectivos. El 8.6% manifestó otro tipo de tenencia que no fue posible

identificar en la muestra.

Gráfico No. 10

Estructura de la tenencia de la tierra de la población desplazada.Antioquia 1997 – 2003.


Las famillas desplazadas en este departamento declararon haber sido

forzadas a abandonar 21.894,6 hectáreas por el desplazamiento, con un

promedio de 27 hectáreas por familla.

La presencia en el vasto territorio antioqueño de estructuras productivas

ligadas a la gran hacienda agroindustrial de exportación, a megaproyectos

de generación de electricidad y corredores viales que lo articulan con el

resto del país, son ejes determinantes en la persistencia del conflicto y del

desplazamiento como factor de poblamiento y repoblamiento del territorio.


70 /

Análisis Subregional

Durante el periodo 1999-2004 en el Departamento de Antioquia, fue la

Subregión de Occidente la que vivió con mayor intensidad el fenómeno

de abandono de tierras como consecuencia del desplazamiento,

representando el 51.9% del total, con una extensión de 11.358,8 Has

abandonadas. Dentro de la Subregión, es el municipio de Buriticá el que

expone el mayor número de hectáreas abandonadas, con un total de 10.479,

que equivalen al 92.3% subregional y al 47.9% del total departamental, es

decir, casi la mitad.

La importancia geoestratégica de la Subregión recae básicamente en el

Nudo de Paramillo, donde muere la cordillera Occidental y nacen las

serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, así como los ríos Sinú y San

Jorge. Esta particular condición topográfica permite desde la Subregión

dominar gran parte del noroccidente colombiano, además de convertirla en

escenario privilegiado para los cultivos ilícitos y su procesamiento.

Esta caracterización la ha convertido en territorio en disputa entre los distintos

actores armados ilegales que operan en la zona, abarcando en su área de

influencia municipios ubicados en otras subregiones del Departamento

(Urabá, Occidente y Norte), e incluso del sur del Departamento de Córdoba12 .

La Subregión de Urabá ocupa el segundo lugar, en relación con el problema

del abandono forzado de tierras causada por el desplazamiento, con un

15.2% de las hectáreas abandonadas a nivel departamental, es decir, 3.336,4

Has. Mutatá es el municipio donde a nivel subregional la problemática es

más grave al representar, con sus 1.246 Has abandonadas, el 37.3% del

total de la Subregión y el 5.7% del total departamental.

1 Desplazamiento forzado en Antioquia No 5. Occidente. Conferencia episcopal de Colombia. Secretariado Nacional dePastoral Social. Sección Movilidad Humana.


/ 71

A diferencia de la Subregión Occidental, donde el fenómeno se concentra

casi en un único municipio, en el Urabá antioqueño se da una mayor

dispersión de las hectáreas de tierra abandonadas por municipio. De este

modo se destacan también los municipios de Apartadó, con el 18.5% sub-

regional, y Turbo el 17.6%.

El Urabá ha sido un territorio de expansión de la frontera agrícola a partir de

los años 60’s donde la consolidación de grandes conglomerados

agroindustriales (banano, ganadería y, más recientemente, palma africana)

se dio en un ambiente de precaria presencia del Estado.

Esta caracterización histórica favoreció la penetración y consolidación de

los grupos guerrilleros en la década de los 70s, particularmente del EPL y

las FARC, que llegaron a contar con una fuerte base social hasta la década

de los 80’s.

La ausencia de un arreglo institucional que permitiera dirimir los conflictos

favoreció también el surgimiento de los grupos paramilitares que empezaron

a hacer presencia ya desde finales de la década de los 80s.

Esta dinámica histórica se ha ido haciendo cada vez más compleja por la

excelente ubicación geoestratégica de esta subregión, su riqueza en recursos

naturales y gran potencial como escenario para el desarrollo del comercio y

de megaproyectos, situación que determina la confluencia de múltiples

intereses nacionales y transnacionales que serán fundamentales durante

el presente siglo13 en lo económico, político y militar.

La Subregión del Magdalena Medio Antioqueño es la tercera más afectada

por este fenómeno, con 2.233 Has abandonadas entre 1997 y 2003, es

13 Desplazamiento Forzado en Antioquia No 8 Urabá .Conferencia episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de PastoralSocial .Sección Movilidad Humana.


72 /

decir el 10.2% del total departamental. Como ocurre en Occidente, también se

presenta aquí una alta concentración del fenómeno en un solo municipio, Yondó,

con el 94% (2.100) de las hectáreas abandonadas a nivel subregional.

La importancia geoestratégica de la Subregión del Magdalena Medio está

dada por su condición de corredor natural, que comunica no sólo el interior

del país con la Costa Caribe, sino también el norte colombiano de oriente a

occidente. De allí que hagan presencia una multiplicidad de intereses políticos

y económicos, motivados adicionalmente por la disponibilidad de recursos

naturales y el potencial para la implementación de mega proyectos de inversión

privada. De hecho ha habido un incremento de la inversión pública y privada,

que favorece la integración de redes de mercado a nivel nacional y local.

Respecto a la caracterización de la tenencia de la tierra es importante señalar

que está prácticamente definida por el predominio del latifundio.

Esta misma caracterización parece convertirla en epicentro de la disputa

por el control territorial entre los distintos actores armados ilegales.

En la Subregión Norte , el abandono de tierras como consecuencia del

desplazamiento forzado representó el 7% del total departamental, con

1.531,5 Has durante el periodo 1997-2003. Aunque no es tan concentrado

como en Occidente y el Magdalena Medio, el municipio de Ituango muestra

una alta participación a nivel subregional con un 77.6% del total, lo que

equivale a 1.189 Has.

En este sentido resulta pertinente recordar que este municipio ha visto

alterada su situación de orden público desde los años 80s, por la incursión

de grupos guerrilleros, sus acciones bélicas y enfrentamientos con la fuerza

pública. Sin embargo, a partir de 1996 inicia la penetración de grupos

paramilitares a la zona, llevando a una agudización de la confrontación

armada y de las violaciones de Derechos Humanos.


/ 73

La Subregión del Oriente es una de las más afectadas por el conflicto

armado interno, particularmente por la disputa permanente entre los distintos

grupos armados por el control del cordón de la autopista Medellín – Bogotá,

de gran valor estratégico para la comercialización de productos de y hacia

el interior del país. Otro punto neurálgico dentro de esta subregión es la

zona de los embalses donde la presencia de megaproyectos relacionados

con la infraestructura eléctrica14 y vial, es un dinamizador de la confrontación.

Esta caracterización del Oriente antioqueño respecto a la dinámica del

conflicto evidencia el inminente riesgo de desplazamiento en el que vive el

conjunto de su población. Este hecho podría explicar en gran medida la

dispersión del fenómeno en distintos municipios de esta subregión, que

contribuye con 6.7% al del total departamental, equivalente a 1.464,2 Has.

En la Subregión del Valle de Aburrá la zona más álgida en relación a la

dinámica armada es el corredor que une la ciudad de Medellín con la

autopista Medellín – Bogota y el oriente antioqueño. Este corredor,

tradicionalmente importante como ruta de comercio, ha adquirido un mayor

valor estratégico para los actores armados ilegales a partir de la expansión

de flujos relacionados con la economía ilegal.

De este modo, de las 711,5 Has abandonadas en el Valle de Aburrá por el

desplazamiento forzado, la zona rural del municipio de Medellín concentra

el 85.2% del total subregional, equivalente a 606 Has.

Las subregiones en donde ha tenido menor incidencia el problema del

abandono de tierras por causa del desplazamiento forzado son el Nordeste,

el Bajo Cauca y el Suroeste, que en conjunto representan el 5.8% del total

departamental.

14En esta zona se produce cerca del 35% de la energía del país.


74 /

En la Subregión del Nordeste, caracterizada por la riqueza en recursos

auríferos, hacen presencia los distintos actores armados ilegales. No ob-

stante, se abandonaron por causa del desplazamiento sólo 582 Has,

equivalentes el 2.7% del total departamental. Una vez más resulta interesante

destacar la alta concentración del fenómeno en un sólo municipio (San

Roque), que contribuye con el 94.3% al total subregional.

La Subregión del Bajo Cauca es la primera en extracción de oro a nivel

departamental, hecho que ha determinado históricamente la dinámica de

su configuración subregional.15 En el Bajo cauca se abandonaron 468 Has,

que corresponden al 2.1% del total departamental. El municipio de Nechí,

con 246 Has, concentra el 52.6% del total subregional.

La Subegión del Suroeste es donde menos se ha presentado el fenómeno

del abandono de tierras ligado al desplazamiento forzado, aportando sólo

el 1% del total departamental. Con 209 hectáreas. El municipio más afectado

es Urrao con el 67.4% del total subregional.

El Cuadro No. 4 permite visualizar los municipios más afectados por el

fenómeno del abandono de tierras a causa del desplazamiento forzado en

el Departamento de Antioquia por subregiones.

15 Desplazamiento Forzado en Antioquia. No.1 Bajo Cauca. Conferencia Episcopal de Colombia


/ 75

Subregiones No. Has % Dptal Municipios más representativos en % del total departamental

Occidente 11358,8 51,9 Buriticá (47,9), Dabeiba (2,4), Frontino (0,6)Urabá 3.336,5 15,2 Mutatá (5,7), Apartadó (2,8), Turbo (2,7)Magdalena Medio 2.233,1 10,2 Yondó (9,6), Puerto Nare (0,5)Norte 1.531,5 7,0 Ituango (5,4), Yarumal (1,2)Oriente 1.464,2 6,7 San Luís (2,2), San Carlos (1,4), San Francisco (1,0)Valle de Aburrá 711,5 3,2 Medellín (2,8), Girardota (0,5)Nordeste 582 2,7 San Roque (2,5), Segovia (0,1)Bajo Cauca 468,02 2,1 Nechí (1,1), Cáceres (0,5)Suroeste 209,1 1,0 Urrao (0,6), Caicedo (0,1)Antioquia 21.894,6 100


Cuadro No. 4

Número de hectáreas abandonadas clasificadas por Subregiones. Antioquia

1997 – 2003

Al analizar la relación entre desplazamiento forzado y abandono de tierras,

se evidencia que las subregiones que se caracterizan por ser las mayores

expulsoras son, al mismo tiempo, las que presentan porcentajes más altos

de abandono de tierras por parte de la población desplazada. Es así como

la región de Occidente, segunda en expulsión de población con el 21.2%,

se ubica en primer lugar respecto al abandono de tierras, con el 51.9%.

Situación semejante se presenta en la subregión de Urabá que es la tercera

en expulsión (12.8%) y la segunda en abandono de tierras (15.2%).

Aunque en las demás subregiones se mantiene esta relación, en el Oriente

Antioqueño no es tan visible, ya que es la primera expulsora (39%) a nivel

departamental, pero la quinta con respeto a la tierra abandonada (6.7%).

Este hecho podría explicarse debido a que allí el número de hectáreas

abandonadas por hogar fue relativamente bajo o porque se presenta un

alto porcentaje de hogares que no abandonó tierras en su municipio expulsor.


76 /

En el departamento de Antioquia la tierra constituye, entonces, un factor fun-

damental en el desarrollo del conflicto armado y, consecuentemente, del

desplazamiento forzado. Este hecho evidencia como la expulsión del territorio

de los hogares ligados a la tierra se ha convertido en parte de la estrategia de

control territorial y de apropiación violenta de los recursos productivos por

parte de los actores armados ilegales, como se confirmará más adelante, al

analizar el mismo problema en los Departamentos de Bolívar y Valle del Cauca.

Costo de la Tierra abandonada en Antioquia

Para la estimación del costo de la tierra abandonada por los hogares

desplazados en los tres departamentos estudiados, se tuvo en cuenta tanto

el número de hectáreas que las familias manifestaron haber abandonando

en el municipio de expulsión, como el precio promedio de una hectárea de

tierra rural, el cual se estima en 2,4 millones de pesos del 200516 .

De acuerdo a lo anterior, se calcula que el costo de la tierra abandonada

por los hogares desplazados en el departamento de Antioquia, asciende a

52.547 millones de pesos del 2005, cifra que equivaldría al 0.45% del PIB

de Antioquia para el año 2003.

En el Cuadro a continuación se presenta la estimación de los costos de la

tierra abandonada por el desplazamiento forzado para cada Subregión:

16 Esta estimación del precio de la hectárea de tierra para el año 2005 se hace con base en el estudio de la ContraloríaGeneral de la Nación, la cual con informaciones de INCODER tienen que para el año 2003 el costo promedio por hectáreaentregada a la población desplazada para la conformación de una unidad agrícola familiar era de dos millones, cifra a la cual,los investigadores de la Contraloría, le incrementan un 10% con el fin de contemplar infraestructura básica habitacional. Paraefectos de nuestro estudio actualizamos estas cifras al año 2005 teniendo en cuenta la inflación.


/ 77

Subregiones No. Has Costo de la Tierra(En millones de pesos del 2005)

Occidente 11.358,8 $27.261,2

Urabá 3.336,5 $8.007,6

Magdalena Medio 2.233,1 $5.359,4

Norte 1.531,5 $3.675,6

Oriente 1.464,2 $3.514,1

Valle de Aburrá 711,5 $1.707,6

Noroeste 582 $1.396,8

Bajo Cauca 468,02 $1.123,2

Suroeste 209,1 $501,8

Antioquia 21.894,6 $52.547,3

Fuente: RUT y Contraloría General de la Nación. Cálculo de los Autores

Cuadro No. 5

Costo de la tierra abandonada por Subregiones. Antioquia 1997 – 2003

Departamento de Bolívar

Siguiendo la misma metodología utilizada para Antioquia, se pudo establecer

que entre 1997 y 2003 el 76.4% de los hogares desplazados por la violencia

en Bolívar manifestaron algún tipo de vínculo con la tierra en su lugar de

expulsión, mientras sólo un 23.6% de los hogares manifestó no tener o no

haber abandonado tierra al momento del desplazamiento. Estos datos

evidencian también para este Departamento una estrecha relación de los

hogares desplazados con la tierra y las actividades agrícolas en su lugar

de origen.

El desplazamiento se expresa en Bolívar como un evento de gran impacto

por el número de hectáreas abandonadas. Sin embargo, como se puede

apreciar en el Gráfico No. 10, el porcentaje de tenencia de la tierra durante


78 /

Gráfico No. 10Tenencia de tierra por año de salida. Bolívar 1997-2003


el periodo de estudio se sitúa en una cifra promedia del 63%, incluso

situándose en un 75% en el 2003, siendo el más bajo en comparación con

los otros dos departamentos de estudio.

En total las familias desplazadas del Departamento de Bolívar que se

registraron en la base de datos RUT, declararon haberse visto obligadas a

abandonar 119.518 Has como consecuencia del desplazamiento forzado

entre 1997 y 2003, lo que equivale a un promedio de 37 Has por familia.

Además representa el 24% del área potencial de uso agrícola en el

departamento y el 5% de su superficie total.

Analizando la estructura de la tenencia de la tierra en los hogares

desplazados, se aprecia cómo del total de personas que reportaron algún

vínculo, el 48.5% son propietarios de las parcelas abandonadas, aunque

de éstos tan sólo un 36% admite tener la respectiva escritura que lo acredita

como tal. Los arrendatarios representan un 25.3%, mientras que el 8.2%

manifestó tener posesión sobre la tierra, el 4.5% ser colonos y el 2.1%

tener una propiedad colectiva. El 11.4% declaró otro tipo de tenencia que

no fue posible identificar en la muestra.


/ 79

Gráfico No. 11

Estructura de la tenencia de la tierra de la población desplazada. Bolívar 1997 - 2003



El mayor número de hectáreas abandonadas durante el periodo de estudio

se presentó en la Subregión de la Mojana Bolivarense con 65.214 Has,

lo que representa el 54.6% del total departamental.

El municipio de Tiquisio, con 63.102 Has reportadas en el RUT, estaría

determinando la tendencia subregional al aportar el 97% del total de tierras

abandonadas como consecuencia del desplazamiento forzado. Esta

participación también es considerable en relación con las hectáreas

abandonadas a nivel departamental (53%).

En el municipio de Montecristo se reportó el abandono forzado de 1.284 Has.

La Subregión de los Montes de María es la segunda más afectada por el

abandono forzado de tierras a causa del desplazamiento, reportando 49.775

Has, es decir, el 41.6% del total departamental. Se destacan dentro de esta

Subregión los siguientes municipios, de acuerdo con el número de hectáreas

abandonadas:


80 /

• El Carmen de Bolívar, con 36.391 Has, concentra el 73% del total

subregional y 30,4% a nivel departamental.

• Maria la Baja con 4.012 Has aporta el 8,1% a nivel subregional y el

3.4% del total departamental.

• Zambrano, con 3.291 Has, corresponde al 6.6% subregional.

• San Jacinto y San Juan Nepomuceno representando 6.2% y 4.8%

al interior de la subregion respectivamente.

Históricamente los Montes de Maria se han caracterizado por un sistema

productivo agroexportador, diversificado entre la agricultura17 , la ganadería

e, incluso, procesos sencillos de transformación agroindustrial como el trillado

del maíz y el secado de la yuca. Este modelo favoreció una estructura de la

propiedad basada en el latifundio, que trató de modificarse en el marco de

la reforma agraria implementada en el país a través del Instituto Colombiano

para la Reforma Agraria (INCORA).

Respecto a la dinámica armada, esta Subregión ha adquirido un alto valor

estratégico en relación con el control de las vías de comunicación entre el

interior del país y la Costa Atlántica. Se trata de un corredor natural con

dirección suroriente – noroccidente, donde además de los municipios de El

Carmen de Bolívar, San Jacinto y Zambrano en este departamento, se

incluyen los municipios de Tolú Viejo, Colosó, Chalán y Ovejas del

departamento de Sucre. El Carmen de Bolívar, así como es el centro de

comercio y de las vías de comunicación en este corredor, también parece

ser el epicentro del conflicto en la región.18

17 Con una amplia gama de productos entre los que valdría la pena recordar el arroz (María la Baja), la yuca, el ñame, el maíz,el tabaco, las frutas y el aguacate

18 Aristizábal, Hugo y Villamarín, Ricardo, consultores DNP “Estudio para el fortalecimiento de la participación y el desarrollolocal”, Bogota, DC, abril de 2004, p 9


/ 81

De este modo en los Montes de María se verifican las dos hipótesis

planteadas respecto a las motivaciones que pueden tener los actores

armados ilegales para buscar el control de un territorio y usar el

desplazamiento forzado como estrategia: por un lado, se trata de un territorio

muy fértil que favorece la producción agrícola y ganadera, por lo que el

desplazamiento podría responder a la motivación de expropiar en forma

violenta los factores de producción. Por el otro lado, esta Subregión cuenta

con varios corredores naturales, zonas de retaguardia y avanzada, que le

otorgan un alto valor estratégico. Adicionalmente pasa por allí la Troncal de

Occidente, a través de la cual se moviliza el 80% de la carga trasportada

entre el Interior del país y la Costa Caribe.

La Subregión del Dique , ubicada en la parte Norte del departamento,

representa el 4.2% del total de tierras abandonadas forzadamente por el

desplazamiento, equivalente a 2.855,3 Has. Si bien también en esta Subregión

un sólo municipio aporta más de la mitad de las hectáreas abandonadas

(Villanueva, 57%), es importante resaltar que el Distrito de Cartagena, con

489 Has de su parte rural, contribuye al fenómeno en un 17%.

Esto demuestra que el abandono forzado de tierras ligado al desplazamiento

no sólo se presenta en las regiones más apartadas del departamento, sino

que cubre la entera geografía departamental, aun cuando puede acentuarse

en algunas subregiones. Así mismo, estas cifras nos permiten rastrear la

evolución de la dinámica de la confrontación armada que rápidamente se ha

ido expandiendo hacia el norte, hasta tocar el área de influencia de Cartagena.

Se trata de un corredor de reciente incorporación a la dinámica del conflicto

armado, pues hace parte de una estrategia de los grupos armados ilegales

que operan en la zona de ampliar el corredor de seguridad de los Montes

de María, controlando el paso del municipio de Villanueva (corregimiento

de Zipacoa) a Calamar y a Arenal.


82 /

Subregiones No. Has % Dptal Municipios más representativos % del total departamental

Mojana 65.214,4 54,6 Tiquisio (52.8), Montecristo (1,1), Achí (0,5);

Montes de María 49.774,8 41,6 Carmen de Bolívar (30.4), María la Baja (3.4),Zambrano (2.8), San Jacinto (2.6), San Juan (2.0);

Dique 2.855,3 2,4 Villanueva (1,4), Mahates (0,4), Cartagena (0,4);

Magdalena Medio 1.129 0,9 San Pablo (0.7), Arenal (0,1);Loba 499 0,4 Barranco de Loba (0,3),

Río Viejo (0,1);

Depresión Momposina 45 0,0 Mompox (0,0);Bolívar 119.518 100

Cuadro No 6

Número de hectáreas abandonadas por Subregiones. Bolívar 1997 – 2003


Las subregiones donde el problema del abandono de tierras por el

desplazamiento forzado ha tenido menor incidencia son el Magdalena

Medio Bolivarense, la Depresión Momposina y la Subregión de Loba ,

que en su conjunto aportan el 2.5% al total departamental, equivalentes a

1.673 Has.

También para el departamento de Bolívar se aprecia una clara relación en-

tre la intensidad del desplazamiento y el abandono de tierras, como bien lo

ejemplifica la Subregión de los Montes de María, que expulsa el 78% de los

hogares desplazados del departamento y, al mismo tiempo representa el

74% del total de la tierra abandonada. Allí esta misma relación se presenta

a nivel municipal: Carmen de Bolívar expulsa 57.8% de los hogares y

concentra 30.4% de la tierra abandonada.

Sin embargo, al analizar el caso del municipio de Tiquisio de la Subregión

de la Mojana Bolivarense esta relación no aparece tan clara ya que sólo

expulsa el 2.4% de los hogares y representa el 52.8% de la tierra abandonada


/ 83

a nivel departamental. Esto podría explicarse por el hecho que en este

municipio las extensiones de tierra abandonada por hogares son mayores

que en el resto del departamento.

Costo de la Tierra abandonada en Bolívar

En el departamento de Bolívar los hogares desplazados manifestaron haber

abandonado a causa del desplazamiento un total de 119.518 hectáreas de

tierra durante el periodo 1997-2003, calculándose un costo de 286.843,2

millones de pesos del 2005 por su pérdida. Esta cifra adquiere un mayor

significado al compararla con el PIB departamental del 2003, en el que

equivale a 9.5%.

Cuadro No. 7

Costo de la tierra abandonada por Subregiones. e Bolívar 1997 – 2003.

Subregiones No. Has Costo de la tierra(En millones de pesos del 2005).

Mojana 65.214,4 $156.515

Montes de María 49.774,8 $119.460

Dique 2.855,3 $6.852,7

Magdalena Medio 1.129 $2.709,7

Loba 499 $1.197,6

Depresión Momposina 45 $108

Bolívar 119.518 $286.843


Departamento del Valle del Cauca

Durante el periodo 199819 –2003 en el Valle del Cauca, el 92.3% de los

19 El análisis para este departamento debe realizarse a partir de 1998, pues no existen los registros correspondientes para1997 dentro de la base de datos del RUT


84 /

hogares desplazados por la violencia reportaron algún tipo de vínculo con

la tierra en su sitio de expulsión, mientras que sólo un 7,7% manifestó no

haber abandonado o no poseer tierras en ese momento. Se evidencia así,

nuevamente, la importancia del lazo entre la tierra y los hogares desplazados,

así como el impacto del desarraigo sobre sus posibilidades de reintegrarse

a la sociedad como agentes económicos al desligarse de las actividades

agropecuarias.

El Gráfico No. 12 muestra la evolución del porcentaje de tenencia de la tierra

durante el periodo de estudio en el Valle del Cauca. El porcentaje de tenencia

de la tierra de los hogares desplazados se sitúa en una cifra promedio de

85%.

Gráfico No. 12

Tenencia de Tierra por año de salida. Valle del Cauca 1998-2003

Si se analiza la estructura de la tenencia de la tierra, se puede establecer

que del total de hogares que reportaron algún tipo de tenencia, el 74.5% se

declararon propietarios de las parcelas abandonadas, aunque sólo un 16%

admite tener la respectiva escritura que lo acredita como tal.

Fuente: RUT. Cálculo de los Autores


/ 85

De los tres departamentos estudiados, es el Valle del Cauca donde se

presenta con mayor intensidad la debilidad del sistema de Derecho de

Propiedad en Colombia, considerando el elevado porcentaje de hogares

desplazados que no pueden demostrar legalmente su condición de

propietarios de la tierra abandonada: mientras en Antioquia y Bolívar este

porcentaje es del 62.6% y 64% respectivamente, en el Valle del Cauca

asciende al 84%.

Respecto a las otras categorías, el 12.4% declararon tener posesión sobre

la tierra, 5.1% ser arrendatarios, 2.9% propietarios colectivos y otro 2.9%

eran colonos. El 2.1% manifestó otro tipo de tenencia que no se identificó

dentro de la muestra.


Gráfico No. 13

Estructura de la Tenencia de la Tierra de los Hogares Desplazados. Valle

del Cauca 1997 – 2003


86 /


En el Valle del Cauca, los hogares desplazados reportaron haber tenido

que abandonar un total de 34.185,4 Has por el desplazamiento forzado, lo

que significa un promedio de 19 Has por familla.

En la Subregión del Pacifico se presentó el mayor número de hectáreas

abandonadas como consecuencia del desplazamiento forzado, con un total

de 31.609,1 Has. Esta cifra, que representa el 92.4% del total departamental,

convierte al Valle del Cauca en el Departamento donde el fenómeno se

presenta con una mayor concentración en una sola subregión de los tres

estudiados.

La situación se hace aun más grave cuando se corrobora que sólo en el

municipio de Buenaventura los hogares desplazados declararon haber

abandonado 31.502,7 Has que representa el 99.7% del total subregional y

el 92.1% de la tierra abandonada en todo el Valle del Cauca.

Considerando la importancia estratégica de este municipio -donde ese

encuentra el principal puerto colombiano sobre el litoral Pacífico-, parece

corroborarse la hipótesis que relaciona la apropiación de tierras por parte

de los actores armados ilegales con una doble motivación, definida en

términos económicos y militares.

En consecuencia las otras dos subregiones del departamento participaron

de manera marginal del fenómeno a nivel departamental, como se aprecia

en el cuadro a continuación:


/ 87

Cuadro No. 8

Número de hectáreas abandonadas por Subregiones. Valle del Cauca

1998- 2003

Subregiones No. Has % Dptal Municipios más representativos

% del total departamental

Pacifico 31.609,1 92,4 Buenaventura (92,1),Dagua (0,2) Jamundí (0,7)

Centro-Sur 1.726,4 5,0 Buga (2,6), San Pedro (2,1),Pradera (0,1), Santiago deCali (0,1), El Cerrito (0,1)

Norte 859,9 2,5 Tuluá (2,3), Bolívar (0,2)

Valle del Cauca 34.185,4 100


En el departamento del Valle del Cauca los municipios que reportan los

más altos porcentajes de tierra abandonada, presentan al mismo tiempo

los mayores índices de expulsión. Por ejemplo, la subregión Pacifico expulsa

el 88.3% de los desplazados y concentra el 92.4% de la tierra abandonada.

La tierra se constituye entonces en este departamento, al igual que en los

otros, en factor determinante en el desarrollo de la dinámica del conflicto,

en donde se utiliza el desplazamiento forzado como estrategia de los distintos

actores armados ilegales por el control territorial.

Costo de la Tierra abandonada en Valle del Cauca

Las familias desplazadas por la violencia en el departamento del Valle del

Cauca durante el periodo 1997 – 2003, declararon haber tenido que

abandonar un total de 34.195.4 Has de tierra en si sitio de expulsión al

momento de desplazamiento, con un costo estimado en 82.045 millones de


88 /

pesos de 2005. Comparada con el PIB del Valle del Cauca para el 2003,

esta cifra equivale al 0.9%.

Subregiones No. Has Costo de la tierra (En millones de pesos del 2005).

Pacifico 31.609,1 $75.861,8

Centro-Sur 1.726,4 $4.143,4

Norte 859,9 $2.063,8

Valle del Cauca 34.185,4 $82.069


Cuadro No. 9

Costo de la tierra abandonada por Subregiones. Valle del Cauca 1998 – 2003.

Concentración de la Propiedad de la Tierra Rural yDesplazamiento Forzado

Con el objetivo de profundizar el análisis sobre la correspondencia entre

desplazamiento forzado, tenencia de la tierra y concentración de la propiedad

rural, el presente estudio se concentrará específicamente en aquellos

municipios de los departamentos de Bolívar y Valle del Cauca que poseen los

más altos porcentajes de población desplazada y, a su vez, de tierra

abandonada. Desafortunadamente para el Departamento de Antioquia no fue

posible conseguir la totalidad de los datos necesarios para realizar este análisis.

De este modo, en el Departamento de Bolívar el análisis se ubicará en el

municipio de Tiquisio (sur del departamento) y en los 7 municipios que

conforman la subregión de los Montes de María20 (centro); mientras que en

20 La subregión de los Montes de María (Bolívar) está conformada por los siguientes municipios: María la Baja, El Carmen deBolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo, Zambrano y Córdoba.


/ 89

del Valle del Cauca, se enfatizará en los municipios de Buenaventura, Buga,

y, Tulúa, que representan cerca del 98% de la tierra abandonada por las

familias desplazadas en este Departamento.

Índice de concentración de la propiedad de la tierra –Coeficiente de Gini

En esencia el coeficiente de Gini es el indicador más utilizado para medir la

desigualdad en una sociedad. Varia entre cero – situación ideal en la que

todos los individuos o familias poseen el mismo ingreso o, en nuestro caso en

particular, tienen la misma extensión de territorio – y uno, valor al que se tiende

cuando el ingreso, o para este caso, la tierra se concentra en pocos propietarios.

Este índice de desigualdad puede definirse a partir de la curva de Lorenz.

En el Gráfico No. 14 se ilustra el modelo utilizado para el cálculo del

coeficiente Gini en el marco de esta investigación: en el eje horizontal se

representa el porcentaje acumulado de predios, ordenados de modo

ascendente en función de su tamaño; mientras que en el eje vertical se

encuentra el porcentaje acumulado de superficie que poseen esos predios.

La diagonal de 45°-la línea de equidistribución- refleja una situación teórica

de perfecta igualdad en la distribución de la propiedad de la tierra rural. Por

ejemplo, el 57% de los predios debería contener el 57% de la superficie. La

curva de Lorenz refleja la distribución de la propiedad de la tierra real. En el

ejemplo, el 57% de los predios de menor tamaño, solo perciben el 9.4% de

la superficie. Cuanto más cercana es la curva de Lorenz a la diagonal, mas

igualitaria es la distribución de la tierra en una región; y a la inversa, cuanto

más se aleja, mayor es la desigualdad en la distribución. El coeficiente de

Gini es el cociente entre el área comprendida entre la diagonal de 45° y la

curva de Lorenz (área A), sobre el área constituida por el triangulo debajo

de la línea de 45° (área A+B)


90 /

Cuando se habla de pequeña propiedad se hace referencia a predios cuya

extensión va hasta 5 hectáreas, mientras la gran propiedad está constituida

por predios con una superficie mayor a las 500.

Gráfico No. 14

Ilustración para el Cálculo del Coeficiente de Gini

Departamento de Bolívar

Una alta concentración de la propiedad de la tierra significa que un gran

número de propietarios sólo posee una pequeña proporción del área total

registrada en el catastro, mientras que un pequeño número de propietarios

controlan una gran cantidad. Los datos para el periodo comprendido entre

los años de 1999 y 2004 en el Departamento de Bolívar son bastante

dicientes al respecto.

En el municipio de Tiquisio la pequeña propiedad representaba en 1999

un total de 209.7 Has en manos de 113 propietarios, mientras que la gran

propiedad, con un área total de 4.117.2 Has, estaba controlada por sólo 6

propietarios. Es decir, el 10.2% de los propietarios de pequeños predios

sólo poseían el 0.48% del área total, mientras que el 0.54% de los propietarios


/ 91

de los grandes predios era dueño de 6.74% de la superficie total registrada

como propiedad privada en la zona rural del municipio.

En este sentido resulta pertinente recordar que la particularidad de este

municipio respecto a la propiedad radica en la apropiación por parte de

campesinos que llegaron aquí ampliando la frontera agrícola a través del

proceso de colonización, se apropiaron de vastas extensiones de tierra que

eran terrenos baldíos pertenecientes a la Nación. Este hecho significó un

proceso marginal de titulación de estas tierras, lo que reforzó el régimen de

propiedad precaria que, como se señaló anteriormente, es una característica

de las áreas rurales del país.

Cuadro No. 10

Distribución de la propiedad de la tierra rural en el municipio de Tiquisio.

Bolívar 1999 y 2004

Año Área 1999 2004

Tamaño % % % % % % Predios Propietar Superficie Predios Propietar Superficie

Menores de 1 Ha 1.52 1.44 0.01 1.54 1.46 0.01 De 1 a 3 Has 3.22 3.07 0.10 3.34 3.18 0.10 De 3 a 5 Has 5.87 5.69 0.37 6.50 6.28 0.40 De 5 a 10 Has 7.48 7.22 0.97 7.95 7.75 1.00 De 10 a 15 Has 7.86 7.49 1.62 7.86 7.49 1.56 De 15 a 20 Has 6.63 6.41 1.95 6.32 6.11 1.79 De 20 a 50 Has 28.98 29.96 16.62 28.73 29.86 15.81 De 50 a 100 Has 23.48 23.47 26.55 22.76 22.72 24.88 De 100 a 200 Has 9.85 9.84 22.53 9.39 9.38 20.63 De 200 a 500 Has 4.55 9.87 22.55 4.88 5.08 24.12 De 500 a 1000 Has 0.47 0.45 4.78 0.54 0.52 5.58 De 1000 a 2000 Ha 0.09 0.09 1.97 0.18 0.17 4.13 Mayor de 2000 Has 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Cálculo de los autores


92 /

En el 2004 en este mismo municipio, la pequeña propiedad equivalía a 339

Has en manos de 127 propietarios, mientras únicamente 9 propietarios

controlaban un área total de 10.067,2 correspondiente a la gran propiedad.

Esto equivale a decir que el 10.9% de los propietarios de pequeños predios

sólo tenían posesión del 0.48% de la superficie total, mientras que el 0.77%de los titulares de grandes predios, era dueño del 14.4%.

Estos datos revelan el acelerado proceso de concentración de la propiedadde la tierra rural que se viene dando en este municipio, y que se manifiesta

a través de un mayor fraccionamiento de la pequeña propiedad durante el

periodo de estudio: a un mayor porcentaje de propietarios en el 2004

corresponde el mismo porcentaje de superficie poseídas en 1999.

Los predios más afectados por este proceso están entre 5 y 200 Has,

particularmente aquellos ubicados en el rango de 50 a 200 Has, que pasaron

de representar el 30.3% de los propietarios que poseían el 49.1% de la

superficie total en 1999, a constituir 32.1% de los propietarios con un con-trol del 43.1% de la superficie total en el año de 2004. Durante el periodo

1999-2004, cerca de 6.000 Has pasaron de las manos de los pequeños y

medianos propietarios a las de los grandes terratenientes.

En el Gráfico No. 15 se presenta la evolución del coeficiente de Gini para el

municipio de Tiqusio en relación con la propiedad de la tierra. El incre-

mento de 4.4% que se produce durante este breve periodo, al pasar de

0.546 en 1999, a 0.570 en el 2004, permite apreciar el acelerado proceso

de concentración de la propiedad rural que allí se vive, a la par de laintensificación del conflicto y el desplazamiento forzado que afecta a la

Subregión.

En este sentido vale la pena recordar que el desplazamiento masivo más

grande que se ha dado en el departamento de Bolívar se dio 1998, cuando

cerca de 10.000 personas abandonaron sus hogares en los municipios de

Tiquisio, Morales y Río Viejo, para dirigirse a Barrancabermeja .


/ 93

Gráfico No. 15

Evolución del coeficiente Gini de la propiedad de la tierra rural en el municipio

de Tiquisio. Bolívar 1999-2004

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Calculo de los autores

En 1999 en la Subregión de los Montes de María , la pequeña propiedad

representaba un total de 5.328.9 Has distribuidas en 3.718 propietarios,

mientras que a la gran propiedad, controlada sólo por 65 propietarios, le

correspondía un área total de 60.163.8 Has. Es decir; el 28.03% de los

pequeños propietarios tan sólo poseían el 1.52% de la superficie total,

mientras que el 0.49% de los propietarios de los predios más grandes era

dueños del 17.2% de la superficie total registrada como propiedad privada

en la zona rural de estos municipios.

Es de resaltar como, para el año 2004, la pequeña propiedad contaba con

5.353 Has en manos de 3.988 propietarios, en cambio, la gran propiedad,

con un área total de 60.117 Has, era controlada por 62 propietarios. Es

decir, el 31.2% de los propietarios de pequeños predios apenas poseen

1.5% del área total, mientras que el 0.5% de los propietarios es dueño del

17% de la superficie total registrada, como propiedad privada en la zona

rural de los municipios de Montes de María.


94 /

Cuadro No. 11

Distribución de la propiedad de la tierra rural en la región de los Montes de

María. Bolívar 1999 y 2004

AñosÁrea 1999 2004

Tamaño % % % % % %Predios propiet Superf Predios propiet Superf

Menores de 1 Ha 12.66 11.30 0.10 14.14 12.88 0.11

De 1 a 3 Has 10.55 9.91 0.60 10.40 9.76 0.60

De 3 a 5 Has 6.75 6.81 0.82 6.57 6.60 0.81

De 5 a 10 Has 14.89 13.98 3.46 14.64 13.69 3.46

De 10 a 15 Has 11.40 11.29 4.42 11.29 11.18 4.44

De 15 a 20 Has 8.19 8.35 3.99 8.05 8.18 4.46

De 20 a 50 Has 21.91 22.60 20.59 21.54 22.19 20.52

De 50 a 100 Has 7.50 8.52 16.34 7.34 8.35 16.25

De 100 a 200 Has 3.85 4.63 16.37 3.83 4.68 16.57

De 200 a 500 Has 1.79 2.10 16.14 1.72 2.03 15.78

De 500 a 1000 Has 0.33 0.34 7.16 0.31 0.30 6.67

De 1000 a 2000 Ha 0.13 0.12 5.54 0.14 0.12 5.92

Mayor de 2000 Has 0.04 0.03 4.46 0.03 0.03 4.43

TOTAL 100 100 100 100. 100 100


De acuerdo con las cifras que arroja el análisis, se puede establecer que en

la subregión de los Montes de María se viene dando un acelerado incre-

mento en la concentración de la propiedad de la tierra rural, que se manifiesta

a través del mayor fraccionamiento de la pequeña propiedad. En el año

2004 hay un porcentaje alto de pequeños propietarios, pero estos concentran

el mismo porcentaje de tierra que el área total que tenían en 1999, es decir,

más propietarios pero con fincas cada vez más pequeñas.


/ 95

Además se presenta durante el año 2004 un leve avance de la mediana

propiedad, especialmente marcado en los predios dentro del rango entre 5

y 50 Has, y de entre 50 y 200 Has, en donde hay menos propietarios que

constituyen una mayor proporción del área total con respecto a 1999. Esto

significa menos propietarios con fincas cada vez mas grades, confirmando

la apreciación anterior.

La gran propiedad se muestra relativamente estable, dado que en el año

2004 el mismo porcentaje de propietarios, sigue poseyendo la misma

proporción de la superficie total que tenían en el año de 1999.

En otras palabras, la concentración de la propiedad de la tierra en la zona

rural de los Montes de María, medida por el coeficiente de Gini, es bastante

elocuente: mientras en 1999 el índice de Gini en el Departamento ascendía

a 0.705; su valor en el año 2004 era de 0.707. Se trata de un incremento

bastante considerable si se tiene en cuenta que ocurre en un muy breve

periodo de tiempo, y que los cambios en la distribución de la propiedad,

generalmente, se reflejan en periodos de tiempo más largos.

En el Gráfico No. 16 se indica la evolución de coeficiente de Gini medido

por área de superficie para la región de los Montes de María. Se aprecia a

partir del año 1999 una tendencia creciente en dicho coeficiente, lo que

señala una propensión hacia la mayor concentración de la propiedad rural

en la región, destacándose principalmente el año 2000, cuando el índice

alcanza su mayor valor, ubicándose en 0.709 y sufriendo un incremento

aproximado del 1% sólo en términos de un año, que coincide además con

desplazamientos masivos como los del Salado y Mampuján.


96 /

Grafico No. 16

Evolución del Coeficiente de Gini de la Propiedad de la Tierra Rural en Los

Montes de María. Bolívar 1999-2004.

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi. Cálculo de los autores

Al estudiar la concentración de la propiedad rural al interior de cada uno de

los municipios que conforman la subregión de los Montes de María en el

departamento de Bolívar, con excepción del municipio de Córdoba, se denota

que en todos el coeficiente de Gini revela un incremento sostenido durante

el periodo de estudio, lo que indica una creciente concentración en la medida

en que se agudiza el problema del desplazamiento forzado en la región.

Como se aprecia en el Gráfico No. 17, los mayores índices de concentración

de la propiedad de la tierra en los Montes de María se encuentran en la

zona rural del municipio de María la Baja, donde el coeficiente de Gini alcanza

una cifra muy superior al resto de los municipios de la región. En efecto el

coeficiente de Gini en este municipio durante el año 2004 fue de 0.775, un

10% superior al indicador promedio de la región, equivalente al 0.707.


/ 97

Gráfico No. 17

Evolución del Coeficiente de Gini en los Municipios que Conforman la

Subregión de los Montes de María. (Departamento de Bolívar). 1999-2004

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi. Cálculo de los autores

Debe recordarse que el Municipio de María la Baja expulsa desde su zona

rural el 6.94% de las personas desplazadas en Bolívar, y aporta el 5.9% del

total de la tierra abandonada por familias desplazadas en este departamento,

constituyéndose así en el segundo municipio expulsor de población y con

una extensión mayor de tierra abandonada a nivel departamental.

Precisamente, este municipio se ha caracterizado por una fuerte presencia

de grupos paramilitares, hecho que parece incidir en el alto grado de

concentración de la propiedad de la tierra, cuando el desplazamiento es

una estrategia de guerra que les ha permitido no sólo apoderarse por la

fuerza de miles de hectáreas, sino también crear extensos cordones de

seguridad y retaguardias que les facilita su movilidad: además de controlar

la tierra, que es una de las fuentes de su poder económico, ejercen su

poder político, social y, sobre todo, militar.

Tomando como referencia las negociaciones en curso tendientes a la

desmovilización y reinserción de algunos grupos paramilitares que operan


98 /

en la zona y, sobre todo, la propuesta oficial de la denominada Ley de Justicia

y Paz, se hace evidente un profundo interrogante en lo que se refiere a la

restitución del derecho de propiedad a las victimas expulsadas y expropiadas

por estos grupos, ya que es un tema casi silenciado en este proceso y cuyo

tratamiento no esta previsto en la ley.

Tal y como lo expone Carlos Ossa Escobar: “La tan cuestionada Ley de

Justicia y Paz no va a tocar para nada la aberrante concentración de la

propiedad en manos de estos nuevos señores de la tierra. Si hubiera habido

algún dejo de interés por parte del gobierno para desmontar el imperio

paramilitar que hoy domina buena parte de la Costa Atlántica, el Valle del

Cauca, el Meta y Casanare, debió haberse utilizado la información catastral,

la de las oficinas de registro y las notarias (...) Hecho esto hubiera sido fácil

confiscar las propiedades y repartirlas a los campesinos sin tierra para

empezar a construir una sociedad rural verdaderamente democrática”.21

Los municipios de Zambrano y Córdoba se ubican en el segundo y tercer

lugar de la Subregión, con los más altos niveles de concentración en la

propiedad de la tierra rural en pocas manos. Según el coeficiente de Gini

están siempre por encima del promedio de la región a lo largo del periodo

de estudio y en el año 2004 alcanzan a representar las cifras de 0.731 y

0.689 respectivamente.

Si bien presenta altos niveles de concentración, el municipio de Córdoba es

el único en la Subregión de los Montes de María en donde el coeficiente de

Gini tiene una tendencia decreciente: mientras en 1999 era de 0.711, para

el año 2004 ya había descendido hasta 0.689, lo que podría interpretarse

como una leve mejora en la concentración de la propiedad de la tierra rural

en dicho lugar.

2 1 Ossa Escobar Carlos. Reforma Agraria, Justicia y Paz. En CAJA DE HERRAMIENTAS Año 14 No 107 Bogota Julio de2005.


/ 99

El Carmen de Bolívar es el cuarto municipio de la Subregión clasificado

según el coeficiente de Gini más alto, aunque sus niveles de concentración

de la propiedad rural aparecen por debajo del promedio regional, con

indicadores que están alrededor de 0.643 durante todo el periodo de estudio.

Si bien esta cifra es una de las menores en la Subregión, no deja de serpreocupante, especialmente si se considera que puede evidenciar los

obstáculos que en esta materia determina el Régimen Precario de Propiedad

que caracteriza en gran medida la tenencia de la tierra en estas áreas.

Los municipios con los índices más bajos son San Juan Nepomuceno y

San Jacinto en donde, sin embargo, no deja de presentarse una situación

de marcada desigualdad social. Sobresale el caso de San Juan Nepomuceno

que, si bien inicia el periodo (1999) con un Gini relativamente bajo, de 0.597,sufre un incremento equivalente al 7% en sólo un año, para alcanzar en el

2000 una cifra de 0.638. Este hecho podría estar indicando el inicio de un

acelerado proceso de concentración de la propiedad de la tierra en la zona

rural en este municipio, donde en los últimos años ha habido una fuerte

presencia de grupos armados ilegales.

En este sentido podría inferirse que en la subregión de los Montes de María

los municipios con mayor presencia de grupos armados ilegales son losque presentan, a su vez, mayores índices de concentración de la propiedad

de la tierra rural, tal como lo indican otros estudios realizados para el resto

del país (Ossa: 2005)22 . De hecho, una de las mayores preocupaciones y

riesgos respecto a la expansión de este fenómeno es que los grupos armados

ilegales terminen por apoderarse de las tierras más valiosas del país23 .

El análisis permite concluir que en el Departamento de Bolívar las zonas

más críticas respecto a la intensificación del conflicto y del desplazamiento

22 De acuerdo con Carlos Ossa, hacia el año 2002, los departamentos con fuerte presencia del narcotráfico o los paramilitaresmostraban los mayores índices de concentración de la propiedad privada rural. Tal es el caso de Antioquia (0.86), Quindío(0.80), Risaralda (0.79), Valle (0.86), Córdoba (0.89), Casanare (0.82) y Meta (0.87).

23 Los señores de las tierras, en Revista SEMANA Edición 1152. Páginas 224 - 229. Junio 7 - 2004


100 /

son las que presentan el mayor número de hectáreas abandonadas

forzadamente. Esta situación se identifica tanto en la Subregión de la Mojana

Bolivarense (sur del departamento) como en los Montes de María (centro).

En estas subregiones los municipios caracterizados por mayores niveles

de concentración y donde se evidenció una tendencia creciente, como el

caso de Tiquisio, María la Baja y San Juan Nepomuceno, son aquellos donde

existe un fuerte control paramilitar.

Departamento del Valle del Cauca

En este departamento cerca del 98% de la tierra abandonada por las familias

desplazadas se concentra en los municipios de Buenaventura (92.1%), Buga

(2.6%), y Tulúa (2.3%), que son, a su vez, los mayores expulsores de

población.

El municipio de Buenaventura , situado en la Subregión Pacífico, es el

principal puerto marítimo de Colombia sobre este Océano, por lo que tiene

una gran importancia estratégica en el escenario del conflicto armado como

corredor de armas y drogas.

En esta Subregión la dinámica de la confrontación ha tenido como epicentros

el control de la carretera al mar, el corredor del pacifico y, en particular, del

puerto de Buenaventura. El control de estos territorios adquiere suma

importancia por su ubicación geoestratégica y por su impacto sobre el

comercio y los flujos ilícitos de tráfico de drogas y armas. En consecuencia,

se ha agudizado la disputa entre las FARC y las AUC, sometiendo a la

población a una verdadera catástrofe humanitaria.

En la zona rural del municipio de Buenaventura en 1999 la pequeña

propiedad constituía un total de 4.203,7 Has en manos de 5.007 propietarios,

mientras que la gran propiedad equivalían a un área total de 358.864,4 Has


/ 101

controlada por 32 propietarios. Es decir, el 75.6% de los propietarios sólo

poseían el 1% de la tierra, mientras el 0.49% era dueño del 88.11% de la

superficie total registrada como propiedad privada en la zona rural.

Como se aprecia en el Cuadro No. 12 Si se compara con el año 2004,

cuando la pequeña propiedad distribuida en 5.407 propietarios (76.29%)

correspondía a 4.403,3 Has (0.64% de la tierra total); mientras que la gran

propiedad controlada por 56 propietarios (0.79%) correspondía a un área

total de 642.445,2 Has (92.79%), se evidencia dos tendencias. Por un lado

disminuye del 1% al 0.64% la participación de los pequeños propietarios en

la estructura de la propiedad, lo que implica mayor fraccionamiento de la

pequeña propiedad, es decir, menos tierras para más propietarios. Por el

otro, los grandes terratenientes casi duplican el número de hectáreas que

controlan, pues durante el periodo de estudio aproximadamente 283 mil

hectáreas de tierra pasaron a sus manos.


102 /

AñoÁrea

1999 2004

Tamaño de los Predios % % % % % %Predios Propiet Superf Predios Propiet Superf

Menores de 1 Ha 53.31 51.98 0.15 54.68 53.32 0.10

De 1 a 3 Has 16.30 16.26 0.45 15.92 15.86 0.28

De 3 a 5 Has 7.48 7.37 0.43 7.16 7.11 0.26

De 5 a 10 Has 8.06 8.12 0.84 7.76 7.87 0.51

De 10 a 15 Has 3.74 4.20 0.68 3.64 4.08 0.42

De 15 a 20 Has 2.13 2.22 0.56 2.00 2.10 0.33

De 20 a 50 Has 5.48 5.86 2.61 5.13 5.46 1.54

De 50 a 100 Has 1.77 1.98 1.82 1.71 1.95 1.12

De 100 a 200 Has 0.69 0.89 1.43 0.65 0.83 0.84

De 200 a 500 Has 0.58 0.63 2.92 0.57 0.62 1.82

De 500 a 1.000 Has 0.13 0.14 1.26 0.18 0.18 1.09

De 1.000 a 2.000 Ha 0.08 0.08 1.83 0.15 0.14 2.05

Mayor de 2.000 Has 0.24 0.27 85.02 0.45 0.47 89.65

TOTAL 100 100 100. 100. 100 100


Cuadro No. 12

Distribución de la propiedad de la tierra rural en el municipio de Buenaventura.

Valle del Cauca 1999 y 2004

El acelerado proceso de concentración de la propiedad de la tierra rural en

Buenaventura, se aprecia más claramente al analizar el comportamiento del

coeficiente de Gini para este municipio. En el Gráfico No. 18 se observa como

el Gini presenta altísimos niveles (cercanos a 1) que oscilan entre 0.979 y

0.984, lo que evidencia la gravedad del problema de concentración de la

propiedad rural. Adicionalmente, la tendencia del indicador se mantiene siempre

creciente durante todo el periodo, indicando la agudización del problema de la

concentración de la propiedad como reflejo del escalonamiento en la dinámica

armada y del desplazamiento forzado en esta subregión.


/ 103

Grafico No. 18

Evolución del coeficiente de Gini de la propiedad de la tierra rural en el

municipio de Buenaventura. Valle del Cauca 1999-2004


El municipio de Buga , ubicado en la Subregión centro – sur del

Departamento, es el segundo respecto al desplazamiento de población de

su zona rural y, al mismo tiempo, el segundo en cuanto al número de

hectáreas de tierra abandonada por el desplazamiento forzado, concentrando

el 2.6% del total.

Como se observa en el Cuadro No. 13, en este municipio el 56.6% de los

titulares (2.789) de predios inferiores a 5 Has poseían el 3.1% del área total

(2.274,1 Has), mientras que sólo el 0.47% de los propietarios (23) tenían

los predios más grandes, equivalentes al 18.51% de la superficie total

registrada como propiedad privada (13.627,8 Has). Para el año 2004, la

pequeña propiedad, equivalente al 3.34% de la superficie total (2.471,6

Has) estaba en manos del 60.54% de los poseedores (3.326), mientras la

gran propiedad, correspondiente al 19.15% de la superficie total (14.177,6

Has) estaba bajo el control de 27 propietarios, es decir, sólo el 0.5%.


104 /

AñoÁrea 1999 2004

Tamaño de los Predios % % % % % %Predios Propiet Superf Predios Propiet Superf

Menores de 1 Ha 40.26 34.52 0.37 43.01 38.51 0.41

De 1 a 3 Has 15.87 14.25 1.34 16.18 13.89 1.46

De 3 a 5 Has 7.89 7.83 1.38 7.58 8.14 1.47

De 5 a 10 Has 8.99 9.90 2.89 8.33 8.63 2.95

De 10 a 15 Has 5.07 5.62 2.74 4.88 5.02 2.90

De 15 a 20 Has 2.78 3.63 2.13 2.48 3.19 2.09

De 20 a 50 Has 8.90 10.94 12.53 8.08 10.58 12.48

De 50 a 100 Has 4.95 4.91 15.54 4.69 4.66 16.09

De 100 a 200 Has 3.18 4.34 19.75 2.92 3.88 19.97

De 200 a 500 Has 1.65 3.59 22.83 1.41 3.02 21.03

De 500 a 1000 Has 0.37 0.41 11.74 0.36 0.44 12.42

De 1000 a 2000 Ha 0.06 0.04 3.72 0.06 0.04 3.70

Mayor de 2000 Has 0.03 0.02 3.05 0.03 0.02 3.03

TOTAL 100 100 100. 100. 100 100


Cuadro No. 13

Distribución de la Propiedad de la Tierra Rural en el Municipio de Buga.

Valle del Cauca 1999-2004

Estas cifras dan cuenta de un mayor fraccionamiento de la pequeña

propiedad, así como de una tendencia creciente en la concentración de la

propiedad de la tierra. Se puede establecer, una vez más, como en el 2004

un mayor porcentaje de pequeños propietarios poseen relativamente la

misma cantidad de superficie que tenían en 1999.

Igualmente se presenta un leve retroceso de la mediana propiedad,

fundamentalmente en los predios de entre 20 y 50 hectáreas, y un avance


/ 105

de la gran propiedad. Aproximadamente entre 1999 y 2004, 550 Has de

tierra pasaron de los pequeños y medianos propietarios a ser poseídas por

grandes propietarios.

En el Gráfico No. 19 se estima la evolución del coeficiente de Gini para el

municipio de Buga. Considerando que el indicador se ubica en valores en-

tre 0.847 y 0.855, muy cercanos a 1, se evidencia un alto grado de

concentración de la propiedad de la tierra rural en éste municipio.

Al analizar la evolución del Gini en el municipio de Buga, se aprecia también

aquí una tendencia siempre creciente durante el periodo de estudio, lo que

parece confirmar la relación existente entre la agudización de la

concentración de la propiedad de la tierra rural y la intensificación de la

dinámica armada, el desplazamiento forzado y el despojo de la tierra de los

pequeños y medianos propietarios por parte de los actores en conflicto.

Grafico No. 19

Evolución del coeficiente Gini de la propiedad de la tierra rural en el Municipio

de Buga. Valle del Cauca 1999-2004



106 /

El municipio de Tulúa, ubicado en la Subregión Norte del departamento,

se encuentra en el tercer lugar a nivel departamental, con el 2.3% de la

tierra abandonada por el desplazamiento, del cual es, a su vez, uno de los

principales centros expulsores del Valle del Cauca.

En 1999 en su zona rural, la pequeña propiedad representaba el 4.57% de

la superficie total (4.149,2 Has) pertenecientes al 61.41% de los propietarios

(5.812); la mediana propiedad el 62.23% de la superficie (56.474,8 Has)

pertenecientes al 36.82% de los propietarios (3.484); mientras sólo 26

propietarios, equivalentes al 0.27% poseían el 15.13% de la superficie

registrada como propiedad privada en la zona rural, es decir 13.730,6 Has.

En el año 2004 la situación es un poco distinta: la pequeña propiedad

representa el 4.83% (4.394 Has) de la tierra total en manos del 67.42% de

los propietarios (7700); la mediana propiedad es el 62.68% de la tierra

(57.061,8 Has) es del 31.06% de los propietarios (3.548); y la gran propiedad,

con 15.1% de la superficie total (13.730,6 Has) está controlada por 27

propietarios (0.24%).

Esta concentración de la propiedad de la tierra rural en el municipio de

Tulúa, también implica un mayor fraccionamiento de la pequeña propiedad.

Comparando las cifras entre 1999 y el 2004 se identifican tres tendencias

en relación con el tipo de propiedad:

• Para la pequeña propiedad: más propietarios con fincas cada vez

más pequeñas;

• Para la mediana propiedad: menos propietarios pero con fincas

cada vez mas grandes

• Para la gran propiedad: idénticos propietarios con fincas del igual

tamaño.


/ 107

Cuadro No. 14

Distribución de la propiedad de la tierra rural en el municipio de Tuluá. Valle

del Cauca 1999 y 2004

AñoÁrea 1999 2004Tamaño de los Predios % % % % % %

Predios Propiet Superf Predios Propiet Superf

Menores de 1 Ha 43.54 38.97 0.63 53.58 46.80 0.72

De 1 a 3 Has 15.85 14.97 1.91 13.29 13.84 2.00

De 3 a 5 Has 8.02 7.47 2.03 6.73 6.78 2.11

De 5 a 10 Has 10.18 10.49 4.80 8.22 8.56 4.82

De 10 a 15 Has 5.20 5.73 4.24 4.28 4.96 4.36

De 15 a 20 Has 3.27 4.25 3.74 2.65 3.49 3.78

De 20 a 50 Has 7.25 8.91 14.99 5.86 7.51 15.15

De 50 a 100 Has 3.58 5.14 16.26 2.92 4.60 16.50

De 100 a 200 Has 1.97 2.30 18.20 1.57 1.94 18.07

De 200 a 500 Has 0.93 1.49 18.06 0.73 1.27 17.41

De 500 a 1000 Has 0.15 0.22 6.46 0.12 0.19 6.44

De 1000 a 2000 Ha 0.03 0.02 2.23 0.03 0.02 2.23

Mayor de 2000 Has 0.03 0.03 6.44 0.03 0.03 6.42

TOTAL 100 100 100 100 100 100


En el Gráfico No. 20 se presenta la evolución del coeficiente de Gini para lazona rural de municipio de Tulúa durante el periodo 1999-2004. En él se aprecia

un alto grado de concentración de la propiedad de la tierra rural en este

municipio, dado que el coeficiente presenta valores muy cercanos a 1: parte

en con un valor de 0.844, presentando una tendencia siempre creciente du-

rante todo el periodo, hasta ubicarse en el año 2004 con un valor de 0.87; con

un incremento de 3.1%. Esto indica que también en el municipio de Tuluá seha venido incrementando la concentración de la propiedad de la tierra en la

medida en que se ha ido agravando el problema del desplazamiento forzado.


108 /

Gráfico No. 20

Evolución del coeficiente Gini de la propiedad de la tierra rural en el Municipio

de Tuluá . Valle del Cauca 1999-2004


Al comparar la situación en los tres municipios estudiados en el Valle del

Cauca, es Buenaventura el que presenta los valores del Gini más altos, lo

que indica que en la zona rural del puerto el problema de concentración de

la propiedad de la tierra es mucho más grave que en los otros dos municipios

(ver Gráfico No. 21). Respecto a Buga y Tuluá se aprecia cómo durante los

primeros años inician su evolución con cifras muy parecidas, los valores del

coeficiente a partir del año 2001 son superiores para Tuluá, en donde

entonces la problemática se hace aun más aguda.


/ 109

Grafico No. 21

Evolución del coeficiente Gini en los principales municipios expulsores. Valle

Del Cauca 1999-2004.


Adicionalmente, mientras que en Buenaventura y Buga la concentración se

ha presentado con un gran avance de los predios de más de 500 Has, en

Tuluá se evidencia el avance de los predios de entre 5 y 200 Has, mientras

que la gran propiedad se ha mantenido más bien estable entre 1999 y el 2004.

Sin embargo, se considera que en general la característica básica del periodo

es el avance de la gran propiedad, el deterioro de la mediana y la continua

fragmentación de la pequeña propiedad, que, como lo plantea Absalón

Machado, son “tres fenómenos acompañados de violencia, desplazamiento

de pobladores rurales y masacres continuas en las que las fuerzas

paraestatales han ido conformando, a sangre y fuego dominios territoriales

en un proceso de acumulación de rentas institucionales al estilo de una

acumulación originaria24 .24 Machado, Absalon, en Fajardo Darío. “Tierra, poder político y reformas agraria y rural”.Cuadernos Tierra y Justicia. Página12.


110 /

A manera de conclusión

La tierra ocupa un lugar preponderante en el génesis y evolución del conflicto

armado en Colombia, ya sea como activo productivo o como escenario

estratégico de acuerdo a los objetivos militares por los cuales los actores

armados ilegales puedan buscar el control de un territorio.

Esto permite identificar en los tres departamentos de estudio algunas

características comunes en la manifestación del abandono forzoso de tierras

ligado al desplazamiento causado por el conflicto armado.

En este sentido es importante señalar en primer lugar el régimen de tenencia

precaria como una caracterización histórica común a los tres

departamentos. Esta condición de los derechos de propiedad ha facilitado

la expansión de los grupos armados ilegales y su usurpación de los predios

abandonados por la población en situación de desplazamiento forzado.

Este escenario se ha presentado articulado a cambios en la estrategia

militar de estos grupos armados, cuyo principal propósito es la consolidación

de un control territorial.

Esta nueva estrategia tiene una doble finalidad. Por una parte, desde el

punto de vista militar, crear corredores de seguridad que no sólo les permita

contar con espacios de avanzada y retirada, sino también el control sobre

la población. Por la otra, corresponde al interés económico de buscar

fuentes de financiación relacionados con el desarrollo de megaproyectos

productivos (palma africana), extractivos (oro y petróleo) y de infraestructura

(carreteras y embalses).

Esta dinámica reciente del conflicto ha agudizado el fenómeno del

desplazamiento forzado y el consecuente abandono de tierras, lo que ha

favorecido un proceso de reconcentración de la propiedad rural, que ha


/ 111

adquirido las dimensiones de una verdadera contrarreforma agraria. Esta

situación se verifica en los tres departamentos estudiados, donde se

presenta un mayor fraccionamiento de la pequeña propiedad paralelo al

avance del latifundio.

La estrecha relación existente entre el desplazamiento forzado y el

fenómeno de abandono de tierras puede apreciarse al cruzar la información

de los años de mayor expulsión con los de mayor número de hectáreas

abandonadas en los tres departamentos.

El análisis evidencia cómo estas dos series de datos mantienen la misma

tendencia en cada departamento: para Antioquia y Valle del Cauca el año

más crítico fue el 2001 cuando se presentó el mayor porcentaje de

expulsados y de hectáreas abandonadas, mientras que en Bolívar esta

relación se da entre 1999 y 2000.

De hecho es este departamento el que se ha visto más afectado por el

abandono de tierras causado por el desplazamiento forzado, donde el área

total abandonada representa el 5% de la superficie total y el 24% del área

cultivable.

Respecto a la estructura de la tenencia de la tierra por parte de la población

desplazada es importante señalar que en los tres departamentos más del

75% de la población declaró tener algún vínculo con la tierra, alcanzando

para el Valle del Cauca el 92.3% promedio. En este sentido sería interesante

resaltar que en Antioquia y Bolívar declararon ser propietarios de las

parcelas abandonadas cerca del 50%, mientras que para el Valle del Cauca

este grupo asciende al 75%.

No obstante, se debe resaltar que dentro de este grupo un porcentaje

importante no puede demostrar su condición legal de propietarios: en Valle


112 /

del Cauca este porcentaje llega al 84%, mientras que en Antioquia y Bolívar

representa respectivamente el 62.6% y 64%. De allí que, a pesar de

presentarse en el Valle del Cauca un mayor porcentaje de propietarios,

son menos los que cuentan con títulos de propiedad.

En los tres departamentos estudiados se abandonaron en total 175.598

hectáreas, lo que representaría un costo de 421.459 millones de pesos del

año 2005

Para poder contextualizar estos costos dentro del sistema productivo

nacional, una propuesta interesante sería calcular la pérdida de la

producción agrícola como consecuencia de la reducción de hectáreas

cultivadas. De este modo se lograría dimensionar el impacto de este

fenómeno respecto al PIB agrícola de cada departamento.


/ 113

2.2 Ocupación y Desplazamiento Forzado

Avanzando en la definición de las variables del mercado laboral para

la población desplazada.

Una de las secuelas económicas más importantes del desplazamiento es el

efecto que tiene sobre los mercados laborales -más específicamente en lo

relacionado con la generación de ingresos en la población afectada-, a

nivel local, tanto de los municipios expulsores como de los receptores, lo

cual, a su vez, repercute sobre la dinámica del sistema productivo

departamental y nacional.

Desde una perspectiva humana, debe considerarse también el impacto que

tiene en la vida de las víctimas, en la medida en que determina un cambio

dramático en sus condiciones socioeconómicas, al pasar de ser, en gene-

ral, agentes económicamente activos e independientes, para ser reducidos

a un nivel de subsistencia, que parece condenarlos a una grave pérdida de

activos, patrimonio y su posición de agente económico autónomo.

En este sentido, el análisis del mercado laboral y/o de las ocupaciones para

la población desplazada, también permite evidenciar las múltiples

restricciones y limitantes que se encontrarán en una futura e hipotética

reincorporación al sistema productivo de estos agentes económicos, en la

perspectiva de generar ingresos y oportunidades a su núcleo familiar.

Situación ésta que hace pensar en una irremediable pérdida en la

productividad para la economía en su conjunto.

De este modo, se considera que los efectos más importantes del

desplazamiento forzado sobre el mercado laboral son, por una parte, el

incremento de la informalidad en la ocupación y, por la otra, la agudización

de la desocupación.


114 /

Los fundamentos de la teoría económica señalan que técnicamente la tasa

de desempleo se calcula como porcentaje de la población desocupada dentro

de la Población Económicamente Activa (PEA). Para obtener este valor se

requiere previamente clasificar, de acuerdo a la edad, la población que está

en capacidad de trabajar y la que no. En Colombia, como lo señala Eduardo

Lora1 , según la metodología utilizada en las estadísticas de empleo

elaboradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

(DANE), la población en edad de trabajar corresponde a los mayores de 12

años.2

La población en edad de trabajar se clasifica, a su vez, entre quienes ejercen

o buscan ejercer alguna actividad productiva, y quienes no necesitan, no

desean, no pueden o no están interesados en hacerlo de forma remunerada.

El primer grupo corresponde a la fuerza de trabajo o población

económicamente activa (PEA), con base en la cual se debe calcular la tasa

de desempleo -como porcentaje de desocupados-; mientras que el segundo

conforma la población económicamente inactiva (PEI), en la que se

encuentran estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas,

inválidos, y quienes no les llame la atención o crean que no vale la pena

trabajar.

A la hora de identificar la PEA para la población desplazada a partir de los

datos de la Base RUT se plantea una severa limitación, ya que no es posible

distinguirla claramente dentro de la población en edad de trabajar. En un

reciente estudio, Ibáñez ha señalado esta debilidad en la base de datos del

sistema (RUT) en los siguientes términos: “la definición de desempleo del

cuestionario RUT es confusa. El individuo debe clasificarse en alguna de

1 Lora Eduardo. TECNICAS DE MEDICION ECONOMICA Metodología y aplicaciones en Colombia. TM Editores- Fedesarrollo.Bogotá, 1995 Pág. 47 En este texto el autor recoge las metodologías oficiales aplicadas en Colombia al estudio de lasvariables que determinan el comportamiento del mercado laboral.

2 Se hablaría en Colombia de una vinculación temprana al mercado laboral, si se la comparara con la tasa definida por laOrganización Internacional del Trabajo (OIT) con base en los individuos mayores de 15 años. http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/kilm01.htm


/ 115

las categorías de ocupación laboral dentro de la cual es desempleado. La

clasificación subjetiva puede derivar en individuos identificados como

desempleados pero que no forman parte de la población económicamente

activa (PEA). La encuesta carece de información acerca de la calidad del

empleo y no permite establecer con precisión si los individuos están

vinculados al sector formal o informal o si el empleo ofrece prebendas

laborales”3 .

Para contrarrestar esta limitante, en el marco de este estudio, se calcula

una estimación de la tasa de desempleo como porcentaje de las personas

desocupadas dentro de la población en edad de trabajar, y no de la PEA,

como correspondería según la medición standard.

De allí que no se hable de desempleo sino de desocupación, considerando

también que para entrar en la categoría “ocupados” no se requiere disponer

de un empleo de carácter formal, estable o permanente -pues prevalece el

criterio de estar en capacidad y disponibilidad para trabajar- y, en este sentido,

puede adaptarse mejor a la realidad laboral de la población desplazada

que, como se verá más adelante, está profundamente ligada a la informalidad

en los municipios de recepción.

Dadas las condiciones en que se desenvuelve esta población asociadas a

la precariedad de información coherente y consistente a lo largo del periodo

de estudio, algunas de las implicaciones principales de calcular las

estadísticas de ocupación con esta metodología, pueden significar una

tendencia a la sobrestimación, ya que no todos los mayores de 12 años

hacen parte de la PEA, por lo que se podrían estar contabilizando como

desocupados algunos individuos que realmente formaran parte de la PEI

(por ejemplo, los discapacitados).

3 Ibáñez Ana Maria y Querubín Pablo. Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia. Pág. 44. Documentos CEDENo 23 Mayo de 2004


116 /

Tampoco permite establecer cuál es el tamaño de la PEI que, en general,

corresponde a individuos con un alto nivel de vulnerabilidad y que demandan

una mayor cantidad de servicios a la hora de la atención.

Así mismo esta restricción metodológica no permite la comparación de los

datos del estudio con las estadísticas oficiales de desempleo que, en gen-

eral, se calculan en los municipios receptores como porcentaje de la PEA.

Si bien estos elementos plantean metodológicamente una fuerte limitación,

no se debe perder de vista que se trata de un ejercicio de estimación que

busca, como uno de sus objetivos principales, llamar la atención sobre

aspectos que no han sido abordados a la hora de analizar un fenómeno tan

complejo como el desplazamiento forzado en Colombia, a su vez

relacionados con el desempeño de la economía nacional.

En este sentido, se pretende avanzar en una aproximación a las condiciones

de la ocupación de la población desplazada, así como sus correspondientes

efectos en los mercados laborales de los municipios receptores.

Sin embargo, antes de iniciar el análisis, debe considerarse que durante la

década de los 90s el desempeño económico nacional se vio afectado

principalmente por el cambio de modelo económico, las políticas de ajuste

fiscal y el choque económico de la crisis de 1999, los cuales tuvieron un

mayor impacto negativo en las actividades del sector primario. Esta situación

también afectó al mercado laboral, donde se presentaron, de hecho, los

más altos niveles de desempleo registrados históricamente en el país, los

que derivan hacia un incremento sustancial de los niveles de pobreza y

marginalidad al inicio de la actual década, afectando al conjunto de la

población colombiana.


/ 117

Cuadro No. 15

Tasa de desempleo en Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Nacional

AÑO1996 2000 2003

DPTO

Antioquia 9.6% 16.3% 9.9%

Bolívar 8.5% 13.4% 14.1%

Valle 13.4% 21.7% 12.6%

Nacional 9.6% 16.7% 14.6%

Fuente: DANE

Estas cifras, si bien no han sido calculadas para la población de las áreas

rurales y se basan en una metodología diferente a la empleada en este

estudio -como se señaló anteriormente-, permiten ilustrar la precariedad de

las condiciones económicas, específicamente en lo atinente a la generación

de ingresos y oportunidades por parte de los sectores productivos, que

pueden caracterizar el momento previo a la expulsión de la población

desplazada durante estos años. Este hecho debe entonces considerarse a

la hora de avanzar en el análisis de los resultados, ya que en consecuencia

una posible mejoría en las condiciones de ocupación de la población

desplazada, puede no significar necesariamente recuperar la caracterización

de agente económicamente independiente.

Situación de ocupación de la población desplazada en eldepartamento de Antioquia 1997-2003

Antes del desplazamiento

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, durante el

periodo comprendido entre 1997 y 2003 en el departamento de Antioquia,

la tasa de desocupación promedio de las personas desplazadas antes de la


118 /


expulsión se ubicó en 65.8%. Debe señalarse que, respecto a los primeros

años del estudio, durante los cuales se mantuvo por encima del 90%, esta

tasa mostró una mejora relativa a partir del año 2000.4

4 Parte de la explicación a esta tendencia radica en una limitación propia de la metodología definida en el Sistema RUT parael cálculo de estas tasas, pues no utilizan una misma población base, sino que se construye la muestra en relación con lapoblación que se desplaza cada año. De allí que pueda darse probabilísticamente no sólo un cambio en el tamaño de lamuestra, sino también una reducción progresiva.

Gráfico No. 22

Desocupación en la población desplazada antes de la expulsión. Antioquia

1997-2003

Al clasificar por género, encontramos que de las 7.320 personas mayores

de 12 años que se clasificaron como desocupadas en la muestra, durante

el periodo de estudio, 3.790 eran hombres y 3.530 eran mujeres, lo que

corresponde al 52% y el 48% respectivamente.

Dentro del grupo de mujeres desplazadas la tasa de desocupación promedio

antes de la expulsión para el mismo periodo fue de 62.5%, mientras que en

el grupo masculino fue del 65%.


/ 119

Gráfico No. 23

Desocupación en la población desplazada antes de la expulsión.

Clasificación por género. Antioquia 1997-2003

Fuente: RUT Cálculo de los autores

Estas cifras estarían revelando que en el departamento de Antioquia, antes

de la expulsión, es el grupo de hombres el que más contribuye a la tasa de

desocupación en la población desplazada, manteniendo tasas de

desocupación ligeramente superiores a la población de mujeres.

En el Gráfico No. 23 se aprecia la evolución de las tasas de ocupación,

calculadas como porcentaje de la población ocupada dentro de la población

en edad laboral, las cuales muestran el porcentaje de personas en edad

laboral que tienen alguna ocupación. El coeficiente de ocupación promedio

para el periodo de estudio fue de 34.1%, lo que nos indica que de cada 100

personas desplazadas en edad laboral en el departamento de Antioquia,

sólo 34 tenían alguna ocupación o estaban empleados antes de haber tenido

que abandonar su territorio como consecuencia de la confrontación armada.

Esta cifra estaría subrayando las precarias condiciones de ocupación

presentes en las zonas rurales del departamento, que afectan a la población


120 /

Gráfico No. 24

Ocupación en la población desplazada antes de la expulsión. Antioquia

1997-2003


desplazada incluso antes del evento. Se aprecia para el último año de estudio

una recuperación en este indicador, alcanzando el 58%. Este hecho estaría

relacionado con una mejoría en la actividad económica departamental, que

se había visto profundamente afectada por la recesión nacional de 19995 .

5 El PIB del departamento de Antioquia, que venía mostrando tasas negativas de crecimiento durante 1998 (-3.1) y 1999 (-2.5), empieza a recuperarse a partir del año 2000, mostrando un crecimiento promedio entre 2000 y 2002 de 5%.

Durante el periodo de estudio la tasa de ocupación promedio antes del

desplazamiento fue ligeramente más alta en la población de mujeres que

en los hombres, siendo de 35% y 33% respectivamente. Debe señalarse

que entre 1997 y 2001 estas tasas se mantuvieron muy cercanas, con una

diferencia promedio de 0.7 puntos porcentuales, registrando casi una misma

tendencia. Sin embargo, durante los años 2002 y 2003, la distancia se

aumenta hasta representar una diferencia de 6 puntos porcentuales, como

se aprecia en el Grafico No. 25.


/ 121

Gráfico No. 25

Ocupación en la población desplazada antes de la expulsión. Clasificación

por género. Antioquia 1997-2003



122 /

Cuadro No. 16

Tipo de ocupación antes del desplazamiento. Antioquia 1997-2003.

Tipo de Ocupación Femenino % Masculino % Total %

Agricultor 89 4,7% 1.219 64,1% 1.308 34,4%

Comerciante 25 1,3% 30 1,6% 55 1,4%

Docente 28 1,5% 17 0,9% 45 1,2%

Empleado obrero6 8 0,4% 49 2,6% 57 1,5%

Doméstico 60 3,1% 3 0,2% 63 1,7%

Funcionario público 6 0,3% 8 0,4% 14 0,4%

Ganadero 0 0,0% 5 0,3% 5 0,1%

Minero 6 0,3% 17 0,9% 23 0,6%

Oficios varios 230 12,1% 256 13,5% 486 12,8%

Pescador 1 0,1% 4 0,2% 5 0,1%

Profesional 1 0,1% 0 0,0% 1 0,0%

Servicios técnicos 3 0,2% 7 0,4% 10 0,3%

Trabajo en el hogar 1.213 63,7% 43 2,3% 1.256 33,0%

Vendedor ambulante 6 0,3% 7 0,4% 13 0,3%

Otros 133 7,0% 132 6,9% 265 7,0%

NS/NR7 96 5,0% 105 5,5% 201 5,3%

Total 1.905 100% 1.902 100% 3.807 100%


6 Respecto a esta categoría se debe aclarar que por la forma en la que se aplicó en la encuesta no corresponde al tradicionalobrero industrial del sector formal de la economía, sino a personas que se dedican a ser ayudantes en la construcción,actividad que en la mayoría de los casos se ubica dentro de la informalidad.

7 No sabe o no responde.


/ 123

En el Cuadro No. 16 se clasifican las ocupaciones a las que se dedicaban

las personas en edad laboral antes del desplazamiento. Se aprecia que era

la agricultura la ocupación principal con una dedicación del 34.4% de la

población total. En relación con el grupo poblacional de los hombres, los

individuos dedicados a la agricultura corresponden al 64%, mientras que, si

se establece la misma relación respecto a la totalidad de mujeres, se

encuentra que sólo el 4.7% de ellas se dedicaba a esta actividad.

Como segunda actividad se ubica “trabajo en el hogar”, al que se dedica el

33% de la población desplazada en su conjunto. Si se hace el ejercicio de

relacionarlo con las poblaciones de hombres y de mujeres, casi se invierte

la proporción existente entre las personas dedicadas a la agricultura, pues

un 63.7% de las mujeres se dedican al hogar, mientras que sólo un 2.3% de

los hombres reconoce ésta como su actividad principal. En tercer lugar se

encuentran los “oficios varios” con un 12.8%.

El restante 20% de las personas se dedicaba a oficios como el comercio,

docencia, construcción de obras, ganadería, minería, oficios domésticos y

servicios técnicos, entre otros.

A manera de síntesis en este apartado, es importante señalar cómo la tipología

de ocupación revelada en el momento previo al desplazamiento, encaja en

actividades cuya remuneración es más de carácter informal, sin que se de

una vinculación laboral acorde a la normatividad vigente en el país. En otras

palabras, es una ocupación que no contempla la vinculación al régimen

contributivo, ni el acceso a ninguna otra modalidad de seguridad social.

Después del desplazamiento

Al analizar los mismos aspectos relacionados con la ocupación para el

momento después de la expulsión en los hogares desplazados de Antioquia,


124 /

se encontró que la tasa de desocupación durante el periodo 1997–2003 se

ubicó en un promedio de 36%, mostrando una tendencia decreciente hasta

alcanzar el 29% en promedio entre los años 2000 y 2003.

Gráfico No. 26

Desocupación de la población desplazada en el municipio receptor. Antioquia

1997-2003


De las 2.997 personas en edad laboral que se clasificaron como

desocupadas en el municipio receptor durante el periodo de estudio, 1.556

fueron mujeres y 1.441 fueron hombres, es decir el 52% y el 48%

respectivamente, manteniendo la misma relación existente en el momento

previo a la expulsión.

En el grupo de mujeres la tasa de desempleo promedio para el periodo de

estudio fue de 35%, ubicándose ligeramente más abajo durante los tres

últimos años, con 29% promedio; mientras que para el grupo de género

masculino este promedio durante el mismo periodo fue de 36%.


/ 125

Gráfico No. 27

Desocupación de la población desplazada en el municipio receptor.



En el Gráfico No. 28 se muestra la evolución de las tasas de ocupación de

las personas desplazadas en el departamento de Antioquia, una vez ubicados

en el municipio receptor. El coeficiente de ocupación promedio, durante los

años 1997 y 2003 fue de 60.9%, lo cual indica que de cada 100 antioqueños

desplazados en edad laboral, aproximadamente 61 encontraron alguna

ocupación en el municipio receptor. El 2003, es el año de mejor desempeño

de la tasa de ocupación al ubicarse en 83.3%.

El análisis de estas cifras debe ser cauteloso -como se señaló anteriormente-

pues aparentemente reflejan unas mejores condiciones laborales tras el

desplazamiento, dada la precaria situación de ocupación revelada en el

momento previo a la expulsión. Sin embargo, como se analiza más adelante

al clasificar los tipos de ocupación a los que se dedican las personas

desplazadas en el lugar de recepción, corresponden en realidad a un incre-

mento de la ocupación en un régimen de precariedad en el que, a través de

la informalidad, se trata de suplir la generación de ingresos de un agente


126 /

Gráfico No. 28

Ocupación de la población desplazada en el municipio receptor. Antioquia

1997-2003


Como se aprecia en el Gráfico No. 29, el análisis reveló que después del

desplazamiento el coeficiente de ocupación en la población de hombres se

mantuvo ligeramente superior al coeficiente de ocupación de las mujeres

hasta el año 2000.

productivo que, en la mayoría de los casos, era independiente. Este hecho

no sólo implica una pérdida en la generación de ingresos para cada individuo,

sino que plantea algunas de las dificultades que se enfrentarán en la

reincorporación a la dinámica económica de estos agentes que han caído a

un nivel de mera subsistencia.


/ 127

Gráfico No. 29

Ocupación de la población desplazada después del desplazamiento.



Gráfico No. 30

Porcentaje de hogares desplazados con jefatura femenina. Antioquia

1997-2003

Fuente: SUR. Cálculo de los Autores

Sin embargo, a partir de este año se invierte esta tendencia, hecho que

podría explicarse por el incremento del porcentaje de hogares con jefatura

femenina en el momento después de la expulsión, como se aprecia en el

Gráfico a continuación:


128 /

Al clasificar las personas desplazadas de acuerdo con las ocupaciones que

encontraron en el municipio receptor, llama la atención evidenciar que cerca

de un 20% “No sabe/no responde”, y otro tanto se ubica en la categoría

identificada como “otros tipos de ocupación”, que contrasta con la

participación relativamente baja de estas respuestas en el momento previo

a la expulsión. Además, si se agrega el 12% que declara dedicarse a “oficios

varios”, se estaría alcanzando un 52% de la muestra que resulta difícil

desglosar, y que podría estar relacionado con el incremento de las

actividades en el sector informal de la economía antioqueña.

Dentro del 60% remanente, otro 20% sigue dedicado a la agricultura, 17%

a los “trabajos en el hogar”, y el 11% restante se dedica a actividades como

la construcción, oficios domésticos y ventas ambulantes, entre otras.


/ 129


Agricultor 78 3,2% 871 38,5% 949 20,3%

Comerciante 29 1,2% 36 1,6% 65 1,4%

Docente 18 0,7% 5 0,2% 23 0,5%

Empleado Obrero8 85 3,5% 64 2,8% 149 3,2%

Empleado Doméstico 68 2,8% 21 0,9% 89 1,9%

Funcionario Público 2 0,1% 5 0,2% 7 0,1%

Minero 23 1,0% 30 1,3% 53 1,1%

Oficios Varios 194 8,1% 383 16,9% 577 12,4%

Pescador 0 0,0% 2 0,1% 2 0,0%

Profesional 19 0,8% 13 0,6% 32 0,7%

Servicios Técnicos 6 0,2% 35 1,5% 41 0,9%

Trabajo en el Hogar 761 31,6% 32 1,4% 793 17,0%

Vendedor Ambulante 10 0,4% 22 1,0% 32 0,7%

Otros 695 28,9% 233 10,3% 928 19,9%

NS/NR 419 17,4% 509 22,5% 928 19,9%

Total 2.407 100% 2.261 100% 4.668 100%

Cuadro No. 17

Tipo de ocupación después del desplazamiento. Antioquia 1997- 2003


Como se aprecia en el Gráfico No. 31, al comparar la situación laboral de

los desplazados en el departamento de Antioquia en los dos momentos

(antes y después de la expulsión), parece evidenciarse una mejoría en las

tasas de desocupación promedio una vez la población desplazada se reubica

en el municipio receptor.

8 Ver nota al pie de página No. 122


130 /

Grafico No. 31

Desocupación en la población desplazada antes y después del

desplazamiento. Antioquia 1997-2003


Sin embargo, avanzando en el análisis de estos datos en relación con las

tipologías de ocupación, las cifras anteriores permiten establecer que en el

departamento de Antioquia las personas desplazadas, una vez ubicadas

en el municipio receptor, se dedican a actividades muy relacionadas con la

economía informal. Bajo esta perspectiva adquieren más sentido los altos

porcentajes obtenidos en las categorías “Otros tipos de Ocupación” y “No

Sabe/No Responde”, que muestran incrementos de 13 y 15 puntos

porcentuales respectivamente.

De este modo, la situación de aparente mejoría que muestra la disminución

del desempleo en el lugar receptor se ve contrarrestada por el hecho que

las personas tengan que desempeñar actividades de muy baja productividad,

que les generan ingresos precarios y sin ningún tipo de seguridad social ni

de sostenibilidad, lo que perpetua a lo largo del tiempo los niveles de miseria

en los que se encuentran después de la expulsión.


/ 131

Al respecto Pastoral Social plantea lo siguiente: “la actividad económica

anterior al desplazamiento estaba centrada en la agricultura, y con el

desplazamiento disminuye la posibilidad de seguridad alimentaría de las

familias, lo que obliga a hombres y mujeres a buscar fuentes de ingreso

alternativos”9 . De una manera muy clara, una persona desplazada no se

encuentra en condición de exigir el seguimiento de las disposiciones le-

gales de las distintas modalidades de asunción laboral, cuando su problema

fundamental es el hambre.

Como se aprecia en el Cuadro No. 18, al comparar las ocupaciones de las

personas en los dos momentos, se observa que la dedicación a actividades

relacionadas con la agricultura disminuyó en 14 puntos, al pasar de 34.4%

al 20% en el municipio receptor. Este hecho sugiere que los empleados

agrícolas encontrarán en el lugar de recepción una mayor dificultad para

obtener empleo en su sector, impidiendo la utilización y conservación de

sus habilidades.10

Respecto al “trabajo en el hogar” se puede apreciar una tendencia semejante,

ya que la dedicación a esta actividad disminuye en 16 puntos porcentuales,

pasando de representar el 33% de la ocupación total antes del

desplazamiento, al 17% en el municipio receptor. Esta problemática afecta

principalmente al grupo poblacional de las mujeres, que originalmente se

dedicaban en casi un 65% a esta actividad y que tras la expulsión asume,

en muchos casos, la entera responsabilidad por la sobrevivencia familiar. El

hogar como espacio de trabajo para la mujer disminuye ya que tiene que

salir a competir en el mercado laboral, donde trata de vincularse a oficios

que, como los domésticos o las ventas ambulantes, en general se encuentran

en el mundo de la informalidad.

9 RUT Informa Sobre Desplazamiento forzado en Colombia. Diciembre de 2003. Pastoral Social

10 BANCO MUNDIAL.“Colombia una política de tierras en transición.” Documento CEDE No. 29. Uniandes. Bogotá, 2004Pág. 28.


132 /

Cuadro No. 18

Tipo de ocupación antes y después del desplazamiento. Antioquia 1997-2003

Antes Después

Tipo de Ocupación Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Variación

Agricultor 4,7% 64,1% 34,4% 3,2% 38,5% 20,3% -14,0

Comerciante 1,3% 1,6% 1,4% 1,2% 1,6% 1,4% -0,1

Docente 1,5% 0,9% 1,2% 0,7% 0,2% 0,5% -0,7

Empleado obrero11 0,4% 2,6% 1,5% 3,5% 2,8% 3,2% 1,7

Empleado doméstico 3,1% 0,2% 1,7% 2,8% 0,9% 1,9% 0,3

Funcionario público 0,3% 0,4% 0,4% 0,1% 0,2% 0,1% -0,2

Ganadero 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1

Minero 0,3% 0,9% 0,6% 1,0% 1,3% 1,1% 0,5

Oficios varios 12,1% 13,5% 12,8% 8,1% 16,9% 12,4% -0,4

Pescador 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1

Profesional 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7

Servicios técnicos 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 1,5% 0,9% 0,6

Trabajo hogar 63,7% 2,3% 33,0% 31,6% 1,4% 17,0% -16,0

Vendedor ambulante 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 1,0% 0,7% 0,3

Otros 7,0% 6,9% 7,0% 28,9% 10,3% 19,9% 12,9

NS/NR 5,0% 5,5% 5,3% 17,4% 22,5% 19,9% 14,6

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% -


De allí que en el caso del departamento de Antioquia, si bien los datosparecen mostrar una incremento en las tasas de ocupación de las personasdesplazadas una vez se ubican en el sitio receptor, esto no debe interpretarsenecesariamente como un progreso en sus condiciones socioeconómicasde vida, ya que en general en el sitio receptor se precariza el empleo y lasactividades que realizan están, en su gran mayoría, relacionadas con lainformalidad y bajos niveles de ingresos.

Estos efectos también se sienten en el sistema económico en general, ya

11 Ver nota al pie de página No. 122


/ 133

que las personas pasan a desempeñar actividades que presentan una bajaproductividad, donde el capital humano que poseen no tiene aplicabilidady donde no generan ningún valor agregado; desperdiciando losconocimientos y habilidades especificas que habían ido adquiriendo a través

del tiempo en su lugar de origen.

Situación de ocupación de la población desplazada en eldepartamento de Bolívar 1997-2003


En el departamento de Bolívar la agricultura ha sido tradicionalmente laprincipal actividad económica a la que se dedican las personas en edad detrabajar, y aporta cerca del 10% del producto interno bruto delDepartamento12 . Sin embargo, a partir de mediados de la década de los90s esta actividad ha mostrado una tendencia decreciente, evidenciandolos efectos de algunos factores externos como la violencia, la pobreza y elcambio de modelo económico a nivel nacional; lo que ha conllevado a unadisminución de las hectáreas sembradas y cosechadas a niveldepartamental.13 Esta situación afecta directamente la condición deocupación en este departamento, particularmente en sus áreas rurales, de

donde proceden la mayoría de los hogares desplazados.

De este modo, durante el periodo comprendido entre 1997 y 2003, la tasa dedesocupación promedio en las personas desplazadas antes de la expulsiónalcanzó, al igual que en Antioquia, una cifra bastante elevada, al ubicarse en60,5%14 . Esta tasa, que es superior al 86% entre los años 1997 y 2000, presentauna tendencia a disminuir durante los últimos años de estudio15 .

12 VARIOS. Las regiones colombianas frente a los objetivos del milenio. CEPAL, DNP, PNUD, ACCI, FCM y GTZ. Bogotá2004. Pág. 6913 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. Estadísticas Básicas.1999-2002.Pág.43. Entre los otros se encuentran losfactores climáticos, así como la implementación de nuevas y más estrictas medidas fitosanitarias para las exportaciones.14 Si bien en este estudio no se utilizan las mismas metodologías para medición de esta tasa, esta cifra no deja de resultarpreocupante en relación con la tasa de desempleo oficial que durante este periodo no superó un promedio de 20% a nivelnacional.15 Respecto a esta disminución ver pie de página No. 81


134 /

Gráfico No. 32

Desocupación de la población desplazada antes de la expulsión. Bolívar

1997-2003


Durante este periodo, de las 17.057 personas en edad laboral reportadas

como desplazadas y clasificadas en la muestra como desocupadas, 8.269

fueron mujeres y 8.788 hombres, es decir, el 48% y el 52% respectivamente.

Dentro del grupo de mujeres desplazadas, la tasa de desocupación promedio

durante el periodo de estudio (1997-2003) fue de 60,1%, aunque se ubica

en 25,4% promedio durante los tres últimos años estudiados. Algo semejante

ocurre con el grupo de género masculino, para el cual la tasa de

desocupación promedio durante todo el periodo fue 60,9%, y se ubicó en

27,7% promedio durante los últimos tres años estudiados. Estas cifras

demuestran que la población de hombres es la que más contribuye a la

tasa de desocupación de la población desplazada en el departamento de

Bolívar antes de la expulsión, aunque sus tasas de desocupación sean sólo

ligeramente superiores a las de la población desplazada de mujeres.


/ 135

Gráfico No. 33

Desocupación de la población desplazada antes de la expulsión.

Clasificación por género. Bolívar. 1997-2003


En el Gráfico No. 34 se muestra la evolución de las tasas de ocupación en

la población desplazada antes de la expulsión en el departamento de Bolívar.

Recordemos que este indicador muestra el porcentaje de población en edad

laboral que tiene alguna ocupación.

Durante el periodo 1997-2003 este coeficiente representa una cifra promedio

de 39.5%, lo que indica que de cada 100 personas desplazadas que tenían

edad para trabajar, aproximadamente 40 tenían alguna ocupación en su

sitio expulsor. En el 2001 este indicador alcanza a representar el 74.4%,

siendo el año de mejor desempeño, cifras que evidencian la tendencia

creciente que, en términos generales, caracteriza al periodo. Esta mejora

en las tasas de ocupación podría estar relacionada con la recuperación de

la economía departamental después de haber caído 4.7% en 1999, que la

lleva a crecer al 5.9% promedio en el periodo 2000-2002.


136 /

Gráfico No. 34

Ocupación de la población desplazada antes de la expulsión. Bolívar 1997-

2003


Al clasificar por género, se aprecia que el mayor porcentaje de ocupación

antes del desplazamiento se presenta en la población de mujeres con un

51%, mientras que los hombres representan el 49%, aunque la diferencia

es poco considerable.

La tasa de ocupación promedio durante el periodo de estudio fue ligeramente

superior en la población de mujeres frente a la de los hombres, siendo de

39,9% y 39.1% respectivamente. Esta diferencia se acentúa un poco a partir

del año 2001 hasta el 2003 cuando las tasas de ocupación de las mujeres

se mantienen en promedio 2,3 puntos porcentuales por encima de las tasas

de ocupación de los hombres.


/ 137

Gráfico No. 35

Ocupación de la población desplazada antes de la expulsión. Clasificación

por género. Bolívar 1997-2003


El Cuadro No. 19 discrimina las ocupaciones a las que se dedicaban las

personas en edad laboral antes de ser desplazadas. En él se aprecia como

el 39,6% se dedicaban a la agricultura; siendo la actividad principal a la cual

se dedican el 70,4% de los hombres y el 10,2% de las mujeres. En segundo

lugar, se encuentra el “trabajo en el hogar” que representa el 30,9% del

total y al cual se dedican el 58,3% de las mujeres y sólo el 2,2% de los

hombres. En tercer lugar se ubican los “oficios varios” que representan el

8,2% de las ocupaciones totales.


138 /

Estas cifras reflejan cómo las áreas rurales del departamento de Bolívar

empiezan a mostrar una creciente informalidad económica como medio para

la generación de ingresos adicionales, ante la pérdida de rentabilidad sufrida

por el sector agrícola durante los últimos años, como consecuencia del

cambio de modelo económico a inicios de los 90s, y la crisis de 1999. Para

la población desplazada este escenario representa las posibilidades de

suplir sus necesidades, aunque sea de manera precaria.

Cuadro No. 19

Tipo de ocupación antes del desplazamiento. Bolívar 1997 – 2003.


Agricultor 393 10,2% 2.599 70,4% 2.992 39,6%

Comerciante 72 1,9% 72 2,0% 144 1,9%

Docente 18 0,5% 20 0,5% 38 0,5%

Empleado obrero18 28 0,7% 85 2,3% 113 1,5%

Empleado doméstico 142 3,7% 6 0,2% 148 2,0%


Ganadero 4 0,1% 12 0,3% 16 0,2%

Minero 19 0,5% 34 0,9% 53 0,7%

Oficios varios 425 11,0% 194 5,3% 619 8,2%

Pescador 11 0,3% 96 2,6% 107 1,4%

Profesional 2 0,1% 7 0,2% 9 0,1%


Trabajo hogar 2.256 58,3% 83 2,2% 2.339 30,9%


Otros 288 7,4% 295 8,0% 583 7,7%

NS/NR 68 1,8% 40 1,1% 108 1,4%

Total 3.870 100% 3.691 100% 7.561 100%


18 Ver nota al pie pág. 122


/ 139


Al analizar para Bolívar los aspectos relacionados con las condiciones de

ocupación de las personas desplazadas una vez ubicadas en el municipio

receptor, se aprecia una tasa de desocupación de 37,8% promedio durante

el periodo 1997-2003, mostrando una tendencia siempre creciente hasta

alcanzar el 59,1% en el año 2003.

Esta tendencia, contraria a la de Antioquia -donde era decreciente después

del desplazamiento-, estaría relacionada en gran medida por el

comportamiento de la dinámica económica del departamento, que no ha

sido capaz de absorber la nueva mano de obra que llega a los centros

urbanos, ni siquiera en las categorías de informalidad y/o subempleo.

En efecto, la tasa global de participación en la ciudad de Cartagena presenta

una tendencia creciente desde 1995 (49%) hasta el año 2001 cuando se

ubica en un 58,8%; mientras que la tasa de ocupación para esta ciudad

presenta una tendencia decreciente al pasar de 45,4% en 1997 a 44,6% en

el año 200117 . Esto significaría que hay cada vez más personas que

participan del mercado laboral, pero que el sistema productivo de la ciudad

está generando cada vez menos oportunidades de obtener un trabajo.

17 ESTADISTICAS BASICAS. Cámara de comercio de Cartagena, 2002.


140 /

Gráfico No. 36


Bolívar 1997-2003


Al clasificar por género las 8.323 personas desplazadas en edad laboral

que se clasificaron como desocupadas, 3.940 fueron mujeres (47%),

mientras que los restantes 4.383 fueron hombres (53%). Esto quiere decir

que después del desplazamiento el desempleo sigue siendo padecido

levemente en mayor proporción por los hombres que por las mujeres;

situación que es diferente a la presentada en el departamento de Antioquia,

donde las mujeres se vuelven ligeramente más vulnerables a la

desocupación tras la expulsión. De hecho, en el grupo de mujeres la tasa

de desempleo promedio durante el periodo 1997-2003 en Bolívar fue de

35,7%.


/ 141

Gráfico No. 37


Clasificación por género. Bolívar 1997-2003


El Gráfico No. 38 muestra la evolución de las tasas de ocupación de las perso-

nas desplazadas en el departamento de Bolívar después de la expulsión, una

vez ubicadas en el municipio receptor. Durante el periodo comprendido entre

1997 y 2003, el coeficiente de ocupación promedio fue de 62.2%, lo cual in-

dica que de cada 100 bolivarenses desplazados en edad laboral,

aproximadamente 62 encontraron alguna ocupación después de la expulsión.

Si bien estas tasas de ocupación muestran una aparente mejoría en las

condiciones de ocupación respecto al momento previo a la expulsión, cuando

el promedio era de 39.5%, es importante señalar al respecto dos cuestiones.

La primera, es que estas tasas registran una tendencia siempre decreciente

desde 1997, lo que indica una disminución a través del tiempo de esta

diferencia, al irse reduciendo las posibilidades de encontrar una ocupación

en el sitio receptor. Es así como para el año 2003 la tasa de ocupación

había disminuido hasta representar 40,9%, cifra muy cercana a las tasas


142 /

encontradas antes de la expulsión. Esta situación es distinta a la ocurrida

en el departamento de Antioquia donde las tasas de ocupación después del

desplazamiento mantienen una tendencia creciente, evidenciando una mayor

capacidad de la economía para absorber la mano de obra que llega a las

ciudades producto del desplazamiento.

La segunda cuestión a considerar, es la necesidad de descomponer estos

resultados de acuerdo con las tipologías de ocupación; relación que permite

identificar otras explicaciones posibles vinculadas con el incremento de

regímenes precarios de ocupación a través de las oportunidades ofrecidas

a las personas desplazadas en los municipios receptores.

Parte de la explicación de estas tendencias se encuentran en la estructura

misma del sistema productivo del departamento de Bolívar, donde hay una

alta proporción de ocupación de la fuerza laboral en el sector agropecuario

-que supera incluso la tasa nacional- mientras que el peso de la industria en

la generación de empleo es muy bajo si se le compara con la media

nacional18 . De este modo, una vez se registra el evento del desplazamiento

y la población es obligada a abandonar sus actividades agrícolas, el sistema

productivo departamental no logra ofrecer alternativas de ocupación en otros

sectores de la economía formal.

18 VARIOS. Las Regiones Colombianas frente a los Objetivos del Milenio. CEPAL, PNUD, DNP, ACCI, FCM, GTZ. Bogotá,2004. Págs. 73-74


/ 143

Gráfico No. 38

Ocupación de la población desplazada en el municipio receptor. Bolívar

1997-2003


En el Gráfico No. 39 se evidencia que los coeficientes de ocupación después

del desplazamiento, tanto para hombres como para mujeres, mantienen

una tendencia decreciente durante todo el periodo de estudio. De hecho,

durante el periodo 1997-2000 el coeficiente de ocupación promedio fue de

74,8% en los hombres y 74,3% en las mujeres. Sin embargo, a partir del

año 2001, este coeficiente en la población de mujeres se eleva por encima

del de los hombres, alcanzando, hasta el año 2003, una cifra promedio de

50,9% en las mujeres y 40,3% en los hombres.


144 /

Gráfico No. 39

Ocupación de la población desplazada en el municipio receptor.

Clasificación por género. Bolívar 1997-2003


Al respecto parece necesario reconocer que las mujeres llegan a los nuevos

lugares sin pertenencias pero con la gran responsabilidad que representan

sus hijos e incluso otros parientes que de ellas dependen, en algunas

ocasiones. Esta responsabilidad las induce a buscar medios inmediatos de

subsistencia en el mercado laboral que, aunque mal pagos, las favorece

más a ellas que a los hombres, debido a sus destrezas y saberes domésticos.

De ahí que se desempeñen como empleadas de servicio, vendedoras

informales o ambulantes o se dediquen a oficios varios.19 Esta situación

podría ser aún más preocupante si se considera el incremento de los hogares

desplazados con jefatura femenina durante el periodo de estudio en este

Departamento.

19 CEC y PASTORAL SOCIAL. “RUT Informa” No. 22.. Mayo – Agosto de 2004 .Pág. 17


/ 145

Gráfico No. 40

Porcentaje de hogares desplazados con jefatura femenina. Bolívar 1997-2003


Como se aprecia en el Cuadro No. 20, al clasificar las personas desplazadas

por las actividades a las que se dedican en el municipio receptor, la agricultura

sigue siendo una ocupación principal aunque baja su participación al 23%.

El 11% se dedican al trabajo en el hogar, 8,6% son obreros, 5,7% se dedican

a oficios varios y el restante 7,2% se dedica a actividades como la venta

ambulante, comercio, servicios técnicos, oficios domésticos, pesca y

docencia, entre otros.

Una vez más llama la atención la amplia participación de la categoría

identificada en la base de datos como “otros tipos de ocupación” que equivale

a un 34,8%, que pasa al primer lugar, ubicándose más de 10 puntos

porcentuales por encima de la agricultura. Si se adiciona el 9.7% de las

personas que no saben o no responden, se obtiene un poco más del 45%

de difícil clasificación, lo que permite arriesgar nuevamente la hipótesis de

la informalidad como el escenario privilegiado para encontrar un trabajo

después del desplazamiento, aunque implique condiciones precarias de

empleo que perpetúen los niveles de miseria de las familias desplazadas.


146 /

Cuadro No. 20

Tipo de ocupación después del desplazamiento. Bolívar 1997-2003


Agricultor 431 5,3% 3.309 40,9% 3.740 23,0%

Comerciante 82 1,0% 165 2,0% 247 1,5%

Docente 30 0,4% 31 0,4% 61 0,4%

Empleado Obrero20 253 3,1% 1.152 14,2% 1.405 8,6%

Empleada Doméstico 121 1,5% 4 0,0% 125 0,8%

Funcionario Público 5 0,1% 5 0,1% 10 0,1%

Ganadero 4 0,0% 7 0,1% 11 0,1%

Minero 8 0,1% 25 0,3% 33 0,2%

Oficios Varios 492 6,0% 441 5,4% 933 5,7%

Pescador 11 0,1% 65 0,8% 76 0,5%

Profesional 6 0,1% 8 0,1% 14 0,1%


Trabajo en el Hogar 1.707 20,8% 84 1,0% 1.791 11,0%


Otros 4.233 51,6% 1.435 17,7% 5.668 34,8%

NS/NR 696 8,5% 891 11,0% 1.587 9,7%

Total 8.199 100% 8.096 100% 16.295 100%


20 Ver nota al pie página 122

Al comparar la situación de ocupación de los desplazados del departamento

de Bolívar, antes y después del desplazamiento, encontramos que las tasas

de desocupación mejoran hasta el 2000, año a partir del cual inician una

tendencia decreciente, como se puede apreciar en el Gráfico No. 41. Lo

anterior demuestra que a partir del año 2001 la situación ocupacional y

económica de las familias desplazadas en este departamento se deteriora

aun más con respecto a su situación anterior.


/ 147

Gráfico No. 41

Desocupación antes y después del desplazamiento. Bolívar 1997-2003


Como se ilustra en el Cuadro No. 21, al comparar las ocupaciones antes ydespués del desplazamiento, la agricultura es la actividad que disminuye

su participación más drásticamente, al pasar de representar el 39.6% de la

ocupación total antes del desplazamiento, a un 23%, con una reducción de

16.6 puntos porcentuales. Al analizar por grupo poblacional, son los hombres

los más afectados pues originalmente se dedicaban a ella el 70.4%, mientrasque tras la expulsión sólo el 40.9% encuentra en el municipio receptor la

oportunidad de mantener su ocupación.

Del mismo modo se aprecia para la categoría “trabajo en el hogar” una aguda

disminución, cercana a los 20 puntos porcentuales, al pasar de representar el

30,9% del total de las actividades antes del desplazamiento, al 11% después.Esta reducción afecta en manera contundente al grupo poblacional de las

mujeres que se dedicaba en un 58,3% a esta actividad antes del

desplazamiento, mientras que en el lugar de recepción sólo llega al 20,8%.

Otras actividades en las cuales disminuye la dedicación son: oficios varios

(- 2,5 puntos), empleo doméstico (-1,2 puntos), pesca (-0,9 puntos), minería(-0,5 puntos) funcionario público, y comercio (-0,4 puntos cada una), docencia

y ganadería (-0,1 puntos cada una).


148 /

Cuadro No. 21

Tipo de ocupación antes y después del desplazamiento. Bolívar 1997- 2003

Antes Después Variación

Tipo de Ocupación Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Puntos %

Agricultor 10,2% 70,4% 39,6% 5,3% 40,9% 23,0% -16,6

Comerciante 1,9% 2,0% 1,9% 1,0% 2,0% 1,5% -0,4

Docente 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% -0,1

Empleado obrero21 0,7% 2,3% 1,5% 3,1% 14,2% 8,6% 7,1

Empleado doméstico 3,7% 0,2% 2,0% 1,5% 0,0% 0,8% -1,2

Funcionario público 0,4% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% -0,4

Ganadero 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% -0,1

Minero 0,5% 0,9% 0,7% 0,1% 0,3% 0,2% -0,5

Oficios varios 11,0% 5,3% 8,2% 6,0% 5,4% 5,7% -2,5

Pescador 0,3% 2,6% 1,4% 0,1% 0,8% 0,5% -0,9

Profesional 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0

Servicios técnicos 0,5% 0,9% 0,7% 0,6% 1,1% 0,9% 0,2

Trabajo hogar 58,3% 2,2% 30,9% 20,8% 1,0% 11,0% -19,9

Vendedor ambulante 2,8% 2,6% 2,7% 0,9% 4,7% 2,8% 0,1

Otros 7,4% 8,0% 7,7% 51,6% 17,7% 34,8% 27,1

NS/NR 1,8% 1,1% 1,4% 8,5% 11,0% 9,7% 8,3

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% -




Estas disminuciones contrastan con las actividades clasificadas en la base

de datos como “otros trabajos” y la categoría “no sabe no responde” las

cuales muestran incrementos de 27,1 y 8,3 puntos respectivamente; así

como la de “empleado obrero” que tuvo un incremento de 7,1 puntos y que,

como se explicó anteriormente, es en Colombia una actividad que se

relaciona más con la informalidad en sectores como la construcción.


Otras categorías ocupacionales que incrementan levemente su participación

luego del desplazamiento son los servicios técnicos y las ventas ambulantes

con incrementos de 0,2 y 0,7 puntos respectivamente.

Estas cifras parecen indicar, también para el Departamento de Bolívar, un

incremento en las actividades relacionadas con la economía informal, que

no parecen ser las más indicadas para solucionar los problemas de las

familias desplazadas, al representar un régimen de ocupación precaria.

Situación de ocupación de la población desplazada en el departamento

del Valle del Cauca 1998-2003


Para el departamento del Valle del Cauca el análisis de las condiciones de

ocupación en la población desplazada se hará a partir del año 1998, dado

que en la base de datos la información para el año 1997 no contiene todos

los datos requeridos por la metodología seleccionada en el presente estudio.

Durante el periodo 1998-2003 en el Valle del Cauca la tasa de desocupación

promedio de las personas antes de ser desplazadas se ubicó en 26,9%,

asumiendo en 1999 su valor máximo con 60,3%. Esta cifra refleja el mal

desempeño de la economía vallecaucana y, específicamente, de su sector

agropecuario, que muestra tasas de crecimiento negativas sucesivamente

durante los años 1999, 2000 y 200122 , como resultante de la profunda

contracción de la economía nacional registrada en ese año.

22 Según el DANE, el PIB Agropecuario para este Departamento fue -8.6% en 1999, -2 en el 2000 y -5.8 para el 2001. http://www.dane.gov.co/inf_est/pib.htm

150 /Escuela Latino Americana de Cooperación y Desarrollo

Gráfico No. 42

Desocupación de la población desplazada antes de la expulsión. Valle del

Cauca 1998-2003


Se aprecia que de las 2.411 personas desplazadas mayores de 12 años que

se clasificaron como desocupadas, 1.247 fueron mujeres y 1.164 fueron

hombres, lo que equivale al 52% y al 48% respectivamente. Este hecho permite

afirmar que en el Valle del Cauca es el grupo poblacional femenino el que más

contribuye a la tasa de desocupación de la población desplazada antes de la

expulsión, aunque sea ligera la diferencia en relación con el grupo masculino.

De hecho, en el Valle del Cauca las tasas de desocupación de mujeres y

hombres muestran en general una misma tendencia, manteniéndose

estrechamente cercanas hasta el 2001, año a partir del cual la tasa de los

hombres se ubica levemente por encima la de las mujeres. Así, la tasa promedio

durante el periodo 1998-2003 para el grupo de mujeres desplazadas fue de

25,8%, mientras que en los hombres fue de 28,1%. De este modo, aunque es

la población femenina la que más contribuye a las tasas de desocupación de

la población desplazada antes de la expulsión, el grupo poblacional de hombres

cuenta con una proporción levemente más alta.


Gráfico No. 43

Desocupación de la población desplazada antes de la expulsión. Clasifica-

ción por género. Valle del Cauca 1998-2003


En el Gráfico No. 44 se observa la evolución de la ocupación de las perso-

nas desplazadas en su municipio de origen. El coeficiente presenta una

cifra promedio del 73% durante el periodo de estudio (1998-2003), lo que

indica que de cada 100 vallecaucanos desplazados en edad laboral,

aproximadamente 73, tenían o desempeñaban alguna ocupación antes del

desplazamiento. De este modo, de los tres departamentos estudiados, es

el Valle del Cauca el que muestra un mejor desempeño promedio en este

indicador en el momento antes de la expulsión.


Gráfico No. 44

Ocupación de la población desplazada antes de la expulsión. Valle del Cauca

1998- 2003


Al avanzar en un análisis diferencial por género se evidencia que de las

7.373 personas ocupadas antes del desplazamiento, 3.943 son mujeres

(53%); mientras que 3.430 son hombres (47%).

La ocupación promedio durante el periodo 1998-2003 fue un poco más alta

en la población de mujeres, con un 74,2%, que en la de los hombres, con

71,9%. Se puede afirmar, en consecuencia, que los dos grupos poblacionales

mantienen la misma tendencia, con una diferencia promedio 2,5 puntos

porcentuales, siendo levemente superior la tasa de ocupación de las mujeres.


Gráfico No. 45

Ocupación de la población desplazada antes de la expulsión. Clasificación

por género. Valle del Cauca 1998-2003


El Cuadro No. 22, señala las ocupaciones a las que se dedicaban las per-

sonas en edad laboral en el Valle del Cauca antes de la expulsión. Una vez

más es la agricultura la actividad principal con un 45,6% del total. Si se

analiza por grupo poblacional, se dedicaba a la agricultura el 53,6% de los

hombres y el 38,7% de las mujeres, siendo el Valle del Cauca de los tres el

departamentos estudiados donde se presenta una mayor participación

femenina en esta actividad. Esto podría ayudar a comprender la paridad en

las condiciones de ocupación entre hombres y mujeres en este

Departamento.

El segundo lugar lo ocupa la categoría “oficios varios” con un 12,9%, seguido

por “otros trabajos” con 10,8%. Estas cifras podrían indicar una consider-

able participación del sector informal23 en la ocupación de las personas

desplazadas incluso en el momento previo a la expulsión.

23 En este sentido sería pertinente recordar que el sistema productivo del Valle del Cauca es uno de los más penetrados porla economía del narcotráfico a nivel nacional, lo que podría sugerir una relación entre el sector informal y esta actividad.


Luego se ubica “trabajo en el hogar” con un 10.3%, cifra que es sensi-blemente menor a la participación de esta actividad en el cuadro general deocupaciones en relación con los otros dos departamentos estudiados. Aesta tendencia contribuye particularmente el grupo poblacional de las mujeresque se dedican sólo en un 17.4% a esta actividad en el Valle del Cauca,mientras que en Antioquia y Bolívar superaba el 50%.

Dentro de las ocupaciones que tenían las personas en el Valle del Caucaantes del desplazamiento aparece también la minería con 8,9%, mientrasque el restante 11,5% lo componen categorías como pescador, comerciante,obrero y trabajador doméstico, entre otros.


Agricultor 1.524 38,7% 1.837 53,6% 3.361 45,6%

Comerciante 62 1,6% 36 1,0% 98 1,3%

Docente 33 0,8% 26 0,8% 59 0,8%

Empleado obrero24 23 0,6% 58 1,7% 81 1,1%

Empleado doméstico 103 2,6% 14 0,4% 117 1,6%


Ganadero 5 0,1% 8 0,2% 13 0,2%

Minero 380 9,6% 274 8,0% 654 8,9%

Oficios varios 552 14,0% 397 11,6% 949 12,9%

Pescador 32 0,8% 125 3,6% 157 2,1%

Profesional 1 0,0% 5 0,1% 6 0,1%


Trabajo hogar 685 17,4% 78 2,3% 763 10,3%


Otros 365 9,3% 430 12,5% 795 10,8%

NS/NR 95 2,4% 104 3,0% 199 2,7%

Total 3.943 100% 3430 100% 7.373 100%


24 Ver nota al pie Pág. 122


Así mismo, se evidencia la baja participación de la respuesta “No sabe/No

Responde” referida al momento previo a la expulsión.


En el departamento del Valle del Cauca durante el periodo 1998-2003, la

tasa de desocupación promedio de las personas desplazadas, una vez

ubicadas en el municipio receptor, fue de 28,5%; mostrando una tendencia

creciente, hasta el año 2003 cuando alcanza el 48,2%. Esta tendencia,

contraria a la verificada en Antioquia, es semejante a la del departamento

de Bolívar, donde la dinámica económica regional no ha sido capaz de ab-

sorber los flujos migratorios que llegan a los centros urbanos impulsados

por la violencia. De hecho el comportamiento del PIB del Valle del Cauca

mostró tasas de crecimiento muy precarias, cuando no negativas, entre le

periodo 1998-2002, como lo revelan los datos del DANE.25

El Valle del Cauca, considerada anteriormente como una de las regiones

más prósperas del país, ha sido una de las más golpeadas por el impacto

de los malos resultados económicos que se presentaron a nivel nacional

durante la última década. Particularmente la economía departamental sufrió

un fuerte revés por la caída de los precios internacionales tanto del azúcar

como del café que son los dos productos principales.

Así mismo debe considerarse a la hora de buscar explicaciones para este

mal desempeño, el impacto determinante de la lucha contra el narcotráfico

que, a pesar de haber penetrado profundamente la economía departamental,

vivió un fuerte periodo de crisis tras el desmantelamiento del denominado

Cartel de Cali, mientras se dio la reacomodación de las estructuras mafiosas

en los “Cartelitos” que empezaron a operar en el norte del departamento.

25 Según el cálculo de los autores con base en los datos del DANE, el crecimiento del PIB para este Departamento entre 1998y el 2003 fue de 0.2%, mostrando su peor desempeño en 1999, cuando se fija en -3.6%.


Gráfico No. 46

Desocupación de la población desplazada en el municipio receptor. Valle

del Cauca 1998-2003


Durante el periodo de estudio (1998-2003) de las 3.154 personas

desplazadas que se identificaron como desocupadas una vez establecidas

en el municipio receptor, 1.653, es decir el 52%, eran mujeres, mientras

que el restante 48% eran hombres (1.501 personas). Estas cifras demuestran

que tras la expulsión la desocupación afecta en mayor medida a las mujeres;

situación que es semejante a la presentada en el Departamento de Antioquia,

donde la mujer es más vulnerable a la desocupación después del

desplazamiento, aunque sea sólo ligeramente.

La difícil condición de la mujer respecto a la ocupación en el momento pos-

terior a la expulsión adquiere mayores dimensiones si se consideran los

efectos socioeconómicos que puede implicar dado el alto porcentaje de

hogares con jefatura femenina en la población desplazada en este

Departamento.


Gráfico No. 47

Porcentaje de hogares desplazados con jefatura femenina. Valle del Cauca

1998-2003


Respecto a la tasa de desocupación promedio llama la atención la aguda

diferencia existente entre el grupo de mujeres y el de hombres, al ubicarse

en 28.4% y 47.7% respectivamente, durante el periodo de estudio. De hecho,

tal y como se puede apreciar en el Gráfico No. 48, durante el periodo 1998-

2001 la tasa masculina promedio de desocupados se ubica con un 48.4%,

muy por encima a la de las mujeres, que sólo alcanza el 17.8%. Esa

diferencia, cercana a los 31 puntos porcentuales, evidencia la mayor

vulnerabilidad de los hombres a la desocupación tras el desplazamiento.

No obstante, esta tendencia se invierte durante los años 2002 y 2003, al

fijarse la tasa promedio de desocupación en 49,6% para las mujeres y en

46,2% para los hombres, evidenciando un empeoramiento de las condiciones

de ocupación encontradas por las mujeres en el lugar receptor.


Gráfico No. 48


Clasificación por géneros. Valle Del Cauca. 1998-2003


La agudización del fenómeno en la población desplazada después de la

expulsión revelada por estas cifras a partir del 2001, podría estar influenciado

por la grave crisis fiscal que padece el departamento del Valle del Cauca, la

cual limita las posibilidades de hacer inversión social y, específicamente, de

formular una política de atención a esta población.26

El Gráfico No. 49 muestra la evolución de las tasas de ocupación de las

personas desplazadas en el Valle del Cauca tras la expulsión, una vez

ubicadas en el municipio receptor. El coeficiente de ocupación promedio

durante el periodo 1998-2003 fue de 73%, lo cual nos indica que de cada

100 vallecaucanos desplazados en edad laboral, aproximadamente 73

encontraron luego de ser expulsados, una ocupación.

26 En este sentido parece revelarse una de las contradicciones que subyacen en Colombia respecto a la política de atenciónal desplazamiento, pues si bien se ha avanzado en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la atención a estaproblemática, en muchos casos, como en el Valle del Cauca, no se cuenta con los recursos necesarios para operacionalizardicha atención. En el Valle del Cauca los niveles de inversión pública pasaron de más del 20% al 1.87% durante el periodo deestudio, dada la fuerte política de ajuste a la que se vio obligada el Departamento después de 1997, cuando se ubicó en unade las posiciones más bajas en el ranking del desempeños fiscal, según lo revela el Ministerio de Hacienda en sus informescorrespondientes a los años de estudio, consultados en la página de Internet.


Contrario a lo ocurrido en Antioquia -donde la tendencia es creciente para

todo el periodo- y en Bolívar -donde es decreciente-, en el Valle del Cauca

las tasas de ocupación presentan una tendencia más bien constante, con

excepción de la caída registrada en 1999, así como la recuperación

registrada en el 2001, relacionada con una expansión de las actividades

informales.27

http://www.minhacienda.gov.co/servlet/page?_pageid=620,1598,2534&_dad=portal30&_schema=PORTAL3027 Tres factores podrían contribuir a explicar esta recuperación: 1. Las políticas de subcontratación utilizadas por los ingeniosazucareros con miras a la estabilización, que si bien pueden hacer pensar en un aumento del empleo tras la crisis, implican enrealidad un empeoramiento en las condiciones de ocupación. 2. La recomposición de la estructura mafiosa y el nuevo augedel narcotráfico tras el desmantelamiento del Cartel de Cali, que deriva en una atomización y mayor dispersión de los agentesligados a la actividad del narcotráfico que se hacen mucho más numerosos y diversifican sus modalidades de lavados deactivos, inmersas en las actividades legales. 3. La llegada del fenómeno del paramilitarismo al Departamento a través delBloque Calima y el Bloque Central que, por ser más bien tardía, irrumpe en un momento en el que ha logrado consolidar suestructura operativa y ha definido ya no sólo las modalidades para la incorporación de nuevos miembros, sino también susmodalidades de financiación, profundamente ligadas a la economía subterránea, donde se mezclan la ilegalidad y la informalidad.

Gráfico No. 49

Ocupación de la población desplazada en el municipio receptor. Valle del

Cauca. 1998-2003



De las 6.630 personas que encontraron una ocupación en el municipio re-

ceptor, el 54% eran mujeres (3.537), mientras que el restante 46% eran

hombres (3.093). De este modo se evidencia que el grupo poblacional

femenino tiene una mayor participación ocupacional, tanto antes como

después de la expulsión en este departamento, mostrando las mayores

diferencias entre los dos sectores poblacionales respecto a los otros dos

departamentos analizados.

Como se puede apreciar en el Gráfico No. 50, los coeficientes de ocupación

de hombres y mujeres siguen más o menos un mismo patrón de

comportamiento, manteniendo tasas muy similares, aunque el de las mujeres

sólo sea levemente superior al de los hombres. En efecto, durante el periodo

de estudio, el coeficiente de ocupación fue de 74,2% en las mujeres y de

71,9% en los hombres.

Gráfico No. 50

Tasas de ocupación en la población desplazada después del desplazamiento.

Clasificación por género. Valle del Cauca. 1998-2003



El Cuadro No. 23 clasifica las personas desplazadas según las ocupaciones

que desempeñaron una vez ubicadas en el municipio receptor. Así se

encuentra que el 28,3% corresponde a la categoría “oficios varios”, mientras

un 19,7% se cataloga bajo la etiqueta “otros trabajos”. Si se agrega el 8.6%

de la categoría “no sabe/no responde”, se abarca más de un 55% del total

de las ocupaciones, hecho que se explica, como se mencionó anteriormente,

con un crecimiento del empleo más bien relacionado con el sector informal

-e incluso ilegal- de la economía.

Continuando con el análisis por ocupaciones, una vez en el municipio re-

ceptor, se dedican a la agricultura el 15,4% de las personas desplazadas,

porcentaje que comprende un 22,3% del grupo poblacional masculino y un

9,4% del femenino. Acerca de la categoría “trabajo en el hogar” es interesante

observar como, si bien disminuye su participación global dentro de las

ocupaciones a un 11,5%, mantiene una relación inversamente proporcional

con la agricultura respecto al grupo poblacional, al representar la ocupación

del 18,9% de las mujeres y de sólo el 3,1% de los hombres. El restante

16,5% está representado por actividades como la minería, trabajo doméstico

y ventas ambulantes, entre otros.


Cuadro No. 23

Ocupación después del desplazamiento. Valle del Cauca 1998-2003.


Agricultor 333 9,4% 689 22,3% 1.022 15,4%

Comerciante 12 0,3% 20 0,6% 32 0,5%

Docente 19 0,5% 19 0,6% 38 0,6%

Empleado obrero28 19 0,5% 53 1,7% 72 1,1%

Empleada doméstico 125 3,5% 10 0,3% 135 2,0%


Ganadero 3 0,1% 3 0,1% 6 0,1%

Minero 174 4,9% 178 5,8% 352 5,3%

Oficios Varios 959 27,1% 914 29,6% 1.873 28,3%

Pescador 73 2,1% 217 7,0% 290 4,4%

Profesional 3 0,1% 3 0,1% 6 0,1%


Trabajo en el Hogar 667 18,9% 95 3,1% 762 11,5%


Otros 760 21,5% 546 17,7% 1.306 19,7%

NS/NR 293 8,3% 280 9,1% 573 8,6%

Total 3.537 100% 3.093 100% 6.630 100%



Como se aprecia en el Gráfico No. 51 al comparar la situación laboral de los

desplazados en los dos momentos, a partir del año 2001 se agudiza aun

más la condición laboral y económica de la población desplazada en el

Valle del Cauca con respecto a su situación anterior.


Gráfico No. 51

Desocupación de la población desplazada antes y después del

desplazamiento. Valle Del Cauca 1998-2003



Antes Después Variación

Tipo de Ocupación Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Puntos %

Agricultor 38,7% 53,6% 45,6% 9,4% 22,3% 31,1% -14,4

Comerciante 1,6% 1,0% 1,3% 0,3% 0,6% 0,7% -0,6

Docente 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% -0,2

Empleado obrero29 0,6% 1,7% 1,1% 0,5% 1,7% 1,1% 0,0

Empleada Doméstico 2,6% 0,4% 1,6% 3,5% 0,3% 2,0% 0,4

Funcionario Público 1,1% 0,6% 0,9% 0,4% 0,3% 0,5% -0,4

Ganadero 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0

Minero 9,6% 8,0% 8,9% 4,9% 5,8% 6,4% -2,4

Oficios varios 14,0% 11,6% 12,9% 27,1% 29,6% 19,5% 6,6

Pescador 0,8% 3,6% 2,1% 2,1% 7,0% 2,8% 0,7

Profesional 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0

Servicios Técnicos 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0

Trabajo hogar 17,4% 2,3% 10,3% 18,9% 3,1% 10,7% 0,3

Vendedor Ambulante 0,9% 0,2% 0,6% 2,3% 1,6% 1,3% 0,7

Otros 9,3% 12,5% 10,8% 21,5% 17,7% 17,1% 6,3

NS/NR 2,4% 3,0% 2,7% 8,3% 9,1% 5,7% 3,0

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% -


Cuadro No. 24

Tipo de ocupación antes y después del desplazamiento. Valle del Cauca

1998-2003


Al comparar las ocupaciones antes y después del desplazamiento, se aprecia

que es la agricultura la actividad que registra una reducción más drástica

(- 14 puntos porcentuales), pasando de representar el 45.6% de la ocupación

total antes del desplazamiento a 31.1% después de la expulsión. Esta


disminución en lo que se refiere a los hombres como grupo poblacional es

mayor a 31 puntos porcentuales: del 53.6% que estaba dedicado

originalmente a esta actividad, sólo el 22.3% la mantiene en el municipio

receptor.

Siendo en general el desplazamiento un flujo de las zonas rurales a los

centros urbanos, la mano de obra agrícola no encuentra aplicabilidad en el

momento del restablecimiento, lo que agudiza el drama social de estas per-

sonas. Sin embargo la situación resulta mucho más compleja si se considera

que de este modo la economía nacional, en su conjunto, incurre en altísimos

costos de oportunidad: la productividad de estos trabajadores disminuye al

dedicarse a actividades para las cuales no están formados ni cuentan con

ninguna experiencia, y que además, por lo general, están relacionadas con

la economía informal, generando muy poco valor agregado. De este modo

este drama social afecta directamente el producto interno bruto.

En este sentido, otro resultado bastante revelador es el aumento en la

participación de categorías como “Oficios Varios”, que pasa del 12.9% an-

tes, al 19.5 después (6.4 puntos); “Otros Tipos de Ocupación”, con un incre-

mento de (6.3) puntos al pasar del 10.8% al 17.1%; e incluso el aumento en

(3) puntos de la categoría “No sabe/No responde”.

A manera de conclusión

El desarrollo de esta investigación permite concluir que sigue siendo un

reto abordar el tema del cambio de ocupación y de los niveles de ingresos

de la población desplazada una vez ubicada en el municipio receptor. Quizás

en este sentido la mayor limitante corresponda a la capacidad de los sistemas

de información existentes para determinar los cambios en las condiciones

de vida de esta población, ligados a la generación de ingresos.


Sin embargo el análisis realizado permite precisar varias conclusiones al

respecto:

1. Como consecuencia del desplazamiento forzado se han dado

cambios en los roles al interior del hogar. Si bien esta transformación

afecta también a los hombres que dejan de ser el actor productor

por excelencia, quizás es más visible en el grupo poblacional de las

mujeres, dada su necesidad de ocuparse obligatoriamente para

responder por los hijos y demás personas que puedan tener a cargo.

De hecho, se presenta en general un incremento en los hogares

con jefatura femenina.

2. Aunque las condiciones de vida de las familias desplazadas

empeoran dramáticamente como consecuencia del desplazamiento

forzado, es importante tener claro que su situación antes del evento

estaba determinada por altos niveles de pobreza, que agudizan la

vulnerabilidad de esta población.

3. Es la agricultura la actividad económica que registra una disminución

más drástica en relación a la ocupación y a la generación de ingresos

en los tres departamentos estudiados, como consecuencia del

desplazamiento forzado. Este hecho parece confirmarse por el

aumento de las importaciones de productos agrícolas primarios

durante los últimos 15 años.30 Si bien no se puede establecer una

relación de causalidad entre el desplazamiento y esta tendencia,

se convierte en uno de los factores que la van consolidando a lo

largo del tiempo. Este hecho revela que cada vez se está más lejos

de los niveles de seguridad alimentaria, que ya se habían visto

30 Si se toma como referencia el año de 1991 cuando se dio el cambio de modelo hacia la apertura económica, las importacionesde bienes agrícolas básicos, expresados en miles de dólares, pasaron de 225.188 a 1’124.040 en el año 2004. Durante elperiodo de estudio, si bien se da una aguda caída por la crisis de 1999, a partir de ese año se mantiene la misma tendenciaal incremento. http://mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=788&IDCompany=2


afectados por el auge de los cultivos de uso ilícito en ciertas zonas

del país. Así las cosas parece difícil identificar a Colombia con un

país agroexportador, como se lo había caracterizado, aumentando

su dependencia en relación a las actividades extractivas.

En este sentido vale la pena resaltar cómo la coincidencia del cambio

de modelo económico, el recrudecimiento del conflicto armado y la

agudización del desplazamiento forzado, han contribuido a la

“desaparición” de la economía campesina en el territorio nacional. De

hecho en los años 80s aun la economía campesina producía cerca

del 60% de los alimentos que consumían los colombianos; mientras

hoy se importan más de 6 millones de toneladas de alimentos.

4. Tras el abandono del agro, la población desplazada debe refugiarse

en la informalidad, lo que significa que una vez ubicado en el

municipio receptor se presenta una grave pérdida tanto de activos

como de capital humano, lo cual refleja la agudización del

empobrecimiento de las familias desplazadas.

5. Respecto a las condiciones de ocupación es necesario señalar que

la informalidad implica para la población desplazada enfrentar dos

grandes riesgos. El primero tiene que ver con la inestabilidad propia

de esta actividad y que se refleja tanto a nivel de los ingresos como

en la ocupación misma. El segundo se relaciona con las dificultases

de acceso al sistema de seguridad social no sólo para la persona

ocupada, sino también para su familia. Se trata de una población

con altos niveles de vulnerabilidad, dada su exposición permanente

al riesgo, que sufre un ostensible retroceso en sus expectativas de

vida. De allí que sea una población que implica altos costos para la

sociedad y la economía a través de la atención a sus necesidades

y subsidios de sostenimiento.


6. La diversidad que caracteriza las situaciones de la ocupación para

la población desplazada en los tres departamentos estudiados,

refleja las particularidades regionales existentes, que no sólo

corresponden a la evolución armada y del desplazamiento, sino

también a la estructura y dinámica económica departamental. Esto

implica diversas capacidades –o incapacidades- para absorber los

efectos que tiene este fenómeno sobre la economía. En general,

refleja la ausencia de una estructura productiva -perneada por la

globalización de los mercados y los ajustes tecnológicos- demasiado

frágil para asumir estos cambios abruptos en el entramado social y

económico

7. También se puede apreciar en términos generales una disminución

de la productividad de la economía en su conjunto, así como un

bajo nivel de ingresos per capita de las familias en situación de

desplazamiento.

A futuro sería interesante calcular la pérdida de ingresos a que se ve sometida

la población desplazada por el cambio de ocupación en el municipio recep-

tor, de modo que se pudiese cuantificar cuanto le ha costado este proceso

no sólo a los individuos, sino a la economía en su conjunto. En el marco de

este estudio se ha construido un planteamiento metodológico en este sentido,

que no se logra desarrollar por no contar con la totalidad de los datos

necesarios.


2.3 Pérdida de Capital Humano

El capital humano se abordará desde dos perspectivas:

- La perdida (o aumento) de ingreso producido por la población

desplazada y entonces por la economía y la sociedad en general a

causa del desplazamiento.

- La perdida de ingresos por incremento de la deserción escolar;

utilizando un modelo de estimación de los ingresos futuros posibles

como función del nivel escolar alcanzado.

Ingreso perdido por causa del desplazamiento forzado

Cuando ocurre el desplazamiento cada persona pierde entre muchas cosas

relevantes, su ocupación y su red social. La persona desplazada una vez

asentada en el sitio receptor busca en primer lugar un empleo. Es posible

que encuentre la misma ocupación que tenía antes, y entonces logre

aprovechar y explotar mejor sus conocimientos y formación. Puede ocurrir

también, que encuentre una ocupación diferente y entonces se pierda ese

Human Capital ya citado, o que quizás cambiando de ocupación y lugar,

logre ganar más.

Se intenta medir, en términos monetarios, dicha perdida para la economía

colombiana, imputable al desplazamiento forzado.

Se asume que cada victima de desplazamiento pierde una corriente de ingresos

futuros, que crece, considerando el origen rural de la mayor parte de la población

desplazada, según la tasa de crecimiento de la economía agrícola.

Ese mismo individuo, gana un nuevo ingreso debido en una nueva ocupación

en el lugar de asentamiento, que crece esta vez según la tasa de crecimiento

de la economía urbana o de la economía nacional.


La diferencia entre los dos valores descontados es el ingreso perdido o

ganado para la persona desplazada.

Agregamos este valor para toda la población de desplazados. Entonces

el Ingreso perdido por desplazamiento forzado, proxy de la perdida

de Capital Humano es:

tasas de crecimiento de la economía agrícola y de la economía

colombiana respectivamente;

Donde:

tasa de descuento Intertemporal (normalmente con tasade intéres social);

son respectivamente los ingresos estimados que el individuo

percibe por su trabajo considerando las dos profesiones desempeñadas

antes y después del desplazamiento.

Este cálculo se hace congelando la población desplazada, fotografiada en

la muestra de RUT. Considerando que el tiempo promedio que trascurre

entre el evento de la expulsión y el registro en la muestra RUT es de 165

días, pero con una moda de 0 y una mediana de 80 días, es verosímil

pensar que dicho tiempo sea demasiado breve para que el desplazado logre

insertarse en el mercado laboral. Un factor correctivo es necesario.

Perdida de ingreso futuro por deserción escolar

La deserción escolar de la población desplazada es bastante elevada

después del desplazamiento, aproximadamente un 60%. Ver anexo No 2:

Deserción escolar antes y después del desplazamiento .Esta perdida

de formación y la disminución de niveles de atención escolar en la población

desplazada representa una perdida de capital humano.


Utilizando una aplicación del estudio de Jacob Mincer (“Mincer’s earnings

function”, 1974), se busca calcular una estimación del ingreso perdido para

esas personas y para la economía a causa del desplazamiento.

El estudio de los efectos de las inversiones en educación y en formación a

lo largo del ciclo de vida de las personas, ha sido en principio abordado y

profundizado por Becker (1964, 1975) y Mincer (1958, 1962, 1979). Esto

llevó a un modelo econométrico de base empírica que bien explica el ingreso

generado por un individuo llamado Mincer’s earnings function”.

En dicho modelo el ingreso generado w, por una persona con nivel de

escolaridad S y que tiene una experiencia E, función de la edad, puede ser

explicado según la función:

Donde E es el termino de error estadístico de la regresión.

El número de años de atención en la escuela S es una obvia medida del

capital humano mientras los años de experiencia E en el mercado laboral

son vistos como proxy para la formación y las capacidades adquiridas du-

rante el trabajo. Mincer utiliza la transformación: Experiencia igual Edad,

menos Años de escolaridad, menos 6 para capturar la interacción entre la

educación escolar y la experiencia:

Este modelo nos ayuda a capturar la importancia del nivel educativo

alcanzado y la mejor capacidad de generar ingresos futuros.

Los diferentes niveles de ingreso por tipo de ocupación son definidos y

proyectados por el DANE


Se plantean entonces, las siguientes hipótesis:

- La población de los niños, si no hubieran tenido que desplazarse,

habrían alcanzado el nivel de educación promedio de las zonas

rurales e ingresado al mercado laboral a la edad promedio en que

lo hacen las personas en el mercado laboral rural.

- La población de niños que no desertan de la escuela y siguen en

la zonas urbanas receptoras, alcanzan el nivel de educaciónpromedio de las zonas urbanas e ingresan en el mercado laboral

a la edad regular del contexto urbano.

El ingreso perdido por falta de educación adquirida, proxy y monetización

del capital humano perdido por educación escolar no adquirida por la

población de niños desplazados es, según nuestro modelo, una suma de

seis sumandos:


Concluyendo:

Queda por definir como se calcula el valor actual de estos ingresos tabulados.

Dichos ingresos son una fotografía de la capacidad actual, al 2005, de los

individuos, hombres y mujeres, de la zona rural y de la zona urbana. Esta

capacidad, varía año por año según el crecimiento de la economía agrícola

y urbana. En la tabla esos ingresos pueden ser transformados con la tasa

de crecimiento de las dos zonas, en una corriente de ingresos no constante,

que tienen que ser actualizados singularmente a una tasa de descuento

intertemporal. Como se ha dicho la tasa de descuento se calcula con la

tasa de interés social.

Resultados Capital Humano

Para operar los cálculos relativos a los dos índices concebidos con el fin de

medir la perdida de Capital Humano, que se declina en las dos perspectivas

ya descritas en la metodología, dos módulos han sido pensados y

desarrollados por los autores en ambiente Visual Basic y libros Excel para

el manejo de los datos.

Ingreso perdido por causa del desplazamiento

En la base de datos RUT el tipo de cálculo se basa sobre una estima del

ingreso generado por cada persona según la ocupación que los encuestados

declaran. El DANE publica una estima de los ingresos por cada ocupación

y por cada región del País. A cada ocupación se asigna por ende un ingreso

según dicha estima. La última estima disponible es relativa al año 1999.

Los autores la han actualizado con la tasa de inflación a pesos colombianos

de 2005.

Además, de calcular el costo económico del desplazamiento como Capital

Humano perdido, en toda la vida activa de cada individuo en edad para


trabajar, con este mismo módulo, fue posible calcular una estima del ingreso

perdido desde la fecha de llegada en el sitio receptor, hasta hoy, por causa

del desplazamiento.

Se consideran entonces dos horizontes o dimensiones temporales diferentes,

que tienen distintos significados. El índice construido para calcular el Capi-

tal Humano perdido es un resultado que mira hacia adelante, en una palabra

es un calculo prospectivo, basado sobre hipótesis del comportamiento fu-

turo de los agentes económicos; el segundo es un calculo contable y, si no

se consideran los errores de estima y las aproximaciones del caso, es

correcto prescindir de la hipótesis sobre la ocupación futura.

El cálculo está, por su naturaleza, relacionado con el estudio del mercado

laboral, por lo que estas dos secciones tienen que ser consideradas como

complementarias.

El estudio y el cálculo del capital humano perdido, por las hipótesis hechas

sobre la ocupación futura del cada agente económicamente activo de la

población desplazada, está relacionado con las condiciones del mercado

laboral en el momento del registro en el sistema RUT. Una vez fotografiada

esa situación, la vida laboral, o para ser mas precisos, el nivel del ingreso

del agente no cambiará.

Esta hipótesis es más probable cuando transcurre menos tiempo desde el

momento del registro, y menos verosímil en la medida en que pasa el tiempo

y se asume que el agente mantiene la misma ocupación. Sin embargo,

sencillamente es la única hipótesis que queda por hacer, para dar con la

vida futura del agente económico.

Las diferencias en los niveles de precios por bienes de consumo básico

entre las zonas rurales y urbanas, sumado a la perdida de la capacidad de


tener una porción de la producción para el autoconsumo, afectan la seguridad

alimentaria y las condiciones de vida de la población desplazada. Sin em-

bargo, las condiciones del mercado laboral en el cual se inserta el agente,

en particular la dinámica y la capacidad de absorción de nueva mano de

obra en los sectores formal y sobre todo informal, así como, los diferentes

niveles de la tasa de crecimiento de la economía en las zonas rurales y

urbanas (la urbana obviamente superior a la rural), conllevan en general,

como se verifica mas adelante, a un crecimiento del total del ingreso

monetario, generado para el agregado de los agentes laborales de la

población desplazada.

Aún así, esto no se traduce, como explicación de una mejoría de las

condiciones de vida de dicha población. Con el cambio de ocupación se

incrementa la “monetización” de los ingresos de las familias desplazadas,

lo cual no se traduce en una mejoría de sus ingresos reales.

En las tablas se muestra el calculo del valor actual de la corriente de ingresos

futuros que el desplazado hubiera producido si no hubiese tenido que cambiar

de actividad a causa del desplazamiento, agregado para toda la población;

el calculo del valor actual de la corriente de ingresos futuros que el

desplazado produce y producirá desempeñando la nueva actividad en el

tejido urbano, agregado también para toda la población, y el calculo del

ingreso perdido como diferencia de ingreso por la ocupación perdida, menos

el ingreso de la ocupación actual según como se explicó anteriormente.

Un ingreso perdido negativo significa que el individuo genera un ingreso

monetario mayor. Para el cálculo de estos ingresos se debería considerar

la porción del autoconsumo. Sin embargo, a pesar de no contar con este

dato se puede observar que a lo largo del periodo analizado la situación se

deteriora, y el ingreso perdido crece y se vuelve positivo, aun sin considerar

la cuota de autoconsumo.


Los costos financieros corresponden a la perdida de ingresos desde el

momento del desplazamiento de cada individuo. Los costos económicos se

pueden comparar con los costos financieros, gracias al factor de descuento

intertemporal, elegido para actualizar los ingresos futuros. Los parámetros

utilizados para el calculo del ingreso perdido agregado para los tres

departamentos, se encuentran en el cuadro a continuación:

Cuadro No. 25


Cuadro No. 26

Estimación de ingresos por actividad

Con esta información se pueden calcular los costos financieros debido al

cambio de ocupación, como se ilustra en el cuadro siguiente:


Cuadro No. 27

Gráfico No. 52

Comparación entre costos financieros y económicos. Agregado para los

tres departamentos


2.4 Propuesta Metodológica- Índice de Desarrollo Humano (IDH) Corregido por el Desplazamiento

A lo largo de éste documento se ha analizado el problema del

desplazamiento considerándolo como un hecho irrefutable del deterioro

de las condiciones de vida, tanto de la población desplazada como de la

población de los lugares receptores.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha elaborado

una metodología para abordar y medir, el nivel de vida de poblaciones tanto

a nivel internacional, como departamental y de subgrupos. La metodología

se promueve a partir de los años ‘90s y aunque, puede criticarse, se afirmó

como referencia internacional y ha ido consolidándose y estandardizándose.

En este estudio, que pretende medir, entre otros, el impacto del

desplazamiento e indirectamente del conflicto, en el desarrollo humano de

las personas, se adopta dicha metodología aplicándola tanto al subgrupo

de población desplazada como a los departamentos estudiados, e

introduciendo dos índices más que pueden servir para un enfoque mejor

entre la relación desplazamiento e índice de desarrollo humano.

Impacto del conflicto y el desplazamiento sobre eldesarrollo humano: Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Para calcular a nivel municipal el índice de desarrollo humano el PNUD

tiene en cuenta las siguientes variables:

- Longevidad: Medida en función de la esperanza de vida al nacer.

- Nivel educacional: Medida en función de una combinación de la

tasa de alfabetización de adultos (ponderación dos tercios), y la

tasa bruta de matricula combinada de primaria, secundaria y supe-

rior (ponderación un tercio)


- Nivel de vida: medido por el PIB real Per cápita (PPA en dólares)

El PNUD ha establecido valores mínimos y máximos:

- Esperanza de vida al nacer: 25 años y 85 años.

- Alfabetización de adultos: 0% y 100%.

- Tasa bruta de matricula combinada: 0% y 100%.

- PIB real por cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 dólares.

Para cada uno de los componentes del IDH se obtiene un índice aplicando

la siguiente formula general:

Índice:

El índice para el PIB per cápita se construye de la siguiente manera:

Índice de PIB per cápita:

Siendo Y: per cápita.

El IDH es un promedio simple del índice de esperanza de vida, el índice de

nivel educativo y el índice del PIB real per cápita.

Estos datos no se encuentran en el sistema RUT, sin embargo, se pueden

encontrar en la Encuesta de Hogares del DANE y las estadísticas de las

Secretarias Municipales de Educación.

Se propone observar cual es la flexión o mejor la tendencia de este índice

en el periodo 1996 – 2003. Esto nos garantizaría una uniformidad

metodológica con el método PNUD, y hacer importantes comparaciones.


El PNUD – Colombia, en el Informe Nacional de Desarrollo Humano, intro-

duce un índice corregido con un componente adicional: la tasa de homicidios.

Se denomina este tipo de corrección “corrección por violencia”. Estudios

sociológicos en otros países donde la violencia ha explotado repentinamente

( Kosovo y en Ruanda ) durante y después de la explosión del conflicto,

demuestran que en una situación de conflicto, aún la tasa de homicidios, no

directamente ligada al conflicto crece. Esto evidenciaría que el conflicto no

sólo tiene efectos directos en el número de muertos, sino afecta el nivel de

violencia de la sociedad, y el “valor de la vida” tiende a disminuir; se recurre

a la violencia para solucionar disputas de manera más inmediata y directa.

Aunque el conflicto, no estuviera siempre directamente relacionado con el

problema del desplazamiento, este índice es propuesto para caracterizar la

situación colombiana, se retoma entonces la propuesta del PNUD, para

poder hacer comparaciones con los niveles nacionales.

Calculo del IDH corregido por violencia.

Siendo

HOM: Índice de tasa de homicidios

TH: tasa de homicidios (por 100.000 habitantes)

Los valores de TH mínimo y TH Máximo para comparaciones

internacionales son 0 y 85.

Para comparaciones entre departamentos se usa una tasa máxima de

homicidios TH máx.: 20

El índice de desarrollo humano corregido por violencia se calcula como

promedio simple de los cuatro índices:




3. Implicaciones y Recomendaciones

Este trabajo enfocó el problema del desplazamiento forzado desde una

perspectiva estrictamente económica. De este modo, se trató no sólo de

entender, a través de los datos disponibles en el RUT para los tres

departamentos de estudio (Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca), cuáles

son las extremas carencias y la tragedia humana que deben soportar las

victimas del desplazamiento; sino también trascender el enfoque sobre cada

caso particular, para avanzar en una estimación, que así sea aproximada

resulta importante, acerca de los efectos que la economía colombiana en

su conjunto esta soportando y, sobre todo, seguirá enfrentando, por causa

de esta problemática.

Las múltiples cifras reportadas por el estudio revelan con suficiente claridad

una “fotografía” del desplazamiento. Esta problemática afecta a numerosas

familias rurales que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen

para asentarse en las ciudades, engrosando las filas del sector informal,

que caracteriza los centros urbanos de los países que, como Colombia,

tienen un ingreso per cápita medio-bajo.

El proceso reseñado viene a constituir otra severa restricción económica

impuesta a los ajustes económicos rurales. En efecto, durante el periodo de

estudio, la economía campesina se encuentra en un proceso de

recomposición o reestructuración de su dinámica productiva y de

comercialización.

De hecho, luego del cambio de modelo económico en 1991, que significó

un retroceso en rentabilidad y competitividad, el sector agrícola inicia, por

una parte, una tendencia a la especialización en aquellos bienes con acceso

a los mercados nacionales e internacionales; y, por la otra, el tránsito de

cultivos transitorios a cultivos permanentes (como la palma africana o el

banano) mediante la asociación de productores en cadenas productivas.


Estas tendencias conllevan cambios tecnológicos y una nueva visión de la

economía campesina.

De acuerdo con la anterior, la población víctima del desplazamiento forzado

(en los tres departamentos), termina inmersa en un espiral de

empobrecimiento (pérdida de la tierra como activo y salida del nuevo

crecimiento económico que se ha creado) e informalidad económica (como

el circuito en el cual se “inserta” para subsistir en los centros receptores);

que en últimas deriva hacia una población excluida económica, social y

políticamente, con mínimas opciones de rescatar su proyecto de vida y de

agente productivo autónomo.

En este paso del campo a la ciudad, muchas veces (no en todo el período

comprendido por la investigación, ni tampoco uniformemente en los tres

departamentos estudiados), puede aumentar el ingreso monetario percibido

por las familias desplazadas, tratándose también de un fenómeno bastante

difundido en las economías de ingreso per cápita medio-bajo, donde la

economía urbana se encuentra más monetarizada que la rural, por lo que

casi siempre los procesos de urbanización, independiente de sus causas,

traen consigo un crecimiento en los ingresos monetarios percibidos. Sin

embargo, aún en los casos en los cuales el ingreso monetario aumenta (el

estudio muestra que no siempre ni en todos los lugares sucede así), no se

puede considerar que éste corresponda, necesariamente, a un incremento

en el bienestar de las familias desplazadas.

Más bien este incremento se puede explicar por distintas razones. La primera,

tiene que ver con el hecho de que el nivel general de precios en las ciudades

tiende a ser más elevado que en el campo, por lo cual a un eventual

incremento del ingreso monetario se puede asociar también una reducción

del ingreso real. Además se generan cambios en los patrones de consumo

que van a minimizar los supuestos nuevos ingresos.


La segunda razón es la pérdida en los escenarios urbanos de esa importante

posibilidad de sostenerse con la porción para el autoconsumo de su

producción agrícola, por parte de las familias desplazadas. De este modo,

la comparación entre los ingresos monetarios percibidos antes y después

del desplazamiento requiere la valoración de esa porción del autoconsumo

que se pierde.

Una tercera razón se relaciona con el ingreso de las mujeres al mercado

del trabajo, justamente como consecuencia de la disminución de los ingresos

reales al interior de estas familias que implica el paso del campo a la ciudad.

Este hecho que es considerado como positivo, podría no serlo

necesariamente: la feminización del mercado del trabajo es un factor positivo

y de progreso cuando deriva de un aumento de la productividad y en los

ingresos del trabajo masculino, mas no cuando está motivado por la pérdida

del ingreso real del núcleo familiar.

La cuarta razón, por la cual no puede considerarse el aumento en los ingresos

monetarios como una mejora en las condiciones de vida de las familias

desplazadas, corresponde a los elevados niveles de deserción escolar que

se observa en la transición forzosa del campo a la ciudad, como

consecuencia del empobrecimiento real de estas familias. Esta deserción

tiene costos altos para la economía, ya sea desde la distribución del ingreso

o desde la posibilidad de contar a futuro con una mano de obra calificada.

Se ha avanzado hasta aquí en explicaciones que tienen que ver con el nivel

micro y las condiciones de vida de las familias desplazadas. Pero, ¿qué se

puede decir respecto de los efectos sistémicos para la economía en su

conjunto? En este sentido son tres los fenómenos relevantes que emergen

del estudio.

El primero está relacionado con la tenencia de la tierra y el aumento de la


concentración de su propiedad. Como lo revelan los resultados obtenidos, se

presenta un empeoramiento sistemático del índice de Gini durante el período

de estudio, lo que indica una clara tendencia a una ulterior concentración en la

propiedad de este fundamental medio de producción. En este análisis se

descubren las grandes debilidades que enfrenta la definición de los derechos

de propiedad en Colombia, así como la ausencia de mecanismos alternativos

que, vista la dimensión del fenómeno del desplazamiento, busquen garantizar

la protección de los distintos tipos de tenencia. Si bien el análisis alcanza a

estimar los costos de las hectáreas abandonadas por departamento, sería

importante lograr avanzar en una valoración de las pérdidas que generará

este abandono en términos de la productividad agrícola futura, particularmente

cuando se sabe que en Colombia, al igual que en casi todos los países del

mundo, una mayor concentración de la tenencia de la tierra, conlleva a su

menor utilización productiva.

En este sentido vale la pena resaltar cómo esta nueva contra-reforma agraria

implica el reforzamiento en las áreas rurales de las tendencias al cacicazgo

y latifundismo en lo político, económico, social y cultural; evidenciando así

unas prácticas premodernas que persisten en un mundo globalizado,

constituyéndose en la negación del ciudadano como sujeto de derecho.

El segundo efecto del desplazamiento forzado sobre la economía se refiere

a la variación de la distribución de la fuerza de trabajo entre los distintos

sectores productivos como resultado del cambio de ocupación al que se ve

sometida la población después de la expulsión. En este sentido resulta

preocupante corroborar que es la agricultura la actividad que se ve más

afectada por este proceso -lo que tiene implicaciones importantes no sólo

en relación con la generación de ingresos, sino también con los niveles de

seguridad alimentaria que alcanza la población-, mientras que es el sector

informal el que más absorbe el flujo de fuerza de trabajo, aun cuando sea

en un régimen precario de ocupación.


El tercer efecto macro sobre el que vale la pena reflexionar es el de la

reducción de los niveles medios de escolarización, al cual se debe asociar

la reducción del ingreso futuro. De hecho, la magnitud de este fenómeno

respecto a la población desplazada, va a generar mayores costos en materia

de movilidad social, definiendo una sociedad con las oportunidades más

concentradas, donde las víctimas de desplazamiento forzado difícilmente

lograrán superar esta condición, por excluir la posibilidad de empleo en

sectores con mayor valor agregado y que requieren fuerza de trabajo más

calificada, perpetuando así un círculo vicioso de empobrecimiento.

Una lectura política basada en este análisis económico sugiere la necesidad

de que el Estado, como operador público por excelencia, tiene la

responsabilidad de poner en práctica una política social y económica que

actúe para reducir el impacto de estas pérdidas futuras, dedicando mayores

recursos y esfuerzos a la atención de las familias desplazadas en programas

y proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo.

Finalmente, sigue siendo un reto profundizar en el análisis de los

interrogantes que quedan abiertos a partir de esta investigación, de modo

que se puedan mejorar los niveles de información con que se cuenta, para

avanzar en un diagnóstico más integral del problema. Por ejemplo, el

desarrollar un Índice de Desarrollo Humano [IDH] corregido por

desplazamiento, podría ser una herramienta útil en este sentido. Se espera

con esta propuesta contribuir a posteriores desarrollos en torno al problema


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