DERECHO DEL CONSUMIDOR
DERECHO DEL CONSUMIDOR
EL DERECHO DEL CONSUMIDOR EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONALEl establecimiento de la proteccin al consumidor a
travs de los aos est vinculado a la esencial participacin de
diversos grupos de ciudadanos que solicitaron a sus respectivos
gobiernos el tratamiento justo y adecuado de los productos y
servicios ofrecidos por proveedores. Estas actividades se iniciaron
en Estados Unidos y su ejemplo fue repetido en el resto del mundo
logrando as institucionalizar la proteccin al consumidor
mundialmente.Respecto al concepto de Consumidor, este vara en los
diferentes ordenamientos jurdicos, sin embargo, es de tener en
cuenta que la mayora de Estados protege al Consumidor Jurdico, es
decir, aquel consumidor que adquiere los bienes o servicios.
Asimismo se protege al Consumidor Material quien es aquel
consumidor que hace uso de los bienes o servicios
adquiridos.1.-ANTECEDENTES EN EL PERU La proteccin al consumidor en
el Per se inici con la Constitucin de 1979, en cuyo artculo 110 se
sealaba lo siguiente: Artculo 110: El rgimen econmico de la
Repblica se fundamenta en principios de justicia social orientados
a la dignificacin del trabajo como fuente principal de riqueza y
como medio de realizacin de la persona humana. El Estado promueve
el desarrollo econmico y social mediante el incremento de la
produccin y de la productividad, la racional utilizacin de los
recursos, el pleno empleo y la distribucin equitativa del ingreso.
Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la produccin
y defiende el inters de los consumidores.1.1.- Decreto Supremo
036-1983-JUS del 22 de julio de 1983 Normas de Proteccin a los
Consumidores Decreto Supremo emitido en concordancia con el artculo
110 de la Constitucin de 1979. Artculo 4. Para los efectos de este
Decreto Supremo se denominan: Consumidor, a quien mediante contrato
verbal o escrito adquiere bienes, fungibles o no, o a la prestacin
de algn servicio.1.2.-Decreto Legislativo 716 Ley de Proteccin al
consumidorEl 07 de noviembre de 1991 el Congreso promulg el Decreto
Legislativo N 716 que incluy derechos considerados esenciales en
otros Estados y por organismos internacionales. El Decreto
Legislativo 716 marc un punto de quiebre importante para el
desarrollo del mercado al otorgar e instituir un mayor dinamismo a
la figura del consumidor y al establecer un marco normativo
encuadrado dentro de un sistema de libre mercado.1.3.-Artculo 3 del
Decreto Legislativo 716: Literal a) Consumidores o usuarios: Las
personas naturales o jurdicas que adquieren, utilizan o disfrutan
como destinatarios finales productos o servicios. Esta nocin fue
complementada posteriormente mediante la Resolucin 101-96-TDC
emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
Indecopi, con fecha 18 de diciembre de 1996:Se considera como
consumidor o usuario, de acuerdo a lo establecido en el inciso a)
del artculo 3 del Decreto Legislativo 716, a la persona natural o
jurdica que adquiere, utiliza o disfruta un producto o un servicio
para fines personales, familiares o de su entorno social
inmediato.1.4.- La Constitucin Poltica del Per del ao 1993 Instituy
la proteccin al consumidor por medio del artculo 65: Artculo 65: El
estado defiende el inters de los consumidores y usuarios. Para tal
efecto garantiza el derecho a la informacin sobre los bienes y
servicios que se encuentran a su disposicin en el mercado. Asimismo
vela, en particular, por la salud y la seguridad de la
poblacin.
1.4.1.-Sobre el Art. 65 de la C.: Sentencia del Tribunal
Constitucional N. 3315-2004-AA/TC AGUA PURA ROVIC S.A.C.
Entonces la Constitucin Poltica del Per del ao 1993 instituy la
proteccin al consumidor por medio del artculo 65 el mismo que
consider lo establecido por el Decreto Legislativo 716 citado
anteriormente, el Decreto Legislativo 691 (Normas de la publicidad
en defensa del consumidor) y el Decreto Ley 26122 (Ley sobre
represin de la competencia desleal). Luego la nocin de consumidor
fue confirmada por la Resolucin 001-2001-LIN-CPC/INDECOPI 102, y
posteriormente la normativa referida a proteccin al consumidor as
como las precisiones y modificaciones al Decreto Legislativo 716
fueron agrupadas en el Texto nico Ordenado de la Ley de Proteccin
al Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo 039-2000-ITINCI del
11 de diciembre de 2000.Posteriormente, y en correspondencia con el
inters del Estado de proteger a la parte contractual ms dbil,
Indecopi ampli el marco de proteccin ya anteriormente establecido
por la Resolucin 101-96-TDC al incluir a los pequeos empresarios
mediante la Resolucin 422-2004- TDC 103 emitida por la Sala de
Defensa de la Competencia al observar que estos son afectados
tambin por la desigualdad tcnica tpica en el consumidor. Luego el
Indecopi emiti la Resolucin 001-2006- LIN-CPC/Indecopi confirmando
la inclusin del pequeo empresario como objeto de proteccin.En el ao
2008 se emiti el Decreto Legislativo 1045, el cual modific el
concepto de consumidor incluido en el Texto nico Ordenado de la Ley
de Proteccin al Consumidor definindolo de la siguiente maneraa)
Consumidores o usuarios: Las personas naturales que, en la
adquisicin, uso o disfrute de un bien o contratacin de un servicio,
actan en un mbito ajeno a una actividad empresarial o profesional
y, excepcionalmente, a los microempresarios que evidencien una
situacin de asimetra informativa con el proveedor respecto de
aquellos productos o servicios no relacionados con el giro propio
del negocio. La presente ley protege al consumidor que acta con
diligencia ordinaria, de acuerdo a las circunstancias.La definicin
del Decreto Legislativo 1045 se mantuvo en el Decreto Supremo
006-2009-PCM del 30 de enero de 2009. Finalmente, el 02 de
septiembre de 2010 se public la Ley 29571 - Cdigo de Proteccin y
Defensa del Consumidor, con este Cdigo se produce el cambio de
paradigma: se trata al consumidor como una fuerza que impulsa el
mercado, el cual tiene prevalente prioridad el cual define.La
proteccin constitucional al consumidor se enmarca en lo que la
propia Constitucin Poltica del Per ha denominado economa social de
mercado(Artculo 58, Ttulo III, Del Rgimen Econmico); se garantiza
la libre iniciativa privada y se reconoce al Estado un rol
subsidiario; asimismo, las libertades de trabajo, empresa, comercio
e industria (Artculo 59); se reconoce el pluralismo econmico, la
coexistencia de diversas formas de propiedad y empresa y la
actividad empresarial subsidiaria del Estado V(Artculo 60); se
protege la libre competencia (Artculo 61); la libertad de contratar
(Artculo 62); y se reconoce la defensa de los consumidores y
usuarios (Artculo 65).Para el Tribunal Constitucional, el Artculo
65 de la Constitucin prescribe la defensa de los intereses de
consumidores y usuarios desde dos derroteros, como principio rector
para la actuacin del Estado y como derecho subjetivo. El primero es
un postulado destinado a orientar y fundamentar la actuacin del
Estado respecto de cualquier actividad econmica. El segundo
reconoce la facultad de accin efectiva de los consumidores y
usuarios en los casos de trasgresin o desconocimiento de sus
legtimos intereses; es decir, este derecho se manifiesta en una
pretensin frente a los poderes pblicos y rganos estatales y frente
a los particulares.En ese sentido, conforme al art. 65 de la
Constitucin el Estado mantiene dos obligaciones genricas:
garantizar el derecho a la informacin y velar por la salud y
seguridad de las personas en su calidad de consumidores o usuarios.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido que stos no
son los nicos que traducen la real dimensin de la defensa
consagrada en la Constitucin, pues se debe entender que se trata de
un numerus apertus de derechos fundamentales, es decir, no
limitativa. Para ello se recurre al Artculo 3 de la Constitucin que
prev la individualizacin de nuevos derechos fundamentales, en
aplicacin de la teora de los derechos innominados.2.- CRITERIO
JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SUPREMA.2.1.-SALA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE- CORTE SUPREMA CASACIN N
3329-2008/LIMA DEL 19.08.2009 Si bien el artculo 6 del Decreto
Legislativo N 716, establece como () obligacin inexcusable e
ineludible de todo proveedor de bienes o servicios, el otorgar
factura al consumidor en todas las transacciones que realice. Dicha
obligacin no obstante, si bien genera una primera impresin sobre el
hecho de que a todos los consumidores les debe ser otorgada una
factura, no puede ser comprendida en tales trminos corrientes
porque la aplicacin de la Ley de Proteccin al consumidor requiere
de una relacin de consumo entre el prestador del servicio y el
usuario o destinatario final del mismo y porque adems involucra
conceptos tcnicos. En consecuencia, la factura no necesariamente
debe ser otorgada al consumidor final, lo que se ve corroborado por
el hecho de que el consumidor a que refiere la Ley de Proteccin al
Consumidor no necesariamente debe ser el adquirente, sino que puede
serlo quien utiliza o quien disfruta como destinatario final del
producto o servicio, y en el caso quien aparece contratando la
pliza ha sido el Banco Wiese en lo que no existe irregularidad ni
afectacin al actor como consumidor.
2.3.-SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE- CORTE
SUPREMA. CASACIN N 3526-2008/LIMA del 18.05.2010Se considera que el
art. 15 de la Ley de Proteccin al Consumidor, as como todas las
normas establecidas en dicha Ley se encuentran circunscritas en la
figura de un consumidor razonable. Sin embargo, ello no obvia la
responsabilidad de los proveedores de consignar la informacin
necesaria para un uso adecuado de cada producto especfico que se
ofrece, dado que no es racional enfatizar que bajo el concepto de
consumidor razonable deba entenderse que todo consumidor sabe o
tiene la posibilidad de conocer las especificaciones especiales de
cada producto ofertado.
2.4.-SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE- CORTE
SUPREMA. CASACION N 4255-2009/LIMA del 28.09.2010Cuando se analiza
un caso concreto a efectos de verificar la idoneidad del servicio,
se debe contrastar los actos del proveedor con los de un consumidor
razonable el cual tiene como caracterstica principal el de ser
responsable; es decir, aquel que acta con la diligencia ordinaria
buscando informarse del servicio que pretende consumir. En ese
sentido, el proveedor no debe responder en supuestos de
consumidores descuidados, por cuanto se estara elevando los costos
que los proveedores tendran que asumir para cubrir dicho seguro.
Debe leer el consumidor promedio el contrato de seguro que firmar,
y comprende que su relacin con la compaa aseguradora se regular en
base a un contrato y no en base a la publicidad. En ese entendido
se precisa que en un primer momento la denunciante s habra actuado
con la diligencia ordinaria, tal es el hecho que firm la renovacin
del contrato cada ao desde el ao 1996 hasta el 2004; sin embargo,
de los hechos producto de su denuncia se colige que no tuvo la
diligencia necesaria para verificar las condiciones en que se
estaba asegurando, condiciones que no puede ahora pretender sean
cambiadas.
2.5.-SALA CIVIL PERMANENTE - CORTE SUPREMA APELACION N
2145-2009- LIMA del 14.06.2010En el presente caso no se acredit por
el actor que haya sido vctima de un trato discriminatorio por razn
de su opcin sexual, con lo cual no corresponda que exija a
Supermercados Peruanos S.A que acredite la existencia de una causa
objetiva y justificada para la actitud o trato discriminatorio que
se le imputa, tanto ms si las pruebas aportadas del denunciante y
denunciada constituyen pruebas de parte de las personas
involucradas que no otorgan certeza de los hechos ocurridos.
2.6.-SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE- CORTE
SUPREMA. CASACION N 2086-2010/LIMA del 26.04.2011En el caso
particular de los servicios educativos, la Ley nmero 26549, Ley de
los Centros Educativos Privados, modificada por la Ley nmero 27665,
Ley de Proteccin a la Economa Familiar respecto al Pago de
Pensiones en Centros y Programas Educativos Privados, desarrolla y
complementa las disposiciones contenidas en el literal d) del
artculo 5 del Decreto Legislativo nmero 716, Ley de Proteccin al
Consumidor, prohibiendo expresamente que los centros educativos
obliguen a los padres de familia a pagar una o ms pensiones
mensuales adelantadas, a pagar por concepto de cuotas no
autorizadas o a adquirir los uniformes o tiles escolares en
establecimientos sealados con exclusividad por los centros
educativos.
