El documento del espacio Carta Abierta titulado “Políticas de salud para el Proyecto Popular” establece una serie de puntos referidos a diversas cuestiones que deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de políticas públicas sanitarias fuertes desde el Estado, quien debe cumplir tanto el rol de rector y regulador del ámbito de la salud pública.

Esta noción de universalidad se contrapone con las reiteradas propuestas de políticas focalizadas caracterizadas por el subsidio a la demanda, cobertura restringida, asignación normativa de las prestaciones (que confieren un rol pasivo a trabajadores y beneficiarios), medicalización y naturalización de la pobreza. Dichas propuestas son la corporización de programas pensados con una lógica liberal, de Estado conservador y mínimo. Programas que no garantizan la salud como un derecho de ciudadanía, sino que se despliegan como acciones tutelares sobre las clases populares.El Sistema Público de Salud del Proyecto Popular no se dirigirá ni a clientes ni a tutelados, sino a titulares de derechos,  será por lo tanto de acceso universal y gratuito.

Modificar esta ecuación no será posible sin recobrar la soberanía en el financiamiento del sector: será necesario que dependa fundamentalmente del financiamiento público a través de rentas generales, y no de programas de financiamiento internacional sujetos a cláusulas de implementación que aumentan la fragmentación y la competencia, amén de la deuda externa.Es fundamental que la asignación de recursos sea definida en razón de las necesidades a cubrir. Esa evaluación requiere de un sólido sistema de información de base poblacional, y de su uso y discusión en Consejos de Salud territoriales que nucleen comunidades, trabajadores de salud y funcionarios.  

Por último, los encargados de conducir el sistema hablarían de la atomización producto de una organización federal con 24 jurisdicciones heterogéneas, de una autoridad nacional con escasas atribuciones y poder de decisión; dirían que muchos municipios cumplen activos roles en la provisión del servicio y describirían un sistema diferenciado según la fuente de financiamiento en tres subsectores: público, de la seguridad social y privado.

Estas diferentes miradas ayudan a visualizar un modelo fragmentado y mixto, en el que coexisten prácticas asistenciales y de gestión de salud pública y gratuita, con sistemas de seguridad social y prácticas de mercado.

Cuando se analizan los mercados de salud, se visualiza que en ellos rigen la selección adversa, la inelasticidad de la demanda, la información no sólo imperfecta sino fuertemente inducida, y la determinación de la demanda por parte de la oferta. Enormes beneficios para unos  e inequidad en el acceso y la calidad de la atención son su consecuencia inevitable.

Durante más de 60 años se fue conformando en la Argentina un modelo asistencial a partir de las organizaciones sindicales por rama de actividad o lugar de trabajo, que conformaron el subsector de obras sociales.

A la sombra de ese modelo asistencial creció un conjunto de prestadores por lucro conformado en el subsector privado, integrado por prestadores institucionales (clínicas, sanatorios, etc) e individuales (profesionales de la salud ). En los últimos 20 años, montados en las políticas de desregulación de la economía, los seguros previsionales y de salud (obras sociales) y la importación del modelo de atención gerenciada, se incrementó significativamente el número de las entidades de medicina prepaga.

Hecha esta descripción, ¿que significa que el Estado recupere el rol de rector del conjunto del sistema de salud? Significa asumir en todo el territorio nacional el rol de garante y regulador de todas las acciones de los efectores de los distintos sectores y subsectores.

Es así, que para asegurar el derecho universal a la salud en el marco de un sistema mixto, el Estado deberá poner en marcha políticas que le permitan garantizar:

Óptima calidad e integralidad de la atención a la salud en los distintos niveles y sectores

Fiscalización y control por parte de la autoridad sanitaria, de todas las actividades con incidencia sobre la salud.

Un sistema de fijación de normas de calidad de los servicios de salud y los mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento

Coordinación nacional de la red de servicios de salud y los mecanismos de referencia y contrarreferencia.

Favorecer el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles

Promover la unificación de normas y procedimientos de regulación y fiscalización en todas las jurisdicciones y sectores, con adecuaciones regionales y locales. 

Establecimiento de un sistema de información básica y uniforme para toda la organización sanitaria federal.