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ZEE abre oportunidad de financiamiento
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viernes 17 de junio del 2016 nº 7032 $10 eleconomista.mx
una selección de
Fernando Gutiérrezel economista
La promuLgación de la ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) abre una ventana de oportunidades para que más intermediarios finan-cieros en méxico sean sujetos de cré-dito de los bancos de fomento, indi-có Bernardo gonzález rosas, jefe de la unidad de Banca de Desarrollo de
la Secretaría de Hacienda y crédito público (SHcp).
Expresó que la banca de desarro-llo hace una evaluación de las nece-sidades de financiamiento que re-querirán las ZEE para delimitar las líneas de trabajo y que, posiblemen-te, contemplen la participación de más intermediarios financieros.
“Los bancos de desarrollo están trabajando en identificar las necesi-
IntermedIarIos podrán partIcIpar con apoyos de la banca de fomento
ZEE abre oportunidad de financiamiento
Microchatarrización P E R U J O
Se elabora un programa para detonar estos esquemas: bernardo González.
dades de financiamiento que habrá en las Zonas Económicas Especia-les; estaríamos diseñando progra-mas específicos para atender las ne-cesidades que surjan ahí, ya sea de infraestructura, establecimiento de empresas, líneas de factoraje, vi-vienda, etc.”, comentó .
IDENTIFICAR NECESIDADES
reconoció que por el momento no se tiene algo definido, ni de la can-tidad que se podría desembolsar ni de programas ya planeados, pero es una realidad que la banca de desa-rrollo, en alianza con los interme-diarios financieros del país, tiene un área de oportunidad en las regiones que se determine que sean Zonas Económicas Especiales.
“La banca de desarrollo ya está trabajando en la identificación de
La banca de desarrollo evalúa las necesidades de financiamiento que requerirán la Zonas Económicas Especiales y delimita las áreas de trabajo
esas necesidades y la elaboración de un programa”, acotó el funcionario. De acuerdo con el gobierno federal, las Zonas Económicas Especiales son áreas delimitadas geográficamente en donde se establecen condiciones preferenciales, estímulos y facilida-des para consolidar un entorno favo-rable para la inversión.
Según la expectativa del gobier-no federal, como un etapa inicial, se contempla crear las primeras ZEE en chiapas, guerrero, michoacán, oaxaca y Veracruz. posteriormente, estos esquemas se detonarán en Ta-basco y campeche.
Se estima que existen más de 4,000 Zonas Económicas Especiales en el mundo, lo que hace que ten-gan presencia en tres de cada cua-tro países.
presentarán política de inclusión financiera
Redacciónel economista
EL conSEjo nacional de inclusión Financiera (cniF), integrado por autoridades de la Secretaría de Ha-cienda y del Banco de méxico, apro-bó, por primera vez, una política nacional de inclusión financiera que será presentada de manera oficial el próximo 21 de junio por el presiden-te de la república.
a esta medida le dieron luz verde en su sesión del pasado 15 de junio, presidida por el secretario de Ha-cienda y crédito público, Luis Vide-garay caso, que además contó con la presencia del subgobernador del
Banco de méxico, manuel Sánchez gonzález, y miembros del cniF.
La visión de la política es lograr que todos los mexicanos, sin dis-tinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el siste-ma financiero, mediante estrategias concretas y coordinadas adecuada-mente entre los distintos actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad.
La política nacional de inclusión financiera se dará a conocer en el marco del Segundo Foro interna-cional de inclusión Financiera por el presidente Enrique peña nieto.
Fue aprobada por la SHCP, el Banxico y el CNIF
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Lanzó un programa para que la banca nacional otorgue créditos
Habrá crédito para pymes de vivienda: SHF
El Banco Inmobiliario Mexicano será el primero en entrar al esquema propuesto, expresó Cano Vélez.
una selección de
signos vitales
Alberto Aguirre [email protected]
El castigo a los moches
a demás de la Ley 3de3, el nuevo mar-co anticorrupción incluye cambios al Código Penal Federal y a la Ley Orgá-
nica de la PGR. En el Código Penal Federal quedarán in-
cluidos los delitos por hechos de corrupción y la posibilidad de que los servidores públi-cos enfrenten el proceso en prisión preven-tiva, sin derecho a libertad bajo fianza u otro beneficio.
A los responsables de corrupción se les impondrá la pena de destitución y la inha-bilitación para desempeñar cargos públi-cos, así como para participar en adquisicio-nes, servicios u obras públicas, concesiones y aprovechamiento y uso de bienes de do-minio de la Federación, por un plazo de uno a 20 años.
El fuero constitucional no protegerá a go-bernadores, legisladores y/o magistrados, quienes serán susceptibles de la aplicación de este nuevo tipo penal. Cuando los deli-tos sean cometidos por servidores públi-cos electos o cuyo nombramiento esté suje-to a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.
Cuando los delitos sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migra-toria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.
En caso de que el responsable sea parti-cular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público; así como para participar en adqui-siciones de obras públicas.
En la reforma al Código Penal quedará de-finido el delito de abuso de autoridad, en el que podrán incurrir aquellos servidores pú-blicos que obtengan para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remunera-ción de uno o más de sus subalternos, dádi-vas u otros bienes o servicios.
Abuso de autoridad también será puni-ble a los servidores públicos que autoricen o contraten a quien se encuentre inhabilitado.
Y también podrá imputarse a los servido-res públicos que obliguen a un inculpado a declarar, usando la incomunicación, la inti-midación y la tortura. En el caso del perso-nal adscrito a cárceles o centros de arraigo, podrá imputarse a quienes mantengan pri-vada de su libertad a una persona sin cum-plir los requisitos legales o dar parte del he-cho a la autoridad competente.
El delito de coalición de servidores pú-blicos será imputable a aquellos que se coa-liguen para tomar medidas contrarias a una ley, con el fin de impedir o suspender la ad-ministración pública en cualquiera de sus ramas.
Aquel legislador federal que, en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de
Egresos respectivo, gestione o solicite la asig-nación de recursos a favor de un ente públi-co, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contrapres-tación o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas personas fí-sicas o morales, será responsable de cohecho.
Para efectos del enriquecimiento ilícito, se computarán entre los bienes que adquie-ran los servidores públicos o respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtu-vieron por sí mismos.
El uso ilícito de atribuciones y facultades del servidor público será imputado a un ser-vidor público cuando otorgue ilícitamente permisos, licencias, adjudicaciones o auto-rizaciones; contrate deuda o realice coloca-ciones de fondos y valores con recursos pú-blicos. Se le impondrán de seis meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días de multa al particular que, en su carácter de contra-tista, permisionario, asignatario; titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero.
La aprobación del paquete legislativo que normará al nuevo sistema anticorrupción coincide con la entrada en vigor del nue-vo sistema penal. Ambos temas podrían co-rrer la misma suerte, si son asumidos como metas cumplidas y son desplazados entre las prioridades de la agenda pública.
En 72 horas, el nuevo sistema penal debe-rá quedar activado en todo el territorio del país y para todos los delitos, tras ocho años de implementación. En esta etapa, fueron realizados enormes esfuerzos, reconoció el think tank CIDAC, “pero también existieron ausencias y fallas que continuarán presentes después del 18 de junio”.
Para los expertos, el principal reto que afrontan las autoridades federales y estatales radica en evitar que se perpetúen las defi-ciencias del sistema anterior, lo que lesiona-ría de manera irreversible la legitimidad del sistema acusatorio y comprometería su con-solidación, en el mediano y largo plazos.
“De no continuar con un proceso de se-guimiento y evaluación, y de continuar arrastrando las deficiencias existentes, co-rremos el riesgo de que hayamos cambiado para que todo siga igual. No podemos per-mitir mantenernos en el statu quo, necesi-tamos un cambio de fondo que erradique los vicios que aún se conservan del siste-ma anterior para lograr la exigencia de la so-ciedad, de tener una auténtica reforma pe-nal que garantice una justicia de calidad”, advirtieron.
Fernando Gutiérrezel economista
LA SOCIEDAD Hipotecaria Federal (SHF) busca que los pequeños y medianos constructores ten-gan mayor participación en el desarrollo de la vi-vienda del país, por lo que comenzó un programa para que los bancos se atrevan a financiar a este tipo de empresas.
Jesús Alberto Cano Vélez, director general de la SHF, indicó que recientemente el Comité de Crédito del organismo aprobó un esquema don-de se les ofrecerá a los bancos garantías y finan-ciamiento con la intención de que apuesten por los desarrolladores pymes.
“El Comité de Crédito del organismo aprobó que Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) será el primero en entrar en este programa de crédito pyme”, explicó.
“Los bancos que se apeguen a este esquema podrán recibir hasta 30 millones de pesos de fi-nanciamiento y se les garantizará hasta 50% de lo que otorgan a los desarrolladores”, agregó.
Cano Vélez indicó que se busca que los ban-cos pequeños y medianos sean los que se ape-guen a este esquema; sin embargo, también es-tará abierto para bancos grandes, si es que es de su interés.
“Obviamente, los grandes bancos tienen un portafolio determinado (que hace que no finan-cien a pymes), pero queremos inducirlos con es-ta garantía a que entren con los pequeños y me-dianos desarrolladores”, expuso.
DESARROLLADORES
De acuerdo con el organismo, entre 70 y 80% de los desarrolladores del país es pyme y desarrolla aproximadamente 30% de la vivienda en Méxi-co. “Ya hay algunos desarrolladores de vivienda que se han acercado para preguntar por este es-quema”, dijo.
El funcionario informó que para esta primera etapa se tienen disponibles cerca de 800 millo-nes de pesos; no obstante, se busca que existan más recursos tanto de parte del Instituto Nacio-nal del Emprendedor (Inadem) como de la Se-cretaría de Hacienda y Crédito Público.
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