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UN PROPÓSITO NACIONAL

El efecto costo-país en la competitividad de la industria

IntroduccIón

Son múltiples los factores que de-terminan la competitividad inter-nacional de una empresa y de sus productos en los mercados inter-no y externo. En estos, inciden di-versas variables relacionadas con el entorno de los negocios del país en que reside y actúa la firma y varias de esas condiciones no dependen de las decisiones em-presariales; baste citar la tasa de cambio, los niveles de tributación nacional y regional, la infraestruc-tura y el costo y la calidad del su-ministro de energía. También son decisivos la capacidad producti-va y gerencial de la empresa, la ubicación geoestratégica, la cer-tidumbre y estabilidad jurídica, y el acceso a insumos y materias primas, entre otros.

Estos mismos factores son, por lo general, los que analiza una compañía, nueva o existente, en el momento de invertir. Si se ex-cluyen de la ecuación los factores internos de productividad y ges-tión de la empresa, el principal determinante de su posiciona-miento en los mercados interna-cionales es el ambiente de com-petitividad del país en el que está ubicada o pretende ubicarse.

En este contexto, se hace énfasis en el costo relativo de producir en una localización específica, frente a otros lugares del mundo. El costo relativo de una empresa depende de su propia eficiencia, pero más aún de factores ex-ternos a su operación, es decir, del entorno de competitividad en que se desenvuelve.

A manera ilustrativa, en el Gráfico 1 se presenta la distribución de los costos intermedios del sector manufacturero colombiano y de las industrias representadas por ACOPLÁSTICOS.

Como se puede observar, las materias primas, incluidos los empaques, son, en todos los casos, el principal rubro del consumo intermedio. En grupos como hilos y cables aislados o sustancias químicas básicas su participación supera el 90%, en tanto que para otras industrias, con excepción de la tejedura de productos textiles, es alrededor del 80%.

El siguiente componente del cos-to corresponde a energía o con-tratación de servicios de trabajo.

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Sobresale la participación de la energía -tanto eléctrica como de otras fuentes- en industrias como tejedura de productos textiles, fi-bras sintéticas y artificiales y pro-ductos de plástico y de caucho. Por otra parte, resalta el peso de la contratación de servicios labo-rales en los sectores de calzado, otros productos textiles y otros productos químicos.

La reparación y mantenimiento tiene un peso superior a 4% del consumo intermedio en la fabri-cación de productos de caucho y de plástico y en tejedura de productos textiles. En cuanto al transporte, sobresale su impor-tancia en sectores como otros productos químicos y caucho.

En las siguientes secciones, se presentará el diagnóstico relati-

vo y algunas recomendaciones sobre estos y otros costos de las empresas que, en muchos casos, representan brechas de competi-tividad para la industria nacional frente a sus competidores inter-nacionales, tanto en el mercado local como en los externos.

MedIcIones InternacIonales de coMpetItIvIdad

Existen diversas metodologías para medir y comparar el entorno de competitividad de los países. La más citada es la del Reporte Global de Competitividad que anualmente elabora y publica el Foro Económi-co Mundial. Esta medición busca cuantificar la competitividad ge-neral de los países, mediante la agregación de indicadores “du-ros” y variables de percepción.

La metodología de este reporte agrupa, en un solo indicador glo-bal, factores relacionados con: (i) salud y educación primaria, (ii) educación superior y formación, (iii) instituciones, (iv) infraestruc-tura, (v) entorno macroeconómi-co, (vi) tamaño del mercado, (vii) eficiencia en el mercado de bie-nes, (viii) eficiencia en el merca-do laboral, (ix) desarrollo del mer-cado financiero, (x) preparación tecnológica, (xi) sofisticación de negocios, y (xii) innovación.

En el Gráfico 2 se presenta el es-calafón del indicador global de competitividad del Foro Econó-mico Mundial para un conjunto de países en 2014. En los últimos años, la posición de Colombia se ha mantenido relativamente estable. En 2006, se ubicó en el puesto 63 entre 122 países, en 2010 en el 68 entre 139 países, y el año pasado en el 66 entre 144 países, abajo de países como Perú, México, Brasil, Costa Rica y Chile.

El Gráfico 3 muestra la desa-gregación del indicador para Colombia, según ejes o pilares estratégicos. Predominan, en lo positivo, los buenos resultados del país en el indicador de en-torno macroeconómico –en él se destacan la baja inflación, el balance fiscal y la magnitud de la deuda pública-, el tamaño del mercado doméstico y, parcial-mente, la sofisticación de los ne-

Gráfico 1: Distribución de costos de las industrias representadas

Fuente: DANE (EAM), cálculos propios.

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Las temáticas de especial preo-cupación son:

l En instituciones, el mal puntaje del país en el costo del terro-rismo, el crimen organizado y la violencia, la corrupción, y la burocracia de la regulación es-tatal,

l En eficiencia de los mercados laboral y de bienes, por las mediciones relacionadas con las altas tasas de tributación, la competencia en los mer-cados, la relativamente baja apertura al comercio exterior, y los desincentivos de los im-puestos laborales sobre la ge-neración de empleo formal,

l En salud y educación prima-ria, por el limitado acceso y su baja calidad, y

l En infraestructura, por la defi-ciencias y carencias férreas, flu-viales portuarias y en carreteras.

Como complemento al Repor-te Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, se encuentra el Informe “Doing Bu-siness” que elabora y publica anualmente el Banco Mundial. Este estudio mide aspectos más puntuales y operativos del desa-rrollo de los negocios en los paí-ses. Las secciones o temáticas generales que cubre este repor-te son: (i) apertura de un nego-cio, (ii) manejo de permisos de construcción, (iii) obtención de

Gráfico 2: Puesto en el Indicador Global de Competitividad (entre 144 países), 2014

Gráfico 3: Puesto de Colombia en los pilares del Indicador Global de Competitividad (entre 144 países), 2014

Fuente: Foro Económico Mundial

Fuente: Foro Económico Mundial

gocios –relacionada con la canti-dad y calidad de los proveedores locales-.

Por otra parte, los pilares en los que Colombia obtiene los resul-

tados más negativos son: la ca-lidad de las instituciones; la efi-ciencia en el mercado de bienes, salud y educación primaria; la infraestructura y la eficiencia en el mercado laboral.

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electricidad, (iv) registro de pro-piedades, (v) obtención de cré-dito, (vi) protección de los inver-sionistas minoritarios, (vii) pago de impuestos, (viii) comercio transfronterizo, (ix) cumplimiento de contratos, y (x) resolución en procesos de insolvencia.

En el indicador agregado de 2014, Colombia se ubica en una posición destacable, de 23 entre 189 países, y primero entre las principales economías de Améri-ca Latina (ver Gráfico 4). A pesar de este buen resultado, el país puntúa mal en mediciones cla-ves para la competitividad de las empresas. Es de destacar, por ejemplo, las ineficiencias y de-moras en el sistema de justicia del indicador de cumplimiento de contratos, en el que Colom-bia se ubica en la posición 168 de los 189 países. Así mismo, la posición 146 en el pilar de pago de impuestos, debido a las altas tasas impositivas del país y algu-nas demoras de la administra-ción tributaria. De igual manera, las brechas en infraestructura y los tiempos y sobrecostos en trá-mites aduaneros explican el bajo resultado del país en el indicador relacionado con la facilidad de ex-portar e importar (ver Gráfico 5).

tasa de caMbIo

Dada la coyuntura actual de la eco-nomía colombiana, caracterizada

Gráfico 4: Puesto en el Indicador Doing Business (entre 189 países), 2014

Gráfico 5: Puesto de Colombia en los pilares del Informe “Doing Business” (entre 189 países), 2014

Fuente: Banco Mundial “Doing Business”

Fuente: Banco Mundial “Doing Business”

por la reciente devaluación del peso respecto al dólar –luego de varios años de revaluación-, y ante la creciente expectativa por una respuesta amplia e inmediata de las exportaciones de bienes indus-

triales considerados, en general, más competitivos internacional-mente ahora, se estima oportuno anotar lo siguiente frente a esta condición en las tasas de cambio de varios socios comerciales.

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Desde mediados de 2014, el dó-lar estadounidense ha registrado un proceso continuo de fortale-cimiento frente a las demás mo-nedas del mundo. Esto se debe en parte, a la recuperación de la economía de Estados Unidos que, aunque mesurada, superó las expectativas para 2014, con un dinamismo favorable de su demanda interna, baja inflación, recuperación de su mercado la-boral y moderación del ajuste fis-cal. El desempeño de la econo-mía de Estados Unidos en 2014 contrastó con el débil desempe-ño de Europa o el crecimiento negativo de Japón, lo que contri-buye al fortalecimiento del dólar. Adicionalmente, los anuncios de alza de las tasas de interés en Estados Unidos ocasionan una salida de capitales de otros mer-cados, pues los instrumentos de renta fija estadounidenses se vuelven más atractivos y esa expectativa también contribuye al fortalecimiento del dólar. Todo lo anterior ha ocurrido en un con-texto de caída en los precios de productos básicos y del petró-leo, lo que ha llevado a que paí-ses con importante dependencia de las exportaciones energéti-cas, disminuyan sus ingresos de divisas así como la inversión destinada a esos sectores ener-géticos y ello contribuye al au-mento del tipo de cambio.

Esta depreciación de las mone-das tiene un doble efecto: por

un lado, hace más costosos los bienes importados, y por otro, aumenta la competitividad de las exportaciones de un país, lo que puede impulsar a los sectores exportadores. El efecto positivo sobre las ventas externas de bie-nes se da en la medida en que los compradores de otros países necesitan menos dólares para adquirirlos. Lo contrario sucede frente al dólar. De todas mane-ras, la posibilidad de aprovechar el aumento relativo de la compe-titividad de las exportaciones de bienes de un país dependerá de la amplitud y calidad de su oferta exportable y su contenido impor-tado, así como de la dinámica de la demanda externa.

La comparación de las tasas de cambio de las monedas de Co-

lombia, Brasil, Perú, México, Chi-le, los países de la Zona Euro, India, China y Taiwán, cada una frente al dólar de Estados Unidos, muestra que entre junio de 2013 y junio de 2015, el real brasilero es la moneda que más se ha de-valuado (43,21%), seguido por el peso colombiano (33,80%). Por su parte, el peso chileno (25,28%), el peso mexicano (19,48%), el euro (17,11%) y el sol peruano (15,06%) también se han depreciado en el mismo período, pero en niveles inferiores al peso colombiano. La rupia de la India y el nuevo dólar de Taiwán son las monedas de esta observación que menos valor han perdido frente al dólar (9,36% y 3,40% respectivamente), mien-tras el yuan de China de hecho muestra una ligera revaluación en el período (1,07%).

Gráfico 6: Comparación de tasas de cambio de diferentes países frente al dólar (USD$)

Fuente: Bancos Centrales de los países de la muestra. Cálculos propios.

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Con el panorama descrito se de-muestra lo difícil de anticipar los resultados que la devaluación del peso tendrá para el futuro de la actividad productiva en Colom-bia, dada la compleja situación cambiaria y económica, local e internacional, actual.

régIMen trIbutarIo

Uno de los factores que más incide sobre la competitividad relativa de las empresas indus-triales en Colombia frente a sus pares de otros países, son los impuestos. Las reformas tributa-rias más recientes –la última de ellas, la Ley 1739 de 2014- pau-latinamente han incrementado la carga tributaria de las empresas. Esta situación, no sólo ha afecta-do la capacidad de las empresas en Colombia de competir en los mercados internacionales, sino que también ha incidido sobre la inversión extranjera para la activi-dad productiva en el país.

El cambio frecuente en las reglas de juego en materia impositiva, las altas cargas tributarias y las demoras en los trámites ante la administración tributaria y adua-nera afectan la confianza de in-versionistas nacionales y extran-jeros.

En general, las empresas for-males en Colombia enfrentan un esquema tributario comple-

jo y excesivamente oneroso. En el Informe Doing Business 2015 elaborado por el Banco Mundial y PriceWaterhouseCoopers, Co-lombia se ubica en el puesto 183 entre 189 países en el indicador que cuantifica el peso del mon-to pagado por las empresas por todos los impuestos sobre su uti-lidad operativa.

Como lo muestra el Gráfico 7, la carga del pago de todos los im-puestos sobre los resultados de las empresas es, en Colombia, uno de los más altos del mundo, sólo superado, entre la muestra de países representativos selec-cionados, por Argentina. La tasa efectiva de tributación estimada por este estudio del Banco Mun-dial es de 75%.

Un estudio similar de la Andi en-cuentra, por su parte, con base en

una encuesta realizada a 253 em-presas de diversos sectores eco-nómicos, que la tasa de tributa-ción efectiva, como porcentaje de las utilidades, en Colombia, es de 68,1% y la de la industria de 77,2%.

Uno de los componentes de la carga impositiva que, compara-tivamente, más deteriora la com-petitividad de las empresas del país frente a sus pares interna-cionales, es el impuesto de ren-ta. Como se refleja en el Gráfico 7, con la última reforma tributaria –que incrementó en un punto el impuesto a la renta sobre la equi-dad CREE, que queda en 9%, y creó, para el período 2015-2018, la sobretasa al CREE, que llega también a 9% en su último año-, la tarifa al impuesto de renta en Colombia quedaría en 43%, por encima de todos los países de la muestra.

Gráfico 7: Tarifa del impuesto de renta (izquierda) / Pago de im-puestos obligatorios como porcentaje de la utilidad operacional, 2014

Fuente: Banco Mundial “Doing Business”.

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Las altas tarifas, aunadas a las diversas figuras impositivas del régimen tributario ahuyentan la inversión y limitan la capacidad de las empresas de hacer nego-cios en el país. Entre los gravá-menes que asumen las empre-sas en Colombia, se encuentran los impuestos de: renta, CREE, IVA en la adquisición de activos fi-jos, IVA que constituye gasto, patri-monio, ICA, movimientos financie-ros (4x1000), aranceles, publicidad exterior visual, gasolina, ACPM, predial, gravámenes específicos del sector, contribución a las su-perintendencias, delineamiento urbano, ganancias ocasionales, estampillas, alumbrado público, consumo nacional, consumo te-rritorial, vehículos, registro, contri-bución de valorización, aportes a seguridad social y parafiscales.

En adición a la gran cantidad y dispersión de modalidades y ta-rifas, existen diversas interpre-taciones sobre términos como sujeto pasivo y base gravable, en los impuestos territoriales. Así, resulta muy complejo para una empresa con operación en dis-tintos municipios del país ajus-tarse a la normatividad tributaria de cada territorio. Esta situación también dificulta las decisiones de inversión de empresas intere-sadas en apostarle a Colombia.

El diagnóstico anterior presenta coincidencias con lo planteado por la OCDE en el informe publi-

cado en 2015 “Colombia: políti-cas prioritarias para un desarrollo inclusivo”. El régimen tributario colombiano debe partir de unos principios y propósitos sobre los cuales se fundamenten las reco-mendaciones para mejorar su eficiencia e impacto en el tiempo. Se proponen los siguientes:

l Ampliar la base de contribu-yentes. En una sociedad ci-vilizada, todas las personas –naturales y jurídicas- deben aportar, mediante el pago de impuestos, al funcionamien-to y la operación del Estado. Esto no sólo genera sentido de pertenencia, sino también motivación en los ciudadanos para ejercer sus derechos y deberes. En el régimen tribu-tario colombiano, la carga de impuestos recae sobre unos pocos.

l Simplificar el sistema. El siste-ma tributario colombiano –que incluye diversos beneficios, complejos esquemas de reco-nocimiento de costos y gastos y diversidad de tarifas y le-gislaciones- es cada vez más complejo. En aras a generar confianza en el país y promo-ver la inversión y el desarrollo productivo, resulta fundamen-tal simplificar el régimen tribu-tario colombiano.

l Establecer una carga tributaria competitiva. En una economía dinámica y globalizada, como

lo es cada vez más la colom-biana, el régimen tributario cumple un papel central en la competitividad, en la toma de decisiones de inversión, y, por consiguiente, en el desarro-llo económico sostenible del país. La prioridad de la próxi-ma reforma debe ser reducir la tasa efectiva de tributación de las empresas, que son, en últimas, las que generan em-pleo, ingresos y bienestar. Un sistema tarifario competitivo propicia la inversión nacional y extranjera, lo que permite mo-dernizar el aparato productivo nacional y promover empleo de calidad. Por el contrario, un régimen excesivamente one-roso implica unas brechas de competitividad a las empre-sas establecidas en Colombia frente a sus pares del exterior. Es equivocado pensar que las tarifas más bajas y un régimen más sencillo significan por sí mismos un menor recaudo.

l Eliminar los impuestos anti-técnicos. Impuestos como el del patrimonio-riqueza o el de los movimientos financieros generan distorsiones sobre el funcionamiento de los mer-cados. El del patrimonio, por ejemplo, puede significar in-cluso la quiebra, para una em-presa consolidada que arroje pérdidas durante una vigencia, y el de los movimientos finan-cieros, no sólo frena la banca-

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rización, sino también propicia la informalidad y la evasión.

l Evitar la doble tributación. La mezcla de impuestos como los de renta y de dividendos generan situaciones en que se paga dos veces un impuesto por una misma causación y sobre unos mismos recursos.

l Cumplir las obligaciones fis-cales del Estado con los con-tribuyentes. En las situaciones de saldos a favor o derechos de devolución de las empresas se debe garantizar el trámite expedito, bajo los plazos esta-blecidos, y reconocer intereses a la empresa en los casos en que estos plazos se excedan. También se debe facilitar la compensación de las obliga-ciones tributarias de las em-presas con sus saldos a favor.

Con estos lineamientos como derrotero, es preciso definir ac-ciones para mejorar el régimen tributario colombiano, máxime ante la difícil situación actual de la economía y las apremiantes necesidades del país. Para ello, se aportan las siguientes reco-mendaciones:

l Permitir que los 16 puntos de IVA pagados por la compra de activos fijos productivos sean descontables en su totalidad, así sea durante varios perío-dos. Adicionalmente, se pro-pone que este beneficio apli-

que, no sólo para las empresas industriales y de servicios, sino también para los sectores de comercio y agricultura.

l Reactivar, por un determina-do tiempo, la deducción del impuesto de renta del 40% de las inversiones en activos fijos productivos.

l Revisar la tributación por servi-cios prestados entre empresas de los grupos económicos que invierten en el exterior. Actual-mente, el descuento tributario por impuestos pagados en el exterior sólo aplica sobre ren-tas de fuente extranjera. A la empresa colombiana le prac-tican, en muchos países, una retención sobre el ingreso bru-to –independiente de que sea renta de fuente nacional o ex-tranjera- y en Colombia puede descontar únicamente hasta el límite del impuesto que deba pagar el contribuyente por esa renta en Colombia –siempre que sea renta de fuente extran-jera- lo que lleva a un pago de una retención no recuperable.

l Establecer un impuesto único a la renta de 25%.

l Eliminar el impuesto a la rique-za a partir de 2016.

l Eliminar, a partir de 2016, el gravamen a los movimientos financieros.

l Eliminar la parafiscalidad de las Cajas de Compensación

Familiar y transferir su fuente de financiación al presupuesto nacional.

l Unificar las interpretaciones normativas oficiales de la DIAN para el reconocimiento de tran-sacciones que constituyen gas-tos. Actualmente, esa entidad desconoce gastos importantes, lo cual eleva la carga del im-puesto de renta.

l Eliminar la renta presuntiva (artí-culo 188 del Estatuto Tributario).

l Bajar a la mitad los tiempos que se toma la DIAN para la devolución de los saldos a fa-vor de los impuestos de IVA y renta, dado el plazo máximo establecido de 50 días. Es fun-damental también asegurar el pago a las empresas de los intereses sobre el monto a fa-vor a partir del vencimiento del término de 50 días, tal como se estipula en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario. Para cumplir lo anterior, se re-quiere mejorar los sistemas electrónicos de devolución que se han implementado re-cientemente en la DIAN.

l Formalizar el proceso de de-volución a través, por ejemplo, de la unificación de criterios entre seccionales de la DIAN, y de la aplicación extensiva de la facturación electrónica en el país. Se pueden revisar mode-los como los disponibles en Chile y Perú.

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l Disminuir la tasa de retención en la fuente a 2% para reducir las devoluciones por el pago del impuesto de renta y otros tributos. Con menores devolu-ciones, la DIAN podrá dedicar más tiempo y número de fun-cionarios a las labores de fis-calización.

l Aplicar a escala nacional las buenas prácticas de gestión de devoluciones de las seccio-nales de la DIAN que presen-ten buenos resultados. El caso de Medellín sobresale como un ejemplo a replicar.

l Ampliar la base de contribu-yentes del impuesto de renta y el IVA, por ejemplo, a través de un único tributo para peque-ños contribuyentes.

l Simplificar la estructura del IVA, eliminar los regímenes y tarifas especiales a bienes no esenciales, y ampliar la tarifa en uno o dos puntos porcen-tuales.

l Fortalecer el presupuesto y las actividades para reducir la evasión y elusión de impues-tos, el contrabando y la infor-malidad. La diversidad en los sistemas de recaudo de las administraciones territoriales –por ejemplo en auto retención o periodicidad de pago- gene-ra dificultades para empresas con operaciones en diversos lugares del territorio. Adicional-

mente, la delimitación espacial aludida como determinante del sujeto activo del tributo plantea grandes dificultades, lo cual, en ocasiones puede llevar a problemas de territo-rialidad y doble tributación.

l Unificar los criterios de recau-do y los requisitos administrati-vos locales para el pago de los impuestos territoriales.

l Evaluar la posibilidad de per-mitir causar y declarar el im-puesto de renta en los Gru-pos Empresariales de forma consolidada. Este mecanismo –que es utilizado en países de la OCDE- permite que las empresas colombianas que forman parte de un grupo em-presarial presenten una única declaración a través de la ma-triz. Esto simplificaría el proce-so de consolidación de infor-mación tributaria, y permitiría un mejor aprovechamiento de las ventajas fiscales.

l Asignar, en una entidad exter-na a la DIAN, la interpretación de las normas tributarias. Ac-tualmente, esta entidad emite normas, las interpreta y las audita. Con el fin de garantizar una función más transparen-te, resultaría pertinente que la DIAN sólo se encargara de las actividades de control.

l Revisar y ajustar lo relativo a los cambios derivados de la

transición de las Normas Con-tables Colombianas a las Nor-mas Internacionales de Infor-mación Financiera (NIIF).

energía y gas

El peso de la electricidad, el gas y otros energéticos representa, en muchos sectores, un com-ponente considerable de la es-tructura de costos. En el sector manufacturero, en general, este factor puede representar el 3,8% de los costos totales, en tanto que en industrias representadas por ACOPLÁSTICOS, como los casos de productos de caucho, de plástico, tejedura de produc-tos textiles, y fabricación de fi-bras sintéticas y artificiales, las participaciones llegan al 6,0%, 6,7%, 12,1% y 12,7%, respectiva-mente (ver Gráfico 8).

Dada la importancia de la ener-gía en la estructura de costos de las empresas de las industrias de plástico, química, petroquímica, caucho, pinturas, tintas y fibras, es importante analizar los pre-cios de la energía en varios paí-ses competidores y proponer re-comendaciones para reducir los de Colombia, que son más altos.

La información de precios com-parativos, se presenta en el Grá-fico 9. Las cifras del gráfico co-rresponden al primer trimestre de 2015, con lo cual se asume

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la devaluación reciente del peso colombiano.

Del gráfico se puede concluir que Colombia tiene una tarifa de energía superior a Perú, Bra-sil, Ecuador, Chile y Argentina. Además, del estudio de costos comparativos de empresas de las industrias representadas que cuentan con plantas en diversos países, se encuentra que los precios reales de la energía en Colombia, para un mismo tipo de planta, son aproximadamen-te 10% más altos que en Perú y 35% superiores a los de Ecuador.

En el caso particular de los cos-tos energéticos, se culminó en 2013 la “Consultoría sobre la competitividad en la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica”. Este informe indepen-diente incluye 30 recomendacio-nes que parten de una perspec-tiva de cadena, y que podrían traducirse en un menor costo de energía, y, simultáneamente, garantizar las condiciones de sostenibilidad de cada eslabón y del servicio. A continuación, se presentan las recomendaciones del estudio que ACOPLÁSTICOS considera como de mayor tras-cendencia y efecto en el corto y mediano plazo, para la industria manufacturera colombiana:

l Reducir las tasas de remune-ración de las actividades de transmisión y distribución de electricidad a valores entre 8%

Gráfico 8: Participación de la energía eléctrica y otros energéticos en los costos intermedios, %, 2013

Gráfico 9: Precios de energía a usuarios industriales con consumo superior a 500.000 kWh/mes, 2015

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú, tomado de ANDI

Fuente: DANE (EAM). *Incluye diesel oil-acpm, fuel oil, gasolina, kerosene, gas natural, propano, entre otros.

y 9%, y equiparar las tarifas de los demás componentes (especialmente de comerciali-zación) según los estándares de países competidores como

Perú, Chile, Brasil, Ecuador o Estados Unidos.

l Disponer que el beneficio de la exención de la contribución del 20% se aplique de forma auto-

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mática a todos los consumido-res clasificados como indus-triales, según el código CIIU (incluyendo también a empre-sas manufactureras ubicadas en zonas francas).

l Promover la aplicación de la norma que permite la venta de excedentes de los autoge-neradores al sistema de ener-gía eléctrica. Mediante la Ley 1715 de 2014, reglamentada mediante el Decreto 2469 de 2014, se abrió la posibilidad a autogeneradores de vender sus excedentes a través de la Red Nacional. Además de lo anterior, es necesario que los generadores puedan vender su energía directamente a otros usuarios industriales, y que se ajuste la Resolución CREG 024 de 2015 para que los cargos de distribución y transporte por respaldo de la red no sean obligatorios sino opcionales y por disponibilidad.

l Reducir los límites de consu-mo de energía para el cambio del nivel de tensión, para así facilitar a los usuarios conec-tarse a redes de mayor volta-je y, por esta vía, mejorar sus tarifas de energía. En caso de usuarios que accedan a cam-bios de nivel de tensión, no se les deberá cobrar costos adi-cionales por el cambio.

l Poner en marcha el esquema de tarifas horarias, tanto para ge-

neración como para los compo-nentes de transporte y distribu-ción de energía. Este esquema aplicaría en ambos mercados, regulado y no regulado.

l Fortalecer la coordinación ins-titucional y el esquema regula-torio para asegurar la ejecución oportuna de los proyectos de expansión en generación de energía. Para ello, se requiere, entre otros, facilitar los proce-sos de licenciamiento y revisión de las licencias de los principa-les proyectos del sector (ejem-plo: consultas previas).

l Fijar un término para la implan-tación de un mercado de con-tratos de largo plazo estan-darizados, con participación obligatoria para la demanda regulada y participación libre para la no regulada.

l Continuar con el estableci-miento de una política cohe-rente de abastecimiento de gas para las plantas térmicas y eliminar temporalmente los impuestos a los combustibles líquidos para estos agentes. Adicionalmente, se requiere evitar que se genere alta volati-lidad de precios en las situacio-nes en que entren a operar las plantas térmicas. Por ejemplo, resultaría conveniente facilitar el acceso al gas natural que se está exportando actualmente a Venezuela a las plantas de ge-neración térmica a gas natural.

l Poner en práctica programas como el del BID-Bancóldex para el financiamiento de au-ditorías energéticas y la adop-ción de medidas de eficiencia energética en las industrias, y ampliar el alcance de los bene-ficios tributarios para proyec-tos de eficiencia energética.

l Introducir ajustes al cargo por confiabilidad para disminuir sobrecostos atribuibles a la sobreestimación de la deman-da objetivo, y revisar el cam-bio de fuente de financiación de los Fondos FAZNI, FAER, FOES y PRONE.

régIMen laboral

El pago de salarios y beneficios a personal permanente y tem-poral es un elemento central en la estructura de costos de las empresas. Según se evidencia en el Gráfico 10, el pago de nó-mina representa un porcentaje muy significativo de los costos intermedios de las empresas del sector manufacturero, y de las industrias de plástico, química, petroquímica, pinturas, tintas, fi-bras y caucho representadas por ACOPLÁSTICOS. Sobresale, por ejemplo, la alta intensidad del factor trabajo en industrias como calzado, tejedura de productos textiles y fabricación de produc-tos de caucho.

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Una parte sustancial de los cos-tos laborales que pagan las em-presas a sus trabajadores corres-ponde a los costos no salariales, los cuales se han ido incluyendo en la legislación laboral a lo largo de las últimas décadas. Como se muestra en el Gráfico 11, en 2014, los sobrecostos a la nómina de los empleados que asumen las empresas son significativos.

En términos generales, los so-brecostos a la nómina en Colom-bia, frente a los de los países de referencia, son altos. Según el in-forme Doing Business del Banco Mundial, los impuestos atados al salario, en Colombia tienen una tarifa agregada promedio de 26%, en Chile de 3%, en Perú de 10%, en Ecuador de 12%, y en Estados Unidos de 13%.

A manera de ejemplo, los sobre-costos para trabajadores que devenguen entre uno y dos sa-larios mínimos legales mensua-les vigentes (SMLMV), suman entre 59,7% y 68,0% del salario, dependiendo del nivel de riesgo en la ARP. El sobrecargo total a la nómina corresponde a vaca-ciones (4,2% del salario), prima de servicios (9,3%), cesantías (9,3%), intereses sobre cesan-tías (1,1%), aportes al sistema de pensiones (12% a cargo del empleador), aportes a la ARP (mínimo 0,35%, máximo 8,7%), auxilio de transporte (11,6% para 1 smlmv), dotaciones (7,8% para

Gráfico 10: Pago de personal permanente y temporal en las empresas como porcentaje de la producción total, 2012

Gráfico 11: Estructura de costos laborales no salariales para un SMLMV, 2014

Fuente: OIT. *Toma el valor inicial de 1,044% que corresponde al nivel de riesgo II, que incluye industrias como textil y confecciones, algunas actividades agrícolas, almacenes por departamento, entre otros.

Fuente: DANE. Cálculos propios.

1 SMLMV), y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar (4% del salario neto).

Como se evidencia en el gráfi-co anterior, la reforma tributaria

de 2012 (Ley 1607) significó un avance positivo en la reducción de los sobrecostos atados a la nómina. Los resultados prelimi-nares de esta Ley son favorables, especialmente en cuanto a la re-

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ducción en los índices de infor-malidad laboral.

Una de las sobrecargas labora-les que es necesario abordar, es el costo derivado de las incapaci-dades y las reubicaciones. Como se muestra en el Gráfico 12, las incapacidades y otro tipo de au-sencias al trabajo constituyen una carga importante para las empresas. Así mismo, las em-presas, especialmente de las in-dustrias representadas, asumen un alto costo por los trabajado-res que, por condiciones médi-cas, deben limitar sus funciones o ser reubicados a otros puestos de trabajo.

En relación con el costo asumido por las empresas por incapacida-des, es de resaltar la expedición del Decreto 2943 de 2013 que

reduce de tres a dos el número de días a cargo de las empresas por incapacidades por enferme-dad general, y el posterior anun-cio en el PIPE 2.0 de 2015 de una reducción adicional a un día.

Flexibilizar la regulación del mer-cado laboral significa, no sólo menores costos relativos para las empresas frente a sus com-petidores sino, especialmen-te, mejores condiciones para la generación de empleo y, en consecuencia, la reducción de los índices de desempleo en el país. Para ello, se proponen las siguientes recomendaciones:

l Eliminar la parafiscalidad de las Cajas de Compensación Familiar y transferir su fuente de financiación al Presupuesto Nacional. Los resultados posi-

tivos preliminares analizados de la eliminación de la para-fiscalidad del ICBF y el SENA –incluidos en la Reforma Tribu-taria de 2012-, indican que un ajuste similar en los aportes a las Cajas también tendría un impacto positivo. Esto implica mayores ingresos tributarios por la vía de la formalización empresarial y laboral. Por ello, no se considera necesario contrarrestar esta medida con impuestos adicionales que perjudiquen la competitividad de las empresas.

l Evitar la adopción de reformas laborales que aumenten aún más las brechas de competi-tividad de las industrias nacio-nales frente a la competencia externa, en aspectos como aumento de horas extra, incre-mento de recargos por hora-rios extendidos o dominicales y festivos, cambios en la jorna-da laboral, nuevas o aumento de licencias remuneradas, en-tre otros.

l Definir con mayor claridad el ingreso base de cotización de los trabajadores para el pago de las obligaciones de seguri-dad social y parafiscales, para facilitar el ejercicio de vigilan-cia de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, y así re-ducir la cantidad de inconsis-tencias y penalizaciones a las empresas.

Gráfico 12: Participación de los costos por incapacidades y licencias (salarios y otros costos) en el valor total de nómina

(izquierda) / Porcentaje de trabajadores en la empresa con restricciones médicas o reubicaciones (derecha), 2014

Fuente: Encuesta Acoplásticos-Andi-Consejo Gremial Nacional.

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l Disminuir el plazo de reconoci-miento de las pensiones con el propósito de evitar sobrecos-tos por doble contratación de personal durante el trámite.

l Establecer mecanismos para garantizar un uso eficiente de las diversas figuras de contra-tación, por ejemplo de trabajo temporal e indirecto, a través de una mayor supervisión a las cooperativas de trabajo asociado y a las empresas de servicios temporales. La terce-rización laboral, si bien debe ser censurada en casos en que se utilice para evitar cum-plir con obligaciones con los trabajadores, sí es una figura que, utilizada adecuadamen-te, constituye una herramienta flexible muy útil para las em-presas, en especial en secto-res con patrones cambiantes de demanda y oferta.

l Reducir los costos de despi-do, y aplicar y unificar la juris-prudencia para generar mayor claridad sobre las situaciones de hecho que constituyen despidos por justa causa. En la actualidad, dentro de las causales de despido por justa causa contempladas en el Ar-tículo 62 del Código Sustanti-vo del Trabajo, se encuentran situaciones que son difíciles de comprobar, lo que lleva al empleador a asumir los cos-tos de despido sin justa causa

(Consejo Privado de Competi-tividad, 2013).

l Reducir el impacto y los cos-tos en las empresas de los casos de incapacidades y reubicaciones laborales, me-diante las siguientes acciones: (i) eliminar completamente los días a cargo de las empresas por incapacidades por enfer-medad general, (ii) eliminar las barreras existentes para el despido –con justa causa- de personas en situación de estabilidad laboral reforzada, (iii) reducir demoras y excesi-va tramitología de las EPS en recobros, asignación de citas, exámenes, diagnósticos y pro-cedimientos, para trabajado-res con dificultades médicas, (iv) establecer mecanismos para que los trabajadores soli-citen, a los especialistas, citas vía electrónica, (v) reglamentar el protocolo y obligación de pago (EPS, ARL o AFP) para incapacidades de más de 180 días, (vi) crear registros de in-formación públicos de casos y gestión de incapacidades en las EPS y ARL, con el objetivo de hacer comparativos, segui-miento de pacientes con múl-tiples casos de incapacidades para su tratamiento, etc., y (vii) ofrecer programas gratuitos del Sena a trabajadores que deben ser reubicados o que tienen restricciones médicas para desarrollar su trabajo.

transporte y logístIca

La compleja geografía colombia-na, la distancia de los principa-les centros de producción a los puertos y el rezago de décadas en la construcción de obras de infraestructura, son algunas de las razones por las cuales los costos de infraestructura y logís-tica han sido históricamente un cuello de botella para las empre-sas del país, más aún para las de vocación exportadora.

A pesar de los avances recientes, los tiempos y costos de transpor-te y logística en Colombia son comparativamente altos. Como se puede analizar del Gráfico 13, los trámites en aduanas y puer-tos –incluyendo preparación de documentos, paso por aduanas, inspecciones y trámites en puer-tos y terminales-, tienen un costo promedio por contenedor supe-rior a países competidores como México, Chile y Perú.

Así mismo, según se evidencia en el gráfico de la derecha, para distancias similares, el costo de transporte terrestre en Colombia, es sustancialmente más alto que en países como México y Esta-dos Unidos.

Recientemente, se ha eviden-ciado un renovado compromiso por modernizar y restructurar la infraestructura del país. A través de las concesiones de cuarta

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generación –que ya se están eje-cutando y que suman inversio-nes por cerca de 47 billones de pesos hasta 2020-, el proyecto de navegabilidad del Río Magda-lena –con una inversión cercana a 2,5 billones de pesos-, y las obras en puertos y aeropuertos en el territorio, se prevé, para la próxima década, una importante transformación de la infraestruc-tura de transporte del país.

Actualmente los costos de in-fraestructura y logística represen-tan una brecha de competitividad para las empresas de Colombia frente a sus competidores in-ternacionales. Empresas de las industrias representadas por ACOPLÁSTICOS encuentran, por ejemplo, que los costos de trans-

portar de la planta al puerto, un contenedor de 40 pies, pueden llegar a representar un sobrecos-to de entre 180% y 250% frente a Ecuador y de entre 350% y 460% frente a Perú. Parte de este so-brecosto se debe a la diferencia en las distancias, pero en buena medida a demoras ocasionadas, por ejemplo, por falta de dobles calzadas, demoras en peajes y limitaciones horarias de circula-ción por las vías. A modo ilustra-tivo y para sustentar este punto, se encuentra que en el indicador de calidad de carreteras del Re-porte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia se ubica en la posición 126 entre 144 países, y en el de la calidad general de la infraes-tructura en la posición 108.

En materia de infraestructura, se proponen las siguientes reco-mendaciones:

l Mejorar la infraestructura vial del país y su operatividad: (i) acelerar la ejecución de los co-rredores de comercio exterior y el adecuado mantenimiento de la red vial, (ii) crear gerencias de corredores para la opera-ción de algunas vías estratégi-cas, (iii) priorizar el desarrollo de proyectos de intermodali-dad como la navegabilidad del Río Magdalena –con la infraes-tructura y desarrollo empresa-rial complementarios-, y los sistemas férreos -transición de trocha angosta a trocha an-cha, interconexión entre siste-mas ferroviarios del país-, (iv) elaborar y poner en marcha una política para promover el transporte multimodal, (v) re-novar el parque automotor de carga a través de la reducción de la vida útil de los camio-nes a 15 años, y la adecuada ejecución de los recursos del fondo de chatarrización, (vi) asegurar la coordinación con los POT y desarrollar obras en ciudades para facilitar el in-greso y la descarga rápida de contenedores en las grandes urbes, y (vii) promover un ma-yor uso de las tecnologías de información y comunicación en empresas de transporte de carga, peajes, sistemas de pe-saje, entre otros.

Gráfico 13: Costo de exportar* (US$ por contenedor) sin incluir el transporte interno, 2014 (izquierdo) / Costo promedio de fletes para trayectos similares en Colombia, México y Estados

Unidos, 2012 (derecho)

Fuente: Banco Mundial (Doing Business), Andi. *Incluye preparación de documentos, paso por aduanas e inspecciones, y trámites en puertos y terminales.

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l Fortalecer el sistema de per-filamiento y análisis de riesgo en puertos para facilitar las exportaciones: (i) diseñar un Sistema de Perfilamiento de Inspecciones -anterior al arri-bo de la carga-, con indicado-res de gestión, para reducir, a pocos casos, la discrecionali-dad de los funcionarios de las seccionales de la DIAN en las decisiones de inspección de contenedores, y (ii) desarrollar controles del ICA e Invima en instalaciones empresariales, cultivos y plantas para evitar congestiones en las aduanas y puertos.

l Fortalecer el papel de los ob-servadores aduaneros. Es im-portante que los observadores tengan acceso a información de las aduanas, que, con base en esta información y en sus investigaciones, presenten in-formes periódicos a la DIAN, y que esta entidad analice la información presentada por ellos y actúe en consecuencia.

l Mejorar la compatibilidad entre los sistemas de información de las aduanas y los puertos, aeropuertos y pasos de fron-tera: (i) asegurar la interope-rabilidad de los sistemas de información de las sociedades portuarias y aduaneras, con el Muisca de la DIAN, (ii) buscar compatibilidad entre los sis-temas de información adua-

neros al interior de Colombia y los utilizados en países de referencia –especialmente aquellos con los que Colom-bia ha implementado acuer-dos comerciales-, y asegurar su consistencia con el modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas, y (iii) eli-minar, para los casos en que se presente la documentación por vía electrónica, la obligato-riedad de entregar documen-tos físicos en los procesos portuarios y aduaneros.

l Disminuir los plazos de opera-ción en puertos y aduanas: (i) asegurar la aplicación de bue-nas prácticas de inspección en puertos por parte de la po-licía antinarcóticos para evitar demoras excesivas o daños a la carga, (ii) diseñar un siste-ma de aviso de necesidades de servicio en puertos y adua-nas para los fines de semana, (iii) minimizar las restricciones de tránsito de la Polfa en ca-rreteras por las noches y en fines de semana, (iv) acelerar la construcción de obras para mejorar las vías de acceso a puertos, y (v) promover en los puertos la adquisición y adecuación de scanners –y el estricto control de sus opera-dores- que cuenten con el aval de todas las entidades de vi-gilancia, especialmente de la policía antinarcóticos.

InforMalIdad eMpresarIal y laboral

Además del impacto de los im-puestos, de los sobrecostos la-borales y de la energía sobre la capacidad de competir de las empresas localizadas en Colom-bia, se destacan otras brechas que también inciden negativa-mente, de manera importante, sobre el sector productivo.

Una de las que más afecta es la informalidad empresarial y labo-ral, que en Colombia, ya sea se-gún la medición del DANE o de acuerdo con la estimación de afi-liados al régimen contributivo en salud como porcentaje del total de contribuyentes (contributivo + subsididiado), se ubica alre-dedor del 48%. Las estimaciones específicas de la informalidad empresarial en el país coinciden en porcentajes similares.

Las empresas informales no pa-gan los impuestos que les corres-ponden, no cumplen estándares de calidad o de seguridad, no acatan requisitos ambientales, no remuneran adecuadamente a sus trabajadores –incluso con salarios por debajo del mínimo-, generan confusión al consumi-dor con publicidad engañosa, violan derechos de propiedad in-telectual, en fin, constituyen una competencia desleal contra las empresas formales.

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Una encuesta realizada en 2011 por el Banco Mundial encuentra que el 55% de las empresas en Colombia consideran que la infor-malidad afecta su negocio. Esta cifra supera las de Brasil (49%), Argentina (40%), Perú (37%), Mé-xico (29%), Ecuador (22%) y los países de ingresos altos de la OCDE (15%) –ver Gráfico 14-.

La informalidad se debe abordar a través de diversas ópticas y se requieren medidas como:

l Poner en marcha campañas de información que aborden los beneficios de la formaliza-ción, los incentivos tributarios y financieros existentes para pequeñas y nuevas empresas que se constituyan legalmente, y los riesgos de la ilegalidad,

l Promover, en asocio con com-pañías ancla, programas y alianzas público-privadas para la formalización, moderniza-ción y mejora competitiva de los proveedores locales,

l Fortalecer los procesos de vi-gilancia y control para identi-ficar y sancionar a las empre-sas que incumplan normas en aspectos laborales, de se-guridad social, ambientales, y tributarios, y

l Garantizar el cumplimiento de reglamentos técnicos y otros requisitos de calidad, e impo-ner las sanciones a las empre-sas que los incumplan.

En paralelo a las acciones espe-cíficas contra la informalidad, es necesario reforzar las medidas para combatir el contrabando y otras formas de ilegalidad. Se-gún la Encuesta de Opinión In-dustrial Conjunta, el 15,6% de las empresas encuestadas identifi-can el contrabando como uno de sus principales problemas.

Combatir el contrabando no sólo es fundamental para frenar la competencia desleal en los mercados, sino también para in-crementar los ingresos del fisco. Según estimaciones de la DIAN, la magnitud del contrabando po-dría ascender a cifras de 12 billo-nes de pesos, lo que significaría, para el gobierno, impuestos adi-cionales de cerca de 2 billones de pesos. Esto lleva a concluir que el potencial de recaudo por la vía de la lucha contra la eva-

sión, el contrabando y la informa-lidad es inmenso.

La recién aprobada Ley Anti-con-trabando es un paso importante en la dirección de endurecer las penas relacionadas con este de-lito y fortalecer el esquema insti-tucional. Como complemento a esta norma, se propone:

l Reglamentar los asuntos res-pectivos de la Ley Anti-contra-bando.

l Fortalecer y difundir las líneas de comunicación directa con la DIAN y la Polfa para que em-presas y agremiaciones rea-licen denuncias y presenten pruebas de casos de contra-bando, y establecer, en estas, esquemas de confidencialidad para mayor seguridad y tran-quilidad de los denunciantes.

Gráfico 14: Indicadores de impacto de la informalidad, 2011

Fuente: Banco Mundial (Enterprise Surveys). *Sólo se incluyen países de la OCDE de ingresos altos.

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l Consolidar la institucionalidad en aduanas y fronteras, au-mentando y capacitando a los funcionarios y a los agentes de la Policía Fiscal y Aduanera.

l Destinar recursos para reforzar la infraestructura de laborato-rios del país, para así facilitar la identificación, por parte de las autoridades aduaneras, de casos de contrabando técnico o de incumplimiento de regla-mentos técnicos.

l Desarrollar una estrategia de comunicaciones a nivel na-cional y regional en la que se hagan públicos los fallos debi-damente ejecutoriados de los casos de contrabando y sus respectivas penas.

otras brechas de coMpetItIvIdad

Por otra parte, se debe corregir el desgaste y costo que significa

para las empresas el exagerado y frecuente suministro de infor-mación al gobierno nacional y las autoridades territoriales. Entre esas entidades están la DIAN, la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, el DANE, la Superin-tendencia de Sociedades, las au-toridades municipales, la Unidad de Información y Análisis Finan-ciero (UIAF), las Cámaras de Co-mercio, entre otros. En ocasiones, la misma información se debe en-viar varias veces a distintas enti-dades, e incluso a dependencias de una misma organización.

Para superar las ineficiencias en la solicitud de información del Estado a las empresas y, en tér-minos generales, mejorar la re-copilación y uso de información pública -no sólo al interior del gobierno, sino también por parte de la ciudadanía- se requiere una estrategia integral. Con tal fin, se propone:

l Crear una dirección de infor-mación pública en el DNP o un alto consejero de informa-ción pública (Chief Information Officer o CIO, por sus siglas en inglés) en la Presidencia de la República, junto con un viceministro de gestión de tec-nologías de información (Chief Technology Officer o CTO por sus siglas en inglés),

l Establecer divisiones de infor-mación pública en todos los ministerios, y articularlos con el CIO y el CTO, así como con el “Sistema Nacional de Servi-cio al Ciudadano” y el “Progra-ma Gobierno en línea”.

l Promover una mayor estanda-rización, compatibilidad, mo-dernización e interoperabilidad de los sistemas de información pública del Estado, y mejorar la planeación y la eficiencia en la recolección de datos de las entidades, todo ello bajo el li-derazgo del CIO y el CTO.n