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PRIMER PARCIALNombre y Apellido……………………………………………….

El Escenario1

Existen una serie de bienes y servicios especiales. Bienes y servicios que no pueden ser adquiridos en un espacio de transacción ó intercambio, bienes que no son producidos por el hombre sino que son provistos en forma libre por la naturaleza. A estos bienes se los denomina bienes y servicios ambientales. La economía ha denominado también a estos bienes meritorios, es decir aquellos que si bien no son intercambiados en un mercado convencional, si son requeridos por la sociedad para satisfacer sus necesidades.

Los bienes ambientales son incluidos dentro de una amplia lista de bienes y servicios denominados públicos. Se diferencian de un servicio educativo, de una carretera pública, de una plaza pública, porque los bienes y servicios ambientales no son obtenidos por un sistema de producción con intervención humana. La propia naturaleza con sus ciclos se encarga de proveerlos, sin intervención del hombre.

La economía ha definido a los bienes y servicios de mercado con dos conceptos básicos: Exclusión y Rivalidad. La primera de las características define con claridad que podemos racionar el uso de bienes y servicios de mercado mediante la fijación de una estructura de precios que permita desalentar su consumo o alentarlo. La segunda plantea que todo bien y servicio es escaso y esta característica lleva al establecimiento de una fuerte competencia por apropiarse de ellos, por lo que es deseable la existencia de una estructura de precios (Kolstad, 2001).

A diferencia de los bienes mencionados, los bienes y servicios ambientales tienen la característica de No exclusión y No rivalidad.

El concepto de servicios ambientales está íntimamente relacionado a otros conceptos, referidos fundamentalmente a los procesos naturales, funciones ecológicas y funciones ambientales; por lo que es necesario para comprender el verdadero significado de los que son los servicios ambientales conocer tales conceptos. Lo que constituye en sí mismo un elemento de análisis complejo, sobre todo por las dificultades en diferenciar con claridad los mismos (Ruiz y Sauad, 2009).

De Groot et al (2002), por ejemplo, se refiere a los Procesos Naturales como el resultado de interacciones entre componentes bióticos (organismos vivos) y abióticos (químicos y físicos) en ecosistemas; interacciones que se verifican por un intercambio permanente de materia y energía. El ambiente tiene funciones que garantizan un aprovisionamiento constante de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades. Estas funciones han sido agrupadas en cuatro categorías primarias: a) Funciones de Regulación, b) Funciones de Hábitat, c) Funciones de Producción y d) Funciones de Información. Otros autores se refieren a las funciones ambientales como los posibles usos que el hombre le asigna a la naturaleza (Hueting et al, 1997, citado en Molina Carpio, 2004).

Una función ecosistémica se transformará en un servicio ambiental cuando la función del ambiente tiene resultados económicos identificables asignándose un valor de uso (Salazar, 2004).

Podríamos aquí diferenciar lo que se entiende por un servicio ambiental y un bien ambiental. Hueting et al (1997) define a un bien ambiental como un producto provisto en

1 Los datos con los que se confeccionó el parcial son ficticios aunque pueden tener alguna relación con la realidad.

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forma directa por la naturaleza que puede ser aprovechado por el ser humano en forma directa, tal el caso de la madera, los productos no madereros obtenidos de un bosque, peces, aves, agua; mientras que servicios ambientales puede ser definido en términos generales a todos los beneficios que la sociedad puede obtener del funcionamiento de los sistemas ecológicos sin que esto implique la posibilidad de su extracción directa y su posterior almacenamiento (Dimas, 2006); Costanza et al (1997) aportando una definición más completa se refiera a los servicios ambientales en términos de flujos de materiales, energía e información que surgen de los stock del capital natural, el que se combina con capital humano o manufacturado para la satisfacción de las necesidades humanas. La característica principal de los servicios ambientales que lo diferencia de un bien ambiental es que no se consumen, no se gastan y no se transforman en el proceso de producción y son incorporados dentro de la función de utilidad del consumidor, no necesitan del ser humano para su mantenimiento, son auto-renovables y, hasta el día de hoy, no han sido reemplazados por el ser humano. Existen ejemplos de servicios ambientales, algunos más explícitos como la producción de suelos fértiles, de bosques y peces, y otros no tan visibles como el servicio de captación de dióxido de carbono atmosférico.

Es importante dejar aclarado que desde una visión economicista de la naturaleza, todo es susceptible de ser sustituido. La capacidad de absorción de CO2 de la atmósfera provisto por un bosque puede ser sustituido por una plantación de soja, el servicio de amortiguación de las intensas precipitaciones podría ser sustituido por obras de infraestructura para amortiguar los efectos no deseados de las intensas precipitaciones.

En general, todos los recursos naturales, son considerados bienes, es decir, cosas susceptibles de tener un valor, es así que encontraremos bienes de la naturaleza con un claro valor de mercado, por ejemplo un metro cubo de cedro, cien aves de la especie Amazona aestiva preparadas para su exportación, cuatrocientas hectáreas plantadas de Pinus taeda, un lote de cueros de iguana, etc.; pero no siempre, la determinación del valor de un recurso natural, podrá determinarse en forma directa y rápida, y es aquí donde se aplicarán para cada caso en particular, nuevos criterios de valoración (Pearce, 1985).

La expansión de la frontera agropecuaria, implica un proceso de transformación de las áreas naturales en tierras cultivadas. El proceso de transformación se asocia a un sin número de problemas ambientales. La problemática principal, no siempre analizada e incluida en los estudios ambientales previos al desarrollo de la actividad agropecuaria, e s la pérdida y modificación de diferentes servicios ecosistémicos, que pueden o no tener consecuencias económicas medibles (Dirzo y Raven, 2003; MEA, 2005).

En la evaluación de los efectos asociados a la modificación que se plantea como consecuencia de los procesos de reconversión productiva, las técnicas vinculadas a uso de sensores remotos que permiten medir la dinámica de la producción de biomasa o captación de Carbono (C) por fotosíntesis, constituye, entre otros un buen indicador para medir el funcionamiento de los ecosistemas (McNaughton et al., 1989; Virginia y Wall, 2001), constituyendo un índice que se transforma en un buen descriptor de los cambios que se producen en los servicios ecosistémicos, tal el caso de la protección del suelo, la purificación y provisión de agua, la provisión de hábitat y refugio, entre otros (Viglizzo et al., 2011).

En este sentido Running y colaboradores (2000) han planteado que la medición de la variación en la captación de carbono, es una buena herramienta para determinar el efecto que sobre los servicios ecosistémicos intermedios genera la actividad agropecuaria.

En este contexto de servicios ecosistémicos y sus alteraciones por actividades económicas de producción agrícola es que se presentó un escenario particular judicializado.

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En una primera instancia se produce una transformación de un área de bosques naturales, que fue caracterizada por la Ley de Ordenamiento Territorial de bosques nativos de la Provincia de Salta Nº 7543, como de categoría II; la mencionada ley describe en su artículo 11 a las áreas bajo la categoría mencionada como de mediano valor de conservación, señaladas en el mapa de OT con el color amarillo. El articulo define a estas áreas de conservación como “las áreas boscosas con más del 15% de pendiente, o las que teniendo pendientes inferiores al 15% sus suelos presentan severas limitaciones edáficas; las zonas de recarga de acuíferos que no fueron identificadas como Rojas en los términos del artículo 6º, punto 1, d) del presente Decreto; las áreas bajo ocupación efectiva por parte de comunidades aborígenes; las áreas con potencial para la conservación de la biodiversidad en los términos del artículo 6º , punto 5; las áreas con potencial forestal en los términos del artículo 6º, punto 2 y los inmuebles fiscales con cobertura boscosa de propiedad de la provincia de Salta. Pertenecen asimismo a la Categoría II (Amarillo), los sectores de las reservas de usos múltiples u otras áreas protegidas que estén sometidas actualmente a un uso tradicional por parte de comunidades aborígenes y campesinas habitantes de las mismas”.

El desmonte, que constituye una acción dentro de la etapa de inversión de un proyecto agrícola, fue desarrollado sin la autorización previa del organismo ambiental competente, por lo que no contaba con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Social. Dicho desmonte no autorizado constituye para la legislación de la provincia de Salta una infracción al código contravencional. El área afectada pertenece a la extensa región del Chaco Salteño.

El desmonte ilegal fue detectado mediante seguimientos satelitales y corroborado por las inspecciones realizadas por el personal técnico del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta. Detectado el ilícito se procedió a desarrollar los protocolos sancionatorios previstos por el Código contravencional, que consiste en la aplicación de una multa equivalente a 1000 litros de nafta Premium por hectárea desmontada.

De la inspección y los relevamientos realizados surge que la superficie total afectada por el desmonte ilegal corresponde a 13.000 hectáreas de bosque chaqueño. El desmonte ilegal se desarrolló entre el año 2010 y el 2012. La firma JMU.SA fue consignada como la responsable directa del desmonte ilegal.

Concluido el desmonte la empresa comenzó el proyecto productivo en forma inmediata dedicándose como actividad principal a la producción agrícola siendo el cultivo central el maíz. Toda la producción se destinó al abastecimiento de empresas agroindustriales dedicadas a la producción de alimento balanceado para animales de granja.

La superficie total destinada al cultivo de maíz fue del 60 %, la cual empezó a producir en forma plena en el año 2011, el resto de la superficie desmontada muestra estado de abandono, donde se observan en la actualidad los restos de los cordones producto del desmonte sucio.

La actividad produjo en el período comprendido entre al año 2011 al 2015. Al inicio del año 2016, se aprobó una cautelar que impidió al emprendimiento continuar con el proceso productivo.

Los emprendimientos productivos dependientes de la producción maicera, tuvieron que sustituir el maíz que antes compraban a JMU.SA por aquellos provenientes de otras áreas de producción. Las áreas de producción de maíz que oficiaron de sustitutas carecen de los subsidios al productor, encareciéndose el producto por los fletes y seguros de

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traslados de la producción, por lo que los productores de alimento balanceado deben pagar un valor por tonelada de maíz un 70 % por encima del valor subsidiado que pagan.

En la región, y vinculada a la presencia de las fabricas de alimento balanceado para animales de granja, se instaló hace cinco años un emprendimiento financiado en el marco de la ley de bosques. Dicho emprendimiento se dedica a la cría y engorde de una especie silvestre como es el pecarí de collar. Con la prohibición de producir maíz a la empresa JMU.SA, el emprendimiento sufrió modificaciones en sus costos variables, vinculados a la provisión del balanceado que implicó un incremento del 25 % de los mismos.

Luego de la aplicación de la medida cautelar, la fiscalía de estado decide iniciar una demanda penal por daño ambiental a la empresa JMU.SA, por lo que nomina a una serie de peritos que se constituyen bajo una SRL con la denominación de ECOSERVIS para realizar estudios tanto de la actividad productiva desarrollada y sus impactos económicos como así también los efectos e impactos ambientales vinculados al desmonte ilegal.

A la fecha JMU.SA no ha pagado la multa asociada a la contravención por lo cual se encuentra en situación de desacato ante la justicia provincial.

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL FISCAL DE ESTADO1. Analizando la situación de base de la producción individual de maíz, determine la

distribución de beneficios individuales de la empresa de producción de alimento balanceado y los productores de maíz dentro del mercado. ¿Se comporta maíz como un bien superior?

2. Con la cautelar aplicada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, determine los beneficios económicos de los productores de alimento balanceado y del productor de maíz afectado por la cautelar dentro del mercado del cereal.

3. Para evitar un efecto sobre la producción granjera de la zona, calcule el monto de subsidio vía precios que el gobierno debería disponer para transferir a los productores de alimento balanceado para evitar la afectación económica vinculado a la medida cautelar.

4. ¿Es el precio del maíz con el subsidio al productor maicero el que maximiza el ingreso bruto del productor? ¿Cómo actúa el subsidio al productor maicero sobre su racionalidad?

5. ¿Cómo se ve afectado el productor de carne de pecarí de collar como consecuencia de la aplicación de la medida cautelar de no producción? Calcule la perdida en el caso que la afectación sea negativa.

6. En el caso que el productor de carne de pecarí pueda negociar un aumento de precios del kilogramo producido para evitar que la aplicación de la medida cautelar afecte la rentabilidad del emprendimiento, ¿cuál sería el precio del kilogramo de pecarí para mantener la rentabilidad antes de la aplicación de la cautelar?

7. En caso que la afectación del productor de pecarí sea confirmada por la información disponible y aportada por el equipo de peritos, y no se pueda llegar a un arreglo de precios con el emprendimiento de chacinados cordobés, informe ¿cuál debería ser el monto del subsidio dirigido a la actividad para evitar el efecto negativo de la medida cautelar sobre el productor de pecarí?

8. En el contexto de la actividad productiva de maíz y las externalidades que genera por pérdida de servicios ambientales, realice un análisis costo beneficio en el nivel de

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producción óptimo privado y óptimo social, considerando el precio subsidiado que recibe el productor de maíz y la restricción de la demanda.

9. En el marco de lo solicitado en el punto 8. determine el monto de la tasa impositiva que debería cobrarse para lograr que la actividad se ubique en el nivel de producción óptimo social. Aporte a esta fiscalía una interpretación de lo que se concluye.

10. Indique a esta fiscalía que procedimiento sugiere el grupo de peritos para resolver el problema ambiental generado por el desmonte ilegal de las 13.000 hectáreas.

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Informe de situación actualAnálisis del emprendimiento maicero, el mercado del maíz y las actividades vinculadasSe realizó un estudio de la producción maicera a fin de definir los parámetros de producción.

Rendimiento por hectárea de maíz 10 toneladas.

El mercado del maíz se encuentra en equilibrio. No obstante ello las políticas activas entre los años 20011 y 2015 que es en el período que estuvo el emprendimiento funcionando a pleno, establecieron subsidios tanto a la producción de maíz como al emprendimiento industrial de alimentos balanceados. El productor maicero, regional recibe como precio final 200 U$S por toneladas, mientras que el emprendimiento agroindustrial paga 100 U$S por tonelada.

Un estudio del comportamiento y racionalidad del productor y consumidor de maíz a granel determinaron expresiones funcionales que se reflejan en el siguiente algoritmo:

Q=550−1,2PQ=3,5 P

Ambas ecuaciones reflejan el comportamiento mensual de la oferta y la demanda de maíz, y son significativas a nivel regional.

El relevamiento de empresas productoras de balanceados que compran la totalidad de maíz que produce la empresa JMU.SA detectó un total de 10 empresas de balanceados en la región. Una de ellas la de mayor capacidad consume el 40 % del maíz producido, otras seis se distribuyen proporcionalmente un 30 %, dos se llevan el 20 % y finalmente una consume el 10 % de lo producido.

Todo el balanceado se consume regionalmente en diversas actividades de cría de pollos parrilleros (60 %) cerdos domésticos (30 %) y un emprendimiento de Pecarí de collar que compra el resto de la producción.

La actividad de producción de pecarí de collar, analizada por el equipo consultor mostró los siguientes resultados económicos en función de la determinación de sus costos productivos. El nivel de producción mensual del emprendimiento se estimó en 800 kilogramos mensuales, con una producción continua sin verificarse aumentos ni mermas estacionales. Al nivel de producción estimado se determinó un Costo Fijo Medio de 10 $/kg y un Costo Variable Medio de 15 $/kg.

Toda la producción de Pecarí se envía directamente a una fábrica de chacinados de productos silvestres ubicada en la provincia de córdoba. Se negocia un precio por kilogramo de pecarí en 35 $/kg

Afectación sobre servicios eco sistémicosSobre imágenes de satélite Landsat 8, se identificaron los tipos de cubiertas vegetales y usos suelo presentes, las que fueron discriminadas en tres categorías: a) Vegetación natural (bosque y arbustal nativo); b) Cultivos de grano (maíz); y c) Desmonte sucio; arbustos y pastos que quedan como remanente de la práctica de “cadeneo” (árboles derribados por cadenas arrastradas con topadoras)

Se utilizaron parcelas testigos o de referencia para su comparación con las áreas desmontadas y con cultivos.

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El desmonte produjo una caída en el nivel de provisión de Servicios Ecosistémicos Intermedios relativos a la dinámica de captación de dióxido de carbono (SEI_C) detectable por sensores remotos. Dentro de los límites de la finca, el nivel de pérdida de SEI_C depende del tratamiento al que han sido sometidas las parcelas. En las parcelas con producción de maíz se observó una caída que varía entre el 39 y 45%; y en las parcelas en las que se realizó un “desmonte sucio” la caída fue significativamente menor (entre un 10 y 20%). En este último caso, puede apreciarse una tendencia a la recuperación, la cual podría continuar en el tiempo, si en esas parcelas no se realizan otras acciones de remoción de la cobertura vegetal.

El desmonte ha disminuido la provisión de SEI. El índice utilizado (SEI_C) ha sido empíricamente relacionado con la provisión de varios SE finales, y específicamente para la región chaqueña, con la regulación de la dinámica del agua y la biodiversidad de aves. Que no se haya vinculado de manera explícita con otros servicios no indica en modo alguna ausencia de relación. Es muy probable que la biodiversidad vegetal y de otros taxas animales también sufriera cambios. Es posible suponer (Baldassini et al. 2015) que el carbono orgánico del suelo se vea reducido de manera significativa. Esto no sólo altera la capacidad del sistema de secuestrar C sino también la capacidad de regular la dinámica de los nutrientes evitando pérdidas.

En una primera instancia la información sirvió para evaluar y valorar por el método de los costos inducidos el impacto económico vinculado a la pérdida de provisión de SEI a través del índice utilizado.

En este sentido se encontró una relación funcional que permitió al equipo consultor valorar económicamente el impacto. De la aplicación de técnicas valorativas se estimó que el costo externo por tonelada adicional producida de maíz en la zona del desmonte es de $50.

Otros datosPrecio de la Nafta Premium: 17 $/litro

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