de escasos recursos que se ubicó en las faldas del ce-rro San Cristóbal–; en los Barrios Altos se establecióla tristemente célebre Huerta Perdida. La otra granexpansión de barrios clandestinos o suburbanos seprodujo en el distrito de La Victoria, que abarca lazona que va desde la avenida Grau hacia las aveni-das 28 de Julio e Isabel La Católica, y que de allí su-be hacia la carretera Central. Allí se establecieron ElPorvenir, Mendocita, cerro San Cosme, El Agustino,cerro San Pedro, Santa Clara de Bella Luz, Doña Luze Independencia. Lima pasó de una población de533 645 habitantes en 1940 a 2 245 067 en 1971.

EL CENSO DE 1961

Este censo fue el VI de Población y el I de Vi-vienda y se realizó el 2 de julio de 1961. Sus resul-tados señalaron un total de 9 906 746 habitantes,divididos en 4 925 518 hombres y 4 981 228 muje-res, con un ritmo de crecimiento de entre 2,5 y3,5% al año. La población rural abarcaba alrededordel 55% del total (5 208 568 millones) y la urbanael 45% restante (4 698 178 millones). La poblaciónde Lima llegaba a los 2 031 051 habitantes (casi el20%). La mayor concentración de población estabaentre los 0 y los 9 años con casi un 30%. La PEA as-cendía a 3 045 000 habitantes con 1 900 700 para elcampo y 1 144 300 para la ciudad. Como ha resal-tado Franklin Pease, a diferencia del Censo de1941, el de 1961 ya no incluyó variables altamentedudosas basadas en la composición racial, pues ca-tegorías tales como “indio” o “mestizo” no sólo erancategorías raciales sino también sociales. Pero símantuvo indicadores discutibles como la definiciónde “centro urbano”: se consideraba urbana aquellapoblación que vivía en las capitales de las circuns-cripciones territoriales o distritos, una distinciónarbitraria porque muchas de ellas podrían ser fácil-mente consideradas “rurales”. Es cierto que cual-quier delimitación que se haga en este terreno seríaigualmente arbitraria, sea por circunscripción polí-tica o por núcleo de habitantes por poblado, desdeque la noción de “urbano” podría también pensarseen relación con la presencia o ausencia de determi-nados servicios (educación, salud) o por el tipo dededicación laboral.

LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS(1945-1964)

Según Sulmont, existieron dos tipos de movili-zaciones campesinas: el primero corresponde a las

haciendas agroindustriales de la costa, en las que lasindicalización había avanzado con la organizaciónde la Federación de Trabajadores Azucareros (bajocontrol del PAP) y la Federación de Yanaconas yCampesinos del Perú (bajo control del PCP). En1960, ambas federaciones se unificaron en la Fede-ración Nacional de Campesinos del Perú (FEN-CAP). Entre 1957 y 1960 se desarrollaron impor-tantes movilizaciones en haciendas como Cayaltí,Pomalca, Casagrande y Paramonga, en las cuales serealizaron matanzas de trabajadores.

El segundo tipo de movilización corresponde alas haciendas tradicionales de la sierra. Allí cobrógran importancia la toma de tierras (recuperación oinvasión, según el punto de vista) por parte de lascomunidades, especialmente entre 1960 y 1963.Aquí también se cometieron matanzas contra loscampesinos como en Calipuy, Rancas y Yantac. Enla sierra sur se desarrollaron los sindicatos de arren-dires, allegados y feudatarios para defender sus tie-rras y los intentos de monopolización de los benefi-cios de la producción de té y café. En 1962, el PCPfunda la Confederación Campesina del Perú (CCP)en contraposición a la FENCAP del PAP. Sin embar-go, ambas organizaciones fueron muy golpeadaspor los efectos desmovilizadores de la reforma agra-ria de 1962 y 1964, y por la represión derivada de lalucha contra las guerrillas en 1965. Asimismo, en1964 la división al interior del PCP afecta a la CCPcuando uno de sus asesores, el abogado SaturninoParedes, encabeza la línea maoísta.

Investigadores como Alberto Flores Galindo yPedro Gibaja dividen en tres momentos este perío-do de las luchas campesinas por la tierra. El prime-ro, de 1945 a 1948 –bajo la influencia del PAP y lasposibilidades que ofrecía el régimen democrático deBustamante y Rivero–, cuando diversas comunida-des de la sierra central comienzan a gestionar su re-conocimiento oficial de conformidad con la ley pro-mulgada durante el Oncenio, acontecimientos quefueron acompañados por el inicio o reinicio de pro-cesos judiciales entre comunidades y haciendas. Asu vez, al interior mismo de las haciendas las rela-ciones de dependencia personal ingresan a una cri-sis definitiva cuando los colonos organizan sus pri-meros sindicatos, sumándose a los del proletariadoagrícola y a los yanaconas de la costa. Este procesofue interrumpido por la dictadura de Odría, queaplicó una dura persecución al sindicalismo comu-nista y aprista. El segundo momento va de 1956 a1962, cuando la movilización campesina y el sindi-calismo campesino se propagan de la sierra central

1083

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

a otras áreas del país, en especial al departamentodel Cuzco, teniendo su expresión más alta en laocupación del valle de La Convención por los sindi-catos campesinos organizados por Hugo Blanco. Eltercer momento, de 1962 a 1964, se caracteriza porla generalización de las ocupaciones –o recupera-ciones– masivas de tierras a través de los sindicatoscampesinos, pese a la represión estatal, situaciónque se da a lo largo y ancho del país, aunque en me-nor grado en el norte y la costa. Ello llevó a un re-plantamiento del debate alrededor de la reformaagraria. Desde 1964 se asiste a un descenso de lamovilización campesina. Estos 20 años debilitaronla economía terrateniente, afectaron los mecanis-mos de reciprocidad entre hacen-dados y colonos, y socavaron lasbases del poder local. Muchos ha-cendados comenzaron a abando-nar sus propiedades y otros a par-celarlas o a venderlas a los campe-sinos. Este proceso de parcela-ción, realizado por los latifundis-

tas temerosos de la movilizacióncampesina, fue denominado “refor-ma agraria privada”.

Flores Galindo ha resaltado algu-nos rasgos de estas movilizaciones,diferenciándolas de las ocurridas enotros períodos históricos. En primerlugar, las ocupaciones de tierras fue-ron antecedidas por disputas judicia-les entre las comunidades y las ha-

ciendas. Para ello, los campesinos recurrieron a per-soneros o representantes legales como Genaro Le-desma Izquieta y exhibieron títulos de propiedadque en muchos casos databan del período colonial.Estos juicios mostraban el espíritu legalista que ca-racteriza al campesinado andino, ya que las ocupa-ciones eran anunciadas con anterioridad y en lasprimeras etapas ocurrieron sin producir enfrenta-mientos violentos (quienes recurrieron a la violen-cia fueron los hacendados o la policía, producién-dose masacres de campesinos y enfrentamientosviolentos entre 1962 y 1964). En segundo lugar, lamovilización campesina abarcó gran parte del terri-torio nacional, de la sierra norte a la sierra sur, las

1084

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Mujeres serranas de Sabino Springett. Unade las repercusiones de las movilizacionescampesinas fue el replanteamiento delproblema agrario y la urgencia de unareforma. A pesar de la intención deBelaunde por impulsar una legislaciónagraria progresista, el tímido ensayolegislativo de 1964 dejó pendiente elproblema hasta la reforma promulgada porJuan Velasco Alvarado en 1969.

En la historia colonial los indígenasexigieron el respeto de sus derechos

ante los jueces y tribunales. Estapráctica histórica, que es común a

muchos pueblos colonizados ysociedades rurales, se prolongó en laépoca republicana. Genaro Ledesma

Izquieta (al lado derecho) fue asesor decomunidades campesinas en sus

disputas legales por tierras.

zonas altoandinas y la costa, e incluso la ceja de sel-va, aunque no se llegó a constituir una dirección na-cional unificada. En tercer lugar, a la participaciónde las comunidades campesinas se suman de mane-ra masiva y por medio de la sindicalización, los co-lonos de haciendas, lo cual dará a la movilizacióncampesina un carácter ofensivo frente a los hacen-dados. En ese sentido, la composición social de lamovilización campesina es vasta y heterogénea: co-muneros, colonos, proletarios agrícolas y yanaco-nas. En cuarto lugar, el predominio de los objetivoscampesinos frente a las reivindicaciones étnicas. Elobjetivo central de la movilización campesina fue lalucha por la tierra, al cual se suman claros objetivosantifeudales: abolición de las formas serviles y eltrabajo gratuito a favor de la implantación del sala-rio (o su aumento si existía), la jornada de ocho ho-ras, el derecho a la escuela y otros servicios.

Algunos componentes indígenas se mantuvieronen estas protestas, como el uso reiterado del que-chua en mítines y asambleas, el empleo de la músi-ca andina en las ocupaciones y los rasgos mesiáni-cos que rodearon a líderes campesinos como HugoBlanco. Finalmente, el uso de símbolos como labandera y el himno nacional; por un lado, se usabancomo un medio para buscar un terreno común denegociación y sortear la represión, pero significabantambién la incorporación al mundo campesino deun componente ideológico como es el nacionalis-mo. Este aspecto de lo nacional también se puedeencontrar en la búsqueda de apoyo en otros secto-res sociales, especialmente urbanos.

Es obvio que estos rasgos están relacionados conlos cambios ocurridos en la estructura social: la pe-netración del capitalismo en elcampo, la conformación de unmercado interior y las migracio-nes; procesos que confirieron mo-vilidad al campesinado y amplia-ron sus posibilidades de concien-cia, a la vez que fueron articulan-do los diversos espacios compo-nentes del territorio peruano. Pe-ro ¿por qué, pese a su fuerza yamplitud, la movilización campe-

sina no pudo realizar una revolución agraria por símisma? La carencia de apoyo de otros sectores so-ciales, su heterogeneidad y falta de centralización,la falta de una dirección política y la hábil políticadel Estado de combinar represión con concesiones,fueron las razones más importantes.

LOS DEBATES ACERCA DE LA REFORMAAGRARIA

Como ha reseñado Henry Pease, hacia fines delos 50 la presión de la lucha por la tierra comienzaa tener efecto en el sistema político. Producto deuna mayor integración debido al incremento de lascomunicaciones, las protestas campesinas comen-zaron a tener rápido impacto en Lima, centro delsistema político. El campesino se hace oír en la ciu-dad a través de las cámaras de televisión, la prensay la radio. El debate parlamentario en los años 1958y 1959 generó en la opinión pública la convicciónde la urgencia de una reforma agraria. El gobiernode Manuel Prado constituyó una comisión presidi-da por Pedro Beltrán, en ese entonces premier y mi-nistro de Hacienda y Comercio, e integrada porotros representantes de los propietarios de grandesextensiones de tierra. Dicha comisión, al mismotiempo que una propuesta sobre la vivienda, elabo-ró un proyecto de ley de Reforma Agraria centradoen acciones de colonización, en el cual sólo los pre-dios no trabajados resultaban sujetos a afectación. Apartir de este proyecto se dictó una ley de Inmigra-ción para facilitar la colonización de zonas de la sel-va alta y favorecer la ocupación de predios no traba-jados. Dicha ley se basaba en la desgravación de im-

1085

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Uno de los argumentos de los gruposopuestos a una reforma agraria era lacolonización de la selva peruana para

usos agrícolas. La idea de una“conquista del Este peruano” se tradujo

en una legislación dictada durante elmandato de Manuel Prado Ugarteche.

puestos a los capitales privados que incrementaranla producción y propiciaran el afianzamiento degrupos humanos en la selva; las tierras selváticas notrabajadas que fueran útiles para colonización se-rían revisadas y utilizadas para la formación degranjas; se ofrecía asesoría técnica y crediticia al co-lono por medio del Instituto de Reforma Agraria yColonización; los colonos preferenciales seríanobreros excedentes de alguna compañía minera o deotras industrias que no podían ser absorbidos porotras actividades. Debido a esta ley se establecieroncolonias en los departamentos de Junín, San Martín,Amazonas, Cuzco, Madre de Dios y Puno.

Al asumir el gobierno, Belaunde se comprometióa ejecutar una amplia y resuelta reforma agraria. Laoposición APRA-UNO frenó sistemáticamente estareforma, logrando que la ley Nº 15037 de 19 de ma-yo de 1964 no afectara los complejos agroindustria-les azucareros mediante un estatuto de excepción;la ley parecía entonces apuntar hacia el terratenien-te tradicional de la sierra. Si bien al principio dichaafectación estaba permitida legalmente, la Coaliciónmovió todos sus recursos en el Parlamento y el po-der Judicial para impedir su ejecución y la asigna-ción de fondos y recursos para el pago de las expro-piaciones. La ley contemplaba la afectación escalo-nada según la extensión de tierras, disponiendo asi-mismo la abolición de los servicios personales vin-culados a la tierra y determinando un nuevo régi-men de aguas. Sin embargo, la misma ley admitíalos denominados “regímenes de excepción”, aplica-bles a las haciendas cuyo producto fuese destinadoal abastecimiento de plantas industriales (haciendasazucareras y algodoneras). Se creó, además, unConsejo Nacional Agrario –integrado por delegadosdel Ejecutivo y del Parlamento, así como por repre-sentantes de los propietarios–, en el cual el Ejecuti-vo estaba en minoría. Había dos representantes delos trabajadores: un delegado de la FENCAP y otrode la CTP, ambas controladas por el PAP. Había, ade-más, delegados de los grandes propietarios: de laSociedad Nacional Agraria y de la Sociedad de Ga-naderos del Perú. Para distraer los esfuerzos de lacomisión se dio prioridad a la reforma en los luga-res donde existían feudatarios. Con ello no se afec-taba esencialmente el sistema de tenencia de la tie-rra y se conseguía el respaldo de miles de pequeñospropietarios. Paralelamente, se dejaba de lado todaacción contra los grandes propietarios. Poco a pocoel gobierno de Belaunde se doblegó, frenando la re-forma agraria. El ritmo de afectación en el períodofue muy lento: hasta el 30 de setiembre de 1968 se

habían expropiado 769 942,53 ha, y 214 286,45 hatenían concluidos sus trámites de expropiación, pe-ro sin financiamiento para terminar el proceso. Entotal se beneficiaron 11 760 familias.

EL PROBLEMA DEL PETRÓLEO

Como ha reseñado Kuczynski, desde la décadade 1930 el tema del laudo a La Brea y Pariñas no ha-bía vuelto a ser tocado. Ello se debió fundamental-mente a la falta de un punto de vista nacional úni-co acerca de la importancia económica de la IPC, suimpacto en las relaciones con Estados Unidos y lasposibles ventajas de su nacionalización. SegúnKuczynski, estaba comprobado que a fines de losaños 60 la IPC era el segundo contribuyente en elPerú, ya que producía tres cuartos del crudo delpaís y era un gran proveedor de empleo, especial-mente en la ciudad de Talara. Las posiciones contra-puestas se reflejaron en los diarios más importantesde entonces: La Prensa defendió a la IPC, apoyadapor el gobierno de Prado y el PAP. En cambio, El Co-mercio denunciaba su presencia como un enclavecolonial, aglutinando a los partidos y sectores na-cionalistas. Paulatinamente, iba constituyéndoseuna opinión pública mayoritaria a favor de la expro-piación.

La posición de la embajada de los Estados Uni-dos varió con los años y no siempre fue similar a lade la empresa en cuestión. Sin embargo, su mensa-je en las décadas del 50 y 60 era que “dañar” o “ha-cer algo” a la IPC sería muy malo para las relacionescon los Estados Unidos, ya que una acción en con-tra constituiría un precedente negativo para las re-laciones entre las compañías norteamericanas yotros países productores de petróleo. El gobiernonorteamericano incluso amenazó con aplicar la en-mienda Hickenlooper, que obligaba al Ejecutivo delos Estados Unidos a cortar la compra de azúcar encaso de realizarse expropiaciones que no fueran rá-pida y efectivamente pagadas. También se hallabalatente la posibilidad de la suspensión total de laayuda norteamericana.

El diario El Comercio había atacado a la IPC des-de antes de la Segunda Guerra Mundial, haciendocampaña a favor de la expropiación desde fines delos años 50. Se decía que los sentimientos de su di-rector, Luis Miró Quesada, contra la IPC, habíandespertado cuando desembarcó en el puerto de Ta-lara, centro de operaciones de la IPC, a fines de losaños 20 y leyó un letrero que decía: “Talara. Puertonorteamericano”.

1086

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

La opinión del Ejército también evolucionó gra-dualmente. A partir de 1967, su posición era que laIPC debía irse de una forma u otra.

Bajo el gobierno de Odría, la IPC aceptó sometersus operaciones al régimen normal peruano de im-puestos a la renta. En 1957, la compañía pidió al go-bierno de Prado transferir La Brea y Pariñas al siste-ma de concesiones de la ley de Petróleo de 1952. Lapetición, sin embargo, fue rechazada, ya que la IPCquería seguir pagando impuestos a las tasas especia-les más bajas aplicables a ella.

En 1959 el suspenso de las relaciones entre la IPCy el gobierno peruano terminó, pues Pedro Beltrán–como premier y ministro de Hacienda– decretó elalza del precio de la gasolina, que implicaba un in-cremento de los impuestos a las utilidades pagaderaspor la IPC; asimismo, el decreto permitía que el go-bierno negociara una concesión regular para La Breay Pariñas, de acuerdo a la ley de Petróleo de 1952, loque fue condenado tanto dentro como fuera delCongreso. Aunque el voto de censura contra Beltránfracasó, el arreglo con la IPC no llegó a concretarse.Una serie de proyectos de ley para la nacionalizaciónde La Brea y Pariñas fueron presentados durante eldebate; aun cuando ninguno de ellos fue aprobado,sirvieron para discutir nuevas alternativas.

Una de las razones del apoyo a Belaunde en 1962por parte de la junta militar había sido su posiciónrespecto a la IPC. El día que asumió la presidenciaprometió entregar al Congreso, en 90 días, una pro-puesta de arreglo definitivo con la IPC, nombrandoal independiente Mario Velasco para encabezar lasnegociaciones, pero no se llegó a ningún acuerdo.Asimismo, la Coalición entorpeció los arreglos al

igual que otras reformas importantes. No aceptó elproyecto de ley que devolvía la propiedad del sub-suelo al Estado peruano, y más bien dictó leyes queentorpecieron las negociaciones y sometieron cual-quier posibilidad de acuerdo con la IPC a la mayo-ría parlamentaria de la Coalición.

Belaunde no sólo debió enfrentar a la Coaliciónsino además las divergencias al interior de su propio

partido, tanto de sectores conservadorescomo radicales. Por otro lado, a lo largode la administración belaundista, el go-bierno de Estados Unidos condicionó,en diversos grados, la disponibilidad yvolumen de los fondos de la AID a la so-lución del problema de la IPC, aunqueninguna parte de las operaciones fue ex-propiada. Dentro de este contexto, enmedio del proceso de recomposición delas alianzas políticas en 1968, se produ-ciría el escándalo del Acta de Talara.

1087

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

La solucióndefinitiva de lasdiferencias entre

el Estadoperuano y laInternational

PetroleumCompany fue uno

de los primerospuntos de la

agenda políticade Fernando

Belaunde Terry.La lenta

negociaciónprodujo unasensación de

malestar en laopinión pública,a lo que se sumó

el escándalo de lallamada página

11 del Acta deTalara.

Gran parte de las propuestas de FernandoBelaunde serían desvirtuadas por la oposiciónconformada por el APRA y la UNO, que teníanmayoría en el Congreso. Con Isaac Lindley, enuna fotografía de 1965.

1088

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

EL OCASO DEL PODER OLIGÁRQUICO

Las reformas, al otorgar derechos económicos ysociales a las mayorías populares, tuvieron clarosobjetivos antioligárquicos y de búsqueda de una ba-se social que apoyara al régimen militar que se ini-ciaba. Ello contribuyó al desarrollo de la organiza-ción popular autónoma frente al Estado y a los par-tidos políticos, la cual fue desde el inicio una de lascontradicciones del proyecto reformista militar. Losintereses económicos, políticos y sociales afectadospor las reformas vieron en la organización popularun desafío sin precedentes, ya que no contaban conel apoyo directo del Estado ni de los partidos políti-cos, que se vieron recortados en su accionar duran-te todo el período. Habían perdido, pues, el controlde la situación.

La capacidad del reformismo militar para imple-mentar dichas medidas y la de los sectores popula-res para organizarse autónomamente debe hallarseen el llamado proceso de democratización socialabierto con la crisis del poder oligárquico desde ladécada del 50, expresada en el cuestionamiento desu dominación, vista como ilegítima. Gracias a talproceso fue posible la liquidación del terratenientetradicional mediante la reforma agraria; la obten-ción de importantes derechos económicos y socialescomo la estabilidad laboral; la organización sindicaly una más real mediación del Estado en los conflic-tos laborales; y el impulso a la participación de lostrabajadores en la gestión y propiedad de las empre-sas, mediante las cooperativas agrarias y las empre-

sas de propiedad social. Estas medidas cuestionabanel carácter privado de la propiedad, por lo que des-pertaron entre los propietarios una resistencia ma-yor que la mostrada frente al crecimiento del Esta-do y su intervención en la economía, de la cual su-pieron obtener importantes beneficios. Estas refor-mas, que buscaban contener una explosión socialinminente, casi se constituyen en el germen de unarevolución más radical.

EL MANIFIESTO DEL GOBIERNOREVOLUCIONARIO DE LAS FUERZASARMADAS

Mientras se realizaban las negociaciones para laformación de la junta revolucionaria, fue lanzadoun primer comunicado fechado el 2 de octubre, queestablecía las razones del golpe. En primer lugar, seseñalaba la resistencia de “poderosas fuerzas econó-micas, nacionales y extranjeras, en complicidad conperuanos indignos” a la “realización de las básicasreformas estructurales”. En segundo lugar, una ne-gativa marcha económica, donde además de la crisisgenerada “han quedado comprometidos nuestrosrecursos en condiciones de notoria desventaja parael país, lo que determina su dependencia de pode-res económicos, lesionando nuestra soberanía y dig-nidad nacionales”. En tercer lugar, la inmoralidaden la administración pública, generada por la “am-bición incontrolada dentro del ejercicio de las acti-vidades inherentes a los poderes Ejecutivo y Legis-lativo, (y) en el desempeño de los cargos públicos

EL RÉGIMEN MILITEL RÉGIMEN MILITARAR(1968-1980)(1968-1980)

I

de administración”. Porúltimo, el fracaso del pro-grama reformista de Be-launde – “que fue esperan-za de renovación y detransformaciones revolu-cionarias”– debido a “laindefinición, la compo-nenda, la inmoralidad, elentreguismo, la claudica-ción, la improvisación, laausencia de sensibilidadsocial, caracteres constitu-tivos de un mal gobierno,que en tales condicionesno debía seguir detentan-do el poder”. Pero la gotaque derramó el vaso fue laalianza de Belaunde con elPAP y el Acta de Talara:“La culminación de los de-saciertos ha tenido lugaren el uso incontrolado y doloso de inconstituciona-les facultades extraordinarias concedidas al Ejecuti-vo, así como en la seudo solución, entreguista, da-da al problema de La Brea y Pariñas, que evidencianque la descomposición moral en el país ha llegado aextremos tan graves que sus consecuencias son im-previsibles para el Perú”.

Como programa y principios rectores el mani-fiesto señalaba que: “La acción del gobierno revo-lucionario se inspira en la necesidad de transfor-mar la estructura del Estado, en forma tal que per-mita una eficiente acción de gobierno; transformarlas estructuras sociales, económicas y culturales;mantener una definida actitud nacionalista, unaclara posición independiente y la defensa firme dela soberanía y dignidad nacionales; restablecer ple-namente el principio de autoridad, el respeto y laobservación de la ley, el predominio de la justicia yde la moralidad en todos los campos de la actividadnacional”. Asimismo, “el gobierno revolucionariodeclara su respeto a los tratados que en el orden in-ternacional tiene celebrados el Perú; que se man-tendrá fiel a los principios de nuestra tradición oc-cidental y cristiana; y que alentará la inversión ex-tranjera que se sujete a las leyes e intereses nacio-nales”. Finalmente, el gobierno revolucionario“hace un llamado al pueblo peruano a fin de que,confundido con la Fuerza Armada, luche por lo-grar una auténtica justicia social, un dinámico de-sarrollo nacional y el restablecimiento de los valo-

res morales que aseguren a nuestra patria la conse-cución de sus superiores destinos”.

LA JUNTA DE GOBIERNO

El golpe había comenzado a ser planificado des-de los primeros meses de 1968 por oficiales delEjército, encabezados por el general de divisiónJuan Velasco Alvarado. El grupo estaba compuestopor cinco generales y cuatro coroneles; el núcleo de

1089

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

El 3 de octubre de 1968 fue depuesto el arquitecto Belaunde. El gobierno militar impulsaríauna serie de reformas que modificaron el perfil social y productivo de la sociedad peruana.

El general dedivisión JuanVelascoAlvaradoencabezó lajunta que depusoa FernandoBelaunde Terryen 1968. Lasacciones de sugobiernocancelaron a lallamadaoligarquíaperuana y a lavez iniciaron elmonopolioestatal en variossectoresproductivos.

estos últimos fue el que fundamentalmente llevó acabo el golpe de Estado (Jorge Fernández Maldona-do, Leonidas Rodríguez Figueroa, Enrique GallegosVenero y Rafael Hoyos Rubio). Según Kruijt, pararealizar el golpe se movilizaron dos coroneles, nue-ve comandantes, diecisiete oficiales y ciento cin-cuenta “rangers”. La Aviación y la Marina tuvieronque plegarse una vez consumados los hechos, aun-que la segunda tuvo algunas vacilaciones; recién enhoras de la tarde del día del golpe, las tres ramas lle-garon a un acuerdo. Sin embargo, el comandantegeneral de la Marina, vicealmirante Mario Castro deMendoza, solicitó su pase al retiro y fue reemplaza-do por el contralmirante Raúl Ríos Pardo de Zela.Asimismo, se le pidió su renuncia al general de di-visión Alejandro Sánchez Salazar, partidario de Be-launde y segundo hombre en la jerarquía del Ejérci-to. De esa manera, el general Velasco pudo renun-ciar a su cargo de comandante general del Ejército,dejando en su lugar al general Ernesto Montagne.

La junta revolucionaria quedó así compuesta porel general Juan Velasco Alvarado, quien la presidía;el general Ernesto Montagne Sánchez, por el Ejérci-to; el vicealmirante Raúl Ríos de Zela, por la Arma-da; y el teniente general Alberto López Causillas,por la Fuerza Aérea, firmantes del estatuto del go-bierno revolucionario de la Fuerza Armada. Los ge-nerales y almirantes en servicio activo ocuparon losprincipales ministerios y juramentaron en palaciode Gobierno en la noche del 3 de octubre. Mientrastanto, el grupo de coroneles que planificó y llevó acabo el golpe pasó a conformar el Comité de Aseso-ramiento del Presidente (COAP), organismo creadola noche anterior como una especie de Estado Ma-yor político del primer mandatario. Más adelante, elgeneral Velasco contaría con un importante grupode asesores civiles identificados como intelectualesde izquierda. Entre otros estaban Augusto Zimmer-mann (secretario de prensa de Velasco), AlbertoRuiz Eldredge (quien tuvo a su cargo el litigio con-tra la IPC), Augusto Salazar Bondy y Walter Peñalo-za Ramella (encargados de las bases doctrinarias dela reforma educativa), Carlos Delgado Olivera (se-cretario de Velasco y uno de los ideólogos de la re-volución), Héctor Cornejo Chávez, Héctor Béjar yCarlos Franco.

EL ESTATUTO REVOLUCIONARIO

El mismo 3 de octubre se promulgó el decretoley Nº 17063 o estatuto del gobierno revolucionariode la Fuerza Armada. El art. 1 señalaba como razón

del golpe la “impostergable necesidad de poner final caos económico, a la inmoralidad administrativa,a la improvisación, al entreguismo respecto a lasfuentes naturales de riqueza y a su explotación enbeneficio de grupos privilegiados, así como a la pér-dida del principio de autoridad y a la incapacidaden la dirección del Estado”.

El art. 3 establecía que los comandantes genera-les de las tres armas ocuparían los despachos deGuerra, Marina y Aeronáutica respectivamente, yque éstos designarían “por unanimidad (como) pre-sidente de la República a un miembro de la FuerzaArmada” (art. 4). Asimismo, que el ministro deGuerra ejercería la presidencia del gabinete y el res-to de ministros sería nombrado por el presidente,“pudiendo ser miembros de la Fuerza Armada o ci-viles” (cabe señalar que no hubo civiles en el gabi-nete hasta 1977). El gobierno revolucionario se re-giría por “las disposiciones del presente estatuto, ylas de la Constitución del Estado, leyes y demás dis-posiciones, en cuanto sean compatibles con los ob-jetivos del gobierno revolucionario” (art. 5). Conello se hacía una declaración formal de un supues-to respeto a la institucionalidad política anterior aoctubre de 1968, aunque era obvio que el nuevo go-bierno establecería los términos de ésta según sefueran desarrollando los acontecimientos y las ten-siones internas en las Fuerzas Armadas. El presi-dente cumpliría el rol del poder Ejecutivo y el gabi-nete en pleno el del Poder Legislativo (art. 6). Conrespecto a la relación entre el gobierno y las FuerzasArmadas, se respetarían las reglas de la instituciónmilitar: “Los comandantes generales de los institu-tos armados continuarán rigiéndose, en lo que res-pecta a su situación militar, por las disposiciones le-gales vigentes. Al pasar a la situación de retiro, ladesignación de su sucesor recaerá en el oficial gene-ral de mayor antigüedad dentro de su respectivoinstituto” (art. 9). Finalmente, el presidente juraríael cargo y el cumplimiento del estatuto ante la jun-ta revolucionaria, y los ministros ante el presidente(art. 10); el estatuto no sufriría modificaciones y se-ría refrendado “por los comandantes generales delEjército, Marina y Fuerza Aérea al constituirse enjunta revolucionaria” (art. 11). Ambas disposicio-nes se cumplieron en la noche del 3 de octubre.

En cuanto al poder Judicial, en diciembre de1969 fueron despedidos los vocales de la Corte Su-prema y reemplazados por el Consejo Nacional deJusticia, entre cuyas funciones se encontraba elnombramiento de jueces y vocales. El Jurado Nacio-nal de Elecciones dejó de funcionar hasta que sus

1090

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

miembros fueron restituidos para la realización delas elecciones a la Asamblea Constituyente (1978).

EL CARÁCTER INSTITUCIONAL DELGOLPE

Como ha resaltado Luis Pásara, un problemacentral fue establecer la relación entre el gobiernomilitar y las Fuerzas Armadas, lo cual tenía que vercon la representación institucional del régimen y sulegitimidad castrense. El golpe fue inicialmente laexpresión de la voluntad política de un grupo deoficiales, posición que pasa a ser mayoritaria en lasFuerzas Armadas ante los hechos consumados; enese sentido, el gobierno que surge de esta decisiónes institucional. El respeto a la forma institucionalpara integrar el gobierno es la base sobre la cual seconstituyó el régimen de las Fuerzas Armadas, res-petándose la jerarquía de grado y antigüedad. Sinembargo, esto se vería afectado, en primer lugar, porla constante manipulación de ascensos y nombra-mientos en las tres armas y, en segundo lugar, por laexistencia de un grupo “dirigente” que encabezabael proyecto. De allí se podría deducir que este gru-po “dirigente” encubre la conducción del régimenbajo el título de las Fuerzas Armadas. Aun así, ellono invalida el carácter institucional del conjuntodel proyecto, ni la existencia de un grupo “másavanzado” a su interior, ya que las pugnas y las ma-nipulaciones sobre los ascensos pasaban a través delas reglas de juego castrenses. Se combinaron, pues,ambos factores que de alguna manera afectaron elgrado de radicalidad o los términos de la aplicaciónde las reformas; allí, el liderazgodel general Velasco como ele-mento dirimente tendría un rolcentral. Entonces, a pesar delcarácter institucional del proce-so durante toda su llamada “pri-mera fase” el general Velasco im-puso su mayor personalidad y li-derazgo, combinando elementosde fidelidad personal con el res-peto a la institucionalidad cas-

trense. Cuando estos elementos fueron puestos encuestión, comenzó también su declinar.

LAS BASES PROGRAMÁTICAS EIDEOLÓGICAS

Aunque el documento “Bases ideológicas de larevolución peruana” fue hecho público recién en1975 –como consecuencia de los acontecimientosdel 5 de febrero–, en sus términos fundamentalescontiene los iniciales principios que rigieron el gol-pe de octubre de 1968. En dicho documento la “re-volución peruana” es definida como “un procesoautónomo que se desarrolla para transformar el sis-tema político, económico y social del país y cance-lar nuestra condición de sociedad subdesarrollada,capitalista, oligárquica y sometida a los intereses delimperialismo”. Es, asimismo, “nacionalista e inde-pendiente” y doctrinariamente se basa en un “hu-manismo revolucionario de clara oposición a lossistemas de explotación social y a los dogmáticos ytotalitarios, por tanto, recusa los sistemas capitalis-ta y comunista”. Estas ideas estaban obviamente in-fluenciadas por la Democracia Cristiana y el SocialProgresismo.

Dentro del humanismo revolucionario, el docu-mento recoge diferentes aspectos de diversas co-rrientes: socialista, libertaria y cristiana, mostrandoel carácter ecléctico de estas bases ideológicas, quebuscaban un consenso genérico al interior de lasFuerzas Armadas para así proyectar una imagen depluralismo político, económico e ideológico frente ala sociedad, permitiendo que cualquier medida o

1091

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

La toma de las instalaciones petrolerasde Talara, el 9 de octubre de 1968, y

la ley de reforma agraria promulgadaen 1969, entre otras medidas,

provocaron una relativa adhesión alproyecto de la Fuerza Armada. En la

imagen, mitin de Juan VelascoAlvarado en la ciudad de Iquitos.

posición política al interior del gobierno pudiera serfundamentada en dichas bases ideológicas. El docu-mento termina con el planteamiento de “la cons-trucción de una democracia social de participaciónplena” basada en: el apoyo popular, un sistema eco-nómico pluralista y en valores morales como “lajusticia, la libertad, el trabajo, la participación, lasolidaridad, la creatividad, la honradez y el respetopor la dignidad humana”. Todos estos planteamien-tos, como se sabe, no llegaron a cumplirse.

LA TOMA DE TALARA

El 9 de octubre se efectuó la toma de Talara, queabarcó los yacimientos, la refinería y las instalacio-nes de la IPC. Ese día fue declarado de la “DignidadNacional”, celebración que se mantuvo hasta 1979.En un principio el gobierno declaró no estar obliga-do a pagar indemnización alguna, dado el monto delos impuestos adeudados por la empresa; sin embar-go, el gobierno de los Estados Unidos asumió la de-fensa de la empresa amenazando con la aplicaciónde la enmienda Hickenlooper. Como ha sostenidoCarlos Malpica, a los pocos días de expropiar LaBrea y Pariñas el gobierno otorgó nuevos contratosde exploración y explotación de los yacimientos delzócalo continental a la empresa norteamericana Bel-co Petroleum Corporation, que se convirtió en unade las compañías productoras más importantes. Asi-mismo, luego de la creación de Petroperú (en juliode 1969), el gobierno firmó numerosos contratoscon consorcios norteamericanos, europeos y japo-neses para la explotación del petróleo descubiertoen la selva por dicha empresa. Estos contratos se fir-maron bajo el llamado “modelo peruano” que obli-gaba a las compañías a entregar al Estado el 50% delos crudos por concepto de regalía, avaluándose loscostos de producción en un 30%, de modo que lasutilidades de las compañías estarían cercanas al20% del valor bruto de los productos extraídos. Só-lo la Occidental Petroleum Company descubrió ya-cimientos con valor comercial, por lo que se convir-tió en la primera productora.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Las principales fueron, en orden cronológico, lassiguientes: la nacionalización de la IPC (1968); lareorganización de la banca bajo control del Estado yla reforma agraria (1969); las leyes generales de in-dustria, pesquería y minería, y la creación de susrespectivas comunidades laborales (1969-1970); la

reforma de la educación (1971); la estatización de laindustria pesquera anchovetera (1973) y de la Ce-rro de Pasco Peruvian Corporation (1974); la ley depropiedad social y la expropiación de los periódicosde circulación nacional (1974); y la estatización delos yacimientos mineros de Marcona (1975). El go-bierno creó también numerosas empresas estatales yestableció un nuevo tratamiento al capital extranje-ro, enmarcado en las normas fijadas por el PactoAndino. Veámoslas en detalle.

a) El control de la banca y el sistema financiero. Enlo relativo al sistema bancario y financiero, en ene-ro de 1969 se dictó una ley por la cual sólo podíanconsiderarse nacionales aquellas empresas cuyo ca-pital estuviera en poder de peruanos en más del75%, y cualquier nuevo banco que se establecieradebía tener la misma composición. Según CarlosMalpica se favoreció la fusión de bancos y se fijó en150 millones de soles el capital mínimo para operaren Lima. Asimismo, el Estado adquirió el Banco Po-pular del Perú, la totalidad de las acciones del Ban-co Continental y del Banco Internacional del Perú(el primero perteneciente al Chase Manhattan Banky el segundo al Chemical Bank of New York, la Bun-ge y Börn y al grupo Grace). En marzo de 1973 elBanco Continental adquirió la totalidad de las ac-ciones del Banco del Progreso, controlado por ungrupo judío-peruano.

A comienzos del gobierno de Belaunde los úni-cos bancos privados que quedaban eran: el Bancode Crédito del Perú (25% de sus acciones pertene-cientes a la Banca Comercial Italiana), el Banco deLima (controlado por el Credit Lyonnais), el BancoComercial del Perú (cuyos principales accionistaseran miembros de las familias Bertello y Aspíllaga)y el Banco de la Industria de la Construcción (BIC,controlado por Luis León Rupp). Se creó, además,la Corporación Financiera de Desarrollo (COFI-DE), con autonomía económica y administrativa,cuya función era coordinar la acción financiera em-presarial del Estado y fomentar la creación de em-presas, fortaleciendo las existentes. Con el avancede las reformas, el Estado –a través de la banca es-tatal y asociada– asumió directamente la políticamonetaria, crediticia y cambiaria, adecuándola a laspolíticas de desarrollo impulsadas por el gobierno.Para ello otorgó al Banco Central de Reserva y alBanco de la Nación facultades para actuar comoagentes financieros.

b) La Reforma Agraria. El 24 de junio de 1969 elgobierno de la Fuerza Armada promulgó la ley deReforma Agraria, iniciando un proceso de cambios

1092

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

radicales. El lema principal de la reforma fue:“Campesino: el patrón no comerá más de tu pobre-za” y la primera acción gubernativa fue la expropia-ción de los complejos agroindustriales de la costaen los cuales el 60% de acciones fueran de propie-dad extranjera. Se determinó la cancelación del lati-fundio y se estableció una nueva distribución de tie-rras basada en la mediana y pequeña propiedad, quedebía ser trabajada directamente por sus dueños. Laextensión máxima de las propiedades se establecióde la siguiente manera: 150 ha en la costa, 1 500 haen las haciendas ganaderas, y de 15 a 55 ha en la sie-rra y ceja de selva, pagándose a los propietarios unaindemnización en bonos y en efectivo, con el obje-tivo de que los bonos fueran invertidos en la indus-tria. Asimismo, la ley señaló que no habría excep-ciones en cuanto a las dimensiones de la propiedady que éstas serían establecidas por el Tribunal Agra-rio y los jueces de tierras. Se establecieron asimismodiferentes formas de propiedad cooperativa y aso-ciativa, destacando las Cooperativas Agrarias deProducción (CAPs), formadas sobre la base de loscomplejos agroindustriales; las Sociedades Agríco-las de Interés Social (SAIS), integradas por los tra-bajadores de los antiguos latifundios y comunida-des dedicadas a la agricultura y la ganadería; y lascomunidades campesinas, reestructuradas para par-ticipar de los beneficios de la ley de Reforma Agra-ria. Cabe destacar que desde entonces el número decomunidades campesinas reconocidas por el Estadose ha incrementado notablemente; según AlbertoFlores Galindo, suman más de 4 mil, convirtiendo ala comunidad en la institución política y económi-ca más importante del Perú contemporáneo. El go-bierno disolvió la Sociedad Nacional Agraria (SNA),controlada por los grandes propietarios agroindus-triales, y fundó la Confederación Nacional Agraria(CNA), conformada por los diferentes sindicatos ydirectivas de las nuevas organizaciones cooperati-vas. Ello implicó una lucha frontal contra el sindi-calismo azucarero aprista –que databa de la décadadel 20–, una de las razones de la oposición del PAPa estas medidas. Según Daniel Carbonetto, la refor-ma agraria implicó el reparto de 10 298 453 ha en-tre 399 576 familias campesinas –lo que representa-ba el 55,3% de la superficie agrícola y el 32,9% delas familias en el campo– y la liquidación de la basede poder de la oligarquía terrateniente. En cuanto alas empresas comerciales de exportación, las dedi-cadas a productos agrícolas (como la Grace y la Gil-demeister en el caso del azúcar) continuaron sus ac-tividades. Se creó la Empresa Pública de Servicios

Agropecuarios (EPSA) para encargarse de la comer-cialización de los productos del campo orientadosal mercado interno, otorgándosele en diciembre de1972 el monopolio de la comercialización del café y,en agosto de 1973, el de la fibra de algodón. Un mesdespués de la ley de Reforma Agraria, el 24 de juliode 1969, se dictó una nueva ley de Aguas, señalan-do que los recursos acuíferos eran de propiedad delEstado y que éste determinaría el régimen de su dis-tribución (anteriormente estuvo en manos de losgrandes propietarios, quienes la usaban como me-dio para acrecentar sus propiedades). Para su cum-plimiento se promovió la organización cooperativaen su uso y explotación, complementaria al sistemaasociativo y cooperativo establecido en la propiedadde la tierra.

c) La reforma de la educación. Debido al incre-mento de la demanda de los servicios educativos, ycomo una manera de frenar las protestas estudianti-les de 1969 frente a la pérdida de la gratuidad de laenseñanza, el gobierno dictó en febrero de ese añola ley universitaria Nº 17437, que fortalecía la auto-

1093

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Arrozales en la provincia liberteña de Pacasmayo.La ley de Reforma Agraria, promulgada el 24 de junio de

1969, estableció diferentes modalidades de propiedadcooperativa y asociativa, como las Cooperativas Agrarias de

Producción (CAPs) y las Sociedades Agrícolas de InterésSocial (SAIS).

ridad del rector y dismi-nuía la presencia estudian-til en los órganos de deci-sión de las universidades.Luego de dos años, en mar-zo de 1971, ante el patentefracaso de la ley, se dictóuna ley integral de reformade la educación (Nº 19326)–es decir, en todos los nive-les–, cuyas bases doctrina-les fueron formuladas porAugusto Salazar Bondy yWalter Peñaloza, basándo-se en modelos de las uni-versidades norteamerica-nas y europeas. Los objeti-vos planteados eran: edu-cación para el trabajo; edu-cación para el cambio es-tructural y perfecciona-miento de la sociedad pe-ruana; educación para larealización del hombre y la independencia nacional;estímulo de la conciencia crítica y la cooperaciónnacional y fomento de la autoeducación.

La ley consideró varios niveles educativos: a)Inicial, para niños de 0 a 6 años, de aprestamientopara los siguientes niveles; b) Básico, con dos mo-dalidades: regular –para niños de 5 a 15 años– y la-boral –para mayores de 15 años–, que abarcaba tresciclos con nueve grados; c) Superior, que abarcaba:las ESEP (Escuelas Superiores de Educación Profe-sional), donde se otorgaba el bachillerato profesio-nal; las universidades, escuelas de oficiales de lasFuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, semina-rios religiosos y otras escuelas, que otorgaban el ba-chillerato académico y las licenciaturas profesiona-les; y la Escuela de Altos Estudios, donde se otorga-rían las maestrías y doctorados, que nunca llegó afuncionar. Otras modalidades de estudios fueron: a)la Calificación Profesional Extraordinaria, que ca-pacitaba en un corto tiempo para la realización detrabajos específicos en academias y centros de ins-trucción de calificación profesional; b) la EducaciónEspecial, orientada a niños con alguna incapacidadfísica, síquica o con problemas de índole social; c)la Extensión Educativa, que abarcaba múltiples ac-tividades orientadas al público en general.

En cuanto a la universidad, y específicamente asu gobierno, la ley estableció el sistema electoral pa-ra el nombramiento de los miembros de la asamblea

universitaria y del rector,quienes a su vez elabora-rían el estatuto universita-rio. Se reconoció a los tra-bajadores como estamentode la universidad, aunquenunca llegaron a participarde la asamblea universita-ria, y se desconoció a las fe-deraciones universitarias,aunque se mantuvo al ter-cio estudiantil. Asimismo,se creó el Consejo Nacio-nal de la Universidad Pe-ruana (CONUP), como ór-

gano de coordinación entre las diferentes universi-dades; las facultades fueron reemplazadas por losprogramas y departamentos académicos; y se esta-bleció el régimen de estudios semestral y por credi-taje. Según Carlos Malpica, debido a la elaboraciónde estatutos universitarios que rebasaban los alcan-ces de la ley, el gobierno no promulgó ésta dejandoa las universidades en un caos legal. Asimismo, ladisminución relativa de las rentas y el haber queda-do el gobierno de las universidades bajo diferentesformas de autoridades provisorias, nombradas porel CONUP, fueron las causas de la crisis universita-ria bajo el gobierno militar.

d) Ley de Minería. El 8 de junio de 1969 el go-bierno promulgó la ley general de Minería –enreemplazo de la dictada bajo el gobierno de Odría–que establecía la participación directa del Estado enla explotación, producción y comercialización delos productos mineros. Éste sería el caso de los ya-cimientos que después de un plazo establecido nofueran trabajados por los concesionarios. Asimis-mo, se establecieron medidas de protección y apoyoa la pequeña y mediana empresa minera, en cuantoal otorgamiento de créditos y de asistencia técnica.En octubre de 1970 se crean Minero Perú y MineroPerú Comercial (MINPECO); el primero se encar-garía de la explotación directa de los yacimientosmineros de propiedad del Estado y la segunda de lacomercialización y exportación de los minerales. De

1094

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

La reforma de la educación fueotra de las medidas impulsadaspor el gobierno militar. Para ellose contó con el concurso deasesores civiles, entre los quedestacaba Augusto SalazarBondy, reconocido profesoruniversitario.

esta manera el Estado teníaplena disponibilidad de lasdivisas del sector minero y elcontrol de los costos y utili-dades, evitando así una delas formas más comunes deevasión tributaria. Tambiénse crearon Centromin Perú yHierro Perú para la explota-ción de los minerales y la ad-ministración de las fundicio-nes de la sierra central.

Según Malpica, a excep-ción de la compra por el Es-tado de la Cerro de PascoCorporation y de la MarconaMining Company, las empre-sas mineras continuaronoperando normalmente. Endiciembre de 1969, el gobier-no firmó nuevos contratosde explotación de los yaci-mientos de Cuajone con laSouthern Peru Copper Corporation y continuó lasnegociaciones del gobierno de Belaunde con las em-presas Anaconda, Cerro Corporation, AmericanSmelting and Refining Company y Kayser Alumi-nium Company, para la explotación de Cerro Verde,Toromocho, Michiquillay, Quellaveco y Bayóvar,que funcionarían en base a empresas mixtas (nacio-nales o extranjeras) o empresas estatales con crédi-tos externos. Si bien la ley de Minería recortaba al-gunas ventajas otorgadas a las empresas extranjerasen el código de Minería del gobierno de Odría, elmodelo de explotación se mantuvo dentro de unaorientación de promoción capitalista.

Con la ley de Comunidades Industriales se creóla comunidad minera, semejante a la industrial pe-ro con la diferencia de que se le destinaba el 10% yno el 25% de las utilidades. Para equilibrar las dife-rencias de productividad entre empresas se creó lacomunidad de compensación minera, a la cual con-tribuían todas las empresas para redistribuir los in-gresos entre los trabajadores del sector.

En lo relativo a los materiales de construcción,con el control del Banco Popular el Estado adquirióel 18% de las acciones de Cementos Lima S.A., lamayor productora de cemento, y la mayoría de lasacciones de Cemento Chiclayo S.A. de CementoSur, de Cementos Especiales y Derivados S.A., y deDistribuidora de Materiales, la compañía encargadade la comercialización del cemento en Lima y de-

partamentos aledaños. En los primeros meses de1974, el Estado adquirió por compra-venta y/o ex-propiación Cemento Andino S.A. y Cemento Pacas-mayo, transformándose en monopolista de este sub-sector industrial, pues ya le pertenecía la planta decemento de Yura en Arequipa.

e) Ley de Industrias. En julio de 1970 el gobier-no dicta la ley Nº 18350 o ley de Industrias que in-troduce importantes cambios en el sector: las indus-trias básicas (o de transformación de materias pri-mas, que comprendían la industria siderúrgica, pe-troquímica, de fertilizantes, cemento y papel) que-daban reservadas para el Estado; se crea el sectorcooperativo; se establece la participación de los tra-bajadores tanto en las utilidades como en el capitaly la dirección de la empresa, a través de la comuni-dad industrial; y se limita la participación del capi-tal extranjero al 33% del valor accionario de las em-presas que operan en el país, salvo casos excepcio-nales. Además, se expropiaron las industrias delgrupo Grace, la industria del cemento, del papel, delos fertilizantes y algunas de la química básica. Laacción empresarial del Estado en el campo indus-trial generó la formación de empresas como Sider-perú, encargada de la producción de acero; Indupe-rú, para implementar los proyectos empresarialesdel Estado mediante la prestación de servicios téc-nicos y gerenciales; Entur Perú, para impulsar el de-sarrollo de los servicios turísticos, entre otras.

1095

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

En 1970 el Estado creó Minero Perú y Minero Perú Comercial, entidades que se encargaríanrespectivamente de la explotación y comercialización de los productos mineros. Para laexplotación de los yacimientos mineros de la sierra central fue creada Centromin Perú.

En setiembre de 1970, el gobierno promulgó laley de Comunidad Industrial que otorgaba a los tra-bajadores la participación en la gestión y propiedadde la empresa mediante la comunidad industrial,conformada por todos los trabajadores de cada fá-brica. Su patrimonio estaba constituido por el 15%de las acciones anuales originadas para la reinver-sión libre de todo impuesto a la renta, el cual se acu-mularía hasta alcanzar el 50% del capital social decada empresa; ello le daba a los trabajadores una re-presentación proporcional en el directorio de la em-presa, sin sobrepasar el 50%. Un 10% de la renta serepartía entre los trabajadores de acuerdo a los díaslaborados durante el año. Se exceptuó de la comu-nidad laboral a las pequeñas empresas privadas conun movimiento económico menor.

En abril de 1974 se promulga la ley de Empresasde Propiedad Social, cuya principal característicaera pertenecer íntegramente a sus trabajadores. LasEPS se formaban de acuerdo al principio de solida-ridad para la realización de actividades económicasy en ellas se buscaba cumplir con la participaciónplena de todos los trabajadores, quienes tenían de-recho de intervenir en la gestión y en los beneficiosde la empresa, a la acumulación social y a recibir ca-pacitación permanente. A pesar de que se formaronnumerosas empresas bajo este régimen, muchas deéstas no llegaron a prosperar; entre otras razonesporque, como ha señalado Chirinos Soto, la propie-dad social no era entendida como propiedad indivi-dual o grupal de los trabajadores que la conforma-ban. Más bien, las empresas pertenecían “al conjun-to de los trabajadores que integran el sector de pro-piedad social”.

Uno de los objetivos de estas leyes era “acabarcon la lucha de clases” mediante la “conciliación deintereses entre el capital y el trabajo”. Sin embargo,surgieron serias discrepancias y contradicciones alinterior del movimiento sindical, ya que si bien seveía con simpatía dichas medidas, éstas planteabanen la práctica la desaparición de los sindicatos y desu autonomía política frente al Estado. Esta contra-dicción atravesó todas las reformas y no pudo impe-dir que entre 1970 y 1975 se realizaran numerosasprotestas y huelgas sindicales.

En cuanto a la legislación laboral, el gobiernoreorganizó el ministerio de Trabajo, unificó los regí-menes de Seguridad Social (de obreros y empleados)y dio una serie de disposiciones sobre inspecciones,reclamaciones colectivas y denuncias. También fo-mentó el reconocimiento oficial de los sindicatos,duplicándose el número de éstos entre 1968 y 1975.

Una de las medidas de legislación laboral másimportantes fue el decreto ley Nº 18471 del 10 denoviembre de 1970, llamado ley de Estabilidad La-boral. Esta ley limitaba a dos los casos en los que eltrabajador podía ser despedido: por “falta grave” ypor “reducción o despido total del personal autori-zado por la autoridad de trabajo”. Según Denis Sul-mont, dicha ley fue duramente criticada por los em-presarios que veían recortada su libertad frente altrabajador. La ley además, establecía determinadasexigencias mínimas que el empleador debía cumplirpara proceder al despido, impidiéndose de esta ma-nera muchas arbitrariedades y permitiendo que lostrabajadores participaran en la acción sindical conciertas garantías elementales frente a las represaliaspatronales. Sin embargo, los empresarios siguieronatentando contra la estabilidad laboral –en especialcontra los dirigentes sindicales–, ya que la ley deja-ba un amplio margen de interpretación sobre lo quepodía considerarse “falta grave”. Esto llevaba a losobreros a largos trámites para recuperar su puestode trabajo. Finalmente, el Estado mantuvo la facul-tad de suspender la estabilidad laboral en ciertasempresas o sectores, disposición a la que recurriópara reprimir el movimiento sindical.

f) Ley de Pesquería. El 28 de marzo de 1969 sepromulga la ley orgánica del ministerio de Pesque-ría, donde se establece que la extracción de los re-cursos pesqueros era de interés social y de necesi-dad pública. La acción estatal en este sector se ini-ció con la creación, en 1970, de la empresa de co-mercialización interna denominada Empresa Públi-ca de Servicios Pesqueros (EPSEP) y de otra encar-gada de la exportación de la harina y el aceite depescado, llamada Empresa Pública de Comercializa-ción de Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP). Seestableció luego la comunidad pesquera, semejanteen sus lineamientos a la minera, otorgando partici-pación a los trabajadores en la gestión y en las uti-lidades de las empresas; y la comunidad de compen-sación pesquera, que permitía proteger a todas lasempresas, grandes o pequeñas. En mayo de 1973 elEstado expropia las acciones de las empresas quetransformaban la anchoveta, cuyo accionariado ensu mayoría se hallaba en manos extranjeras, creán-dose Pescaperú. Para la explotación de la pesca deconsumo directo y elaboración de conservas secrearon varias empresas mixtas y se suscribieronconvenios con países tanto capitalistas como socia-listas. En julio de 1976, el gobierno de Morales Ber-múdez privatiza la flota de Pescaperú autorizandosu venta a pequeñas empresas, lo cual provocó una

1096

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

gran huelga de los pescadoresanchoveteros. En 1979, el go-bierno denunció unilateral-mente los contratos con Cubay Polonia.

g) La reforma del Estado.Los cambios producidos entodos los sectores de la pro-ducción y de servicios en elpaís hicieron necesaria una re-forma del aparato estatal. Secrearon nuevos ministerioscomo Economía y Finanzas(ex Hacienda y Comercio);Energía y Minas; Industria,Comercio, Turismo e Integra-ción; del Interior (ex Gobier-no y Policía); Transportes yComunicaciones; Vivienda yConstrucción; y Pesquería.Asimismo, se fortaleció al Ins-tituto Nacional de Planifica-ción (INP) otorgándole el control de todas las in-versiones del sector público y la responsabilidad dela política económica de largo plazo. A modo dedescentralización, se crearon los Comités Departa-mentales con el fin de planificar y realizar las inver-siones del Estado en cada departamento del país,mediante la coordinación de las entidades estatalescon organizaciones de diverso tipo.

h) Las telecomuni-caciones. En diciem-bre de 1969 el gobier-no creó la EmpresaNacional de Teleco-municaciones (EntelPerú) encargada delestablecimiento, lasoperaciones y el desa-rrollo de los serviciosde telecomunicacio-nes dentro y fuera delpaís, iniciándose elingreso del Perú alsistema de comunica-ciones vía satélite yvía microondas. Ennoviembre de 1971 sepromulgó la ley deTelecomunicaciones,marco en el cual seexpropió más del

50% de las acciones de los canales de televisión y deonce radioemisoras de Lima. Se creó, además, el Sis-tema Nacional de Información (SINADI), encarga-do de los servicios informativos al interior y exte-rior, y el Estado comenzó a producir programas detelevisión a través del canal estatal. En julio de 1972el gobierno compró el 70% de las acciones de laCompañía Peruana de Teléfonos S.A. perteneciente

1097

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

La estatización de la actividad pesquera fue otra de las medidas del gobierno militar.Progresivamente el Estado peruano fue monopolizando las principales actividadesproductivas y creando entidades estatales para su explotación y administración.

En 1973 fue creada Pescaperú.

Una de las herencias del docenio militar fue precisamente un complejo aparato estatal y una crecidaburocracia. En la imagen, fachada de lo que fuera el ministerio de Pesquería, edificio construido

durante el gobierno militar. En la actualidad funciona como Museo de la Nación.

a la International Telephone and Telegraph (ITT),iniciándose la nacionalización del sector. Tambiénfue nacionalizada, e integrada a Entel Perú, la Com-pañía Nacional de Teléfonos, encargada del serviciodel centro, norte y oriente de la República, subsidia-ria de la ITT y de la Sociedad Telefónica del SurS.A., subsidiaria de la empresa sueca Ericksson. Atodo esto se agregó la nacionalización de la red deferrocarriles que se encontraba en poder de la com-pañía inglesa Peruvian Corporation. En setiembrede 1972 fue creada la Empresa Nacional de Ferroca-rriles del Perú (Enafer Perú).

i) Otros sectores. Según Malpica, el Estado con-troló la mayoría de las acciones de las EmpresasEléctricas Asociadas, entidad que siguió siendo lapredominante en el sector correspondiente, cam-biándole el nombre por el de Electrolima. El restode empresas estatales se agrupó en Electroperú.

Las empresas comerciales continuaron operandoigual que antes, produciéndose pocos cambios en elsector, tales como la mayor participación del Estadoen la comercialización de los productos agropecua-rios a través de la Empresa Pública de ServiciosAgropecuarios (EPSA) y la intervención de las 14tiendas de la cadena Supermarket, que pertenecía ala familia Olcese. EPSA era la única entidad autori-zada para importar carnes, grasas, frutas, productoslácteos, licores, menestras, trigo, maíz y sorgo, y laencargada del comercio del arroz y otros productosagrícolas con precios subsidiados. Junto con EPSEPy EPCHAP, el gobierno organizó la Empresa Nacio-nal de Comercialización de Insumos (ENCI), encar-gada de la importación de insumos y artículos in-dustriales. Al desaparecer EPSA en 1979, ENCI asu-mió sus funciones.

Las urbanizadoras continuaron operando sin al-teraciones, salvo las disposiciones dictadas paraevitar el exceso de especulación, racionalizar la ex-pansión de las ciudades, facilitar la adquisición deterrenos por cooperativas y asociaciones de vivien-da, y recuperar los terrenos eriazos en poder departiculares.

LA POLÍTICA ECONÓMICA

Luis Pásara ha sostenido que el proyecto militartenía una fórmula básica para financiar el desarrollonacional: concentrar en el Estado el proceso de acu-mulación que se hallaba en manos del capital ex-tranjero y de los grupos nacionales de poder econó-mico. Para ello se nacionalizaron las principales ac-tividades productivas y de comercialización de las

exportaciones peruanas. El excedente nacional, queno escaparía entonces al exterior ni se concentraríaen pocas manos, permitiría realizar inversiones pú-blicas reproductivas al mismo tiempo que se obte-nían las divisas necesarias para abastecer al sectorindustrial.

El modelo mostró su debilidad por varios lados.En primer lugar, muchas de las nacionalizacionesno produjeron el efecto esperado y algunas de ellasmás bien ocasionaron un significativo desembolsode divisas. Las expropiaciones de la IPC y la Cerrode Pasco Corporation requirieron de nuevas inver-siones antes de mostrar utilidades significativas. Lacomercialización de minerales, pesca y productosagrícolas en manos del Estado no dejó los márgenesde utilidad que había alcanzado antes de la expro-piación. En segundo lugar, se siguió implementan-do una política de fomento a la sustitución de im-portaciones que resultaba adicta a un consumo dedivisas cada vez mayor, puestas al alcance de la in-dustria por el Estado. En tercer lugar, la necesidaddel régimen de contar con un apoyo social lo llevóa aplicar una amplia cobertura de subsidios a losproductos de primera necesidad urbana, repercu-tiendo de manera negativa en el presupuesto fiscal,la balanza comercial y la producción agrícola.

En conclusión, el manejo económico del régi-men suponía un creciente gasto público y un con-sumo ascendente de divisas, acrecentado por la re-ducción de la presión tributaria sobre el capital. Elcamino para resolver estos problemas fue el endeu-damiento público, cuyo proceso se aceleró en la me-dida de la necesidad de garantizar que la economíacontinuara funcionando.

LA POLÍTICA EXTERIOR Y ELPROTAGONISMO INTERNACIONAL

En el campo de las relaciones internacionales elgobierno militar obtuvo importantes éxitos. Diomuestras de independencia frente a la política de losEstados Unidos, que amenazó al Perú con sancioneseconómicas, especialmente en relación al problemacon la IPC; la defensa de la tesis de las 200 millas demar territorial peruano y la posición respecto al ca-nal de Panamá. Ello llevó al retiro de las misionesmilitares norteamericanas y a una apertura hacia elbloque socialista, restableciéndose relaciones diplo-máticas y comerciales con casi todos los países dedicho bloque, incluyendo Cuba y China, y com-prándose armamento a la Unión Soviética. Se conti-nuó la política de integración de los países andinos

1098

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

iniciada por el gobierno de Belaunde; en mayo de1969 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú fir-maron en la ciudad de Cartagena un acuerdo de in-tegración subregional, llamado Pacto Andino oAcuerdo de Cartagena. En 1973 Venezuela se unióa éste y en 1976 Chile, bajo la dictadura del generalAugusto Pinochet, se retiró. El Perú fue anfitrión dela reunión del Grupo de los 77 del Movimiento NoAlineado, realizada en Lima en octubre de 1971,aunque sólo participó como observador; recién ensetiembre de 1973 se incorporó como miembro ple-no, ubicándose en una posición de liderazgo a nivellatinoamericano y del Tercer Mundo.

Los principios fundamentales en los que se basóla política exterior peruana fueron los siguientes:autonomía frente a cualquier forma de injerenciaextranjera; política antimperialista, contraria a todaforma de dominación externa o de dependencia po-lítica, social o militar respecto a cualquier centro depoder internacional; respaldo a la lucha de los pue-blos contra toda forma de imperialismo, colonialis-mo y subordinación internacional; posición de paísno alineado y ubicación tercermundista; afirmaciónde un nuevo concepto en las relaciones internacio-nales sustentado en una efectiva comunidad de na-ciones libres y soberanas basadas en la igualdad.Los titulares en el ministerio de Relaciones Exterio-res durante el gobierno del general Velasco fueronlos generales Edgardo Mercado Jarrín y Miguel An-gel de la Flor Valle.

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Con el fin de obtener unabase social de apoyo al gobiernoy dirigir “desde arriba” la parti-cipación de la población en elproceso de reformas, el gobier-no creó en junio de 1971 el Sis-tema Nacional de MovilizaciónSocial (SINAMOS), encabezadopor el general Leonidas Rodrí-guez Figueroa, sistema que arti-culaba organizaciones de dife-rente carácter, a través de lascuales se realizaba campañas deconcientización y movilizaciónpolítica, pero también se canali-zaba las demandas de pequeñasobras públicas por medio de lasCorporaciones Departamenta-les de Desarrollo. Esta política

era congruente con el discur-so oficial de “democracia so-cial de participación plena” yde “no partido”, aunque mu-chos integrantes del gobiernovieron en el SINAMOS un an-tecedente de lo que debía serla constitución de un partidopolítico de la revolución pe-

1099

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Edgardo Mercado Jarrín, ministro de Relaciones Exterioresdurante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue uno de losportavoces de la posición no-alineada del Perú en los foros

internacionales.

El SINAMOS fue creado con elpropósito de conseguir respaldo civilal proyecto militar y contribuir a lagestación de una democracia departicipación plena. Sin embargo, seconvirtió en un “partido” delgobierno militar y sus prácticasrepetían el tradicional sistema defavores que ha caracterizado a losmovimientos políticos peruanos.

ruana. Por el carácter militar del régimen, el SINA-MOS instauró una relación vertical y autoritaria conla población organizada en sus filas, a través de lascuales también se establecieron lazos paternalistas yde clientelaje político. Sin embargo junto con elproceso de reformas la organización popular co-menzó a radicalizarse más y, en determinados mo-mentos, a desbordar el férreo control gubernativo.Esta organización popular, paralela a la que fue ges-tándose por impulso de la izquierda radical, fue unode los más grandes temores de los empresarios ypropietarios, ante la perspectiva de una explosiónsocial incontrolable. Junto con el SINAMOS se creóel Sistema Nacional de Defensa Civil, en marzo de1973, orientado a la prevención y rápida moviliza-ción social en caso de desastres.

EL INICIO DE LA CRISIS ECONÓMICA DE1973

En 1973 comenzaron a manifestarse los prime-ros síntomas de la crisis: déficit en la balanza de pa-gos, caída de las reservas internacionales, incremen-to de los servicios de la deuda externa y del costo devida. Según Lynch, cuando las dificultades econó-micas fueron innegables, alrededor de 1975, el go-bierno militar las atribuyó a la baja internacional delos precios de nuestras exportaciones, causante dela falta de divisas necesarias para las importacionesque hacían funcionar el resto de sectores económi-cos, especialmente la industria. La falta de divisasintentó ser cubierta con préstamos externos a partirde 1974, utilizando como garantía los futuros ingre-

sos por las inversiones realizadas por el gobierno enla minería y el petróleo. Los resultados, sin embar-go, no fueron inmediatos ni en los niveles previstos,y la explicación de las causas de la crisis se volveríareiterativa hasta el inicio del gobierno aprista. Nin-guno de los ministros de Economía ni los presiden-tes de turno quisieron reconocer la existencia deimportantes factores internos como la caída de lapresión tributaria y de la inversión privada, así co-mo la dependencia de divisas para el funcionamien-to de la industria, acrecentada por el modelo de sus-titución de importaciones.

En cuanto a la crítica por el desmesurado creci-miento del Estado y el incremento de su presenciaen la economía en desmedro de las actividades pro-ductivas privadas, hay que señalar que, según Car-bonetto, pese a las reformas el sector privado man-tuvo su preeminencia en la generación del valorbruto de la producción, con un total del 58,4%(43,1% nacional y 15,3% extranjero), mientras quela propiedad estatal fue del 10,3% y la asociativa de8%. En cuanto a inversión, también el Estado incre-mentó su participación superando a la privada:mientras el sector estatal controlaba la banca, la mi-nería, el petróleo y, a través de las empresas asocia-tivas, las grandes propiedades agrarias, el capitalprivado tuvo preeminencia en importantes segmen-tos de la industria, el sector más dinámico de la eco-nomía, con un crecimiento promedio anual del7,5% entre 1960 y 1975. Dentro de ella se encontra-ban las unidades productivas más grandes, con másde 100 trabajadores, como en los sectores químicosy metalmecánicos, en manos de capitales norteame-

ricanos, que tendrían una granimportancia en la política desustitución de importaciones.Sin embargo, hay que reconocer–como sostienen Schydlowskyy Wicht– que, pese a las altasinversiones, el sector estatal de-bía enfrentar problemas como elhaber absorbido empresas condificultades económicas o insta-

1100

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

En 1973 el gobierno de Velascoempezó a padecer los primerossíntomas de la crisis económica. Si bien entre 1970 y 1975 seincrementaron la rentabilidad ybeneficios del sector privado, esto nofue aparejado con un crecimiento dela inversión. En la vista, una imagende Lima.

laciones obsoletas y la falta deeficacia en el manejo interno dedichas empresas.

En cuanto al sector agrario,no cambiaron las desiguales rela-ciones entre el campo y la ciu-dad, manteniéndose los preciosagrarios bajos en favor de los sec-tores urbanos, frenándose las po-sibilidades de crecimiento delsector agrario asociativo y delagro en general.

Volviendo al punto de la in-versión privada, el sector empre-sarial argumentaba que su reduc-ción se debía al incremento de lapresencia estatal en la economía,pero especialmente al impacto delos beneficios sociales otorgadosa los trabajadores, como la esta-bilidad laboral y el incremento desalarios. Según Dancourt, entre 1970 y 1975 la de-manda, producción, rentabilidad y beneficios delsector privado se incrementaron, pero la inversiónno, debido a la falta de confianza empresarial porlas limitaciones impuestas en la toma de decisionesy en la obtención de mayores ganancias, aspectosrelacionados al trato del factor trabajo. Ello a pesarde que el gobierno de Velasco otorgó importantesincentivos con el fin de compensar dichas limitacio-nes y dar mayor confianza a los empresarios, comoson las múltiples exoneraciones tributarias, el au-mento del gasto público y los mejores salarios, queincrementaron la capacidad de compra de ampliossectores populares. Ello se ve reforzado con lo queCarbonetto señala acerca de la relación entre ganan-cias y salarios al interior de la distribución nacionalde la riqueza; entre 1968 y 1975, las ganancias su-bieron del 22,4% al 28,2%, mientras los salarios ba-jaron de 77,6% al 72,6%. Es decir que, en términosde distribución de la riqueza, los empresarios incre-mentaron sus ingresos en desmedro de los trabaja-dores. Ello muestra que pese a las medidas dictadaspor el gobierno, éste mantenía su tendencia a bene-ficiar al sector empresarial antes que a los trabaja-dores. Además, las ganancias que no se dedicaron ala inversión fueron orientadas al incremento delconsumo personal de los empresarios, el cual subiódel 40% al 70% entre 1968 y 1975. El argumento deseñalar al incremento de los salarios como causa dela crisis ha sido la posición oficial del empresariadoperuano hasta nuestros días; sin embargo, como ha

mostrado Carbonetto, éste es insostenible. Dan-court atribuye esta falta de inversión a la ausenciade confianza empresarial, entendida como la capa-cidad de los empresarios de “disciplinar” a los tra-bajadores, particularmente a través del despido. Pa-ra los empresarios la estabilidad laboral significabauna disminución de su poder dentro de la sociedaden favor de los sindicatos y de la competencia quecomo empleador significaba el Estado. Los empre-sarios, acostumbrados a actuar sin competenciaeconómica ni respeto a los derechos laborales, no sesintieron cómodos con las nuevas condiciones im-puestas por el gobierno, por más que éstas significa-ran mayores ganancias. Por su parte, el inversionis-ta extranjero que, como hemos señalado, mantuvosu presencia en el sector industrial –pese a su des-plazamiento de importantes sectores como la mine-ría, el petróleo y el agro–, imitó el comportamientodel empresario peruano: no invirtió, debido a las le-yes sociales que beneficiaban a los trabajadores, a lapolítica de formación de empresas mixtas en la ex-plotación de nuestros recursos naturales, a las limi-taciones en la repatriación de utilidades y a la pau-latina nacionalización de las empresas extranjeras.Sin embargo, también se benefició ampliamente conlos incentivos del gobierno y el uso de las divisasperuanas, lo cual redundó en mayores ganancias.

Los estudios de Carbonetto, y de Schydlowsky yWicht, plantean que los problemas de fondo se die-ron con el modelo de desarrollo industrial basadoen la “sustitución de importaciones” como princi-

1101

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Planta y trabajadores de Industria Textil Perú S.A. La existencia de una legislaciónlaboral protectora fue subrayada por el sector privado como la principal razón para

restringir sus niveles de inversión.

pio para la acumulación económica, que demanda-ba una gran cantidad de dólares para la importaciónde maquinarias e insumos, necesidad que se vio in-crementada con el creciente reclamo por aumentossalariales y del gasto público.

La crisis era inevitable si la producción para elmercado interno no contaba con las divisas necesa-rias. Esta situación se había iniciado en los años 60con la expansión de la producción de bienes de con-sumo durables orientados a las clases medias y altas(automóviles, televisores, refrigeradoras y otrosproductos para el hogar), que requería de maquina-rias e insumos importados; pero no se impulsó unapolítica orientada a promover una industria masivade bienes de consumo con insumos nacionales ycon maquinarias producidas en el país. Las escasasdivisas existentes terminaron financiando una in-dustria que no atendía sino las necesidades de unsector muy pequeño de la población y que no con-tribuía a una integración económica del conjuntode los sectores productivos; es decir, no se impulsa-ba el crecimiento del mercado interno. Se buscó cu-brir la falta de divisas a través de préstamos exter-nos, cuyo monto subió de 1 100 millones de dóla-res en 1968 a 2 542 millones en 1973 y a 3 990 mi-llones en 1975. La mayoría de estos préstamos pro-

vino de la banca privada de los Estados Unidos y deEuropa, debido al deterioro de las relaciones con elgobierno norteamericano. Desde 1972 los déficitspresupuestales serían cubiertos con estos préstamosexternos y, recién en 1974, Perú y Estados Unidosllegaron a un acuerdo que restablece la fluidez derecursos financieros. Asimismo, los gastos en defen-sa se incrementaron al deteriorarse las relacionescon Chile luego del golpe de Estado contra el presi-dente Salvador Allende. En agosto de 1975 se alcan-zó un punto crítico que pudo llegar a enfrentamien-tos armados: los gastos de defensa subieron de 58millones de dólares en 1970 a 219 millones en1975. Los ingresos por las exportaciones no sólodebían mantener en funcionamiento a la industria,sino que también debían orientar más recursos a losgastos militares y al pago de la deuda externa, quese incrementó del 14,6% en 1968 al 25,8% en 1975.Una de las salidas podría haber sido realizar una re-forma del sistema tributario para mejorar los ingre-sos del Estado, pero esa decisión política no se to-mó ante el temor de afectar las ganancias empresa-riales y los ingresos de la clase media alta, dos sec-tores que a pesar de verse favorecidos por las políti-cas económicas inmediatas mantenían su distanciaideológica frente al régimen.

El fracaso económico, expresadoen forma inmediata como apremio fi-nanciero, fue causado por defectosde un modelo de industrializaciónconsumidor y dependiente de divi-sas, que no logró integrar a los diver-sos sectores productivos y en el mar-co del cual casi no se reinvirtió. Labaja en los precios de los productosde exportación, los gastos en defensay en el pago de la deuda externa agra-varon la situación pero no fueron sucausa. En ese sentido, los militarescontinuaron y profundizaron un mo-delo de desarrollo industrial iniciadopor el gobierno de Belaunde.

LA EXPROPIACIÓN DE LOSMEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entre los primeros sectores afecta-dos por las medidas del gobierno es-tuvieron los periodistas y los mediosde prensa que eran voceros de lospartidos políticos afectados por elgolpe o que en general se opusieron

1102

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Una manifestación a favor de la expropiación de los diarios en 1974. En julio dedicho año las sedes de La Prensa, El Comercio, Ultima Hora, Correo y Ojofueron ocupadas y posteriormente transferidas por el gobierno militar a los

llamados “sectores sociales organizados”.

a él. Los diarios Expreso y Extra (ambos de propie-dad de Manuel Ulloa Elías) y la revista Caretas fue-ron clausurados en noviembre de 1968. Para en-frentar a los medios de prensa opositores al gobier-no, en marzo de 1969 se crea la Oficina Nacional deInformación, como vocero oficial. En marzo de1970 se concreta la expropiación de Expreso y Extra.En abril es declarada en quiebra y clausurada La Tri-buna, vocero del PAP; asimismo, con la compra del85% de las acciones del Banco Popular, el gobiernoobtuvo el diario La Crónica. En noviembre de 1971,se decreta la compra por parte del Estado del 51%de las acciones de los canales de televisión privada,con lo que asumió su control. Las empresas de ra-dio y televisión productoras de programas conti-nuaron en manos de sus propietarios; el Estado creóTelecentro, una empresa mixta con los antiguosdueños. Los únicos medios escritos que mantuvie-ron su autonomía frente al gobierno fueron La Pren-sa (de propiedad de Pedro Beltrán), El Comercio (depropiedad de la familia Miró Quesada), Ultima Ho-ra, y Correo y Ojo (de propiedad del empresario pes-quero Luis Banchero Rossi).

En la madrugada del 27 de julio de 1974, las se-des de estos diarios fueron ocupadas, dictándose esamisma mañana un decreto por el cual se confisca-rían; en adelante el gobierno nombraría a los direc-tores y a los gerentes de las empresas editoras. Se-gún el decreto, el gobierno no asumiría directamen-te el control de los diarios sino que éstos seríantransferidos a los sectores organizados de la socie-dad: El Comercio sería entregado a los campesinos;La Prensa a las comunidades laborales; Expreso yExtra a la comunidad educativa; Correo a los profe-sionales; Ultima Hora a los trabajadores de servi-cios; y Ojo a los intelectuales. La Crónica depende-ría directamente de la presidencia de la República.Dichas transferencias nunca se concretaron. Lasagencias noticiosas internacionales siguieron ope-rando y se reincorporó el servicio de Prensa Latina,la agencia del gobierno cubano, clausurada en di-ciembre de 1959 por el gobierno de Manuel Prado.

Con respecto a las revistas extranjeras, Life y TheEconomist dejaron de circular en su versión castella-na y se prohibió el ingreso de Visión por su posiciónantiperuana. A fines de 1975, se prohibió la impor-tación de revistas frívolas (Playboy, Cosmopolitan),en tanto que, de las revistas nacionales, continuaronapareciendo Caretas y Oiga. Durante la segunda fa-se se fundaron numerosas revistas políticas comoMarka, Amauta, Equis X, Opinión Libre y El Tiempo,expresión de una inminente crisis política debido a

que el gobierno no lograba alcanzar legitimidad yapoyo social para las reformas.

LA CRISIS DEL VELASQUISMO

La crisis política del gobierno militar no fue sinola expresión de los conflictos al interior de las Fuer-zas Armadas, relacionados con el rumbo que estabatomando el proceso de reformas. Una de las preocu-paciones más importantes era el movimiento social–con signos de una rápida radicalización– que em-pezaba a romper los marcos estrechos de la organi-zación corporativa dada por el SINAMOS, agudiza-da por los primeros signos de la crisis económica. Elelemento aglutinador del liderazgo del general Ve-lasco alrededor de las reformas comenzó a romper-se, situación impensable al inicio del gobierno mili-tar, aunque ya Velasco había enfrentado algo similara fines de enero de 1969 cuando le tocaba pasar alretiro. El estatuto del gobierno revolucionario esta-blecía que el presidente era elegido entre los miem-bros de las Fuerzas Armadas, sin especificar su si-tuación de actividad o retiro. En caso de interpretar-se que debía ser un oficial en actividad y respetan-do la jerarquía militar, la presidencia debía recaer enel general Ernesto Montagne, que ya concentrabalos cargos de presidente del Consejo de ministros,ministro de Guerra y comandante general del Ejér-cito. El general Montagne intentó un “golpe de ma-no” al interior del Consejo de Ministros, pero fraca-só ante la actitud decidida del general Velasco demantenerse a la cabeza del gobierno.

Una nueva oportunidad para un cambio de lide-razgo se presenta en febrero de 1973, cuando el ge-neral Velasco sufre la ruptura de un aneurisma de laaorta abdominal. Su situación se agrava a inicios demarzo, por lo que se le amputó la pierna derecha;ante la posibilidad de su muerte, empieza a discu-tirse al interior del gobierno el tema de la sucesióny a organizarse posiciones en relación al futuro delproceso de reformas. El ministro de Marina, almi-rante Luis Vargas Caballero, manifiesta abiertamen-te sus discrepancias ideológicas, criticando las posi-ciones socialistas y marxistas del gobierno, defi-niendo al Perú como un “país occidental y cristia-no” que debía ser salvado de “la infiltración comu-nista”. Estas declaraciones contaron con el apoyo desu institución, que desde el inicio había estado endesacuerdo con el proceso de reformas. El sector ve-lasquista logra que la junta de gobierno entreguemomentáneamente las atribuciones del presidentede la República al entonces presidente del Consejo

1103

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

de Ministros, general Ed-gardo Mercado Jarrín.

Ante la crisis políticaque se abría al interiordel gobierno, el propiogeneral Velasco –visible-mente enfermo– hace unesfuerzo supremo y reto-ma sus atribuciones, tra-tando de mantener launidad de las FuerzasArmadas. A fines de ma-yo el almirante VargasCaballero hace nuevasdeclaraciones, esta vezen defensa de la propie-dad y la empresa priva-da, solidarizándose conlos gremios empresaria-les. El propio general Velasco lo desautoriza y leexige su renuncia, siendo reemplazado por el almi-rante José Arce Larco; sin embargo, ello no solucio-nó las contradicciones al interior de las Fuerzas Ar-madas y el incidente afectó más bien su unidad ins-titucional.

Al interior del sector velasquista también co-menzaron a manifestarse posiciones discrepantesalrededor de temas como la unidad institucional delas Fuerzas Armadas, la agudización de la moviliza-ción social y la crisis económica. Según NicolásLynch, en lo que respecta a la movilización popular–quizá el tema que más preocupaba a las FuerzasArmadas por sus implicancias en cuanto a las posi-bilidades revolucionarias de su movilización autó-noma– se manifestaron dos posiciones: por un ladoestaba el grupo de ministros conocido como “la Mi-sión”, que apoyaban una política de control del mo-vimiento social a través de los servicios de inteli-gencia y el paralelismo sindical, enfrentando la in-fluencia creciente de los partidos políticos de la iz-quierda radical. Los miembros de este grupo, enca-bezado por el ministro de Pesquería, general JavierTantaleán Vanini, eran incondicionales del generalVelasco, ganándose paulatinamente su confianza. Elotro grupo –conocido como “los progresistas” yconformado por los antiguos coroneles que organi-zaron el golpe de 1968 junto con el general Velas-co– promovía un acercamiento cada vez más estre-cho al movimiento social y evolucionaba hacia po-siciones más radicales, cercanas al socialismo y almarxismo. El apoyo del general Velasco a “la Mi-sión” se evidenció al entregarle la dirección del SI-

NAMOS, que había esta-do en manos de “los pro-gresistas”. Para iniciosde 1975, Velasco tomaabierta posición a favorde “la Misión”.

EL 5 DE FEBRERO

La crisis política delgobierno también co-menzó a expresarse enmanifestaciones de des-contento popular queincluían a miembros dela policía, mayoritaria-mente procedente desectores populares y me-dios bajos. A inicios de

febrero de 1975 se producen reclamos por mejorassalariales, contra la corrupción administrativa ypor maltratos de parte de altos oficiales. El reclamode los subalternos se extendió de comisaría en co-misaría, conformándose una comisión representa-tiva que se instaló en la sede de Radio Patrulla enel centro de Lima, amenazando con una huelga deno atenderse sus reclamos; al fracasar las negocia-ciones, hacia la medianoche del 4 al 5 de febrero, lahuelga entró en vigencia. Unidades blindadas delEjército sitiaron Radio Patrulla exigiendo la entregade los dirigentes policiales y el fin de la huelga; alno haber respuesta, se produce la toma violenta dellocal, y debido al control militar de la zona nuncase pudo precisar el número de muertos y heridosentre los huelguistas. Luego el Ejército se retiró.Las horas siguientes en las calles del centro de Li-ma fueron de incertidumbre. La gente temía salirde sus casas, pero poco a poco comenzó a darsecuenta de la falta de control. En la mañana, la pro-testa estalló tanto en Lima como en el Callao; para-lelamente a los saqueos de tiendas de ropa y elec-trodomésticos, fueron incendiados el casino mili-tar, el diario Correo, las oficinas del SINAMOS, elcentro cívico. Los ataques a estos últimos, al pare-cer, estuvieron encabezados por estudiantes apris-tas que trataron de dirigir la espontánea explosiónpopular.

Desde palacio de Gobierno se ordena la salida delas tropas de la segunda región militar (Lima y Ca-llao) a cargo del general Leonidas Rodríguez, miem-bro de “los progresistas”; éstas salen recién a medio-día y reprimen a sangre y fuego tanto a los saquea-

1104

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Javier Tantaleán Vanini, ministro de Pesquería entre 1970 y1975 y sindicado como el jefe de “la Misión”, grupo de

ministros considerados de orientación conservadora al interiordel gobierno militar.

dores como a los manifestantes. Asimismo, median-te comunicado oficial, el gobierno suspende las ga-rantías y declara el toque de queda a partir de las 6de la tarde. El saldo oficial fue de 86 muertos, 155heridos, 1 012 detenidos y 53 policías enjuiciados,según datos de Aldo Panfichi y Dirk Kruijt. El go-bierno acusó oficialmente al PAP de alentar los dis-turbios y protestas, cosa que éste siempre negó.

Como ha sostenido Lynch, por primera vez seproduce una manifestación abierta de descontrolsocial y de represión contra la población en Lima.Estas situaciones se habían presentado al interiordel país, en Ayacucho (1969), el centro minero deCobriza (1971) o Andahuaylas (1974), pero no enLima. Los sucesos del 5 de febrero mostraron la pér-dida de la legitimidad que los militares habían con-seguido con las reformas. Ello puso en debate ya nosólo el problema del recambio del general Velasco,sino también el de la búsqueda de salidas políticasque mantuvieran la unidad institucional de lasFuerzas Armadas; pero, sobre todo, el gobierno

quería reforzar su relación con las or-ganizaciones populares mediante lacreación de un partido político. Unosy otros parecerían haber estado deacuerdo al respecto: los de “la Mi-sión”, porque ello les permitiría conti-nuar su política de control del movi-miento social; “los progresistas” por-que con ello se podría recuperar la re-lación “pueblo-Fuerza Armada” y darconcreción a “la democracia social departicipación plena”. El 25 de febreroel gobierno publica las “Bases ideoló-gicas de la revolución peruana” y enjulio se anuncia la formación de la Or-ganización Política de la RevoluciónPeruana (OPRP), que no tendría éxi-to, y que languidecería con la salida deVelasco.

LA CAÍDA DE VELASCO

Los hechos del 5 de febrero abrie-ron espacios a los sectores conserva-dores de las Fuerzas Armadas. Ade-más de la situación política y econó-mica, y de la posibilidad de un con-flicto militar con Chile, las FuerzasArmadas temían que las protestas ymovilizaciones populares se incre-mentaran favoreciendo a los partidos

de la izquierda radical. La Marina recuperó posicio-nes cuando en julio de 1975 logra que el generalVelasco retire al comandante general de la Marinanombrado por él, a favor de uno elegido por la pro-pia arma. Al interior del Ejército comenzó a deba-tirse nuevamente el tema del relevo de Velasco: ungrupo de oficiales se pone en contacto con colegasde la Marina y la Aviación, y con el presidente delConsejo de Ministros y comandante general delEjército, general Francisco Morales Bermúdez. Apesar de los objetivos diferentes, los diversos secto-res al interior de las Fuerzas Armadas estaban deacuerdo en la necesidad del recambio del generalVelasco: la Marina y los conservadores querían unrelevo para dar marcha atrás en las reformas, “laMisión” deseaba fortalecer su política de controldel movimiento social, y “los progresistas” queríancontinuar con el proceso de reformas. Pero cadasector era incapaz por sí solo de imponerse a losotros, por lo que se plantearon establecer un míni-mo de acuerdos en garantía de la unidad institucio-

1105

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

El 5 de febrero de 1975 la ciudad de Lima quedó desguarnecida al decretarseuna huelga de la Guardia Civil, produciéndose el robo y saqueo de numerosas

tiendas del centro de Lima, así como el ataque a diarios de filiacióngobiernista como Correo.

1106

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

nal de las Fuerzas Armadas. En-tonces ya se barajaba el nombredel general Francisco MoralesBermúdez como un hombre deconsenso, quien además seguíajerárquicamente al general Velas-co y había negociado con los di-ferentes comandantes de lasFuerzas Armadas pero sin llegaraún a acuerdos definitivos. Mo-rales Bermúdez aprovecha unviaje al sur del país y desde laciudad de Tacna se subleva, lo-grando la adhesión de los co-mandantes de las diferentes re-giones militares. Al mediodía del29 de agosto de 1975 el generalVelasco abandona palacio deGobierno.

II

El 5 de febrero de 1975 generó una fuerte crisis al interior del gobierno militar,sumada a los padecimientos físicos de Juan Velasco Alvarado y los enfrentamientosentre facciones al interior del gabinete ministerial. Finalmente, el 29 de agosto de1975, en Tacna, Francisco Morales Bermúdez, entonces comandante general del

Ejército, anunció el relevo de Velasco.

LA SEGUNDA FASE

Inicialmente el desplazamiento del general Ve-lasco de la presidencia de la República no significóningún cambio sustancial, lo que permitió al discur-so oficial señalar que se trataba del cumplimiento delas normas internas de las Fuerzas Armadas, dadoque el general Velasco ya no se hallaba en actividad.Se anunció asimismo la profundización de las refor-mas y el cumplimiento de la transferencia del poderal pueblo organizado. En ese sentido, la salida delgeneral Velasco fue presentada como el inicio deuna “segunda fase” de la revolución peruana. Perorealmente, ante el adelanto de los planes por partedel general Morales Bermúdez, las diferentes posi-ciones castrenses entraban a una nueva situaciónfrente al rumbo que debía tomar el gobierno.

Inicialmente, el general Morales Bermúdez man-tuvo el discurso reformista radical, con el objetivode no provocar las protestas del movimiento socialni producir giros abruptos. Se abrían nuevas posibi-lidades de negociación, tanto dentro como fuera delas Fuerzas Armadas; para iniciarla, el general Mo-

rales Bermúdez mostró cierta apertura política hacialos sectores civiles, revocando las deportacionesdictadas a principios de agosto contra políticos yperiodistas, a excepción de Eudocio Ravines, quienmoriría en su exilio en México, en 1979. Tambiénse dio una relativa apertura a la prensa mediante laautorización de publicación a revistas y semanariospolíticos, que harían de este período una de los másricos en debate político y de mayor politización so-cial. Entre ellos destacan, además de la revista Care-tas, Oiga, Equis X (de Ismael Frías), El Tiempo (deAlfonso Baella Tuesta), Opinión Libre (vinculado aldiario La Prensa) y Marka (perteneciente a un con-glomerado de partidos de izquierda). Sin embargo,los nuevos diarios, debido a la incertidumbre delcurso político y a los elevados costos, funcionaronal ritmo de constantes clausuras y reaperturas.

Morales Bermúdez inició también el desplaza-miento de los integrantes de “la Misión”, los cola-boradores más cercanos del general Velasco. La ten-dencia más radical, la de “los progresistas”, manten-dría su presencia en el gobierno durante un añomás. Se dictaron asimismo medidas de radicaliza-

ción e impulso de la reforma agraria y de la propie-dad social y, en un nuevo intento por institucionali-zar el proceso de reformas, se crea el Frente de De-fensa de la Revolución Peruana (FDRP), encabeza-do por el dirigente campesino Avelino Mar. Final-mente, se nombró una comisión para la formula-ción de un nuevo plan de gobierno que sería cono-cido como “Plan Túpac Amaru”, cuyas propuestasno pasaron de ser meras declaraciones retóricas yformales.

En su papel de mediador de las tendencias al in-terior de las Fuerzas Armadas, Morales Bermúdezdictó también medidas orientadas a favorecer a lossectores conservadores: hacia mediados de 1976,desplazó del gobierno a “los progresistas”, recortóla estabilidad laboral, encarceló en la colonia penalde El Sepa a un importante grupo de asesores sindi-cales y flexibilizó el trato a los empresarios. Estoprovocó un paro regional de la CGTP en Lima y elCallao el 29 de diciembre de 1975, el primero des-de 1968.

RECOMPOSICIÓN POLÍTICA ALINTERIOR DEL GOBIERNO

Como se señaló anteriormente, el general Mora-les Bermúdez desplazó a los colaboradores más cer-canos del general Velasco. A fines de octubre de1975 se pasa al retiro a los generales José GrahamHurtado, jefe del COAP, y Leonidas Rodríguez, jefede la segunda región militar. Si bien estos cambiosse realizaron respetando las normas institucionalesde las Fuerzas Armadas, favorecieron a los sectoresconservadores, actitud reflejada en casos como eldel general Luis Cisneros Vizquerra, nombrado jefedel SINAMOS en setiembre de 1975 y, posterior-mente, ministro del Interior. Con ánimo de reforzaruna línea institucional, el COAP es desplazado porel Consejo de Ministros en la formulación de planesy proyectos de ley, y en la toma de decisiones polí-ticas, que antes eran meramente formales; con elloadquirieron fuerza los sectores opuestos a cualquierprofundización del proceso de reformas y que bus-caban más bien, un retroceso.

Los asesores civiles del gobierno también fueronretirados de sus cargos. En setiembre es despedidoAugusto Zimmermann del cargo de secretario dePrensa del presidente de la República y en marzo de1976 son despedidos los directores de los diariosexpropiados dos años atrás, la mayoría de los cualesera de filiación izquierdista. Esto produjo intentosde “golpe de mano” por parte de los sectores radi-

cales al interior de las Fuerzas Armadas. En julio de1976, el general Carlos Bobbio se subleva desde laEscuela Militar de Chorrillos, lo cual trajo comoconsecuencia los pases al retiro de los generales Jor-ge Fernández Maldonado –presidente del Consejode Ministros, ministro de Guerra y comandante ge-neral del Ejército– y Enrique Gallegos Venero. Se-gún Lynch, al parecer existieron conatos similaresen diferentes puntos del país, pero todos fueron de-belados.

EL DESMANTELAMIENTO DE LASREFORMAS

Todos los hechos señalan el giro político conser-vador del gobierno que lentamente desmantelabalas reformas, especialmente aquellas que beneficia-ban directamente a los sectores populares. Por ello,parte fundamental de este giro será la represión delmovimiento sindical que protesta ante el recorte desus derechos, especialmente los de estabilidad labo-ral, sindicalización y huelga. En abril de 1976 el go-bierno declara en emergencia los sectores minero y

1107

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Francisco Morales Bermúdez sucedió a Juan Velasco Alvaradoen la conducción del gobierno militar, con lo que se dio inicioa la llamada Segunda Fase que significó la transición hacia

un gobierno civil.

pesquero –importantes productores de divisas– pa-ra poder reprimir la protesta sindical en puertos yminas. Se producen huelgas entre los maestros y to-ma de las fábricas ubicadas en la carretera Centralpor sus trabajadores, amenazados con el despido.

En julio de 1976, junto con el primer “paquete”de medidas económicas, y ante la protesta popular,el gobierno decretó el estado de emergencia a nivelnacional, suspendiéndose las garantías individualesy los derechos laborales; se clausuraron las revistasde oposición y se deportó a los generales velasquis-tas en retiro. Junto con el estado de emergencia seestableció el toque de queda, medidas que perdura-ron hasta julio de 1977, cuando fueron derogadascomo resultado de un paro nacional.

En este contexto el gobierno devolvió a los em-presarios la flota pesquera estatizada; modificó laley de comunidad laboral, recortando los mecanis-mos de acceso de los trabajadores a la propiedad y a

la gestión; dispuso que las nuevas empresas no seregirían por las leyes laborales aún vigentes, por loque muchas se declararon en quiebra; la reformaagraria fue prácticamente paralizada y la protestasocial duramente reprimida. Esto generó la conde-na de los sectores sociales y políticos que inicial-mente habían apoyado al gobierno y la izquierda ra-dical señaló que estas medidas desenmascaraban elverdadero rostro del gobierno.

En diciembre de 1976, éste inicia un acerca-miento a las fuerzas políticas existentes antes delgolpe de 1968 y que podríamos calificar como tra-dicionales: AP, PPC, PAP, PCP, discriminando a lospartidos de la izquierda radical y a los sectores ve-lasquistas. Ello se expresó en la vuelta a la circula-ción de algunas revistas políticas, cuyos directoresllegaron a un acuerdo con Luis Cisneros Vizquerra,ministro del Interior: no atizar la lucha de clases, noapoyar la subversión ni atentar contra la unidad delas Fuerzas Armadas; ello implicaba aceptar de he-cho la censura del gobierno. Mientras tanto, los ge-nerales velasquistas deportados meses atrás fueronimpedidos de regresar al Perú.

1108

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Luis Cisneros Vizquerra, ministro del Interior, acordó con losdueños de algunas revistas políticas que su circulación estaríapermitida siempre y cuando no atentasen contra la llamada

“unidad de las Fuerzas Armadas”.

A pesar de una vigilada censura contra los medios de prensa,revistas de inspiración izquierdista como Marka expresaban

sus críticas hacia la conducción económica del gobiernomilitar, calificándola de antipopular y entregada al capital

extranjero. Un buen ejemplo de esta óptica se puede apreciaren su portada del 27 de abril de 1978.

LA POLÍTICA ECONÓMICA

Como primer objetivo económico se debía resol-ver el problema financiero y de la balanza de pagos.Cualquier reestructuración debía incluir el proble-ma de la deuda externa, por lo que las institucionesdel sistema financiero internacional –especialmenteel FMI– tendrían papel destacado en la elaboraciónde la política económica y en la aplicación de losdenominados “paquetes” de medidas, de carácterortodoxo y orientados a que los costos sociales fue-ran pagados por los sectores de menos ingresos. Co-mo ha sostenido Lynch, dichas medidas económicasiban acompañadas de medidas de represión de lamovilización social. Según Iguíñiz, estas medidas“correctivas” comenzaron a aplicarse desde junio de1975, cuando el general Francisco Morales Bermú-dez presidía el Consejo de Ministros. Dichos “pa-quetes” tuvieron tres mecanismos definidos para re-solver el problema de la balanza de pagos: la eleva-ción de los precios controlados, especialmente de lagasolina y de los productos de consumo popular; elcontrol de las remuneraciones, mediante el estable-cimiento de topes y pequeños incrementos del Sala-rio Mínimo Vital; y la devaluación monetaria, meca-nismos que regirían la política económica en los 15años siguientes. Según Lynch, el diagnóstico quecomienza a aparecer detrás de las medidas “correc-tivas” es el de un “exceso de demanda”, que debíaser restringida mediante la reducción de la capaci-dad de compra de la población y la disminución delgasto público y de las importaciones que no estuvie-ran orientadas a favorecer a las empresas privadas.El gobierno militar asumió el diagnóstico de los gre-mios empresariales pero no redujo el gasto público,ya que ello habría implicado reducir drásticamentela presencia del Estado en la economía, disminuir elgasto militar –en un contexto de tensiones con Chi-le– y no enfrentar el problema de la deuda externa.

Como ya se señaló anteriormente, el primer “pa-quete” de medidas se dictó en junio de 1975. Las ra-zones que se dieron incluían un desajuste en losprecios de los productos controlados y no controla-dos; divergencias entre los precios internos y exter-nos; el alza de los insumos, que afectaba la rentabi-lidad y la producción de las empresas; la necesidadde evitar nuevos préstamos para garantizar los pro-gramas de inversión; una estructura de precios per-judicial; y que el incremento de sueldos y remune-raciones crearía un déficit fiscal difícil de cubrir. Lasmedidas fueron: elevación de los precios controla-dos, de los fiscalizados y de los no sujetos a estos re-

gímenes; mantenimiento del precio de productoscomo el arroz, el azúcar, kerosene doméstico, gaso-lina de avión y otros; congelamiento hasta el 31 dediciembre de 1975 de los nuevos precios; reducciónde subsidios del gobierno; y reajustes leves en lossueldos y salarios. Dichas medidas apuntaban a nosacrificar el crecimiento, manteniendo importantesniveles de inversión pública, pero a su vez tratandode elevar las tasas de rentabilidad y ganancia de lasempresas. Como parte de la apertura política hacialos partidos políticos tradicionales y al empresaria-do, en setiembre de 1975 se nombró al primer mi-nistro civil del gobierno militar, Luis Barúa Casta-ñeda, hecho significativo ya que se trataba del mi-nisterio de Economía y Finanzas. Casi inmediata-mente se anunció una medida complementaria al“paquete” económico: la devaluación de la moneda,elevando el tipo de cambio de 38,70 a 45 soles. Sinembargo, no se logró los resultados esperados, porlo que en enero de 1976 el ministro Barúa anunciaun nuevo “paquete” de medidas con los mismos

1109

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

El primer ministro civil del gobierno militar fue Luis BarúaCastañeda, en la cartera de Economía y Finanzas. Alentó unaserie de drásticas medidas como la devaluación de la moneda,

el ajuste de precios y el control en el alza de lasremuneraciones. Sus medidas económicas no tuvieron éxito y

renunció a su cargo en mayo de 1977.

mecanismos que el anterior: reducción de subsidiosy elevación del precio de la gasolina y de los pro-ductos básicos, disminuyendo la capacidad adquisi-tiva de las remuneraciones y el poder de negocia-ción del trabajador. Nuevamente aumentaron losprecios de la gasolina y de los alimentos, así comolevemente las remuneraciones. Los incrementos au-tomáticos de sueldos y salarios por negociación co-lectiva quedaron suprimidos, al igual que las peti-ciones por condiciones de trabajo. Asimismo se de-claró nulo todo pacto o convenio que excediese lostopes fijados, con el objetivo de evitar que los incre-mentos salariales gravaran a las empresas. Para fo-mentar las exportaciones se dispuso reintegros yexoneraciones a diversos impuestos y derechosaduaneros, modificando el sistema de Certificadosde Reintegro Tributario a la Exportación (CER-TEX). Por último, se restringió la base monetaria entérminos nominales y reales.

A lo largo del año se dictaron nuevas medidas,aunque éstas se concentraron en junio. Se dieronincrementos de precios en productos que afectabana las empresas públicas. La política salarial apuntó ala capacidad adquisitiva de las remuneraciones másaltas y a incrementos que no setrasladaban al Salario MínimoVital, haciendo más precario elingreso de los más pobres.También se postergaron porseis meses los topes a los con-venios colectivos, para que nose produjeran aumentos. Co-mo resultado de ello, entre1975 y 1976, el subempleo seincrementó de 18,2% a 28,3%y se estancó el empleo en elsector moderno de la econo-mía. En julio se devaluó la mo-neda en un 44,4%, pasando de45 a 65 soles. A partir de en-tonces se iniciaron las minide-valuaciones, con las cuales alfinal del año el dólar costaba69,40 soles.

En cuanto a la política tri-butaria, se incrementaron losimpuestos a las ventas de bie-nes y servicios (de 17 a 20%) ya los bienes de lujo (de 27 a40%), así como el de la gasoli-na; este último y los impuestosindirectos que paga la mayoría

de la población, se vuelven prioritarios al interiorde la estructura tributaria, y se incrementaron demanera real en 10%. Los impuestos directos, es de-cir, a la renta, a la propiedad y a las exportaciones,disminuyeron en 15%. El gobierno, sin embargo,volvió a recurrir a la emisión monetaria en el últimotrimestre del año. Ante el fracaso de las medidas im-plementadas, el ministro Barúa plantea un nuevoincremento a la gasolina para cubrir el déficit fiscal,a lo que el gobierno se opone; en mayo de 1977 re-nuncia a su cargo.

Walter Piazza Tangüis, un importante miembrode los gremios empresariales, asume en junio de1977 el ministerio de Economía y Finanzas, con lapromesa de tener libertad de decisión en las medi-das económicas. Los objetivos de su programa eco-nómico eran recuperar la confianza de los empresa-rios en el gobierno, fomentar el ahorro interno, re-visar los programas de inversión pública y reducir elgasto público, entre otros. Para lograrlo planteó lassiguientes medidas: reducir drásticamente el gastopúblico, incrementar el precio de la gasolina en un50%, reducir las importaciones del Estado, dar unleve incremento de remuneraciones y negociar un

acuerdo con el FMI por unmonto de 250 millones de dó-lares. Sin embargo, al no obte-ner el apoyo mayoritario delgabinete para disminuir el gas-to militar, y al incrementarse lamovilización social a lo largodel año en contra de la políticaeconómica, Piazza renuncia aprincipios de julio, cuando yase anunciaban las coordinacio-nes para la realización de unparo nacional.

Ante esta situación, el go-bierno endurece su posición ynombra a un militar en el mi-nisterio de Economía, el gene-

1110

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Walter Piazza Tangüis sucedió aLuis Barúa en la cartera deEconomía y Finanzas. Miembroimportante de la clase empresarialperuana, uno de sus principalesobjetivos era devolver a losempresarios la confianza en elgobierno militar. Sin embargo,discrepancias con el gabineteministerial apresuraron su salida;su gestión duró escasas semanas.

ral Alcibíades Sáenz Barsallo. Seproduce el paro nacional del 19de julio de 1977, que el gobiernoreprimió violentamente; hecho apartir del cual el gobierno ya notrataría de cuidar su imagen, so-bre todo en cuanto a medidaseconómicas. El eje de su gestiónse centraría en llegar a un acuer-do con el FMI, restableciéndoselas negociaciones en agosto. Enoctubre el gobierno firma unacarta de intención, luego de queel general Sáenz anunciara nue-vas medidas de austeridad. En di-cha carta, que debía aplicarse deoctubre de 1977 a diciembre de1979, se diagnosticó el problemaeconómico como un exceso dedemanda, producto del déficit fis-cal. Frente a ello, el gobierno secomprometía a reducir el gastofiscal de 8,5, a 3,3% en 1978 y a 2,3% en 1979; a ele-var el precio de la gasolina en 20% antes de enerode 1978; a incrementar el crédito de 29% a 32% pa-ra 1978; a establecer una tasa de cambio libre; a res-tringir los incrementos salariales al 10% (con unobjetivo de inflación de 20% para 1978), ya que és-tos eran considerados culpables de la inflación; a es-tablecer límites al financiamiento externo de media-no y largo plazo; y a reducir los controles a las im-portaciones. Dichas metas fueron consideradas porespecialistas como punitivas,incumplibles e impuestas porel FMI. Tal era el caso que enfebrero de 1978 el mismo FMIcriticó al gobierno por la masi-va violación de las metas acor-dadas. El gobierno respondiódeclarando “persona no grata”a la representante del FMI, pe-ro continuó golpeando los de-rechos laborales y los ingresosde los trabajadores. En enerode 1978 se volvió a prorrogarla vigencia de las negociacio-nes colectivas por 18 meses yen marzo de 1978 se amplió elperíodo de prueba, condiciónprevia para obtener la estabili-dad laboral, de tres meses atres años. En mayo, poco an-

tes de su salida del ministerio de Economía y Finan-zas, el general Sáenz Barsallo dictó una serie de me-didas ya conocidas: una devaluación de 15,4%; unincremento de 60% en el precio de la gasolina y de40% en los productos básicos; eliminación de la ma-yoría de subsidios; implementación de nuevos im-puestos; incremento en las tasas de interés; y reduc-ción del gasto público.

En este nuevo contexto, a inicios de mayo de1978, el gobierno llama nuevamente a un civil, Ja-

vier Silva Ruete, al ministeriode Economía. Como pieza fun-damental de su propuesta eco-nómica, Silva Ruete nombrópresidente del directorio delBCR a Manuel Moreyra; ambosdirigieron la política económi-ca hasta julio de 1980, inicián-dose un período de liberaliza-ción y privatización de la eco-nomía, que consistió básica-mente en devolver la toma de

1111

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Vista externa del Mercado Central de Lima durante el paro nacional del 19 de juliode 1977. Ante el evidente deterioro de la legitimidad del régimen, éste convocó a

elecciones para una Asamblea Constituyente, las que se realizarían en junio de 1978.

Javier Silva Ruete asumió la carterade Economía y Finanzas en mayo de1978, nombrando como presidentedel Banco Central de Reserva aManuel Moreyra Loredo. Su gestióntuvo relativo éxito, permaneciendohasta el final del gobierno militar enjulio de 1980.

decisiones a los empresarios en desmedro de los de-rechos laborales. Las medidas dictadas tuvieron unrelativo éxito, ya que permitieron estabilizar la cri-sis, mas no sortearla. Parte de este relativo éxito sedebió a un contexto favorable: el inicio de la transi-ción democrática, la derrota de la movilización so-cial, la entrada en operaciones de grandes proyectosde inversión minera y petrolera iniciados durante elgobierno del general Velasco y una mejora en losprecios de nuestros productos de exportación.

La respuesta de la movilización social a las me-didas del general Sáenz recién se sintió los días 22 y23 de mayo con un nuevo paro nacional que reme-ció el país. En ese entonces ya se había establecidoel nuevo equipo económico y la medida de protestano modificó los rumbos de la política económicadel gobierno. El 18 de junio se realizaron las elec-ciones para representantes a la Asamblea Constitu-yente. Inicialmente se afianzaron las medidas eco-nómicas dictadas en mayo, se inició una reduccióndrástica del gasto fiscal y se buscó sanear el sectorexterno para garantizar el pago de la deuda externa;más adelante, se dictaron nuevas medidas de con-trarreforma y se liberaron prácticamente todas lasimportaciones.

LA CONVOCATORIA A ELECCIONES

Ya en febrero de 1977, con la presentación deldenominado “Plan Túpac Amaru” y con su acerca-miento a los partidos, los militares estaban estu-diando las posibles vías para una transferencia polí-tica del gobierno a los civiles y, en ese contexto, de-bían enfrentar tres problemas fundamentales para-lelos: las discrepancias al interior de las Fuerzas Ar-madas, la crisis económica y la movilización social.Los partidos políticos y los gremios empresarialesexigían claridad en cuanto a la forma y al cronogra-ma de la transferencia. En mayo de 1977 el gobier-no convoca a conversaciones separadas a los parti-dos políticos que consideraba interlocutores váli-dos, para conocer sus opiniones al respecto: AP, elPPC, el PAP y el PC, este último por su influenciasindical; estas iniciales conversaciones no tuvieronresultados concretos. Para el gobierno el problemainmediato era estabilizar la crisis económica y en-frentar la creciente movilización social, que habíaaumentado notablemente desde la implementaciónde las primeras medidas en julio de 1975. Esto lle-vó a los diversos sectores laborales y a los partidosde la izquierda radical a coordinar una medida deenvergadura como respuesta al gobierno. Las coor-

dinaciones fueron largas y tediosas debido al frac-cionamiento político de las fuerzas de oposiciónque influían en la organización sindical y popular,especialmente de la izquierda radical con constan-tes luchas por imponerse unas sobre otras. Los gru-pos prochinos, trotskistas y de la Nueva Izquierdacompetían con el PC prosoviético que dirigía laCGTP por el control de los sindicatos; sin contarcon la CTP aprista, las organizaciones sindicales ypopulares influenciadas por los velasquistas y otrosgrupos menores.

Finalmente, el 14 de julio, 23 organizacionessindicales se agrupan en un Comando Unitario deLucha (CUL) que convocó a un paro nacional de 24horas para el día 19. El comunicado del CUL plan-teaba las siguientes reivindicaciones: aumento ge-neral de sueldos y salarios de acuerdo con el alzadel costo de vida; oposición al programa económi-co del ministro Piazza; congelamiento de los preciosde primera necesidad; vigencia de la estabilidad la-boral y de los convenios colectivos sin topes ni re-cortes; reposición de los trabajadores despedidos, li-bertad de los detenidos y regreso de los deportadospor razones sindicales y sociales; plenas libertadespolíticas, levantamiento de la ley de emergencia y eltoque de queda; y solución a gremios en conflicto:pesquero, agrario, universitario. El paro nacional, elprimero en la historia sindical peruana, fue acatadomayoritariamente en casi todo el país, establecién-dose un patrón nuevo de protesta social: la identifi-cación de los trabajadores con la población. No só-lo pararon los sindicatos, tanto en la ciudad como elcampo, sino también protestaron los asentamientoshumanos y los barrios, que se movilizaron de losconos hacia el centro de Lima para converger conlos sindicatos. Para los partidos de la izquierda radi-cal, la insurrección revolucionaria de las masas y latoma del poder político estaban a la vuelta de la es-quina, lo cual se vería reflejado en los debates a suinterior.

Ante la contundencia del paro, el gobierno auto-rizó a las empresas –tanto públicas como privadas–a despedir a todos los dirigentes sindicales que hu-biesen participado en él; así se despidió a alrededorde 5 mil trabajadores en todo el país con el objetivode descabezar al movimiento sindical. Pero el go-bierno también tomó conciencia de que su tiempopolítico se agotaba; a pesar de que no se realizó nin-guna de las reivindicaciones planteadas por el CUL,era evidente el grado de deterioro político del go-bierno frente a la población. El 28 de julio se anun-ció la convocatoria a elecciones para elegir repre-

1112

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

1113

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

sentantes a una Asamblea Constituyente que fun-cionaría durante un año, luego de lo cual se convo-caría a elecciones generales. Estas dos medidas ledarían un respiro al gobierno, ya que redujeron labeligerancia de los partidos políticos y del movi-miento social. Por un lado ganó tiempo para nego-ciar los términos de la transferencia abriendo un es-pacio nuevo de confrontación política y, por otro,logró mayor tranquilidad para la aplicación del pro-grama económico. A pesar de que los paros y huel-gas continuarían a lo largo del año, no será hasta losdías 22 y 23 de febrero de 1978 que se produciráuna nueva medida que paralizaría al país, pero sinla beligerancia del paro de julio. Tampoco esta vezaceptó el gobierno ninguna de las reivindicacionesdel pliego nacional.

Sin embargo, tanto por la presión de la moviliza-ción social como por la necesidad de crear mínimascondiciones electorales, el gobierno levanta el esta-do de emergencia y el toque de queda a inicios delmes de agosto. En setiembre de ese año vuelven acircular las revistas clausuradas un año atrás y a fi-nes de octubre se formaliza la convocatoria a elec-ciones para la Asamblea Constituyente, señalándo-se que uno de sus objetivos era institucionalizar lasreformas implementadas a lo largo del gobierno mi-litar. Esto fue considerado por los partidos políticosconvocados a negociar la transferencia como unainjerencia del gobierno en las futuras decisiones dela Asamblea Constituyente, ya que ellos estaban

más bien predispuestos a desmantelar tales refor-mas. La izquierda, en cambio, se opuso a las elec-ciones por cuestiones ideológicas, al considerarlascomo un espacio vedado para la acción política re-volucionaria; sin embargo, la mayoría de sus repre-sentantes participaría en ellas. Asimismo el decretoestableció los requisitos para los votantes: peruanosalfabetos mayores de 18 años. Los candidatos po-dían postular tanto por listas de partidos políticoscomo de organizaciones gremiales. Como ha anota-do Lynch, esta última figura buscaba todavía com-binar el postulado de la “transferencia del poder alpueblo organizado” con los mecanismos electoralestradicionales. Más adelante, la nueva Constituciónanularía la inclusión de las reformas y el mecanismode postulación vía organizaciones gremiales. Ade-más se cambió el postulado de “transferencia delpoder al pueblo organizado” por “transferencia delpoder a la civilidad” y, para garantizar dicho viraje,el SINAMOS fue disuelto. Para la organización, im-plementación y vigilancia de las elecciones se con-vocó al Jurado Nacional de Elecciones existente ha-cia octubre de 1968 cuyas funciones habían sido in-terrumpidas por el golpe militar.

En la navidad de 1977 fallece el general Juan Ve-lasco Alvarado, a quien se le tributaron honores dejefe de Estado y cuyo cortejo fúnebre fue acompa-ñado por una multitudinaria manifestación popu-lar. Con su muerte, el velasquismo quedaba en ma-nos de sus antiguos colaboradores.

III

RECOMPOSICIÓN DE LAS FUERZASPOLÍTICAS

El impacto del golpe de 1968 en el sistema departidos que rigió la vida política desde 1956, afec-tó sobre todo a aquellos que no tenían relaciones or-gánicas con las organizaciones sindicales y popula-res, como AP, el PPC, la DC, el MDP y la UNO. ElPAP y el PC, a pesar de su paulatina pérdida de in-fluencia social, mantuvieron su presencia políticatanto de oposición como de apoyo al gobierno mili-tar. Los partidos políticos de la Nueva Izquierda tu-

vieron por su lado un inusitado crecimiento tantoa nivel orgánico como en presencia social, aunquedebilitados por el constante fraccionamiento políti-co y las divisiones ideológicas; serían el PAP y elconjunto de los partidos de izquierda los que man-tendrían una vida política activa. Los partidos en sumayoría se movían en los espacios políticos propiosde la institucionalidad estatal (Parlamento, ministe-rios, procesos electorales) y fueron llamados “parti-dos tradicionales” por su falta de vínculos orgánicoscon la sociedad y, en especial, con los sectores po-pulares. En cambio los partidos que consideraban

que la política pasaba también por múltiples espa-cios sociales (sindicatos, universidades, organiza-ciones barriales, prensa), mantuvieron su actividadpolítica y hasta crecieron al interior del movimien-to social, mientras los otros languidecían. Sin em-bargo, aun en el caso del PAP y de la izquierda radi-cal, la mayoría de los nuevos dirigentes políticosque surgieron al lado de los antiguos líderes parti-darios e intervinieron en los sucesivos procesoselectorales, provenía de las universidades. Los “par-tidos tradicionales”, al ser elegidos como interlocu-tores para la realización de la transferencia de go-bierno, volvieron a tener cierta vitalidad y, gracias asu larga experiencia política, presencia electoral.

La convocatoria llevaría a diferentes actitudes:Acción Popular planteó la realización de eleccionesgenerales inmediatas y posteriormente de eleccio-nes a la Asamblea Constituyente, como en 1931,procedimiento que –como se demostró después–era inadecuado; finalmente, no participó. La iz-quierda radical, si bien rechazó la convocatoria aelecciones, comenzó a agruparse en frentes políti-cos. Los demás aceptaron participar con mayores omenores reparos.

LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEACONSTITUYENTE

Ya hemos señalado que en este contexto se pro-dujo la entrada de un nuevo equipo económico en-cabezado por Javier Silva Ruete y Manuel Moreyra.La política que se continuó aplicando produjo unanueva respuesta de la movilización social que reali-

zó un paro nacional los días 22 y 23 de febrero de1978, apoyado por un número de trabajadores cua-tro veces mayor al de julio de 1977, repitiéndose al-gunos patrones de movilización y protesta social:convocatoria amplia, movilizaciones regionales pre-vias y protestas callejeras conjuntas entre los sindi-catos y los barrios. Pero la plataforma de lucha erabásicamente la misma del año anterior, y el gobier-no no dio marcha atrás. Su respuesta fue restablecerel estado de emergencia y el toque de queda; cerrarlas revistas y los espacios políticos en la radio y latelevisión; ordenar la deportación de 16 dirigentessindicales y políticos de izquierda, de generales ve-lasquistas en retiro y del director de la revista ElTiempo. Asimismo, se postergaron las eleccionespor dos semanas, con la advertencia de que éstas só-lo serían posibles en un ambiente de “paz social”.En este contexto se conformaron e inscribieron laslistas de candidatos a la Asamblea Constituyente.Trece de los dirigentes de izquierda deportados apa-recieron en las listas y los velasquistas se agruparonen el Partido Socialista Revolucionario (PSR). Final-mente, las elecciones se realizaron el 18 de junio de1978, utilizando como mecanismos electorales eldistrito electoral único, la lista incompleta, la cifrarepartidora y el voto preferencial para elegir a 100representantes. Los partidos que participaron consus candidatos en cabeza de lista, fueron los si-guientes: Partido Comunista Peruano (PCP) conJorge del Prado, Partido Aprista Peruano (PAP) conVíctor Raúl Haya de la Torre, Partido Popular Cris-tiano (PPC) con Luis Bedoya Reyes, Frente Nacio-nal de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA)

con Roger Cáceres, Acción Re-volucionaria Socialista (ARS)con Mario Villarán, Unidad De-mocrática y Popular (UDP) conJavier Diez Canseco, Partido So-cialista Revolucionario (PSR)con Leonidas Rodríguez Figue-roa, Movimiento DemocráticoPeruano (MDP) con Javier Ortizde Zevallos, Unión Nacional

1114

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA Una mesa electoral durante los

comicios para Asamblea Constituyente,en junio de 1978. En este procesointervinieron no menos de doceagrupaciones políticas, incluyendo lospartidos de izquierda, a pesar de suoposición inicial. Acción Popular, elpartido de Fernando Belaunde Terry,se abstuvo de participar.

Odriísta (UNO) con Julio de laPiedra, Democracia Cristiana(DC) con Héctor Cornejo Chá-vez, el Frente Obrero CampesinoEstudiantil y Popular (FOCEP)con Hugo Blanco y el Partido De-mocrático Reformista (PDR).

Los resultados oficiales fue-ron los siguientes: PAP, 1 241174 votos (37 representantes);PPC, 835 294 votos (25); FO-CEP, 433 413 votos (12); PSR,232 520 votos (6); PCP, 207 612votos (6); UDP, 160 741 votos(4); FRENATRACA, 135 552 vo-tos (4); PDC, 83 075 votos (2);UNO, 74 137 votos (2); MDP, 68619 votos (2); ARS, 20 164 votos(0); PDR, 19 524 votos (0). Encuanto al voto preferencial, losmás votados fueron: Víctor RaúlHaya de la Torre, 1 038 516 vo-tos; Luis Bedoya Reyes, 644 131votos; Hugo Blanco Galdós, 268 885 votos; Leoni-das Rodríguez Figueroa, 169 772 votos; Jorge delPrado, 150 960 votos; Genaro Ledesma Izquieta, 76327 votos; Roger Cáceres Velásquez, 55 336 votos.

Como conclusión se puede señalar que la victo-ria del PAP fue producto de su larga trayectoria his-tórica, de su mejor cohesión organizativa y de suaún importante presencia en el movimiento social.A ello habría que sumar sus exitosas relaciones conel gobierno, especialmente con el general MoralesBermúdez, que lo presentaban como carta de re-cambio lógico. La votación del PPC, expresión delvoto conservador, se vio beneficiada por la absten-ción de AP, ya que el PPC nunca pasó de represen-tar a los sectores medios altos y altos de Lima. El ca-so más saltante fue el de la Izquierda que, pese a sufragmentación política, rondó el tercio de votosconvirtiéndose en una nueva fuerza electoral. Su al-ta votación expresaba su influencia en el movimien-to social y el desarrollo político alcanzado durantela implementación del proceso de reformas. Por ellono es extraño que los dos dirigentes de izquierdamás votados fuesen Hugo Blanco y Genaro Ledes-ma, dos líderes vinculados al movimiento campesi-no en su confrontación con la oligarquía. Pero la iz-quierda no supo sacar correctas enseñanzas de esto,ya que mantendría la fragmentación política e ideo-lógica como característica central; considerando,además, a la Asamblea Constituyente sólo como

una tribuna para denunciar al gobierno y a los par-tidos políticos “tradicionales”. La votación de lospartidos vinculados al gobierno de Velasco (PC,DC, PSR) expresa que pese a las medidas de contra-rreforma, el proceso reformista tenía aún fuerte pre-sencia política y social. Los partidos del orden oli-gárquico (MDP, UNO) estaban en agonía.

LAS RELACIONES DE LA ASAMBLEA CONLA DICTADURA

El primer problema a resolver, luego de publica-dos los resultados oficiales, era establecer claramen-te las funciones de la Asamblea Constituyente. Sibien la convocatoria circunscribía su tarea a la ela-boración de la nueva Constitución, los acuerdos po-líticos entre el gobierno y los partidos que servíande interlocutores sobre este punto fueron ambiguos.Haya de la Torre, el candidato más votado, asume lapresidencia de las juntas preparatorias y, luego de lainstalación de la mesa directiva, es elegido por ma-yoría como presidente de la Asamblea. En su dis-curso de iniciación de los trabajos, el 28 de julio de1978, Haya de la Torre declaró que la Asamblea de-bía ser “el primer poder del Estado”, aunque sincuestionar directamente la presencia de los milita-res en el gobierno. Con ello buscaba no sólo legiti-mar la existencia del gobierno militar, pero tambiéndeclarar la independencia formal de la Asamblea

1115

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

El candidato más votado para la Asamblea Constituyente fue Víctor Raúl Haya de laTorre. El histórico líder del APRA se convirtió así en el presidente de la AsambleaConstituyente que redactaría la Carta Política de 1979, por lo que le correspondiópresidirla. En la imagen, Haya de la Torre en el hemiciclo del congreso durante la

instalación de dicha Asamblea.

frente al mismo. La izquierda radical presentaríauna moción para que además de las tareas constitu-yentes, la Asamblea asumiera funciones legislativasen la solución de las demandas populares, la cual noprosperó. Aun así, la Asamblea se convirtió en cajade resonancia de la protesta social, lo cual puso enpeligro su continuidad. Para garantizarla, en mediode la discusión sobre el reglamento interno de laAsamblea, el gobierno y los dos partidos con mayorvotación (el PAP y el PPC) llegaron a un acuerdo es-tableciendo que la Asamblea se circunscribiría a sustareas constituyentes sin cuestionar al gobierno, elcual no intervendría en los trabajos de la Asambleay cumpliría con realizar las elecciones generales en1980. Así, la mayoría PAP-PPC, a la que se sumaron

el MDP y la UNO, tomaríael control efectivo del traba-jo de la Asamblea, y el go-bierno militar se ocuparíade la situación interna delpaís. La mayoría de laAsamblea se desvinculóprácticamente de la movili-zación social mientras quela izquierda radical no se

preocupó tanto del debate constitucional como dela movilización social, realizando constantes de-nuncias y utilizando su inmunidad para intercederpor los gremios en conflicto.

Los constituyentes se dividieron en comisiones.En la principal, presidida por Luis Alberto Sán-chez, se concentró la mayor parte del debate, quese inicia en abril de 1979 hasta mediados de julio,cuando la Constitución es terminada. Durante lamayor parte de este proceso Haya de la Torre no es-tuvo directamente vinculado al debate constitucio-nal, ya que debido a su edad enfermó gravemente yfue trasladado a Houston en los Estados Unidos. Asu regreso, aunque no pudo seguir presidiendo laAsamblea, firmó la nueva Constitución antes de

morir. Ésta fue enviada a Morales Ber-múdez para su promulgación, pero fuedevuelta por establecer la aplicacióninmediata de la Constitución y, por en-de, adelantar la transferencia del go-bierno. La Asamblea por unanimidad,quizá la única, rechazó tales observa-ciones. En la práctica dicho conflictoquedó postergado, ya que la Constitu-ción entraría en vigencia recién el 28de julio de 1980.

A lo largo del año de trabajo de laAsamblea la movilización social se agu-diza. Los maestros agrupados en el Sin-dicato Único de Trabajadores de la Edu-cación Peruana (SUTEP) realizaron unahuelga de tres meses, entre mayo y ju-lio de 1978. También los empleadospúblicos se movilizaron frente a losanuncios de despido como manera de

1116

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

La segunda fuerza política de laAsamblea Constituyente fue elPartido Popular Cristiano(PPC). La cabeza de su lista fueLuis Bedoya Reyes, quien fueraen dos ocasiones alcalde de Lima.

Las huelgas de los maestros agrupados en el SUTEP fueron una de lasmayores protestas que sufriera el gobierno militar, sobre todo en sus últimosdos años. En la imagen, una manifestación del SUTEP de agosto de 1979.

reducir el gasto público, y en setiembre fundaron laConfederación Intersectorial de Trabajadores Esta-tales (CITE). A ellos se sumaron los trabajadoresbancarios y los del sector Salud. La movilización so-cial más importante fue la de los trabajadores mine-ros, quienes realizaron marchas de sacrificio haciaLima acompañados de sus familias. El centro de Li-ma se convirtió en escenario constante de enfrenta-mientos, manifestaciones y ollas comunes. Todaslas protestas fueron reprimidas violentamente por elgobierno, ante la indiferencia de la mayoría de laAsamblea Constituyente. El año 1978 se convirtióen el año con mayor número de horas-hombre per-didas durante toda la década.

EL FIN DE UNA ERA

Con la promulgación de la nuevaConstitución, con un electorado repre-sentado en más de un 30% por nuevasfuerzas políticas y con la experienciade casi una década de transformacionesestructurales, si alguien soñó con larestauración del régimen existente an-tes de 1968 lo hizo en vano. Expresiónfinal de esa era fue la muerte de tresimportantes personajes que sostuvie-ron el orden oligárquico durante los úl-timos 12 años de su existencia: PedroBeltrán, Víctor Raúl Haya de la Torre yEudocio Ravines, fallecidos todos ellosen 1979. Un cuarto personaje, el gene-ral Manuel A. Odría, ya había muertoaños antes.

Pedro Beltrán falleció en el mes defebrero al regresar de los Estados Uni-dos. Fue velado en la iglesia de SanMarcelo y en el local del diario La Pren-sa. Beltrán representó el pensamientoeconómico liberal moderno, aunque enel campo político estuvo más cerca delcivilismo clásico. Queda pendiente elestudio de su vida y obra para la com-prensión de nuestra historia política yeconómica contemporánea.

Haya moriría el 2 de agosto de 1979en su casa, la Quinta Villa Mercedes.Sus restos fueron velados en el local dela Casa del Pueblo, en el Congreso y enla catedral, recibiendo honores de jefede Estado, cargo al cual no accedió envida ni por vía revolucionaria ni por vía

electoral. Luego, su cadáver fue trasladado por tie-rra, en un largo y último peregrinaje, a la ciudad deTrujillo donde fue enterrado. Sus partidarios lucha-rían por el control del PAP, que entró en su crisismás importante hasta entonces.

Eudocio Ravines, uno de los personajes más in-teresantes y controvertidos de nuestra historia polí-tica, murió como un paria en México, exiliadocuando nadie lo era en el Perú. Condenado y odia-do por la izquierda, a la que dedicó su juventud yparte de su madurez; olvidado y hecho a un ladopor aquellos que aprovecharon la experiencia de susaños de comunista para sostener un orden injusto,su vida ha sido distorsionada, especialmente por lahistoria oficial del PCP. Sirvió fielmente a la revolu-

1117

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Toma aérea de las exequias de Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyo partido tuvo rol determinante en la política peruana.

ción de la que fue ejecutor y también víctima, y lue-go a la oligarquía. El estudio de su vida, una vidatrágica y llena de contradicciones, debe realizarseno sólo por su importancia en la evolución de nues-tra historia política sino porque nadie merece un ol-vido tan mezquino de los sectores a los cuales apo-yó, aunque éstos hayan estado en bandos completa-mente opuestos.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979

Según Marcial Rubio y Enrique Bernales, laConstitución, en cuanto establece la funcionalidaddel Estado y las reglas básicas de la sociedad, no re-sulta necesariamente del consenso de los diversossectores de ésta, sino más bien de los componentesde la Asamblea Constituyente, quienes establecensus parámetros. En ese sentido, el modelo de socie-

dad resultante se expresa a través de tres ordena-mientos: el económico, el político y el de los dere-chos ciudadanos. Conforme a este criterio Rubio yBernales reseñan la esencia de la Constitución de1979.

a) El sistema económico. El tratamiento normati-vo era extenso aunque ello no significó un cambiofundamental en relación a lo que contenía en estamateria la Constitución de 1933. La AsambleaConstituyente precisó varias instituciones que exis-tían tácitamente en la Constitución anterior e incor-poró otras tomadas de la modernización operada enla sociedad peruana en las décadas precedentes,adaptándolas al modelo de 1933. Articuladas porun concepto tradicional de propiedad –inviolable yde carácter privado–, las reglas básicas del sistemaeconómico eran la economía social de mercado, elpluralismo empresarial y la libertad de comercio eindustria. En dicha constitución se recogieron lastransformaciones ocurridas en las décadas anterio-res, pero bajo una normatividad ambigua entre unrégimen liberal y un régimen donde el Estado cum-plía un importante rol empresarial y de regulaciónde las relaciones sociales, tendencia que se veníadando desde la década del 60. Ello se pudo ver enlos siguientes casos:

– La libre capacidad de las empresas quedó en-cuadrada dentro de los procedimientos de autoriza-ción, como la exigencia de requisitos de constitu-ción empresarial o las oportunidades de inversiónen campos señalados como prioritarios y no priori-tarios. En otras palabras, se contraponían dos prin-cipios que no funcionan armoniosamente juntos: lalibertad de industria y comercio, y el sistema deplanificación.

– Bajo control o fiscaliza-ción del Estado se recono-ció toda una gama de for-mas asociativas autoges-tionarias, como cooperati-vas o empresas de propie-

1118

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Eudocio Ravines,controvertidafigura públicaperuana. Militó yfue dirigente delPartido ComunistaPeruano,renunciandoposteriormente yconvirtiéndose enun furibundoanticomunista. Supolémicatrayectoria no hapermitido todavíaun análisis serenode su paso por lapolítica peruana.

La constitución de 1979reconocía como modeloeconómico la llamada“economía social de mercado”,según la cual éste actúa comocentro de regulación de lasdecisiones económicas y elEstado se ocupa de asegurar lalibre competencia y prestarayuda a los individuosmarginados de sus beneficios.

dad social. Sin embargo, la Constitución se limitó aseñalar que el Estado las “estimula y las ampara”.Igual ocurrió con los mecanismos de participaciónde los trabajadores en la propiedad, gestión y bene-ficios económicos, especialmente las comunidadeslaborales, en donde la Constitución limitó el accesoa la propiedad a las empresas “cuya naturaleza no loimpide”. Con ello se dejó este derecho en suspenso.

– La expropiación se restringió y la nacionaliza-ción, que aparecía en la Constitución de 1933, nofue normada expresamente. Con ello se disminuye-ron las posibilidades de regulación e intervencióndel Estado en la vida económica.

– La explotación de los recursos naturales y elcomercio exterior, que fueron reservados en su ma-yor parte para el Estado por su importancia en lapropiedad de las divisas, no fueron del todo consi-derados en la Constitución: se permitió concesionesque otorgaban “un derecho real” en la minería ypropiedad particular sobre tierras de la selva; porotro lado, se rompió el monopolio de la comerciali-zación exterior.

– En cuanto a la propiedad agraria, si bien semantuvo el principio de que la tierra debe ser con-ducida por el propietario directamente y se recono-cieron las formas individuales y asociativas de con-ducción empresarial, las normas fueron confusaspara definir la conducción directa, lo cual abrió lasposibilidades de que se impusieran en el campo lassociedades de capitales.

En resumen, en términos de propiedad, laConstitución de 1979 recogió las transformacionesoperadas en años anteriores, pero con una normati-vidad ambigua favorable a cambios de carácter li-beral. La utilización de la propiedad en armoníacon el interés social es un concepto abstracto devarios posibles significados. Dichas contradiccio-nes aparecerían bajo los gobiernos de Belaunde(con su política de liberalización y privatización) yde Alan García (con la estatización de la banca y laanulación de los contratos petroleros de la Belco).En ambos gobiernos hubo posiciones discrepantessobre la interpretación de la Constitución en laaplicación de dichas políticas. La libertad de indus-tria y comercio se convirtió así en garante del siste-ma, pero enfrentada a las posibilidades y necesida-des del control estatal.

b) El sistema político. El sistema político era el dela democracia representativa. El presidente y losmiembros del Congreso serían elegidos cada cincoaños, ejerciendo el gobierno con plena libertad deacción frente al pueblo, desde el punto de vista de

las normas establecidas en la Constitución. No eranresponsables por sus opiniones o acciones en elejercicio de sus cargos; no podían ser destituidospor ninguna razón política (salvo por comisión dedelito, con formulación de un antejuicio político yla suspensión en el ejercicio de la función); y noexistían mecanismos de “democracia directa” paraque el pueblo pudiera intervenir en las decisionesentre elección y elección. Tampoco se previó la ins-titucionalización de ningún organismo que, me-diante representación de ciudadanos, pudiera inter-venir dictaminando o ejerciendo el derecho de ini-ciativa en materia legislativa o las renovaciones pe-riódicas parciales del órgano legislativo. De esta ma-nera, el sistema político era representativo en su va-riante más clásica, restringiendo sustancialmentelas formas de participación popular a las eleccionesquinquenales.

No es que se hubiera propugnado un sistema de-mocrático más abierto. Fue una decisión conscien-te y voluntaria de mantener en lo sustancial el mis-mo mecanismo y el mismo sistema político de laConstitución de 1933. Hubo propuestas que busca-ron enriquecer el modelo, como el referéndum rati-ficatorio de legislación y decisiones políticas tras-cendentales, o el otorgamiento de participación ins-titucionalizada a las organizaciones sociales en la ta-rea legislativa, como agentes dictaminadores y pro-pulsores de legislación; sin embargo, se optó porrestringir estas atribuciones a los elegidos para ocu-par cargos de gobierno, debido al temor a las orga-nizaciones sindicales y populares influenciadas porla izquierda en una coyuntura de fuerte confronta-ción social.

La reducción al mínimo de la democracia repre-sentativa se convirtió así en un instrumento de eli-tización del poder, en manos de representantes connula responsabilidad frente a sus electores hasta lossiguientes comicios. Ello facilitaba el control de lasmayorías nacionales, en la medida que las decisio-nes gubernamentales se hacían “en virtud del man-dato popular”, pero tomándolo como forma, no co-mo contenido. Hay que reconocer, sin embargo, dosmodificaciones positivas: el otorgamiento del voto alos analfabetos y la eliminación de las restriccionesa la existencia de los partidos políticos.

En la estructuración de los poderes del Estado seinnovó más en cuanto al Ejecutivo que al Legislati-vo. A diferencia de la Constitución de 1933, huboun reforzamiento de las atribuciones del primerofrente al segundo. En primer lugar, se mantuvo lacensura ministerial, pero se instituyó la posibilidad

1119

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

de la disolución de laCámara de Diputadosen caso de censura detres gabinetes; se trata-ba, pues, de una diso-lución parcial, en si-tuaciones excepciona-les. En segundo lugar,se otorgó al presidentela posibilidad de ejer-cer el veto legislativo,que no tenía en laConstitución anterior,y la delegación de atri-buciones legislativas,aplicada con anteriori-dad aunque sin teneruna norma expresa. Entercer lugar, se otorgóal presidente mayorpoder en materia pre-supuestal, lo cual le permitió una mayor capacidadde implementar sus políticas. En cuanto al poderJudicial, se mantuvo casi la misma organización es-tablecida en la Constitución anterior, incluyendo elnombramiento de los magistrados por los poderespolíticos, lo cual le quitaba independencia; y se res-tableció el ministerio Público por mandato consti-tucional al interior de la administración de justiciay la defensa de los derechos. Como conclusión, losautores señalan que pese a las modificaciones he-chas –dadas las características señaladas líneas arri-ba– se dejaba abierta la posibilidad de una dictadu-ra legal. A todo esto habría que agregar el estableci-miento de la separación de Iglesia y Estado, y la ple-na libertad de cultos.

c) Los derechos constitucionales. A diferencia dela Constitución de 1933, la de 1979 era extensa yexplícita en estas materias, incorporando en su tex-to una amplia gama de derechos. En adición a laslibertades clásicas (personal, de reunión, de expre-sión, de tránsito, inviolabilidad del domicilio) y aotros derechos sociales ya tradicionales (seguridad,cobertura de riesgos, protección de minusválidos),añadió importantes normas sobre derechos del tra-bajador a la educación, a la ciencia y la cultura, asícomo un tratamiento moderno a la familia. Inclusi-ve, se consideró que la declaración de derechos enel texto no era taxativa, sino que éstos estaban am-parados constitucionalmente. Se había realizadouna buena tarea de recopilación, síntesis y declara-ción de los principales avances en derechos huma-

nos, que desgraciada-mente fueron violadossistemáticamente du-rante la década del 80,entre otras razonesporque, a pesar de sutratamiento concep-tual, se establecieronnormas especiales queredujeron estos benefi-cios, especialmente enlos aspectos políticos.

Entre dichos artícu-los se encontraba, enprimer lugar, el que es-tablecía la posibilidadde que las autoridadespudieran detener pre-judicialmente hastapor quince días a lossospechosos de terro-

rismo, espionaje o tráfico ilicíto de drogas; en se-gundo lugar, se restringió la defensa a través del ha-beas corpus; en tercer lugar, se normaron las excep-ciones en lo referente a la inviolabilidad del domici-lio, señalando que la autoridad o cualquier personapodría ingresar a un domicilio sin permiso del quelo habitaba y sin orden judicial, en caso de “flagran-te delito o de peligro inminente de su perpetra-ción”. Como la excepción quedaba a criterio dequien ingresaba al domicilio y la causa que lo per-mitía no era sólo el delito, sino el “peligro inminen-te” de que existiera, se abría la posibilidad del alla-namiento clandestino; lo cual ocurrió constante-mente, en contra de dirigentes políticos y sindica-les; en cuarto lugar, la libertad de reunión se sujetóa autorización por “motivos de seguridad”, que sibien en abstracto es una disposición razonable, enlo concreto puede ser materia de indebida exten-sión. En lo que se refiere a la protección de los de-rechos constitucionales hubo un avance significati-vo: el habeas corpus, el amparo, la inconstituciona-lidad de leyes y decretos, así como otras normascomplementarias, que brindaban mayores oportu-nidades de defensa judicial. También se creó el Tri-bunal de Garantías Constitucionales que, directa eindirectamente, era controlado por los poderes delEstado, los cuales también elegían a sus miembros.Finalmente, se establecieron dos figuras para los re-gímenes de excepción: el estado de emergencia, quesuspendía las garantías por sesenta días, prorroga-bles, con mención expresa de que las Fuerzas Arma-

1120

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

La Carta Política de 1979 en su primer artículo subrayaba a lapersona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado.A la vez ensayaba una larga enumeración de los derechos básicos

de la persona en un listado que no estaba cerrado a la sanciónnormativa o al reconocimiento de nuevos derechos.

das asumían el control del ordeninterno; y el estado de sitio, enel cual se suspendía por 45 díastodos los derechos, salvo los queexpresamente se mantuvieranen vigencia.

LAS ELECCIONESGENERALES DE 1980

Para las elecciones generalesde mayo de 1980, se presenta-ron en total 15 candidaturas:Fernando Belaunde Terry (AP),Armando Villanueva del Campo(PAP), Luis Bedoya Reyes(PPC), Hugo Blanco Galdós(Partido Revolucionario de losTrabajadores, PRT), Genaro Le-desma Izquieta (FOCEP), Hora-cio Zevallos Gómez (Unión deIzquierda Revolucionaria, UNIR), general LeonidasRodríguez Figueroa (Unidad de Izquierda, UI: PC yPSR), Gustavo Mohme Llona (Acción Política So-cialista, APS), Roger Cáceres Velásquez (FNTC),Carlos Malpica Silva Santisteban (UDP), general Ja-vier Tantaleán Vanini (OPRP), Luciano Castillo Co-

loma (PS), Alejandro Tudela Garland (MDP), Car-los Carrillo Smith (UNO), y Waldo Fernández Du-rán del Movimiento Popular de Acción de Integra-ción Social (PAIS). Estas candidaturas expresaban elgrado de fragmentación política y de crisis de repre-sentación, resultado de la incapacidad para estable-cer un nuevo orden formalmente democrático lue-go de la desaparición del régimen oligárquico, y quenacía con pies de barro. La crisis se expresó en la in-capacidad de formar sólidos frentes políticos entrepartidos afines ideológicamente; sólo se lograronalianzas electorales endebles y, en casos de partidoscomo el PAP, luchas internas por su control.

En el caso del PAP, luego de la muerte de Hayade la Torre se inició la pugna por la sucesión, en laque por momentos hubo abiertos enfrentamientosfísicos, como la golpiza que le propinaron a Luis Al-berto Sánchez –en ese entonces de 80 años– duran-te el Congreso Nacional del PAP realizado en Truji-llo a comienzos de 1980 para resolver los problemasinternos y de la sucesión. El debate sobre la direc-ción del partido manifestó dos grandes tendencias:la primera –encabezada por Luis Alberto Sánchez,Ramiro Prialé y Andrés Townsend Ezcurra– repre-sentaba a los conservadores y anticomunistas; la se-

1121

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Mitin del cierre de campaña de Acción Popular en mayo de 1980. Fernando BelaundeTerry alcanzó con este mitin la mayor convocatoria de toda la campaña electoral en

un apoyo que sería reafirmado en las urnas el domingo 18 de mayo, día de laselecciones generales.

Armando Villanueva del Campo fue el principaladversario de Fernando Belaunde en los comicios de1980. Los conflictos dentro de su agrupación política,la nacionalidad de su esposa y cierta simpatía deldesacreditado gobierno militar fueron factores quejugaron en su contra durante la campaña electoral.

1122

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

gunda –encabezada por Armando Villanueva delCampo y los jóvenes Carlos Roca y Alan García Pé-rez– representaba a los moderados y reformistas detendencias socialdemócratas. La primera sustentabala secretaría colegiada, para impedir la concentra-ción del poder partidario; la segunda defendía la se-cretaría general, para mantener la cohesión partida-ria bajo un mando único. La primera saldría derro-tada tanto en el debate sobre la dirección del parti-do como en la elección de la plancha presidencialnegociándose a última hora una plancha nueva: Vi-llanueva, Townsend y Negreiros, y las candidaturasparlamentarias fueron negociadas al interior de lanueva dirección. Sin embargo, no por ello se deja-ron de lado los fuertes rencores y discrepanciasideológicas, que llevaron a una ruptura en 1983.Cabe recalcar que el PAP se presentó como la mejorcarta de recambio del gobierno.

La izquierda, en cambio, tuvo que enfrentar di-ferencias políticas e ideológicas mucho mayores:prosoviéticos, maoístas, trotskistas, mariateguis-tas, divididos a su vez en minúsculos partidos. Losresultados electorales de 1978 expresaban que laizquierda no podía abstenerse de participar en la es-cena oficial y que requería de la unidad para tenerun verdadero peso político nacional de representa-ción de los sectores populares.

A inicios de 1980 comenzaron las negociacionespara la conformación de un frente político en pers-pectiva a las elecciones de mayo. Las fuerzas políti-cas más comprometidas fueron: el FOCEP por sualta votación, el PC por su fuerza sindical y la UDPpor su presencia en el movimiento campesino. A es-tos grupos se sumaron los maoístas, quienes no ha-biendo participado en las elecciones a la AsambleaConstituyente “descubrieron” su importancia como“espacio de lucha política revolucionaria”; de con-cretarse dicha alianza se habría denominado Alian-za de la Izquierda Revolucionaria (ARI).

Sin embargo, había demasiadas fracciones políti-cas y demasiadas ambiciones personales en juego,por lo que la alianza fracasó y estalló en pedazos.Las versiones “oficiales” declaran a Hugo BlancoGaldós como “el verdadero culpable”, pues se negóa tomar la decisión política para la formación delARI, aunque habría que decir en su favor que paraentonces varias fuerzas políticas ya se habían retira-do de las negociaciones. El fracaso fue del conjuntode la izquierda, pero había la necesidad, dentro dela vieja tradición stalinista, de señalar un “chivo ex-piatorio”, un “traidor”. La decisión de Blanco fue

tangencial a un problema más de fondo de la iz-quierda, problema que la historia posterior demos-tró que era su talón de Aquiles: la incapacidad deunidad, la incapacidad de dejar de lado ambicionesy mezquindades en favor de la revolución. Más bienlos representantes de la izquierda utilizaron el nom-bre de la revolución en favor de sus ambiciones ymezquindades. En total, la izquierda presentó cincolistas, dos más que en 1978.

En cuanto a AP y el PPC, el primero debía saciarlas ambiciones políticas de los caciques provincialessobre quienes se sustentaba la organización de supartido, por lo que empezó repartiendo las curulesentre sus familiares y colaboradores más cercanos;al segundo le sobraban provincias que repartir debi-do a su poco peso político nacional, por lo que pu-do ser generoso. Tal era el sistema de partidos sobreel cual se levantaría el nuevo régimen.

Los resultados presidenciales oficiales fueron lossiguientes: AP, 1 793 190 votos (45,2%); PAP, 1 087188 votos (24,4%); PPC, 382 547 votos (9,6%);PRT, 160 713 votos (3,9%); UNIR, 134 321 votos(3,2%); UI, 116 890 votos (2,8%); UDP, 98 452 vo-tos (2,3%); FNTC, 81 647 votos (1,9%); FOCEP, 60853 votos (1,4%); UN, 18 170 votos (0,4%); OPRP,17 737 votos (0,4%); APS, 11 607 votos (0,2%);MDP, 9 875 votos (0,2%); PAIS, 9 350 votos (0,2%)y PS, 8 714 votos (0,2%). Del total de votos emiti-dos (78,7%), 14,5% fueron nulos y 7,7% blancos. Elausentismo fue del 21,3%.

Los resultados muestran una clara victoria deAP, que superó ampliamente el 36% requerido; reci-biendo mayor votación presidencial (45,2%) quepara senadores (40,9%) y diputados (38,9%). Esclaro que Belaunde fue favorecido por una parte delvoto en conjunto de la izquierda, cuya votación pa-ra senadores (17,3%) y diputados (18,4%) fue ma-yor que la presidencial (13,6%). La izquierda enconjunto redujo su votación porcentual en 15,7%en relación a 1978, debido al fracaso del ARI, y por-que una victoria de AP era vista como un mal me-nor frente a la del PAP, que representaba la opciónde recambio del gobierno militar. Asimismo, el PPCy el PAP también vieron reducidos sus porcentajesde votación en relación a 1978: el primero en 14,2%y el segundo en 11%, aunque la relación entre susvotaciones presidenciales y para senadores y diputa-dos era pareja. De todas estas reducciones provinola votación de AP; la distribución del Congreso nole fue adversa como en 1963: de 60 senadores obtu-vo 26 y de 180 diputados obtuvo 98.

EL IMPACTO DE LAS REFORMAS

Uno de los puntos más controvertidos acerca delgobierno militar es la existencia previa o no de unproyecto castrense. La aparición tardía del “Plan In-ca”, las contradicciones al interior de las FuerzasArmadas y la aplicación de medidas como respues-ta a determinadas coyunturas políticas pareceríandesmentir su existencia. Sin embargo, como ha sos-tenido Lynch, si bien al parecer no existía un mode-lo coherente y previamente diseñado, el comporta-miento del gobierno militar tampoco fue errático.Las primeras medidas enfrentaron la situación exis-tente antes de 1968 y la conducta posterior debióresponder a las situaciones creadas por la aplicaciónde éstas. A la larga, serán esas mismas condicionescreadas las que lo llevarían a su crisis.

Veamos cuál fue el impacto de las medidas refor-mistas en la estructura económica y social del país.En primer lugar, se desplazó del poder a la oligar-quía terrateniente y agroexportadora y al grupo deempresas extranjeras que habían dominado la polí-tica económica y la conducción del Estado. En se-gundo lugar, se impulsó la racionalización del siste-ma económico, en base a los planteamientos de se-guridad nacional, garantizando el uso planificadode nuestros recursos, la construcción de una in-fraestructura económica y un replanteamiento denuestras relaciones con el merca-do internacional, lo que provocóun proceso de concentración ycentralización del capital. En ter-cer lugar, el Estado asumió unpapel clave como articulador detodo el proceso económico me-diante su expansión en los diver-sos sectores y la planificación.

En cuarto lugar, se estableció una nueva relaciónentre el capital privado y el Estado a través de dife-rentes mecanismos que reglamentaban las formasde asociación, de inversión y reparto de ganancias.En quinto lugar, se implementaron diversos siste-mas de participación de los trabajadores en el fun-cionamiento de las empresas. En sexto lugar, se die-ron formas de relación corporativas y verticales quebuscaban articular la relación Estado-sociedad civil,que si bien fracasaron, a la larga promovieron un al-to grado de organización social.

Veamos ahora algunas cifras. La PEA urbana cre-ció de 37,6% en 1961 a 62,2% en 1972, redundan-do fuertemente en el proceso de urbanización, perotuvo efectos desiguales en el de industrialización.En el mismo período, la fuerza laboral en el sectorindustrial manufacturero sólo creció de 13,2 a15,1%, mientras que el sector terciario (comercio,servicios y gobierno) pasó de 27,8 a 34,7%, segúndatos de Sulmont. Dentro de este sector se ocultanel subempleo, el comercio ambulatorio y la infor-malidad. El empleo y el subempleo varían de 44,2%y 4,2% en 1972 a 52% y 6,5% en 1978, lo que mues-tra que el desarrollo industrial siguió siendo desi-gual y desarticulado de los otros sectores económi-cos, pese a las reformas, ya que el modelo de susti-tución de importaciones se venía aplicando desde ladécada del 60.

1123

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

IV

Con el gobierno militar el Estadoasumió un importante rol como

promotor de la actividad económica.Numerosos sectores de producción

fueron conducidos directamente por elEstado que se convirtió además en el

principal agente económico comoEstado-empresario. En la ilustración,

una vista del muelle de Ilo.

LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Durante el docenio se produjo un evidente for-talecimiento del Estado, hecho relacionado con elnuevo rol que le asignó el gobierno militar: el deempresario y regulador de la sociedad. Asumir estasresponsabilidades significaba un crecimiento cuali-tativo del aparato estatal, especialmente en ciertasáreas vitales de la economía. Por esta razón fue que,del conjunto de expropiaciones realizadas duranteel gobierno de Velasco, apareció un poder económi-co y social en manos del Estado que no fue transfe-rido a la sociedad civil y que no decaería en los añossiguientes al gobierno militar, ya que el ordena-miento y funcionamiento de la economía suponíany requerían tal presencia. El rol empresarial del Es-tado se realizó en detrimento de una parte del capi-tal nacional privado y, sobre todo, recortó la presen-cia del capital extranjero.

El gobierno militar controlaba un tercio del pro-ducto nacional, una quinta parte de la fuerza de tra-bajo del sector productivo moderno –sin contar losempleados públicos–, nueve décimas partes de lasexportaciones y la mitad de las importaciones. Se-gún Pásara, si bien el peso dominante del Estado enla economía está fuera de toda duda, éste no alcan-zó el control del excedente productivo, ya que lossectores donde se dio la intervención estatal no eranlos que producían la mayor acumulación dentro delproceso económico; el sector industrial nunca pudoser controlado por el Estado. No obstante el peso dela intervención estatal, la planificación no se pudoaplicar ni siquiera al conjunto de las empresas pú-blicas, pues éstas, que se hallaban bajo el control delministerio de su sector y desarticuladas entre sí, nogeneraron excedentes, y si lo hicieron, éstos fueronderivados a otros sectores, por lo que tuvieron querecurrir al endeudamiento público para poder se-guir funcionando.

Según datos de Luis Alva Castro, en 1968 el Es-tado tenía sólo 40 empresas públicas. A fines de1985 el Estado contaba con 234 empresas bajo di-ferentes modalidades: control total, participaciónmayoritaria o participación simple. De esas 234empresas, 134 se ubicaban en el sector no financie-ro y 100 en el sector financiero, si contamos em-presas matrices y filiales. En 173 empresas el Esta-do tenía más del 50% de las acciones y en 61 em-presas menos del 50%. Del total, 20 empresas sig-nificaban el 90% del patrimonio y 9 empresasconstituían el 80% de los ingresos por ventas de laactividad empresarial estatal. Finalmente, de las

134 empresas no financieras, 83 dependían delgrupo CONADE-ICSA, 47 de los ministerios, 2 delos municipios y 2 de la Beneficencia.

Contrariariamente a lo que se cree, la actividadempresarial estatal no surgió con el gobierno mili-tar. En el gobierno de Bustamante y Rivero se deba-tieron proyectos de ley (como el del Banco de laNación y la Corporación de Valores) que buscabandar un nuevo papel al Estado, el que anteriormentehabía asumido, de manera reducida, diversas acti-vidades económicas no propiamente empresarialessino más bien recaudadoras y reguladoras: los ca-sos de los estancos de la sal, el alcohol y la coca,por ejemplo. Más tarde éstos se convertirían enempresas como ENATA, EMSAL, ENACO y la Em-presa de Alcohol Industrial. En los años 60, la pre-sencia estatal se incrementa en campos como la si-derurgia (SOGESA), el petróleo (Empresa PetroleraFiscal), el comercio exterior (Compañía Peruanade Vapores), el sistema financiero (Banco de la Na-ción), el sistema de agua y desagüe (Corporaciónde Saneamiento de Lima), la energía eléctrica (Cor-poración del Mantaro, Servicios Eléctricos Nacio-nales y Corporación del Santa) y la construcción(Corporación de Vivienda). También se construye-ron plantas industriales bajo control estatal comola planta de fertilizantes de Cachimayo, la deshi-dratadora de alimentos de Arequipa y la refineríade petróleo de La Pampilla. En cuanto a la bancade fomento, existían el Banco Agrario, el Banco In-dustrial, el Banco Minero, el Banco Central Hipote-cario y el Banco de Vivienda.

A fines de 1968 había 40 entidades públicas –en-tre corporaciones, institutos, empresas estatales yorganismos del gobierno central– realizando activi-dades que bajo el gobierno militar habrían estado acargo de empresas del Estado. Como ya hemos vis-to, el crecimiento de las actividades empresarialesdel Estado está relacionado con una concepción quele confiere un rol central en la promoción y gestiónde las actividades económicas. Según Alva Castro,las motivaciones fueron las siguientes: la necesidadde que el Estado contara con importantes exceden-tes para el cumplimiento de sus funciones; la con-cepción de seguridad nacional, que implicaba elcontrol de los sectores estratégicos de la economía;un mejor manejo de las divisas a través del controldel comercio exterior; sustitución del capital priva-do en sectores y empresas en crisis como el pesque-ro, el financiero y el de transportes; necesidad de unmayor control del sector financiero por su carácterespeculativo y de impulsar nuevas actividades des-

1124

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

deñadas por el capital privado. Afines de 1978 se inicia un proce-so de privatización que se irá de-sarrollando paulatinamente a lolargo de la década de los 80. Sinembargo, en la Constitución de1979 se dio reconocimientoconstitucional a la actividad em-presarial del Estado con el fin depromover la economía, prestarservicios públicos y alcanzar losobjetivos del desarrollo nacional.

Durante el gobierno de Belaunde se aplicó unconcepto diferente sobre el Estado y su rol en el de-sarrollo nacional, aunque se dieron dispositivos le-gales importantes para tratar de ordenar el funcio-namiento de las empresas públicas. El primero deéstos creó la Comisión Nacional de Desarrollo (CO-NADE) como un ente normativo de la actividad em-presarial del Estado, convirtiendo a COFIDE en em-presa de derecho privado, y creó Inversiones COFI-DE S.A. otorgándole funciones de inversión; el se-gundo normó la actividad empresarial del Estado,otorgándole a CONADE funciones relacionadas conel planeamiento, la orientación y el control de lagestión de las empresas estatales. Con estas medidasno se logró un efectivo ordenamiento legal e insti-tucional de las empresas del Estado, ya que no se ledio prioridad a una necesaria racionalización de lasempresas existentes, iniciándose más bien el aban-dono de la actividad empresarial del Estado a travésde la desactivación, la liquidación o la privatizaciónde las empresas públicas.

Siguiendo con Alva Castro, de las 134 empresasno financieras existentes al inicio del gobiernoaprista, 27 representaban el 90% de su patrimonio:Petroperú, Electroperú, Electrolima, Centromin Pe-rú, Hierro Perú, Minero Perú, Tintaya, Entel Perú,Aeroperú, Enafer, Enapu, Corpac, Enatru, CPV, Si-derperú, Sociedad Paramonga, Fertisa, Incasa, Pes-caperú, Sima Perú, Indumil, Enci, Ecasa, Emmsa,Senapa, Sedapal, Minpeco. Entre las empresas en

cuyo accionariado tenía mayoría el Estado: Epsep,Ganadera Amazonas, Empresa Nacional de Tabaco,Cemento Yura, Cemento Sur, Enaco, Manylsa, Mo-raveco. Entre las empresas donde el Estado era ac-cionista minoritario: Cemento Andino, CementoNorte Pacasmayo, Cemento Lima, Bayer Industrial.

En el sector financiero la presencia estatal estabaagrupada en un total de 23 empresas: 7 bancos co-merciales asociados (Popular, Continental, Interna-cional, NorPerú, de los Andes, Sur Medio y Callao,y Amazónico), 5 bancos de fomento (Industrial,Agrario, Minero, de la Vivienda, Central Hipoteca-rio), 3 empresas financieras asociadas (Peruinvest,San Pedro y Peruana), 3 almacenes generales de de-pósito (Almacenera Continental, Almacena y Kol-kandina), 3 empresas de seguros (ReaseguradoraPeruana, Popular y Porvenir y Secrex), el Banco dela Nación y COFIDE. Su peso puede ser medido dela siguiente manera: el 73% de los trabajadores delsector le pertenecían, así como el 80% de las colo-caciones y el 65% de los depósitos; en total tenía el71% del patrimonio del sistema financiero.

LA DEUDA EXTERNA

Según Óscar Ugarteche, en los años iniciales delgobierno militar, el país contaba con una situaciónde relativo saneamiento financiero, debido a las re-financiaciones y renegociaciones realizadas entre1967 y 1968, y al “boom” pesquero de 1970; graciasa ello se abrieron perspectivas para un mayor en-

1125

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Vista de la mina Casapalca. La herenciadel Estado-empresario forjada por elgobierno militar fue asumida por los

gobiernos civiles de Fernando BelaundeTerry (1980-1985) y Alan García Pérez(1985-1990). Sin embargo, ya desde el

gobierno de Morales Bermúdez y deBelaunde hubo intentos por privatizar y

liberalizar la actividad económica.

deudamiento durante el primer quinquenio de ladécada del 70. El uso del crédito durante ese perío-do tuvo dos ejes: inversiones públicas y compra dearmamento. La compra de armamento estuvo rela-cionada al cese de la ayuda militar norteamericana,la compra de armas a la URSS, y a las tensiones di-plomáticas con Chile. Luego de la caída de Velascoy ante el incremento de la movilización social, losgastos militares aumentaron. Las inversiones públi-cas más importantes fueron el oleoducto norperua-no y la mina de cobre de Cerro Verde, que culmina-ron en 1978. Ello generó serios problemas en la ba-lanza de pagos, ya que los precios de nuestras ex-portaciones decrecieron levemente, mientras las im-portaciones y el servicio de la deuda se incrementa-ron. El Perú entró en crisis de pagos de deuda en di-ciembre de 1976, al mismo tiempo que el endeuda-miento por defensa llegó al 75% del endeudamien-to total.

Entre 1977 y 1978 el Perú se ubicó entre los paí-ses con mayor crisis de endeudamiento, lo cual mo-tivó el cierre de los créditos provenientes de la ban-ca privada; a partir de entonces, las relaciones y ne-gociaciones con el FMI tuvieron numerosos rompi-mientos y conflictos. El general Morales Bermúdezcomprometió el apoyo del gobierno norteamericanoa las negociaciones del FMI a cambio del cumpli-

miento de la transferencia de gobierno. De este mo-do, en mayo de 1978 mientras se realizaban las elec-ciones para la Asamblea Constituyente, se aplicóuna política de ajuste que terminó con el procesoreformista iniciado por el general Velasco y con lapolítica de sustitución de importaciones. Se redujoel papel del Estado, se negoció el cese de 30 mil em-pleados públicos y se abrieron las puertas al comer-cio y al capital internacional. Se inició así el caminoneoliberal. Con la subida de los precios del petróleoy la plata en 1979, el problema del endeudamientoexterno pareció solucionado.

Luego del golpe de 1968 y debido a los conflictoscon el gobierno norteamericano, el gobierno adoptóla política de no buscar créditos en los organismosmultilaterales donde Estados Unidos tenía poder deveto, como el Banco Mundial y el BID, orientándosehacia los países socialistas de Europa Occidental y alJapón, así como a la banca privada internacional.Así, durante 1970-1975 la principal fuente de crédi-tos fue la banca privada internacional, seguida de loscréditos gubernamentales. En 1976, coincidente-mente con la reapertura del crédito multilateral so-brevino el cierre de los créditos de la banca privadainternacional. Por ello durante el período 1976-1980 la mayoría de los créditos provino de los paísessocialistas por la compra de armas, seguidos por losotorgados por gobiernos occidentales.

EL CENSO NACIONAL DE 1972

Un elemento importante para la realización delproceso de reformas era el manejo de información.Por ello, el gobierno de Velasco dio impulso a enti-dades como el Instituto Nacional de Estadística y elInstituto Nacional de Planificación, a las que encar-gó en 1970 la planeación de la realización de uncenso nacional para julio de 1972. Los resultadosconfirmaron la tendencia de los cambios que seoperaban en el país desde 1940. Quizás la constata-ción más importante fue que la población urbanasuperaba a la población rural: la primera represen-taba 8 058 495 personas (59,9%) y la segunda 5 479713 personas (40,5%), con una población total de13 538 746 personas. La distribución por regionesera la siguiente: en la costa 9 113 500 pobladores,en la sierra 7 329 500 y en la selva 1 311 900.

1126

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

El gobierno militar llevó a cabo en 1972 una encuestanacional de población, cuyos resultados indicaban que el Perúhabía dejado de ser un país eminentemente rural y la costa sehabía convertido en la región más habitada por los peruanos.

LOS EMPRESARIOS Y EL RÉGIMENMILITAR

El proceso de reformas implementadas por el ge-neral Velasco estuvo orientado a afectar los intere-ses de la oligarquía, con efectos importantes sobreel poder económico de sus componentes, especial-mente de los sectores más tradicionales del campo.Los modernos, en cambio, se desplazaron a otrossectores económicos, conformándose una nuevaburguesía que se fue integrando a la ya existente:los denominados “nuevos ricos”, procedentes delahora denominado “sector informal”, así como co-merciantes, intermediarios, profesionales y miem-bros de las Fuerzas Armadas enriquecidos en elejercicio de cargos públicos en los ministerios o enlas empresas estatales. Éste fue un lento procesoque se fue dando a lo largo de los doce años de go-bierno militar, promovido de alguna manera por és-te, con la intención de que el empresariado nacionalasumiera el liderazgo en el desarrollo nacional enreemplazo del capital extranjero. Por ello recibióuna serie de beneficios, como untipo de cambio sobrevaluado quele permitía importar materiasprimas y bienes de capital encondiciones favorables; el esta-blecimiento de una tasa nominalde interés; control sobre los pre-cios agrícolas, que benefició a lossectores urbanos y que no seejerció sobre los bienes indus-triales; y una política de protec-ción del mercado interno comonunca antes se había dado. Se-gún Pásara, si bien el Estado ex-pandió su rol empresarial –lo

que podría ser visto como realizado a costa del em-presariado privado, al que se le expropiaron ciertasáreas que pasaron a ser reservadas para el Estado–,en realidad lo que se hizo fue delimitar sectores yniveles de actuación para la empresa privada, en losque se desarrolló productivamente y obtuvo gran-des ganancias, gracias a que la industria fue coloca-da como eje del desarrollo económico. Por ejemplo,la estatización del cemento aseguró su abasteci-miento a precios que dejaban un bajo excedente pa-ra el Estado; Petroperú aprovisionó a la industria decombustible subsidiado; y Siderperú retenía un pe-queño excedente en la producción de acero, en be-neficio del sector metalmecánico en manos priva-das. Sin embargo, los industriales no respondieronde manera positiva, por razones más políticas queeconómicas, pues no estuvieron dispuestos a acep-tar el nuevo rol del Estado, no sólo como empresa-rio sino como regulador arbitral de las relacionessociales. Esta diferencia de los industriales con elgobierno militar produjo desde el comienzo su dis-tanciamiento, y no sólo ideológico. Las medidas to-

1127

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

V

El 28 de julio de 1970 Juan VelascoAlvarado en su mensaje a la nación

anunció la creación de la comunidadindustrial, generando fricciones con

los grupos empresariales que la veíancomo la concesión de un excesivo

poder a los trabajadores tanto en ladirección como en la participación de

las utilidades de la empresa.

cantes a la conciliación entre capital y trabajo tam-poco fueron bien recibidas y más bien se sospecha-ba de ellas; éste fue el caso de la comunidad indus-trial, vista como una interferencia obrera impuestapor el Estado a su libre gestión de la producción.Desde 1970 los empresarios deciden sabotearla me-diante una progresiva adquisición de comunidadesindustriales con una parte de las utilidades anuales,o mediante la burla de las utilidades. Como resulta-do, el conflicto entre capital y trabajo tiende a au-mentar en la empresa, en vez de disminuir. Al no lo-grar acuerdos, los empresarios intentaron influen-ciar en el gobierno a través de los sectores conser-vadores de las Fuerzas Armadas. Con la caída de Ve-lasco y la apertura política del general Morales Ber-múdez, los empresarios logran una influencia direc-ta sobre el gobierno, estableciéndose civiles vincu-lados a los gremios empresariales en el ministeriode Economía y Finanzas. Sin embargo, la descon-fianza persistió a pesar de las medidas de contrarre-forma que afectaron los derechos laborales de lostrabajadores y beneficiaron ampliamente a las em-presas.

Francisco Durand tiene una visión más comple-ja, pero complementaria a la de Pásara. Según él, elproceso de consolidación de una nueva burguesíalibrada del lastre de sus aliados tradicionales, a lolargo de la década del 70, se vio bloqueado por tresfactores. En primer lugar, a pesar de que el procesoreformista le dio un rol importante en el desarrolloeconómico nacional y la favoreció en la obtenciónde grandes ganancias, también la subordinó a suproyecto limitando el papel dirigente que se le que-ría atribuir. En segundo lugar, el proceso de acumu-lación era inestable debido a la crisis internacionaly la burguesía fue incapaz de enrumbarlo, actuandode manera marcadamente coyuntural. En tercer lu-gar, la presencia del capital extranjero en la estruc-tura productiva deja a la burguesía los sectores me-nos rentables, subordinándolos a sus intereses. Sinembargo, los empresarios nacionales no estabandispuestos a una ruptura con el capital extranjero,ya que los proveía de insumos, créditos y tecnolo-gía. A ello habría que agregar el hecho de que la si-tuación mundial ya se orientaba hacia un reordena-miento caracterizado por la imposición de proyec-tos monopólicos y de apertura económica, que enun contexto de crisis como el que se vivía entonceshacía a la burguesía vulnerable a su penetración. Es-tos factores hacen de la incertidumbre una caracte-rística permanente del estado de ánimo de la nuevaburguesía peruana, además del malestar y la desilu-

sión, ya que siendo sus integrantes en teoría los ac-tores claves del desarrollo nacional, no logran serloen la práctica. Si a ello se suma el reto que significaenfrentar a la movilización social, se entenderá elcomportamiento de los industriales, quienes en lu-gar de tener sentido del riesgo e iniciativa se convir-tieron en personas temerosas. Durante el gobiernode Velasco su fuente de incertidumbre fue la accióndel Estado; durante el de Morales Bermúdez, la cri-sis económica. Sus esperanzas se cifraron en el pro-ceso de contrarreforma y de apertura política, perotuvieron que enfrentar aún otra década más de in-certidumbre.

LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ATRAVÉS DEL SINAMOS

Desde el inicio del proceso de reformas, el go-bierno tenía clara la necesidad de establecer un con-trol político sobre los diferentes sectores sociales,especialmente los beneficiados con las reformas. Sebuscaba así garantizar el apoyo popular al procesoreformista y al gobierno, mediante un organismoadministrativo que sustituiría a los partidos políti-cos: el SINAMOS, a través del cual el “pueblo orga-nizado” haría llegar al gobierno sus reivindicacio-nes, especialmente a nivel local. Se buscaba así tam-bién la conciliación de intereses, complementandoreformas como las comunidades industriales, paralo cual se combinaban paternalismo y control auto-ritario, elementos complementarios del comporta-miento del gobierno frente a la movilización social.Si bien el SINAMOS recogía iniciativas y reivindica-ciones, las decisiones últimas estaban controladaspor el gobierno militar y se esperaba de sus inte-grantes la actitud del subordinado pasivo y agrade-cido. El acento hacia uno u otro polo dependía delas coyunturas políticas y del grado de cuestiona-miento al proceso reformista y al gobierno. Comoera de esperarse, el control autoritario se acrecentócon la contrarreforma. La organización del SINA-MOS fue piramidal, de arriba a abajo, dividida enniveles (nacional, departamental y local); era asi-mismo corporativo, ya que los organismos que lointegraban se dividían en sectores (comunidades in-dustriales, cooperativas, pueblos jóvenes, sindica-tos, etc.). En ese sentido, la retención del poder porlas Fuerzas Armadas fue un rasgo esencial del go-bierno militar; sin embargo, el modelo del SINA-MOS implicaba organizar a aquellos sectores que nolo estaban y darles mínimos espacios de acción,aunque sin permitirles cuestionamiento alguno. De

1128

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

esta manera se dio un proceso de orga-nización y movilización social como nose había dado antes, resultado no de-seado por el gobierno militar.

Inicialmente, se impulsó al SINA-MOS como una plasmación del postu-lado de la “democracia social de parti-cipación plena”, postura rechazada porlos diferentes sectores políticos, e in-clusive por algunos del gobierno. Paralos conservadores se trataba de un plancreado por la “infiltración comunistaen el gobierno”, y para la izquierda, deun instrumento de control “fascista”.Los vaivenes de su funcionamiento yorganización son también expresión delos cambios en la coyuntura política ydel desarrollo de las contradicciones alinterior de las Fuerzas Armadas. A me-dida que se desenvolvía el proceso dereformas, SINAMOS se convierte en el centro defuertes tensiones, ya que de un organismo de con-trol de la movilización social se convirtió, a la larga,en uno de los elementos centrales de la concientiza-ción política de los sectores populares. Este procesono se dio sólo en las zonas urbanas, sino que tam-bién tuvo un rol muy importante en el campo,creando e impulsando la orga-nización de las cooperativasagrarias y de la ConfederaciónNacional Agraria (CNA), co-mo única manera de garanti-zar la implementación de la re-forma del sector. Pero el SINA-MOS no sólo organizaba, tam-bién practicaba el paralelismoy la división de organismosexistentes, como una manerade enfrentar a las fuerzas polí-ticas con bases populares co-mo el PAP y la Izquierda. Sonlos casos, por ejemplo, de laConfederación de Trabajado-res de la Revolución Peruana(CTRP), creada en 1972 paraneutralizar a las otras centra-les sindicales; del Sindicato deEducadores de la RevoluciónPeruana (SERP), para contra-rrestar al Sindicato Único deTrabajadores de la Educación(SUTEP); de la división de la

Confederación Nacional de Comunidades Indus-triales (CONACI). Destaca la creación del Movi-miento Laboral Revolucionario (MLR), con el pro-pósito de garantizar la estatización del sector pes-quero, utilizando para ello métodos violentos.

Podemos dividir la evolución del SINAMOS entres etapas: la primera, de 1969 a 1973, cuando el

gobierno logra implementarlas principales organizacionesde apoyo, en un contexto deiniciativa política en la puestaen marcha del proceso refor-mista; en la segunda, de 1973 a1975, el control gubernamen-tal se deja sentir sobre la movi-lización social, realizando ope-rativos de paralelismo, divi-sión y asalto a las organizacio-nes sociales que mantuvieronsu independencia; en la terce-ra, de 1976 a 1978, el SINA-MOS pasó a ser dirigido porlos sectores más conservadoresdel gobierno, hasta su definiti-va desactivación.

1129

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Mitin de apoyo al SINAMOS, junio de 1972. La organización de SINAMOS fuejerárquica y piramidal y subordinó, en última instancia, las reivindicacionespolíticas populares a la dirección (y evidente supervisión) del gobierno militar.

Carlos Delgado Olivera, uno de losprincipales asesores civiles delgobierno militar de Juan VelascoAlvarado y alto funcionario deSINAMOS.

LA MOVILIZACIÓN OBRERA

Antes de octubre de 1968 solamente existía unacentral de trabajadores, la Confederación de Traba-jadores del Perú (CTP), dominada por el PAP. En1971 fueron reconocidas la Confederación Generalde Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por elPCP, y la Confederación Nacional del Trabajo(CNT), de orientación católica. A fines de 1972 fuereconocida la Confederación de Trabajadores de laRevolución Peruana (CTRP), organizada por el mi-nisterio del Interior y por el SINAMOS; más tarde seorganizó el Comité Coordinador de Unidad Sindical(CCUS) bajo influencia maoísta, que no prosperó.Según Sulmont, los datos del año 1974 señalan quela CGTP contaba con un 37% de la afiliación sindi-cal, la CTP con el 29%, la CTRP con el 27% y laCNT con el 7%. La CGTP se constituyó así en lacentral sindical más importante del país. De igualforma, a partir de la ley de comunidades laborales(1970), se produce un crecimiento de la sindicaliza-ción en las pequeñas y medianas empresas bajo lainfluencia de la CGTP. Ésta desarrolló las huelgas ymovilizaciones de mayor importancia, que en 1973representaron el 47,8% de horas-hombre perdidas;cifra que se elevó al 67% en 1975. Sin embargo, se-gún Manuel Valladares, a pesar de la intensa laborde sindicalización llevada adelante por el gobiernoy los partidos de izquierda, ésta sólo alcanza a unaproximado del 18% de la población asalariada. Co-mo puede verse, bajo el gobierno del general Velas-co se dio gran importancia a la organización sindi-

cal; durante esos años se reconocieron 2 115 sindi-catos, casi tantos como los 2 279 reconocidos entre1936 y 1968, según datos de Teresa Tovar. Entre lossindicatos más importantes cabe resaltar la creacióndel SUTEP en 1971, aunque no fue reconocido porel gobierno. Se reconocieron además importantesderechos sindicales –como la estabilidad laboral–que otorgaban garantías mínimas al trabajador pararealizar libremente sus actividades sindicales. Hayque señalar que el reconocimiento de la CGTP porparte del gobierno tuvo una motivación política:contrarrestar la influencia de la CTP aprista. Sinembargo, cuando la CGTP cobró mayor influencia,el gobierno impulsó la creación de la CTRP paraneutralizar a apristas y comunistas mediante el ofre-cimiento de mejores ventajas sindicales y la forma-ción de sindicatos y federaciones paralelas.

A pesar del apoyo del gobierno a la organizaciónsindical, hubo importantes huelgas y movilizacio-nes sindicales y populares. En julio de 1969 fueronabaleados en Huanta los manifestantes que protes-taban por la suspensión de la gratuidad de la ense-ñanza, con un saldo de 25 muertos y 50 heridos; ennoviembre de 1971 cinco trabajadores mineros mu-rieron a consecuencia de la toma policial de las ins-talaciones de las minas de Cobriza, que estaban enpoder de los huelguistas por las amenazas de cierrey despido; la huelga de maestros de setiembre de1972 también fue duramente reprimida. Con elagudizamiento de la crisis económica los conflictosse intensifican. En abril y octubre de 1973 se produ-cen enfrentamientos en Chimbote durante la huel-

ga pesquera y diversas protes-tas en todo el sur andino; ensetiembre de 1974 se reprimióa los campesinos de Anda-huaylas que impulsaron to-mas de haciendas no afecta-das por la reforma agraria; fi-nalmente sobrevendría la ex-plosión social del 5 de febrerode 1975.

Los años de 1973 a 1975fueron los de mayor protestasocial, producto de la crisiseconómica y política al inte-rior del gobierno. Diversossectores demandaban la de-fensa y radicalización del pro-ceso de reformas, a lo cual elgobierno respondió con fuer-tes mecanismos de control so-

1130

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

En 1971 fue reconocida la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),controlada por el Partido Comunista Peruano. El gobierno militar de Juan Velasco

Alvarado quiso así contrarrestar la hegemonía de la Confederación de Trabajadores delPerú (CTP) de influencia aprista.

cial (rompimiento de huelgas, paralelismo, arres-tos). De esta manera las movilizaciones fueron pa-sando de un carácter meramente gremial a un carác-ter político de oposición al gobierno. Durante esteperíodo hubo un encuentro entre los partidos de iz-quierda y el movimiento sindical, que dio lugar a lallamada “identidad clasista”, definida por autorescomo Parodi y Balbi como una identidad basada enel poder colectivo de los trabajadores para deman-dar respeto a su dignidad y a sus derechos, cuestio-nando la autoridad despótica de los empresarios y/osupervisores dentro de la fábrica, y utilizando méto-dos de lucha tendientes a la confrontación. Resal-tan, además, la igualdad jurídica que logra el clasis-mo entre patrones y obreros, permitiendo a los tra-bajadores un acceso a la ciudadanía del que antescarecían. Como señalamos anteriormente, diversasleyes refuerzan su situación.

A la participación vía comunidades se suma elestablecimiento del derecho a la estabilidad laboral,beneficio sumamente apreciado por los trabajadoresy que, pese a no eliminar de hecho el despido, am-plía sus posibilidades de defender su empleo. Estasleyes también dieron oportunidad de crecimiento yfortalecimiento a la acción sindical, a lo que se su-mó un alza del salario real entre 1968 y 1973, quebenefició al sector de la población empleado esta-blemente en empresas medianas y grandes, y ma-yormente organizado en sindicatos. Pese a su esca-so número, los trabajadores conformaban un con-tingente importante por su peso en la economía ypor su fuerza organizada. Su mayor capacidad ad-quisitiva también contribuyó a una expansión delmercado y de la industria.

En 1976, bajo el estado de emergencia, la movi-lización obrera decrece, pero lentamente comienzaa acumularse el descontento frente a las medidaseconómicas y de control social. La excepción seríala huelga pesquera de octubre de 1976 contra la pri-vatización del sector. Las movilizaciones de 1977 a1981 tendrán como objetivo enfrentar la políticaeconómica del gobierno de Morales Bermúdez y delos inicios del gobierno de Belaunde. Ya hemos re-señado el contexto y hechos de los paros nacionalesde 1977 y 1978. Destacan, además, la huelga demaestros entre mayo y julio de 1978, la de la Fede-ración Nacional de Mineros y Metalúrgicos en agos-to, y la formación de la Confederación Intersecto-rial de Trabajadores Estatales (CITE).

1979 fue un año de altas y bajas en la moviliza-ción sindical. Se convocó a un nuevo paro nacionalpara los días 9, 10 y 11 de enero, pero éste fracasó

debido al debilitamiento producido por las medidasdel gobierno, y a los esfuerzos conjuntos de éste yde los empresarios para neutralizarlo. En abril seproducen enfrentamientos entre la policía y obrerosque habían tomado la fábrica Cromotex, con un sal-do de 6 muertos; mientras, los maestros inician unanueva huelga entre junio y setiembre, exigiendo elcumplimiento de las promesas del año anterior.Luego se sumarían la Federación Nacional de Tra-bajadores de la Universidad Peruana (FENTUP), lostrabajadores del Banco de la Nación y el Seguro So-cial. En ese contexto de rebrote de la movilizaciónsocial, se organiza un nuevo paro nacional para el19 de julio, convocado por un amplio espectro deorganizaciones. El paro fue contundente pero, co-mo en los casos anteriores, el gobierno no cambió lapolítica económica ni su actitud contra la moviliza-ción sindical, que ingresó debilitada al régimen de-mocrático iniciado en 1980.

LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA FRENTEA LA REFORMA AGRARIA

El objetivo central de la reforma agraria buscabauna drástica redistribución de la propiedad y el im-pulso de formas cooperativas de producción, bene-ficiando preferentemente a los trabajadores delagro. Inicialmente la reforma agraria se implementaen las haciendas de la costa norte, ya que represen-taban el sector moderno del agro y la base económi-

1131

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Elección de una nueva directiva en una cooperativa agraria.Las grandes haciendas del norte peruano fueron convertidas

en cooperativas y su dirección asumida por los propiostrabajadores. Sin embargo, toda manifestación de disidenciacon el proyecto militar fue sancionada y reprimida por las

autoridades.

ca de los sectores agroexportadores –pilares de laalianza oligárquica– y porque allí se concentraba lainfluencia del sindicalismo aprista, controlado porla Federación Nacional de Campesinos del Perú(FENCAP), afiliada a la CTP. Será en estas propie-dades donde se producirán las primeras moviliza-ciones campesinas debido a que si bien formalmen-te las cooperativas pertenecían a los socios, el Esta-do ejercía el control efectivo en la dirección de és-tas. Entre 1970 y 1972 los trabajadores y el Estadose enfrentan en torno a la capacidad de decisión so-bre las cooperativas, produciéndose huelgas en Po-malca, Cayaltí, Pucalá, Paramonga, Cartavio y Tu-mán. El gobierno respondió con mayores controlesa través del Sistema de Asesoramiento y Fiscaliza-ción (SAFCAP), y sancionando el recurso a la huel-ga como delito de sabotaje a la reforma agraria, su-jeto al fuero militar. Más al sur se realizaron movili-zaciones campesinas para modificar el régimen deparcelaciones por iniciativa privada, recogido por laley de reforma agraria de 1969, ya que de esa mane-ra los propietarios se proponían evadir la expropia-ción. Éste fue el caso de la hacienda “Huando” en elvalle de Huaral en 1970, donde la movilización bus-có el desconocimiento de las parcelaciones realiza-das y la cooperativización de la hacienda. En febre-ro de 1971 la ley fue modificada, las privatizacionesfueron anuladas y se dio un nuevoimpulso a la cooperativización; apesar de ello los propietarios per-sistieron en las parcelaciones, porlo que la movilización se expandióa los valles de Cañete, Huaura yNazca. Durante 1972 y 1973 seprodujeron tomas de haciendasque tuvieron como resultado la ex-propiación de los fundos. A dife-rencia de la costa norte, estas mo-vilizaciones buscaban obtener delgobierno la afectación de tierras,rebasando los cauces legales de lareforma agraria, radicalizándola.

En este contexto de moviliza-ción campesina se crea el SINA-

MOS. Para el caso del agro, su objetivo fue movili-zar a los sectores favorables a la reforma agraria sinla intervención de los partidos. Con tal fin, se disol-vió la Sociedad Nacional Agraria (SNA) que, comorepresentante de los propietarios, había realizadoconstantes campañas contra la reforma agraria, fun-dándose en su lugar en 1974 la Confederación Na-cional Agraria (CNA), que se dedicaría a la organi-zación de ligas agrarias, compitiendo con las orga-nizaciones de izquierda que reactivaron la CCP ba-jo la hegemonía de VR. Las bases de la CCP estabancompuestas mayoritariamente por campesinos nobeneficiados por la reforma agraria, que utilizabanla toma de tierras como mecanismo para obtener suafectación, exponiendo la economía campesina.

A partir de 1973, la movilización campesina sedesplaza hacia la sierra, donde el gobierno no habíaejercido mayor presencia ni se había implementadosignificativamente la reforma agraria. Las tomas detierras no sólo se ejercieron sobre tierras no expro-piadas sino también sobre aquellas asignadas a coo-perativas y a sociedades de propiedad social, comoen el caso de la SAIS Huancavelica, disuelta luegode una progresiva división de sus tierras entre lascomunidades circundantes, varias de las cualeseran formalmente socias de la empresa. La CCP di-rigió dos importantes movilizaciones entre 1973 y

1975, orientadas a la adjudica-ción de tierras a las comunidadescampesinas mediante la toma detierras previa a la negociacióncon el gobierno: la primera seprodujo en el departamento dePiura, encabezada por Andrés Lu-na Vargas, entre 1973 y 1975; lasegunda fue en Andahuaylas –endonde la reforma agraria no habíaavanzado–, encabezada por LinoQuintanilla y Julio César Mez-zich. Entre julio y setiembre de1974 se produjeron tomas masi-vas de tierras, sumando miles lashectáreas afectadas. Como conse-cuencia de ello, el gobierno firmóactas de compromiso que in-cluían el establecimiento de co-mités campesinos de adjudica-ción provisional y, no obstante,procedió a arrestar a los dirigen-tes campesinos y estableció penade cárcel para los que instigaseno realizasen invasiones.

1132

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

En 1974 se desarrolló en Andahuaylasuna gigantesca movilización campesina

en su lucha por la tierra y en susexigencias por una mayor participación

política. Estas protestas fueronencabezadas por Lino Quintanilla y Julio

César Mezzich (en la foto).

Otro tipo de movilización campesina se produjoentre los trabajadores agrícolas de las haciendas cir-cundantes a Lima, entre 1974 y 1975, con el objeti-vo de conseguir la derogatoria del artículo 42 de laley de Reforma Agraria, que facultaba al ministeriode Vivienda la adjudicación de tierras y le permitíadefinir los límites de la expansión urbana, lo quedio lugar a la especulación de tierras en beneficio delas grandes empresas inmobiliarias, que alcanzaronelevadas utilidades. Este proceso se había iniciadoen la década del 50 con la compra de predios rústi-cos, mantenidos por las inmobiliarias como fundosde panllevar, y urbanizadas paulatinamente.

LOS NUEVOS ACTORES SOCIALES

Bajo el gobierno militar se plasman nuevos acto-res al interior de la movilización social, principal-mente el movimiento de pobladores y los movi-mientos departamentales y regionales. Hay que se-ñalar que el gobierno militar no realizó una reformaurbana, debido a que hubiera afectado los interesesempresariales de la construcción vinculados a im-portantes sectores económicos. Por ello, inicial-mente, el gobierno creó la Oficina Nacional de Pue-blos Jóvenes (ONDEPJOV), en diciembre de 1968,cuya política se basó en el fomento de la autoayuday en el tradicional reparto de alimentos, establecien-do una nueva forma de organización para las barria-das: las organizaciones vecinales, en base a los co-mités por manzanas o cuadras. En este contexto seproducen las primeras movilizaciones de poblado-res. La más importante del período fue la ocupaciónde terrenos en Pamplona en abril de 1971, que lle-vó al gobierno a replantear sus relaciones con lospobladores, reservando zonas de expansión y reubi-cando a los invasores dando lugar a la formación deVilla El Salvador y Villa María del Triunfo en 1972.Se buscó encauzar la acción de los pueblos jóvenesa través del SINAMOS y las “acciones cívicas” delEjército, en la realización de obras de infraestructu-ra, así como con la dación del DL 20066, que tipifi-caba las invasiones como “delito de usurpación”. Apesar de estos intentos de encauzamiento, entre1972 y 1973 se produjeron otras tomas de terrenos,siendo la más importante la de octubre de 1972 enla Av. Argentina, por pobladores conocidos como“los rescatadores”, quienes reivindicando el dere-cho a una vivienda digna y cuestionando los crite-rios comerciales y de lucro, exigieron del Estado laexpropiación de los terrenos ubicados en la margenizquierda del río Rímac y que se respetara la organi-

zación vecinal de los 13 pueblos jóvenes de la zona,formándose así el pueblo joven El Rescate. Dichadinámica se reproduce en las principales ciudadesdel país, pero principalmente en la costa. El casomás significativo fue el de Chimbote, cuya pobla-ción se quintuplicó entre 1961 y 1972 debido “alboom” pesquero, proceso que aún no ha sido sufi-cientemente estudiado. Los pueblos jóvenes se con-vierten en un fenómeno social incuestionable enciudades como Cuzco, Arequipa, La Oroya, Huan-cayo, Trujillo, etc.

Al inicio de la crisis económica, el gobierno nocontaba con recursos suficientes para dotar de ser-vicios a los pobladores, pero mantuvo su política decontrol de las organizaciones barriales. Poco a pocosurgieron luchas por la autonomía vecinal, acrecen-tándose la influencia de la izquierda radical. El en-carecimiento del costo de vida y el desempleo gol-pean duramente a los pobladores. Desde 1975 lastomas de terrenos y las movilizaciones y protestaspor servicios se incrementan. Se pueden citar a esterespecto la marcha de los pobladores de Villa El Sal-vador, en abril de 1975, solicitando solución al pro-blema del agua y del transporte; la marcha de lospueblos jóvenes de El Rescate en apoyo a los meta-lúrgicos en marzo de 1974 y, posteriormente, los su-cesos de Vitarte en junio de 1976, donde la pobla-ción se movilizó en apoyo a la huelga de los obrerosde la Nylon.

El cuestionamiento al gobierno, y particular-mente al SINAMOS, ya era patente al iniciarse el go-bierno de Morales Bermúdez y se manifestó clara-mente cuando las movilizaciones barriales se suma-ron al movimiento sindical en la realización de losparos nacionales de 1977 a 1979, sin cuya participa-ción éstos no hubieran tenido éxito. El gobiernoasumió entonces una política de represión y de ma-yor control militar, por lo cual, durante el estado deemergencia y el toque de queda, las operaciones deintervención y rastrillaje en los pueblos jóvenes fue-ron bastante comunes.

Mientras tanto, proyectos ambiciosos de organi-zación vecinal y autogestión, como Villa El Salva-dor, son abandonados a su suerte. En esa situación,se busca una solución a los principales problemasde los pueblos jóvenes a partir de la iniciativa veci-nal; mediante la autogestión, se construyen come-dores populares, caminos, agua y luz, posta médica,logros que de una u otra manera fortalecían la orga-nización barrial. Entre julio de 1979 y agosto de1980 se forman varias federaciones departamentalesde pueblos jóvenes, con el objetivo de crear una

1133

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Central General de Pueblos Jóvenes, lo que no llegaa concretarse. Con la transferencia de gobierno, elmovimiento barrial comienza a independizarse delmovimiento sindical y a dirigir sus reclamos a lasinstituciones representativas del Estado, cuya secto-rización propició el debilitamiento del movimientosocial en su conjunto.

Por su parte, los movimientos departamentales yregionales están relacionados con el paulatino pro-ceso de fortalecimiento y de centralización sindicalde diferentes gremios urbanos y rurales en diversaspartes del país. Son los casos por ejemplo de la Fe-deración de Campesinos de Piura (FEDCAP) y de laFederación de Trabajadores de La Libertad (FEDE-TAL), entre otros. Éstos se constituirían en la basepara la movilización social a favor de las reivindica-ciones regionales y departamentales, cuyas prime-ras manifestaciones se inician en el sur: en agostode 1971 en el Cuzco, encabezada por el Frente Úni-co de Defensa de los Intereses del Cuzco; en abril de1972 en Arequipa; y en junio de 1972 en Puno. En1973 estos movimientos se incrementaron: en abrilen Moquegua, por el Frente Único de Defensa delos Intereses de Moquegua; en mayo en Arequipa,por la Federación de Trabajadores de Arequipa, y enChimbote, en solidaridad con los pesqueros; en no-viembre en Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho. Adiferencia de los movimientosregionales de la década del 50,liderados por industriales y co-merciantes, los de la década del70 están encabezados por am-plios sectores populares que lesdan nuevo significado y que sonexpresión inicial de la confluen-cia entre el movimiento obreroy otros sectores, especialmenteel de pobladores; sólo en casossignificativos se logró una con-fluencia con el movimientocampesino. Estos lazos se estre-charían entre 1977 y 1980 conlos paros nacionales contra lapolítica económica y la militari-zación, cuyo éxito no hubierasido posible sin la participaciónmasiva de todo el país. En losmeses previos al paro nacionalde julio de 1977 se produjeronimportantes movilizaciones enCuzco, Tacna, Ayacucho, Are-quipa, Huancayo y Trujillo. En

1978 las reivindicaciones regionales y departamen-tales incluyeron la reposición de los dirigentes des-pedidos. A diferencia de otros movimientos, éstosmantuvieron su fuerza durante la década del 80.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE ELGOBIERNO MILITAR

En líneas anteriores hemos delineado el compor-tamiento político y electoral de los partidos, espe-cialmente durante el gobierno de Morales Bermú-dez. Veamos ahora algunos puntos referidos a suevolución interna. Al producirse el golpe de 1968AP entró en un largo receso, interrumpido por in-termitentes comunicados sobre las medidas aplica-das por el gobierno militar. Algunos de sus dirigen-tes sufrieron cárcel y deportación, así como acusa-ciones de corrupción que fueron llevadas al poderJudicial. Al igual que otros partidos, AP cobró bríosluego de la caída del general Velasco. Aunque regis-tró su inscripción como partido en el JNE, no parti-cipó en las elecciones a Asamblea Constituyente;sin embargo, Fernando Belaunde Terry sería elegidonuevamente presidente de la República en las elec-ciones generales de 1980.

La DC había entrado ya en crisis como partido alproducirse el golpe de 1968. En su congreso de

1971 se produce una nuevaruptura, esta vez de los sectoresradicales de la juventud, algu-nos de cuyos integrantes eranEnrique Bernales, Rafael Ronca-gliolo, Alfredo Filomeno, HenryPease y José María Salcedo. Másadelante, en 1976, Enrique Ber-nales –junto con ex militares dela primera fase– formaría el Par-tido Socialista Revolucionario(PSR). Asimismo, la DC perdióel control de la Federación deEstudiantes de la UniversidadCatólica (FEPUC) cuando unalista encabezada por CarlosBlancas fue derrotada por elFrente Revolucionario de Estu-diantes Socialistas (FRES), cuyalista estaba compuesta por Ja-vier Diez Canseco, ManuelDammert y Agustín Haya de laTorre. En mayo de 1972, la DCexpresó su respaldo público alproceso revolucionario de las

1134

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Caricatura del quincenario Monos yMonadas del 17 de enero de 1980 donde

aparece el general Francisco MoralesBermúdez en primer plano.

Fuerzas Armadas, con el cual encontraba “coinci-dencias ideológicas”, a pesar de que posteriormentemostraría su desacuerdo con el contenido de la leyuniversitaria y con la formación del SINAMOS. Im-portantes dirigentes de la DC asumieron cargos pú-blicos e influyeron en la elaboración de una serie demedidas que incluían la socialización de los perió-dicos de circulación nacional en 1974: al producir-se la toma de los diarios, Héctor Cornejo Chávez re-cibió la dirección del diario El Comercio, cargo queejerció hasta fines de agosto de 1975, cuando re-nunció en solidaridad con el general Velasco, mo-mento a partir del cual la DC pasó a la oposición delgobierno de la segunda fase. En las elecciones a laAsamblea Constituyente de 1978, la DC consiguiódos curules: Héctor Cornejo Chávez y Carlos Mo-retti. No se presentaría en las elecciones de 1980.

Producido el golpe, el PPC es uno de los prime-ros partidos en pronunciarse en contra. Durante elperíodo de Velasco, las actividades políticas del PPCse redujeron a constantes comunicados y tomas deposición frente a las medidas gubernamentales pe-ro, con el inicio de la segunda fase, asumió una ma-yor presencia y actividad, volviéndose uno de losprincipales interlocutores del gobierno militar, apo-yando las medidas de desmantelamiento de las re-formas. Con la convocatoria a la Asamblea Consti-tuyente, el PPC reimpulsa la organización del parti-do con el fin de participar en las elecciones, en lasque obtendría el segundo lugar a nivel nacional des-pués del PAP, y el primer lugar en Lima. Luis Bedo-ya Reyes obtuvo la segunda votación preferencial anivel nacional, debido a la no participación de AP,cuya votación le fue endosada al PPC. En las elec-ciones de 1980, pese a su tercer lugar, su peso elec-toral volvió a su nivel, es decir, a ser fuerza políticasólo en Lima.

La evolución política de la izquierda es bastantecompleja. A pesar de que atravesó un período de de-sarrollo y rápido crecimiento nunca pudo vencer elfactor estructural que limitaba su conformación co-mo una real alternativa nacional: su división políti-ca e ideológica. Su expansión en las diversas organi-zaciones que conformaban el movimiento social fueposible debido a los efectos contradictorios de lasmedidas del gobierno para encauzarlo, así como a lainexistencia práctica de los partidos políticos tradi-cionales. La izquierda radical compite con el PCPpor la influencia en el movimiento sindical; a suvez, los diversos grupos de la izquierda radical com-piten entre sí, logrando influencia entre los campe-sinos pobres o sin tierras, los maestros, los estatales,

los pobladores de asentamientos humanos y pue-blos jóvenes.

Asimismo, la izquierda estaba dividida por suposición frente al régimen militar: mientras la iz-quierda radical se opuso desde el principio, el PCPapoyó al gobierno del general Velasco y, luego de sucaída, a sus partidarios. Ello produjo importantesdebates internos referidos a la naturaleza del régi-men y las reformas, la relación partido-masas, el ca-rácter de la sociedad peruana y la estrategia para latoma del poder político. Un balance inicial nosmuestra que, al margen de las formulaciones pro-puestas, la acción de la izquierda estuvo centrada enactividades gremiales más inmediatas: lucha por elcontrol de los sindicatos, movilizaciones por recla-mos económicos, de oposición al régimen. Los sec-tores populares se sentían representados por la iz-quierda, pero muchas movilizaciones y protestas seproducían espontánea o paralelamente al impulsode los partidos que la integraban. Es decir, la fuerzasocial no logró ser capitalizada en el fortalecimien-to de los partidos, siendo bastante relativa su capa-cidad de arraigo y dirección del movimiento social;constatación que no significa desconocer el impor-tante rol de la izquierda en el desarrollo y represen-tación del movimiento social y en la obtención dereivindicaciones políticas y económicas, especial-mente durante el gobierno del general Morales Ber-múdez. Todo se vio reflejado en el tercio electoral

1135

El Perœ contemporÆneoE

TAPAC

ON

TEMPO

RÁN

EA

Héctor Cornejo Chávez, reconocido especialista enDerecho de Familia, fue elegido como constituyente

para la Asamblea de 1978.

obtenido en 1978, pero sus debilidades la llevaron aver reducida más aún su fuerza electoral en 1980.

En cuanto a los partidos trotskistas, Ricardo Na-purí abandona en 1970 VR y constituye el PartidoObrero Marxista Revolucionario (POMR), del cualse desprendería al año siguiente la Liga Comunista.El FIR, luego de la amnistía de Hugo Blanco por elgobierno militar, intenta reorganizarse pero se divi-de en dos facciones: la Comisión Reorganizadoradel FIR y el FIR-Combatiente; en 1974, la ComisiónReorganizadora asume la denominación de PartidoSocialista de los Trabajadores (PST), encabezadopor Enrique Fernández Chacón. Para las eleccionesa la Asamblea Constituyente, el PST forma parte delFOCEP, al cual también pertenecía el POMR. Luegode las elecciones de 1978, Hugo Blanco y otros diri-gentes de grupos menores fundan el Partido Revo-lucionario de los Trabajadores (PRT), que participa-ría en 1980 de las negociaciones para la formacióndel ARI, en perspectiva de las elecciones generales.Luego de la formación de Izquierda Unida (IU),partidos trotskistas como el PST y el PRT intentaronun acercamiento a dicho frente, pero jamás fueronaceptados.

Los grupos maoístas sufren varias divisiones du-rante los primeros años del gobierno militar. En1969 había surgido Patria Roja y en 1970 SenderoLuminoso. En 1971 se produce una nueva rupturaal interior de Bandera Roja, de la cual surge el Par-tido Comunista del Perú-Estrella Roja. Durante to-do este período, estos grupos van a manifestar supresencia al interior del movimiento estudiantiluniversitario y en algunos sindicatos importantes,como el Sindicato Único de Trabajadores de la Edu-

cación Peruana (SUTEP), controlado por Patria Ro-ja. Su peso político fue mínimo pero, en los 80, Sen-dero Luminoso irrumpiría en el escenario políticocon el inicio de la llamada “guerra popular”. A lolargo de la década del 70 Sendero Luminoso se pre-para para sentar las bases de la lucha armada, espe-cialmente a través del Comité Regional de Ayacu-cho y de la Universidad Nacional San Cristóbal deHuamanga, en donde actúa a través del Frente Es-tudiantil Revolucionario (FER). Durante estos añosSendero Luminoso se dedica al estudio de la obra ypensamiento de José Carlos Mariátegui y de la rea-lidad peruana e internacional; es opositor declaradodel gobierno militar, al que caracteriza como fascis-ta, y busca diferenciarse de otros partidos de iz-quierda. Sin embargo, hacia 1974 se debilita su pre-sencia al interior de la Universidad de Huamanga,donde pierde el control de la asamblea universitariay de la federación de estudiantes. Su presencia se re-dujo en 1975 a la facultad de Educación, para aban-donar la universidad un año más tarde y enviar asus cuadros a trabajar con las bases de la región y aotros lugares del país, en tanto su núcleo dirigentecontinuaba el proceso de consolidación del partido.

En 1976, al producirse la muerte de Mao Tse-Tung y la caída de la denominada “banda de los cua-tro”, que dio fin a la revolución cultural china, Sen-dero Luminoso se declara opositor al nuevo régi-men chino y mantiene su adhesión al maoísmo or-todoxo. En 1977, a partir de una serie de organis-mos generados, Sendero Luminoso se vuelca al tra-bajo rural para sentar la base social de la “guerra po-pular” que se anuncia próxima, pasando a la clan-destinidad. A principios de 1980 el comité militar

de Sendero Luminoso realiza la Prime-ra Escuela Militar, denominada ILA 80(Inicio de la Lucha Armada), a cuyotérmino se acuerdan las acciones queiniciarían la “guerra popular”. La pri-mera acción registrada se dio el 17 demayo de 1980, cuando un grupo ar-mado asaltó el local del JNE en el pue-blo de Chuschi (Ayacucho) y quemólas ánforas electorales. Se había inicia-do la “guerra popular”.

1136

Portocarrero GradosET

APA

CON

TEM

POR

ÁNEA

Genaro Ledesma Izquieta, líder del FOCEP, yHugo Blanco Galdós se confunden en unabrazo. Para las elecciones generales de 1980se pensó en un frente único de izquierdallamado Alianza Revolucionaria de Izquierda(ARI). Diferencias internas desbarataron esteintento.