El proyecto de Reforma Agraria en Guatemala II. Motivos del fracaso. Víctor Rodríguez Baena

La United Fruit Company constituía el mayor terrateniente de Guatemala. Además, la importancia de la United Fruit Company no se reducía a ese papel de terrateniente, sino que monopolizaba la red ferroviaria, comunicaciones, producción y distribución de energía eléctrica y, por último, también la infraestructura marítima (desde puertos hasta fletes). Por lo que la reforma agraria en cuanto a tierras, y el plan de obras públicas en cuanto al monopolio de la infraestructura del país (que residía bajo control de la multinacional bananera), iban a ser tremendamente perjudiciales para los privilegios que contenía la UFCO, en el país. De este modo, la actitud de la United Fruit ante la reforma agraria y, por extensión, ante el gobierno de Jacobo Arbenz marcaría la historia de Guatemala, de tal modo que se articulará un “movimiento de liberación” promovido por el triángulo UFCO – Departamento de Estado – CIA. Este “movimiento de liberación” derrocó a un gobierno democrático e impuso uno dictatorial y, por último, acabó con el camino abierto hacia la transformación y desarrollo económico de Guatemala. El mayor terrateniente del país, la United Fruit Company, tenía la mayor extensión de tierras ociosas en toda la república, cerca de unas 175 mil hectáreas que nunca habían sido cultivadas.

En marzo de 1953 se expropiaron a la UFCO en la zona del Pacífico (Tiquisate) 219.159’96 acres de tierras ociosas, pagándosele en compensación 627.572’82 dólares en bonos de la Reforma Agraria. En febrero de 1954 se expropiaron a la misma compañía 173.790,47 acres, también de tierras incultas, en la zona del Atlántico (Bananera), pagándosele en compensación, en bonos de la Reforma Agraria, 557.542 dólares. Respecto a lo expropiado en la zona del Atlántico (Bananera), la UFCO recibió 3’21 dólares por acre, por unas tierras que había recibido gratis de manos de un gobierno dictatorial.23

Para la UFCO, todos los demás problemas que había tenido con el gobierno de Guatemala eran secundarios, pero la expropiación era imperdonable. No porque su economía sufriera en demasía por la pérdida de tierras ociosas que no le producían ni un racimo de banano, sino porque este acto de justicia socioeconómica de Guatemala no debía prevalecer, pues constituiría un precedente fatal que se extendería a otras áreas de su vasto imperio del banano en Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Cuba, Haití, Santo Domingo, Jamaica y Nicaragua. Esta nueva consideración, “el peligroso ejemplo guatemalteco”

23 Guillermo Toriello, Tras la cortina de banano, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1979. pp 47-55

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impulsó a la UFCO, desde 1953, a emplear todas sus energías, recursos e influencias políticas, en una nueva y gigantesca conspiración para acabar con el movimiento democrático y reformista de Guatemala.

A este respecto conviene precisar algunos conceptos que dentro de la historiografía tienden a confundirse en algunas ocasiones. En primer lugar, como se ha podido ver tras el análisis de la Reforma Agraria, ésta no se puede calificar de medida comunista, pues entre otros objetivos planteaba el desarrollo de un campesinado propietario, y no de un proletariado rural como en el caso de tal medida se requeriría. Del mismo modo, tampoco el gobierno democrático nacido en 1944, se puede calificar de comunista, pues la influencia de los personajes comunistas en el gobierno era minoritaria, o mejor dicho existía un gobierno estable en el que existía un grupo minoritario de orientación comunista, y no un gobierno débil dominado por comunistas como la propaganda reaccionaria, amparada en los medios de difusión de la UFCO, pretendía divulgar. En otro orden de cosas, a nuestro juicio el periodo de 1944 – 1955 no se puede definir como revolucionario, pese a que sea ésta una expresión normalizada en la bibliografía al uso sobre el tema. El periodo político, si lo tratamos con propiedad, nos muestra un cariz reformista, que en ningún modo alcanza la transformación inmediata de las estructuras socioeconómicas de un país que desarrolla un movimiento revolucionario. Por ello, nos sumamos a la expresión un tanto literaria que ha hecho más de un autor sobre el periodo, definiéndolo como “los diez años de primavera”24.

El fenómeno del peligro comunista se entiende en un proceso internacional que afectó a toda Iberoamérica. La Conferencia de Río de Janeiro de 1947 y la Organización de Estados Americanos –fundada en 1948- fueron las bases institucionales mediante las cuales se legitimó la intervención militar en los países soberanos de Iberoamérica. La Conferencia de Río de Janeiro estipulaba en su artículo 6º, lo siguiente: “En el caso de que un Estado americano vea violada sus fronteras, atacada su integridad territorial o amenazada su soberanía o independencia política, debido a una agresión sin armas, a un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otra situación o circunstancia que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano consultivo debe reunirse de forma inmediata con el fin de dar su consejo sobre las medidas a tomar”25. Y esta disposición se completaba con el artículo 8º en el que se definían que dichas medidas podían ir desde el establecimiento de sanciones de tipo económico o político hasta el uso de la fuerza armada. Sin duda alguna Guatemala, bajo la óptica interesada de los Estados Unidos, había sido “agredida sin armas” y por supuesto ponía en “peligro la paz de América” en el periodo constitucional de Jacobo Arbenz. Pero será con la fundación de la Organización de Estados Americanos cuando se perfile un marco jurídico perfecto para intervenir militarmente, en aquellos países que autónomamente desarrollen políticas socioeconómicas, y éstas pongan en peligro los intereses económicos de los Estados Unidos. En la resolución XXIII, relativa a la “Preservación y defensa de la democracia en América”, se condenaba explícitamente al comunismo

24 James Dunkerley “ Guatemala” pp 54-87, en Leslie Bethell (ed) Historia de América Latina: América Central desde 1930. Barcelona: Crítica, 2001. 25 Hans-Joachim Köning, “El intervensionismo norteamericano en Iberoamérica”, en Manuel Lucena Salmoral (coord.), Historia de Iberoamérica, tomo III. Madrid: Cátedra, 1988. p. 454

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internacional: “debido a su naturaleza antidemocrática y a su tendencia intervensionista, las actividades políticas del comunismo internacional, al igual que las de cualquier otra ideología totalitaria, son incompatibles con el concepto de libertad sustentado en América”26. De este modo el marco teórico estaba ya expuesto, tan sólo hacía falta que Foster Dulles –abogado durante muchos años de la United Fruit Company- expusiera a Guatemala como sede del comunismo internacional, como hizo en la Décima Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Caracas en marzo de 1954. Pero el hecho de que dictadores como Trujillo (República Dominicana), Batista (Cuba), A.Somoza (Nicaragua) o Pérez Jiménez (Venezuela) se encontrasen en condiciones de aprobar tal resolución, personas todas ellas que se hallaban a la cabeza de gobiernos antidemocráticos que no manifestaban respeto alguno por los derechos humanos (gobiernos, por lo demás, a los que no se condenaba públicamente), pone de manifiesto que la divulgada defensa de la “democracia representativa” no era más que una fórmula vacía, un instrumento ideológico al servicio de la defensa exterior de los Estados Unidos.

A modo de conclusión se puede decir que, la oposición de la clase oligárquica terrateniente (nativa y

externa) a la Reforma Agraria se explica en tanto que ésta solucionaba el gran problema estructural del agro guatemalteco y hacía peligrar las ganancias de este grupo. El gran aporte de mano de obra que recibían las fincas de la oligarquía provenía de la inexistencia o agotamiento de los minifundios de los indios del altiplano occidental, en consecuencia, éstos acudían en masa a las fincas costeras de la oligarquía como forma de subsistencia. Esta emigración temporal en masa suponía una depreciación del valor de la mano de obra de la que se aprovechaban los terratenientes. Si los indios accedieran a la tierra ya no tendrían que completar su subsistencia con el trabajo en la costa, por lo tanto se desmantelaría la estructura del minifundio-latifundio que sustentaba la posición de la clase acomodada.

Al mismo tiempo, la oposición de los terratenientes a la Reforma Agraria suponía un enfrentamiento contra el ordenamiento jurídico de la nación soberana de Guatemala, pues la propiedad privada en Guatemala no estaba cumpliendo la función social que le asignaba la Constitución en el artículo 90 y los latifundios persistieron en contra de la prohibición expresa del artículo 91.

Así, la Reforma Agraria se incluía dentro de un plan de desarrollo global, que se pretendía realizar por primera vez en la historia de Guatemala. El derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz suponía también la erradicación de una corriente política que impulsó el desarrollo de forma planificada. Los resultados se materializaban con un “crecimiento” del bienestar social por primera vez en Guatemala, ya que además de la libertad política conseguida, la producción de alimentos básicos no destinados a exportación aumentó y el precio internacional del café se mantuvo.

26 ibid, p. 455

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Por último, como indica Carlos Amezquita Morales28, la Reforma Agraria supuso un hito en la historia de Guatemala, pues era la primera vez que se legislaba a favor de los campesinos. Esto supuso la toma de conciencia de las masas rurales y la definición clara de sus derechos y necesidades. Desgraciadamente, esta concienciación bajo la óptica de la oligarquía reaccionaria tenía visos de comunismo. Consecuentemente se desencadenó una represión brutal en las esferas rurales donde el mayor perjudicado fue el indio.

Estos apartados, a nuestro juicio, resumen en buena medida las causas por las cuales no se finalizó la reforma agraria y los efectos que provocó. No se ha dicho nada en este trabajo sobre la postura que adoptó la Iglesia católica, en todo el proceso. El mensaje de la Iglesia Católica29 transmite unos deseos de justicia social en el agro guatemalteco pero, al mismo tiempo, se opone a las reformas agrarias. Esta posición nos transmite una declaración de buenas intenciones, pero sin ninguna esperanza de cambio para la situación de las masas campesinas guatemaltecas. También se tiene que decir que las comunidades de base cristiana han sido plataformas de colaboración con las masas rurales oprimidas y sojuzgadas, incluyéndose en las víctimas algunos de sus componentes30. Pero lo más importante sobre esta institución es que a raíz de la invasión de Castillo Armas obtuvo un papel privilegiado en materia educativa acabando con la educación laica que se consiguió en los “diez años de primavera”.Y consecuentemente, adquirió grandes propiedades de las que se había decretado como expropiables.

28 Carlos Amezquita Morales, Guatemala: de Vicente Menchú a Juan Gerardi. 20 años de lucha por los derechos humanos. Bilbao: Universidad de Deusto, 2000 29 Gerardo Reyes Flores, “La Iglesia y los problemas de la tierra en Guatemala” en Cambranes (ed), 500 años de lucha por la tierra. Guatemala: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1992, vol II. 30 Catherine Verbruggen, Guatemala: vida cotidiana en las comunidades de población en resistencia, Madrid: Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga”, 1997.

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