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Briefing de la Desaparición Forzada: En total, se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante la CNDH entre diciembre de 2006 y 2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011 (más del 70%). El incremento de quejas ante la CNDH sobre desapariciones ha sido sostenido, pasando de 4 quejas en 2006, a 153 en 2011.
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El resurgimiento de la desaparición forzada
en México
Enero 2013
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos A.C.
Bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida por el
Gobierno Federal desde finales del año 2006, la situación de inseguridad y violencia en México se ha
agravado. Una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad
pública en el país. En este contexto, resulta particularmente preocupante el incremento en la cifra de
desapariciones forzadas.
La política de seguridad del gobierno Calderón. Según el informe de actividades más reciente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tan solo durante
2010 el 33% de las quejas recibidas ante dicha instancia
fueron dirigidas en contra de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), de cuyo total alrededor del 13% se
referían a desaparición forzada de personas.
En total, se han presentado 390 quejas por desaparición
forzada ante la CNDH entre diciembre de 2006 y 2011, de las
cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011 (más del 70%). El
incremento de quejas ante la CNDH sobre desapariciones ha
sido sostenido, pasando de 4 quejas en 2006, a 153 en 2011.1
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI) señaló, tras su
reciente visita al país en el mes de marzo de 2011, que más
de 3.000 personas habrían sido desaparecidas desde el 2006
y que el aumento en las desapariciones forzadas en México
responde directamente a la estrategia emprendida por el
Presidente Calderón para hacer frente a la problemática de
seguridad pública en el país.
En opinión del GTDFI, el despliegue de miles de elementos
militares para realizar labores de seguridad pública ha
fomentado la comisión de delitos puesto que las Fuerzas
Armadas no se limitan únicamente a actuar como apoyo a las
autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar
tareas que corresponden exclusivamente a dichas
autoridades civiles. Por tal motivo, el grupo de expertos
recomendó al gobierno mexicano considerar en el corto plazo
el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de
seguridad pública.
Patrones y tendencias de la desaparición forzada en
México. En el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada,
miles de personas han sido detenidas por distintos cuerpos de
seguridad, ya sean militares o policiales, quienes en muchas
ocasiones no ofrecieron ninguna justificación para su detención.
Cuando sus familiares se enteraron de la detención y solicitaron
información a diversas autoridades, en la gran mayoría de los
casos se negó la participación de las fuerzas de seguridad,
dejando a los familiares sin información sobre sus seres
queridos.2
Entre los elementos comunes de los casos de desaparición
forzada encontramos que, una vez que se interponen denuncias
formales, éstas no son investigadas como desaparición de
personas u otro delito similar, argumentado que el delito no
está tipificado o no hay elementos para generar una línea de
investigación.
En muchos de éstos casos, los funcionarios públicos intimidan a
las familias sugiriendo que debe haber alguna causa por la cual
sus familiares fueron desaparecidos, por ejemplo algún vínculo
con actividades ilícitas o bandas delincuenciales. Este tipo de
Conforme a cifras oficiales, actualmente hay más de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas que en un estado
de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, en 17 de las 32 entidades
federativas de la República, esto es, el 53.12% del total, los encargados de las instituciones policíacas locales son militares, sin
contar con la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25
estados. Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.
tratamiento es seguido de la negativa de investigar. A
muchas de estas personas el mismo Ministerio Público les
llega a recomendar que no presenten denuncias formales,
argumentando que podrían sufrir posteriores represalias.
En otras ocasiones, las autoridades obstaculizan las
investigaciones al clasificar éstas de un inicio como
levantones o secuestros.3 Es importante señalar que el
término levantón no es un término jurídico y no existe en
ningún cuerpo penal. El término levantón se refiere a una
desaparición cometida por la delincuencia organizada, en
muchas ocasiones en contra de alguna banda rival.
Finalmente, en aquellos casos en que se inicia una
investigación, se han registrado serias deficiencias en la
integración de los procedimientos. Human Rights Watch, en
su más reciente informe sobre México, documenta que al
conducir las investigaciones, en muchas ocasiones no se
interroga a testigos clave, no se acude a la escena del crimen
o no se investiga ciertas pruebas.4
Se ha identificado a cuatro grandes grupos de personas que
son particularmente vulnerables a las desapariciones
forzadas en el contexto actual: las y los defensores de
derechos humanos; personas con algún tipo de militancia
política o en movimientos sociales; personas migrantes; y
personas que viven en lugares en los que se ha incrementado
la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad
nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.
Las y los defensores de derechos humanos, tal y como ha
sido documentado por la OACNUDH, se encuentran en una
situación de vulnerabilidad derivada del actual contexto de
violencia, así como de la resistencia a cambios culturales, la
persistencia de prácticas antidemocráticas y fuertes intereses
económicos que la defensa de los derechos pone en riesgo.5
Sin embargo, la actual estrategia de seguridad pública ha
tenido también un impacto directo en la ciudadanía en
general, muchas veces en contra de personas inocentes no
vinculadas al crimen organizado, En estos casos se trata de
personas que no tienen ninguna militancia social o política,
que son señaladas o estigmatizadas como miembros de
organizaciones criminales por parte del Estado o que se
encontraban en medio de operativos militares o policiales y
fueron desaparecidas. En muchos casos, la prensa ha
registrado a estas personas como “víctimas de levantones”.
Incumplimiento ante las Convenciones internacionales
sobre Desaparición Forzada.
México es parte de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, ratificada el 18 de marzo de 2008, así como de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas (CIDFP), ratificada el 2 de abril del año 2002.
“MÉXICO NO HA DADO
MUESTRAS DE POSEER LA
VOLUNTAD POLÍTICA PARA
CUMPLIR CON LAS SENTENCIAS
DE LA COIDH”
Sin embargo, al momento de ratificación de la Convención
Interamericana, México presentó una reserva expresa al
artículo IX “toda vez que la Constitución Política reconoce
el fuero de guerra cuando el militar haya cometido algún
ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no
constituye jurisdicción especial en el sentido de la
Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la
Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida,
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a
las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Respecto de esta reserva, el Estado mexicano ha
expresado, en su informe sobre el cumplimiento de la
sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados
Unidos Mexicanos, entregado a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a principios de 2011, que ha iniciado
“el procedimiento interno correspondiente con miras al
eventual retiro de la reserva”. Sin embargo, a pesar de
haber hecho tal declaración ante la CoIDH, el Estado ha
dado contantes muestras de no poseer la voluntad política
para realizar estos cambios.
Asimismo, el Estado mexicano interpuso también la
siguiente declaración interpretativa ante la CIDFP: “Con
fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política, el
gobierno de México, al ratificar la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
adoptada en la cuidad de Belém, Brasil, el 9 de junio de
1994, se entenderá que las disposiciones de dicha
Convención se aplicarán a los hechos que
constituyandesaparición forzada de personas, se ordenen,
ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente Convención.”
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Tesis
jurisprudencial 49/2004 determinó que “[L]a mencionada
declaración interpretativa, que señala que las disposiciones de
ese instrumento internacional se aplicarán a los hechos que
constituyan el delito de desaparición forzada de personas, el
Gobierno Mexicano quiso significar que tales disposiciones no
podrán aplicarse a aquellas conductas constitutivas de ese ilícito
cuya consumación hubiera cesado antes de que adquiriera
obligatoriedad la nueva norma, pero no debe interpretarse en el
sentido de que no se aplique a las conductas típicas de tal delito
que habiéndose iniciado antes de su vigencia, se continúen
consumando durante ella, pues al tener el delito de desaparición
forzada de personas el carácter de permanente o continuo puede
darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito se sigan
produciendo durante la vigencia de la Convención”.
De igual forma ha sido estipulado por la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quien en reiteradas
ocasiones ha señalado que el delito de desaparición forzada
constituye una violación continua, por lo que podrá tener
conocimiento de hechos que hayan sucedido previamente pero
que no se hayan consumado al momento.
La reserva del Estado mexicano a la CIDFP contraviene lo
establecido por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el sentido de garantizar que quienes
investiguen las violaciones a derechos humanos no sean los
órganos potencialmente implicados en su comisión pues, de lo
contrario, se pone en duda la independencia e imparcialidad
debidas.
Además, la reserva va en contra del fin y objeto de la misma, lo
que según la Convención de Viena sobre el Derecho delos
Tratados, hace inadmisible la reserva.
La tipificación de la desaparición forzada en la legislación
mexicana. A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de
abril de 2001 en el artículo 215-‐A del Código Penal Federal. No
obstante, el tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la
definición del sujeto activo, ya que restringe la autoría del delito
únicamente a “servidores públicos”, dejando fuera de la
definición a todas aquellas terceras personas que con el apoyo,
autorización o aquiescencia del Estado cometan tal delito.
Además, el tipo penal reduce el “agente del Estado”
presente en los estándares internacionales mediante la
denominación de “servidor público”, el cual queda
circunscrito únicamente al Poder Ejecutivo, lo cual, como
fue señalado por la propia Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH). Ésta deficiencia presenta un
obstáculoparaasegurarla sanción detodoslosautores,
cómplices y encubridores provenientes de cualesquiera
poderes del Estado.
Estas consideraciones llevaron a la CoIDH a condenar al
Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de
noviembre de 2009) a reformar el artículo 215-‐A del Código
Penal Federal, dada la inadecuación del tipo penal a los
estándares internacionales, particularmente a los
interamericanos. Sin embargo, a más de tres años de
emitida la sentencia, el Estado aún no ha acatado dicha
resolución.
En cuanto a la tipificación del delito en las legislaciones
locales, sólo catorce de ellas contemplan el delito de
desaparición forzada de personas en su Código Penal, con
lagunas y deficiencias en la definición y la determinación de
los sujetos activos (Aguascalientes, Baja California,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,
Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San
Luis Potosí); en Michoacán se presentó una iniciativa el
pasado mes de septiembre, pero aún no ha sido aprobada
por el Congreso. Asimismo, en Guerrero si bien no se ha
incorporado el delito en las legislaciones penales, se cuenta
hoy en día con una ley especial para el tema, y en Zacatecas
se discute en el Congreso una ley similar. Cabe destacar que
16 entidades federativas no cuentan con un tipo penal de
desaparición forzada ni es contemplada en alguna
legislación especial local, lo cual genera mayores
violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus
familiares.
La insuficiencia del amparo frente a la desaparición
forzada de personas. Aunado a la deficiencia en la tipificación del delito de
desaparición forzada, la inexistencia de recursos judiciales
efectivos amplía aún más la desprotección de las personas
frente a este delito. El recurso que tutela la libertad e
integridad personal en México es una modalidad del
amparo que tiene como fin resolver toda controversia que
se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen
garantías individuales, al no existir un procedimiento
específico como el habeas corpus.
El recurso judicial en mención está regulado por la Ley de
Amparo; sin embargo, este que podría ser el medio
jurisdiccional más efectivo al alcance de las personas en
casos de desaparición forzada, resulta inefectivo habida
cuenta de los requisitos de interposición y de ratificación
que exige la demanda de amparo tal como se encuentra
legislado actualmente, pues la Ley señala que se debe
especificar, según el artículo 117, el lugar en que se
encuentre el agraviado así como la autoridad o agente que
ejecute o trate de ejecutar el acto. Estos requisitos rematan
la ineficacia del recurso dadas las exigencias procesales de
exhibición personal o de identificación del paradero del
agraviado y de la autoridad responsable del acto.
Además, según el artículo 17 de la misma ley, para la
ratificación del amparo se requiere la presencia física del
quejoso como indispensable para que la acción
jurisdiccional tenga efecto, quien señala la propia ley no
puede ser otro que la persona que ha sufrido la violación de
garantías. Evidentemente este requisito no podrá ser
cubierto en casos de desaparición, pues se desconoce el
paradero de la víctima.
Cabe mencionar que en octubre de 2011 el Senado aprobó
por unanimidad modificaciones a la Ley de Amparo, la cual
contempla subsanar dichas deficiencias descritas
previamente. Sin embargo, a más de un año de su
aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados no ha
discutido aún el dictamen recibido por la Cámara Alta,
incumpliendo además con la Reforma Constitucional en la
materia que exigía aprobar modificaciones a la legislación
secundaria en los cuatro meses subsiguientes a su
publicación, es decir, en el mes de octubre de 2011.
La primacía de la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos promueva la impunidad
Jurisdicción Militar. Por otro lado, la primacía de la jurisdicción militar
en casos de violaciones a los derechos humanos
en que se encuentran implicados militares
dificulta aún más la interposición de un recurso
frente a la desaparición forzada y promueve la
impunidad de este crimen.
Si bien el artículo 13 de la Constitución mexicana
establece la prohibición estricta de que la
jurisdicción militar atraiga casos en los que se
encuentren involucrados civiles, una
interpretación laxa y vaga del artículo 57 del
Código de Justicia Militar (CJM) que establece la
jurisdicción militar “para todos los delitos de la
disciplina militar” ha permitido que todo acto
ilícito cometido por militares sea atraído por la
jurisdicción militar.
Durante el mes de agosto de 2012, la SCJN
retomó las discusiones sobre los alcances de la
jurisdicción militar tras el análisis de 28 casos que
se encontraban en tribunales militares. Tras un
mes y medio de debates, la SCJN sentó el
precedente jurídico de que todos los casos de
violaciones de derechos humanos cometidos por
militares donde se encuentren involucrados
civiles deberán ser competencia civil. En uno de
estos casos, la SCJN declaró el artículo 57 del
Código de Justicia Militar inconstitucional, pero
aún no ha sentado jurisprudencia sobre este
asunto.
Cabe mencionar en este respecto que la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
informó mediante solicitud de acceso a la
información pública gubernamental (folio
0000700165912) que hasta diciembre de 2012, la
Procuraduría General de Justicia Militar había
conocido de 7 casos de desaparición forzada de
personas, de los cuales 5 se encontraban en
investigación, 1 fue remitido a la PGR por
incompetencia y 1 fue consignado al Juzgado
Militar adscrito a la V Región Militar
Notas:
(1) Informes de Actividades 2006-‐‑2011. Comisión Nacional de Derechos Humanos.
(2) Desaparición Forzada en Ni Seguridad Ni Derechos –ejecuciones, tortura y desapariciones en la ‘guerra contra el narcotráfico en México. Human Rights Watch, 2011. Pp125-‐‑158.
(3) Ibídem.
(4) Ibídem.
(5) Observaciones Finales del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Naciones Unidas, 2011. Clave A/HRC/19/58/Add.2
Recomendaciones de la CMDPDH
• Desarrollar protocolos de actuación más efectivos para las policías y autoridades de
procuración de justicia en materia de investigación de los hechos y persecución del
delito de desaparición forzada, a fin de dar comienzo de manera inmediata a las
averiguaciones en cuanto se les dé aviso.
• Destinar mayores recursos y desarrollar mayores herramientas especializadas para la
investigación de este tipo de casos, tal como la creación de un órgano independiente e
imparcial que sirva como instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de
personas desaparecidas;
• Sancionar efectivamente a los responsables de cometer una desaparición forzada en la
jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo dispuesto por la Suprema Corte de
Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Aprobar las reformas consecuentes al Código de Justicia Militar a fin de que todo
militar implicado en violaciones a los derechos humanos sea juzgado por un tribunal
civil.
• Reformar el artículo 215-‐A del Código Penal Federal para adecuar el tipo penal de la
desaparición forzada a los más altos estándares internacionales;
• Aprobar a la brevedad las reformas a la Ley de Amparo, tal como fueron enviadas por
el Senado de la República.
• Reconocer a la brevedad por parte del Estado mexicano la competencia del Comité
contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la
Desaparición Forzada.
Tehuantepec 142, Colonia Roma Sur Delegación Cuauhtémoc, CP 06 760, Ciudad de México Tel. +52 (55)55 64 25 82. Fax +116 Sitio web: www.cmdpdh.org Facebook: CMDPDH LaComi Twitter/Skype: CMDPDH
Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) es una organización civil, secular, autónoma e independiente establecida de conformidad con el régimen de las asociaciones civiles no lucrativas, fundada en diciembre de 1989. Su espectro geográfico de incidencia se centra en México por lo que todas las actividades realizadas en el plano local e internacional tienen como propósito el impacto en la estructura y política gubernamental mexicana para lograr el más amplio rango de protección y disfrute de los derechos humanos y la justicia social en el territorio nacional.
En la CMDPDH tienen cabida todas las posiciones ideológicas que coincidan con la democracia, la necesidad de defender el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos como base fundamental de la vida social.
