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1 • hechos del callejón
PnudPrograma de las Naciones Unidas para el DesarrolloAño 2Enero de 2006ISSN 1794-9408 Asdi
Elecciones: primer desafío del 2006 Con los comicios de este año está en juego qué tan independiente será la participación ciudadana, qué tan transparentes serán estas elecciones,
cuánta incidencia tendrán los armados en tránsito de desmovilización, así haya prohibición expresa para su acceso directo a cargos de elección
popular, y qué legitimidad acompañará a los elegidos en dos de las máximas instituciones de la democracia. p. 2
Urge que los movimientos sociales se blinden
cada vez mejor contra la injerencia de los
armados y hagan oídos sordos a sus cantos de
sirena. La democracia interna y la constante
rendición de cuentas son, como podría esperar-
se, los mejores medios para lograrlo.
La página humanitariaMinorías sexuales son víctimas del conflicto armado.
p. 16
¿Y al fin qué?La violencia sindical: la estigmatización no cede.
p. 12
EditorialConstrucción de paz y de desarrollo humano.
p. 19
Buenas prácticasComunas, territorios de No Violencia.
p. 20
La colonización armada de los conflictos laborales
Así vamos p. 9p. 5¿Cómo nos ven?
En El Salvador, la guerra educó a generaciones completas en el uso más
profesional de la violencia; agudizó los conflictos sociales y terminó por
masificar el uso de las armas en la sociedad. Lo ocurrido en este país le
muestra a Colombia los peligros en estos procesos de desmovilización.
Número 11
Los casos de infiltración armada en organizaciones sociales y laborales
han dado lugar a una cultura de la suspicacia que afianza la tendencia a
la criminalización de la protesta. El Estado debe actuar imparcialmente y
eliminar prácticas que atentan con el ejercicio de la libertad sindical.
Lecciones para no repetir los errores de otros
La desmovilización paramilitar se cruzó con la campaña electoral al Congreso y a la Presidencia. Aquí la entrega de armas por parte de hombres del Bloque Central Bolívar.
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2 • hechos del callejón
El debate
Elecciones: primer desafío del 2006Con los comicios de este año está en juego qué tan independiente será la participación ciudadana, qué tan transparentes serán estas elecciones y cuánta incidencia tendrán los armados en tránsito de desmo-vilización, así haya prohibición expresa para su acceso directo a cargos de elección popular.
Adiferencia de otras elecciones, en las del Congreso y
Presidencia del 2006 el temor reside no tanto en cómo
actuarán las farc o el eln, sino en el nivel de incidencia y
presencia que tendrán las auc.
Paradójicamente, mientras se presume que las guerri-
llas presionarán para que los votantes no acudan a las urnas, como lo
han hecho en años anteriores, analistas y políticos sostienen que las
autodefensas presionarán para lograr lo contrario. Es decir, para que
se vote por quienes ellos indiquen en defensa de sus intereses.
Aún están en el ambiente declaraciones como la del ex jefe para-
militar Vicente Castaño, hoy desmovilizado: “Tenemos más del 35 por
ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos
a aumentar ese porcentaje de amigos”. O las de su compañero, “Ernes-
to Báez”, cuando aseguró que las auc no desaparecerían, sino que se
transformarían: “Seremos un gran movimiento, un movimiento que
exige participar en las grandes decisiones de la Nación”.
A la preocupación por la incidencia que —de diferente forma— ten-
drán los grupos armados en las próximas elecciones (12 de marzo para
Congreso; 28 de mayo y 18 de junio, primera y segunda vuelta presiden-
cial) se suman la incertidumbre por el control efectivo a la financiación
de las campañas y las nuevas reglas electorales que estrenará el país.
Por ello, las elecciones son un desafío en el 2006, porque estarán en
juego qué tan real e independiente será la participación ciudadana, qué
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tan transparentes serán estas elecciones, cuánta incidencia tendrán los
armados en tránsito de desmovilización y qué legitimidad acompañará
a los elegidos en dos de las máximas instituciones de la democracia.
La presencia de los grupos armadosLos analistas y políticos coinciden en que será evidente la presencia de
grupos armados en las elecciones ejerciendo todo tipo de intimidación.
“Desde la más evidente, para que los colombianos no voten, hasta aque-
lla que obliga a que se vote por determinado candidato generando que
nuevamente se presenten candidaturas únicas, como ocurrió en el 2002
en Magdalena y Cesar. Esto es una contradicción con la esencia de la
democracia”, sostiene Elizabeth Ungar, directora del programa Congreso
Visible de la Universidad de los Andes.
En ese primer tipo de intimidación estarían las farc y el eln. Y en
el segundo, las autodefensas. A medida que se acerquen las jornadas
electorales se conocerá con certeza cómo actuarán las guerrillas en
ellas. En el caso del eln, está explorando con el Gobierno nacional en
Cuba establecer conversaciones formales, aunque por el momento no
se tiene previsto pactar un cese del fuego. Sin embargo, la esperanza
está en los resultados de estos acercamientos.
Las farc, por su parte, le apuestan a la no reelección presidencial me-
diante acciones contra civiles y objetivos militares. Así, en las primeras,
han incrementado los asesinatos selectivos, como el del ex gobernador
3 • hechos del callejón
han logrado fortalecerse localmente a través de aliados en alcaldías,
gobernaciones y en el Congreso.
“El típico ejemplo es ‘Jorge 40’, el mayor cacique electoral del Cesar,
Magdalena, Atlántico y La Guajira, especialmente, y quien expide más
avales políticos que los partidos tradicionales. Y, después de él, sigue
‘Don Berna’, en Antioquia”, afirma la analista López.
A Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, líder del Bloque Norte de las auc y
pedido en extradición por Estados Unidos, se le acusa recientemente
de la masacre de ocho personas, la desaparición de un menor de edad
en Curumaní, Cesar, y la apropiación de recursos de las ars de la Costa
Atlántica. La agencia de noticias afp, citando como fuente a un dirigen-
te gremial del Cesar, informó que el 10 y 11 de diciembre del 2005 dos
congresistas se reunieron con ese jefe paramilitar para “echar a andar
su aplanadora electoral”.
El Bloque Norte es “una de las estructuras más activas, con un fuer-
te apoyo regional que incluye a gobernadores, alcaldes, bananeros,
palmicultores, ganaderos y otros sectores
sociales, a tal punto que en un principio
esta organización propuso la realización
de un proceso de paz regional, lo cual no
fue aceptado por el Gobierno nacional”,
dice Juan Carlos Garzón en el libro El poder paramilitar.
Aunque analistas afirman que existe el temor de que los jefes desmovi-
lizados les quiten votos a los políticos tradicionales, el camino de las
alianzas se muestra como el más práctico, entre otras cosas, por la expresa
prohibición gubernamental de que los miembros de grupos armados
participen en política hasta que se desmovilicen todos los integrantes y
estructuras de la organización.
No obstante, el segundo escenario de la presencia paramilitar puede
también preverse en listas y candidatos propios. Javier Montañez, alias
“Macaco”, jefe del Bloque Central Bolívar, una de las estructuras más
poderosas de las autodefensas y a quien se le acusa de intimidaciones en
el Eje Cafetero, específicamente en Risaralda, “aspira a colocar alcalde y
senador”, dice la investigadora López.
Con la misma intención estaría Luis Eduardo Cifuentes, conocido
como “El Águila”, jefe desmovilizado de las Autodefensas de Cundina-
marca y a quien se le acusa de intimidaciones en ese departamento.
Políticos como la representante Nancy Patricia Gutiérrez han denuncia-
del Huila Jaime Lozada, en una clara advertencia
de que no dejarán hacer proselitismo en las re-
giones donde ejercen alguna influencia.
Esta misma intimidación la han ejercido contra
concejales, algunos de los cuales, como los de
Puerto Rico, Caquetá, han sido declarados equí-
vocamente objetivos militares. En el 2005 fueron
asesinados 16, de los cuales 11 se le atribuyen a
esta guerrilla. También pueden contarse aquí los
dos paros nacionales —Arauca y Putumayo—,
donde lograron impactar en los ámbitos local,
regional y nacional.
En las segundas —acciones contra objetivos
militares—, se cuentan el ataque al Ejército de fi-
nales del año pasado, catalogado como “el mayor
revés militar en la era Uribe”, donde murieron 29
militares en Vista Hermosa, Meta, pleno corazón
del llamado Plan Patriota, y los asaltos en Iscuandé, Nariño, donde
murieron 16 militares; Teteyé, Putumayo, donde murieron 26, y San
Marino, Chocó, donde murieron 8.
“Durante el 2006, como lo han hecho históricamente, las farc tratarán
de sabotear las elecciones para mostrar, entre otras cosas, las debili-
dades de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno. Serán un
factor desestabilizador, pero no comparado con el que representan los
paramilitares”, dice el experto en seguridad Andrés Villamizar.
Ese “factor desestabilizador” de los armados no reside únicamente en
su ilegalidad, sino en la capacidad política. Mientras las farc desprecian
la política, dice la analista Claudia López, los paramilitares ven en ella
un mecanismo para consolidarse regional y nacionalmente y, además,
la asumen como un instrumento de protección estratégica.
Para ellos, dice la experta, la política es tan importante como abrir un
corredor para el tráfico de drogas ilícitas. “A los paramilitares sí les impor-
tan los comicios porque, a diferencia de la guerrilla, han logrado incidir en
éstos, especialmente en el ámbito nacional. Si ponen congresistas, el nivel
de protección es alto porque reciben información privilegiada y pueden
incidir en leyes sobre asuntos de su especial interés”, afirma López.
Una investigación de Claudia López demostró votaciones atípicas en
los comicios de Congreso del 2002 en Magdalena y Cesar (donde hubo
candidatos únicos a las gobernaciones), Córdoba, Sucre, y Antioquia,
en algunos de los cuales la consolidación regional, económica y política
de líderes paramilitares coincidió con una ola de masacres.
En las próximas elecciones, según observadores críticos y políticos
consultados, los paramilitares tendrán presencia a través de dos es-
cenarios con los cuales buscarán mejorar o superar los resultados de
esas elecciones. El primero, conservando las alianzas que tienen en
ciertas regiones del país, especialmente en la Costa Atlántica, donde
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“En las próximas elecciones, los paramilitares tendrán presencia a través de alianzas con caciques tradicionales o im-poniendo sus propios candidatos con el fin de asegurar y con-solidar su poder económico, político, militar y regional”.
Analistas opinan que a los paramilitares sí les importan los comicios porque, a dife-
rencia de la guerrilla, han logrado incidir en ellos.
Las nuevas reglas que se aplicarán en las elecciones exigen que el votante esté muy bien informado.
4 • hechos del callejón
El debate
en un reportaje de El Tiempo que será muy difícil cumplir con la ley:
“En las condiciones actuales no podemos garantizar pleno control para
evitar el ingreso de dineros ilícitos en las campañas”.
Además, los costos de las campañas varían dependiendo de variables
más prácticas que legales. Por ejemplo, de si se trata de hacer proselitis-
mo en el sur del país (donde es restringida la movilidad por las fuerzas
ilegales) o en el norte (donde algunos candidatos tienen mayor acceso a
las áreas rurales). “Esto puede llevar a que un candidato al Senado gaste
en Barranquilla entre 3.500 y 4 mil millones de pesos para conseguir 70
mil votos, mientras que otro de Bogotá haga la misma tarea con 400
millones de pesos”, dice el informe de El Tiempo mencionado, titulado
“Dineros de campaña, ¿sin control?”.
Nuevas reglas del juegoLas nuevas reglas electorales y de partidos que se pondrán en marcha en
estos comicios luego de la reforma política (acto legislativo 01 del 2003),
de la aprobación de la reelección presidencial inmediata (acto legislativo
02 del 2004) y de la ley de garantías electorales (junio del 2005) son otras
inquietudes, porque incidirán en “la transparencia y legitimidad de las
elecciones y la calidad de quienes elijamos para que nos representen en
el Congreso y en la Presidencia”, como lo dice la cartilla Guía pedagógica elecciones .
Se estrenan en el país nuevos umbrales: el voto preferente opcional y
la cifra repartidora; el voto en blanco tendrá un mayor alcance potencial;
hay prohibición expresa de la doble militancia, y habrá listas y candidatos
únicos. Asimismo, hay variaciones en la financiación de campañas, el
acceso a medios de comunicación y existen nuevas disposiciones para
garantizar el equilibrio entre los candidatos presidenciales.
“Hay una normatividad nueva que hace que la situación sea aún más
difícil. El voto en blanco, por ejemplo, incide en el umbral y eso puede
ser aprovechado por sectores políticos para deslegitimar candidatos
o hacer valer elecciones ilegítimas. En el caso del voto preferente se
supone que el votante debe conocer quién está en la lista, es decir,
exige que esté muy bien informado”, dice Elizabeth Ungar.
En ese sentido, los analistas advierten que es im-
portante una mayor pedagogía electoral, que se tomen
medidas para asegurar la transparencia en las actua-
ciones de la Registraduría Nacional y, especialmente,
de las registradurías departamentales, y que la Fiscalía
refuerce su labor investigativa.
Pero, principalmente, se requiere que haya un real
compromiso político para aislar las campañas de cual-
quier presencia ilegal. El objetivo es evitar sorpresas o
que aquellas sorpresas que son vox populi no se convier-
tan en una realidad electoral.
Los costos de las campañas varían dependiendo de si se trata de hacer
proselitismo donde es restringida la movilidad por las fuerzas ilegales
o donde éstas regulan el acceso de algunos candidatos.
do que los paramilitares de la zona les dijeron que dejaran “la campaña
tranquila, que ellos ya tenían los candidatos para Cámara y Senado”.
“Sigo siendo el líder... Yo sanié a todo Cundinamarca. Acabamos con
la guerrilla y por eso la gente nos quiere. Nos vamos satisfechos por el
deber cumplido”, aseguró el día de su desmovilización “El Águila”.
Frente a estos escenarios, puede ser claro que habrá incidencia de los
jefes de los cerca de 14 mil hombres que se han desmovilizado como de
los grupos de autodefensa aún pendientes de dejar las armas.
Hay antecedentes que preocupan. En octubre del 2004, “Don Berna”
paralizó el transporte en Medellín usando a sus muchachos desmovilizados
un año antes, luego de una or-
den de captura proferida contra
él. También alarma la revelación
hecha por el director del progra-
ma de reinserción del Ministerio
del Interior, Juan David Ángel,
según la cual algunos desmovi-
lizados de Córdoba (unos 70) tienen hasta dos cédulas, las cuales usan
para cobrar dos veces las bonificaciones gubernamentales. “El Gobierno
no lo va a permitir”, dijo de manera enérgica Ángel. ¿Puede existir control
efectivo para que esta doble cedulación no sea usada en las urnas?
La financiación de las campañasA este panorama se suman dos inquietudes más. Una relacionada con la
financiación de las campañas y la otra con los cambios en el sistema elec-
toral y de partidos políticos. En ambas, los armados siguen su juego.
Medios de comunicación y políticos han denunciado la compra y
venta de votos y el peligro de que el paramilitarismo utilice dineros
del narcotráfico para consolidar sus alianzas políticas o hacer elegir a
sus candidatos. Diez líderes de las auc, algunos desmovilizados, están
pedidos en extradición por narcotráfico y otros son reconocidos, más
que como autodefensas, como jefes de la mafia del Norte del Valle.
“La financiación de las campañas por grupos armados ilegales es otro
tipo de presión, aunque menos indirecta, y un tema crítico que introduce
mucho ruido en los comicios ante el costo de las campañas y la capacidad
económica de muchas fuerzas ilegales”, dice Elizabeth Ungar.
Aunque el Consejo Nacional Electoral —cne— fijó en 450 millones
de pesos el tope que puede invertir un candidato al Senado, en 10 mil
millones para la primera vuelta presidencial y en 6 mil millones para
la segunda vuelta, la experiencia ha demostrado que son máximos que
no se respetan. El magistrado del cne, Antonio José Lizarazo, reconoció
“Las farc le apuestan a la no reelección presidencial mediante acciones contra civiles y objetivos militares. El asesinato del ex gober-nador del Huila Jaime Lozada es una clara advertencia de que no de-jarán hacer proselitismo en las regiones donde ejercen influencia”.
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¿Cómo nos ven?
os ven?
Lecciones para no repetir los errores de otros en el tema de desmovilizaciónEn El Salvador, la guerra educó a generaciones completas en el uso más profesional de la violencia; in-trodujo ingentes cantidades de armas de fuego en el país que dejaron armada a una gran cantidad de civiles, y agudizó los conflictos sociales. La experiencia enseña que en la medida en que se fortalezcan las instituciones que ayudan a vivir en paz, con seguridad y convivencia, habrá más oportunidades de mitigar las perniciosas secuelas de las guerras.
Por José Miguel CruzDirector del Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana, El Salvador
En la actualidad, El Salvador figura como uno de los países
con los índices de violencia más elevados del hemisferio
occidental. Sumido en un largo historial de violencia criminal
que arranca desde el fin de la guerra civil de diez años, este
pequeño país centroamericano fue paradójicamente muy
exitoso en poner fin a la violencia política que corrompió las relaciones
sociales durante muchísimos años.
La violencia, sin embargo, se transformó significativamente en la so-
ciedad de posguerra. El Salvador pasó de ocupar la lista de los países más
violentos del mundo debido a guerras civiles, que lo llevaron a tasas de
Las armas que no entreguen los desmovilizados podrían terminar en la delincuencia organizada o el mercado negro.
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homicidios nacionales
de más de 400 muertes
por cada 100 mil habi-
tantes por año, a ocu-
par uno de los primeros
sitios en la lista de los
países más violentos
del globo a causa de
la violencia criminal y
social, pero no política.
En los primeros años de
la posguerra, entre 1993
y 1996, El Salvador llegó
a tener tasas de homici-
dios por encima de los
100 homicidios por cada
100 mil habitantes. Des-
de entonces, los salva-
doreños han intentado
reducir, con variable
éxito, esos niveles de
violencia, que para mu-
chos ciudadanos sólo
han significado la con-
tinuidad de la inseguri-
dad y la precariedad de
la vida humana en una
sociedad que todavía no se acostumbra a vivir en paz.
Actualmente, la violencia está lejos de esos máximos históricos de
mediados de los noventa, pero con los 55 homicidios por cada 100 mil
habitantes con los que cerrará el 2005, se encuentra todavía con un
serio problema de inseguridad y de violencia social.
¿Cómo ha sido posible la perpetuación de la violencia social en un país
que fue tan exitoso en poner fin a una cruenta guerra civil? ¿En qué hemos
fallado para permitir la conservación de la violencia? Un repaso de las
decisiones políticas de la posguerra nos puede brindar algunas lecciones
para saber cómo no repetir los mismos errores en otras latitudes.
6 • hechos del callejón
¿Cómo nos ven?
El ordenamiento institucional que prevalece en El Salvador actualmen-
te es, en principio, el producto de la dinámica del conflicto civil que sufrió
en los años ochenta, y es el resultado de los Acuerdos de Paz que dieron
fin a la guerra civil. Ésta dejó más de 75 mil muertos y una economía devas-
tada, con grandes contingentes de población desplazada y refugiada. Los
Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, México, fueron la culminación
de un prolongado proceso de negociación entre la guerrilla del fmln y el
gobierno de derecha del partido Arena y los militares. Los propósitos fun-
damentales del tratado de paz eran
terminar con el conflicto armado
con medios políticos, promover la
democratización del país, garantizar
el respeto irrestricto a los derechos
humanos y reunificar a la sociedad
salvadoreña.
Luego de la firma de los Acuerdos
de Paz la violencia política disminuyó de manera significativa, el respeto
por los derechos humanos aumentó y la posibilidad de ejercer las liber-
tades fundamentales ha sido garantizada en términos generales. Desde
1992, El Salvador ha celebrado con periodicidad y formalidad elecciones
relativamente libres y justas para gobernantes nacionales, locales y re-
presentantes legislativos. Esto ha permitido que diversas fuerzas políticas
compitan por el poder sin que ello implique el ejercicio de la
violencia, como ocurría en el pasado. Para el 2003, la organización
Freedom House clasificó a El Salvador como un país “libre” con
un puntaje de 2 para calificar el nivel de respeto a los derechos
políticos y de 3 para calificar el nivel de libertades civiles.
Lo que dejó la guerraLa guerra, sin embargo, generó tres consecuencias, entre otras,
que alimentaron la violencia de la etapa transicional. En primer
lugar, educó a generaciones completas de salvadoreños en el
uso más profesional de la violencia. Así, creó una masa de ciu-
dadanos que no sabía hacer otra cosa que utilizar la violencia
como forma de vida y contribuyó a exacerbar la ética de la
violencia. En segundo lugar, la guerra introdujo ingentes can-
tidades de armas de fuego en el país y dejó armada a una gran
cantidad de civiles, que antes no tenía acceso a tales armas. Y,
en tercer lugar, la guerra agudizó los conflictos sociales entre la
población y generó dinámicas de venganzas diferidas, las cuales
contribuyeron a la escalada de la violencia en la posguerra.
La primera consecuencia de una guerra es una gran masa
de personas que no sabe hacer otra cosa que combatir y usar
armas. Una guerra de más de una década como la de El Salvador
supuso la utilización de generaciones enteras de hombres y mu-
jeres, quienes fueron educados, adiestrados y preparados para
usar la violencia. No sólo hay que considerar a quienes se inte-
graron al ejército o a la guerrilla, sino también a todos aquellos
que los apoyaron. Las defensas civiles y los paramilitares eran
comunes en la mayor parte de las zonas rurales del país.
Al concluir el conflicto hubo muy pocas políticas de desmo-
vilización para ellos. Aparte de los soldados que permanecie-
ron en el ejército una vez concluida la guerra, pero que luego
recibieron la baja, según el procedimiento normal, los 12 años
de conflicto implicaron oleadas de combatientes sobre todo del
lado gubernamental. Éstos cumplían con su tiempo de servicio
y luego retornaban a la vida civil.
Ni durante ni después de la guerra los planes de atención para los
desmovilizados ofrecieron alternativas a este ejército de ex comba-
tientes desocupados. Al encontrarse en condiciones de vida precarias,
con un acervo de técnicas para uso de la fuerza y con armas de fuego,
muchos ex combatientes se vieron tentados a continuar practicando lo
que sabían hacer mejor: usar la violencia para vivir. Aunque algunos de
los programas de desmovilización contrarrestaron este fenómeno, está
claro que no cubrieron ni satisficieron las necesidades de la mayoría
de los combatientes, puesto que muchos de ellos, las defensas civiles o
los menores de edad, en ese momento, no calificaban para beneficiarse
de esos programas.
Muchos ex combatientes se integraron a la vida criminal, formaron
bandas junto con sus antiguos enemigos o simplemente comenzaron
Cerca de 14.000 miembros de las auc se han desmovilizado entre el 2003 y el 2005.
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“Al encontrarse en condiciones de vida precarias, con un acu-mulado de técnicas para uso de la fuerza y con armas de fuego, mu-chos ex combatientes se vieron tentados a continuar practicando lo que sabían hacer mejor: usar la violencia para vivir”.
7 • hechos del callejón
a usar la violencia de forma privada para conseguir fines particulares
o vengar agravios sufridos durante la guerra. Esto no quiere decir que
todos los desmovilizados se dedicasen a la vida violenta, aunque es
difícil estimar cuántos, en concreto, se dedicaron a la vida delictiva.
El problema de las armasEl conflicto bélico dejó una gran cantidad de población preparada
para la agresión, en términos psicológicos y de aptitudes, y también
la dejó efectivamente armada con
pistolas, fusiles, granadas y demás
instrumentos de violencia. La guerra
permitió el ingreso de gran cantidad
de armas, las cuales fueron a parar,
de una u otra forma, a los civiles.
A esto contribuyeron los intentos
expresos de cada bando por proveer
de armas a sus simpatizantes civiles, y también surgió un mercado y un
comercio de armas muy intenso (el cual persiste hasta el día de hoy). Ese
mercado encontró vías legales e ilegales para abastecerse de armas.
Al concluir la guerra las armas no fueron recogidas, pese a que los
acuerdos lo contemplaban. El gobierno salvadoreño no pudo reunir
más de un par de cientos de armas y la guerrilla, faltando a lo acorda-
do, se quedó con una cierta cantidad, escondida en buzones
o en casas de seguridad. Muchas de esas armas fueron, con el
tiempo, sustraídas y vendidas en el mercado negro por quienes
conocían su paradero.
La disponibilidad de armas se conjugó perfectamente con
el legado cultural de la guerra. La gente que quería continuar
viviendo del uso de la fuerza encontró en las armas las herra-
mientas idóneas. Pero no sólo eso: la disponibilidad, circulación
y libre porte de armas aumentó las condiciones para su uso.
Por ejemplo, las riñas callejeras y las disputas territoriales de
las pandillas juveniles pronto se vieron “fortalecidas” por las
armas disponibles, dejadas por la guerra.
La reserva de armas heredadas de la guerra se completó y, de
hecho, poco a poco, fue sustituida por nuevas armas de fuego
introducidas con anuencia de las autoridades. El mercado ilegal
e informal de armas fue reemplazado por comercialización legal.
Este comercio creció por la gran demanda creada por la insegu-
ridad y los patrones culturales y por la oferta de comerciantes
militares, surgida a raíz de la desmovilización. Además de ser
una cuestión de seguridad, el comercio legal de las armas de
fuego se convirtió en una próspera actividad económica para
sectores con influencia en la clase política.
El comercio legal de armas desvirtuó la creencia de quienes
sostenían que, con el tiempo, se agotarían las existencias de
municiones para las armas dejadas por la guerra. Sucedió lo
contrario, el comercio legal introdujo más armas al país y, lógi-
camente, también importó municiones para las armas nuevas y
las viejas, con lo cual su efecto se perpetuó.
Finalmente, el conflicto bélico también generó dinámicas
intrínsecas de violencia, las cuales se perpetuaron más allá
de aquél. Es lo que llamamos “venganzas diferidas”. Allende el
plano político y militar, la guerra originó dinámicas privadas de agravios
y violencia. Los asesinatos, las capturas, las torturas y otros vejámenes
hechos por los actores de la guerra crearon rencores y enemistades,
los cuales no fueron resueltos con el tratado de paz.
En el ámbito local esos perjuicios fueron asumidos como ofensas
particulares cometidas por individuos concretos e identificables y no
como las consecuencias inevitables de una guerra. Además, durante
mucho tiempo la violencia de la guerra fue experimentada como el
resultado de soplones, quienes acusaban y entregaban las víctimas
a los verdugos del otro bando. Al finalizar la guerra, y ya fuera del
alcance de las operaciones de castigo y represalia, algunas personas
encontraron la posibilidad de vengar y desquitarse por las agresiones y
daños sufridos. Entonces, ya no como parte de una estrategia político-
militar, comenzaron a tomar la justicia por su mano amparados por la
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El pasado es lo más difícil de olvidar entre los desmovilizados que crecieron
en la guerra.
“Muchos ex combatientes se integraron a la vida criminal, formaron bandas junto con sus antiguos enemigos o simplemente comenzaron a usar la violencia de forma privada para conseguir fines particulares o vengar agravios sufridos durante la guerra”.
8 • hechos del callejón
¿Cómo nos ven?
falta de un aparato efectivo de seguridad y justicia local (el ejército y
las unidades guerrilleras estaban concentrados; la Policía Nacional se
estaba desmovilizando y la nueva policía no estaba aún desplegada).
Conocían la técnica y poseían armas. Recurrieron a la violencia no por
razones ideológicas sino para vengar una agresión pasada. Así, aunque
la guerra había terminado, las muertes continuaron, esta vez en nombre
de los familiares perdidos y asesinados.
La reparación socialLa ausencia de una institucionalidad, necesaria para contener esta nue-
va ola de violencia, no es la única explicación de la misma. Esa violencia
también está relacionada con el proceso
de reparación social, indispensable para
la reconciliación. Pero la reconciliación
de la que hablaron las élites políticas
tuvo poca relación con la necesidad de
resarcir de amplios sectores sociales.
Más aún, esa necesidad fue desdeñada
cuando, por decreto, aprobaron la amnistía general para todos los res-
ponsables de crímenes de la guerra y cuando descalificaron el informe
de la Comisión de la Verdad. En estas circunstancias, algunas personas
concluyeron que la única forma de encontrar justicia era tomársela ellas
mismas. Ahora bien, si la amnistía general no hubiera sido aprobada y
La reinserción a la vida civil es un largo proceso en el que hay que aprender
de las experiencias de otros países.
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si el informe de la Comisión de la Verdad hubiera sido aceptado y sus
recomendaciones cumplidas, no todos los responsables de crímenes
de guerra hubiesen sido llevados ante la justicia. Por lo tanto, la ten-
tación de hacer justicia por propia mano no habría desaparecido. Pero
sí hubiese contribuido, sin duda, a pacificar la sociedad.
Reconocer la verdad de lo ocurrido y llevar a juicio a los responsables
principales de las atrocidades cometidas hubiera anunciado de forma
clara que la nueva institucionalidad estaba preparada para construir y
sostener un nuevo orden. La élite política, en cambio, optó por ignorar
la necesidad de justicia de mucha gente, maniobró para garantizar la
impunidad a los responsables de los crímenes de guerra y manipuló los
procesos de reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia
para retener el control de ambos aparatos.
La población, deseosa de saldar cuentas, entendió que la única forma
era la privada por medio de la violencia, el único recurso a su disposi-
ción. Las destrezas, la militarización psicosocial, las armas, la impunidad
y la ausencia de instituciones contribuyeron a ello.
Estas son, pues, algunas de las consecuencias de la guerra que
favorecieron los niveles de la violencia de la posguerra. Sin duda
otras han quedado fuera, pero las presentadas brevemente aquí
tienen que ver directamente con las decisiones políticas que se
tomaron en los acuerdos de la transición hacia la paz. Por ello,
cualquier esfuerzo de pacificación política debe tomar muy en
cuenta que la paz y su objetivo fundamental —la ausencia de
violencia— no se logran completamente si no se atienden las
secuelas sociales y políticas de la guerra.
Hay, sin embargo, una línea muy delgada que seguir a la hora
de tomar esas decisiones políticas como producto de los dilemas
que imponen las mismas condiciones de la pacificación: ofrecer
amnistías frente a la posibilidad de que los criminales de guerra
amenacen la estabilidad de la transición; permitir el negocio
de las armas y de seguridad privada de forma legal frente a la
posibilidad de que los antiguos combatientes se decidan por
la vida criminal, y financiar ampliamente los programas de
desmovilización frente a la escasez de recursos que suponen
siempre los cambios políticos.
En cualquier caso, el fracaso al erradicar la violencia social de
la posguerra en El Salvador sugiere que el derrotero más impor-
tante debe ser el fortalecimiento de la institucionalidad surgida
de los acuerdos; la falta de atención a las nuevas instituciones y a
la nueva cultura de convivencia que debía surgir en la posguerra
es probablemente uno de los descuidos más grandes de nuestra
propia transición. Nuestra experiencia enseña, por lo tanto, que
en la medida en que fortalezcamos las instituciones que ayudan
a vivir en paz, con seguridad y convivencia, habrá más oportuni-
dades de mitigar las perniciosas secuelas de las guerras.
“Reconocer la verdad de lo ocurrido y llevar a juicio a los responsables principales de las atrocidades cometidas hubiera anunciado de forma clara que la nueva institucionalidad estaba preparada para construir y sostener un nuevo orden”.
9 • hechos del callejón
Así vamos
La colonización armada de los conflictos laboralesLos episodios de infiltración armada en las organizaciones sociales y laborales han dado lugar a una cultura de la suspicacia que afianza la tendencia a criminalizar la protesta social y sindical. El Estado debe actuar imparcialmente y eliminar aquellas prácticas que atentan contra el ejercicio de la libertad sindical.
Por Mauricio Uribe LópezProfesor del cider de la Universidad de los Andes
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En ocasiones, la debida vigilancia de las protestas laborales se ha convertido en represión indebida de este derecho ciudadano.
En una reflexión acerca de los procesos de participación en
la planeación del desarrollo impulsados por la Constitución
de 1991, la socióloga María Teresa Uribe acuñó la expresión
colonización armada para referirse a la forma como la guerra
logra “complicar en sus lógicas y sus gramáticas las más di-
versas esferas de la vida social, cultural y política”1. Dicha colonización
constituye una evidencia clara del conflicto armado. A diferencia de lo
que ocurre frente a una mera amenaza terrorista, los actores armados
en Colombia no están por fuera de la sociedad. La insurgencia o los
paramilitares buscan instrumentalizar los movimientos sociales, y a su
turno algunos sectores sociales han buscado en las armas, de unos u
otros, respaldo para obtener prebendas o protección2.
En el caso de los conflictos laborales las armas han hecho presencia
de dos maneras: i) la represión de las demandas de los trabajadores y ii)
la infiltración de los actores armados en las organizaciones sindicales.
Ambas implican una compleja relación entre conflictos laborales y con-
flicto armado. Sin perder su especificidad, los conflictos laborales están
en la mira de los actores armados que se disputan el control territorial
a través del control de la población y de sus organizaciones.
En Colombia existe una larga historia de represión de las expresio-
nes sociales y políticas de los movimientos sociales. En el caso de los
trabajadores este historial tiene entre sus primeros episodios el asesi-
nato, por parte de la tropa, de varias personas que en 1916 exigían la
derogatoria de un decreto del presidente Suárez por el cual autorizaba
la importación de botas y uniformes militares; la muerte de quince
trabajadores que participaban de la huelga de 1927 contra la Tropical
Oil Company en Barrancabermeja y la masacre de los huelguistas de
las bananeras en diciembre de 19283.
1. María Teresa Uribe de H. (2002), “Planeación, gobernabilidad y participación”, en
A. Escobar et al. Planeación, participación y desarrollo, Medellín, Corporación Región,
Universidad Nacional, Fundación Social, p. 45.
2. Mauricio Archila Neira (2005), “Desafíos y perspectivas de los movimientos sociales
en Colombia”, en M. Cárdenas (coordinador), La reforma política del Estado en Colombia:
Una salida integral a la crisis, Bogotá, Cerec, Fescol, pp. 160-161.
3. Medófilo Medina (1989), “Los terceros partidos en Colombia 1900-1960”, en Nueva
Historia de Colombia, Bogotá, Planeta, pp. 266, 270, 271, 274.
10 • hechos del callejón
Así vamos
El Conflicto, callejón con salida identifica cinco mecanismos usados
en la historia de la represión de las luchas sociales en Colombia: i) el
abuso de los estados de excepción utilizados “a menudo para coartar la
organización o actividad del movimiento popular”4; ii) el uso amañado
del derecho penal o la criminalización de la protesta; iii) el mal manejo
de las declaraciones de ilegalidad de las protestas y la autorización de
despidos; iv) las restricciones no siempre justificadas a las marchas y
manifestaciones, y v) el uso de la fuerza pública para poner fin a las
protestas, con el riesgo de convertir la debida vigilancia de las mismas
en “represión indebida de un derecho ciudadano”5.
El uso abusivo de esos mecanismos —en principio legítimos— del
Estado erosiona su capacidad para intervenir de manera imparcial en
la gestión de los conflictos sociales y laborales. De paso incentiva la
búsqueda de apoyo en las armas de ejércitos no estatales por parte de
quienes padecen dichos abusos y da lugar a la retaliación privada. Entre
1991 y 2004 fueron asesinados 2.124 trabajadores sindicalizados (gráfico
1). El tope de 284 sindicalistas asesinados en 1996 coincide con el recru-
decimiento de la violencia en Urabá, donde 105 trabajadores perdieron
la vida en masacres ocurridas en la cresta de la disputa territorial entre
las farc y las Autodefensas en la región6. Aunque el número de asesina-
tos de sindicalistas ha disminuido desde 2001, preocupan los planes de
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Los conflictos laborales también están en la mira de los actores armados.
4. pnud (2003), Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia . El Conflicto, callejón
con salida, Bogotá, pnud, p. 378.
5. Ibíd., p. 381.
6. Liliana María López (s.f.), Cuando lo imposible jurídicamente se hace posible política-
mente. Crisis humanitaria del sindicalismo colombiano. En http://www.ictur.labournet.
org/Es/ENSpaper.htm
Gráfico 1. Trabajadores sindicalizados asesinados
Afiliados Directivos TotalFuente: Escuela Nacional Sindical.
7. Emiro Mesa, Manuel Reina, Jana Silverman, Juliana Tabares (2005), Coyuntura econó-
mica laboral y sindical de Colombia —a octubre de —, Medellín, Escuela Nacional
Sindical, p. 53. http://www.ens.org.co/
8. López, op. cit., párrafo 15.
9. pnud, op. cit., p. 377.
exterminio sindical que se
vienen gestando. En mayo
de 2005 se conoció en el At-
lántico la conformación de
un grupo denominado mas,
“Muerte a Sindicalistas”.
Asimismo, en Valle y Cauca
un grupo autodenominado
“Defensores Norte Cauca-
nos” está amenazando a los
dirigentes de los sindicatos
azucareros y a otros traba-
jadores7.
Infiltración armada Episodios como el de la radicalización de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos en la década de los setenta, en la Costa Atlánti-
ca, justo en tiempos del mayor auge del epl y del eln en la región; el
control de los sindicatos bananeros de Urabá por parte de las guerrillas
(Sintagro en el caso del epl y Sintrabanano en el de las farc) como parte
de su estrategia de control poblacional y territorial, y la influencia de
la guerrilla y más tarde de los paramilitares en la zona palmera de San
Alberto (Cesar) ilustran la capacidad de colonización de los conflictos
sociales por parte de los actores armados, así como los complejos nexos
entre éstos y las organizaciones laborales.
Guerrillas y paramilitares se han convertido en reguladores a través
de la coerción y la infiltración de los conflictos laborales en Colombia.“Esto explica por qué los métodos, las formas de acción y los eventos
que caracterizan la violación de derechos humanos y laborales de los
sindicalistas colombianos se asemejan, vinculan y articulan con los mé-
todos, formas de acción y eventos propios del conflicto armado”8.
Aunque la desatención o la parcialidad del Estado puede llevar a que
algunos miembros de las organizaciones laborales busquen el respaldo
de los actores armados, lo cierto es que dicho respaldo no logra sino
dificultar aún más el logro de las reivindicaciones por la radicalización
de la organización, por su estigmatización y porque le da al otro bando
el pretexto perfecto para agudizar la represión9.
La necesidad de un Estado activo e imparcial Los episodios de infiltración armada en las organizaciones sociales y labo-
rales han dado lugar a una cultura de la suspicacia, que afianza la tendencia
a la criminalización de la protesta social y sindical. Esta cultura no hace
distinciones y descalifica como subversiva o terrorista toda reivindicación
y movilización social o laboral. La apelación ambigua e indefinida a la
lucha contra el terrorismo conlleva el riesgo de la radicalización injusta
de dicha suspicacia. El “principal riesgo que genera el uso ideológico es
que se termine calificando de terrorista a grupos de legítima oposición o
a grupos que denuncien acciones de sectores estatales por considerarlas
inadecuadas, contrarias a la legalidad o ilegítimas; y que, a partir de esa
denominación, se restrinjan ilegítimamente derechos humanos de per-
11 • hechos del callejón
rales”13. La densidad sindical en Colombia (afiliados totales/ocupados
totales) ha sido tradicionalmente baja y viene disminuyendo desde
hace varias décadas (gráfico 2). Esto impone la necesidad de un nuevo
sindicalismo que promueva alianzas con partidos, movimientos socia-
les e incluso con asociaciones empresariales para promover cambios
tendientes hacia la productividad y la equidad. Dicho sindicalismo se
conoce desde los ochenta como sindicalismo sociopolítico14.
Ese sindicalismo sociopolítico es necesario para conjurar el riesgo de
infiltración de los actores armados en las organizaciones de los trabaja-
dores. La construcción de un sindicalismo más fuerte y democrático en
su interior es también un paso en la construcción de la paz. Esto vale
tanto para el sindicalismo como para otros movimientos sociales. La
adopción de esquemas de dirección rotativa y colegiada, la afiliación
directa de los trabajadores a las centrales sindicales para promover la
sindicalización de “los cuenta propia” y los trabajadores informales, y
la coordinación de plataformas conjuntas con diversas organizaciones
sociales son pasos que ayudan a blindar a los conflictos y a las organi-
zaciones laborales frente a la “gramática” de la guerra.
Las protestas reivindican el derecho de los sindicalistas a la movilización social.
sonas inocentes”10. La aplicación indiscriminada del término terroristapuede promover los abusos en lugar de evitarlos. Sobre estos abusos
se erige una oportunidad que los grupos armados —particularmente
la guerrilla— siempre están dispuestos a capitalizar en términos de la
doble militancia de los dirigentes o los activistas que por convicción,
corrupción, miedo o pragmatismo terminan en las filas del grupo armado
a la vez que pertenecen al sindicato o a la organización social11. El Estado
debe evitar esto actuando diligente e imparcialmente. El Ministerio de
la Protección Social está en mora de crear oficinas especiales de trabajo
en las regiones para fortalecer la presencia reguladora del Estado en
aquellas zonas de economías de enclave o donde se ejecutan megapro-
yectos, donde el riesgo de colonización de los conflictos laborales por
la lógica de la confrontación armada es mayor.
Según El Conflicto, callejón con salida, estas oficinas, que deberían espe-
cializarse en aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos
y contar con facultades de inspección y resolución de querellas laborales,
tendrían que estar conformadas por personal bien calificado e itinerante,
con el fin de reducir los riesgos de actuación parcializada por el desarrollo
de vínculos con alguna de las partes en disputa.
Pero la actuación imparcial del Estado no sólo depende del mejo-
ramiento de la calidad de su presencia regional, sino también de la
eliminación de aquellas prácticas gubernamentales que atentan contra
el ejercicio de la libertad sindical: los obstáculos a la creación de sindi-
catos, la intervención en su autonomía al negar reformas estatutarias
de las organizaciones sindicales, la revocatoria por vía administrativa
de resoluciones de creación de sindicatos, la liquidación artificiosa de
empresas para crearlas de nuevo y sin sindicato, el estímulo a formas
de contratación laboral precarias, las restricciones a la entrada al país
de dirigentes sindicales internacionales, entre otras, son prácticas que
han merecido el llamado de la Comisión de Control de Normas de la oit
al gobierno colombiano para que dé explicaciones al respecto12.
La necesidad de un sindicalismo sociopolíticoLa crisis del sindicalismo colombiano no ha sido ajena a los factores que
han marcado la caída del sindicalismo en otros paí-
ses: cambios en la estructura ocupacional a favor
de sectores con poca presencia sindical (empleos
calificados y servicios); disminución del empleo
público; aumento de las contrataciones tempora-
les, parciales o en outsourcing (menos proclives a
la sindicalización); un entorno político adverso a
los sindicatos y “la incapacidad de los sindicatos de
modernizarse, ofrecer nuevos servicios y atender
las necesidades de las nuevas expresiones labo-
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14 . Emiro Mesa, Manuel Reina, Jana Silverman, Juliana Tabares (2005), op. cit., p. 73.
10. Gustavo Gallón Giraldo (2005), “Los riesgos de una
desenfocada política antiterrorista en Colombia”, en M.
Cárdenas, op. cit., p. 127.
11. pnud, op. cit., p. 377.
12. Luis Norberto Ríos Navarro (2005), “Fuerte cuestiona-
miento al gobierno colombiano por las limitaciones a la
libertad sindical”, en Cultura y Trabajo, N° 66, Medellín,
ens, agosto, p. 32-33.
13. Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social
(2004), Los sindicatos en Colombia. Una aproximación macroeco-
nómica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 30.
Gráfico 2. Densidad sindical en Colombia (porcentaje) 1947-2002
Fuente: Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social.
12 • hechos del callejón
¿Y al fin qué?
La violencia contra sindicalistas: la estigmatización no cedeAsesinatos y amenazas son los principales delitos contra los sindicalistas colombianos, quienes siguen siendo estigmatizados por parte de grupos armados ilegales e incluso por representantes del Estado. La guerra también se ha convertido en un instrumento para tramitar los conflictos laborales.
Amedida que han ido disminuyendo los asesinatos de sin-
dicalistas, han aumentado las amenazas a este sector. Los
maestros siguen siendo las principales víctimas. El Gobier-
no, organizaciones defensoras de derechos humanos y
agremiaciones sindicales como la Central Unitaria de Traba-
jadores (cut) aseguran que faltan investigaciones que permitan establecer
las razones por las cuales se ataca a los sindicalistas en Colombia.
¿La violencia se da en medio de negociaciones colectivas en las empre-
sas? ¿Se trata de una campaña en contra de la lucha de los trabajadores?
¿Es acaso una lucha por los intereses de la Nación? ¿Se sigue asociando
el sindicalismo con actividades ilegales? ¿Es el resultado del conflicto
armado que padece Colombia? Para Carlos Rodríguez, presidente de la
cut, pueden ser todas las anteriores.
Lo que sí es claro es que las cifras continúan mostrando una violencia
generalizada contra los sindicalistas que se refleja tanto en homicidios
como en amenazas. Sin embargo, los homicidios de sindicalistas han
disminuido, como lo demuestran las cifras del Ministerio de la Protección
Social, del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la
República y de la Escuela Nacional Sindical (ens), una ong que sistematiza
las violaciones de los derechos humanos de sindicalistas (cuadro 1).
Aunque los homicidos de sindicalistas han disminuido, continúan siendo víctimas de la violencia por parte de los grupos armados .
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Cuadro 1. Homicidios de sindicalistas 2000-2005*
2000 2001 2002 2003 2004 2005* Total
ens 137 197 186 94 96 51 761Min. Protección
Social y Observato-rio ddhh
155 205 196 101 89 38 410
*A 30 de noviembre
Varias son las razones del descenso en los homicidios:
1. La Política de Seguridad Democrática. Para el Gobierno, la princi-
pal razón es la Política de Seguridad Democrática, y especialmente las
acciones desarrolladas por el Programa de Protección del Ministerio
13 • hechos del callejón
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Los maestros se han convertido en un grupo vulnerable y en víctimas del conflicto
armado colombiano.
Cuadro 2. Violaciones contra los sindicalistas 2000-2005*
Violación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total %
Amenazas
Homicidios
Detenciónarbitraria
Desplazamientoforzado
Hostigamiento
Secuestro
Atentado con o sin lesiones
Desaparición
Otras
Total
Fuente: ens. *A de noviembre
manos del Ministerio, “uno de los sectores más afectados efectivamente
es el de los maestros, pero generalmente no por su actividad sindical,
sino por distintas razones que van desde represalias personales hasta
crímenes pasionales”.
Sin embargo, para especialistas como Ríos hay que tener en cuenta
que el sector más afectado por la violencia es el de los educadores, y
que de los cerca de 280 mil maestros que hay en Colombia el 80% está
sindicalizado. “Es una trampa perversa sacar a los maestros del grupo
de sindicalizados... Tienen razón cuando sacan de la base de datos a los
maestros víctimas de la actividad propiamente delincuencial, pero no
deberían excluirlos de la base general”. Con el cambio en la metodología
se ve un pacto mayor en la disminución de los homicidios.
Cuadro 3. Homicidios de sindicalistas 2000-2005
2000 2001 2002 2003 2004 2005* Total
Sindicalistas
MaestrosSindicalizados
No sindicalizados
Total
Procesado: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. * A de Noviembre.
de la Protección Social. Según un reciente informe, “desde 1999 hasta
septiembre de 2005 se encuentran con medidas de protección 7.570
sindicalistas y en el solo período del 2002 al 2005 han sido protegidos
6.038 sindicalistas”.
2. Nueva estrategia de guerrilla y paramilitares. Para Norberto Ríos,
director de la Escuela Nacional Sindical, “más que a una política de
protección, la disminución responde a dos nuevas estrategias de los
actores armados: por un lado, el repliegue de la insurgencia hacia la
selva, hacia zonas donde la actividad laboral y la fuerza sindical no
son tan fuertes. Y, por el otro lado, a la nueva fase político-militar de
las autodefensas en el marco de la negociación con el Gobierno”. En lo
anterior coinciden tanto Ríos como el presidente de la cut.
Ante el cambio de estrategia, las amenazas a los sindicalistas han
aumentado (cuadro 2).
Para Amanda Rincón, coordinadora de derechos humanos de la Fede-
ración Colombiana de Educadores (Fecode), “muchos casos de amenazas
concluyen en la reubicación de los maestros ya sea en el mismo o en
otros departamentos, lo que significa un desplazamiento forzado que
no se denuncia ni se contabiliza como resultado del conflicto armado”.
Según este sindicato, cuyo registro del delito de desplazamiento es
bastante reciente, en el 2005 (al 7 de diciembre) 40 maestros fueron
forzados a desplazarse.
3. Nueva metodología. El cambio en la metodología del Gobierno
también sería otra razón del alto índice de disminución de homicidios,
pues desde el 2003 el Observatorio de la Vicepresidencia cambió el
sistema para procesar esta información y en la base de datos ya no
se incluyen los maestros entre los sindicalistas asesinados. Ahora,
la información se presenta aparte: por un lado, los maestros tanto
sindicalizados como no sindicalizados y, por otro, los sindicalistas
asesinados de los demás sectores (judicial, salud, de entidades terri-
toriales, etc.) (cuadro 3).
Anne Sylvie Linder, coordinadora del Observatorio de Derechos
Humanos y dih de la Vicepresidencia, explica: “Tras varios estudios nos
dimos cuenta de que los maestros se habían constituido en un grupo
vulnerable y que las amenazas que pesaban en su contra se debían más
a su actividad como maestros que a su calidad de sindicalistas. Por eso
los separamos en los registros”.
Esta metodología fue acogida por el Ministerio de la Protección Social
porque, asegura Gloria Beatriz Gaviria, coordinadora de derechos hu-
14 • hechos del callejón
¿Y al fin qué?
hay una alta presencia paramilitar éstos los señalan como simpatizantes
ideológicos de la subversión.
Esta estigmatización también se ha dado ante el aumento de capturas
masivas por parte de agentes del Estado, las cuales han terminado en
detenciones arbitrarias (cuadro 2).
“En este país se vive bajo sospecha”, dice Ríos, quien advierte: “Aun-
que dependiendo del dominio territorial la tendencia es a homogenizar
y, por lo tanto, todo el mundo tiene que estar en algún lado de la guerra,
del mismo modo se populariza la tesis de que los sindicalistas no son
víctimas del fuego cruzado”.
La Escuela Nacional Sindical señala que aunque las autodefensas
siguen apareciendo como los principales autores identificados de las
violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas, va en aumento
la responsabilidad de agentes del Estado.
Pese a la intensificación del conflicto en diversas zonas del país, el
investigador del Cinep sostiene que la violencia contra los sindicalistas
es cada vez más por motivaciones laborales, producto de sus negocia-
ciones por los pliegos de peticiones: “no se puede asociar directamente
esta violencia con la dinámica del conflicto armado”, asegura Álvaro
Delgado. El problema es que la guerra se ha convertido en un instru-
mento para tramitar los conflictos laborales.
Sin embargo, el Ministerio de la Protección Social insiste en que no
se puede generalizar al respecto y recomienda esperar los resultados
de las investigaciones de la Fiscalía para conocer los móviles de los
atentados contra los sindicalistas.
En Colombia existe una larga historia de represión de las expresiones sociales y políticas de los movimientos sociales y laborales.
Por su parte, la Escuela
Nacional Sindical sí incluye a
los maestros cuando reporta
las cifras sobre sindicalistas
asesinados. Además, den-
tro de esa misma base de
datos contabiliza todos los
trabajadores sindicalizados
víctimas de la violencia social
y política; a quienes están en
el espectro de la actividad
sindical (funcionarios de los
sindicatos y sus asesores, in-
cluso los escoltas), a los pen-
sionados y a ex sindicalistas.
4. Cierre de escuelas y si-
lencio. Para Amanda Rincón,
coordinadora de derechos
humanos de Fecode, la dis-
minución se debe a varios
factores:
a. Las zonas donde más
se presentaban violaciones
coinciden con muchas regiones del país donde ya no hay servicio
educativo oficial porque, entre otras razones, el conflicto armado ha
obligado al cierre de escuelas.
b. Ante la violencia armada y la presión de los grupos armados ile-
gales, los maestros han optado por guardar silencio o no resistir como
lo hacían antes, para no asumir un compromiso público que les podría
costar la vida.
c. Experiencias como los asesinatos de líderes de la up desestimu-
laron la movilización política de los maestros, quienes hoy prefieren
mantener un bajo perfil.
Si bien expertos, dirigentes y responsables de derechos humanos
coinciden en que el sector educativo sigue siendo el principal afectado
por la violencia contra sindicalistas, el
presidente de la cut llama la atención
sobre las crecientes violaciones que re-
gistran los trabajadores del sector agrario,
información que esta central obrera ya
está empezando a sistematizar. Álvaro
Delgado, investigador del Cinep, coincide
en que el sector agropecuario es el que está permanentemente expuesto
a la acción de los actores armados, y advierte que los sindicatos “no ha-
cen un seguimiento a las violaciones de sus propios trabajadores porque
lamentablemente menosprecian la historia”.
La estigmatizaciónPara algunas ong de derechos humanos y centrales obreras es pre-
ocupante que el sindicalista siga siendo estigmatizado por la labor que
cumple, y no sólo por parte de los grupos armados ilegales sino incluso
por representantes del Estado. Esto, afirman, es peligroso para sus vidas
y su integridad física y moral.
Muchos presumen, dice el director de la ens, el vínculo del sindicalista
con algún grupo armado. Así, por ejemplo, en las zonas bananeras la
guerrilla acusa a los sindicalistas de ser autodefensas, y en zonas donde
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“Más que a una política de protección, la disminución de los asesinatos de sindicalistas responde a dos nuevas estrategias de los actores armados”.
15 • hechos del callejón
La invitada
Más de 13 mil combatientes, en su mayoría
hombres, han ingresado al programa de
reinserción del Gobierno. ¿Qué pasa en
los lugares a los que estos ex comba-
tientes han regresado? ¿Qué significa
y de qué manera afecta a la comunidad el retorno de un
hijo, un compañero sentimental, un vecino que se había
enrolado en las filas del admirado, aceptado, temido o
repudiado paramilitarismo? ¿Qué pasa, en concreto, con
las mujeres, sus vidas y su seguridad? Estas preguntas
fueron abordadas recientemente en la investigación Riesgos para la seguridad de las mujeres en procesos de reinserción de ex combatientes, que
la ong Humanas emprendió en Córdoba con el auspicio del Fondo de
las Naciones Unidas para la Mujer (unifem).
En la investigación se presenta un panorama de la desmovilización, los
lineamientos a partir de los cuales se analizó la información y el impacto
de la reinserción en las mujeres teniendo en cuenta su organización y
agenda social; la exclusión socioeconómica; los derechos sexuales y re-
productivos y la seguridad física.
Además, se hacen recomendacio-
nes para garantizar los derechos
humanos y la seguridad de las
mujeres. La investigación, que se
basó en 35 entrevistas a una gran
diversidad de personas de Montería y Tierralta, en datos estadísticos y
fuentes secundarias, indica que seis son los factores que intervienen en
la afectación de la vida de las mujeres.
Estos factores, que deben ser considerados para evaluar otras expe-
riencias de desmovilización, son: 1) concentración de personas desmovi-
lizadas en la misma zona; 2) carácter o razón de la presencia de personas
desmovilizadas; 3) características derivadas de haber sido paramilitar;
4) nivel de coerción ejercida por el paramilitarismo; 5) credibilidad
en el proceso de desmovilización, y 6) situación y realización de los
derechos de las mujeres en las comunidades receptoras de población
desmovilizada. Este último factor, de carácter estructural, está en re-
lación directa con el reconocimiento que tiene la comunidad receptora
de los derechos de las mujeres y con la realización de esos derechos.
Este factor es la base de todos los impactos de la desmovilización en la
vida de las mujeres. Así, a mayor discriminación de la mujer en las zonas
de recepción de desmovilizados, mayor vulneración de su seguridad si
no se toman medidas.
Las mujeres en zonas con desmovilizadosUna investigación sobre los derechos de las mujeres en las zonas de recepción de desmovilizados reveló que a mayor discriminación de la mujer en esas áreas, mayor vulneración de su seguridad si no se toman medidas, y que a mayor coerción paramilitar mayor temor a organizarse o a exigir sus derechos.
Por Luz Piedad Caicedo DelgadoAntropóloga, Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género
Resultados de la investigaciónLa investigación reveló que no se valora que el Gobierno
beneficie a los desmovilizados, porque se considera que se
está incentivando la “vagabundería” al pagar por no tra-
bajar. En comparación —dicen varias mujeres—, ellas sólo
pueden acceder a remuneraciones inferiores a las de los
reinsertados por un trabajo intenso o, si son desplazadas,
deben pagar los créditos de las tierras recibidas. Políticas
hacia las mujeres rurales o desplazadas no han garanti-
zado que puedan tener una vida autónoma, reconstruir
su proyecto de vida o asegurar su sobrevivencia. Las mujeres se sienten
excluidas y señalan que el ámbito económico de sus vidas se ve afectado
porque no se valora su trabajo ni se hace justicia con ellas.
Por el nivel de coerción del paramilitarismo en la zona se ve limitada la
posibilidad de que las mujeres le exijan al Estado garantizar su bienestar,
revisar las políticas de entrega de tierras, que haya justicia en los casos
en que han sido víctimas del conflicto o que se puedan organizar para
atender sus necesidades. En varios testimonios predomina el temor a orga-
nizarse o a exigir sus derechos. El
proceso de paz del Gobierno con
las auc no les genera la suficiente
confianza ni credibilidad. Según
algunas, “ellos (los paramilita-
res) no han dejado en ningún
momento de ejercer la autoridad”. Desde esta perspectiva, el ámbito
político también se ve afectado. De manera opuesta, varias adolescentes
ven a los ex paramilitares como personas con autoridad que las hacen
respetar, y con estabilidad económica ante el “sueldo” que reciben por ser
desmovilizados. Esta valoración hace que algunas mujeres, sobre todo
las jóvenes, los busquen como parejas y se expongan a embarazos y a
infecciones de transmisión sexual (its), incluido el vih/sida. Las entre-
vistadas coincidieron en señalar que la desmovilización ha aumentado
los embarazos en adolescentes y las its, de tal forma que el ámbito
de la sexualidad se ha visto vulnerado. El 54% de las mujeres víctimas
de violencia sexual en Córdoba son niñas entre los 10 y 14 años. Sigue
siendo una realidad la práctica de “concederles” las hijas —desde los
12 o 13 años— a hombres con cierto poder adquisitivo.
La reinserción de paramilitares en los vecindarios ha significado un
mayor número de varones en un contexto social donde no se respetaban
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, vulneraciones
que han aumentado.
“Por el nivel de coerción del paramilitarismo se ve limitada la posibilidad de que las mujeres le exijan al Estado garantizar su bienestar”.
16 • hechos del callejón
La página humanitaria
Minorías sexuales víctimas del conflicto armadoLa vulneración de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas ha ido en aumento, lo cual genera preguntas como: ¿qué efectos tiene el conflicto armado en sus vidas? ¿Con qué frecuencia y qué actores realizan estas violaciones? ¿Por qué?
Por Mauricio Albarracín CaballeroColombia Diversa ([email protected])
El conflicto armado colombiano ha generado amenazas graves
y sistemáticas de los derechos humanos de la población
civil. Este es un hecho conocido pero que requiere de un
análisis profundo y particular, ya que los efectos del conflicto
armado dependen de su naturaleza, actores, intereses y
contexto sociocultural, pues la mezcla de estos factores afecta de forma
singular y diferenciada a los distintos gru-
pos sociales de Colombia.
También constituye un obstáculo para
que lesbianas, gays, bisexuales y transge-
neristas (lgbt) disfruten de sus derechos.
Los actores armados mezclan su ideología
e intereses con los prejuicios y miedos
que existen en el país contra las personas con orientaciones sexuales
e identidades de género no normativas.
Existe una gran preocupación por parte de las organizaciones que
trabajan a favor del reconocimiento social de lgbt por el aumento de
casos de vulneración de sus derechos, lo que ha generado preguntas
como: ¿qué efectos tiene el conflicto armado en la vida y derechos de
las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas? ¿Con qué frecuencia
y qué actores realizan estas vulneraciones? ¿Por qué ocurren? ¿El Es-
tado investiga, previene o sanciona estos crímenes? ¿Serán objeto de
investigación en eventuales procesos sobre verdad, justicia y repara-
ción? ¿Las organizaciones nacionales e internacionales que defienden y
promueven los derechos humanos se interesan por estas situaciones?
“Los actores del conflicto armado imponen normas sociales y de “convivencia” en sus zonas de influencia. Se trata de regula-ciones abusivas contra la población civil destinadas a controlar su vida y, en particular, su esfera íntima y cotidiana”.
Nuestro país posee una tradición social que no acepta ni reconoce
a las personas lgbt como sujetos legítimos. En diferentes épocas han
sido considerados como delincuentes, anormales, enfermos o indesea-
bles, etc. Las normas y prácticas discriminatorias han excluido a este
grupo social del acceso a distintos aspectos de la vida pública, como la
familia, las libertades fundamentales, el trabajo o la educación. Sólo
a partir de la Constitución de 1991 y del desarrollo dado por la Corte
Constitucional se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos.
Pero generalmente esta población no disfruta de estos avances anti-
discriminatorios y garantistas.
No escapan de la violenciaNo existen estudios que nos permitan profundizar en los efectos del
conflicto armado sobre la vida de esta población. Sin embargo, estudios
sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto han
mostrado que las violaciones de sus derechos humanos no siempre se
asocian a confrontaciones armadas, sino que hacen parte de las formas
en que actores armados imponen un modelo social y cultural como estra-
tegia de control de las po-
blaciones. Esta situación
puede asimilarse al caso
de las personas lgbt.
Por su parte, diversas
fuentes como la Oficina
del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
y Amnistía Internacio-
nal han documentado la
Los actores armados también
mezclan su ideología e intere-
ses con sus prejuicios contra
minorías sexuales.
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17 • hechos del callejón
forma en que los actores del conflicto armado imponen
normas sociales y de “convivencia” en sus zonas de influen-
cia. Se trata de regulaciones abusivas contra la población
civil destinadas a controlar su vida y, en particular, su
esfera íntima y cotidiana, las cuales están acompañadas de
amenazas, hostigamientos y castigos si dichas reglas son
incumplidas; entre las medidas represivas se encuentran
la humillación pública e, incluso, la muerte.
Los actores armados refuerzan rígidos estereotipos
sexuales y de género que no sólo corresponden a actitudes
típicas del régimen disciplinario y militar sino que también,
en parte, reproducen la discriminación que la sociedad
colombiana ha tenido contra esta población. Por ejemplo,
establecen normas que perpetúan la heterosexualidad
obligatoria y reglas sobre la apariencia física para diferenciar de ma-
nera estricta a hombres y mujeres, teniendo en cuenta estereotipos
culturalmente arraigados que niegan la diversidad.
Muchas de las acciones de los grupos armados generan adhesión de
la comunidad, pues son vistas como formas de “depuración social”. El
Informe Nacional de Desarrollo Humano El Conflicto, callejón con salidamuestra cómo esta imposición de normas se realiza con la intención de
“granjear simpatía entre los pobladores”1. Esto es muy preocupante ya
que fortalece la legitimación social de violaciones de derechos huma-
nos hacia ciertas poblaciones, legitimación que se explica dado que las
comunidades carecen de información sobre la orientación sexual y la
identidad de género y tienen prejuicios que no han sido contrarrestados
por políticas públicas antidiscriminatorias.
Casos preocupantesLa Organización Diversidad Humana de Barrancabermeja2 denunció
cómo los actores armados realizan ejecuciones extrajudiciales contra
personas lgbt como parte de sus estrategias de “limpieza social”. En
mayo de 2005 Colombia Diversa recibió información sobre la amenaza
de un grupo armado a una pareja de lesbianas residente en Tolima,
quienes en su propia casa recibieron panfletos y hostigamientos que
las obligaron a abandonar el departamento.
Las personas lgbt se encuentran en la lista de los llamados “indesea-
bles”. La revista Noche y Niebla3 ha revelado cómo se ha amenazado a esta
población en distintas zonas del país como Barrancabermeja (Santander),
Ovejas (Sucre), Cartagena (Bolívar), Ciénaga de Oro (Córdoba). Esta mis-
ma publicación también señala que han sido víctimas de desaparición
forzada, como el caso de una persona en el barrio Palmira de Barranca-
bermeja por miembros del Bloque Central Bolívar de las auc.
En su último informe sobre Colombia, Amnistía Internacional reportó4
tres casos de violación de derechos contra lesbianas, los cuales se presen-
taron en contextos socioculturales diversos: Medellín, Barrancabermeja
y Mesetas. Un caso fue descrito así: “... una muchacha de 14 años fue
1. pnud, Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia . El Conflicto, callejón con
salida, Bogotá, pnud, p. 68.
2. Denuncia enviada por correo electrónico a las organizaciones de derechos humanos
y organizaciones lgbt en septiembre de 2005.
3. Esta información esta disponible en www.nocheyniebla.org
4. Ver otros casos en: Amnistía Internacional, Colombia: cuerpos marcados, crímenes
silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado, Índice ai: amr
23/040/2004, 2004, p. 48.
desvestida en una de las calles del barrio y le fue colocado un cartel en
donde decía: ‘Soy lesbiana’. De acuerdo a la versión de pobladores del
barrio fue violada por tres hombres armados, presuntamente paramili-
tares. Días después fue hallada muerta, con los senos amputados...”.
La información que se ha conocido sobre las vulneraciones de de-
rechos humanos contra la población lgbt en el marco del conflicto
armado no ha podido ser verificada ni sistematizada, y tampoco se
han hecho esfuerzos por recoger, analizar y denunciar estos casos.
Lo que se conoce constituye un grave indicio que tenderá a repetirse
si no intervienen el Estado y las organizaciones no gubernamentales
nacionales o internacionales.
Es indispensable que la protección específica a las personas lgbt
se introduzca en la agenda de derechos humanos del país, tanto en la
recolección y análisis de información como en las recomendaciones
que se formulan al Estado y en el diseño de sus políticas públicas de
prevención, atención y reparación.
Esta tarea no la puede realizar sólo el movimiento lgbt. Si el Estado,
las organizaciones no gubernamentales que promueven y defienden
los derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas o el sistema
interamericano no toman en serio las graves vulneraciones contra los
derechos de esta población en el marco del conflicto armado, corremos
el riesgo de que se convierta en un asunto más en el olvido, precisa-
mente ahora que estas denuncias han empezado a salir del ámbito de
lo privado, lo invisible y lo innombrable.
Las organizaciones de derechos humanos están promoviendo el respeto a las minorías sexuales.
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Grafitis como este han aparecido en calles de Barrancabermeja.
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18 • hechos del callejón
Buenas prácticas
Comunas: Territorios de No Violencia
La Liga promueve la participación de las mujeres y la satisfacción de sus derechos económicos.
(Viene de la página 20)
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¿CÓMO SE ENTIENDE LA NO VIOLENCIA?
Tres son los ejes que definen la no violencia, según el equipo facilitador de la
Comisión Cívica de la Diócesis de Barrancabermeja:
1. La búsqueda de la verdad. Es la verdad histórica, que significa darles a los
sectores populares el derecho a la palabra, a construir su historia y desatar las
memorias atrapadas en la guerra. Más que juicios, las comunidades exigen ser
escuchadas, reconocidas y creídas.
2. Buscar la reconciliación. Significa que las personas que han estado separadas
por diferentes motivos empiezan a caminar juntas, lo que implica restaurar rela-
ciones o lograr acercamientos.
3. No cooperar con la injusticia y la humillación. Va más allá de la resistencia
como forma de lucha. Se trata de denunciar al que oprime y somete a las comuni-
dades con violencia. Significa organización popular para transformar las realidades
injustas y tomar la decisión firme de no aceptar pasivamente aquello que atente
contra la autonomía y autodeterminación de las personas y las comunidades.
y desarrollo comunal; 3) Trabajar por la
sostenibilidad y luchar contra la guerra,
el sometimiento y la violencia.
Cada uno de esos retos se ha venido
concretando en los últimos tres años me-
diante objetivos y acciones apoyadas por
los habitantes, el Laboratorio Nacional de
Paz y la comunidad internacional repre-
sentada por la Unión Europea y Secours
Catholique-Caritas Francesa.
• Cada comuna ha construido su pro-
pio plan comunal, que agrupa múltiples
acciones ambientales, productivas y so-
cioculturales.
• Se atienden comunas que han acogido
a los desplazados como nuevos habitantes,
participantes y protagonistas del desarro-
llo local.
• Se rescataron actividades lúdicas y
festivas que habían sido acalladas por la
violencia, como festivales deportivos y
culturales, pintura comunal de murales,
encuentros de víctimas de la violencia.
• Se publica mensualmente el periódico Gente Comuna, que informa
experiencias comunitarias positivas que reafirman el compromiso con
la no violencia.
• Barrancabermeja es hoy sede de numerosas convocatorias nacio-
nales de carácter académico, cívico y religioso que propenden por la
paz y la solución negociada del conflicto.
Estas acciones se han caracterizado, según el equipo facilitador de la
Comisión Cívica, por la integración y la unidad popular; el plan comu-
nal y la calidad de vida y la no violencia y la reconciliación. La lógica
del trabajo es propiciar unidad y organización popular para construir
y organizar los proyectos en una agenda que oriente y dinamice la
gestión y que promueva el liderazgo comunitario.
“La gente está muy motivada porque cree en el proceso, ve que
es 100% comunitario y que no hay de por medio intereses políticos
o religiosos. Siente que no hay filtro para entrar y que sólo hay que
proponer con el espíritu desarmado”, señala María Teresa Chavarría,
líder comunitaria de la comuna 6, una de las zonas recién integradas
al proceso.
El apóstol moderno de la no violencia fue Mahatma Gandhi (1869-
1948), quien desde el norte de la India, a orillas del río Yamuna, pro-
movió hasta su muerte los fundamentos centrales de su doctrina de
paz: buscar la verdad, buscar la reconciliación y no cooperar con la
injusticia y la humillación.
Hoy, al otro lado del mundo y en las riberas de otro río, estos mismos
principios son impulsados por los habitantes de cuatro de las siete co-
munas de Barrancabermeja más pobres y más asoladas por el conflicto
armado. Ellos llevan a su realidad aquella máxima expresada por Gandhi
en el fragor del proceso independentista indio: “Si logramos nuestra liber-
tad por medios violentos, ésta dejará de ser la tierra de mi orgullo”.
fin de comprometerse con la construcción de un proyecto colectivo
y animar un proceso que desde las comunidades impulse su transfor-
mación. Cada uno de estos procesos fue bautizado como “Apueste por
Barrancabermeja” y en la base popular como “Comunas Territorio de
No Violencia”.
Desde sus inicios, la Comisión definió los tres retos de este proyecto:
1) Trabajar con base en la integración, la unidad y la autonomía popu-
lar, porque sólo la confianza da la fuerza y capacidad para enfrentar
a los actores de la violencia; 2) Recuperar la capacidad de soñar para
que dirigentes y comunidad sean responsables de su propia historia
19 • hechos del callejón
Editorial
Bruno Moro, Representante Residente Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud
Producido por: Área de Desarrollo Humano pnud
Director Académico: Hernando Gómez Buendía
Editora: Olga González Reyes
Asesor Especial: Mauricio Uribe
Colaboradores: Colaboradores: OCHA-SSH, Andrea Arboleda, Bibiana Mercado y María Victoria Duque • Agradecimiento Especial: Periódico El Tiempo • Prensa –Oficina del Alto
Comisionado para la Paz • Simone Bruno • Manuel Saldarriaga • Colprensa • Reconocimiento especial: Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR, por sus siglas en inglés) del
PNUD, con sede en Nueva York. • Diseño gráfico y corrección de textos: Editorial El Malpensante S. A. • Impresión: Panamericana Formas e Impresos S. A.
Boletín Hechos del Callejón: Carrera 11 N° 82-76, Oficina 802, Bogotá, Colombia • Teléfono: 6364750 extensión 205–208–202• Fax: extensión 209 • Comentarios y sugerencias: olga.gonzalez@undp.
org, indh @undp.org • Visite nuestra página de internet: www.pnud.org.co/indh
Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, su junta directiva, ni los Estados miembros
Apesar de la complejidad del conflicto armado colombiano, el
país está lleno de esfuerzos e iniciativas civiles de construc-
ción de paz. Muchas de ellas expresadas en organizaciones
de la sociedad civil que operan regional y nacionalmente y que,
desde hace dos décadas, vienen cultivando alternativas a la lógica
de la guerra. Ahora, el desafío general consiste en transformar y
consolidar la movilización social por la paz en salidas democráticas
a la guerra. Se requieren arreglos institucionales y redes sociales
multiterritoriales capaces de convertir la propuesta de los ciuda-
danos en decisiones sociales ampliamente consensuadas, políticas
públicas y grandes acuerdos por la paz.
En tres regiones del país (Montes de María, oriente antioqueño y
Meta) el pnud acompaña diversas iniciativas de paz con la voluntad
de incrementar la capacidad que tienen para enfrentar los retos
asociados a la violencia y aprovechar mejor las oportunidades de
desarrollo humano. Es una apuesta decidida por la recuperación de
la política como mecanismo de gestión de conflictos y promoción
de desarrollo. En estas regiones el pnud —a través del programa
Redes— trabaja en cuatro líneas estratégicas:
Comunidades: aumentando la organización social para la paz
y la capacidad de las comunidades y la sociedad civil regional de
constituirse en actores primarios de iniciativas de paz y de desa-
rrollo humano.
Alianzas: motivando alianzas interinstitucionales e intersectoriales
entre poderes públicos, la sociedad civil y la cooperación internacio-
nal para incrementar la acción colectiva frente al conflicto.
La paz en Colombia depende primordialmente de la calidad
de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado.
Conocimiento: promoviendo la participación y la delibe-
ración de estos diversos actores para generar conocimien-
to colectivo que sea capaz de orientar estrategias comunes
para superar retos concretos del conflicto armado.
Políticas públicas: promoviendo estrategias consensua-
das en las agendas de política pública municipal y depar-
tamental para atender los retos que genera la violencia y
las oportunidades de la construcción de la paz.
Convencidos de la importancia de este esfuerzo, el pnud y sus
aliados (Suecia, Países Bajos, España, Noruega y la Generalitat de
Cataluña) están llevando el programa Redes a la Sierra Nevada de
Santa Marta, las comunidades marginadas del sur de Cartagena, los
Altos de Cazucá y, próximamente, al Huila y Caquetá.
Tras dos años el pnud ha aprendido varias lecciones:
En primer lugar, los miembros de las iniciativas de paz locales y
regionales son actores legítimos que buscan promover proyectos
de vida y sociedad renunciando a la violencia como estrategia para
promover el cambio social.
En segundo lugar, no hay que esperar a la finalización del con-
flicto armado y a la firma de un acuerdo de paz para promover y
apoyar iniciativas de construcción de paz y de incremento de la
gobernabilidad democrática.
Por una parte, es importante destacar que la sostenibilidad de fu-
turos acuerdos de paz en Colombia depende de la calidad del capital
social regional y de la capacidad que tengan las iniciativas de paz de
convertirse en actores primarios en la construcción de país.
Impulsar el desarrollo humano en medio del conflicto no es sólo
necesario sino que es un imperativo. Es necesario crear espacios de
seguridad y paz en medio de la violencia, en los cuales las expre-
siones legítimas de la sociedad civil y la institucionalidad política
puedan sobreponerse a las lógicas de la guerra y transformarlas
en lógicas de paz.
Por último, es importante destacar que la comunidad interna-
cional debe coordinar sus políticas de cooperación inter-
nacional con el fin de acompañar, fortalecer y articular
las iniciativas locales y regionales de paz. Los actores
de la comunidad internacional pueden tener un papel
significativo a la hora de facilitar alianzas estratégicas
entre diversos actores del movimiento social por la paz
y el gobierno nacional, junto con los gobiernos locales y
regionales. De esta manera se abren las puertas para el
diseño consensuado de políticas públicas de paz, atención
humanitaria y desarrollo humano, contribuyendo, tam-
bién, al aumento de la legitimidad del Estado.
Construcción de paz y desarrollo humano
Editorial
20 • hechos del callejón
Por Alexánder Barajas Maldonado
El clima de Barrancabermeja —donde en un mismo día se puede
vivir un caluroso atardecer y una torrencial tormenta— imita la
ambigua realidad de este puerto santandereano sobre el Magda-
lena, donde bajo el mismo cielo se encuentran la riqueza petrolera y
la miseria del desplazado; la belleza de sus ciénagas y el horror de una
violencia tan añeja como inútil. Y coexisten, además, la sinrazón de la
razón armada y la unión de la comunidad para defender la vida.
El pasado 30 de octubre decenas de vecinos de los 22 barrios que
conforman la comuna 4 de Barrancabermeja decidieron reafirmar su
unión por la vida con un triatlón ecológico, actividad incluida en el
plan comunal que ellos mismos construyeron como “Territorio de No
Violencia” y que definió a su sector como “La Comuna Verde”.
Esa jornada de unión cívica estuvo precedida por un multitudinario
festival deportivo y cultural en la comuna 6, otro de los sectores de
Barrancabermeja golpeados por la más reciente de las violencias que
ha tocado a esta ciudad: la guerra urbana de masacres y asesina-
tos selectivos que cambió la dominación del eln y de
las farc por el régimen de las
Autodefensas Unidas de Co-
lombia (auc). Primero
fueron las Autodefen-
sas del Sur del Cesar
y, hoy, el Bloque
Central Bolívar.
Durante esta
época de violencia
se intensificaron el
desplazamiento forzado
y la pobreza. Barrancaber-
meja pasó de tener 160 mil habitantes en 1993 a casi 300 mil en la
actualidad, por el accionar violento de guerrillas y autodefensas. En
cuatro de las siete comunas barranqueñas se concentra el mayor nú-
mero de población desfavorecida, incluidos desplazados. Son en estos
sectores donde se están gestando “Territorios de No Violencia”.
En lo más cruento de los enfrentamien-
tos entre guerrilla y paramilitares, que
comenzaron en la década
pasada y continuaron
hasta hace un par de
años, se incubó la iniciativa que hoy tiene a los vecinos de las comunas
4, 5, 6 y 7 pensado y actuando por la reconstrucción de su tejido social.
Lo que precipitó esta lluvia de iniciativas comunitarias fue un exitoso
programa liderado por la Diócesis de Barrancabermeja y apoyado por
múltiples sectores sociales, culturales y académicos.
El germen de la paz estaba sembrado“El 4 de agosto de 2002 se puso en marcha las ‘Comunas Territorio de
No Violencia’ porque ese día se realizó la primera reunión formal de los
líderes de la comuna 4”, recuerda Patricia Rodríguez, coordinadora de
este proyecto desde la Comisión Cívica de Convivencia Ciudadana.
Esta Comisión, organismo de la sociedad civil convocado también
por la Iglesia católica local, nació en respuesta al cuestionado cierre del
Consejo Municipal de Paz, que no ha vuelto
a ser convocado por la Alcaldía desde 2000,
apenas dos años después de su creación
mediante acuerdo municipal.
A pesar de esta vacilante actitud
oficial, el germen de la paz ya estaba
sembrado por diversas or-
ganizaciones sociales,
sindicatos, entidades
defensoras de de-
rechos humanos y
la misma Diócesis,
que venían traba-
jando en propues-
tas de convivencia
y reconciliación
desde mediados de
los años noventa.
La Comisión Cívica se instauró
formalmente en septiembre de
2001, y desde sus inicios se trazó
dos estrategias: convocar a las
organizaciones sociales para
“repensar la ciudad” con el
Buenas prácticas
Comunas de Barrancabermeja: Territorios de No ViolenciaCuatro de siete comunas de Barrancabermeja, las más afectadas por la pobreza, la violencia y el despla-zamiento, se declararon “Territorios de No Violencia” para lograr la unidad y la autonomía popular y para trabajar por la paz y la reconciliación.
(Pasa a la página 18)
Ejemplos concretos de cómo sí es posible salir del callejónwww.saliendodelcallejon.pnud.org.co