Elementos Estructurales

Elementos estructurales del derecho a la verdad*

Luis Andrs Fajardo Arturo**

ResumenEste artculo se refiere especficamente al estado actual de la discusin sobre la estructura jurdica fundamental del derecho a la verdad, sus dimensiones y su grado de juridicidad y da cuenta de los primeros resultados obtenidos sobre la evaluacin de los modelos de paz adoptados en Colombia, a la luz de los estndares y ejemplos internacionales.Palabras ClaveJusticia, reparacin, vctimas, comisiones de la verdad.

AbstractThis article refers specifically to the current state of the discussion on the basic legal structure of the right to truth, its size and degree of legality and reports initial results on the evaluation of the models adopted for peace in Colombia, in light of the international standards and practices.KeywordsJustice, Redress, Victims, Truth Commissions.

* Artculo resultado de investigacin. Grupo de las Casas. Escuela de De-recho de la Universidad Sergio Ar-boleda.** Abogado, magster en Derecho Internacional, magster en Derecho con nfasis en Derecho Administra-tivo, investigador del Grupo De las Casas, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Agradecimiento a Libeth Mara Maya Galeano del se-millero de apoyo.Correo electrnico:[email protected]

Recibido: 18 de septiembre de 2011 - Revisado: 06 de diciembre de 2011 - Aceptado: 15 de enero de 2012

Structural elements of the right to the truth

Civilizar 12 (22): 15-34, enero-junio de 2012

16 Luis Andrs FAjArdo Arturo


Introduccin

La verdad tiene una relacin ntima con el derecho y la justicia, tanto como fundamento filosfico o como un requisito condicionante de la legitimidad de los fallos, la verdad es un ele-mento que precede la aplicacin del derecho y es indispensable para hacer justicia, por lo que justamente es en la bsqueda de la verdad (po-dra hablarse de verdad judicial pero, finalmen-te, el derecho siempre busca la verdad real), en especial el derecho penal, tal como lo sostiene Naqvi (2006).

Pero la verdad que toca al derecho no es nicamente aquella que pueda generar elemen-tos relevantes para la aplicacin de las normas. El derecho internacional de la persona humana (derecho internacional de los derechos huma-nos y DIH), a partir de los convenios de Gine-bra, fue desarrollando el concepto del derecho a saber la verdad, como un derecho individual en cabeza de los familiares de las vctimas a cono-cer el paradero y la suerte de sus familiares en un conflicto armado (Primer Convenio de Gine-bra, art. 32, 1949).

Con el pasar de las dcadas, este derecho individual fue mutando en un concepto mucho ms amplio e interdisciplinario. Se trata del dere-cho de toda la sociedad a conocer la verdad sobre las causas, modos y consecuencias de un conflic-to armado, en especial cuando se trata de hechos que generan graves y sistemticas violaciones de derechos humanos y, particularmente, se exige para que los procesos de transicin entre el con-flicto y la estabilidad sociopoltica respondan a una necesidad social por conocer su historia.

El derecho a la verdad, entendido tal, como se describe en la segunda dimensin, se estatuye como una necesidad de la sociedad para construir su futuro sobre los cimientos de la ver-dad, que son los nicos que pueden soportar la construccin de una sociedad pacfica. El dere-cho a conocer la verdad implica cerrar un captu-lo, aprendiendo del mismo para no repetirlo, es

una estrategia de sustentabilidad de la paz, pues como se ha visto a lo largo de la historia, las guerras tienden a repetirse cuando no quedan suficientemente cerradas. Mientras subsista el silencio sobre lo sucedido, mientras no se en-cuentre la verdad, la posibilidad de creer que se ha cerrado un ciclo de violencia es nula, el conflicto contina hasta que se sabe la verdad tanto judicial como histrica.

Respecto de este concepto de verdad, el derecho internacional ha regulado muy poco; en general, parecera que el derecho a la ver-dad pertenece exclusivamente al mundo del soft law (o derecho progresivo, no vinculante jur-dicamente) y son muy pocas las obligaciones jurdicas derivadas del hard law (tratados, cos-tumbres y, en general, normas internacionales vigentes) respecto a este derecho.

Pero si la normatividad es escasa, la reali-dad es abundante. Los ejemplos de comisiones de la verdad en el mundo son innumerables, al-gunas de ellas representar verdaderos ejemplos para la superacin de un conflicto; otras, quizs menos afortunadas en cuanto a sus resultados, y todas ellas, con enormes diferencias en cuanto a su formacin, metodologa y duracin, cohe-rentes con las diferencias de los conflictos a que se han referido.

Segn informes de la organizacin Am-nista Internacional, en el mundo se cuentan al menos 34 grandes comisiones de la verdad (http://www.amnesty.org/es/international-jus-tice/issues/truth-commissions) y tan solo en Latinoamrica, las comisiones de Chile, Per, Argentina, Uruguay, Guatemala y El Salvador representan importantes esfuerzos por superar gravsimas situaciones de vulneracin de dere-chos humanos. Incluso independientemente de la existencia de un conflicto armado, los pases del continente americano han creado comisio-nes de la verdad para enfrentar situaciones co-yunturales cuya importancia social ha merita-do generar una reflexin, tal como sucedi en Ecuador o Bolivia.

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ISSN 1657-8953Civilizar 12 (22): 15-34, enero-junio de 2012

ElEmEntos EstructuralEs dEl dErEcho a la vErdad

En Colombia, a pesar de la importancia del conflicto en que se ha desarrollado gran par-te de la historia del ltimo siglo y, muy a pesar de la necesidad que tiene la sociedad de conocer a fondo lo que sucedi, no ha habido un esfuer-zo serio por investigar, construir y divulgar un relato consensuado y profundo sobre los hechos causantes de graves violaciones de derechos humanos y del DIH.

Planteado de forma sucinta, el problema jurdico del cual parte la investigacin que da pie a esta ponencia se concreta en la siguiente pregunta: actualmente Colombia cumple de forma adecuada con sus obligaciones en cuanto al derecho a la verdad?

Este problema general implica obvia-mente el conocimiento previo de distintos pro-blemas especficos, de los cuales, los ms re-levantes segn el abordaje escogido son: es la verdad un derecho humano?, en cabeza de quin radica dicho derecho?, qu obligaciones genera y con base en qu cuerpo normativo?, qu esfuerzos ha realizado Colombia con res-pecto a la verdad histrica?, qu tan adecuados son dichos esfuerzos en relacin con los estn-dares internacionales en la materia?

La investigacin de la que surge este pri-mer resultado tiene como objetivo establecer, con total claridad, el espectro de obligaciones que genera el derecho a la verdad y, con base en l, evaluar los esfuerzos existentes en Colombia para finalmente proponer lineamientos claros respecto a la necesidad, viabilidad y modelo a seguir en la construccin de la verdad histrica del pas.

Los objetivos especficos son los de con-tribuir a la generacin de conocimiento respecto al derecho a la verdad, en particular acerca de la discusin doctrinaria, su cuerpo normativo y la interpretacin jurisprudencial internacional y na-cional. En segundo lugar, se trata de analizar las estrategias nacionales en cuanto a la verdad bajo la lupa del derecho existente en la materia para

analizar las falencias de los modelos adoptados en Colombia.

En cuanto al texto aqu presentado, el objetivo final es generar una visin clara de la naturaleza del derecho a la verdad y las obli-gaciones que genera a fin de poder evaluar la coherencia y adecuacin de las medidas que Colombia est tomando en la materia.

Metodologa

El diseo metodolgico adoptado se divi-de fundamentalmente en tres etapas. La primera etapa, destinada a la determinacin del concepto jurdico del derecho a la verdad, se desarroll a travs de la construccin del corpus iuris re-lativo a la materia, el anlisis del estado del arte sobre el tema y, posteriormente, la construccin y determinacin de los lineamientos jurispru-denciales, tanto a nivel interamericano como a nivel nacional.

Para esta etapa, el semillero de investigacin que acompa el proyecto se encarg de adelantar la recoleccin de normas, y textos. Se distribuy el trabajo de anlisis de la doctrina a travs de la bsqueda sistemtica en las bibliotecas de Bogo-t. La indagacin se dividi en distintas etapas, en primer lugar a partir del idioma, la nacionalidad de los autores y, finalmente, los asuntos tratados, buscando ir de lo ms general a lo ms particu-lar, con hallazgos muy importantes en la materia a nivel nacional e incluso subregional y con una preponderancia en el idioma ingls.

Los textos encontrados fueron analizados enfocndose particularmente en los textos relati-vos a la verdad como derecho, buscando estable-cer el estado de la discusin al respecto. Las con-clusiones obtenidas fueron extradas, enumeradas y clasificadas, de forma que sea posible distinguir los principales aportes, las posiciones y contradic-ciones respecto a cada autor o grupo de autores.

En cuanto a los aspectos jurdicos y juris-prudenciales, el investigador principal se dedic



a buscar las normas relacionadas con la verdad y a construir un corpus iuris aplicable, a par-tir, fundamentalmente, de los pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos. Los hallazgos fueron contrastados y ampliados gracias a los instrumentos trados a colacin por la jurisprudencia y la doctrina. Los resultados en materia normativa resultaron ser muy escasos.

Resultados

Qu es el derecho a la verdad?

Hablar del derecho a la verdad, (o a co-nocer la verdad) implica concentrar en la vc-tima los esfuerzos por restablecer el orden y la tranquilidad en una sociedad que est saliendo o ha salido de una etapa de violencia. En ese sentido el derecho a la verdad se ha constituido a lo largo de los aos en el eje principal de la re-conciliacin y la paz. Segn Hernndez (2006) desde la perspectiva de las vctimas de la vio-lencia, la reconciliacin equivale a derecho a la verdad, superacin de impunidad y reparacin integral.

Se trata de un privilegio que surge de si-tuaciones de violencia generalizada, y que se fundamenta en la importancia de la verdad para cerrar un ciclo de violencia y transitar a una eta-pa de paz. Gonzlez Salzberg (s.f. ) define: () el derecho a la verdad como el derecho que asiste a las vctimas directas e indirectas de graves violaciones al DIH o al DIDH, como tambin a la sociedad en su conjunto, a conocer lo verdade-ramente ocurrido en tales situaciones.

La discusin en torno a este pretendido derecho es si verdaderamente se trata de una ins-titucin jurdica, o si en realidad se trata de una pretensin social sin respaldo normativo. Sobre el punto, Rincn Covelli (2005) afirma que co-nocer o saber la verdad es, en el sistema norma-tivo de los derechos humanos, un derecho. Esto significa, entre otras cosas, que un Estado pue-de llegar a ser (declarado) responsable de violar

(por accin o por omisin) el derecho de las per-sonas a la verdad o a saber lo que ocurri.

En ese sentido, Vivian Newman (2009) propone una definicin del derecho a la verdad segn la cual: Es el derecho individual y colec-tivo a saber los hechos, las circunstancias, las causas, las consecuencias, los responsables y las vctimas de las violaciones de los derechos hu-manos y el derecho internacional humanitario.

Por su parte, refirindose a la autonoma o independencia de este derecho, Correa (2007) expresa que el derecho a la verdad es el derecho al esclarecimiento de la misma y a los mecanis-mos de reparacin. Se trata de una modalidad del derecho a recibir informaciones y en este contexto seala que en teora existen tres mo-delos institucionales de verdad en los procesos de paz a saber: la verdad judicial en la que el juez decide; la verdad extrajudicial e institu-cional, que es la establecida por una comisin de la verdad, y la verdad extrajudicial no insti-tucional, que es la que surge las publicaciones acadmicas y de prensa. El derecho a la verdad estara satisfecho a travs de todos los medios y no de uno solo de ellos.

Si bien el desarrollo normativo ha sido bastante escaso, la doctrina ha sido prolfica y profunda en el anlisis de este derecho. As, en las Naciones Unidas el derecho a la verdad segn el Comit de Derechos Humanos de la ONU (s.f.)

() Es un derecho tanto colectivo como indi-vidual. Toda vctima tiene derecho a conocer la verdad sobre las violaciones que le afectan, pero la verdad debe comunicarse tambin a la sociedad como una salvaguardia fundamental contra la repeticin de tales violaciones, se-gn se indica en el principio 2 del Conjunto de principios para la proteccin y la promocin de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

Por su parte, en la OEA, el Sistema Intera-mericano de Derechos Humanos se ha referido

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en distintas oportunidades a este derecho. La Comisin Interamericana de Derechos Huma-nos ha definido al respecto:

El derecho a la verdad es de carcter colec-tivo que permite a la sociedad tener acceso a informacin esencial para el desarrollo de los sistemas democrticos y un derecho particular para los familiares de las vctimas, que permi-te una forma de reparacin, en particular, en los casos de aplicacin de leyes de amnista (CIDH, Caso Bmaca vs. Guatemala, 2002).

En esta definicin no se hace nfasis en las vctimas, pero se entiende de manera tcita que al ser las primeras afectadas en sus derechos son las principales titulares cuando, evidente-mente, no se ha atentado contra su vida ya que, como seala Rincn (2005), la verdad para las vctimas las dignifica y convierte la verdad de la vctima en la verdad de la sociedad. La vctima ayuda a construir la verdad.

Adems, en el ltimo inciso de la defini-cin previamente sealada, frente a los casos de amnista donde no existe accin contra los responsables, el desconocimiento de la verdad conlleva a que el Estado imponga una ley de perdn y olvido bajo la cual se hace a un lado la memoria histrica, se desconoce la verdad de las vctimas y se incrementa la impunidad (CNM, 2008); se advierte en dicho punto la re-paracin que constituir la verdad frente a estas leyes de perdn y olvido, que se consagra en el resarcimiento a las vctimas ms que material, moral. Esta facultad o prerrogativa a obtener la verdad tiene una naturaleza esencialmente mo-ral (Salgado, salvamento de voto caso Bmaca Velsquez vs. Per, 2002).

Lo difcil de estas definiciones es que se quedan cortas ante los elementos estructurales del derecho a la verdad. En primer lugar, es ne-cesario identificar en qu consiste el derecho, o en otras palabras, cul es el contenido de la obligacin que surge del mismo; en segundo lugar, se deben identificar claramente los titula-res, tanto de derechos como de obligaciones, y

en ltimo lugar, las condiciones adicionales que sean necesarias para su exigibilidad.

As pues, el derecho a la verdad no es un privilegio inherente que se pueda exigir en todo tiempo y circunstancia por todo ser humano. Es un derecho que si bien est en potencia en todo ser humano, solo se activa en el momento en que se configura una situacin de violencia que implique violaciones graves a los derechos humanos (condicin del derecho). En esas cir-cunstancias se activan dos tipos de titulares: por una parte, las vctimas o sus familiares (primer titular) tienen derecho a conocer la suerte de sus parientes y el contexto de los hechos en-tendiendo por contexto las causas, objetivos, consecuencias de la violencia, modus operandi y responsables de la misma y a su vez, la so-ciedad tiene el derecho y deber de conocer lo sucedido.

Si bien los titulares del derecho son ml-tiples, los de la obligacin lo son an ms: por una parte el Estado, que est obligado a adelan-tar todas las tareas para contribuir a esclarecer lo sucedido a travs de las herramientas que permitan llegar a la verdad judicial y extrajudi-cial sobre los hechos. Por otra parte los autores de los hechos, cuando no tratndose del Estado se constituyen como un aparato organizado de poder con capacidad de respetar el DIH, y por lo tanto deben contribuir a esclarecer los hechos como parte de sus obligaciones con este con-junto de normas, y por ltimo la sociedad, que no solo es titular del derecho a saber, sino que est obligada a conocer.

Esta ltima resulta quiz la ms comple-ja de las titularidades, pero como se ver ms adelante, representa un punto nodal en la reali-zacin del derecho y el logro del objetivo, que es buscar la paz y reconciliacin.

En tal sentido, se puede definir el llamado derecho a la verdad como el derecho que sur-ge a las vctimas, sus familiares y a la sociedad en general, en los casos en que han sucedido



graves violaciones de derechos humanos, y en virtud del cual, el Estado tiene la obligacin de adelantar las medidas para lograr establecer la verdad sobre los hechos, los grupos organiza-dos que hayan participado de la violencia deben contribuir a establecer la verdad, y la sociedad en su conjunto tiene el deber de conocer lo su-cedido.

Origen del derecho a la verdad

Segn relata el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006) en su Estudio sobre derecho a la ver-dad, el derecho a la verdad tiene su origen ms remoto los Tratados de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, cuando por primera vez, en el artculo 32 del Primer Convenio se estipul que los familiares de las vctimas y de los prisioneros tenan derecho a saber la verdad sobre lo sucedido.

En efecto, en la dcada de los aos seten-ta, con motivo del inicio de una prctica siste-mtica de desapariciones forzadas, organizacio-nes internacionales como el Grupo de Trabajo ad hoc encargado de estudiar la situacin de los derechos humanos en Chile, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y la Comisin Interamericana de Derechos Humanos iniciaron un estudio serio sobre el tema, llegando a la conclusin comn de que el fundamento jurdico del derecho a la verdad se encontraba en los artculos 32 y 33 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 1949, ya que en ellos las vctimas hacan nfa-sis en la necesidad de saber:

Artculo 32: en la aplicacin de la presen-te seccin, las actividades de las altas partes contratantes, de las partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los convenios y en el pre-sente protocolo debern estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros (Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, art. 32, 1949).

Est antigua regla del DIH fue utilizada inicialmente en materia de derechos humanos como referencia al derecho a la verdad, en el marco de las desapariciones forzadas, como el derecho que tenan los familiares de las vcti-mas a conocer el paradero de sus familiares. Al respecto, la CICR (2005) estableci que:

() El derecho a la verdad era una norma del derecho internacional consuetudinario aplica-ble tanto a los conflictos armados internacio-nales como a los internos, de modo que cada parte en el conflicto deba tomar todas las me-didas factibles para conocer el paradero de las personas presuntamente desaparecidas a raz de un conflicto armado y deban comunicar a sus familiares todo dato de que dispusieran acerca de su suerte.

Sin embargo, el derecho a la verdad no se limit a esta faceta, sino que con el paso de las dcadas fue abarcando otras violaciones graves de derechos humanos como la ejecucin extra-judicial y la tortura.

Fundamentalmente, es a finales de los aos ochenta y en especial en la dcada de los noventa en que el derecho internacional se mete de lleno en la determinacin de los derechos de las vctimas y en particular del derecho a la verdad. As es como se desarrolla el documento que contiene los principios de estos derechos y la lucha contra la impunidad de Louis Joinet (1997), cuyo origen y desarrollo comienza en 1991 y termina en 1997, para luego ser actuali-zado en 2005.

Por su parte, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la verdad apareci someramente en la jurisprudencia tem-prana desde el caso Velsquez Rodrguez vs. Honduras (1987) y se fue consolidando gracias al informe Joinet, en casos como Barrios Altos vs. Per (2001), en que la Corte estableci que las amnistas obstaculizan las investigaciones y por lo tanto pueden llegar a ser incompatibles con los derechos de las vctimas1, o casos mu-cho ms recientes como el caso Manuel Cepeda

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Vargas vs. Colombia (2010), en que la Corte se refiri al derecho a la verdad de la sociedad.

El surgimiento de las comisiones de ver-dad resulta muy interesante para el derecho in-ternacional, pues a ellas se les encarga la misin de investigar sobre las transgresiones de los de-rechos humanos a fin de identificar el sujeto que las realiz. Son un organismo de investigacin autnomo centrado en las vctimas, establecido ad hoc en un Estado (y autorizado por el mismo Estado; Freeman, 2007).

Esas comisiones, que son rganos de in-vestigacin oficialmente autorizados, de carc-ter temporal y no judicial, disponen de un plazo relativamente corto para tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios y celebrar au-diencias pblicas antes de ultimar su labor con la publicacin de un informe. Aunque las comisio-nes de la verdad no son un sustituto de la accin judicial, s ofrecen cierta posibilidad de explicar el pasado, por lo que han sido particularmente tiles en aquellas situaciones en las que empren-der el enjuiciamiento por crmenes masivos era imposible o poco probable, fuera por falta de ca-pacidad del sistema judicial o por una amnista de hecho o de derecho (Hayner, 2006).

En general, los actos jurdicos por los que se crean esas comisiones se basan en la necesi-dad de las vctimas, sus familiares y la socie-dad en general de conocer la verdad sobre lo sucedido; facilitar el proceso de reconcilia-cin; contribuir a la lucha contra la impunidad y reinstaurar o fortalecer la democracia y el Estado de derecho (S. A, abril de 1990).

De esta forma se va estructurando la teo-ra de la verdad, pues seala los eventos en los cuales nace el derecho de conocer y la creacin de un rgano competente en cuanto a la investi-gacin de esa verdad.

En el ao 2005, el derecho a la verdad logra gran reconocimiento, tanto para las vc-timas como familiares, como se cit anterior-mente, en especial porque, habida cuenta de

los avances que venan sucediendo en la ma-teria, la Comisin de Derechos Humanos de la ONU solicita y recibe la actualizacin del conjunto de principios para la proteccin y la promocin de los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad de M. Joinet (1997). En tal sentido, el trabajo realizado por la ex-perta independiente doctora Diane Orentlicher se encarga de poner al da el conjunto de prin-cipios y desarrollar ampliamente el captulo de derecho a la verdad.

Este ltimo, segn el texto de los prin-cipios actualizados por Diane Orentlicher (E/CN.4/2005/102/Add.1 Consejo Econmico y Social Naciones Unidas, Promocin y Pro-teccin de los Derechos Humanos), se divide en una serie de principios que establecen sus alcances e implicaciones, proporcionando los pilares sobre los cuales se edifica la teora del derecho a la verdad. Vale la pena destacar que los principios 2 y 3 establecen las dimensiones especficas del derecho a la verdad: el derecho inalienable a la verdad (como un privilegio de los familiares de las vctimas) y el deber de saber (como un derecho-deber de la sociedad).

Ms adelante, la Resolucin 2005/66 de la Comisin de Derechos Humanos solicita al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un estudio sobre el derecho a la verdad en el que figurase informacin so-bre los fundamentos, el alcance y el significado de ese derecho en el derecho internacional, as como las mejores prcticas y recomendaciones para asegurar el ejercicio efectivo de ese dere-cho, en particular las medidas legislativas, admi-nistrativas o de otra ndole que puedan adoptarse al respecto, teniendo en cuenta la opinin de los Estados y las organizaciones intergubernamenta-les y no gubernamentales pertinentes, para exa-minarlo en su 62 perodo de sesiones (Comi-sin de Derechos Humanos, 2005).

El informe se presenta a la Comisin en su 62 perodo de sesiones y aparece radicado con el nmero E/CN.4/2006/91, del 9 de enero



de 2006. En dicho estudio se estipula la base jurdica, naturaleza e historia del derecho a la verdad, destacando la importancia de las comi-siones de la verdad en la materia. Un resumen de las ideas principales del estudio se plantea a continuacin:

La verdad tiene como objetivo fundamental luchar contra la impunidad, es decir, sancio-nar todas estas conductas que atentan grave-mente contra el Derecho Internacional Hu-manitario y que, por falta de conocimiento de los hechos, no se sancionan debidamente, pues el agente queda libre de toda responsabi-lidad penal, civil o administrativa dependien-do del caso.Para evitar esta impunidad, que se estaba con-virtiendo en parte de la cotidianidad, y darles eficacia e impulso a los procedimientos que tenan como objetivo la bsqueda de la ver-dad, se establecieron unos organismos de ca-rcter no judicial, denominados comisiones de verdad. Estas brindan apoyo especial en la labor investigativa, gozan de plenas compe-tencias al momento de ejecutar sus funciones, que debe tener como caracterstica principal la imparcialidad. El fin de este rgano es en-contrar esa informacin exenta de vicios para darle publicidad y prevenir la ejecucin de futuros comportamientos violatorios.

Estructura jurdica del derecho a la verdad

En Colombia, particularmente, la doctri-na tiende a aceptar sin mayor discusin la natu-raleza jurdica del derecho a la verdad como un derecho vigente, sin adentrarse en la discusin de la naturaleza formal del mismo. Para Rincn (2010) el sustento jurdico est en los principios de la ONU, especialmente gracias al reconoci-miento jurisprudencial que la CRIDH ha venido haciendo a lo largo de sus sentencias. Por otra parte, para Uprimny y Saffn (2009, citado en Gamboa, s.f.) el fundamento internacional es la jurisprudencia interamericana, que al ser la interpretacin autorizada de un tratado ratifica-do por Colombia se convierte en una norma de valor constitucional va bloque de legitimidad.

Lo cierto es que, como bien lo expone Naq-vi (2006) el derecho a la verdad no se encuentra refrendado per se en ningn instrumento jurdico internacional, ni a nivel universal ni en sistemas regionales. No existe actualmente ningn instru-mento de hard law que consagre una obligacin convencional sobre derecho a la verdad a excep-cin de la referencia al derecho a los familiares de las vctimas del convenio de Ginebra.

Sin embargo, las fuentes del derecho in-ternacional pblico son ms amplias que los tratados, tal como lo determina el mismo art-culo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (1948) por lo que se hace necesario interrogarse sobre su naturaleza consuetudina-ria o de principio legal. Respecto de la primera, resulta interesante revisar que pareciera existir una prctica general y reiterada de los pases a utilizar sistemas de investigacin y construc-cin de la verdad histrica luego de un episodio de graves violaciones de derechos humanos.

El conjunto de principios actualizados sobre los derechos de las vctimas en la lucha contra la impunidad tiene como base el docu-mento Joinet y se adeca a las necesidades y experiencias del siglo XXI, pero no tiene valor vinculatorio.

Tampoco es posible determinar sin discu-sin que, por la existencia generalizada de comi-siones de la verdad en el mundo, puede hablarse formalmente de un derecho consuetudinario. La discusin doctrinaria en la materia se funda-menta principalmente en la exigencia de ciertos elementos para determinar la existencia de una costumbre internacional en lo concerniente a derechos humanos. El profesor Meron (1989) seala que como mnimo, tanto la definicin de la norma bsica como los rasgos generales de la misma deben haber sido generalmente acepta-dos. En ello discute la doctrina, con opositores a su estructura como Mndez (1998) o Naqvi (2006), que sostienen que se trata de un derecho de naturaleza diferente, o bien surtido de trata-dos o bien por fuera del derecho.

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Un nutrido sector de la doctrina ha afir-mado que el derecho a la verdad ha alcanzado la categora de norma de derecho internacional consuetudinario, y que del anlisis del dere-cho internacional humanitario consuetudinario a cargo del Comit Internacional de la Cruz Roja lo incluye en referencia personas desa-parecidas como una costumbre aplicable tanto a conflictos nacionales como internacionales. Sin embargo, se debe hacer examen del cum-plimiento de ciertos requisitos exigidos en el Derecho Internacional de los Derechos Huma-nos: un elemento material basado en la prctica reiterada (usus) y un elemento psicolgico, que es la obligatoriedad jurdica de los comporta-mientos que la integran (opinio iuris); para la aprobacin de dichos requisitos la doctrina ha establecido tres clases de indicadores, a saber: i) Grado en que el derecho se reconoce en otros tratados e instrumentos, ii) medidas adoptadas internamente por los Estados para adecuarse a la respectiva regla y iii) Existencia de clusulas restrictivas contra esa prctica.

En cuanto al primer requisito, como ya se ha mencionado anteriormente aparte del Con-venio I de de Ginebra, que no es suficiente al limitarse a casos de personas desaparecidas, no existe actualmente un tratado o algn documen-to que dote de suficiente autonoma el derecho internacional de la verdad y deje de ser visto como un articulado en conexin a la violacin de otro derecho fundamental. Pero con base en otros instrumentos cabe resaltar que el derecho a la verdad ha sido citado, mencionado, referen-ciado, definido y exaltado como un derecho por s mismo y como una modalidad de prevencin frente a otros delitos que se ven coligados con el mismo; como prueba de lo anterior, el Comi-t de Derechos Humanos, as como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconocieron el derecho a saber y conocer como un modo de pre-venir la tortura psicolgica de los familiares de aquellos que han sido vctimas (PIDCP, arts. 7 y 23, s.f.; CDN, art. 8, s.f.). La Comisin y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reco-nocido de igual forma el derecho a saber como

un recurso directo y como un requisito para la garanta de otros derechos fundamentales y pro-hibicin de delitos tales como la tortura, ejecu-ciones extrajudiciales y en general todas aque-llas conductas tendientes a poner en peligro los derechos fundamentales. Por otra parte, encon-tramos las resoluciones que ha emitido el Con-sejo Econmico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de igual forma las declaraciones del secretario general y del alto comisionado para los Derechos Humanos son una prueba slida e irrefutable del cumplimien-to de este requisito de la verdad como derecho consuetudinario.

En ese sentido, Leandro Despouy, relator especial sobre los derechos humanos y los esta-dos de excepcin (E/CN.4/Sub.2/1997/21), en su 8 informe anual: documento de la ONU E/CN.4/Sub.2/1995/29 Corr. 1, sostiene que en la reunin de expertos concluyeron que el derecho a la verdad ha alcanzado la categora de norma del derecho internacional consuetudinario.

Con base en el segundo requisito propues-to, la confirmacin de la prctica reiterada, uni-forme y pblica en el derecho nacional es una seal que indica el reconocimiento de concien-cia que tienen los pueblos de que una prctica es creadora de derecho. En el mbito de la ver-dad se pueden distinguir alrededor de unas 32 comisiones de verdad (Amnista Internacional, http://www.amnesty.org/es/international-justi-ce/issues/truth-commissions) que han surgido en frica, Amrica y Europa, en pases que han presentado conflictos armados con graves vio-laciones de derechos humanos.

Respecto de Colombia en particular, no cabe duda de su opinio juris en la materia, pues-to que en la respuesta que se dio sobre la nota verbal del 15 de julio de 2005 de Oacnudh, la cual necesitaba recolectar informacin sobre el derecho a la verdad en resolucin 2005/66, con respecto a esto, Colombia afirm que este se trataba de un derecho de carcter autnomo en el mbito internacional. De igual modo la



Corte Constitucional de Colombia, en sentencia T-249 de 2003 y sentencia C-228 de 2002, re-conoci el derecho a la verdad a las vctimas de violaciones de sus derechos humanos.

En el caso colombiano es importante re-saltar, como una parte de la prctica, el recono-cimiento que la ley 975 de 2005 (Ley de justicia y paz) hace al derecho a la verdad. Esta ley ha abogado por la conciencia de aceptacin de su naturaleza como derecho nacional, lo que con-lleva a aportar al reconocimiento como derecho internacional consuetudinario.

Respecto del ltimo requisito referente a la inexistencia de medidas que restrinjan la prc-tica, habida cuenta de que las comisiones de la verdad son acordes a los derechos humanos re-conocidos internacionalmente y en algunos ca-sos considerados como parte del jus cogens, las prcticas que tiendan a proteger el derecho a la verdad no solamente son internacionalmente lci-tas sino que incluso pueden estar protegidas por el derecho internacional. Por otra parte, si bien en algunos pases existen normas de amnista que prohben abrir investigaciones sobre ciertos hechos, la jurisprudencia internacional (CRIDH, caso Barrios Altos vs. Per, 2001) ha determina-do con vehemencia la incompatibilidad de esas normas con las obligaciones internacionales de derechos humanos, por lo que no puede enten-derse que constituyan restricciones vlidas al ejercicio de las prcticas tendientes a consagrar como costumbre el derecho a la verdad.

Desarrollo jurisprudencial respecto al derecho a la verdad

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Convencin Americana de Derechos Humanos no consagra un derecho autnomo a la verdad, lo que implica que la Corte Inte-ramericana de Derechos Humanos no pueda tampoco protegerlo como tal, sin embargo, la Corte en ciertos pronunciamientos declara la

vulneracin del mismo. Los casos sobre los que ha decido son principalmente el caso Bmaca Velsquez, sentencia del 25 de noviembre de 2000; caso Barrios Altos, sentencia del 14 de marzo de 2001, y caso Castillo Pez, de 1997. En los tres anteriores la Corte, como ODonnell (2004) afirma:

() El derecho a la verdad se encuentra sub-sumido en el derecho de la vctima o sus fa-miliares a obtener de los rganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspon-dientes, a travs de la investigacin y el juz-gamiento que previenen los artculos 8 y 25 de la convencin.

Atenta contra los artculos 8 y 25 de la Convencin Americana de Derechos Huma-nos, porque violenta la libertad de pensamien-to y de expresin, y la proteccin judicial, ya que al no garantizarse este privilegio se est negando a la persona el derecho a recibir in-formacin sobre las circunstancias en las que consistieron el delito.

Aunque la Corte no se ha pronunciado de manera reiterada sobre el derecho a la verdad, la Comisin Interamericana de Derechos Hu-manos s lo ha realizado varias de veces, mos-trando de esta manera la evolucin del mismo, ya que afirma que este privilegio surge como la interaccin de unas obligaciones y derechos consagrados en el derecho internacional. En el caso Garca Franco (1997), relacion el dere-cho a un recurso al afirmar:

Este derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido se basa tambin en la necesidad de informacin que permita reivindicar otro de-recho. En el caso de la desaparicin de una persona, los familiares tienen derecho a co-nocer con certeza la suerte corrida por la vc-tima, no solo para saber exactamente cmo se violaron sus derechos, sino tambin para hacer efectivo su propio derecho a ser indem-nizados por el Estado. Conforme a la legisla-cin, el derecho a una indemnizacin civil no

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puede ejercerse sin una determinacin judicial de responsabilidad penal.

La CIDH en el caso () Medina Charry, 1998, vincula el derecho a la verdad con la obli-gacin del Estado a investigar hechos violato-rios de los derechos humanos () (ODonnell, 2004).

En el caso Parada Cea, la CIDH declara que el derecho a la verdad es una obligacin del Estado que tiene con los familiares de las vc-timas y con la sociedad como consecuencia del derecho a un recurso y del derecho al debido proceso; la CIDH (1999) afirma:

El derecho a la verdad () constituye una obligacin que el Estado tiene con los fami-liares de las vctimas y con la sociedad, como consecuencia de las obligaciones y deberes asumidos por dicho pas en su calidad de Es-tado Parte de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos. Tales obligaciones sur-gen fundamentalmente de lo dispuesto en los artculos 1(1), 8, 25 y 13 de dicha convencin.

En el caso Romero (1995), a manera de sntesis del contenido del derecho a la verdad, la CIDH afirma:

El derecho que tienen toda persona y la so-ciedad a conocer la verdad ntegra, completa y pblica sobre los hechos ocurridos, sus cir-cunstancias especficas y quines participaron en ellos, forma parte del derecho a reparacin por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfaccin y garantas de no repeticin. El derecho de una sociedad a co-nocer ntegramente su pasado no solo se erige como un modo de reparacin y esclarecimien-to de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones.

Segn ODonnell (2004), la Comisin In-teramericana de Derechos Humanos indica en su jurisprudencia:

() Que ni el resarcimiento de los familiares de una vctima ni las investigaciones llevadas

a cabo por una comisin que carece de poder sancionatorio cumplen plenamente con el de-recho de los familiares a un recurso judicial y con la obligacin del Estado de sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos (ODonnell, 2004).

En la jurisprudencia colombiana

Actualmente, la Corte Constitucional afir-ma la existencia del derecho a la verdad, no obs-tante en un principio este derecho no se conside-raba como autnomo, por el contrario, se deca que era un derecho complementario del derecho de libre acceso a la administracin de justicia. Se evidencia lo dicho anteriormente con () dos sentencias fundadoras de lnea, la T-006 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muoz y la T-597 de 1992, M. P. Ciro Angarita Barn (Quinche Ra-mrez, 2009).

Luego, Quinche Ramrez (2009) afirma () con la sentencia T-275 de 1994 que el derecho a la verdad, radicado en las vctimas y an sometido hermenuticamente al derecho de libre acceso a la administracin de justicia, comienza a cobrar la autonoma que ostentar definitivamente a partir de 2001.

Por otro lado, la jurisprudencia de la Cor-te Constitucional, de obligatorio cumplimiento en cuanto interpreta derechos fundamentales (C-053/01), ha establecido respecto del derecho a la verdad que esta obligacin estatal de in-vestigar y sancionar es tanto ms intensa cuan-to ms dao social haya ocasionado el hecho punible. Y por ello ese deber estatal adquiere particular fuerza en los casos de violaciones de derechos humanos (Corte Constitucional, sen-tencia C-004/03, 20 de enero de 2003).

La Corte Constitucional por medio de la sentencia C - 454 de 2006, afirma:

El derecho a la verdad.

31. El conjunto de principios para la protec-cin y la promocin de los derechos humanos



mediante la lucha contra la impunidad (prin-cipios 1 a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantas: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las vctimas a saber. El primero, comporta el derecho de cada pueblo a cono-cer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetracin de los crmenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresin como parte de su pa-trimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las vctimas, as como sus familiares o alle-gados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se come-tieron las violaciones, y en caso de falleci-miento o desaparicin, acerca de la suerte que corri la vctima.

Esa jurisprudencia ha sido reiterada y am-pliada en mltiples ocasiones, en especial en la sentencia C-370/2006, en que la Corte dedica buena parte del examen de la Ley 975 al estudio de su modelo de construccin de verdad, sobre el entendido de que esta ltima es un derecho de vital importancia para la sociedad.

Por su parte, en la sentencia C- 260 de 2011 vuelve a retomar las garantas de inalie-nabilidad del derecho a la verdad, el deber de recordar y el derecho de las vctimas a saber. Sin embargo, la Corte en esta sentencia hace re-ferencia que el derecho a la verdad () es la posibilidad de conocer lo que sucedi y en bus-car una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particular-mente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (Corte Constitucional, sentencia C - 260, 2011).

Siguiendo este hilo conductor, existe una lnea clara en la Corte Constitucional que tien-de a reconocer la autonoma e importancia del derecho a la verdad como un derecho humano autnomo, un verdadero derecho innominado a

la luz de la Constitucin (artculo 94) que pue-de servir para ponderar otros derechos de igual naturaleza. Esta evolucin se puede verificar en las sentencias T-249/03; C-228/02; C-458/06; C-370/06 y C-260/11.

Por su parte, para la Sala Penal de la Cor-te Suprema de Justicia (2011), el derecho a la verdad es un derecho:

() Del cual son titulares tanto la vctima como la sociedad, apunta a que se determi-ne de manera precisa y exacta la forma como tuvieron ocurrencia los hechos en general lo cual comprende a sus autores, sus motivos, las prcticas utilizadas, los mtodos de finan-ciacin, las colaboraciones internacionales estatales o particulares recibidas, a fin de que salga a la luz pblica ese acontecer oscuro que debe servir a la comunidad para implementar los correctivos orientados a que no vuelvan a ocurrir tales sucesos, as como establecer dn-de se encuentran los secuestrados, los desapa-recidos por la fuerza, amn de integrar lo ms fidedignamente posible la memoria histrica, y en tal medida asegurar que semejantes con-ductas no sucedan de nuevo. (Sentencia de Sala penal, 27 de abril de 2011).

Como el derecho a la verdad hace parte de los derechos de las vctimas, en donde las cortes de Colombia lo entienden como el resarcimien-to no patrimonial que la vctima tiene derecho a conocer, ya que en un Estado social de dere-cho la justicia para las vctimas no se obtiene solamente con una compensacin pecuniaria, () si no que es necesario que se realicen sus derechos a la verdad y justicia. El primero, en cuanto se determine la naturaleza, condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se descubran los responsables de tales conductas (Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, senten-cia n. 26703, 6 de marzo de 2008).

Las dimensiones del derecho a la verdad

As constituido, el derecho a la verdad puede analizarse desde dos perspectivas distintas

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o mejor an, se podra hablar como lo hace Rin-cn (2010) de las dos dimensiones del derecho a la verdad. La primera dimensin es aquella que nace de los tratados de Ginebra y se refiere especficamente al derecho que tienen los fami-liares de una vctima en un conflicto armado. La fuente jurdica normativa de ese derecho es cla-ra (Convenio I de Ginebra, artculo 32, 1949), ha sido reconocida internacionalmente y tiene todos los elementos necesarios para considerar-se un verdadero derecho.

Esa dimensin del derecho a verdad ha sido llevada a otros estadios, pero conservan-do sus elementos fundamentales respecto de la titularidad (en cabeza de los familiares), el contenido de la obligacin (lo sucedido con la vctima) y el responsable de la obligacin (el actor del conflicto o el Estado).

La segunda dimensin del derecho a ver-dad se relaciona ms con la justicia transicional, se refiere al derecho de la sociedad a conocer las causas, modos y consecuencias de una forma ge-neralizada de agresin capaz de causar violacio-nes sistemticas y masivas de derechos humanos.

Este segundo concepto de derecho a la verdad tiene mayores problemticas que el pri-mero, en particular, como ya se explic, por carecer de un sustento jurdico normativo que evidencie su vigencia, y en segundo lugar, por-que a diferencia de la primera dimensin del derecho a la verdad, los elementos estructurales no son claros: por ejemplo, la titularidad del de-recho y de la obligacin no estn bien definidas, as como tampoco est definido con claridad el contenido de la obligacin en cuanto a verdad.

Frente a este segundo tipo de derecho a la verdad, que tiene que ver mucho ms con la sociedad que con el individuo, el desarrollo se ha fundamentado mucho ms en la experiencia que en un instrumento jurdico claro.

La forma de satisfacer el derecho a la ver-dad del segundo tipo se ha visto plasmado fun-

damentalmente en las denominadas comisiones de la verdad, que se han creado a lo largo del planeta desde 1983, en ejemplos diversos y nu-merosos que no parecen regirse por un nico modelo, excepto por el de responder a la nece-sidad de cesar episodios sangrientos de la his-toria de un pas, que bien pudieron darse en el marco de un conflicto armado o simplemente como respuesta a unas violaciones de derechos humanos sistemticas y generalizadas.

Tan solo en Amrica 122 pases han tenido comisiones de la verdad, siete de las cuales han tenido repercusiones en el Sistema Interameri-cano de Derechos Humanos3, que ha utilizado sus conclusiones para determinar la responsa-bilidad de los Estados de la regin en ciertas violaciones de derechos que sucedieron en los casos bajo su examen.

Segn los principios consagrados en los artculos 3 y 4 de la declaracin sobre la pro-teccin de todas las personas contra las desa-pariciones forzadas de 1992, el Estado tiene el deber de recordar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos para as prevenir que surjan tesis negacionistas.

Los mecanismos para garantizarlo, como se mencion, son las comisiones de la verdad, las cuales deben establecerse de acuerdo con las Naciones Unidas (2006):

() De tal forma que queden reflejadas las necesidades, los puntos fuertes y las oportuni-dades nacionales. Esos procesos consultivos deben tener dos propsitos igualmente impor-tantes: promover una mayor comprensin de la labor de la comisin de la verdad y forta-lecer su mandato gracias a las aportaciones recibidas sobre el mandato ms apropiado. Las consultas deben incluir explcitamente a las comunidades de vctimas y a organiza-ciones de la sociedad civil, y deben prever un perodo suficiente para introducir aportacio-nes importantes al mandato fundamental de la comisin, as como para recibir observaciones sobre los proyectos de mandatos especficos a medida que se vayan elaborando (...).



Esfuerzos en Colombia respecto del derecho a la verdad

La verdad en algunos pases se constitu-ye como parte fundamental de la justicia tran-sicional; ejemplo claro de ello se encuentra en Colombia, que con la Ley de Justicia y Paz pre-tende brindar verdad, justicia, paz y reparacin; lo que para algunos, en lugar de ser benfico, es perjudicial para la sociedad, ya que todo lo que se cobija por los anteriores objetivos queda en el marco de la impunidad, estiman que es pre-ferible, en situaciones como la colombiana, en-fatizar ms en la justicia restaurativa que en la transicional (Hoyos, 2007). La diferencia en-tre ambas radica en su fundamento, donde en la primera se entiende que la reparacin prevalece sobre cualquier otro elemento, mientras que la segunda, con un fundamento de carcter inter-nacional, busca justicia con base en la verdad, de la cual se desprendera la reparacin y la re-forma de las instituciones (Hoyos, 2007).

A partir del ao 2005, con la expedicin de la Ley 975 del 2005, Colombia empez una etapa de justicia transicional que a partir de 2010 vendra a complementarse con otras nor-mas (leyes 1424 y 1448).

Segn Correa (2007), en Colombia se opto por la verdad judicial para el proceso de reinsercin, pero los artculos 7 y 54 de la ley 975 de 2006 dejaron abierta la posibilidad de que se recurra a las comisiones de la verdad y con relacin a la tercera esta puede expresar-se sin ningn aval de tipo legal. En estas con-diciones, la verdad que resulte del proceso de reinsercin ser pues la convenida, permitida, registrada, en fin, tamizada por el poder.

El problema de la forma de elaboracin de la verdad en el proceso de justicia y paz lo seala Alexander Gonzlez Chavarra (s.f.) en el texto Justicia transicional y reparacin a las vctimas en Colombia, donde dice

El acceso de las vctimas a la verdad depen-de de la disposicin de los actores armados

ilegales desmovilizados para confesar ple-namente y con todo detalle su participacin individual o colectiva en actos violatorios de los derechos humanos y del derecho interna-cional humanitario, lo que constituye de por s su compromiso fundamental con la justicia colombiana para hacerse acreedores a la pena alternativa en la perspectiva de la justicia tran-saccional.

Respecto al acceso a la verdad, se presen-tan tres situaciones problemticas relevantes. Primero, la anuencia de los desmovilizados a confesar plenamente sus crmenes. En la me-dida que la capacidad institucional del sistema de justicia se ve desbordada por la magnitud de los procesos en marcha o los crmenes docu-mentados, la veracidad de la confesin depende normalmente de la buena fe del versionado. Los procesos en marcha muestran que este compro-miso no se cumple a cabalidad.

Segundo, el problema de armonizar, por una parte, las expectativas de las vctimas de conocer la verdad, su necesidad de registrar los hechos, interrogar y contrainterrogar a sus vic-timarios y, por otra, los requerimientos propios del proceso judicial en el que las versiones li-bres constituyen una de las primeras etapas de juzgamiento donde se plantean problemas de reserva y confidencialidad de las declaraciones, lo que implica restringir efectivamente la parti-cipacin de las vctimas.

Tercero, se tiene la decisin de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramili-tares desmovilizados en julio de 2008. El Conse-jo Superior de la Judicatura, rgano competente en el tema, consider que esta decisin no vio-laba los derechos de las vctimas. Sin embargo, la extradicin de estos cabecillas ha generado un problema importante de coordinacin interinsti-tucional entre la Fiscala colombiana y las auto-ridades judiciales en Estados Unidos para desa-rrollar interrogatorios conjuntos, para lograr la transmisin de las audiencias de tal forma que las vctimas puedan escuchar los relatos e inclu-so plantear preguntas a los versionados.

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Por ltimo, para dirigir los interrogatorios en funcin de las necesidades del proceso tran-saccional, se debate si el proceso se ha desviado y lo importante termina siendo el rasgo parti-cular de narcotraficantes de estos extraditados o si siguen conservando su carcter de actores armados ilegales desmovilizados que entraron bajo ciertas condiciones definidas a un proceso de paz con el gobierno colombiano y con unas obligaciones frente a sus vctimas.

Esto gener, adems, una situacin jur-dica en la que la verdad que se expone dentro del proceso judicial a nivel nacional depende bsicamente de la informacin que manejan los mandos medios y los combatientes rasos de los frentes desmovilizados, dejando de lado la ver-dad sobre las relaciones estructurales de fondo entre paramilitarismo y sectores polticos y eco-nmicos en Colombia.

Por otra parte, como muy bien seala el mismo autor sobre la verdad extrajudicial, este es el complemento de la verdad judicial, pues dice:

La experiencia internacional muestra que, precisamente frente a las limitantes del proce-so judicial como fuente de verdad para las vc-timas, las comisiones de la verdad adquieren todo su valor como mecanismo institucional complementario del proceso judicial para lo-grar cumplir con este requerimiento.

A su vez, la Ley 975 estableci inicial-mente la creacin de la Comisin Nacional de Reconciliacin y Reparacin, dentro del cual se cre el grupo de Memoria Histrica, que tie-ne como objetivo crear los informes sobre los hechos graves de los que se vaya recolectando informacin.

As surgieron los informes de Trujillo Una tragedia que no cesa (2008) y El Salado Esa guerra no era nuestra (2009). Dichos in-formes resultan de una propuesta tcnica mu-cho ms adecuada y apegada a los estndares

internacionales. Hay interdisciplinariedad en su composicin, trabajo de campo y apoyo insti-tucional que se traduce en un informe (el de El Salado) de gran magnitud en cuanto a su difu-sin e importancia.

Este tipo de documentos resultan de gran importancia, excepto por una falencia: al cons-tituir informes aislados sobre hechos muy pun-tuales, que no hacen parte de un gran informe, se desarticula el proceso. Las conclusiones de hechos tan precisos resultan muy relevantes para las vctimas y sus familiares, pero desafor-tunadamente pueden resultar tomndose como ajenas para el resto del pas.

Por otra parte, a un nivel ms general, la Ley 1424 de 2010, establecida para solucionar el problema jurdico de los ms de 31.000 des-movilizados cuya situacin jurdica est inde-finida, establece un mecanismo no judicial de contribucin a la verdad y a la memoria histri-ca. Se trata de generar un medio, acorde con los compromisos internacionales, por el cual los desmovilizados puedan ser indultados.

El problema de esta ley, an antes de que empiecen a funcionar los sistemas del mecanis-mo y se pueda evaluar si cumple o no con los estndares en la materia, es que establece en su artculo tercero, pargrafo primero, que la in-formacin que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artculo no podr, en ningn caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial.

Dicha norma deja sin valor alguno el mecanismo, puesto que la verdad no solo debe tener una importancia histrica sino que justa-mente debe servir para las investigaciones y no tiene sentido crear una limitante que transgreda las reglas del debido proceso y de la prueba.

Una verdad como esta sera una verdad que genera impunidad y eso, lejos de ser el ejer-cicio de un derecho, es la violacin de varios de ellos.



Conclusiones

1. El derecho a la verdad es un verdadero derecho, cuyo reconocimiento a nivel mundial se fundamenta en la costumbre internacional, constituida porque existe una opinio juris desa-rrollada a traves de principios, declaraciones y jurisprudencia, y consolidada por una prctica que se traduce en la creacin de comisiones de la verdad, que tan solo en la regin puede veri-ficarse con 12 casos importantes.

2. El derecho a la verdad tiene dos dimen-

siones claramente establecidas: la primera, de carcter convencional con base en los conve-nios de Ginebra y las convenciones relativas a desaparicin forzada, tiene que ver con los fa-miliares de las vctimas a conocer la suerte y el paradero de sus familiares. La segunda dimen-sin es la de la que se refiere al derecho que tie-ne la sociedad para conocer las causas, modos y consecuencias de los conflictos que generan graves violaciones de derechos humanos. Es un privilegio que surge de la lucha contra la impu-nidad, tiene el valor de costumbre internacional en virtud de la aceptacin de sus rasgos genera-les y tambin de la prctica reiterada y uniforme que se ha dado en materia de comisiones de la verdad en el mundo. Este derecho implica, para su satisfaccin, un deber a cargo del Estado consistente en construir modelos de comisiones de verdad para lograr la investigacin de los he-chos y la difusin de los resultados.

3. El contenido del derecho a la verdad est claramente establecido, tanto en los prin-cipios de Naciones Unidas como en la jurispru-dencia de la CRIDH, por lo que no es posible, actualmente, que un pas parte del SIDH preten-da desconocer sus obligaciones al respecto. En el derecho interno, adems, la jurisprudencia constitucional ha sido suficientemente clara al respecto.

4. El desarrollo jurisprudencial y doctri-nal en Colombia ha dado cuenta de la existencia y reconocimiento del derecho a la verdad como

un derecho humano autnomo. En ese senti-do, la jurisprudencia constitucional, con valor obligatorio en el derecho interno, se convierte en la fuente de exigibilidad del derecho a nivel interno.

5. Esta obligacin interna e internacional implica que el Estado debe adelantar todas las tareas posibles para dar a conocer la verdad, im-plicando especialmente la creacin de comisio-nes de la verdad con funciones adecuadas a los estndares internacionales en la materia.

6. Los esfuerzos nacionales referentes al derecho a la verdad tienen falencias. El infor-me de la CVPJ no cumple absolutamente con ninguno de los requisitos para ser considerado como el cumplimiento del derecho a la verdad de la sociedad. La Ley 1424 de 2010 pretende establecer una herramienta que, lejos de res-ponder al derecho invocado, podra convertir-se en un foco de impunidad, contradiciendo de antemano el principal objetivo del derecho a la verdad. Finalmente, el caso de los informes de las masacres de Trujillo y El Salado dan cuenta de documentos mucho ms adaptados a la natu-raleza de un informe de comisin de la verdad, sin embargo, se trata de temticas muy puntua-les que no estn claramente coordinadas para un informe nacional.

7. Es necesario pensar en un modelo propio de comisin de la verdad que responda a nues-tras necesidades, a las caractersticas de nuestra sociedad y tambin a las caractersticas del con-flicto colombiano. Para eso es necesario que los distintos componentes de la sociedad participen, porque la verdad solo va a ser oda por todos cuando surge de las preguntas de todos.

Notas

1 Dice la Corte son inadmisibles las dispo-siciones de amnista, las disposiciones de prescripcin y el establecimiento de ex-cluyentes de responsabilidad que preten-dan impedir la investigacin y sancin de

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los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por con-travenir derechos inderogables reconoci-dos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

2 Argentina, Bolivia, Brasil, Canad, Chi-le, Ecuador, Guatemala, Panam, Para-guay, Per, El Salvador y Uruguay.

3 Chile: Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin (1990) y Comisin Na-cional sobre Prisin Poltica y Tortura (2003); Ecuador: Comisin de la Verdad, 2010; El Salvador: Comisin de la Verdad para el Salvador,1993; Guatemala: Comi-sin para el Esclarecimiento Histrico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la poblacin guatemalteca, 1997; Panam: Comisin de la Verdad, 2002; Paraguay: Comisin de Verdad y Justicia, 2008; Per: Comisin de la Ver-dad y Reconciliacin, 2003.

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