EN MEMORIA DE LOS INSURGENTES CAÍDOS EN COMBATE

EN EL ASALTO AL CUARTEL DE

CIUDAD MADERA, CHIH EL 23 DE SEPTIEMBRE DE

1965

En tiempos en los que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha devenido vergonzante aceptación judicial investigatoria de su asesinato en la

falaz explicación acuñada por el Estado como la "verdad histórica"; y en momentos de transición

política racionalmente generadora de la esperanza de hallar con vida a los 43 y/o de establecer la verdad

plena de su situación, las fuerzas políticas y los militantes de izquierda estamos convocados a

refrendar la entereza y la consecuencia políticas de los insurgentes de Madera, especialmente cuando la

cuestión esencial se plantea como la tarea vigente de signar su inmortal manifiesto de crítica implacable a

las derechas políticas de todo signo y disfraz.

Por esta nota y la recopilación: RLJ Chihuahua, 23 de septiembre de 2018

AYOTZINAPA:HERIDA ABIERTA• La nueva generación de normalistas,

a la que pertenece Benjamín Galeano, espera respuestas sobre la desaparición de sus 43 compañeros.

• El Centro Prodh y el GIEI trazan rutas en el esclarecimiento del caso.

F O R M A Y F O N D O23 de septiembre de 2018 NÚMERO 246

LAS NUEVAS GENERACIONES DE NORMALISTAS

EN LA ESCUELA ISIDRO BURGOS VIVEN

CON EL RECUERDO DE LOS 43 ESTUDIANTES

DESAPARECIDOS HACE CUATRO AÑOS,

Y MANTIENEN SUS EXIGENCIAS:

VERDAD Y JUSTICIA.

AYOTZINAPA

VIVE...ZEDRYK RAZIEL / FOTO EDGAR MEDEL

TIXTLA.- La tortuga camina lento, pero siem-pre llega a donde va. Para los familiares de las víctimas del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido hace cuatro años en Iguala, la justicia es como la tortuga:

va a llegar.Tarde o temprano.En mayúsculas rotundas, como si gritaran, las

paredes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ad-vierten: “SOY LENTA, PERO IMPLACABLE. ATEN-TAMENTE: LA JUSTICIA”. Y la justicia es repre-sentada con el grabado de una tortuga andando cuesta arriba, a paso difícil.

Debajo dice: “AYOTZINAPA VIVE, LA LU-CHA SIGUE”.

La frase define a la normal rural fundada en 1926: sigue andando, como el animal al que le pesa el caparazón –el hogar, el refugio, el origen–, como la eterna roca a Sísifo.

AYOTZINAPA, CUATRO AÑOS | 7

Esto también lo gritan los alumnos rapados que se juntan en la explanada entechada de su nueva escuela, donde estudian, viven y trabajan:

“¡Ayooootziiii viveeeee!”.A cuatro años, quedan los rastros de otros

huéspedes que ya no están. En un dormitorio, ha-bitan los normalistas que se hacen llamar “Los chaketas”, que en la puerta anuncian que ahí dor-mía El Tun Tún, alias de Marco Antonio Gómez Molina, uno de los estudiantes que fueron vícti-mas de desaparición el 26 de septiembre de 2014. Allí mismo, ese dormitorio tiene pintado en aero-sol, como un aviso de luto: “+43”.

El cuarto de junto es el de “Los Reprimidos”, pe-ro no son los mismos que padecieron el terror de ha-ce cuatro años: Bernardo Flores, Cochiloco; Jorge Ál-varez Nava, Chabelo; José Eduardo Bartolo Tlatem-pa, El Freyz; Julio César Mondragón, El Chilango.

A Mondragón le han dedicado un mural en una pared completa, y en pintura permanece aún el rostro que le arrancaron sus plagiarios, un gru-po de funcionarios de Iguala y narcotraficantes de Guerreros Unidos, según concluyó la CNDH.

Frente a esa barda se pone de pie Benjamín Galeano Morales, de 18 años, que en julio ingre-só a primer semestre y por eso está rapado y todo sudado, porque los alumnos mayores lo ponen a hacer las peores faenas, más ahora que ha inicia-do la temporada de cempasúchil y hay que labrar las tierras de la Normal antes del Día de Muertos.

Como Benjamín, a Ayotzinapa siguen inscri-biéndose decenas de jóvenes nacidos en familias donde la pobreza parece ser un motivo tan con-tundente que no lo merma ni el recuerdo terrible de la “salvajada” cometida en Iguala, como la ca-lifica el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

–Aquí puedo estudiar, puedo comer, la escuela me va a dar de todo. Decidí venir para hacer me-nor la crisis, el problema económico en mi casa; así ya no son tantos gastos allá, y aquí voy a seguir estudiando –dice Benjamín.

–¿Y no tienes miedo por lo que pasó hace cua-tro años?

–A veces me pongo a pensar: “¿qué estoy ha-ciendo aquí?”, si puede que, en un momento ines-perado, nos toque alguna represión y, ni lo quiera Dios, nos suceda lo mismo que a los compañeros. Pero yo vine por el simple hecho de que quiero se-guir estudiando y quiero ser un maestro –explica.

Frente al retrato de El Chilango, que parece mi-rarlo entre flores dibujadas, Benjamín cuenta qué apodo le pusieron a él sus compañeros de la Normal.

–Me dicen El Inmortal, porque me parezco a otro compañero de segundo que también le dicen así.

Hay normalistas que no morirán.

LOS FAMILIARES: MÁS INDIGNADOS“Bienvenidos a su escuela”, le dice Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 desaparecidos, al representante de la ONU Jan Jarab. Tras él, llegan el ombudsman Raúl González Pérez y los comi-sionados de la CIDH que asumieron supervisar

la investigación del gobierno mexicano del caso Iguala y que ese día, 3 de septiembre de 2018, es-tán en la Normal para entregar un informe sobre sus actividades.

Los padres y madres de los normalistas se emocionan, los reciben con abrazos y besos, les ponen música, les regalan cadenas de flores sem-bradas en las tierras de la escuela. Les agradecen, les dicen que a ellos sí les tienen confianza.

“Les damos las gracias por haber venido aquí, a su casa, la casa que también se convirtió en la de nosotros”, les tiende la mano Hilda Hernández, que vive en una de las aulas donde estudió su hijo, César Manuel González.

“Los abrazamos, los apapachamos, y que Dios los bendiga por seguir con nosotros. ¡Los quere-mos mucho!”, dice.

Y el comisionado de la CIDH Ernesto Vargas no sabe ni cómo dirigirse a los familiares de los desaparecidos.

“Ni siquiera por cuestiones formales soy ca-paz de decir buenas tardes”, confiesa. “Como di-ce el Himno de mi país (Colombia): para ustedes, no ha cesado la horrible noche que empezó ese 26 de septiembre del año 2014”.

Los padres y madres de las víctimas se sientan de frente a los funcionarios en la explanada de la Normal. Al fondo permanecen vacíos 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes.

“Nadie puede medir el dolor –porque es in-conmensurable– que ustedes han sentido”, les dice Vargas.

“Su incansable búsqueda de verdad y justicia ha tocado nuestros corazones, como los de miles de personas”, comenta Jarab.

“Dentro de unos días se cumplen los cuatro años de la desaparición forzada de sus hijos”, ter-cia la comisionada Esmeralda Arosamena, relato-ra de la CIDH para México, “43 muchachos que no sé cuáles estarían ya graduados y cuáles esta-rían dando sus clases”.

Arosamena suaviza la voz, dice que ella com-prende, que también ella es normalista, y entre las familias hay quien ya llora por los hijos que debe-rían estar aquí.

Frente a los pupitres vacíos hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, Madre de todos, de cuyos labios nacen palabras que les hablan a los que aquí sufren: “Su dolor es mi dolor”.

La misión de expertos visitó la Normal a prin-cipios de septiembre para presentar el informe anual del Mecanismo de Seguimiento al caso Igua-la acordado por el gobierno mexicano y el Gru-po Interdisciplinario de Expertos Independien-tes (GIEI).

A casi cuatro años del asesinato de seis perso-nas y la desaparición de los 43, los padres y ma-dres de los jóvenes no se han cansado: creció la ra-bia y la indignación hacia el Gobierno que ya se va.

“Le decimos a Peña Nieto que esta lucha de los 43 muchachos va a ser su pesadilla, y, cuando se tenga que ir de este mundo, va a pensar en to-do esto que nosotros estamos sufriendo”, vatici-na Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava.

Los padres y madres de los normalistas se emocionan, los reciben con abrazos y besos, les ponen música, les regalan cadenas de flores sem-bradas en las tierras de la escuela. Les agradecen,

“Les damos las gracias por haber venido aquí,

reforma.com/Ayotzi4

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Rondalla Romance de la Normal se reúne en la explanada y entona una canción dedicada a los estudiantes:

“La nostalgia llega a mí, Me dan ganas de llorar, Porque tú en mi corazón siempre estarás”.Ya hay quien llora. Los padres y madres de

los desaparecidos se consuelan entre ellos. Sólo ellos pueden.

PERSISTEN LAS DUDASEse 3 de septiembre, el Comité Estudiantil de Ayo-tzinapa hizo notar que, el mismo día en que los fa-miliares de los 43 recibían el informe de la CIDH en Ayotzinapa, el Presidente Enrique Peña Nie-to presentaba su último Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

El ombudsman González Pérez, presente en la Normal, subrayó el contraste: es la primera vez que un titular de la CNDH no asiste a un Informe presidencial.

Y mientras el Presidente Peña cerraba su man-dato con la defensa de la “verdad histórica” de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, los expertos señalaban que las desapa-riciones campean en México: hay más de 37 mil

registros de personas desaparecidas, según el úl-timo reporte oficial.

“Esta salvajada (cometida el 26 de septiem-bre de 2014) visibilizó la aparente normalidad que existía: visibilizó esa geografía del horror que sig-nifican las desapariciones en este país”, dijo Gon-zález Pérez.

El horror, esta tragedia, no conoce de división política entre los estados del país, asentó Jarab, re-presentante del Alto Comisionado de la ONU pa-ra los Derechos Humanos.

“El caso de los 43 de Ayotzinapa no ha eclip-sado los demás casos de desapariciones en Méxi-co, sino ha visibilizado toda la tragedia de la des-aparición que vive el país en tantos lugares y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado.

“Ustedes”, se dirigió a los familiares, “se han convertido en símbolos de algo que va más allá del propio caso, de la lucha de tantas familias de personas desaparecidas por la verdad y justicia en todo México: en Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Mi-choacán, Sinaloa, Jalisco...”, enlistó.

Los expertos y los familiares de los normalis-tas criticaron a Peña Nieto porque, lejos de cum-plir las recomendaciones del GIEI y los forenses argentinos (EAAF), su Administración obstruyó el derecho de las familias a conocer la verdad y a obtener justicia.

“A la fecha, no se han realizado cambios en la narrativa para enfocar las líneas de investigación, y se tiene que dejar de una vez por todas esta po-sición que (...) el señor Presidente saliente plan-tea como ‘verdad histórica’ para completar la in-vestigación. Lo que la Comisión ha rechazado. Lo que la Comisión no acepta”, asentó la comisiona-da Arosamena.

“Las autoridades parecen estar regresando a la versión anterior”, advirtió Jarab. “Es preocupante, porque sabemos que el GIEI ha hecho un análisis contundente de las deficiencias y contradicciones de esta versión anterior.

“Y porque sabemos que las investigaciones fo-renses de los hechos presentadas por la PGR en la fase anterior han sido desacreditadas por el Equi-po Argentino de Antropología Forense (EAAF) y otros expertos independientes”.

El informe de la CIDH establece que ningún implicado en el caso Iguala ha sido consignado por el delito de desaparición forzada; tampoco ha habido nuevas detenciones por acción u omi-sión de funcionarios que podrían haber participa-do en el crimen.

“Todo el tiempo estuvo obstaculizando las in-vestigaciones: cuatro años de sufrimiento, de rabia. Yo, en lo personal, no aguanto la rabia. ¡Y entiéndan-me!, ¡tengo mucho coraje y mucha decisión, tam-bién, para decirle a Peña Nieto que todo lo que ha hecho es basura, no puede ser otra cosa!”.

Epifanio señala las 43 butacas vacías y dice que ojalá los propios muchachos estuvieran aquí para agradecer personalmente todo lo que estos funcio-narios han hecho por sus familias.

Pero no están. Hilda Legideño mira a su alre-dedor a los alumnos que cargan las herramientas para el cultivo de cempasúchil. Su hijo, Jorge Anto-nio Tizapa, está entre las víctimas de desaparición.

“Es muy difícil estar aquí en la Normal y ver a los jóvenes que están estudiando. Nuestros hijos ya habrían egresado el año pasado”, se acuerda.

¿Y quiénes estarían ya dando clases en las pri-marias pobres, como decía Arosamena?

Felipe de la Cruz tuvo esa fortuna: su hijo, Án-gel Neri, sobrevivió al ataque; hizo el concurso de oposición para obtener una plaza magisterial y aho-ra es maestro en una primaria de Tlapa, en la re-gión de la Montaña Alta de Guerrero.

“Pero trabaja con las secuelas de esa noche, que de repente lo alteran, lo desesperan y lo siguen las-timando”, lamenta De la Cruz.

Las heridas afloran y hay que sanarlas. La

Víctor Gerardo Díaz, director de la Escuela Normal Rural ‘’Raúl Isidro Burgos’’ de Ayotzinapa.

Le decimos a Peña Nieto que esta lucha de los 43 muchachos va a ser su pesadilla, y, cuando se tenga que ir de este mundo, va a pensar en todo esto que nosotros estamos sufriendo”.

Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava

vestigaciones: cuatro años de sufrimiento, de rabia. Yo, en lo personal, no aguanto la rabia. ¡Y entiéndan-

CÉSAR MARTÍNEZ

Sólo una firma haría falta para que An-drés Manuel López Obrador mues-tre que su Administración tiene la vo-luntad de resolver el caso Ayotzinapa.

Una firma que, según los defensores que acompañan a los padres de los normalis-tas desaparecidos, debería llegar en los pri-meros 10 días de Gobierno.

Para Mario Patrón y Santiago Agui-rre, director y subdirector, respectivamen-te, del Centro de Derechos Humanos Mi-guel Agustín Pro Juárez, la emisión de un Decreto Presidencial que instruya a toda la Administración Pública Federal a coope-rar con el caso lograría algo que no se pu-do en cuatro años con Enrique Peña Nie-to: pasar de las declaraciones a compromi-sos con trascendencia jurídica.

Ese planteamiento, adelantan los re-presentantes del Centro Prodh, será el que le lleven los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa al Presiden-te electo, cuando se reúnan –por primera vez después de las votaciones– el próxi-mo miércoles 26 de septiembre, al cum-plirse cuatro años de los hechos de Igua-la, Guerrero.

Ese día, los familiares tendrán una re-unión privada con el próximo Presiden-te de México, y posteriormente ofrecerán una conferencia en el Museo Memoria y Tolerancia, en la que además participarán la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Uni-das para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Dere-chos Humanos (CNDH).

‘AMLO puede ac en sus primerDESDE LOS PRIMEROS DÍAS DE

PRESIDENTE PODRÍA MOSTRAR UN

PARA ESCLARECER EL CASO IGU

LOS PADRES DE LOS 43 EL PRÓ

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Tolerancia, en la que además participarán la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Uni-das para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Dere-

También advierte por la posible responsabili-dad del Ejército en la destrucción o pérdida de ar-mas asignadas a la Policía Municipal de Iguala tras los hechos del 26 y 27 de septiembre.

El comisionado Vargas enfatizó que, a cuatro años de la desaparición de los normalistas, aún no se cuenta con una investigación profunda del uso de los hornos crematorios de la región: “¿quién los ha usado?, ¿en qué época los usaron?, ¿qué consumo de gas tuvieron en el tiempo de los he-chos?”, cuestionó.

Añadió que el Gobierno mexicano aún debe esclarecer dudas sobre la participación de la Poli-cía de Guerrero en el crimen; preguntas de las que, dijo, los familiares de las víctimas exigen respuesta:

“¿Por qué hubo reuniones en el Centro de Co-mando, Control, Comunicaciones y Cómputo, es decir, el C4, en la tarde del 26 de septiembre; es decir, poco antes de que ocurrieran todos esos he-chos de violencia ciega que se desataron ese mis-mo día por la noche? ¿Es que realmente funcionó allí un centro de coordinación? ¿Qué era lo que estaban planificando? ¿Qué era lo que coordina-ban desde el C4? ¿Por qué la Policía Estatal cui-daba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de (octubre) de 2014, si éste se descubrió, a través de una llamada anónima, el 26 de octubre de ese año? Es decir, 21 días antes del descubrimiento, ya estaba la Policía cuidándolo. ¿Por qué?”, cuestionó.

A pesar de las múltiples interrogantes, los ex-pertos expresaron confianza en el gobierno entran-te, que ha tendido un puente con las familias de las víctimas a través del próximo subsecretario para Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas.

Pero los padres y madres de los 43 mantie-nen sus dudas.

“Esperemos que sea una buena señal; no con-fiamos, porque nos han defraudado las autorida-des mexicanas”, advierte Hilda Legideño.

LA ESCUELA, NUEVO HOGARUna banda de guerra y un grupo de danzantes conducen en una columna a los expertos y defen-sores de los derechos humanos que han visitado la Normal. Al llegar a la entrada de la escuela, los alumnos de primer ingreso declaran su sacrificio:

“Dondequiera que la muerte nos sorprenda, bien-venida sea”, dice una pancarta que sostienen “los pelones”. Y otra: “Mis padres me dijeron: te vas a estudiar, pero si hay problema te pones a luchar”.

“Yo creo que en esta lucha, si a mí me llega-ran a... Dios no lo quiera, ¿verdad?... me dan un plomazo, o que llegara a morir por la Normal, se-ría un orgullo para mí, porque yo estaría pelean-do por algo justo”, observa Alejandro Valle, El Cu-bano, de 22 años.

“Yo no tengo miedo, la verdad”, secunda Alber-to Tepec Bernal, de 23 años, a quien apodan Chue-co. “Si yo hubiera visto que están agrediendo a un amigo, pues yo lo ayudo; aquí, como se nos ha di-cho, formamos parte de una familia”, dice.

Esta familia se ha ido sanando a sí misma a cuatro años del ataque a los normalistas, resume

Víctor Gerardo Díaz, director de la escuela des-de abril de 2017.

“Me entregaron una escuela totalmente ol-vidada, destrozada por los acontecimientos del 26 de septiembre, con unos alumnos desorienta-dos”, resume.

“No sabían qué hacer: si estudiar o ir a buscar a sus compañeros; una escuela con el desánimo de los chavos, pero creo que poco a poco han ido aga-rrando esa motivación, sin olvidar que tienen que estar en busca de sus 43 compañeros”.

La escuela misma se los recuerda en cada re-trato de los desaparecidos. El comedor de la ins-titución está tapizado con sus rostros, que los ob-servan en el acto vital de alimentarse.

Una pintura de Genaro Vázquez les instruye: “futuro maestro: tu salario se desprenderá direc-tamente de tu pueblo”, y la de Lucio Cabañas les exige: “oprimido y explotado: a quienes sus hijos educarás, serás guía de su libertad”.

Están ahí los murales de Marx, Engels, Le-nin, El Che y Zapata; se repiten las representacio-nes de un policía o un soldado matando a balazos o a palos a un estudiante. Está la pintura de una mujer y un hombre de mirada triste: “La madre” y “El padre”, se llaman.

“Esta escuela ha sido siempre de lucha”, di-ce Díaz. “Yo, como director, no vine a quitarle su esencia, que siempre ha sido académica también, a pesar de las luchas políticas que tiene. No estoy tratando de impedirles el camino de la lucha; lo que sí, siempre he dicho que un alumno de Ayotzi-napa, que se forma y tiene la academia suficiente, en la lucha tiene las herramientas y los argumen-tos para defenderse ante cualquier autoridad tira-na que quiera abusar del poder”.

Un mural por el segundo aniversario de la des-aparición de los 43 muestra a la Catrina tapándo-le la boca a una estudiante. “Que se sepa que no estuvimos de acuerdo”, dice lo que parece más un epitafio.

–¿Tu familia no intentó convencerte de no ve-nir a estudiar aquí?

–Yo tenía que trabajar, no me alcanzaba el suel-do que me estaban dando como albañil –explica El Cubano–. Pensé: “si la escuela me brinda todo, adelante, me vengo para acá”. Agarré mis male-tas, le dije a mi mamá: “me voy a la Normal”. Ella me dice: “hijo, cuídate mucho”. Y comenzó a llo-rar mi mamá –se acuerda.

Los jóvenes dejaron sus casas, pero los reci-bió otra familia.

Lo dice la canción de la Rondalla Romance de-dicada a Ayotzinapa: “eres la esperanza del hogar”.

Como la tortuga, los normalistas y los fami-liares de los desaparecidos cargan con su casa en las espaldas; la llevan a donde van, a donde ya lle-gan lentamente, marchando, como cada 26 de septiembre.

“Ayotzinapa”, dice la canción, “tienes un jar-dín de juventud”.

Crecen los normalistas en sus tierras, donde el cempasúchil estará en noviembre maduro para guiar a los que regresan.

AYOTZINAPA, CUATRO AÑOS | 11REVISTA R REFORMA >> Domingo 23 de septiembre de 2018

O puede actuar en sus primeros 10 días’

E SU GOBIERNO, EL PRÓXIMO

OSTRAR UNA VOLUNTAD REAL

GUALA. ASÍ SE LO PEDIRÁN

ÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE.

“La emisión de un decreto, como uno de los primeros actos de Gobierno del nue-vo Presidente, en donde instruya a toda la Administración Pública a comprome-terse con la verdad y a ayudar institucio-nalmente a la independencia de la inves-tigación, sería un acto de voluntad políti-ca indubitable, que no se quedaría ya en la disposición ante los medios de comunica-ción, sino como un acto formal con rele-vancia y trascendencia jurídica”, plantea Mario Patrón.

“El Gobierno empieza el 1 de diciem-bre, el 10 de diciembre es el Día Interna-cional de los Derechos Humanos, el día de la declaración universal; entonces, esos primeros 10 días podrían ser claves y tener un contexto inminentemente ideal para hacer una expresión tan clara y contun-dente como la emisión del decreto”, agrega.

UNA NUEVA OFICINA INVESTIGADORASi bien un decreto presidencial firmado por AMLO mandaría el mensaje de que la verdad no está dicha, los representantes de los padres de Ayotzinapa están conscien-tes de que, para encontrar la verdad, se de-be construir también un nuevo andamia-je institucional.

Y, para ello, en los primeros 100 días del nuevo Gobierno se debería crear una comisión especial de investigación, acatan-do la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, ya sea dentro de la actual Pro-curaduría General de la República (PGR) o como parte de la próxima Fiscalía General.

Además, en ese plazo también se debe-rá concretar un programa de incentivos ju-rídicos que permita romper los pactos de si-

lencio creados entre criminales, pero tam-bién entre funcionarios; así como formalizar un nuevo convenio de asistencia técnica en-tre la futura Cancillería y la CIDH.

“El nuevo Gobierno habló en algún momento de que se necesita una Comi-sión de la Verdad; en realidad ya el Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen-dientes (GIEI) tuteló una parte de la ver-dad, lo que necesitamos es una Comisión Especial de Investigación, que termine de indagar las responsabilidades y que deter-mine el paradero de los estudiantes”, sen-tencia Santiago Aguirre.

Aunque la PGR tiene una Oficina de In-vestigación del Caso Iguala, a cargo de Al-fredo Higuera Bernal, ésta no se encuen-tra formalizada en la estructura orgánica de la Procuraduría, lo que le resta autonomía.

Por ello, Mario Patrón advierte que algunos funcionarios de la actual PGR no podrían permanecer en la nueva comisión investigadora.

“En la Agencia de Investigación Crimi-nal (AIC) donde estuvo Tomás Zerón de Lucio, ahora está Omar García Harfuch, que incluso es uno de los nombres que aparece en la libreta de Sidronio Casarru-bias (líder de Guerreros Unidos) y que por lo tanto tendría que ser una persona inves-tigada alrededor del caso”, plantea Patrón.

“Se tendría que hacer una nueva desig-nación del equipo, nosotros como coadyu-vantes hemos conocido a fondo ese equipo y sabemos que hay personas muy valiosas, muy comprometidas que tendrían que se-guir en el caso, pero hay otras que tendría que ser relevadas, justamente por su con-flicto de interés”.

Sobre los incentivos para romper con pactos de silencio, Santiago Aguirre recuer-da que la Ley Federal de Delincuencia Or-ganizada contempla beneficios para quie-nes aportan información, pero esta figura no se ha querido usar en el caso Ayotzinapa.

Sin dar nombres, Aguirre refiere que personas detenidas por otros delitos e in-cluso funcionarios del Gobierno federal sa-liente podrían contar con información va-liosa sobre el caso Ayotzinapa.

Reducción de penas, estar en prisión en ciertas cárceles o brindar protección a familiares serían algunos de los incenti-vos, planteados en la Ley Federal de De-lincuencia Organizada, para quienes brin-den información del caso.

Mientras que en política exterior, otro de los puntos prioritarios que plantearán para los 100 primeros días de Gobierno, confían en que el próximo canciller, Mar-celo Ebrard, pueda marcar una diferencia respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Uno de los retrocesos en derechos humanos que se vivieron en el sexenio de Peña Nieto estuvo muy vinculado con la política exterior”, señala Aguirre, “lamen-tablemente, la Cancillería asumió que el problema de derechos humanos en Mé-xico era de sobreexposición a los órganos internacionales”.

Ebrard, como encargado de la política exterior del país, será quien firme los con-venios de colaboración con organismos co-mo la CIDH o la ONU-DH.

El miércoles, los padres y las madres de los normalistas desaparecidos le entre-garán al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una propuesta de diseño de la Comisión de Investigación para el ca-so Ayotzinapa.

Como pendientes de la investigación, plantearán que se debe indagar a algunos miliares por nexos con el crimen organi-zado en Iguala, Guerrero; profundizar en el análisis de las llamadas telefónicas; así como en la participación de policías de otros municipios, no sólo de Iguala, Cocu-la y Huitzuco, y fijar la responsabilidad de la Policía Federal y el C4 local.

Y, por supuesto, abundar en la línea de investigación que tiene como eje el trasiego de droga de Guerrero a Estados Unidos.

Santiago Aguirre y Mario Patrón, del Centro Prodh, han asumido la representación de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

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12 | AYOTZINAPA, CUATRO AÑOS Domingo 23 de septiembre de 2018 >> REFORMA REVISTA R

INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO

DE EXPERTOS INDEPENDIENTES AFIRMAN QUE

EL PRÓXIMO PRESIDENTE DEBE RECOBRAR LA

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, PERDIDA EN

LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.

CÉSAR MARTÍNEZ

Uno de los principales retos que tendrá la próxima Administra-ción de Andrés Manuel López Obrador será restablecer la con-

fianza en la actual Procuraduría General de la República (PGR), pues sin ella será difícil que cualquier nueva teoría en tor-no a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sea considerada seriamen-te, advirtieron integrantes del que fuera el Grupo Interdisciplinario de Expertos In-dependientes (GIEI).

Entrevistada en la Ciudad de México, la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago advirtió que el simple cambio de nombre a Fiscalía General de la República no será suficiente y enlistó algunas medidas que deberían tomarse, como abolir las “prácti-cas recurrentes” de violaciones a derechos humanos de los presuntos responsables.

OBJETIVOS: Proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Apoyar las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables.

Otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.

“Porque no solamente pierdes la inves-tigación, sino lo más importantes es que estás violando derechos humanos de per-sonas que presuntamente se creen respon-sables de un hecho, y que a la larga van a viciar el procedimiento”, explicó.

“Se debería dar una exclusión de las personas que han generado estas prácti-cas, que además se sabe quienes son, eso no está oculto, y de la unidades que acu-den a esta forma de presión para generar una confesión”.

Buitrago destacó la urgencia de capa-citar a los funcionarios, pues dijo que en las indagatorias no nota que los investiga-dores conozcan la naturaleza del delito de desaparición.

Por vía telefónica, Carlos Beristain, también integrante del GIEI, consideró que serían necesarias reformas constitu-cionales que logren concretar una Fisca-lía General profesional.

“Que cuente con mecanismos de traba-jo basados no solamente en las formas de

¿QUÉ ES EL GIEI?El Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen-dientes surge del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayo-tzinapa y el Estado mexicano, el 18 de noviembre de 2014. El 1 de marzo de 2015 llegaron los cinco expertos: Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beris-tain (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz (Guatemala) y Alejandro Valencia (Colombia).

‘EI reto es recobrar la confianza’

Expertos del GIEI visitaron

la normal de Ayotzinapa en

2016, antes de dejar el país.

LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.

CÉSAR MARTÍNEZ

Ufianza en la actual Procuraduría General

AYOTZINAPA, CUATRO AÑOS | 13REVISTA R REFORMA >> Domingo 23 de septiembre de 2018

PRIMER INFORME:El primer informe se presentó el 6 de septiembre de 2015, y en éste los expertos cuestionaron la versión oficial (“verdad histórica” le llamó el procu-rador Jesús Murillo Karam) del incendio de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula.Consulta: https://bit.ly/2ErKd70

Tras los resultados, y a petición de los familiares, se extendió el mandato hasta abril de 2016.

SEGUNDO INFORME:El 15 de abril de 2016, se presentó el informe Ayotzinapa II, en el que los expertos internacionales concluyeron que el campo de acción del operativo en contra de los estudiantes era más amplio de lo originalmente estimado, y que éste duró más tiem-po. También, se pidió al gobierno mexicano investi-gar el traslado de drogas en uno de los autobuses en el que viajaban los estudiantes como un posible móvil del ataque en su contra. Nuevamente, este

cómo se investiga en México, sino con la independencia de los servicios periciales, los cambios estructurales que nosotros se-ñalamos que tenían que llevar a cabo para que hubiera una investigación efectiva de este y muchos otros casos”, explicó.

LAS DESAPARICIONESCuando fue a Guerrero investigando el caso Ayotzinapa, Ángela Buitrago que-dó impactada porque le dijeron que las desapariciones eran algo común que ha ocurrido durante muchos años en la en-tidad, por lo que cree que una labor que se debe realizar en México es comba-tir la naturalización de este delito, inclu-so en las mismas estructuras del Estado mexicano.

“Cuando el Estado lo toma como un hecho natural, lo asume como parte de una realidad y lo justifica, y entonces di-cen ‘desaparecieron porque no eran del todo buenos, algo debieron haber hecho’”, critica.

“La desaparición es una forma de con-trol social; es muy grave, y necesitaría sa-ber el Estado quién la está aplicando, por-que si es el crimen, digamos que es muy fuerte y deberían tomarse políticas de in-vestigación y erradicación de esos grupos, pero si es el Estado, es una práctica que se reproduce, aparentemente legítima, y dis-torsiona todo el aparato social”.

¿Por qué ocurre la desaparición, quién la genera y para qué?, son las preguntas básicas que Buitrago plantea, pues este

crimen, dice, se usa desde dos vertientes: como un sistema de control, pero también como parte del poder.

“Un Estado puede tener grupos y gene-rar estas prácticas para quitarse a sus opo-sitores, y entonces el mecanismo es: ‘yo pa-trocino ese tipo de actividades u omito in-vestigar ese tipo de actividades, porque me resultan incómodos (los opositores)’, y en-tonces empiezas a proponer selectividad y segregación”, explica.

CASO AYOTZINAPADespués de la presentación de su pri-mer informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en el que refutaron la “verdad histórica”, el GIEI dejó de recibir el apoyo del gobierno

federal para realizar diligencias, por lo que muchas quedaron pendientes, reconoce el médico español Carlos Beristain.

Entre ellas, entrevistar nuevamente a los militares del 27 Batallón de Infantería, basado en Iguala, Guerrero; a elementos de la Policía Federal, y otros cuerpos de seguridad que todavía no han sido toma-dos con la seriedad y el rigor que necesita una investigación de ese tipo.

“Otros tienen que ver con indagar los mecanismos que trataron de obstaculi-zar la investigación, o la investigación de los hechos del río San Juan; después, hay otras líneas más estratégicas para la bús-queda de nuevas informaciones con las personas detenidas”, añade.

Sin querer ahondar en los avances que ha tenido la investigación desde que

el GIEI dejó el país, Carlos Beristain sugie-re que los mecanismos de la justicia tran-sicional pueden ser útiles.

“Con las distancias que hay entre pro-cesos como el del fin de una dictadura, o de un conflicto armado, en la situación de violencia masiva por la que ha vivido y si-gue viviendo México, con graves violacio-nes a derechos humanos y una falta de res-puesta e impunidad en la mayor parte de los casos, los mecanismos de esa justicia transicional pueden ser útiles, pero uno siempre debe adaptar esos mecanismos al contexto local”, señala.

Uno de esos mecanismos ha sido el propio Grupo Interdisciplinario de Ex-pertos Independientes, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

informe cuestionaba la versión oficial de la PGR, al investigar denuncias de tortura a la que habrían sido sometidos 17 de los detenidos cuyo testimonio sirvió para apuntalar la “verdad histórica”. Consulta: https://bit.ly/2oi1idY

El gobierno federal se negó a que nuevamente se extendiera el mandato del GIEI, y el 1 de mayo de 2016 los expertos abandonaron el país.

Edgar Medel