En los últimos días, en México, se ha estado tratando un tema de vital importancia

para el futuro económico y social del país: “la reforma fiscal”. Esta reforma ha

generado gran controversia debido a la gran cantidad de cambios que se quieren

hacer al respecto. México enfrenta cada dos o tres años la discusión de una nueva

reforma fiscal. Las leyes se han modificado mucho, pero la capacidad de cobrar

impuestos no ha cambiado gran cosa. En 1999 el gobierno federal recaudaba por

9.7 puntos del PIB. En 2012, después de dos reformas fiscales y una infinidad de

cambios, recaudó 9.7 puntos. Esta propuesta de reforma, presentada el

domingo 8 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto, y prevé

recaudar 240 mil millones de pesos. El pacto fiscal, entendido como el acuerdo

entre los ciudadanos y el gobierno federal sobre quién paga cuánto en impuestos

y cómo se gastan estos recursos, es la relación más importante entre sociedad y

gobierno. Significa que el gobierno les quita recursos a los ciudadanos para

devolverle bienes y servicios públicos. El gobierno federal espera que con una

mayor recaudación pueda echarse a andar una reforma social que otorgue

seguridad social a la mayor parte de los mexicanos.

La propuesta de reforma fiscal presentada por el ejecutivo nacional

contempla entre sus principales puntos el que la tasa del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) se mantenga en 16% y se aplicará a las regiones fronterizas. El

gobierno decidió preservar la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas al

considerar que esta medida tendría un costo particularmente elevado para los

hogares de menores ingresos aunque la iniciativa propone que se cobre IVA en

alimentos para perros y gatos, la compra de mascotas, los espectáculos públicos

(salvo el teatro y el circo), la venta y renta de vivienda, los chicles, los refrescos y

las colegiaturas.

Pago de un impuesto de 10 por ciento por enajenación de acciones en Bolsa y de

esa cantidad por distribución de dividendos. Con esto se busca poner un piso más

parejo en la tributación cargando más a sectores de muy altos ingresos. Los

nuevos impuestos al reparto de utilidades y a las ganancias en la Bolsa Mexicana

de Valores funcionarán como incentivos para la reinversión y para que se privilegie

la investigación y desarrollo.

Se hará más progresivo el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), limitando las

deducciones y exenciones y se incrementará la tasa máxima del ISR para las

personas con mayores ingresos. El incremento vendrá para quienes un salario

mensual promedio (sobre base anual) de 41 mil 666 pesos. Se propone eliminar

tres cuartas partes de los tratamientos preferenciales y prácticamente la mitad de

los regímenes especiales; sólo se mantendrán los que representan amplios

beneficios sociales y los de probada eficacia para apoyar el crecimiento de la

economía. Entre ellos está el régimen de consolidación fiscal, la deducción

inmediata de inversión, el régimen simplificado, entre otros. Ya no será posible

deducir colegiaturas y pago de hipotecas; pero, siendo justos, ambas cosas sólo

eran accesibles para los estratos de la población de mejor ingreso.

La iniciativa de reforma hacendaria propone otorgar mayores Derechos a los

Contribuyentes y para incentivar la formalidad, se establecerá un Régimen de

Incorporación Fiscal para los nuevos negocios o aquellos que migren a la

formalidad. También se busca la creación del seguro del desempleo el cual

permitirá que quien pierde su trabajo no tenga que irse a la informalidad para

obtener ingresos. Además, se le ponen candados para que no sea un incentivo a

no trabajar.

El pacto fiscal en México es el de una sociedad desigual. Un grupo no tan

pequeño tiene libertad para no pagar los impuestos que se esperarían de su nivel

de ingreso. Un grupo más amplio está en la informalidad, y su relación no es con

el Estado como tal sino a través de sus empleados o representantes a quienes les

paga para poder vender en la calle o hacer algún otro negocio (muchas veces

ilegal). Este dinero no entra a las arcas del Estado, por lo que no se computa

como ingreso fiscal. Según Transparencia Mexicana, en 2010 los hogares

destinaron 32 mil millones de pesos en “mordidas”. En 2007 fue de 27 mil millones

de pesos. Finalmente, la mayoría de los ciudadanos no puede desarrollar todas

sus potencialidades en buena medida por la falta de bienes y servicios públicos de

calidad que la ayuden a romper el cerco de la desigualdad. 

Como bien sabemos, un esquema fiscal y hacendario determinado refleja la

composición de grupos de interés en una sociedad y su correlación de fuerzas.

Una reforma fiscal a fondo significa modificar este estatus quo y necesariamente

hay perdedores y ganadores, por lo que los primeros harán lo imposible por evitar

que esto suceda. Es decir, el proceso de economía política que implica la

discusión y aprobación de esta reforma es altamente complejo y generalmente

tiene un alto costo político para el gobierno en turno. Es en este contexto en el que

debe entenderse la reciente propuesta de reforma fiscal adelantada el domingo

pasado por el gobierno.