EP80Solorio renovables - Fundación Alternativas · Resumen’ejecutivo ... De’cara’a’los’nuevos’objetivos’y’políticas’para’2030,’es’de ... (CECA)’ en’

80/2014

La política europea de renovables y su influencia en España y el Reino Unido

Israel Solorio Sandoval

ISRAEL SOLORIO SANDOVAL

2

Israel Solorio Sandoval Es investigador postdoctoral en el Environmental Policy Research Centre de la Freie Universität Berlin. Su estancia está financiada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, México. Doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Konstanz (Alemania), la Universidad de Bradford (Reino Unido) y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Es co-‐editor de los libros ‘European Energy Policy: An Environmental Approach’ (Edward Elgar, 2012) y ‘A Guide to the EU Renewable Energy Policy’ (Edward Elgar, 2014). Sus publicaciones se centran en la política energética europea y su conexión con el medio ambiente, con un particular énfasis en las políticas de promoción a la energía renovable. Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas. © Fundación Alternativas © Israel Solorio Sandoval ISBN: Depósito Legal: M‐26436‐2014

978-84-15860-31-0

LA POLÍTICA EUROPEA DE RENOVABLES Y SU INFLUENCIA EN ESPAÑA Y REINO UNIDO

3

Índice ACRÓNIMOS 4 ABSTRACT 5 RESUMEN EJECUTIVO 6 1. INTRODUCCIÓN 8 2. LA POLÍTICA EUROPEA DE RENOVABLES 11 2.1. EL DESPEGUE DE LA POLÍTICA EUROPEA DE RENOVABLES (1992-‐1997) 11 2.2 La primera generación de directivas europeas en materia de renovables 13 2.2.1 La directiva sobre electricidad renovable 13 2.2.2 La directiva sobre biocombustibles 14

2.3. La segunda generación de directivas en materia de renovables 15 3. LA POLÍTICA EUROPEA DE ELECTRICIDAD RENOVABLE Y SU IMPACTO EN ESPAÑA Y EL REINO UNIDO 17 3.1 España y la política europea de electricidad renovable 17 3.1.1 Antecedentes 17 3.1.2 La primera directiva y el origen del boom de la electricidad renovable en España (2001-‐2006) 18 3.1.3 El fin de la burbuja verde y los años cuesta arriba para la electricidad renovable (2007-‐2013) 21

3.2 El Reino Unido y la política europea de electricidad renovable 22 3.2.1 Antecedentes 22 3.2.2 La implementación de la primera directiva: adaptación institucional y resistencia estructural (2001-‐2006) 23 3.2.3 David contra Goliat, las renovables contra la nuclear (2007-‐2013) 24

4. LA POLÍTICA EUROPEA DE BIOCOMBUSTIBLES Y SU IMPACTO EN ESPAÑA Y EL REINO UNIDO 26 3.1 España y la política europea de biocombustibles 26 3.1.1 Antecedentes 26 3.1.2 Primera directiva a la española, crecimiento a la española (2001-‐2006) 27 3.1.3 La simulación del cambio político (2007-‐2013) 28

3.2 El Reino Unido y la política europea de biocombustibles 30 3.2.1 Antecedentes 30 3.2.2 Inercia institucional e inmovilidad política (2003-‐2006) 30 3.3.3 Acción y reacción en torno a los biocombustibles (2007-‐2013) 32

5. ANÁLISIS COMPARATIVO: ALCANCES Y LÍMITES DE LA POLÍTICA EUROPEA DE RENOVABLES 33 5.1 La política europea de renovables y los cambios a nivel nacional 33 5.2 La política europea de renovables y las barreras domésticas 34 5.3 Perspectivas para la política europea de renovables 37 6. CONCLUSIONES Y LECCIONES PARA FUTURAS POLÍTICAS 37 REFERENCIAS 38


4

Acrónimos APPA Asociación de Productores de Energías Renovables GEI Gases de Efecto Invernadero LOSEN Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional PANER Plan de Acción Nacional de Energías Renovables RD Real Decreto REE Red Eléctrica de España RO Renewables Obligation RTFO Obligación de Combustibles Renovables para el Transporte UE Unión Europea


5

Abstract La política europea de promoción a la energía renovable es frecuentemente referida como un pilar de la política energética europea. Sin embargo, esta importancia se ve opacada cuando se analiza el desempeño de los estados miembros en el marco de esta política. Aunque en general a nivel europeo se aprecia un cierto crecimiento en la producción y consumo de energía renovable, los resultados obtenidos en términos de cambio en la política pública a nivel nacional quedan lejos de lo esperado. Lo anterior, por no mencionar el sistemático incumplimiento de los objetivos nacionales en esta materia. Por medio del desarrollo de los casos de estudio de España y el Reino Unido, este documento de trabajo analiza los alcances y límites de la política europea de renovables, particularmente en los sectores de electricidad renovable y biocombustibles. The European policy on the promotion of renewable energy is commonly referred as a main component of the European energy policy. However, there is an important implementation gap that casts a shadow on this policy. There is also a systematic incompletion of the national renewable energy targets. By means of developing the case studies of Spain and the United Kingdom, this working paper analyses the reach and limits of this European policy, focusing on the renewable electricity and biofuel sectors.


6

Resumen ejecutivo Antecedentes

⎯ Es posible hallar intentos a nivel europeo por promover fuentes de energía renovable a partir de la década de los 70. No obstante, es hasta 1997 -‐ con la publicación del Libro Blanco “Energía para el futuro” -‐ que oficialmente se considera el arranque de esta política a nivel europeo.

⎯ En líneas generales, la primera generación de directivas en la materia se caracterizó por tener objetivos de carácter indicativo y conceder un amplio margen de libertad a los estados miembros respecto al desarrollo de los instrumentos adecuados para alcanzar estos objetivos.

⎯ Además de establecer objetivos obligatorios, la directiva 2009/28/CE

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables integró en un único instrumento la actuación de la UE en los tres sectores claves para la energía renovable: la electricidad, los biocombustibles, y la calefacción y la refrigeración.

Retos

⎯ La política europea de promoción a la energía renovable es frecuentemente referida como un pilar de la política energética europea.

⎯ Aunque en general a nivel europeo se aprecia un cierto crecimiento en la

producción y consumo de energía renovable, los resultados obtenidos en términos de cambio en la política pública a nivel nacional quedan lejos de lo esperado; ello por no mencionar el sistemático incumplimiento de los objetivos nacionales.

Problemática

⎯ El sector de la electricidad es donde mayores progresos se han tenido en la

promoción de energía renovable. En contraparte, resulta llamativo que el sector transporte es donde menor crecimiento se aprecia en el desarrollo de energía renovable.

⎯ La UE ha facilitado la mejora de la estructura doméstica de oportunidades

para la producción de renovables, incluso a falta de un modelo europeo. Sin embargo, los cambios en materia de acceso a la red y distribución han sido más difíciles de generar. Las energías renovables siguen encontrando considerables barreras a nivel nacional para su desarrollo.


7

⎯ La mayor aportación que ha tenido la política europea ha sido traer un cambio en las expectativas de los actores nacionales sobre la importancia de las renovables para el futuro energético de la UE.

⎯ Al ser una política que reside en mecanismos flexibles de gobernanza, gran

parte del éxito o fracaso de esta política depende de la existencia de actores a nivel nacional que impulsen las reformas promovidas por la UE.

⎯ En un contexto de crisis económica, el desarrollo de energía renovables se

está enfrentando con la necesidad de los países europeos de transitar hacia un sistema energético bajo en carbono al menor coste. Como resultado, hoy en día las energías renovables compiten con alternativas como la energía nuclear o la captura y el almacenamiento de carbono. Esta problemática se ve reflejada en los debates sobre los objetivos para 2030 en materia de clima y energía.

Propuestas

⎯ De cara a los nuevos objetivos y políticas para 2030, es de vital importancia

que la UE defina con mayor claridad el objetivo estratégico detrás de la política europea de renovables.

⎯ Para ello, no sólo es necesario fijar unos objetivos obligatorios de largo plazo que garanticen la seguridad en la inversión y la propia credibilidad de la política europea, sino también definir si el fin de esta política es revertir la actual estructura energética o simplemente reforzar a las renovables como un elemento adicional en la canasta energética de la UE.


8

1. Introducción Es un lugar común referirse a la energía como el punto de partida de la integración europea, primero con el establecimiento de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) en 1951 y después con el establecimiento de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euroatom) en 1957 (Matláry, 1997:14). Paradójicamente, ninguna de estas instituciones se convirtió en un elemento central de la política energética de la Unión Europea (UE). El tratado de la CECA expiró en 2002, mientras que la Euroatom ha permanecido como una entidad legal separada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) (Barnes, 2013:106). Por el contrario, la política energética de la UE fue desarrollándose de forma sectorial, con base en competencias relacionadas como el mercado interior o el medio ambiente (Solorio y Morata, 2012: 2), hasta que el Tratado de Lisboa aportó claridad jurídica a la actuación de la UE en esta materia (Braun, 2011). Con este telón de fondo, la creación del mercado común de la energía ha sido la herramienta más importante de la UE para transformar la política energética de los estados miembros (Tosun y Solorio, 2011: 4). Por su parte, la política europea de promoción a la energía renovable (en adelante, la política europea de renovables) ha sido un instrumento clave para influir en la canasta energética de los estados miembros, en especial con la mira puesta en desarrollar sistemas energéticos sostenibles y reducir la dependencia energética de la UE (Morata y Solorio, 2013). La promoción de energía renovable se insertó primero en la agenda política europea como una respuesta a la crisis energética que se vivió en la década de los 70 (Hoerber, 2013). Con el objetivo estratégico de desarrollar fuentes alternativas de energía, en este periodo comenzó a promoverse a nivel europeo la investigación y el desarrollo de fuentes de energía renovable. Posteriormente, en la década de los 90, la creciente preocupación por el cambio climático permitió que la promoción de energía renovable fuera ocupando un lugar central en la agenda política europea. Si en 1997 se adoptó el Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios para el desarrollo de las energías renovables, entre 2001 y 2003 se adoptó, tras un complicado debate (ver apartado 2.2), la primera generación de directivas explícitamente enfocadas en la materia (2001 para la promoción de la electricidad renovable y 2003 para la promoción de los biocarburantes en el sector transporte). En 2009, en el marco del Paquete de Energía y Clima de la UE, se generó un instrumento único con objetivos obligatorios para la promoción de energía renovable en los sectores de la electricidad, el transporte y la calefacción y refrigeración. La UE pretende alcanzar para 2020 el objetivo de 20% del consumo global de energía a partir de fuentes de energía renovable. Es así que la política europea de renovables ha llegado a ser considerada como uno de los pilares de la política energética de la UE (Knudsen, 2012).


9

Ahora bien, la preponderancia que tiene la promoción de las energías renovables en la política energética de la UE se ve ensombrecida al examinar el desempeño de los estados miembros en esta materia. Aunque a nivel europeo se aprecia un crecimiento en la producción y el consumo de energía renovable, para la Comisión Europea (Comisión, en adelante) los resultados obtenidos en términos de cambio en la política pública a nivel nacional quedan aún lejos de lo esperado (Comisión, 2013a). Esto se ha traducido en un sistemático incumplimiento de los objetivos nacionales. Por poner un ejemplo, 15 estados miembros fallaron en sus objetivos sobre energía renovable en el sector eléctrico para 2010 (Comisión, 2013b: 4). Otros 15 estados miembros fracasaron en sus objetivos sobre energía renovable en el sector transporte (Comisión, 2013b: 5). Por tanto, a pesar de las mejoras regulatorias que han habido, todo parece indicar que algo está fallando en la política europea de renovables. Para estudiar a profundidad las causas de esta brecha entre el desarrollo de la política y el cumplimiento de sus propios objetivos, este documento de trabajo presenta un análisis sobre la experiencia generada durante su implementación en España y el Reino Unido. Antes de presentar las preguntas de investigación que guían este trabajo, es pertinente hacer dos aclaraciones. Por un lado, es importante subrayar que los casos de estudio elegidos se distinguen entre sí por tener diferentes puntos de arranque en el desarrollo de energía renovable. España bien puede ser considerada como un pionero en la promoción de energía renovable en Europa, iniciando con su promoción a partir la década de los 70 (Solorio, 2011a). En contraparte, el Reino Unido sólo comenzó a apostar por las fuentes de energía renovable a partir de la década de los 90 (Helm, 2003). Sin duda, los diferentes puntos de arranque están estrechamente relacionados con la posesión o no de recursos energéticos fósiles (Reiche y Bechberger, 2005: 20). Así, el alto índice de dependencia energética obligó a España a procurar de forma temprana fuentes alternativas de energía. Por otro lado, no está por demás señalar que la regulación respecto al desarrollo de las renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración es demasiado reciente como para hacer un análisis profundo sobre los cambios que ha generado a nivel nacional. Por tanto, este trabajo se centra en los sectores de la electricidad y el transporte. ¿De qué forma la política europea de renovables ha transformado la política energética en España y el Reino Unido? ¿Cuáles son las principales barreras con las que esta política se ha enfrentado a nivel nacional? ¿Hasta qué punto el reforzamiento de la política europea en la materia ha podido resolver los problemas encontrados a nivel nacional durante su implementación? ¿Cuáles son las perspectivas para esta política en un escenario en que la crisis económica ha reducido la relevancia de los objetivos medioambientales en la política pública tanto a nivel europeo como nacional? Para responder a estas preguntas, este documento está organizado de la siguiente manera. El capítulo 2 explica someramente la política europea de renovables, su evolución, objetivos y los


10

instrumentos con los que cuenta para alcanzarlos. El capítulo 3 profundiza en el caso de la política europea de promoción a la electricidad renovable y su influencia en España y el Reino Unido. El capítulo 4 hace lo propio, pero con la política europea de promoción a los biocombustibles. Con la intención de extraer elementos generalizadores sobre los alcances y límites de la política europea de renovables, el capítulo 5 analiza comparativamente su influencia en los dos casos de estudio desarrollados. Finalmente, este trabajo concluye con algunas propuestas para mejorar la política europea de renovables de cara a los retos que la UE enfrenta para construir una economía baja en carbono.


11

2. La política europea de renovables Es posible encontrar intentos a nivel europeo por promover fuentes de energía renovable a partir de la década de los 70 (Boasson and Wettestad, 2013: 79). A ojos de la Comisión, la crisis energética fue una oportunidad para promover la cooperación en política energética, que por largo tiempo había estado limitada a la CECA y la Euroatom. Este contexto facilitó el retorno de la política energética a la agenda política europea, particularmente respecto a temas como el uso racional de la energía y el desarrollo de fuentes alternativas de energía (Andersen, 1993:141). Posteriormente, en la década de los 80, el desarrollo de energía renovable en Europa estuvo principalmente vinculado a la política de desarrollo regional. Por ejemplo, en 1986 el Programa VALOREN fue adoptado para impulsar el desarrollo de algunas regiones europeas a partir del aprovechamiento del potencial endógeno de energía. Sin embargo, el despegue definitivo de la política europea de renovables vino de la mano de la creciente importancia que tuvo la lucha contra el cambio climático en la agenda política internacional, en especial a partir de la década de los 90. El desarrollo de esta política se ilustra en la Tabla 1. Tabla 1. Evolución de la política europea de renovables Etapa Principales instrumentos

de renovables Objetivos

1992-‐1997

Despegue Programa Altener Energías renovables: Libro Blanco por el que se establece una estrategia y un plan de acción comunitarios

Penetración mínima de 12% de las fuentes de energía renovable en la UE para el año 2010.

1998-‐2004

Primera generación de directivas

Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte

Un objetivo global de 21% de electricidad renovable en el consumo de electricidad total de la UE para el 2010. Participación mínima de 5.75% de biocombustibles en el consumo total de combustibles de transporte para el 2010

2009-‐ Segunda generación de directivas

Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

Objetivo vinculante de una cuota de 20% de las renovables en el consumo total de energía de la UE. Un mínimo equivalente al 10 % del consumo final de energía renovable en el transporte

Fuente: Elaboración propia

2.1. El despegue de la política europea de renovables (1992-‐1997)


12

Durante la década de los 90, como parte de las negociaciones sobre un régimen internacional contra el cambio climático, la UE aceleró sus esfuerzos por reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Por su importante contribución a las emisiones de GEI, la energía fue uno de los sectores donde se concentraron importantemente estos esfuerzos (Henningsen, 2008). En 1993 nació el programa ALTENER, con el objetivo de reducir las emisiones de GEI en la UE por medio del impulso a las fuentes de energía renovable (Diario Oficial, 1993). La idea general de este programa fue la de financiar cuatro categorías de acciones en el ámbito de las energías renovables:

(1) estudios y evaluaciones técnicas; (2) apoyo a iniciativas nacionales que ampliaran las infraestructuras existentes; (3) fomentar la creación de una red de información que permitiese evaluar el

efecto de las distintas acciones a nivel europeo, nacional y regional; (4) evaluar la viabilidad técnica y las ventajas económicas y medioambientales

de explotar industrialmente la biomasa con fines energéticos (Diario Oficial, 1993).

La relevancia de ALTENER es que fue “la primera vez que el Consejo reconoció la necesidad de incrementar los esfuerzos a nivel comunitario para facilitar la penetración de las energías renovables en el mercado” (Comisión, 1996: 37). La voluntad de la Comisión por vigorizar el desarrollo de energía renovable quedó de manifiesto en 1994, cuando el entonces Comisario de Energía y Transportes Abel Matutes convocó a una conferencia en Madrid bajo el título “Un Plan de Acción para las Fuentes de Energía Renovables” (Entrevista personal, APPA, 2010a). Como resultado, en la “Declaración de Madrid” se hizo un llamamiento a la UE, a las instituciones nacionales, regionales y locales a promover e implementar un Plan de Acción para las fuentes de energía renovables en la UE (Comisión, 1994). En 1996, los resultados de este proceso se concretaron a través del Libro Verde sobre las Fuentes de Energía Renovables. Su publicación fue pensada como “la primera de las dos fases concebidas para desarrollar una estrategia destinada a garantizar un uso más extendido de las fuentes renovables de energía” (Comisión, 1996: 3). Para 1997, con la adopción del Libro Blanco -‐ Plan de Acción Comunitario Blanco “Energía para el futuro”, esta política se convirtió en una realidad (Howes, 2010). Su objetivo, de carácter indicativo, era lograr una penetración mínima de 12% de las fuentes de energía renovable en la UE para el año 2010. Para ello, el Libro Blanco señaló la necesidad de adoptar medidas en el marco del mercado interior. En este sentido, se contemplaron acciones como permitir el acceso no discriminatorio de las renovables al mercado de la electricidad, así como generar medidas fiscales y financieras que favorecieran su desarrollo (Comisión, 1996: 16-‐18). Con la adopción del Protocolo de Kyoto en Diciembre de 1997, la UE comprendió la urgencia de adoptar medidas concretas para luchar contra el cambio climático. El


13

lanzamiento del llamado ‘Proceso de Cardiff’ en 1998 representó un paso hacia la integración práctica del medio ambiente en la política energética, haciendo un llamado a las formaciones del Consejo a preparar estrategias y programas enfocados en integrar las consideraciones medioambientales en sus propias políticas (Adelle et al., 2012). La estrategia de la Comisión puso especial énfasis en la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables (Comisión, 1998a, 1998b). 2.2 La primera generación de directivas europeas en materia de renovables A principios de los años 2000, el proceso de ratificación del Protocolo de Kyoto aceleró la adopción de medidas para combatir el cambio climático en la UE. En el marco del ‘Proceso de Cardiff’, la UE adoptó la primera generación de directivas europeas enfocadas exclusivamente en promover la energía renovable: la directiva 2001/77/CE para la promoción de la electricidad producida mediante energía renovables (en adelante, electricidad renovable) y la directiva 2003/30/CE relativa fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte (comúnmente referidos como biocombustibles). Para entonces, la UE no contaba con una competencia explícita en materia energética. Por tanto, la acción europea tuvo como base la competencia medioambiental (Solorio, 2011b). En líneas generales, la primera generación de directivas en la materia se caracterizó por tener objetivos de carácter indicativo y conceder un amplio margen de libertad a los estados miembros respecto al desarrollo de los instrumentos adecuados para alcanzar estos objetivos. 2.2.1 La directiva sobre electricidad renovable A pesar del amplio consenso que existía en la UE sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático, el proceso político que llevó a la adopción de esta directiva no fue fácil en lo absoluto. La confrontación interinstitucional se centró básicamente en dos temas: el objetivo a alcanzar y la conveniencia de establecer un sistema armonizado de apoyo a las renovables. En relación al objetivo, la Comisión y el Parlamento buscaron que la directiva tuviera un objetivo de carácter obligatorio (Rowlands, 2005: 970). En contraparte, el Consejo consideró que el objetivo indicativo de 12% era una guía útil para los esfuerzos tanto comunitarios como nacionales (Meyer, 2001: 666). Únicamente Dinamarca y posteriormente Alemania apoyaron la idea de un objetivo vinculante (Rowlands, 2005: 970). Por otro lado, el debate sobre los sistemas de apoyo se centró en dos aspectos principales: (1) en la cuestión sobre su armonización; y (2) la forma de este hipotético modelo europeo (Rowlands, 2005: 971). Desde un primer momento, el Parlamento Europeo apoyó a la Comisión con miras al establecimiento de un marco europeo de apoyo a las renovables. Sin embargo, existió entre ambas instituciones una divergencia sobre la naturaleza de los sistemas de apoyo convenientes (Lauber, 2006: 8).


14

El papel de la Comisión fue clave para la adopción de esta directiva. Para conseguir el consenso interinstitucional, esta institución flexibilizó su propuesta original (Rowlands, 2005: 969), omitiendo asuntos sensibles en la decisión final (Andersen, 2004: 24). Como explican Atle Midttun y Anne Louise Koefoed, esto dio lugar a una medida relativamente débil y lejos del propósito original (Midttun y Koefoed, 2003: 684). Aún así, la directiva 2001/77/CE sobre electricidad renovable fue “el primer texto adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo explícitamente destinado al desarrollo de la energía renovable” (Comisión, 2004: 25). El objetivo principal de esta directiva fue fomentar un aumento en la contribución de electricidad renovable en la UE (Diario Oficial, 2001). Para ello, inicialmente se estableció un objetivo global de 22,1% de electricidad renovable en el consumo de electricidad total para el 2010. Sin embargo, a raíz de un crecimiento en la estimación del consumo energético dentro de la UE y a la adaptación de este objetivo tras la ampliación de 2007, el objetivo para la UE-‐27 se redujo a un 21% (Rowlands, 2005). A falta de un objetivo vinculante, la directiva incluyó mecanismos de monitoreo que exigían a los estados miembros la adopción y publicación de un informe con los objetivos indicativos nacionales y las medidas adoptadas o previstas (Artículo 3 apartado 2). También esta directiva impulsó el desarrollo de sistemas de apoyo a nivel nacional (artículo 4). Ante la falta de un modelo europeo, la Comisión asumió la responsabilidad de publicar una evaluación sobre la actuación de los estados miembros en el desarrollo de los sistemas de apoyo. La directiva también exigió a los estados miembros la emisión de garantías de origen con el fin de garantizar el origen de la electricidad renovable (artículo 5). En cuanto al tema del acceso a la red, esta directiva llamó a los estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que los operadores de los sistemas de transporte y de distribución garantizaran el transporte y distribución de la electricidad renovable (Artículo 7). Además, en su apartado primero, el artículo 7 permitió “establecer un acceso prioritario a la red a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables” (artículo 7). 2.2.2 La directiva sobre biocombustibles Los biocombustibles son “combustibles para el transporte producidos a partir de materia orgánica” (Comisión, 2006: 2). Para algunos autores representan la única fuente de energía renovable que, en el corto plazo, pueden potencialmente sustituir al petróleo en el sector del transporte (Wiesenthal et al., 2009: 790; Bomb et al., 2007: 2256). Por ello, los biocombustibles han atraído una considerable atención a nivel político como solución potencial para luchar contra el cambio climático, mejorar la seguridad energética y responder a los incrementos en los precios del petróleo (Bomb et al., 2007: 2256; Charles et al., 2007: 5737; Ryan et al., 2006: 3184).


15

Tras seguir el modelo de la directiva sobre electricidad renovable, la UE alcanzó el consenso suficiente para la adopción de la directiva sobre biocombustibles (Di Lucia y Nilsson, 2007: 533). Con el objetivo de contribuir al “cumplimiento de los compromisos en la materia de cambio climático, la seguridad en el abastecimiento energético en condiciones ecológicamente racionales y la promoción de energías renovables” (Diario Oficial, 2003), esta directiva fomentó la utilización de biocarburantes u otros combustibles renovables como sustitutos del gasóleo o la gasolina a efectos de transporte (Artículo 1). La directiva 2003/30/CEE se convirtió en el primer instrumento legislativo a nivel europeo que explícitamente promovió el uso de los biocombustibles en el transporte. La directiva instó a los estados miembros a asegurar una participación mínima de 2% de biocombustibles en el consumo total de combustibles de transporte para el 2005 y un 5.75% para el 2010 (Eikeland, 2006; Di Lucia y Nilsson, 2007; Bomb et al., 2007). Con base en los valores referenciales fijados para la UE en su conjunto, los estados miembros debían de establecer los objetivos indicativos nacionales (artículo 3). No sólo este compromiso fue moral y no vinculante (Di Lucia y Nilsson, 2007: 535), sino que dejó libertad a los estados miembros para que establecieran sus objetivos nacionales. Al igual que con la directiva sobre electricidad renovable, los estados miembros tuvieron la posibilidad de emplear los instrumentos y medidas que mejor se acomodaran a sus condiciones e intereses nacionales para alcanzarlos (Di Lucia y Nilsson 2007: 533). En paralelo a la directiva sobre biocombustibles, la UE adoptó la directiva 2003/96/CE para permitir a los estados miembros aplicar exenciones totales o parciales o reducciones del nivel de imposición a los productos energéticos, incluidos los biocombustibles (Solorio y Popartan, 2014: 132). A partir de la introducción de la directiva sobre tasación de productos energéticos varios países introdujeron un apoyo fiscal a los biocombustibles para favorecer la demanda (Ryan et al 2006: 3190; Eikeland 2006: 18). Por último, para procurar el cumplimiento de sus objetivos, una réplica del sistema de monitoreo de la directiva sobre electricidad renovable fue aprobado. 2.3. La segunda generación de directivas en materia de renovables De acuerdo con su evaluación sobre la implementación de la primera generación de directivas en la materia, a principios de 2008 la Comisión presentó una propuesta de directiva para reforzar la actuación europea en el área de las energías renovables (Comisión, 2008). Esta propuesta fue favorecida por una serie de cambios institucionales a nivel europeo. Por un lado, desde el año 2006 se fue generando un cierto consenso sobre la necesidad de reforzar la participación de la UE en política energética (Solorio, 2011b; Solorio et al., 2013). A la postre, incluso se logró incluir un capítulo sobre la energía en el Tratado de Lisboa (Braun, 2011). La energía pasó así a ser formalmente parte de las competencias de


16

la UE. Por el otro, como resultado de las dificultades para alcanzar los objetivos de la primera generación de directivas en materia de renovables, tanto el Consejo como el Parlamento fueron aceptando la necesidad de tener objetivos vinculantes en esta materia (Solorio y Morata, 2012: 9). La negociación final de la directiva renovada de energía renovable se hizo en conjunto con el Paquete de Energía y Clima (Kulovesi et al., 2011). En este contexto, la crisis económica que la UE enfrentaba se convirtió en un obstáculo adicional para su aprobación. Sin embargo, las fuertes presiones políticas que existieron en torno al Paquete de Energía y Clima en general, y en particular sobre la directiva de renovables, obligó a un acuerdo entre las partes (Nilsson et al., 2009). En términos generales, la directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables aportó las siguientes novedades (Diario Oficial, 2009):

§ la integración en un único instrumento que regula la actuación de la UE en los tres sectores claves para la energía renovable: la electricidad, los biocombustibles, y la calefacción y la refrigeración (artículo 1);

§ el establecimiento de objetivos vinculantes para el desarrollo de energía renovable (artículo 3);

Con respecto a la promoción de la electricidad renovable, esta directiva presentó dos cambios fundamentales con respecto a su antecesora. En primer lugar, si bien no se logró la homogeneización de los sistemas de apoyo a nivel europeo, esta directiva permite el desarrollo conjunto de sistemas de apoyo (artículo 11). Por tanto, facilita la coordinación entre los estados miembros para el desarrollo de sistemas de apoyo. En segundo lugar, esta directiva estableció objetivos nacionales obligatorios equivalentes a una cuota de un 20% como mínimo de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la UE para el 2020, incluyendo también sector de la calefacción y refrigeración. Respecto a la promoción de las renovables en el sector transporte, los cambios aprobados fueron más sustanciales. Por una parte, esta directiva desarrolló criterios de sostenibilidad para los biocombustibles (artículo 17). También se adoptó un mecanismo para calcular el efecto de los biocombustibles en las emisiones de GEI (artículo 19). Por la parte del objetivo, además de tornarse de carácter obligatorio, esta vez el objetivo estableció un mínimo equivalente al 10 % de su consumo final de energía en el transporte (artículo 3, párrafo 4). Para el cálculo global del objetivo, esta medida también incluye los transportes por carretera, ferroviario y la electricidad. En otras palabras, la directiva renovada amplió el espectro de opciones para promover la energía renovable en el sector transporte, más allá de los biocombustibles. Además, la directiva renovada abrió la puerta a la Comisión para revisar el impacto del cambio en el uso de la tierra para la producción de biocombustibles en relación con los GEI (Comisión, 2012a).


17

3. La política europea de electricidad renovable y su impacto en España y el Reino Unido De los tres sectores donde la UE ha promovido las fuentes de energía renovable, el de la electricidad es donde se ha experimentado un mayor despliegue (Comisión, 2013a: 3). No obstante, tras unos años de considerable crecimiento, la propia Comisión reconoce que “la crisis económica, los actuales obstáculos administrativos y de infraestructura y la alteración de las políticas y de los regímenes de ayuda” están afectando negativamente las perspectivas de las renovables (Comisión, 2013a: 3-‐4). 3.1 España y la política europea de electricidad renovable 3.1.1 Antecedentes España dio sus primeros pasos en el desarrollo de fuentes renovables de energía a inicios de los años 70, como resultado de las recurrentes crisis petroleras que sacudieron el escenario energético mundial. La intención de explotar fuentes de energías renovables tuvo en un primer momento un origen estratégico. Ante la escasa presencia de recursos energéticos en su territorio, el gobierno español se embarcó en una política enfocada en alcanzar el ahorro energético y el desarrollo de energías renovables (Dinica y Bechberger, 2005: 264). En 1986, el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) potenció la incipiente legislación española de apoyo a las renovables (Club de la Energía, 2010: 42). Durante aquellos años, España fue uno de los principales países en la recepción de fondos comunitarios. Hasta la desaparición del Programa VALOREN, este apoyo giró en torno a los 445 millones de pesetas anuales (Cortes Generales, 1993). Como fue reconocido por el propio gobierno español, el apoyo económico europeo se tradujo en “un ascenso significativo de las renovables” en España (MITyC, 1999: 193). Durante la década de los 90, la política energética española fue también influida por una política europea relacionada: la liberalización del mercado de la energía. El primer intento por reorganizar la industria eléctrica fue en 1994 a través de la Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (conocida como Ley LOSEN). En líneas generales, la Ley LOSEN intentó adaptar el modelo energético español al proceso de liberalización impulsado desde la UE (Dinica y Bechberger, 2005: 263). La Ley LOSEN puso en marcha una serie de medidas como: (1) el abandono de la noción de servicio público; (2) la separación de las actividades reguladas como transmisión y distribución, de las actividades no reguladas como generación y venta al público; y (3) la adaptación del régimen al sistema de mercado (Moral Soriano, 2008). Este fue el primer intento por revertir la estructura del sector eléctrico español que, hasta 1997, había estado compuesto exclusivamente por empresas verticalmente integradas (Agosti et al, 2007: 22).


18

En tanto al desarrollo de energía renovable, la principal aportación de la Ley LOSEN fue que definió el concepto de régimen especial como base para el sistema español de apoyo a las renovables (basado en una tarifa de retroalimentación). La Ley LOSEN también fijó el objetivo de 12% de renovables para 2010 y el derecho de percibir una prima por la producción de energía renovable. Sucesivas modificaciones, a través del RD 2366/1994 y del RD 2818/1998, fueron puliendo el sistema de apoyo español a las energías renovables previo a la entrada en vigor de la primera directiva en la materia (para un análisis a profundidad de la evolución de este sistema ver Jacobs, 2012). Tras la adopción del Libro Blanco de 1997, las líneas generales de la política europea se vieron pronto reflejadas en el marco normativo español, en especial en lo referente a los objetivos. A finales de 1999, el Gobierno español aprobó el Plan de Fomento de las Energías Renovables para el periodo 2000-‐2010, recogiendo el objetivo mínimo a alcanzar de 12% de aportación de las energías renovables (MITyC, 1999). En resumen, los años de despegue de la política europea de renovables se vieron caracterizados por una relación en dos sentidos con España. Por un lado, este país no sólo fue pionero en el desarrollo de renovables, sino también se convirtió en uno de los principales promotores de esta política a nivel europeo. Este papel fue evidente durante las negociaciones de la primera generación de directivas en la materia (ver sección 3.1.2). Por el otro, existió una clara alineación por parte de la política energética española en torno a los consensos marcados por la UE, habiendo una temprana adopción de los objetivos europeos en la materia (en especial en torno al objetivo de 12%). 3.1.2 La primera directiva y el origen del boom de la electricidad renovable en España (2001-‐2006) Es importante señalar que el proceso de adopción de la primera directiva sobre electricidad renovable no fue nada fácil. Los primeros borradores de esta directiva tenían un enfoque basado exclusivamente en mecanismos de mercado como instrumentos de apoyo a las renovables, lo que provocó el rechazo por parte de países como España y Alemania (Lauber, 2005). Paulatinamente, la Comisión fue aceptando lo poco realista de tener a corto plazo un esquema europeo de promoción a las renovables basado en un sistema de intercambio de Certificados Verdes (modelo próximo al mercado). En este sentido, España ejerció una presión importante para que “se dejara libertad a los Estados para que pudieran elegir su propio sistema” (Entrevista personal, CNE, 2010). Otro punto fundamental de la posición española fue su determinación por mantener el objetivo de 12%, que finalmente se adoptó como objetivo indicativo de esta directiva (Entrevista personal, APPA, 2010b). De esta manera, el haber tenido una temprana alineación con las directrices europeas le permitió a España reducir considerablemente los costes de implementación de esta medida. El primer informe presentado en el


19

marco de esta directiva tuvo como base legislativa la Ley 54/1997, el Real Decreto 2818/1998 y el Plan de Fomento a las Energías Renovables 2000-‐2010, aprobado en diciembre de 1999. El único requisito que realmente implicó un coste de adaptación fue el relativo a las garantías de origen. En 2007, con la Orden Ministerial ITC/1522/2007, España cumplió con los requerimientos establecidos para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (Sánchez de Tembleque, 2009). Ante esta inercia institucional, ¿cuáles fueron los cambios que acarreó esta directiva para España? Para comenzar, su llegada vigorizó el apoyo doméstico a las renovables. Como afirmaron fuentes gubernamentales, la política europea aportó confianza y seguridad al mercado español sobre el camino que se estaba tomando tanto a nivel doméstico como europeo (Entrevista personal, SECC, 2010). Desde algunos sectores de las renovables, lo definen así: durante los primeros años de esta directiva era “políticamente incorrecto no apoyar las renovables” en España (Entrevista personal, APPA, 2010a). La política europea en la materia generó un ambiente adecuado para el crecimiento de las energías renovables en la estructura eléctrica nacional. Las renovables fueron ganando partidarios a nivel nacional, incluso las grandes compañías del sector comenzaron a diversificar su portafolio de negocios invirtiendo en renovables (Entrevista personal, Club de la Energía, 2010). También hubieron factores estructurales que beneficiaron el incremento de las renovables dentro de la estructura eléctrica española. En 2002, España tenía un déficit de cobertura eléctrica (Entrevista personal, APPA, 2010b). En un periodo de crecimiento de la demanda eléctrica, la participación de las renovables creció gradualmente. Este entorno favorable impidió que existiera una competencia real entre fuentes de energía (Entrevista personal, CARBUNIÓN, 2010; Entrevista personal, ENAGAS, 2010). Como ilustra el gráfico 1, las renovables mantuvieron su participación en el mercado sin afectar el consumo de otras fuentes de energía.


20

Gráfico 1: Participación de las distintas fuentes de energía en la generación eléctrica

Fuente: PANER 2011-‐2020 La electricidad renovable fue también animada por la mejora gradual en la estructura de oportunidades para su desarrollo. Los apoyos del régimen especial español fueron pieza clave para garantizar la participación de las renovables en el mercado, mientras que la subvención europea facilitó las condiciones necesarias para su desarrollo. El Real Decreto 436/2004 facilitó a los productores bajo el régimen especial optar entre la venta de su producción o excedentes al distribuidor bajo la modalidad de tarifa regulada o al mercado (Muñoz et al., 2007). La lectura general fue que las renovables se encaminaban hacia un mejor encaje en el mercado eléctrico (Entrevista personal, CNE, 2010). Para la electricidad renovable, como para España en su conjunto, todo parecía marchar viento en popa hasta 2006. En un ejemplo claro, el periódico El País publicó el 31 de diciembre de 2006 un reportaje llamado “La explosión de las energías renovables” (El País, 2006), donde aún se retrataba a la energía renovable como un sector estratégico del país. De 2005 a 2006 las energías renovables habían experimentado un crecimiento del 8.9%, aportando el 61% del total de la energía del régimen especial (REE, 2007:11). Sin embargo, a partir de 2007 coincidieron algunos elementos que provocaron que la implementación de esta política se volviera cuesta arriba para España. Por un lado, en un contexto de crisis económica, este país pasó de tener un crecimiento en la demanda de energía a un decrecimiento en el consumo eléctrico. Por el otro, está la influencia que tuvo la política europea en España, donde la implementación de esta política favoreció el desarrollo de una burbuja verde que pronto explotaría en una atmósfera de crisis económica.


21

3.1.3 El fin de la burbuja verde y los años cuesta arriba para la electricidad renovable (2007-‐2013) Dos son las claves para entender la forma en que la política europea de renovables influyó en el escenario energético español. En primer lugar, está la clara mejoría en las perspectivas para las renovables dentro del mercado eléctrico español. En este sentido, además de cambiar positivamente las expectativas de los actores nacionales, la política europea incentivó la mejora en la estructura de oportunidades para los productores de electricidad renovable. Por el otro, están las condiciones de entrada a la red eléctrica donde, como fruto de la influencia de la UE, las renovables gozaban de preferencia en la entrada a la red eléctrica sobre otras fuentes (Entrevista APPA, 2010b). El boom de la electricidad renovable se vivió especialmente a partir del 2007. Al tener una ganancia asegurada por el régimen especial español, la especulación del sector inmobiliario se replicó en el caso de las renovables, con una mayor notoriedad en el terreno de la energía fotovoltaica (Jacobs, 2012: 55). Contrarió a la lógica de la energía renovable como una fuente descentralizada, grandes instalaciones fotovoltaicas fueron apareciendo por todo el territorio español (El País, 2008). En 2009, la electricidad renovable cubrió el 28% de la demanda eléctrica nacional, a comparación del 22% del 2008. En contraparte, la participación de la nuclear, el carbón y el gas disminuyó significativamente (REE, 2010: 10). Esta burbuja verde no sólo trajo consigo problemas financieros (por los compromisos generados por el régimen especial por parte del Gobierno español), sino que también provocó una tensión entre fuentes que no había existido en los años anteriores (ver gráfico 2). En este sentido, es importante resaltar que este cambió en la estructura de abastecimiento eléctrico en España fue impulsado por el crecimiento exponencial de la energía eólica, no por la controvertida explosión de la energía fotovoltaica en España (REE, 2010:13). Gráfico 2: GWh de combustible fósil substituido por las renovables

Fuente: APPA, 2010


22

La burbuja verde tuvo como resultado el ajuste del régimen especial español (Jacobs, 2012: 55). El Real Decreto 661/2007 bien puede ser visto como un primer intento por controlar la especulación en el sector de la electricidad renovable. Con la contracción del mercado por la crisis económica y la competencia entre fuentes por la cuota de mercado, las principales eléctricas españolas han cargado contra las renovables, acusándolas de ser las culpables de que sistema eléctrico español incurriera en un déficit tarifario que rondaba en los 23 millones de euros en 2011 (El País, 2011). Sus críticas podrían ser anecdóticas de no ser porque las eléctricas han tenido históricamente lazos estrechos con el gobierno central (Aracena et al, 1999: 389). En este contexto, productores de renovables denuncian “la campaña de las grandes eléctricas en la UE para mantener sus beneficios a costa de hundir el sector” (APPA, 2013a). El gobierno español ha examinado el apoyo a las renovables. Como ejemplos están los RD 1565/2010 y 1614/2010 que establecieron recortes sobre la energía eólica y la solar termoeléctrica sobre derechos ya adquiridos y la Ley 14/2010 que aplicó medidas retroactivas sobre las plantas fotovoltaicas en funcionamiento. Por si esto fuera poco, la demanda eléctrica en España sigue estancada a niveles de 2006, algo que resulta “coherente con la trayectoria contractiva de la economía español” (REE, 2012: 5). En este contexto, no sólo el consenso en torno a las renovables se ha acabado, sino que ahora las renovables son motivo de problemas entre España y la UE. Los recortes han afectado tanto a la política de renovables que España se ha ganado un llamado de atención por parte de la Comisión, que criticó la suspensión de las ayudas a las energías renovables. Según la Comisión, el camino que se ha tomado últimamente “desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020” (Comisión, 2012b:26). 3.2 El Reino Unido y la política europea de electricidad renovable 3.2.1 Antecedentes En cambio, la política energética del Reino Unido ha sido tradicionalmente determinada por su posesión de recursos naturales (McGowan, 2011). Primero por la explotación de carbón y después por el aprovechamiento de sus reservas de gas y petróleo del Mar del Norte, este país disfrutó, hasta mediados de la década pasada, de una autonomía energética que le alejó de cualquier consenso sobre una política energética a nivel europeo (Ciambra y Solorio, 2014). Dada la existencia de recursos energéticos fósiles en territorio británico, el Reino Unido no fue un entusiasta de la política europea de renovables durante sus años de despegue. Es más, la política británica de promoción a las renovables comenzó de


23

una manera inintencionada. Cuando en 1989 se adoptó la Electricity Act, que contenía la primera obligación para el consumo de combustibles no fósiles (NFFO, por su siglas en inglés), no se especificó el tipo de tecnología o la capacidad a desarrollar (Mitchell, 1995:1078). En este sentido, Dieter Helm afirma que la inclusión de las renovables en la NFFO partió de la consideración de que la medida sería mejor recibida bajo la etiqueta “no fósil” que la menos aceptable “nuclear” (Helm, 2003: 350). Para ser claros, la NFFO tenía como objetivo primordial apoyar a la ya privatizada y poco competitiva industria nuclear (Elliot, 1996:1309). En estos primeros años, el máximo cambio que trajo la UE a la política energética británica residió en lograr una separación efectiva, a partir de 1996, de los apoyos a la energía nuclear y a las renovables (Connor, 2003: 69). La implementación de la NFFO también quedó lastrada por la voluntad del gobierno británico de dar preferencia a las tecnologías más competitivas (Mitchell, 1996). Esta decisión favoreció exclusivamente a las tecnologías más establecidas como el biogás o los proyectos hidráulicos, perjudicando el desarrollo de opciones menos consolidadas como la eólica, la mareomotriz o la solar (Elliot, 1994: 1070). La NFFO sirvió como una primera experiencia concreta, aunque no muy exitosa, en el desarrollo de las renovables en el Reino Unido. Michael Pollitt (2010) argumenta que, al observar el fracaso de la NFFO, es importante considerar que éste se da en un contexto en que las renovables eran una prioridad muy baja para el gobierno y durante un periodo donde se da un cambio de plantas de carbón a plantas basadas en gas (Pollitt, 2010: 17). Tomando esto en cuenta, sólo es posible caracterizar la relación del Reino Unido con la política europea de renovables como distante durante esta etapa. 3.2.2 La implementación de la primera directiva: adaptación institucional y resistencia estructural (2001-‐2006) Los primeros años de implementación de esta directiva estuvieron envueltos por todo un proceso de reformulación de la política energética británica, por lo que algunos analistas vieron la posibilidad de compaginar el proceso de transformación doméstica con los impulsos de reforma procedentes de la UE (Rayner y Jordan, 2011: 99). En 2002 el gobierno británico puso en marcha la Renewables Obligation, la cual fue destinada a los proveedores de energía que debían suministrar determinadas cantidades proveniente de fuentes renovables (Mitchell y Connor, 2004:1939). En 2003, el Libro Blanco sobre Energía del Reino Unido recogió el objetivo de producir 10% de la electricidad a partir de fuentes renovables para 2010 (House of Lords, 2008:10). Ahora bien, respecto a los temas relacionados con la conexión a la red, la política británica se mostró poco receptiva a la demanda de la directiva europea, según la cual los operadores del sistema de transmisión y distribución debían garantizar el


24

acceso a la red de la electricidad renovable. En 2004, se creó un mercado único de electricidad (BETTA, por sus siglas en inglés, British Electricity Trading and Transmission Arrangements), que tenía entre sus objetivos mejorar el sistema de transmisión con el fin de permitir que las renovables circulen por todo el Reino Unido (Dinica, 2005:305). No obstante, su diseño más bien respondió a las necesidades de la generación eléctrica mediante grandes instalaciones, predecible y centralizada, como son el caso de las plantas de combustión y las que usan energía nuclear (Green, 2010: 5). A partir del 2004, la gradual penetración de la directiva sobre electricidad renovable en la política energética británica fue impulsada por dos temas que reforzaron el debate sobre el papel de las renovables a nivel nacional: el cambio climático y el agotamiento de las reservas de gas y petróleo del Mar del Norte. El primer ministro Tony Blair no se cansó de afirmar la necesidad de que el Reino Unido ejerciese un liderazgo global en materia de cambio climático, teniendo a la UE como eje de su proyección internacional (The Guardian, 2004). La nueva posición del Reino Unido influyó en las creencias y expectativas de los actores nacionales sobre el valor de la política energética europea y el potencial que las energías renovables ofrecían para el futuro energético del Reino Unido (Helm, 2008). 3.2.3 David contra Goliat, las renovables contra la nuclear (2007-‐2013) Con el cambio climático en el centro de la agenda política británica, la negociación del Paquete de Energía y Clima adquirió una trascendencia mayúscula para el Reino Unido. Sin embargo, el pulso inicial no fue positivo nada para las energías renovables, pues los representantes británicos comenzaron a plantearse las dificultades prácticas de alcanzar un 15% de renovables en el consumo de energía para el 2020 (The Guardian, 2007). Este entorno cambió cuando se filtró públicamente que el gobierno británico pretendía diluir los objetivos de energía renovable para el 2020 (The Guardian, 2007). Tras años de enarbolar el liderazgo del Reino Unido en materia de cambio climático, el gobierno británico se vio obligado a desistir en su afán de debilitar el objetivo europeo de renovables (McGowan, 2011: 205). En este contexto, el gobierno británico reconoció que los objetivos de renovables para 2020 eran un desafío importante y que era necesario profundizar los cambios en la política doméstica (EurActiv, 2008). El lobby pro-‐renovables aprovechó el momento para extraer algunas concesiones al gobierno británico que facilitaran el crecimiento de la energía renovable (Toke, 2011:528). Por ejemplo, en abril de 2010 se introdujeron tarifas de retroalimentación para apoyar el desarrollo de electricidad renovable de pequeña escala como la solar fotovoltaica. El Reino Unido también dio algunos pasos hacia adelante para modificar su sistema


25

eléctrico, poniendo sobre la mesa la importancia de un sistema de transmisión más inteligente y flexible (OFGEM, 2011). ¿Cómo evaluar la influencia europea a la luz de este desarrollo? Por la parte positiva, la directiva de renovables favoreció un cambio en la cultura del gobierno británico para sacar provecho del potencial del Reino Unido en energía renovable (EurActiv, 2012). Tras años de haber sido obviadas por la política energética británica, la influencia de la UE logró tímidamente mejorar su estructura de oportunidades e impulsar el desarrollo de renovables en el Reino Unido. Sin embargo, la política europea no ha podido revertir la estructura del sistema eléctrico británico, dominado por unas cuantas compañías conocidas como las seis grandes (British Gas, EDF Energy, E.ON Energy, npower, Scottish Power y SSE). Como herencia del proceso de privatización del sector energético, las seis grandes cuentan con una integración vertical que les permite dominar no sólo la producción de electricidad, sino también su transmisión y distribución (The Ecologist, 2012). Las seis grandes tienen el 70% de la capacidad de producción eléctrica en el Reino Unido, pero sólo un 47% de su capacidad proviene de renovables (Bloomberg, 2012: 4). Las necesidades de las seis grandes han empujado al gobierno británico a buscar la transición hacia un sistema energético bajo en carbono a través de opciones como la energía nuclear y el gas natural (The Guardian, 2012). Gráfico 3: Generación por tecnología al final del 2011

Fuente: Bloomberg New Energy Finance (2012)

En resumen, pese a la adaptación institucional que ha mostrado el Reino Unido a la política europea, existe una resistencia estructural al cambio dentro del sistema energético británico. En este sentido, por su papel preponderante en el mercado,


26

las seis grandes aparecen como un obstáculo para el despliegue de las renovables. Al no poder revertir la estructura eléctrica centralizada del Reino Unido, este caso es sintomático de los límites de esta política europea. Sin duda, la apuesta del gobierno británico de privilegiar el apoyo a las fuentes más competitivas también han contribuido al limitado despegue de las renovables. No sólo el Reino Unido falló en alcanzar su objetivos para 2010, obteniendo un modesto 8.6% de su objetivo de 10%, sino que sus perspectivas para alcanzar sus objetivos hacia 2020 son menos que probables a ojos de la Comisión (Comisión, 2013a:17). En un reciente reporte por parte de Eurostat (2014), el Reino Unido aparece como el tercer país de la UE-‐28 con menor desarrollo de energía renovable en el consumo global de energía. Con este telón de fondo, el Reino Unido ha sido uno de los principales actores en tratar de debilitar los objetivos de la UE en energía renovable para 2030. En otras palabras, en lugar de cambiar su política, parece que el Reino Unido se inclina por cambiar la política europea. 4. La política europea de biocombustibles y su impacto en España y el Reino Unido La política europea de biocombustibles es el sector donde mayores dificultades se han encontrado para promover la energía renovable en la UE. Lo anterior, no sólo responde a las dificultades de promover el consumo de biocombustibles en la estructura de distribución existente, sino también al creciente cuestionamiento sobre la viabilidad de los biocombustibles como instrumento para luchar contra el cambio climático (Solorio y Popartan, 2014). Incluso tras las sustanciales mejores regulatorias que aportó la directiva de 2009 (Di Lucia, 2013), esta política europea sigue sin tener un rumbo claro. De hecho, las instituciones europeas debaten la aplicación de un techo para los biocombustibles de primera generación –aquellos que derivan de la utilización de la biomasa de cultivos agrícolas para generar energía como el biodiesel o el bioetanol (Comisión, 2012a). Tras el impulso inicial de la Comisión (Comisión 2012c), a finales del 2013 el Parlamento Europeo llamó a enfocar esta política hacia combustibles más avanzados como aquellos provenientes de algas marinas o algunos tipos de residuos (Parlamento Europeo, 2013). A partir de la experiencia de su implementación en España y el Reino Unido, el objetivo de este capítulo es analizar los factores que han complicado la implementación de esta política, llevando a la UE a buscar otras alternativas para impulsar a las energías renovables en el sector transporte. 3.1 España y la política europea de biocombustibles 3.1.1 Antecedentes


27

Para los biocombustibles, España experimentó un proceso similar al de la electricidad renovable, siendo de nueva cuenta uno de los pioneros europeos en su desarrollo (Solorio, 2011a). La diferencia más tangible es que, en los años previos al despegue de la política europea de renovables (década de los 70 y 80), los biocombustibles no recibieron tanta atención en comparación con otras nuevas tecnologías como la eólica, la fotovoltaica o la termoeléctrica, donde España concentró parte de sus recursos humanos y financieros (Club de la Energía, 2010: 41). Fue hasta la década de los 90 que los biocombustibles recibieron mayor atención en la política energética española. El potencial agrícola de España hizo de los biocombustibles una alternativa para reestructurar la productividad en el campo (Compés y García, 2009:15). España puso las bases de su política de promoción a las renovables en el sector transporte en el marco de la liberalización de los mercados energéticos. En 1998, la Ley 34/1998 introdujo el principio de liberalización para los combustibles. En su afán por reordenar el sector, esta ley desarrolló una definición explícita sobre los biocombustibles. Asimismo, en esta medida se estipularon unos objetivos anuales de biocombustibles: de 1.9% del consumo para 2008; 3.4% para el 2009; y de 5.83% para el 2010. Así, España puso las bases de su política de promoción a los biocombustibles cinco años antes de la llegada de la directiva europea en la materia (Di Lucia y Nilsson, 2007: 538). 3.1.2 Primera directiva a la española, crecimiento a la española (2001-‐2006) España jugó un papel clave en darle forma a la primera directiva sobre biocombustibles. Como argumentan Wiesenthal et al. (2009: 794), la experiencia que existía en algunos países europeos como España respecto a la promoción de los biocombustibles hizo evidente la necesidad de tener exenciones parciales o totales a los biocombustibles para su desarrollo. España también jugó un papel crucial para defender la necesidad de un objetivo a medio plazo (Entrevista personal, APPA, 2010b), pues algunos países como el Reino Unido se mostraron contrarios a metas específicas en este sector. Obviamente, los costes de adaptación en España fueron mínimos. Las especificaciones técnicas sobre gasóleos (incluyendo los biocarburantes) fue uno de los campos donde esta directiva trajo cambios regulatorios. El RD 1700/2003 impuso “el límite del 5% (en volumen) de biocarburantes en mezclas por debajo del cual pueden comercializarse como combustible estándar” (APPA, 2005: 63). Sin embargo, quizá el cambio más importante que estimuló esta directiva fue a nivel de expectativas, generando certeza sobre el rumbo que parecía tomar la política española en la materia. Entre los años 2003 y 2005, la producción de biocombustibles creció a una tasa similar que el consumo (ver gráfico 4). No obstante, la presión europea para promover los biocombustibles, ayudada por los cambios en las expectativas de los actores domésticos, pronto generó un desequilibrio en el mercado español. La


28

primera directiva sobre biocombustibles logró facilitar el crecimiento en la producción nacional. Sin embargo, como ilustra el gráfico 4, esta crecimiento no fue acompañado por un aumento sustancial en el consumo. Además, el sistema de apoyo elegido por España –exenciones impositivas– abrió el camino a una competencia desleal por parte de productores fuera de la UE (frecuentemente subsidiados en sus países de origen). Esta dinámica llevó a una situación paradójica: mientras España fue apareciendo como uno de los principales productores de biocombustibles a nivel europeo (Comisión, 2013b:13), gran parte de su demanda interna se satisface con productos importados (CNE, 2013; APPA, 2013b). Gráfico 4: Evolución de los biocarburantes (consumo y capacidad de

producción)

Fuente: PANER 2011-2020

En este contexto, fueron surgiendo muchas incertidumbres sobre el futuro de los biocombustibles en la política energética española. Si el objetivo nacional se cumple con biocombustibles importados, ¿entonces qué papel queda reservado para los productores españoles de biocombustibles? En segundo lugar, si los biocombustibles importados son el camino para cumplir con los objetivos de la política europea, ¿cuáles son las garantías de que los biocombustibles han sido producidos de forma sostenible y, por tanto, contribuyen en la lucha contra el cambio climático? Estas han sido las disyuntivas que han marcado los años más recientes en la implementación de esta política en España. 3.1.3 La simulación del cambio político (2007-‐2013)


29

De 2007 a la fecha el contexto para los biocombustibles en España no ha hecho mas que complicarse. Primero, la crisis económica ha marginalizado los objetivos medioambientales en la agenda nacional. Además, la brecha entre producción y consumo no ha hecho más que ensancharse, atrayendo críticas a la política española tanto por parte de grupos ambientalistas como de los productores de biocombustibles. Los primeros critican la sostenibilidad ambiental de esta política. Los segundos cuestionan su sostenibilidad económica y la competencia desleal por parte de productores externos a la UE. En 2008, con la orden ITC/2877/2008, España adoptó las siguientes mejoras regulatorias: (1) un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte; (2) fijar unos objetivos mínimos en línea con los compromisos a nivel europeo; (3) mecanismos de flexibilidad temporal para la contabilización de las cantidades de biocarburantes vendidas o consumidas; y (4) un sistema de certificación y pagos compensatorios a ser gestionado por la Comisión Nacional de Energía (MITyC, 2010: 128). En línea con los desarrollos a nivel europeo, esta medida fue un paso importante para pulir la política española de apoyo a los biocombustibles. Sin embargo, el panorama para los productores de biocombustibles no ha cambiado mucho. Los problemas para este sector se resumen en la falta de apoyos políticos y el desfase entre producción y consumo a nivel nacional, agravado por la competencia desleal por parte de países fuera de la UE (APPA, 2013b). En 2012, el 76 por ciento del mercado español de biodiesel –el más importante entre los biocombustibles– fue dominado por productores externos de la UE (APPA, 2013b). Si este dato pone en cuestión la sostenibilidad económica y ambiental de la política europea de biocombustibles, existe un problema adicional relacionado con la materia prima para la producción de biocombustibles. Según datos de la CNE (2013), en 2011 el biodiesel consumido en España fue producido principalmente a partir de soja argentina (48%) y palma indonesia (38%). El bioetanol consumido en España fue producido principalmente a partir de caña de azúcar (36%), maíz (30,96%) y trigo (19,54%), donde Brasil ocupó en 2010 el primer puesto en cuanto a los países de cultivo de materia prima (29.5%). Aquí es donde las ONG ambientalistas denuncian que una gran cantidad de zonas de selvas y bosques en terceros países pueden ser reconvertidas en plantaciones agrícolas orientadas hacia la producción de materia prima para los biocombustibles. Sus críticas son vertidas contra la trazabilidad total de los biocarburantes y a su sostenibilidad ambiental, aspecto que a su parecer no es resuelto por la directiva renovada (Entrevista personal, Greenpeace, 2010b). Para los grupos ambientalistas, la directiva reforzada poco ha hecho por corregir estos problemas (Entrevista personal, Greenpeace, 2010; Amigos de la Tierra, 2010). En este complicado entorno, los productores se defienden argumentando que “para potenciar los indudables beneficios de los biocarburantes y avanzar en la lucha contra el cambio climático, se precisan medidas urgentes para asegurar la


30

sostenibilidad económica de la industria española” (APPA, 2011: 2). En un esfuerzo por mejorar la situación de los productores de biocarburantes nacionales, en 2012 el gobierno español aprobó una cuota para la biocombustibles producidos dentro de la UE (BOE, 2012). Sin embargo, más recientemente el gobierno español también ha decidido reducir su objetivo de biocombustibles (BOE, 2013). Mientras los productores de biocombustibles alzan la voz contra algunas de las más recientes decisiones tomadas tanto a nivel europeo como nacional (APPA, 2013c), los grupos ambientalistas argumentan que no tiene sentido seguir apoyando esta política con fondos públicos (Ecologistas en Acción, 2013). 3.2 El Reino Unido y la política europea de biocombustibles 3.2.1 Antecedentes Si el Reino Unido enfrentó la directiva sobre electricidad renovable con un rezago respecto a sus socios europeos, en el caso de los biocombustibles su posición fue aún más complicada. La producción y consumo de biodiesel y bioetanol no comenzó hasta 2002 y 2005, respectivamente (Bomb. et al, 2007:2261). Por tanto, el Reino Unido enfrentó las negociaciones de la primera directiva en materia con un rezago considerable respecto a los pioneros europeos como Alemania, Francia, España, Italia y Suecia, que comenzaron a impulsar el mercado de los biocombustibles desde la década de los 90 (Wiesenthal. et al, 2009:790). 3.2.2 Inercia institucional e inmovilidad política (2003-‐2006) En cuanto la primera directiva en la materia, la propuesta inicial de la Comisión era establecer una obligación para los estados miembros con el objetivo de que en 2005 un porcentaje mínimo de biocombustible fuese vendido en cada mercado nacional (Jansen, 2003: 29). Este objetivo iría progresivamente en aumento hasta alcanzar el objetivo de 5.75% en 2010. La respuesta del Reino Unido fue tajante al calificar la propuesta como “restrictiva” y todo objetivo vinculante como “inaceptable” (Select Committee on European Union, 2002). Su posición fue compartida por la mayor parte de estados miembros en el Consejo, lo que facilitó el trabajo de negociación británico para conquistar este resultado (Di Lucia y Nilsson, 2007). No sólo la Comisión tuvo que renunciar a los objetivos obligatorios, sino también al establecimiento de una trayectoria anual para los estados miembros (Jansen, 2003: 29). Lo anterior, le permitió al Reino Unido reducir considerablemente los costes de adaptación doméstica. En el primero informe sobre la implementación de la directiva sobre biocombustibles, el Reino Unido presentó como único instrumento concreto una exención impositiva puesta en marcha desde Julio de 2002. El resto de su reporte constó más de planes y propuestas que de medidas concretas. Desde el Libro


31

Blanco de Energía del 2003, el gobierno británico había hecho de la promoción de los biocombustibles parte de su estrategia para combatir el cambio climático (DTI, 2003: 69). Sin embargo, para 2005 este compromiso se había limitado en gran parte a un modesto objetivo de biocombustibles y a una reducción impositiva al biodiesel que en 2005 fue extendida hacia el bioetanol (Bomb et. al, 2007:2261). Como ilustra el gráfico 5, en 2005 los biocombustibles eran tan sólo una gota en el océano del mercado de los combustibles en el Reino Unido. Con una naciente industria nacional y sin el tiempo necesario para llevar a cabo reformas en la política agrícola que permitiesen la plantación de cultivos energéticos, el etanol importado de Brasil y el aceite de palma de Indonesia se convirtieron en la ruta de escape para cumplir en los primeros años con el objetivo de la directiva comunitaria (Pilgrim y Harvey, 2010). En un contexto nacional dominado por las preocupaciones sobre el cambio climático, las medidas de prevención para evitar que la cosecha de biocombustibles incrementara la emisión de GEI fueron una preocupación central por parte de los grupos ambientalistas. Gráfico 5: Proporción de biocombustibles usados en el sector transporte del

Reino Unido (2002-2010)

Fuente: Department for Transport, (2011)

A finales del 2005, el gobierno británico finalmente anunció una obligación para el consumo de combustibles renovables en el transporte (RTFO, por sus siglas en inglés) (Dickie, 2007:59). Su aprobación tardó cerca de dos años en llegar. Tras un complejo proceso de consultas, la RTFO fue aprobada por el Parlamento Británico en 2007 a través de la Orden SI 2007/3072. Si los primeros años de implementación de esta política estuvieron marcados por una inercia institucional y una cierta inmovilidad política, la puesta en marcha de la RTFO significó el inicio de una movilización a nivel nacional contra elementos importantes de esta política.


32

3.3.3 Acción y reacción en torno a los biocombustibles (2007-‐2013) La RTFO fue recibida por la industria británica de renovables como una solución a los problemas de emisión de GEI en el transporte (UKPIA, 2008). En la otra cara de la moneda, su aprobación fue calificada como un “mal día” para la política climática del Reino Unido por parte de grupos ambientalistas (Greenpeace, 2008a). Las presiones de los grupos ambientalistas británicos llevaron al gobierno a establecer un esquema de cobertura de sostenibilidad vinculado a la RTFO, convirtiéndose en un pionero a nivel europeo respecto a la certificación de la sostenibilidad de los biocombustibles (Chalmers y Archer, 2011: 5682). Sin embargo, grupos ambientalistas como Greenpeace argumentaron que esta obligación no establecía las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los biocombustibles y demandaron una moratoria en su aplicación (Greenpeace 2008b). En 2007, los grupos ambientalistas de Reino Unido (Greenpeace, FoE, Oxfam, WWF y RSPB) lanzaron una fuerte campaña mediática para promover un rigurosos criterio de sostenibilidad para el RTFO (Pilgrim y Harvey, 2010:9). Producto de estas presiones, el gobierno británico se resolvió a iniciar un proceso de revisión sobre los riesgos medioambientales de los biocombustibles. El Informe Gallaguer, publicado en Julio del 2008, recomendó desacelerar la introducción de los biocombustibles hasta que fuesen introducidos los controles adecuados para resolver los problemas de sostenibilidad (Gallaguer, 2008:8). Como resultado, aunque el gobierno británico desestimó abandonar la política de biocombustibles, sí que aceptó consultar cómo reducir su objetivo para 2010 y de qué forma hacer de los esquemas de sostenibilidad parte integral de su posición negociadora en el marco del Paquete de Energía y Clima (The Guardian, 2008). La directiva renovada trajo efectos contradictorios en el Reino Unido. Por un lado, el cambio de enfoque en la directiva (al ampliar el objetivo a otras fuentes de energía renovables en el transporte) permitió el relajamiento de los objetivos nacionales de un 5% a un 3.6 para el 2010 (ver Reporte del Reino Unido a la Comisión de 2011). En este sentido, es importante mencionar que ni siquiera bajo estas nuevas condiciones el Reino Unido pudo alcanzar su objetivo para 2010, alcanzando un modesto 2.6% en el consumo de biocombustibles (Comisión, 2011). Por el otro, aún cuando el Reino Unido ha acusado de una disminución en el consumo de biocombustibles (DECC, 2012), lo positivo es que éste se ha diversificado. En el periodo de aplicación de la RTFO de 2012 a 2013, un 42% del biocombustible se produjo a partir de fuentes como basura y residuos agrícolas, que son considerados como biocombustibles de segunda generación (DoT, 2013). Por tanto, parece que el Reino Unido se encuentra en el mismo camino que el consenso a nivel europeo de ir dejando atrás los biocombustibles de primera generación.


33

5. Análisis comparativo: Alcances y límites de la política europea de renovables En este documento de trabajo se han presentado los elementos más destacados sobre la implementación de la política europea de renovables en España y el Reino Unido. Al respecto, se ha tratado de presentar una narrativa simple que exponga los alcances y límites que ha experimentado esta política, tanto para el sector de la electricidad como el del transporte. A continuación, se procederá a analizar los principales resultados de este ejercicio comparativo. Para ello, en este capítulo se revisarán: (a) los cambios más importantes que ha traído la política europea de renovables en España y el Reino Unido; (b) las principales barreras que se han encontrado a nivel nacional (c) y las perspectivas para la política europea de renovables de cara a los retos climáticos y energéticos que enfrenta la UE para 2030. 5.1 La política europea de renovables y los cambios a nivel nacional Es evidente que la UE no ha podido influir por igual en los sectores analizados. El gráfico 6 ilustra la manera en que el sector de la electricidad es en el que mayores progresos se han tenido en la promoción de energía renovable. En contraparte, resulta llamativo que el sector transporte ha sido el sector donde menos se aprecia crecimiento en el desarrollo de energía renovable. Es de sorprender porque no fue hasta la directiva de 2009 que el sector de la calefacción y refrigeración comenzó a ser regulado por la UE. Lo cierto, sin embargo, es que esta tendencia se muestra congruente con los problemas que ha experimentado la política europea en materia de biocombustibles y que han sido expuestos en los casos de estudio. Gráfico 6: Tendencias de las renovables en la UE

Fuente: Comisión, 2013ª

Los casos de España y el Reino Unido nos han mostrado que la política europea ha sido fundamental para cambiar las percepciones y expectativas de los actores


34

nacionales en relación con el desarrollo de energía renovable. Sin embargo, este cambio no se ha dado por igual para los sectores de la electricidad y el transporte. Para el primero, la política europea ha sido acompañada de un creciente interés por los beneficios de un mayor desarrollo de la energía renovable. Incluso, como en el caso de España, este cambio ha traído tensiones entres pequeños productores de energía renovable y las grandes compañías que controlan el sector. Para el caso del sector transporte, la política europea ha venido de la mano de una creciente desconfianza sobre los beneficios de los biocombustibles como un instrumento en la lucha contra el cambio climático. Como resultado, no sólo la UE ha comenzado a buscar otras opciones para hacer más sostenible este sector (como son los biocombustibles de segunda y tercera generación), sino que también se ha comenzado a debatir a nivel europeo poner un freno al desarrollo de los biocombustibles de primera generación. La UE también ha favorecido la mejora de las condiciones para el desarrollo de la energía renovable, principalmente en el sector de la electricidad. A pesar de que la política europea no ha podido desarrollar un modelo europeo de apoyo, lo cierto es que la presión europea ha sido suficiente para influir a los estados miembros con miras adoptar políticas que favorezcan la promoción de las energías renovable. Ahora bien, este desarrollo ha sido desigual tanto entre sectores como entre países. El caso de la electricidad renovable nos enseña los resultados de los diferentes modelos de apoyo entre España y el Reino Unido. Mientras España se inclinó por el desarrollo de Tarifas de Retroalimentación, el Reino Unido se basó en un sistema más próximo a mecanismos de mercado. Lo que es importante resaltar es, por un lado, el limitado desarrollo de energía renovable que ha traído el modelo británico. Por el otro, están los problemas del déficit de la tarifa eléctrica que han venido vinculados al Régimen Especial en España. En este sentido, la crisis económica no ha hecho más que empeorar las perspectivas para el apoyo a las renovables. Como hemos podido ver, la política europea también ha mejorado las perspectivas para el desarrollo de biocombustibles. Sin embargo, estos esfuerzos han arrastrado persistentemente las reticencias sobre los biocombustibles tanto en España como en el Reino Unido. 5.2 La política europea de renovables y las barreras domésticas Si es fácil ver los beneficios de la política europea de renovables, resulta más sencillo ver las barreras con las que ésta se ha encontrado a nivel nacional. Evidentemente, gran parte de estas barreras han sido producto de las propias debilidades de la política europea, incluso con la directiva reforzada. En otras palabras, existe una interrelación entre las barreras encontradas a nivel doméstico y los problemas propios de la política europea. Observar las diferencias entre los


35

desarrollos de energía renovable en el sector de la electricidad y el transporte nos ayuda a detectar los límites de la política europea. Tanto el caso de la electricidad renovable como de los biocombustibles son representativos de que esta política no ha sido diseñada para lograr una transición hacia un sistema energético basado en energías renovables, sino simplemente para dar una mayor presencia a estas fuentes en la canasta energética de la UE. Esta es una barrera de tipo estructural. Por ser el sector donde ha habido mayor despliegue de las renovables, el de la electricidad explica claramente este punto. Como se ha podido ver, tras el boom de la electricidad renovable en España, las energías renovables fueron las principales perjudicadas del nuevo contexto económico. Bien se podría argumentar que las grandes eléctricas han aparecido como un punto de veto a nivel nacional. Este ha sido el argumento por parte de los productores de renovables. No obstante, el problema con esta posición es que no contempla que el objetivo de la política europea de renovables es de mínimos, no de máximos. Dicho claramente, los esfuerzos de los estados miembros en el marco de esta política se centran en alcanzar su objetivo nacional, no en invertir la estructura energética nacional. Esto también puede verse para el caso de los biocombustibles, donde la UE continua explorando las mejores opciones para promover las renovables en el sector transporte. Tras 10 años de un persistente esfuerzo por promover los biocombustibles de primera generación, ahora la UE trata de dar un giro hacia opciones más sostenibles en lo económico, ecológico y social con miras a diversificar el consumo energético en este sector. Al analizar las barreras para el despliegue a la energía renovable, es importante también considerar los límites de la liberalización de los mercados energéticos en Europa. La consumación del Mercado Interior de la Energía sigue siendo uno de los objetivos principales de la política energética europea. Hoy en día, es frecuente encontrar estructuras dominadas por unos cuantos actores, como es el caso de la electricidad en Reino Unido. Si en verdad se busca mayor presencia de las energías renovables en la canasta energética de la UE, es necesario completar el proceso de liberalización de los mercados energéticos nacionales y adecuar su funcionamiento a la participación de una constelación de actores como son los productores de energía renovable. El diferente desarrollo entre la electricidad renovable y los biocombustibles también permite estudiar otro tipo de barreras a nivel doméstico. Al ser una política que reside en mecanismos flexibles de gobernanza (Solorio, 2011b), el éxito o fracaso de esta política depende de la existencia de actores a nivel nacional que impulsen las reformas promovidas por la UE; es decir, esta barrera es más de tipo política. Ni siquiera con la directiva renovada y el objetivo de carácter obligatorio esto ha cambiado, pues la decisión sobre los sistemas de apoyo sigue recayendo en el nivel nacional. Los casos de estudio desarrollados nos han mostrado que esta barrera trae dos riesgos fundamentales. En primer lugar, como


36

ha sucedido con la política de biocombustibles, es posible que una mala percepción sobre la política en cuestión lleve a que los actores domésticos se resistan a la implementación de esta política. Por tanto, puede no haber una alianza de actores que promuevan las reformas necesarias. En un paso posterior incluso esta resistencia pueda llevar a la posterior modificación de la política europea, como ha sucedido con el caso de los biocombustibles en el Reino Unido. Por el otro, depender del escenario político puede hacer que la correcta implementación de la política europea sea susceptible a la coyuntura nacional. Los recientes acontecimientos en la política energética española, tanto para el caso de la electricidad renovable como de los biocombustibles, son prueba de ello. Así las cosas, la flexibilidad de la política europea da pié a que el cambio político pueda ser truncado para dar respuesta a problemas inmediatos como la crisis económica. Bajo el marco regulatorio actual, esto se traduce en un simple llamado de atención por parte de la Comisión, como ha pasado con España por el tema de los apoyos a las renovables. Como ilustra el gráfico 7, el consumo de energía renovable ha mantenido su tendencia creciente en la UE. Estimaciones indican que en 2012 la energía renovable contribuyó en un 14.1% al consumo global de energía de la UE-‐28 (Eurostat, 2014). Sin embargo, este dato global oculta las dificultades que muchos estados miembros, como España y el Reino Unido, están enfrentando con miras a alcanzar su objetivo para 2020. Mientras la UE y sus estados miembros debaten la conveniencia de tener o no objetivos nacionales para el desarrollo de energía renovable hacia el 2030, sólo pocos se han detenido a señalar los riesgos que tiene la UE y la mayor parte de sus estados miembros de no cumplir con sus objetivos para el 2020. Gráfico 7: Participación de la energía renovable en el consumo global de la UE-28

Fuente: Eurostat, 2014.


37

5.3 Perspectivas para la política europea de renovables La promoción de energía renovable fue un tema central en la hoja de ruta de la UE para una economía baja en carbono para 2050 (Morata y Solorio, 2013). Lo cierto, sin embargo, es que las perspectivas para la energía renovable se han complicado a raíz del nuevo contexto económico de la UE. En este contexto, el paquete de energía y clima para 2030 propuesto por la Comisión Europea (2014) contempla cambios importantes en relación a su predecesor. Por un lado, esta propuesta centra su atención en la reducción de GEI, estableciendo un objetivo de reducción de 40% con respecto a los niveles de 1990. Por el otro, la propuesta de la Comisión elimina los objetivos nacionales de energía renovable, estableciendo únicamente un objetivo indicativo global de 27% para la UE en su conjunto. En este sentido, la nueva gobernanza propuesta por la Comisión no sólo es un retroceso para la política europea de renovables, sino un retroceso para la UE en su intento por afianzarse como líder global en la lucha contra el cambio climático. El Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, se ha comprometido ha tener un acuerdo sobre este marco antes de Octubre del 2014. Mientras que la Comisión asegura que éste es el camino adecuado para continuar la transición hacia una economía baja en carbono, organizaciones ambientalistas y de productores de energía renovable han criticado la falta de ambición de los planes europeos. 6. Conclusiones y lecciones para futuras políticas Pese a que la UE hoy día tiene mayores competencias en materia de política energética, reformar la política de renovables no es una labor sencilla. La UE es competente para adoptar medidas a escala europea que: garanticen el buen funcionamiento del mercado de la energía; garanticen la seguridad del abastecimiento energético; promuevan la eficiencia energética; y promuevan la interconexión de las redes energéticas (Diario Oficial, TFUE, art. 194). Sin embargo, según el propio Tratado, estas medidas no afectarán las posibilidades de los estados miembros de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético (TFEU, art.194). Por tanto, es necesario tomar un camino que genere consenso entre las instituciones europeas y los estados miembros. Basados en la experiencia de los casos de España y el Reino Unido, este trabajo sostiene que este consenso deberá de partir de la discusión de los siguientes puntos:

§ De cara a los nuevos objetivos y políticas para 2030, es de vital importancia que la UE defina con mayor claridad el objetivo estratégico de la política europea de renovables. En este sentido, no sólo es necesario fijar unos objetivos obligatorios de largo plazo que garanticen la seguridad en la inversión y la propia credibilidad de la política europea, sino también definir hasta qué punto el fin de esta política es revertir la actual estructura


38

energética o simplemente reforzar a las renovables como un elemento más en la canasta energética de la UE.

§ Independientemente de la decisión que se tome a nivel europeo, en adelante la política europea de renovables deberá de ser más cuidadosa con la forma en la que persigue sus propios objetivos. La UE no puede apoyar fuentes renovables que no sean sostenibles en lo medioambiental o en lo social, como es el caso de los biocombustibles de primera generación. Apoyar fuentes renovables no sostenibles es una contradicción en términos de los objetivos de la propia política.

§ Para evitar el surgimiento de una nueva burbuja verde, la UE debe

resaltar la naturaleza descentralizada de la energía renovable. El desarrollo de energía renovable no puede desligarse de sus objetivos medioambiental y social para convertirse en un objetivo en sí mismo.

Por sus ambiciosos objetivos en materia de energía y clima para el 2020, la UE ha sido vista como un ejemplo en la lucha global contra el cambio climático. Sin embargo, a partir del caso de la energía renovable, este trabajo ha ilustrado las dificultades que enfrentan los estados miembros para alcanzar sus objetivos nacionales. En este contexto, el marco propuesto por la Comisión sólo puede ser visto como un retroceso para la política europea de renovables. De seguir el modelo propuesto, la UE no sólo estará perdiendo uno de los principales instrumentos de la política energética europea (la promoción de energía renovable), sino que también estará cediendo su pretendido liderazgo global en la lucha contra el cambio climático.

Referencias ADELLE, C., D. RUSSEL, and M. PALLAEMARTS (2012), A ‘coordinated’ European energy policy? The integration of EU energy and climate change policies, en MORATA, F. e I. SOLORIO SANDOVAL (eds.) European Energy Policy: An Environmental Approach, Cheltenham, UK y Northampton, USA: Edward Elgar, 25-‐47. AGOSTI, L., J. PADILLA, A. RESQUEJO (2007), “El Mercado de generación eléctrica en España: Estructura, funcionamiento y resultados”, Economía Industrial, Num. 364, 21-‐37. APPA (2013a), “Las renovables denuncian la campaña de las grandes eléctricas en la UE para mantener sus beneficios a costa de hundir el sector”, Nota de Prensa, 22.10.2013.


39

APPA (2013b), “Las importaciones desleales copan ya el 76% del mercado del biodiesel”, Nota de Prensa, 16.05.2013. APPA (2013C), “APPA rechaza la limitación a los biocarburantes convencionales propuesta hoy por el Parlamento Europeo”, “Nota de Prensa”, Madrid, 11, 7,2013. APPA (2011), “Los biocarburantes, indispensables en la lucha contra el cambio climático”, Nota de Prensa, 13.04.2011. APPA (2005), “Una Estrategia de Biocarburantes para España (2005-‐2010)”, 00.5.2005. AROCENA, P., K. KUHN, P. REGIBEAU (1999), “Regulatory reform in the Spanish electricity industry: A missed opportunity for competition”, Energy Policy, Vol. 27, Nr, 7, 387-‐399. BARNES, P. (2013), ‘The changuing fortunes of nuclear energy in the sustainabiity discourse’, en BARNES P. and T. HOERBER (eds.), Sustainable development and governance in Europe -‐ the evolution of the discourse, Routledge, 2013, pp. 106-‐120. BOE (2013), Real Decreto-‐ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, Núm. 47 Sec. I. Pág. 15219, 23.2.2013. BLOOMBERG New Energy Finance (2012), UK BIG 6 UTILITY INVESTMENT TRENDS, 23.04.2012, http://www.greenpeace.org.uk/sites/files/gpuk/Big-‐Six-‐Investment-‐Trends.pdf BOASSON, E. y J. WETTESTAD (2013), EU Climate Policy. Industry, Policy Interaction and External Environment, Ashgate, Surrey: England. BOMB, C., K. McCORMICK, E. DEURWAARDER, y T. KABERGER (2007), “Biofuels for transport in Europe: Lessons from Germany and the UK”, Energy Policy, 35(4), 2256-‐2267. BOUCHER, P. (2012), “The Role of Controversy, Regulation and Engineering in UK Biofuel Development”, Energy Policy, Volume 42, 148-‐154. BRAUN, J.F. (2011), “EU Energy Policy under the Treaty of Lisbon Rules: Between a new policy and business as usual”, Politics and Institutions, EPIN Working Papers, No. 31/ February 2011. BUCHAN, D. (2009), Energy and Climate Change: Europe at the crossroads, Oxford: Oxford University Press/Oxford Institute for Energy Studies.


40

CHALMERS, J. y G. ARCHER (2011), “Development of a sustainability reporting scheme for biofuels: A UK case study”, Energy Policy, 2011, vol. 39, issue 10, 5682-‐5689 CHARLES, M., R. RYAN, N. RYAN, R. OLORUNTOBA (2007), “The policy and biofuels: the way forward”, Energy Policy, 35, 5737-‐5746. CIAMBRA, A. e I. SOLORIO (2014), The liberalisation of the internal energy market: is the EU dancing at a British tempo?, en Tosun, J, S. SCHMITT, and K. SCHULZE (eds.) Building the Agenda. Energy Policy Making in the EU. London: Springer. CLUB DE LA ENERGÍA (2010), Recomendaciones y actuaciones para activar el desarrollo de las energías renovables. Comité de energías renovables, http://www.enerclub.es/es/frontCacheReportAction.do?action=viewCategory&idCategoryToShow=41&publicationID=1000062725. CNE (2013), “Informe anual sobre el uso de biocarburantes en España en 2011”, Nota de Prensa, 1.3.2013. COMISIÓN (2014), ‘Objetivos para 2030 en materia de clima y energía en favor de una economía competitiva, segura y baja en carbono en la UE’, IP/14/54 , 22.01.2014 COMISIÓN (2013a), “Informe de situación sobre la energía renovable”, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones, COM/2013/0175 final, 27.3.2013. COMISIÓN (2013b), “Commission Staff Working Document Accompanying the document Renewable energy progress report”, SWD/2013/0102 final, 27.3.2013. COMISIÓN (2012a), Indirect Land Use Change (ILUC), MEMO/12/787, 17.10.2012. COMISIÓN (2012b), “Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de ESPAÑA para 2012 que acompaña al documento de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al programa nacional de reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad actualizado de España para 2012-‐2015”, COM(2012) 310 final, 30.5.2012. COMISIÓN (2012c), “New Commission proposal to minimise the climate impacts of biofuel production”, Press Release IP/12/1112, 17.10.2012


41

COMISIÓN (2011), “Communication "Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target", COM/2011/31, 31.01.2011. COMISIÓN (2008), “Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (presentada por la Comisión)”, COM(2008) 19 final, 23.1.2008. COMISIÓN (2007), “Programa de trabajo de la energía renovable. Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible. Comunicación de la comisión al Consejo y al Parlamento Europeo”, COM (2006) 848 final, 10.01.2007. COMISIÓN (2006), “Estrategia de la UE para los biocarburantes”, Comunicación de la Comisión, COM(2006) 34 final, Bruselas, 8.2.2006. COMISIÓN (2004), “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. La cuota de energías renovables en la UE. Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2001/77/CE. Evaluación de la incidencia de los instrumentos legislativos y otras políticas comunitarias en el desarrollo de la contribución de las fuentes de energías renovables en la UE y propuestas de medidas concretas”, COM (2004) 366 final, 26.5.2004. COMISIÓN (1997), “Comunicación de la Comisión -‐ ENERGÍA PARA EL FUTURO: FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES -‐ Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios”, COM(97) 599 final. COMISIÓN (1996), “Comunicación de la Comisión -‐ ENERGÍA PARA EL FUTURO: FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES -‐ Libro Verde para una estrategia comunitaria”, COM/96/0576 FINAL, 00.11.1996. COMISIÓN (1994), “Energías renovables: aprobación de un plan de acción en Madrid, Press Release, IP/94/233 22.03/.994 COMPÉS, R. y J. GARCÍA (2009), ‘La reforma de la PAC y la agricultura española: alternativas y oportunidades para España’, OPEX, Documento de Trabajo 40/2009. CONNOR, P. (2003), “UK Renewable Energy Policy: A Review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, volume 7, no. 1, 65-‐82. CORTES GENERALES (1993), Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, V Legislatura, Comisión Industria, Energía y Turismo, Sesión Celebrada el lunes 18 de octubre de 1993, Comparecencia del Director General del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Serrano Martínez, página 1177.


42

DEL RÍO, P. y M. GUAL (2007), “An integrated assessment of the feed-‐in tariff system in Spain”, Energy Policy, Volume 35, Issue 2, 994-‐1012. DECC (2012), “UK renewable energy roadmap update 2012”, 27.12.2012. DEURWAARDER, E.P. (2005), “Overview and Analysis of National Reports of the EU Biofuel Directive: Prospects and Barriers for 2005”, Energy Research Centre of the Netherlands. DI LUCIA, L. (2013), “Too difficult to govern? An assessment of the governability of transport biofuels in the EU”. Energy Policy, Volume 63, December 2013, 81–88. DIARIO OFICIAL DE LA UE (2009), Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y de Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, L 140/16, 5.6.2009. DIARIO OFICIAL DE LA UE (2007), Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado, constitutivo de la Comunidad Europea, 2007/C 306/02, 17.12.2007. DIARIO OFICIAL DE LA UE (2003), Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y de Consejo relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, L 123/42, 17.5.2003. DIARIO OFICIAL DE LA UE (2001), Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y de Consejo relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, L 283/33, 27.10.2001. DIARIO OFICIAL DE LA UE (1993), Decisión del Consejo relativa al fomento de las energías renovables en la Comunidad (Programa Altener), No. L 235/41, 18.09.1993. Di LUCIA, L. y L.J. NILSSON (2007), “Transport biofuels in the European Union: The state of play”, Transport Policy, 14, 533-‐543. DICKIE, A. (2007), “Biofuels sustainability: A UK perspective”, Renewable Energy Focus, November/December, 59. DINICA, V. (2002), “Policies for renewable energy support in the United Kingdom”, en REICHE D. (ed.), Handbook of Renewable Energies in the European Union -‐ Case Studies of All Member States, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.


43

DINICA, V. y M. BECHBERGER (2005), “Renewable Energy Policies in Spain, en REICHE, D. (ed.), Handbook of Renewable Energy Policies in the European Union -‐ Case Studies of All Member States, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI) (2003), “Our energy future -‐creating a low carbon economy”, 00.02.2003. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2013), “Agrocombustibles: un sector subvencionado que no cumple objetivos”, Madrid, 9.9.2013. EIKELAND, P. (2006), “Biofuels – the new oil for the petroleum industry?”, FNI report 15/2005, Lysaker, Norway: Fridtjof Nansen Institute. EL PAÍS (2006), “La explosión de las energías renovables”, 31.12.2006. EL PAÍS (2011), “Endesa y Gas Natural cargan contra las renovables y piden subida de la luz”, 9.11.2011. ELLIOT, D. (1994), “UK Renewable Energy Strategy: the need for longer term support”, Energy Policy, Vol.22 No.12, 1067-‐1074. ELLIOT, D. (1996), “Renewable Energy Policy in the UK: Problems and Opportunities”, Renewable Energy, Vol. 2, 1308-‐1311. Entrevista personal, RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA (REE) (2010), julio, Madrid. Entrevista personal, SECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO (SECC) (2010), julio, Madrid. Entrevista personal, CLUB DE LA ENERGÍA (2010), julio, Madrid. Entrevista personal, COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (CNE) (2010), julio, Madrid. Entrevista personal, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE (APPA) (2010a), julio, Madrid. Entrevista personal, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE (APPA) (2010B), julio, Madrid. Entrevista personal, CARBUNIÓN (2010), julio, Madrid. Entrevista personal, ENAGAS, (2010), julio, Madrid. Entrevista personal, GREENPEACE (2010), julio, Madrid.


44

Entrevista personal, AMIGOS DE LA TIERRA (2010), julio, Madrid. EURACTIV (2008), “Wrap-‐up: reactions to EU climate and energy package”, 24.01.2008. EURACTIV (2012), “EU energy policy drives changues in UK-‐ mixed results”, 26.01.2012. EUROSTAT (2014), ‘Renewable energy in the EU28’, Newsrelease, 37/2014, 10.03.2014 GALLAGHER, E. (2008), The Gallagher Review of the indirect effects of biofuels production, Renewable Fuels Agency, Julio 2008. GREEN, R. (2010), Are the British electricity trading and transmission arrangements future-‐proof?, Utilities Policy, Vol:18, ISSN:0957-‐1787, Pages, 186-‐194 GREENPEACE UK (2008a), “A bad day for the climate as biofuel legislation kicks in”. Greenpeace Press Release. 15.04.2008. GREENPEACE UK (2008b), “Letter to Ruth Kelly”. Press Release, 24.3.2008. HELM, D. (2003), Energy, the State and the Market: British Energy Policy since 1979, Oxford: Oxford University Press. HELM, D. (2008), “Energy security without the North Sea –time to think European”, http://www.dieterhelm.co.uk/sites/default/files/Parliamentary_Monitor_Feb08.pdf HENNINGSEN, J. (2008), “EU energy and climate policy-‐ two years on”, EPC Issue Paper, No. 55, September 2008. HOERBER, T. (2013), ‘The Origins of Energy and Environmental Policy in Europe’, Abingdon: Routledge. HOUSE OF COMMONS. Environment, Food and Rural Comitee (2003), Biofuels. Seventh Report of Session 2002-‐2003, Volume I, 06.11,2003. HOUSE OF LORDS, European Union Committee (2008), The EU’s Target for Renewable Energy: 20% for 2020, Volume I: Report, 24.10.2008.


45

HOWES, T. (2010), “The EU”s New Renewable Energy Directive”, en OBERTHÜR S. y M. PALEMMAERTS (eds.), The New Climate Policies of the European Union: Internal Legislation and Climate Diplomacy, Bruselas: VUB Press, 117-‐150. JACOBS, D. (2012), Renewable Energy Policy Convergence in the EU. The Evolution of Feed-‐in Tariffs in Germany, Spain and France. Ashgate, Surrey: England. JANSEN, J. C. (2003), “Policy support for renewable energy in the European Union. A review of the regulatory framework and suggestions for adjustments”. ECN Report, http://www.ecn.nl/docs/library/report/2003/c03113.pdf KNUDSEN, J. (2012), “Renewable energy and environmental policy integration: renewable fuel for the European energy policy?”, en MORATA, F. e I. SOLORIO SANDOVAL (eds.), European Energy Policy: An Environmental Approach, Cheltenham, UK y Northampton, USA: Edward Elgar, 48-‐65. KULOVESI, K., E. MORGERA y M. MUÑOZ (2010), “Environmental Integration and Multi-‐faceted international dimensions of EU law: Unpackaging the EU”s Climate and Energy Package, Common Market Law Review, 48, 829-‐891. LAUBER, V. (2005), “Renewable at the level of the European Union”, en REICHE, D. (ed.), Handbook of Renewable Energies in the European Union, Frankfurt: PETER LANG, 39-‐53. MATLÁRY, J. (1997), Energy Policy in the European Union, Nueva York: San Martin´s Press. McGOWAN, F. (2011), “The UK and EU Energy Policy: From Awkward Partner to Active Protagonist?”, en BIRCHFIELD, V. y J. DUFFIELD (eds.), Toward a Common European Union Energy Policy. Problems, Progress, and Prospects, New York: Palgrave Macmillan, 187-‐213. MORATA, F. e I. SOLORIO (2013), ‘When ‘green’ is not always sustainable: the inconvenient truth of the EU energy policy’, Carbon Management, 4(5), 555–563. MITCHELL, C. (1995), “The Renewables NFFO: A Review”, Energy Policy, Vol. 23, No. 12, 1077-‐1091. MITCHELL, C. y P. CONNOR (2004), “Renewable energy policy in the UK 1990-‐2003”, Energy Policy, 32 (17), 1935–1947. MITyC (1999), “Plan de fomento de las energías renovables en España”, 00.12.1999.


46

MITyC (2010), “Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-‐2020”, 30.06.2010. MORAL SORIANO, L. (2008), “New Modes of Governance in the Spanish Electricity and Gas Sectors”, Journal of Public Policy, Vol. 28, Issue 01, 93-‐111. MINISTERIO DE ECONOMIA (2002), “Informe del Reino de España sobre los objetivos indicativos nacionales de acuerdo a la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre relativa a la promoción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad”, 00.00.00. MUÑOZ, M., V OSCHMANN, J.D. TÁBARA (2007), “Harmonization of renewable electricity feed-‐in laws in the European Union”, Energy Policy, Volume 35, Issue 5, May 2007, Pages 3104-‐3114. NILSSON, M., L.J. NILSSON y K. ERICSSON (2009), “The rise and fall of GO trading in European renewable energy policy: the role of advocacy and policy framing”, Energy Policy 37(11), 4454–4462. OFGEM (2011), “Project TransmiT -‐ Electricity transmission charging: assessment of options for change”, 20.12.2011. OETTINGER, G. (2012), Discurso, “EUSEW -‐ Renewable Energy strategy conference”, Bruselas: 21 de Junio de 2012. PARLAMENTO EUROPEO, “European Parliament backs switchover to advanced biofuels”, Press Release, 11-‐09-‐2013. PILGRIM, S. y M. HARVEY (2010), “Battles over Biofuels in Europe: NGOs and the Politics of Markets”, Sociological Research Online, 15 (3) 4. POLLIT, M. (2010), “UK renewable energy policy since privatisation”, Electricity Policy Research Group Working Papers, No.EPRG1002, Cambridge: University of Cambridge. RAYNER, T. y A. JORDAN (2011), “The United Kingdom: a paradoxical leader?”, en WURZEL, R.K.W y J. CONNELLY (eds.),The European Union as a Leader in International Climate Change Politics, New York: Routledge, 95-‐111. REE (2007), ‘El sistema eléctrico español en el 2006’, 22.10.2007. REE (2012), “Informe del Sistema Eléctrico español 2012”, 12.06.2013


47

ROWLANDS, I. H. (2005), “The European directive on renewable electricity: conflicts and compromises”, Energy Policy, 33 (2005), 965-‐974. RYAN, L., F. CONVERY, S. FERREIRA (2006), “Stimulating the use of biofuels in the European Union: implications for climate change policy”, Energy Policy, 34 (17), 3184–3194. Select Committee on European Union (2002), BIOFUELS FOR TRANSPORT: (15500/01), Forty-‐Ninth Report, 11.11.2002. SÁNCHEZ DE TEMBLEQUE, L.J. (2009), “Promoviendo un nuevo modelo energético”, en MORATA, F. (coord.), La Energía del Siglo XXI: Perspectivas europeas y tendencias globales, Barcelona: Institut Universitari d”Estudis Europeus, 119-‐142. SOLORIO, I. (2011a), “La europeización de la política energética en España: ¿qué sendero para las renovables?”, Revista Española de Ciencia Política, Núm. 26, Julio 2011, 105-‐123. SOLORIO, I. (2011b), “Bridging the Gap between Environmental Policy Integration and the EU”s Energy Policy: Mapping out the “Green Europeanisation” of Energy Governance”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 7. Nr. 3, 396-‐415. SOLORIO, I y L. POPARTAN (2014), “The implementation of the EU biofuels policy in Spain and the United Knigdom: A contested case of Europeanisation, Biofuels, Vol.5 No. 2. SOLORIO, I., M. BECHBERGER, L. POPARTAN (2013), “The European energy policy and its “green dimension”: Discursive hegemony and policy variations in the greening of energy policy”, en BARNES P. and T. HOERBER (eds.), Sustainable development and governance in Europe -‐ the evolution of the discourse, Routledge, 2013, 91-‐105. SOLORIO, I. y F. MORATA (2012), “Introduction: the re-‐evolution of energy policy in Europe”, en MORATA, F. e I. SOLORIO SANDOVAL (eds.), European Energy Policy: An Environmental Approach, Cheltenham, UK y Northampton, USA: Edward Elgar, 1-‐22. THE ECOLOGIST (2012), “Are the “big six” blocking the renewables in the UK?”, 01.03.2012. THE GUARDIAN (2004), “Full text: Blair”s climate change speech. Speech given by the prime minister on the environment and the “urgent issue” of climate change”, 15.09.2004.


48

THE GUARDIAN (2007), “Labour’s plan to abandon renewable energy targets”, 21.2.2008. THE GUARDIAN (2008), “Kelly orders biofuels review”, 21.2.2008. THE GUARDIAN (2012), “Who is in charge of Britain's energy policy?”, 28.2.2012. TOKE, D. (2011), “Ecological Modernisation, Social Movements and Renewable Energy”, Environmental Politics, Vol 20 No 1, 60-‐77. TOSUN, J. e I. SOLORIO (2011), “Exploring the Energy-‐Environment Relationship in the EU: Perspectives and Challenges for Theorizing and Empirical Analysis”, en TOSUN, J., e I. SOLORIO (eds.), Energy and Environment in Europe: Assessing a Complex Relationship, European Integration online Papers (EIoP), Special Mini-‐Issue 1, Vol. 15, Article 7. UKPIA (2008), “Briefing: Renewable Transport Fuels Obligation (RTFO)”, Briefing Paper (2008), 00.4.2008. WIESENTHAL, T., G. LEDUC, P. CHRISTIDIS, B. SCHADE, L. PELKMANS, L. GOVAERTS, y P. GEORGEPOULOS (2009), “Biofuel support policies in Europe: Lessons learnt for the long way ahead”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 789-‐800.

Documents

EP80Solorio renovables - Fundación Alternativas · Resumen’ejecutivo ... De’cara’a’los’nuevos’objetivos’y’políticas’para’2030,’es’de ... (CECA)’ en’