(ES) D - Revocación de Actos que aplican Tributos y Sanciones Administrativas

7/26/2019 (ES) D - Revocacin de Actos que aplican Tributos y Sanciones Administrativas

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LA REVOCACIN DE LOS ACTOS DE APLICACIN DETRIBUTOS Y DE IMPOSICIN DE SANCIONES

HELMUTH MOYA MEYERMagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

(Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife)

SUMARIO

I. La revocacin de los actos administrativos. Planteamiento ge-

neral.

II. La revocacin en el mbito fiscal.

III. La revisin en va administrativa segn la Ley 58/2003, de 17

de diciembre, General Tributaria. Ideas generales.

IV. La revocacin de actos en beneficio de los interesados.

A) Ideas generalesB) Naturaleza de la potestad revocatoria

C) Actos que pueden ser objeto de revocacin

D) Supuestos habilitantes de la potestad revocatoria

E) Procedimiento de revocacin

V. Conclusiones.

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I. LA REVOCACIN DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS. PLANTEAMIEN-

TO GENERAL

En el sistema de derecho administra-

tivo espaol la Administracin tiene el po-

der de, por s misma, reconocer derechos

a los ciudadanos y de imponerles obliga-

ciones, aplicando el Derecho (autotulela

declarativa), y de ejecutar sus decisiones

(autotutela ejecutiva), sin necesidad de

acudir a los Tribunales de Justicia.

Como contrapartida, y por exigencias

del principio de seguridad jurdica, la regla

general es que no puede apartarse de aque-

llos actos en los que haya reconocido dere-

chos a favor de los ciudadanos sin acudir a

los Tribunales de Justicia (recurso de lesivi-

dad), salvo en supuestos excepcionales.

La Ley del Procedimiento Administra-

tivo de 1958 (LPA) introdujo vas para que

la Administracin pudiera revocar sus pro-

pios actos declarativos de derechos, siem-

pre que stos fuesen nulos de pleno dere-

cho (artculo 109) o cuando infringiesen

manifiestamente la Ley (artculo 110). En

los dems casos, deba acudir a la declara-

cin de lesividad. El procedimiento de revi-

sin de oficio de los actos declarativos de

derechos, en esencia, requera la audien-

cia de los interesados y el dictamen favo-

rable del Consejo de Estado.

La previsin de un procedimiento espe-cfico de revisin de oficio de los actos decla-

rativos de derechos permita deducir a con-

trario el principio de libertad de revocacin

de los actos desfavorables o de gravamen,

salvo que ello chocase con otro principio de

signo distinto (por ejemplo, la prohibicin de

condonacin de deudas tributarias-artculo

10 f) LGT de 1963). Este principio fue reco-

gido expresamente por la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, reguladora del Rgimen

HELMUTH MOYA MEYER

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Resumen del contenido:

En el presente trabajo se analiza hasta qu punto se cumple en la regulacin de la potes-tad de revocacin de los actos de aplicacin de tributos y de imposicin de sanciones- conteni-

da en el artculo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria- el propsito

expresado en la exposicin de motivos de la citada Ley, de aproximacin de la regulacin de los

procedimientos de revisin de los actos dictados en materia tributaria con la recogida en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, referida a los actos administrativos en general.

Adems de sujetar el ejercicio de la potestad revocatoria a unos lmites generales ya con-

templados en el artculo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Ley General Tributaria

exige la concurrencia de determinados supuestos habilitantes de la revocacin error de dere-

cho manifiesto, error de hecho puesto de manifiesto por circunstancias sobrevenidas y defecto

formal que cause indefensin- que caracterizan el rgimen jurdico de sta como ms restricti-

vo que el previsto en la regulacin general de la revocacin de los actos administrativos.

Se destaca, por ltimo, una consecuencia de la nueva regulacin: en buena medida

recoge los supuestos que, segn el artculo 154 de la Ley General Tributaria, permitan a la

Administracin tributaria revisar de oficio sus actos, pero limitando el ejercicio de la potestad

revocatoria a que sea en beneficio de los interesados; como contrapartida suprime la accin

que, segn interpretacin de la Jurisprudencia, dicho precepto reconoca a aquellos en tales

supuestos para pedir la revisin de los respectivos actos.


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Jurdico de las Administraciones Pblicas y

del Procedimiento Administrativo Comn

(LPC) en su artculo 105.1, estableciendo el

lmite de que la revocacin no fuera contra-

ria al ordenamiento jurdico.

La LPC mantuvo los procedimientos de

revisin de oficio de los actos declarativos

de derechos cuando estos fueran nulos de

pleno derecho (artculo 102) o infringiesen

gravemente normas de rango legal o

reglamentario (artculo 103). Pero la refor-

ma de la LPC introducida por la Ley de 13 de

enero del 1999 ha eliminado la facultad de

la Administracin de revocar de oficio los

actos anulables declarativos de derechos. La

Administracin deber acudir a los

Tribunales de Justicia para revisar los actos

anulables favorables a los ciudadanos, pre-

via su declaracin de lesividad.

Respecto a la revocacin de los actos

anulables desfavorables para los ciudadanos

se permite la revocacin de stos en

cualquier momento, pero matizando que

siempre que tal revocacin no constituya

dispensa o exencin no permitida por las

leyes o sea contraria al principio de igualdad,

al inters pblico o al ordenamiento jurdico.

II. LA REVOCACIN EN EL MBITO

FISCAL

La Ley 230/1963, de 28 de diciembre,

General Tributaria (LGT de 1963) se apart

del sistema general de la LPA, lo que fue

confirmado ms tarde por la disposicin

adicional 5 de la LPC.

Dentro de los procedimientos espe-

ciales de revisin contempl la posibilidad de

que el Ministro de Hacienda pudiera revisar

de oficio los actos nulos de pleno derecho (

artculo 153) y los anulables por infringir

manifiestamente la Ley o por incurrir en

error de hecho puesto de manifiesto por la

aportacin de nuevas pruebas que acrediten

elementos del hecho imponible ntegramente

ignorados por la Administracin al dictar el

acto objeto de revisin ( artculo 154).

En ambos casos, era necesaria la

audiencia de los interesados, pero el dicta-

men del Consejo de Estado no se exiga

sino en el supuesto de la declaracin de

nulidad de pleno derecho y no se precisaba

que fuera favorable.

Nos interesa destacar aqu que se

afirmaba que no caba distinguir entre

actos favorables o desfavorables para el

administrado1, pues contrariamente a lo

que suceda en los artculos 109 y 110 de

la LPA (as como los artculos 102 y 103

LPC, anteriores a la modificacin del ao

1999), los artculos 153 y 154 LGT de 1963

no precisaban que el procedimiento de

revisin se refiriera a actos declarativos de

derechos. Con ello se apartara la LGT del

principio de libertad de revocacin de los

actos de gravamen o desfavorables para el

interesado implcito en la regulacin de la

LPA, y expresamente recogido por la LPC.

LA REVOCACIN DE LOS ACTOS DE APLICACIN DE TRIBUTOS Y...

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1 Martn Queralt y otros: Curso de derecho financiero y tributario ( 7 ed.,1996, pgs. 542 y 543) citando laSTS de 15 de julio del 1985. Sin embargo, el artculo 159 LGT a contrario permita interpretar que el procedimiento

de revisin de oficio previsto en los artculos 153 y 154 LGT se refera a los actos favorables, con lo que respecto alos desfavorables rega el principio de libre revocacin salvo que se opusiera a un principio de signo contrario.


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HELMUTH MOYA MEYER

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El Reglamento del Procedimiento en las

Reclamaciones Econmico-Administrativas,

aprobado por el Real Decreto 391/1996, de

1 de marzo (RPREA) prohiba la revocacin

en va administrativa de las resoluciones fir-

mes de los rganos econmico-administrati-

vos fuera de los casos de nulidad de pleno

derecho y del recurso extraordinario de revi-

sin, limitacin que no se estableca en la

LPA respecto a las resoluciones que hubie-

ran sido confirmadas en va administrativa.

En la medida en que se legitimaba al

Interventor general de la Administracin

del Estado o sus delegados, en las mate-

rias propias de la funcin fiscalizadora, y a

los Directores Generales del Ministerio de

Hacienda, respecto a las materias cuya

gestin les estuviese atribuida, para pro-

mover reclamaciones econmico-adminis-

trativas, las mismas se configuraban como

una va atpica puesta a disposicin de la

Administracin financiera para apartarse

de sus propios actos2.

III. LA REVISIN EN VA ADMINIS-

TRATIVA SEGN LA LEY 58/2003,

DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL

TRIBUTARIA. IDEAS GENERALES

En su exposicin de motivos, la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-

butaria (LGT) destaca las importantes modi-

ficaciones que recoge en su ttulo V, en rela-

cin con la revisin en va administrativa, de

las que nos interesa resaltar, en lo que se

refiere a los procedimientos especiales de

revisin, la idea de la aproximacin a la

regulacin de la LPC, tanto en la enume-

racin de las causas de nulidad de pleno

derecho como en la desaparicin del pro-

cedimiento de revisin de actos anulables,

exigindose para obtener la revisin la

previa declaracin de lesividad y la poste-

rior impugnacin en va contencioso-admi-

nistrativa y la regulacin en el mbito

tributario del procedimiento de revocacin

para revisar actos en beneficio de los inte-resados.

Se incorpora a la LGT la regulacin de

las reclamaciones econmico administrati-

vas, cuyas normas bsicas hasta ahora

recoga el Real Decreto Legislativo

2795/1980, de 12 de diciembre. Interesa

ahora llamar la atencin sobre el hecho de

que ya no se reconoce a los rganos de la

Administracin financiera legitimacin para

promover las reclamaciones econmico-

administrativas, con lo que se suprime esta

va atpica de revisin de sus propios actos

por la Administracin, pero se mantiene la

legitimacin de sta para interponer los

recursos en va econmico-administrativa.

IV. LA REVOCACIN DE ACTOS ENBENEFICIO DE LOS INTERESADOS

A) IDEAS GENERALES

La LGT regula en el mbito tributario

el procedimiento de revocacin de los actos

2 Garca de Enterra: Curso de derecho administrativo (9 ed., 1999, pgs. 650 y 651), en la medida en que no

se trata en tales casos de verdaderos recursos, sino de procedimientos de revisin de oficio de actos administrativospor la propia Administracin, promovidos por sus agentes y resueltos por rganos administrativos.


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desfavorables o de gravamen en el artculo

219, incluido dentro de los procedimientos

especiales de revisin en la seccin 3 del

captulo II. Segn dicho precepto la

Administracin tributaria podr revocar sus

actos en beneficio de los interesados cuan-

do se estime que infringen manifiestamente

la ley, cuando circunstancias sobrevenidas

que afecten a una situacin jurdica particu-

lar pongan de manifiesto la improcedencia

del acto dictado, o cuando en la tramitacin

del procedimiento se haya producido inde-fensin a los interesados.

La regulacin se desliga de la prevista

en el artculo 105.1 LPC, ya que no

reconoce a la Administracin tributaria una

potestad general de apartarse de sus actos

en beneficio de los interesados, limitada

sta por la necesaria observancia de unos

principios generales del derecho, sino que

circunscribe el ejercicio de la potestad

revocatoria a unos supuestos tasados, una

parte de los cuales abarcan los previstos en

el artculo 154 LGT del 1963. La revisin de

oficio de los actos anulables, antes regula-

da en el citado precepto, se canaliza ahora,

respecto a los desfavorables para los

interesados, a travs de este procedimien-

to, con la importante diferencia de que el

procedimiento de revocacin slo podr

iniciarse de oficio3.

B) NATURALEZA DE LA POTESTAD

REVOCATORIA

La ley otorga a la Administracin tri-

butaria el poder para revocar sus actos por

otros de signo contrario, siempre que sea

en beneficio de los interesados. Pero junto

a elementos reglados de la potestad revo-

catoria- los supuestos habilitantes- que

condicionan su ejercicio, remite a la esti-

macin subjetiva de la Administracin tri-

butaria el determinar si hace uso de la re-vocacin. Es una potestad discrecional de

la Administracin tributaria, la cual ponde-

rar en qu medida el inters pblico pue-

de ser conciliado con los intereses particu-

lares de cada caso.

C) ACTOS QUE PUEDEN SER OBJETO

DE REVOCACIN

La LGT elude la clasificacin de actos

declarativos de derechos/actos desfavora-

bles o de gravamen y seala que la potestad

revocatoria slo podr ser ejercida en bene-

ficio de los interesados, con lo cual destaca

el dato de que el resultado de la revocacin

deber ser favorable a stos con indepen-

dencia de la clase de acto de que se trate4.

El concepto de interesados debe to-

marse de la LPC ( artculo 31) abarcando


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3 El RD 1163/1990, de 21 de septiembre, sobre el Procedimiento de Devolucin de Ingresos Indebidos, en sudisposicin adicional 2 admita expresamente la iniciativa de los interesados en el procedimiento de revisin previstoen el artculo 154 LGT del 1963.

4

Un acto de gravamen puede revocarse empeorando la situacin de los interesados, y, por el contrario, un actodeclarativo de derechos puede revocarse mejorando la situacin de aquellos.


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no slo a los obligados tributarios y suje-

tos infractores, sino a todos los titulares

de derechos o intereses legtimos que pue-

dan verse afectados por la revisin de la

actuacin tributaria.

Podrn ser revocados los actos de

aplicacin de los tributos y los de imposi-

cin de sanciones, pero no las resoluciones

firmes de los rganos econmico-adminis-

trativos, as como los actos de aplicacin de

los tributos y los de imposicin de sancionessobre los que hubiera recado resolucin

econmico-administrativa, los cuales slo

podrn ser revisados en los supuestos de

nulidad de pleno derecho, rectificacin de

errores y recurso extraordinario de revisin

(artculo 213.2 LGT)5, recogiendo as la pro-

hibicin que estableca el RPREA. Tampoco

podrn ser revocados los actos o las resolu-

ciones si han sido confirmados por senten-

cia judicial ( artculo 213.3 LGT).

No se exige que se trate de actos fir-

mes, por lo que podrn revocarse tambin

aquellos que hubieran sido impugnados

ante los rganos econmico-administrati-

vos por los interesados, siempre que no

hubiera recado resolucin en la reclama-

cin econmico-administrativa.

Tampoco se especfica que la revoca-

cin deba referirse slo a los actos resolu-

torios, por lo que tambin podrn revocar-

se los actos de trmite.

D) SUPUESTOS HABILITANTES DE LA

POTESTAD REVOCATORIA

La LGT opta por permitir la revocacin

nicamente en los supuestos tasados que

enumera. Se separa as, como ya hemos in-

dicado, de la regulacin de la LPC. La regu-

lacin denota el carcter restrictivo con elque se acoge la figura de la revocacin.

Los supuestos habilitantes a los que

se condiciona el ejercicio de la potestad

revocatoria se refieren al error de derecho

(material) manifiesto, al error de hecho,

puesto de relieve por circunstancias sobre-

venidas, y defecto de forma que produzca

indefensin a los interesados.

El primero de los supuestos es una

copia del que estableci el artculo 154 a)

LGT del 1963, y se refiere a los actos que

infringen manifiestamente la ley. Se trata

de supuestos de error de derecho en la

aplicacin del derecho material.

Las restricciones a la potestad revo-

catoria- el carcter manifiesto de la infrac-

cin de una norma con rango de ley - que

a la Administracin tributaria se le impo-

HELMUTH MOYA MEYER

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5 El artculo 218.1 LGT siembra alguna duda al decir que fuera de los casos previstos en el art. 217 y 220 deesta ley, la Administracin tributaria no podr anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones,ya que sugiere que en beneficio de los interesados s podr anular sus resoluciones. Pero este argumento debe ser re-chazado, porque el artculo 219 LGT se refiere especficamente a actos, que la Ley diferencia claramente de las re-

soluciones que dictan los rganos econmico-administrativos, por lo que no hay duda de que es aplicable la normacomn establecida en el artculo 213.2 LGT.


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nen en este supuesto no se comprenden,

pues se trata de revisar actos en beneficio

de los interesados. Estas prevenciones son

lmites propios de la potestad de revisin

de actos declarativos de derechos6. Si la

potestad revocatoria est sujeta a los lmi-

tes generales previstos en el artculo

219.1, prrafo segundo, LGT, entre ellos el

de que la revocacin no podr ser contra-

ria al inters pblico, y, en consecuencia,

no podr producir un quebranto grave

para la Hacienda Pblica, no tiene justifi-cacin restringir an ms el ejercicio de

aqulla.

La jurisprudencia, interpretando el

artculo 154 a) LGT del 1963, exiga que la

infraccin fuera de precepto con rango de

ley, no bastando la de una norma regla-

mentaria7; y que fuera manifiesta, enten-

diendo por tal la que pudiera advertirse

por el mero contraste del acto con la ley.

Con respecto al segundo supuesto

habilitante, que se refiere al caso de que

circunstancias sobrevenidas que afecten a

una situacin jurdica particular pongan de

manifiesto la improcedencia del acto dicta-

do, se refiere a casos de errores de hecho,

pero tiene un contenido ms amplio que el

previsto en el artculo 154 b) LGT del

1963, segn el cual poda revocarse el

acto cuando se aporten nuevas pruebas

que acrediten elementos del hecho impo-

nible ntegramente ignorados por la Admi-

nistracin al dictar el acto objeto de la re-

visin, es decir, el error de hecho puesto

de manifiesto mediante pruebas nuevas.

Pero tambin tienen aqu cabida los

casos con base en los que puede funda-

mentarse el recurso extraordinario de revi-

sin ( artculo 244 LGT)

8

, que en definitivason circunstancias sobrevenidas que reve-

lan la existencia de un error de hecho9 y la

improcedencia del acto dictado. Si bien la

Administracin tributaria tiene legitimacin

para interponer el recurso extraordinario

de revisin (artculo 244.2 en relacin con

el artculo 241.3 LGT) cuando beneficie al

interesado podr acudir al procedimiento

de revocacin, sobre todo cuando habien-

do transcurrido los plazos para interponer

el recurso extraordinario de revisin no

haya prescrito la accin administrativa

para liquidar.

El ltimo supuesto se refiere, como

ya avanzamos, a los casos en los que en la

tramitacin del procedimiento se haya

producido indefensin a los interesados.

Se requiere que se haya infringido una


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6 Vase el artculo 110 LPA. Sin embargo, la restriccin tiene su origen en la interpretacin a la que hacamosreferencia del artculo 154 LGT, segn la cual este se referira tanto a los actos favorables como a los de gravamen,por lo que esta restriccin de la potestad revocatoria de los actos desfavorables no sera desconocida en el mbito tri-butario.

7 STS de 10 de mayo del 1989, citada por Martn Queralt y otros: Curso de derecho financiero y tributario ( 7edicin, 1996, pg. 544). La interpretacin restrictiva del trmino ley pierde sentido si consideramos que se trata derevocar un acto en beneficio del interesado.

8 Esto es, los supuestos 2 y 3 del artculo 244 LGT. Nuevamente se aparta la LGT de la regulacin del recursoextraordinario de revisin que contiene el artculo 118 LPC al excluir de la revisin el error de hecho que resulte de

los propios documentos obrantes en el expediente, que incluye dentro de la rectificacin de errores.9 Con la nica excepcin del apartado 3 del artculo 244 LGT que se refiere a la violacin dolosa de la legalidad.


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norma del procedimiento que haya produ-

cido indefensin a los interesados10. El

concepto de indefensin es caracterizado

por la doctrina como un concepto relativo11,

de tal manera que el defecto de forma, en

s mismo considerado, carece de relevancia

si no se comprueba que en la sucesin de

oportunidades que tiene el interesado para

defenderse durante el procedimiento no se

advierte que el vicio de forma ha supuesto

una disminucin real y efectiva de garant-

as, incidiendo en la decisin de fondo enperjuicio del interesado12.

E) PROCEDIMIENTO DE REVOCACIN

1. Iniciacin del procedimiento

La LGT se ha preocupado de adver-

tir expresamente que el procedimiento

de revocacin se iniciar siempre de ofi-

cio, y no a instancias de los interesados.

Estos disponen de los dems medios de

revisin previstos en el Ttulo V para

combatir los actos que les sean desfavo-

rables. En caso de que sean firmes, slo

dispondrn de la accin de nulidad pre-

vista en el artculo 217, la posibilidad de

pedir la rectificacin de errores o la revi-

sin extraordinaria de los mismos, en los

supuestos especficos previstos en el ar-

tculo 244 LGT. En los dems casos, se

inadmitir la revisin por tratarse de ac-

tos consentidos.

Esto no quiere decir que los intere-

sados no puedan solicitar a la Adminis-

tracin tributaria, en el ejercicio de su

derecho de peticin (artculo 29 CE), la

revocacin del acto desfavorable, perono tendrn, en principio, accin para

compeler a aqulla a que haga uso de su

potestad revocatoria.13.

La ley no determina cul sea el rga-

no competente para iniciar el procedimien-

to, pero s dispone que reglamentariamen-

te se determinar el rgano competente

para resolverlo, que deber ser distinto del

rgano que dict el acto. El reglamento

por el que se regule el procedimiento de

revocacin ser el que determine estos as-

pectos, pero no parece haber inconvenien-

te alguno en que, entre otros, se atribuya

al propio rgano que dict el acto la inicia-

tiva para promover el procedimiento de re-

vocacin.

HELMUTH MOYA MEYER

324

10 Tanto el artculo 48.2 LPA, como el vigente artculo 63.2 LPC, nicamente atribuyen efectos invalidantes alos defectos de forma cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o d lugara indefensin de los interesados.

11 Garca de Enterra: Curso de derecho administrativo ( 9 ed, 1999, pgs. 630 y 631).12 STS de 11 de julio del 2003 analiza el caso de la omisin del trmite de audiencia y seala que la denuncia

de esta omisin no basta para afirmar que exista indefensin, pues el interesado tiene otras oportunidades a lo largodel procedimiento de hacer alegaciones, as como en la va de revisin administrativa y en la contencioso-administra-tiva. Ser preciso que se acredite que el defecto de forma le ha privado irremediablemente de la posibilidad de defen-derse y que ello haya tenido repercusin en la decisin final.

13 La potestad revocatoria tiene un carcter discrecional, por lo que debiera poder ser sometida en tales casos alas tcnicas de control de los actos discrecionales si la peticin es denegada, en particular desde la perspectiva del

principio de igualdad ante la ley. Si en un caso idntico la Administracin ha revocado el acto no podr ampararse ensu discrecionalidad para no ejercer la potestad revocatoria.


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2. Tramitacin

Se regulan dos trmites del procedi-miento de revocacin, sin perjuicio de los

que puedan establecerse reglamentaria-

mente: la audiencia de los interesados y

un informe del rgano con funciones de

asesoramiento jurdico sobre la proceden-

cia de la revocacin del acto.

La audiencia de los interesados tiene

por objeto conocer si estn conformes con

la revocacin del acto. En realidad, no

cabe pensar que pueda sostenerse que la

revocacin es en beneficio de los interesa-

dos si stos se oponen a la misma, por lo

que sera temerario acordar la revocacin

si no prestan su consentimiento14.

3. Resolucin y caducidad del proce-

dimiento

La resolucin del procedimiento de

revocacin deber ser expresa y habr de

notificarse dentro de los seis meses desde

la notificacin del acuerdo de iniciacin del

procedimiento15.

Transcurrido el plazo sealado sin que

se hubiera notificado la resolucin expresa,

se producir la caducidad del procedimien-

to. La caducidad del procedimiento, por

inactividad de la Administracin, est prevista

en la LPC16 nicamente para los supuestos

de procedimientos iniciados de oficio sus-

ceptibles de producir efectos desfavorables

o de gravamen para los interesados. La re-

gulacin expresa de este supuesto de cadu-

cidad en el artculo 219 LGT tiene sentido si

consideramos que la iniciacin del procedi-

miento de revocacin interrumpe la pres-

cripcin de la potestad de la Administracin

de liquidar la obligacin tributaria17. La ca-

ducidad trata de evitar que el procedimien-

to de revocacin, del que deben despren-

derse efectos favorables para los

interesados, pueda perjudicarles finalmente

si la Administracin no resuelve en plazo.

La resolucin deber ser motivada,

con sucinta referencia a hechos y funda-

mentos de derecho ( artculo 215 LGT) y

pondr fin a la va administrativa ( artculo

219.5 LGT). Contra esta resolucin podr

interponerse recurso contencioso-adminis-

trativo (artculo 249 LGT).

4. Lmites de la revocacin

La LGT seala, en primer lugar, que la

revocacin slo ser posible mientras no

haya transcurrido el plazo de prescripcin,

que ser el previsto en el artculo 66 a)

LGT para la potestad de liquidar la deuda

tributaria18. Mientras no haya prescrito el


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14 Si existen intereses contrapuestos, beneficiando a unos interesados la revocacin y no a los dems, no estpermitida la revocacin. Debe producirse en beneficio de todos los interesados.

15 La LGT se aparta as de lo dispuesto en el artculo 42.3 a) LPC con relacin al cmputo del plazo para resolver,que este precepto ordena que se haga, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciacin.

16 artculo 44.2 LPC17 El procedimiento de revocacin se dirige a la liquidacin de la obligacin tributaria ( artculo 68.1 a) LGT).18 El artculo 154 LGT del 1963 estableca como lmite para el ejercicio de la revisin de oficio de los actos

anulables que no hubiera transcurrido el plazo de prescripcin de la accin administrativa, a diferencia del artculo

110.2 b) LPA y 103.1 b) LPC, anterior a la reforma del ao 1999, que fijaban un plazo de caducidad que deba com-putarse a partir de la fecha en la que se hubiera dictado el acto.


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derecho de determinar la deuda tributaria,

podr ejercerse la potestad revocatoria,

que, en definitiva, no es sino el ejercicio

de la potestad de liquidar la deuda tributa-

ria pero en beneficio de los interesados.

Por otro lado, la LGT sujeta el ejerci-

cio de la potestad de revocacin a simila-

res lmites a los introducidos en el artculo

105.1 LPC por la reforma de la Ley de 13

de enero del 1999, al sealar que la revo-

cacin no podr constituir, en ningn caso,dispensa o exencin no permitida por las

normas tributarias, ni ser contraria al prin-

cipio de igualdad, al inters pblico o al

ordenamiento jurdico.

V. CONCLUSIONES

La revocacin de los actos de aplica-

cin de tributos y de imposicin de sancio-

nes es una revocacin por motivos de le-

galidad de actos en beneficio de los intere-

sados. La LGT, apartndose de la regula-

cin de la LPC, enumera unos supuestos

tasados en los que podr fundamentarse

la revocacin, que extrae de la anterior re-

gulacin de la revisin de oficio de los ac-

tos anulables ( artculo 154 LGT del 1963)-

error de derecho manifiesto y error de he-

cho revelado por circunstancias sobreveni-

das - e introduce un tercer supuesto que

es el defecto de forma que produzca inde-fensin, imprimiendo un carcter excep-

cional al ejercicio de la potestad revocato-

ria. En su conjunto la nueva regulacin ha

supuesto eliminar la accin de los intere-

sados para instar la revisin de los actos

anulables firmes que le sean desfavora-

bles, en los casos previstos anteriormente

en el artculo 154 LGT del 1963, dejando

la revocacin al criterio discrecional de la

Administracin tributaria.

HELMUTH MOYA MEYER

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(ES) D - Revocación de Actos que aplican Tributos y Sanciones Administrativas