ESPAÑA 2010

Informe Anual delForo de la Sociedad Civil

ESPAÑA 2010La Crisis como oportunidad

Las Reformas necesarias

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Presidente

IGNACIO CAMUÑAS SOLÍSDiplomático y Ex Ministro

Vicepresidentes

GASPAR ARIÑO ORTIZCatedrático de Derecho Administrativo

AUGUSTÍN MUÑOZ GRANDESTeniente General del Ejército

JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEACatedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Vocales

JULIO BANACLOCHE PALAOCatedrático de Derecho Procesal — UCM

JAVIER CARVAJAL GARCÍA-VALDECASASAbogado

JOSÉ CUENCA ANAYAEmbajador de España

FERNANDO EGUIDAZU PALACIOSTécnico Comercial del Estado

Vicepresidente del Círculo de Empresarios LUIS FELIU ORTEGA

Teniente General del Ejército

JOAQUÍN GARCÍA-ROMANILLOSSecretario General — Consejo General de la Abogacía

JOAQUÍN NEBREDAAbogado

RAFAEL PUYOL ANTOLÍNPresidente de IE Universidad

Vicepresidente Fundación Instituto de Empresa

MERCEDES SENÉNLetrado de las Cortes

ELOY YBÁÑEZ BUENOEmbajador de España

RAFAEL BENJUMEA CABEZA DE VACAIngeniero de Minas

LUIS FELIPE CASTRESANAAbogado del Estado

JOSÉ MARÍA DE AREILZA CARVAJALProfesor del IE Law School — IE Universidad

IGNACIO EYRIES GARCÍA DE VINUESAIngeniero de Caminos

FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDRÉSEconomista

Profesor de Economía, IE Business School

BLANCA LOZANO CUTANDACatedrático de Derecho Administrativo

BENIGNO PENDÁSLetrado de las Cortes

FRANCISCO RUIZ RISUEÑOAbogado del Estado

JUAN VELARDE FUERTESCatedrático de Universidad

Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Tesorero

JUAN CANO-CORTÉSEconomista

Secretario

MANUEL PINO CRUZAbogado

Vice-Secretario

JOSÉ MARÍA MONTOTO CAÑASAbogado

El Foro de la Sociedad Civil fue creado como asociaciónel 11 de febrero de 2008 e inscrito en el registro delMinisterio de Interior el 7 de abril de ese mismo año.

En la Declaración de Principios de la asociación, ésta sedefine como un foro abierto al talento, partidario decidido del debate, polo de atracción de la inteligenciacrítica, lugar para el despliegue de proyectos y promotor,en fin, de las ideas y la innovación.

Sus componentes están convencidos de que un país esmás próspero y estable, crece más y es más solidario, nosólo cuando cuenta con un Estado de Derechoplenamente consolidado, sino cuando posee, a su vez,una sociedad civil que se manifiesta participativa ycorresponsable del devenir de la vida pública y colectiva.

El Foro de la Sociedad Civil pretende ser un foro deestudio y debate permanentes, un lugar de encuentroabierto a la pluralidad de realidades de nuestro país y unaplataforma de lanzamiento de nuevas ideas y propuestasque ayuden al proceso continuado de modernización y avance de España en las próximas décadas, de tal maneraque trate de convertirse en el germen de un movimientode renovación de la vida democrática española.

Informe Anual delForo de la Sociedad Civil

EDITA:Foro de la Sociedad Civil.

PRIMERA EDICIÓN:Marzo de 2010.

© DE ESTA EDICIÓN:Foro de la Sociedad Civil.

© DE LOS TEXTOS:

Capítulo 1 - Ignacio Camuñas SolísCapítulo 2 - Fernando EguidazuCapítulo 3 - Juan Velarde FuertesCapítulo 4 - Fernando Fernández Méndez de AndésCapítulo 5 - Juan Antonio Sagardoy BengoecheaCapítulo 6 - Luis Felipe CastresanaCapítulo 7 - Pedro BernalCapítulo 8 - Rafael PuyolCapítulo 9 - Juan Díez Nicolás

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en las obras de la Colec-ción Documentos del Foro de la Sociedad Civil, incumbre exclusivamente a sus autores y su publicación no significa que El Foro de la Sociedad Civil, se identifique con las mismas.

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:Gráficas J. SánchezPol. Ind. La Mata - C/. Hierbabuena, 1328440 GUADARRAMA (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL: M-14585-2010




ÍNDICE

La crisis política agrava la crisis económicaIgnacio Camuñas Solís .................................................................................................................................................. 9

La economía española en la encrucijadaFernando Eguidazu ............................................................................................................................................................. 23

Los dos déficit de la economía españolaJuan Velarde Fuertes ........................................................................................................................................................ 33

La crisis financiera: ¿qué hacer con las cajas de ahorros?Fernando Fernández Méndez de Andés ............................................................................................... 49

Hacia un modelo de relaciones laborales socialmente razonable, sostenible y economicamente viableJuan Antonio Sagardoy Bengoechea ........................................................................................................ 61

La política exterior española a examenLuis Felipe Castresana .................................................................................................................................................. 79

Luces y sombras de la defensa nacionalPedro Bernal .................................................................................................................................................................................. 105

¿Es viable un gran pacto sobre la educación?Rafael Puyol ................................................................................................................................................................................... 123

Opinión pública y sociedadJuan Díez Nicolás .................................................................................................................................................................. 137

La crisis política agrava la crisis económicaIgnacio Camuñas SolísDiplomático - Presidente del Foro de la Sociedad Civil

1. ElPresidenteRodriguezZapateroadmite,porfin,lacrisiseconómica.

Durante buena parte del año pasado y hasta comienzos de este año, el Presi-dente del Gobierno ha estado trasteando la crisis, negando a veces enfáticamente la misma, o haciéndonos creer, en algunos momentos, que sería pasajera y poco grave, hasta que, al final, las escandalosas cifras del número de parados le han impedido seguir jugando con la opinión pública y le han obligado a reconocer la realidad.

Nadie ha achacado al Gobierno socialista la paternidad de la crisis que cierta-mente ha tenido origen más allá de nuestras fronteras pero lo que sí es imputable a su gobierno es la manifiesta torpeza con que la ha manejado. Hemos actuado tarde y mal con las graves consecuencias que de ello se derivan.

No solamente desde la Oposición, se había alertado al Gobierno sobre la gra-vedad de la situación, sino que diversos altos responsables del Partido Socialista venían insistiendo desde hacía un tiempo sobre la necesidad de emprender refor-mas estructurales de calado para superar la fase de declive en la que nos encon-trábamos. Recuérdense las continuas advertencias en este sentido del Goberna-dor Fernández Ordoñez, del ex-Ministro Jordi Sevilla y del propio Comisario de la U.E, Joaquín Almunia.

Ha tenido que ser, como antes indicábamos, el crecimiento desorbitado del número de parados lo que ha hecho rendirse a la evidencia al Presidente Rodri-guez Zapatero, teniendo que reconocer, por fin, la gravedad de la crisis. En vista de todo ello y asustado por lo que se le venía encima, el Presidente de Gobierno ha decidido, bruscamente, cambiar de estrategia y ha empezado a buscar la con-nivencia del resto de las fuerzas políticas con intención de implicar, de manera fundamental, al PP en un acuerdo vago y difuso que no acaba nunca de explicitar. Y así, en una maniobra un tanto artera pero de indudable repercusión en la opi-nión pública, trata de presentar al PP como un partido carente de patriotismo por no acudir al rescate y apoyo de su gobierno mientras coquetea escandalosamente

10 IGNAcIO cAmUñAS SOLíS

con las centrales sindicales, en un ejercicio manifiesto de esgrima política. Las apelaciones a un pacto difuso, las continuas referencias al consenso no han hecho sino enmarañar aún más la cuestión.

En el resto de los países occidentales, que también sufren severamente los efectos de la crisis, no se han planteado las cosas a la manera que lo ha hecho nuestro gobierno. El recuerdo de los exitosos Pactos de la moncloa ha sido, así, un recurso fácil para apelar a un nuevo acuerdo nacional con el que el Gobierno trata de paliar sus errores, ganando tiempo con el fin de que el prójimo nos sa-que del atolladero, esto es, el resto de las economías más avanzadas de nuestro entorno.

Es obvio que las circunstancias de entonces, año 1977, no son la de ahora, año 2010. Entonces estábamos en pleno proceso constituyente, nos estábamos jugando el futuro de nuestra democracia y había que sumar fuerzas, a ser posi-ble las de todos, para asegurar una cierta paz social que permitiera concluir una Constitución, norma fundamental para nuestra futura convivencia.

Apelar hoy a los Pactos de la moncloa para sacar las castañas del fuego a un Gobierno torpe e incompetente es dañar gravemente los fundamentos de una democracia. El que gobierna tiene la responsabilidad de gobernar y, por tanto, de asumir las consecuencias de sus actos, sobre todo cuando el estilo que ha presidido su mandato ha sido tan displicente con el principal partido de la Oposi-ción. Pues si ha habido un Presidente decididamente hostil con la Oposición, ha sido, sin lugar a dudas, Rodriguez Zapatero, que ha basado su estrategia política, durante todo su mandato, en aislar al PP, excluyéndole de todas sus iniciativas y tratando de demonizarle continuamente. Sus pactos y sus acuerdos han sido siempre con otros partidos del arco parlamentario, especialmente con las fuerzas nacionalistas, aún con las más extremas, esto es, con aquellas que luchan contra nuestro país y quieren separarse de España. Este ha sido, en realidad, el plan-teamiento político del Presidente del Gobierno y del que han obtenido pingües beneficios pequeñas fuerzas parlamentarias. Y con todos estos antecedentes, el Presidente, en una repentina maniobra sorpresa, pretende sumar al PP a compartir los errores de sus anteriores planteamientos amenazándole con denunciar, si no, su escaso carácter patriótico. “No pido el apoyo del PP a mi gobierno, sino el apoyo del PP a los altos intereses y necesidades de España” ha afirmado el Presi-dente en los días en que redactamos este Informe. En un alarde de demagogia y de astucia simplona, pretende, con estas proclamas, trasladar su responsabilidad al principal partido de la Oposición amenazándole con denunciarle como egoísta y antipatriota si no se suma a sus requerimientos.

Esta estrategia resulta, por supuesto, demagógica y de una astucia poco con-vincente pero, sin embargo, es efectiva para muchas personas sencillas de buena voluntad que creen que todos juntos podríamos alcanzar la solución más fácil-

LA cRISIS POLítIcA AGRAvA LA cRISIS EcONómIcA 11

mente. El caso es que el tema es mucho más delicado e intrincado que todo eso pues si lo que se quiere es un Pacto de verdad, lo primero que debe exigirse a quien propone el pacto, es una manifestación de lealtad y el cese inmediato de los ataques y reproches personales. Un pacto de esta naturaleza requiere, lo primero de todo, de un clima imprescindible de concordia y mutuo aprecio y después de una necesaria claridad. ¿Pactar el qué?, ¿Pactar qué clase de reformas?. Esa es la verdadera cuestión. En ningún momento el Sr. Rodriguez Zapatero ha puesto so-bre la mesa los puntos principales de su propuesta y, en todo caso, es de suponer que no pensará que los demás partidos, incluido el PP, van a suscribir un mero pacto de adhesión.

Es todo ello tan falso y tan alambicado que cualquier observador atento y medianamente avisado, habrá de descubrir que lo que el Sr. Rodriguez Zapa-tero pretende es distribuir las pérdidas entre los firmantes del deseado pacto y apuntarse los beneficios ganando un tiempo precioso hasta conseguir la ansiada recuperación que le permita alcanzar un nuevo mandato electoral, presentándose en el año 2012 como si de un Robin Hood victorioso se tratara.

El Presidente cree que no hay crisis que cien años dure y que lo más urgente es ganar tiempo y para eso lo que hay que hacer es enmarañar el terreno de juego e implicar en este planteamiento al mayor número de jugadores disponibles. Este estado de cosas ha acabado produciendo honda preocupación en no pocos esta-mentos del propio PSOE donde, por primera vez en mucho tiempo, ha empezado a discutirse el futuro del propio Zapatero pues se pone en duda que pueda salir airoso en su actual empeño.

El relevo del Sr. Rodriguez Zapatero como candidato del Partido Socialista en las elecciones del próximo año 2012, no es, en absoluto, sencillo porque no existe un candidato alternativo de consenso en las filas socialistas y porque, además, el procedimiento de su sustitución sería harto difícil. Solamente una debacle electo-ral en las elecciones municipales y autonómicas del año próximo, aceleraría las posibilidades de tal operación. El miedo a perder los beneficios del poder podría, en ese caso, actuar de espoleta para abrir un debate, en todo caso, de incierto resultado. Y mientras no se avizore mejor posibilidad, lo más cauto -piensan los dirigentes socialistas- es apretar filas y rezar a ver si escampa.


2. Rajoy, prisionero de Arriola y su estrategia.

Ya es de dominio público y por todo el mundo conocido que el Sr. Arriola, ex-perto profesional de las encuestas y estratega electoral, tiene firmemente anclado a D. mariano Rajoy en un proceder que disgusta gravemente, a muchos de sus correlegionarios.

La doctrina Arriola parece condensarse en los siguientes principios:

1. Las elecciones raramente se ganan desde la oposición, es más bien el gobierno de turno quien las pierde.

2. Lo importante es no cometer ningún error grave y, por tanto, la mejor táctica es nadar y guardar la ropa.

3. Es preciso no provocar, desde el PP, una reacción virulenta en los parti-darios del PSOE que les lleve a votar masivamente pues lo que hay que conseguir es que opten por la abstención.

4. En definitiva, dejemos que el adversario se desgaste y lo demás se nos dará por añadidura.

como podrá comprobar cualquier lector, esta estrategia no resulta muy ilu-sionante para los fervorosos partidarios del PP. Arriola, como es habitual, les propone jugar un partido a la defensiva. A Rajoy, además, por temperamento, el partido le acomoda porque como buen gallego que ejerce no se sabe nunca si prefiere una cosa o la otra.

Así pues, si enrevesada era la situación del PSOE por la crisis, no es menos cierto que la situación de los partidarios del PP no es tampoco mucho mejor. En grandes sectores del electorado del PP se discute todavía el liderazgo de Rajoy a quien le pesa como una losa la designación a dedo efectuada por el Presidente Aznar. Este, a su vez, en su frenética estrategia mediática, en nada ayuda a la consolidación del liderazgo de su pupilo. Jose mª Aznar, al frente de FAES, fun-dación naturalmente del PP financiada con caudales públicos, realiza una labor, a mi juicio, poco positiva para el futuro de su propio partido.

¿En qué basamos esta afirmación?

1. La labor fundamental de la Fundación y del propio Aznar consiste, por lo común, en cantar las excelencias de su obra de gobierno reclamando para él la gloria de sus hazañas del pasado sin querer reconocer ninguno de los errores cometidos.


2. Al mismo tiempo que hace exhibición de sus dotes de líder, deja traslucir continuamente que Rajoy exhibe un liderazgo débil y dubitativo con lo que consigue sembrar la duda sobre sus posibilidades electorales.

En este sentido, sería procedente que Rajoy encarara el reto que le plantea continuamente Aznar con mayor energía y determinación porque dejar a su anti-guo líder campar por sus respetos hace que se proyecte en la sociedad española un liderazgo bifronte del PP que en nada favorece sus expectativas de gobierno. Aznar se marchó porque quiso y nombró a Rajoy sucesor por su propia voluntad. De tal manera que lo que sería mejor para el Partido es que se apartase volunta-riamente de la primera fila, dejando a su sucesor campo abierto para consolidar su liderazgo.

tampoco está siendo muy edificante para el propio Rajoy y para el PP, la pugna permanente entre el Alcalde de madrid y la Presidenta de la comunidad. La excesiva tolerancia de Rajoy sobre los desencuentros entre ambos, cansa a su electorado porque, en realidad, no acreditan una manifiesta discrepancia ideoló-gica y programática entre ellos sino una pura y descarada lucha por el poder. Si a todo ello se añade el caso Gürtel y otros chanchullos en alguna que otra Autono-mía, convendrá el lector con nosotros que la salud y proceder del Partido Popular es manifiestamente mejorable.

visto todo lo cual, es lógico que los ciudadanos expresen su desilusión y des-dén hacia la clase política en su conjunto.

3 Elpaíscastigaconunvotodecensuraalospolíticos.

En los más de treinta años que hemos recorrido ya de vida democrática, no se recuerda, por tanto, un período más triste y preocupante para la clase política en general.

El deterioro de los políticos y de los partidos va peligrosamente en aumento y ello, a su vez, repercute de forma muy negativa en el propio funcionamiento de las instituciones que se encuentran al mismo tiempo sometidas a un creciente desprestigio. Ni el Congreso ni el Senado gozan de buena salud. La férrea disci-plina del aparato dominante en los partidos no permite la menor alegría ni imagi-nación a nuestros Diputados y Senadores. Así, no es raro que una persona de las características de Manuel Pizarro, personaje de indiscutible preparación, probada independencia y actitud caballerosa, haya optado, finalmente, por presentar su di-misión apartándose de la vida política y parlamentaria con lo que se infringe, a mi juicio, un duro golpe al prestigio y posibilidades de nuestras Cámaras Legislativas, cuando uno de los mejores tiene que abandonar ante tanta rutina y falta de interés.


En las cortes sigue primando el hombre de aparato, fiel a las consignas del jefe, con poca iniciativa personal y dispuesto siempre a votar lo que le indiquen porque es consciente de que no debe su escaño al apoyo de su electorado sino al designio de su partido que es quien le ha puesto en la lista en una posición de salida. Y aunque eso, ciertamente, no es algo nuevo que antes no ocurriera, sí resulta extraño que, a pesar del tiempo transcurrido, no se hayan corregido todavía los principales defectos que arrastra nuestra vida parlamentaria. La Ley Electoral y el Reglamento del congreso reclaman, pues, una urgente rectifica-ción y actualización si no queremos que nuestra vida democrática se arrastre y languidezca. No es posible que nuestras mejores empresas desarrollen habitual-mente exigentes procesos de selección para incorporar a sus plantillas a los más brillantes candidatos mientras la vida política se sigue nutriendo de individuos con escasa preparación y limitado curriculum en su vida privada y profesional. Así, el descrédito que acumula la clase política se extiende, por desgracia, a otros estamentos e instituciones de nuestra vida pública como ocurre con el tribunal constitucional, el consejo General del Poder Judicial, el tribunal de cuentas, el consejo de Estado etc, etc pues todos ellos acaban siendo puestos en cuestión por la propia ciudadanía. Y en estos casos, no es por falta de categoría y preparación de sus componentes -en su mayoría ilustres catedráticos, juristas de reconocida valía y casi siempre personas de probada trayectoria profesional- sino por la pre-sencia agobiante de los Partidos que condicionan con descaro y, con demasiada frecuencia, su actuación. La partitocracia dominante está devorando la vida polí-tica democrática y sume a buena parte de estas altas Instituciones del Estado en un creciente desgaste que se hace patente por momentos.

El “todos los políticos son iguales” y “me da igual votar a un partido que a otro” son expresiones vulgares de uso corriente que son fáciles de escuchar en amplios sectores de nuestra sociedad. Y si, además de este funcionamiento insa-tisfactorio, se descubren con frecuencia múltiples irregularidades en el manejo de los fondos públicos y súbitos enriquecimientos por parte de algunos políticos o claras tramas de financiación oscura por parte de determinados partidos, se comprenderá que no hace falta mucho más para que el común de los ciudadanos vuelva la espalda a los políticos y se hunda en la resignación y el desconcierto.

Ello es más grave porque siempre, hoy más que nunca, necesitamos de la cla-se política para dirigir el país y para alentar y sostener el ánimo de la ciudadanía. De tal forma que la crisis económica que padecemos se ve, al mismo tiempo, gravemente lastrada por la crisis política que atraviesa nuestro país actualmente. Es menester, pues, una urgente rectificación que, por desgracia, no se avizora en el horizonte.

Sin dramatismos ni estridencias pero con valentía y decisión debe la sociedad civil alzar la voz y arrimar el hombro para ayudar a ese proceso de cambio que el país reclama antes de que sea demasiado tarde y ya las cosas tengan peor reme-


dio. Acabamos de asistir al pinchazo de la llamada burbuja económica –burbuja financiera e inmobiliaria- que ha venido gestándose durante un tiempo y que ha tenido causa en muchos excesos y disparates cometidos dentro de un clima de complacencia general. Pues bien, otro tanto puede ocurrir algún día en lo que hace referencia a nuestra vida política. En cualquier momento y, por sorpresa, pudiéramos asistir, Dios no lo quiera, al estallido de una crisis política cuyos componentes estamos ahora describiendo y para la que no se pone remedio en una actuación un tanto suicida e irresponsable.

De la crisis económica, seguro que acabaremos saliendo porque el entorno eu-ropeo, al fin y a la postre, nos ayudará a ello. Pero de una crisis política nacional tendremos que salvarnos nosotros solos porque los demás países no podrán actuar con la misma influencia que lo harán para el reflotamiento de nuestra economía.

Una política de reformas sinceras y a tiempo, debería de salvaguardarnos de una previsible crisis política que, de seguir así, nos parece irremediable. A todo ello volveremos a referirnos en la última parte de nuestro escrito.

4. ElReydejaoírsuvoz.

En esta difícil coyuntura el Rey ha querido dejar oír su voz. Una voz prudente y medida que enlaza más con las aspiraciones del conjunto de los españoles que con los deseos y estrategias de los partidos.

Es de suponer que el Rey asiste preocupado ante el espectáculo que acabamos de describir. Los poderes que le otorga la constitución son, a veces, difíciles de en-tender para el común de los ciudadanos. Son atribuciones de arbitraje y moderación de a veces complicada aplicación y siempre de una difícil administración, pues si el Rey habla, unos le critican pero si calla por prudencia y respeto, otros le censu-rarán. Su papel, en verdad, no es nada fácil. Solamente el prestigio acumulado por su larga trayectoria le sirve de escudo y parapeto ante algunas voces destempladas que insisten reiteradamente en llevar al Rey a terrenos que él nunca debe transitar.

Pero, en esta ocasión, como en otras ciertamente comprometidas de nuestra historia reciente, el Rey ha querido hacer una apelación al buen juicio, de ambos partidos mayoritarios para proponer una vía de compromiso y una cierta tregua que permita enderezar la marcha de nuestra economía. La cuestión no es sencilla por cuanto hemos venido explicando en párrafos anteriores, pero el Rey, una vez más, ha tenido la sensibilidad suficiente para poner en su boca lo que la mayoría del país quería oír. Otra cosa es que esto sea posible y se le haga caso. creo, per-sonalmente, que él ha cumplido con su deber haciendo esta sencilla advertencia que, en general, ha sido bien recibida por la opinión pública.


Y, aprovechando que del Rey estamos hablando, conviene anotar un cierto cambio de proceder por parte de los servicios de prensa y comunicación depen-dientes de su casa que pudiera suponer una nueva estrategia en la difusión de las actividades del monarca y que ahora, simplemente, nos permitimos advertir. Se podría deducir de todo ello, que el Rey parece decidido a salir de una etapa de mayor sigilo y cautela para exhibir un renovado protagonismo que proyecte una imagen suya más potente y vigorosa ante los españoles. Estaremos atentos para comprobar si lo que ahora reseñamos tiene fundamento o si, por el contrario, se trata de una concatenación de casualidades que no suponen una ruptura en la trayectoria habitual de la corona en estos últimos tiempos. Acontecimientos y circunstancias no le van a faltar a nuestro Rey para calibrar cuál es, en realidad, su estado de ánimo y sus propósitos de futuro.

5. Algunas razones para la esperanza.

Hemos de decir que no todo es preocupante y enrevesado, felizmente, en el panorama político español. Se pueden encontrar, gracias a Dios, algunos signos esperanzadores que permiten vislumbrar el modo y manera en que buena parte de nuestros problemas pudieran tener una satisfactoria solución.

Destacamos, muy en primer lugar, elfenómenodecambioquesehaprodu-cidoenel PaísVasco que resulta alentador después de que durante tanto tiempo ese entrañable rincón de nuestra Patria ha venido siendo el principal rompecabe-zas del tablero político nacional.

El nuevo protagonismo del Partido Socialista, inmediatamente apoyado y secun-dado inteligentemente por el PP, constituye, quizás, la mejor noticia del año 2009 que debe tener feliz prolongación en este año 2010 ante la constructiva sintonía acreditada por los líderes de ambas formaciones. Paxti López y Antonio Basagoiti están enseñando el camino al resto de sus corre legionarios de por dónde deberían transcurrir las cosas a poco que hubiera algo de clarividencia y patriotismo. Un entendimiento limpio y sincero entre el PSOE y el PP se manifiesta como el pro-cedimiento más seguro para poder enderezar nuestro incierto rumbo nacional. La aparente sintonía personal de ambos líderes en la comunidad vasca, facilita mucho la cuestión. Ojalá que el día de mañana, y mejor que no tarde, pudieran estar al frente de nuestros principales partidos personas de larga visión estratégica que su-pieran poner los intereses nacionales por encima de los legítimos intereses de cada partido. Hay circunstancias en las que se necesita de esa clase de hombres para sacar un país adelante y creo, honradamente, que éste es uno de esos momentos.

La entente PP-PSOE en el País vasco se ha visto refrendada por otro aconte-cimiento ajeno a la vida política pero de una significación y alcance que no pode-


mos dejar de reseñar. me refiero al viraje pronunciado que ha dado el vaticano y la Iglesia española al remodelar las sedes episcopales de Bilbao y San Sebastián, lo cual supone una rectificación de alto calado que ha de seguir producir positivos frutos en aquella comunidad, desde el punto de vista eclesial y religioso.

No cabe ninguna duda de que, a su vez, ambas realidades, la política y la ecle-siástica, tendrán una marcada influencia en el proceder de la izquierda abertzale y la EtA, en particular. Queda, aún, algún tiempo para calibrar bien este cambio acontecido en el País vasco que debería, en todo caso, profundizarse con una acción decidida en el campo de la educación y la cultura para hacer ver a las nuevas generaciones de vascos otras perspectivas y planteamientos más amplios y auténticos que les salven del feroz adoctrinamiento al que han sido sometidos.

No es menos importante y significativo elprogresivodecliveydespresti-gio sufrido por elGobiernotripartitocatalán. todos los datos que actual-mente se manejan y las encuestas más solventes parecen acreditar una merma importante de votos para el actual tripartito con lo que parece poco probable la reedición de un nuevo gobierno de izquierdas en cataluña, al mismo tiempo que se augura un avance muy significativo de convergencia y Unió y se man-tiene, sin embargo, la incógnita del futuro electoral del Partido Popular.

El Gobierno presidido por el Sr montilla ha sido tan negativo para cataluña y, desde luego, para España, que su declive y probable desarticulación supone una esperanzadora noticia para todos. La probable composición de un Gobierno liderado por Convergencia y Unió, abre nuevas perspectivas tanto para Cataluña como para España en el futuro inmediato pero siempre con consecuencias pre-ocupantes para el desarrollo de la política autonómica de nuestro país. Conver-gencia no se cansará de proclamar su disposición a favorecer políticas de Estado pero no conviene olvidar que, a cambio, suele pedir favores y exigir precios muy caros para la estabilidad de nuestro marco constitucional. Cataluña seguirá sien-do por un tiempo, en este sentido, un motivo de preocupación para el Gobierno de madrid cualquiera que sea la formación política que ocupe la Generalitat.

Hay que seguir apuntando en el haber de la situación actual de nuestro país, los nuevos modos y la abierta actitud demostrada por el nuevo titular del Departa-mento de Educación, Ángel Gabilondo. Su voluntaddepactarunareformadelaEducación, cualquiera que sean las dificultades y posibles trampas que la oferta encierre, no deja de marcar un camino que se nos antoja necesario para resolver ésta y otras muchas cuestiones de la vida nacional que reclaman una resolución ur-gente. Que la educación es materia fundamental que requiere profundas reformas, nadie está en condiciones de negarlo. Que es necesaria una reforma consensuada, tampoco. Lo que no es de recibo es la continua catarata de leyes educativas cam-biantes a que nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos de turno. Si alguna materia necesita estabilidad, es precisamente la educación y por ello es de todo


punto necesario buscar las vías pertinentes para un acuerdo amplio y de alcance que logre la estabilidad de los planes educativos tantas veces reclamada. Es posible que en esta ocasión, con el ambiente tan encrespado que preside la actual coyuntura política, no sea viable alcanzar este gran pacto pero, siguiendo la doctrina Puyol, merecería, quizás, la pena ir haciendo camino al andar, esto es, alcanzar acuerdos sobre aquellos capítulos que hoy se manifiestan como posibles.

Para acabar de reseñar elementos positivos en el análisis que estamos reali-zando y que se proyectan ya bien entrado el año actual, quiero, especialmente, subrayar el lento pero, a mi juicio, imparable despertardelaSociedadCivilen nuestro país. Es tal el desasosiego y malestar imperante y el cansancio y de-presión que produce la acción de nuestro Gobierno y el titubeante discurrir de la Oposición que la Sociedad civil se está viendo obligada a comparecer y empezar a hacer acto de presencia de forma cada vez más patente. Internet y los nuevos medios de comunicación surgidos al calor del poder digital, están sirviendo de impulso para una presencia creciente de distintos grupos sociales que empiezan a respaldar con vigor alternativas diferentes a las habitualmente defendidas por los partidos. Lo acontecido con el debate y aprobación de la nueva Ley del Aborto es un ejemplo paradigmático de lo que afirmamos. Por otra parte, la campaña desatada por distintos colectivos para hacer frente al intento de controlar las acti-vidades en la Red, demuestran cómo la Sociedad Civil empieza a organizarse y, cada vez más, será un nuevo factor determinante a la hora de la toma de decisio-nes por parte del poder político.

La progresiva presencia de la Sociedad Civil en la vida pública es, pues, una excelente noticia que, desde una Asociación como la nuestra, no podemos dejar de saludar con alborozo. Naturalmente que este resurgir de la Sociedad civil nada tiene que ver con la campaña lanzada hace poco tiempo por la Fundación con-fianza y que presenta como lema “esto sólo lo arreglamos entre todos”, como si la confianza pudiera surgir de la noche a la mañana por arte de magia a través de una campaña de publicidad pagada por las grandes empresas prestas siempre a secun-dar los deseos del gobierno de turno. Campañas como ésta, lejos de incrementar la confianza y la seguridad de los españoles en el futuro de nuestra Nación, nos llevan a recordar tiempos pasados cuando desde el ministerio de Información y turismo nos obsequiaban con iniciativas parecidas a la que ahora comentamos.

6. LasReformasNecesarias.

La palabra crisis, como es bien conocido, alude a una situación de cambio, a un proceso de transformación que, obviamente, encierra, incertidumbre pero que alberga, igualmente, oportunidades para mejorar, si se sabe aprovechar la ocasión.


Esta crisis que atravesamos y que ha puesto al descubierto muchas de las ineficiencias de la economía española debiera suponer, al mismo tiempo, una espléndida oportunidad para realizar las reformas que necesita imperiosamente nuestro país. Reformas que no pueden ni deben moverse en el campo de la política económica exclusivamente, sino de la política con mayúscula pues, como venimos manteniendo a lo largo de todo el capítulo, España atraviesa, finalmente, una crisis política de indiscutible calado que no es posible seguir eludiendo por más tiempo. Sin reformapolítica de envergadura, la crisis se irá extendiendo y podría llegar a gangrenar el cuerpo social.

Con un carácter meramente enunciativo y sin poder entrar pormenorizada-mente a analizar el contenido y alcance de cada una de ellas, me permito reseñar aquellas reformas que me parecen ineludibles y que, de forma sintética, paso a enumerar:

1. ReformadelaConstitución para rediseñar algunos aspectos y conteni-dos básicos denuestroEstadoAutonómico.

2. Planteamiento de una nuevaLeyElectoral que dé autenticidad al prin-cipio de representación política, responsabilice de verdad a nuestros re-presentantes políticos e incentive la participación ciudadana, amén de seguir asegurando la formación de gobiernos estables y claramente ma-yoritarios.

3. DespolitizaciónurgentedelaJusticia a través de la puesta en marcha de nuevos métodos de elección y nombramiento de jueces y magistrados para asegurar una auténtica separación de poderes, hoy puesta en entre-dicho.

4. Previsión de mecanismosdecontrol para asegurar el correcto funcio-namiento delgastopúblico en las distintas Administraciones, evitando el despilfarro y descontrol de nuestros recursos que hoy se pone tantas veces de manifiesto.

5. conveniencia de promover, mediante reformas normativas, todos aque-llos instrumentos que como la IniciativaLegislativaPopular, hoy re-conocida a nivel europeo por el tratado de Lisboa, tiendan a fomentar la real y efectiva participación de los ciudadanos en la vida política, contri-buyendo con ello a la imprescindible conexión entre la Opinión Pública y las Instituciones.

todo este conjunto de reformas deben conducirnos a conseguir un doble objetivo:


1. Recobrar un nuevo sentido nacional que supere los particularismos regionales y locales en que, desgraciadamente, estamos cayendo, para evitar que España se deshaga en una suerte de reinos de taifas que impi-dan una gobernación seria y responsable.

2. Recuperarunapolíticadevalores poniendo énfasis en la honradez, la necesidad del trabajo esforzado, la austeridad, la solidaridad, el derecho irrenunciable a la vida y el inmenso valor de la familia; todos ellos valo-res que podrán ser calificados de tradicionales pero que, en realidad, no son sino valores permanentes para hacer posible una sociedad robusta y vigorosa.

venimos de un modelo de sociedad en el que se ha exaltado la libertad pero no se ha querido incluir la responsabilidad como contrapartida esencial. He-mos querido ahorrarnos tiempo y sacrificio para aumentar nuestro patrimonio y hemos pretendido ganar dinero y enriquecernos deprisa y a cualquier precio. Hemos desplazado hacia el Estado parte de nuestras responsabilidades como ciudadanos pretendiendo que el Estado nos proteja y nos asegure un bienestar, en ocasiones, inmerecido. Estamos, a veces, queriendo construir unas pautas morales y de comportamiento a la medida de nuestros caprichos y pretendidas necesidades particulares. En una palabra, la nueva etapa que es necesario inau-gurar requiere, de forma irrenunciable, de un rearme moral en el que los prin-cipios y valores vuelvan a recuperar el sitio que les corresponde si queremos preservar una sociedad sana y de futuro.

El modelo de sociedad que propugnamos no guarda conexión alguna con modelos del pasado, claramente superados. creemos firmemente en la demo-cracia y en la libertad. Pensamos que los partidos políticos tienen un papel imprescindible en la vida democrática por la que apostamos. Debemos, en cualquier caso, no caer en un nuevo pesimismo histórico al que somos muy propensos. Antes al contrario, la sociedad española tiene todavía la vitalidad y la energía suficientes para salir airosa de la difícil coyuntura que atravesamos. Una vez más, afirmamos que la sociedad está muy por encima de su clase polí-tica y es por esa sociedad por la que hay que apostar con decisión y valentía. La Constitución española sigue siendo, a nuestro juicio, un punto de apoyo válido para seguir progresando a condición de que se sepa rectificar aquello que no ha funcionado y necesita repararse pero debe seguir siendo la Ley suprema en la que basar la libertad, la paz y la concordia que todos anhelamos. Es necesario, pues, aprovechar esta ocasión para abordar las reformas urgentes que precisan la Política y la Economía española. Buena parte de este Informe está dedicado a describir la realidad económica, social y cultural de la España actual y en casi todos los capítulos se señalan aquellos aspectos que deben ser reformados y para los que existe, paradójicamente, un amplio consenso en la sociedad pero, desgraciadamente, no en los partidos políticos.


Prácticamente no hay controversia alguna sobre los aspectos de la realidad española que conviene reformar. Intelectuales, empresarios, académicos, profe-sionales de distintos sectores están de acuerdo en lo que es preciso abordar sin dilación. ¿Por qué, entonces, no ponerse a ello?. Necesitamos de forma imperiosa una clase política que sepa estar a la altura de los tiempos. Basta ya de perseguir como fin supremo la próxima victoria electoral. Basta ya de pensar en lo que con-viene a mi propio partido por encima de lo que verdaderamente importa e intere-sa al país en su conjunto. Una visión política ramplona y de corto plazo nos hará caer, a no dudarlo, a una segunda división como país en la escena internacional. Es la hora de aquellos políticos de verdad, que sepan arriesgar su futuro personal para alcanzar el bienestar de la Nación.

Apostillaamododeconclusión.

Al acabar de escribir este texto y aprestarme a una lectura detenida para co-rregir y perfilar algunas expresiones, me quedo preocupado por el tono grave y de censura que se desprende en mi escrito en relación, por un lado, con la gestión del Gobierno Socialista y, por otro, con el comportamiento y valoración que se hace de la clase política en general. Permítaseme, pues, algunas apostillas que tranquilicen mi desasosiego.

“Por sus frutos los conoceréis” proclama rotundamente el Evangelio.

Pues bien, encuentro que no me he excedido en mi crítica al Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. Sus frutos, desgraciadamente, son malos.

España pierde peso e imagen a raudales en el escenario internacional. La pre-sidencia de nuestro país en la Unión Europea no ha podido empezar con peor pié y la tan anunciada y buscada reconciliación con el amigo americano no ha dejado de ser irrelevante.

España, a su vez, lejos de lograr una mayor y mejor cohesión, tan necesaria para superar la crisis, se deshilacha, día a día, y va perdiendo lentamente su con-ciencia nacional. El esperpento de las consultas de autodeterminación que prota-gonizan semana tras semana numerosos municipios de Cataluña, es una muestra desgraciada de lo que estamos describiendo. La respuesta que estamos dando a la crisis económica, hasta ahora, no puede ser más decepcionante como lo acreditan los distintos trabajos de especialistas en la materia que quedan reseñados en este Informe. La cifra de parados no cesa de aumentar y para resistir y contener una ola social de descontento, el Gobierno mantiene una política de subvenciones por doquier para tratar de agradar a las centrales Sindicales, frenando las imprescin-dibles reformas estructurales que, desde todas partes, nos reclaman. Encima, por


si fuera poco, el Gobierno Socialista se empeña, día a día, en seguir crispando la vida española con leyes tan abominables como la del Aborto, tan innecesarias como la de la Memoria Histórica y tan preocupantes como la de Libertad Reli-giosa, en ciernes.

¿merece el Gobierno ante este panorama un voto de confianza? No. No so-mos, en este Informe, injustos con el Gobierno. Nuestro Gobierno, a mi juicio, merece un rotundo voto de censura. El hecho de que nuestra constitución prevea el voto de censura constructivo, esto es, que no pueda caer un gobierno si no se tiene un gobierno alternativo con mayoría en la Cámara, no nos exime a los ciudadanos y a la sociedad civil, en su conjunto, de presentar un voto de censura que estimamos más que merecido. Lo más lógico sería que el Gobierno, ante esta situación, pidiera un voto de confianza en el congreso o decidiera, en su caso, convocar al país a unas inmediatas elecciones generales.

Por otra parte, ¿hemos sido demasiado rigurosos al subrayar el desgaste y des-prestigio que, día a día, va acumulando la clase política?, ¿es que no hay personas honorables y válidas entre nuestros políticos como para hacer descalificaciones globales tan rigurosas? ciertamente que hay políticos honrados y competentes y que los desaprensivos y los torpes son, afortunadamente, minoría.

Pero lo que está produciendo desánimo y desapego por parte de la ciudadanía es comprobar que como conjunto la clase política está presa de unas reglas de organización y funcionamiento que no le permite salir airosa. La selección de candidatos a los distintos puestos de la organización política nacional por parte de una cada vez más reducida nomenclatura partidista, está dañando de mane-ra irreversible a la propia clase política. Ningún cargo elegido es directamente responsable ante su cuerpo electoral. Es el partido, en su conjunto, el llamado a responder ante el electorado y no los propios candidatos. Lógicamente, esto acaba produciendo una irresponsabilidad personal generalizada desde la que es imposible cimentar prestigio alguno.

Es a esta situación a la que aludimos cuando ponemos de manifiesto el des-gaste creciente y el desprestigio de la clase política. No es, por tanto, la falta de cualidades personales lo que queremos poner de manifiesto sino un sistema que consideramos perverso para la salud y el buen crédito de nuestra democracia. Y, ante esta situación, o algunos políticos dentro de cada partido se atreven a alzar la voz y deciden sacrificarse por el bien del país, denunciando la falta de auténtica representatividad de nuestro sistema político o la actual clase política que nos gobierno decidirá, con su silencio, su propio suicidio político.

Es la hora de los políticos valientes y de las personas con visión y con talento. Unos tristes y dóciles empleados no salvarán, ciertamente, nuestra democracia.

La Economía Española en la encrucijadaFernando Eguidazutécnico comercial y Economista del Estado

La encrucijada en la que hoy se encuentra la economía española es posible-mente la más crítica de los últimos cincuenta años. En alguna medida, la situa-ción presente tiene parecidos con la que España hubo de vivir a finales de los años cincuenta, cuando el inminente colapso de la economía forzó al gobierno a adoptar un conjunto de medidas (el Plan de Estabilización de 1959) para impri-mir un radical cambio de rumbo en la política económica.

Es obvio que la España de hoy, y su economía, se encuentran a años luz de las de aquellos años. Pero ahora como entonces – y ahí reside la semejanza – nuestro país tuvo (y tiene) que enfrentarse a la necesidad de superar un modelo de creci-miento ya agotado.

Los problemas de los años cincuenta eran la baja productividad de la eco-nomía, la poca competitividad de una industria protegida por altas barreras arancelarias, el excesivo peso de una agricultura extensiva poco rentable, el intervencionismo, las ineficiencias de un modelo de desarrollo basado en la autarquía y, como consecuencia de todo ello, un déficit exterior insostenible.

No es ésta, ciertamente la situación actual, la España de hoy es una potencia económica a enorme distancia de aquel país subdesarrollado de los años cincuen-ta, y por ello cualquier comparación podría parecer tan frívola como injusta. Pero no deja de ser inquietante la observación de algunas similitudes entre aquella época y la presente.

Hoy nos estamos enfrentando también a un problema de baja productividad en comparación con los principales países europeos, una continuada pérdida de competitividad como consecuencia del persistente diferencial de inflación de nuestra economía con respecto a la Unión Europea (resultante a su vez de las rigideces que aún persisten en la economía española), un colapso del sector - la construcción - que durante los últimos años había sido uno de los motores de crecimiento del PIB y del empleo, un elevado endeudamiento del sector privado, y un alto y persistente déficit exterior.

24 FERNANDO EGUIDAZU

Bien es verdad que la crisis actual, en la que todavía estamos inmersos, ha per-mitido una cierta corrección de algunos de los desequilibrios. El intenso proceso de ajuste del sector privado (la tasa de ahorro de los hogares, por ejemplo, ha llegado a un histórico 19 por 100) ha hecho posible que el endeudamiento de las familias pasase del 130,2 por 100 de la renta disponible bruta en 2007 al 123 por 100. El diferencial de inflación ha desaparecido prácticamente gracias a la brutal caída del consumo y a la moderación del precio de los productos energéticos. Y en cuanto a la productividad, la situación también ha mejorado, aunque por el peor procedi-miento posible: la caída del empleo.

Y como consecuencia fundamentalmente del descenso de la actividad, el sec-tor exterior también ha corregido buena parte de su desequilibrio, pasando la ne-cesidad de financiación exterior de cifras en torno al 10 por 100 en 2007 a menos de la mitad en 2009.

Pero al mismo tiempo, nuevos y muy graves problemas han aparecido. Las cuentas públicas, que en 2007 arrojaban un superávit cercano al 2 por 100 del PIB, nos muestran hoy un déficit del orden del 12 por 100 (2009) que muy proba-blemente se repita en el siguiente ejercicio (2010). Y la tasa de paro, que en 2007 era de alrededor del 8 por 100 de la población activa alcanza hoy un porcentaje cercano al 19 por 100.

Los indicadores económicos hacen suponer que la economía española puede estar tocando fondo, y que muy pronto el PIB comenzará a ofrecer cifras positi-vas en términos intertrimestrales. Pero el crecimiento previsible a lo largo del año será tan modesto que no resultará capaz de frenar el aumento del paro, y no pa-rece que podamos esperar una mejora del empleo hasta bien entrado el año 2011.

Graves obstáculos van a dificultar la recuperación de la economía española. El ajuste del sector inmobiliario está lejos de haberse completado. Hay un enorme stock de viviendas sin vender, y mientras no se dé salida a ese lastre (en buena lógica mediante ulteriores ajustes en los precios) no cabe esperar un repunte de la construcción. también habrá que dar salida a la ingente deuda de los promotores inmobiliarios con bancos y cajas, que a su vez hace inevitable – y urgente – un saneamiento y ajuste del sector financiero (ello obligará a fusiones y absorciones, a dotaciones de fuertes provisiones y, en algunos casos, a aflorar pérdidas). Por otra parte, las altas tasas de paro y las dificultades de obtención de crédito retrae-rán la compra de viviendas. Y el enorme déficit público operará como un freno al desarrollo, restando recursos financieros al sector privado.

Son muchos problemas juntos (y hay otros que se omiten por no alargar la exposición) que, en ausencia de una política económica enérgica y rigurosa, pueden colocar a la economía española en una senda de débiles tasas de cre-cimiento del PIB y elevados porcentajes de desempleo durante muchos años.

LA EcONOmíA ESPAñOLA EN LA ENcRUcIJADA 25

En este contexto, y enfrentados a la aterradora perspectiva de una década con un paro permanente de cuatro millones de personas, se ha generalizado ya la opinión de que resulta preciso un cambio de modelo. Que la economía espa-ñola debe evolucionar desde el actual modelo basado en la construcción como motor del crecimiento, las exportaciones de escaso valor añadido, y la baja pro-ductividad, hacia un nuevo modelo basado en la innovación, la tecnología, el alto valor añadido y la mejora de la productividad. Que debemos transitar hacia otros “sectores de futuro”, hacia una nueva economía “sostenible”.

Nuestro problema es por tanto más grave que el de nuestros vecinos europeos. No se trata sólo de de superar la crisis y retornar con más o menos rapidez a ta-sas de crecimiento del PIB que permitan reducir el paro a los niveles anteriores. Se trata de afrontar el hecho de que nuestro actual modelo de crecimiento no lo va a hacer posible. Que nuestros problemas de productividad y competitividad (cuestiones relacionadas pero distintas) van a impedir que la economía española crezca a tasas suficientes para absorber la enorme bolsa de paro actual a ritmo razonable.

Supongamos, en un ejercicio de optimismo, que el sector financiero es capaz de efectuar su proceso de saneamiento y ajuste a lo largo del año; que el actual stock de viviendas invendidas encuentra salida, al menos en una porcentaje im-portante; que en alguna medida, y gracias a lo anterior, vuelve a fluir el crédito al sector privado; y que las Administraciones Públicas consiguen mejorar sus cuentas conteniendo el gasto corriente. Y ello en un contexto de recuperación de la economía mundial que permitiese mejorar las cifras de turismo y ex-portaciones. con todo ello habríamos conseguido soltar muchos de los lastres que condicionan la recuperación de la economía española, y podríamos esperar un cierto crecimiento del PIB que a su vez permitiese una cierta creación de empleo. Pero salvo que ese crecimiento del PIB fuese realmente vigoroso, la absorción de la enorme masa de desempleo actual (que en 2010 puede situar-se cerca de los 5 millones de desempleados) llevará muchísimo tiempo. Y no es preciso abundar en las catastróficas consecuencias económicas y sociales de mantener durante largo tiempo tal cifra de desempleados: el enorme lastre sobre las cuentas públicas, el riesgo de que buena parte de ese desempleo se convierta en estructural, la pérdida de capacitación de los parados de larga du-ración, especialmente grave en los jóvenes (lo que se conoce como pérdida de empleabilidad)…Es un panorama inquietante. Y es en este escenario donde se plantea la necesidad de un cambio de modelo.

En los años dorados del milagro español, la construcción llegó a suponer un 10,8 por 100 del PIB, y un 13 por 100 del empleo total, mientras que las medias en la Unión Europea (UE-27) eran del 5,5 por 100 y el 8,35 por 100 respectiva-mente. En los años anteriores a la crisis el número de viviendas anuales cons-truidas superó las 700.000 ( 729.652 viviendas anuales - obra nueva - en 2005


y 865.561 en 2006), cuando según los expertos la demanda media del mercado español oscila alrededor de las 400.000.

Del análisis de estas cifras puede deducirse que una eventual recuperación del sector de la construcción residencial, curado de burbujas, en un contexto de supe-ración de la crisis actual, situaría a dicho sector en un nivel de actividad “normal” entre las 350.000 y las 450.000 viviendas anuales, esto es, la mitad o poco más de los niveles anteriores a la crisis. El peso del sector en porcentaje del

PIB, se colocaría más o menos a la altura de la media de la Unión Europea (o quizá un poco más por el peso de la segunda vivienda). y, lo que es más relevante, el sector de la construcción y su industria auxiliar reabsorberían una parte del em-pleo destruido, pero sólo una parte. Una actividad de construcción de viviendas que sería la mitad, o poco más de la mitad, de la anterior a la crisis, ocuparía un volumen de mano de obra que igualmente sería tan solo la mitad, o poco más de la mitad, del ocupado en el sector en los años anteriores.

Si esto es así, nos encontraremos con una masa laboral del orden de un mi-llón de trabajadores, más o menos, que deberán reorientarse a otras actividades. trabajadores además con un nivel de cualificación muy bajo, que requerirán por consiguiente un considerable esfuerzo de formación, muy costoso en términos de tiempo y dinero.

¿cuáles serán las nuevas actividades que podrán absorber este elevado volu-men de mano de obra sobrante? ¿Qué sector o actividad podrá tomar el relevo de la construcción como motor del desarrollo?

Hay amplio consenso en que la economía española debe exportar más, y que sólo por esa vía será posible retornar a tasas de crecimiento superiores al 2 por 100 del PIB que es lo que se precisaría para crear empleo de forma sostenida. E igualmente hay consenso (sorprendería lo contrario) en que ello exige sustan-ciales mejoras de productividad y competitividad. No podemos competir con los países emergentes en productos de baja o mediana tecnología con alto com-ponente de mano de obra. tenemos que reorientar nuestra estructura productiva a bienes y servicios de alto valor añadido. Y en eso consiste precisamente el “cambio de modelo” que desde todas las instancias se reclama.

Antes de proseguir convendría sin embargo formular algunas observacio-nes acerca de los modelos de crecimiento (y empleamos este término, pese a no ser muy apropiado, por su extendido uso en el debate actual). Recordare-mos en primer lugar que los eventuales cambios en los patrones de desarrollo, esto es, en la estructura productiva de los países, requieren inevitablemente un cierto tiempo. Se precisan análisis estratégicos, planes de inversión, ejecución de tales inversiones y procesos de reorientación y formación de la mano de


obra que no se pueden llevar a efecto de la noche a la mañana, Y en segundo lugar, tengamos en cuenta que un modelo de crecimiento viable viene defini-do por las ventajas comparativas de que disfruta el país, y la modificación de éstas no puede imponerse artificialmente ni procurarse a corto plazo. Así, por ejemplo, si en España el sector turístico tiene un peso importante, y no es así en Polonia o en Finlandia, es precisamente por la ventaja comparativa (sol y playa) de España en este campo.

No confundamos empero las ventajas comparativas con los recursos natura-les. Las primeras dependen fundamentalmente del nivel de formación, cualifica-ción y especialización del factor trabajo. Y como éste evoluciona en el tiempo, las ventajas comparativas de los países evolucionan también. Pero lo que nos interesa aquí señalar es que esta evolución, aparte de requerir tiempo, depende de un conjunto de factores (educación, marco institucional….) que las políticas públicas pueden condicionar y orientar, pero no determinar de forma arbitraria.

Aún cabe añadir dos consideraciones más: Primera, que lo realmente im-portante no es adoptar uno u otro “modelo”, sino lograr que el existente sea viable, y asegure un crecimiento sostenido de la renta y el empleo. No existen “componentes buenos” y “componentes malos” del PIB, ni hay sectores mejo-res o peores que otros. Hay países en que la agricultura y la ganadería suponen un importante porcentaje del PIB (caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, Brasil o Argentina), otros en que el turismo es un sector relevante (caso de España o Italia), y otros en que tienen un peso destacado los servicios financieros (caso del Reino Unido). La cuestión no es cuál sea o deba ser el motor del desarrollo (ya sea la construcción, el turismo o las nuevas tecnologías) sino asegurar altos niveles de productividad, y tener una economía competitiva. Nuestro problema reciente no ha sido la bondad o maldad intrínseca de la construcción como componente del PIB, sino su hipertrofia como resultante de estímulos perversos y el consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria.

vienen estas reflexiones a cuento de que es razonable pensar que en el futuro modelo de crecimiento español la construcción y el turismo seguirán ocupando un lugar importante. La construcción, en concreto, supone en la UE-27, como media, entre un 5 y un 5,8 por 100 del PIB, y es de suponer que un similar peso tendrá en España11.

No hay nada negativo en que así sea, con la condición de que se evite la con-junción de los factores que en el pasado propiciaron la formación de la burbuja. Y en cuanto al turismo, también en este sector se puede avanzar en términos de productividad y competitividad.

1 El año 2000 el peso del sector en España era del 7,5 por 100. Algunos hechos diferenciales españoles (como la importancia del turismo y la consiguiente importancia de la segunda vivienda) harían posible que el peso por-centual de la construcción, en condiciones normales, fuese algo superior a la media europea


Y recordemos que la recuperación de ambos sectores no sólo es posible sino además muy deseable, habida cuenta de que se trata de sectores muy intensivos en mano de obra, y por tanto imprescindibles para reducir los actuales niveles de paro.

La segunda consideración de las antes anunciadas (y que ya se ha insinua-do anteriormente) es que ni los modelos ni los cambios de modelo se pueden imponer desde el gobierno. mejor dicho, sí se puede, pero a un alto coste, y sin que se pueda garantizar que el modelo impuesto sea viable. No es siquiera preciso recurrir a los ejemplos de Cuba, Corea del Norte o la extinta Unión Soviética cuyos resultados como modelo económico impuesto desde el poder excusan de cualquier comentario. volvamos simplemente la vista a las expe-riencias pasadas en nuestro propio país: los esfuerzos de los años 60 y 70 – los años del desarrollismo- por potenciar la siderurgia integral, la construcción naval, la industria automovilística autóctona o la minería del carbón, se sal-daron en los años 80 con costosos y traumáticos planes de reconversión que consumieron centenares de miles de millones de pesetas y decenas de miles de puestos de trabajo.

La verdad es que los gobiernos no pueden adivinar, ni mucho menos decidir, cuáles serán los “sectores de futuro”. Nadie puede saberlo. Sectores que en de-terminado momento se reputaron como determinantes de la economía del por-venir, caso por ejemplo de las denominadas “empresas punto.com”, resultaron finalmente un fiasco. Y en cambio hemos conocido casos de éxito empresarial, ejemplo de innovación y competitividad, en áreas tan tradicionales e insospecha-das como el sector textil (caso de Inditex), la agricultura (caso de los cultivos de invernadero almerienses), las infraestructuras (donde España cuenta con empre-sas líderes en el mundo) o la banca comercial (donde sucede lo mismo).

El futuro no es un lugar a donde ir, sino un camino que se va trazando en cada momento. Y en este sentido serán los actores de la economía, esto es, las empresas, las que, siempre que cuenten con las condiciones adecuadas, detecten las oportunidades que surjan, las aprovechen y determinen así cuáles serán esos “sectores de futuro” que hoy desconocemos. Serán las empresas las que configu-rarán el “nuevo modelo de crecimiento” de la economía española.

Así ha sido en el pasado. Y así debe ser en el futuro. Los gobiernos no debie-ran “apostar” (esclarecedora expresión) por unos u otros sectores. Apuestan con dinero ajeno –el del contribuyente- y el resultado suele ser un río de subvencio-nes que no garantizan la viabilidad futura de los sectores por los que se apuesta. No se olvide que una subvención supone en principio una mala asignación de recursos (se subvenciona porque los costes son superiores a los ingresos). tales recursos se detraen de otras actividades. Y nunca, o casi nunca, hay seguridad de que el sector subvencionado pueda sobrevivir en el futuro sin ella.


El papel del gobierno, en lo que a cambio de modelo se refiere, debe ser otro bien distinto. Si los sectores de futuro se desconocen, si son las empresas las que han de buscar y aprovechar las oportunidades que aparezcan y orientar sus activi-dades hacia ellas, la tarea del gobierno debiera consistir en proporcionarles las con-diciones necesarias para ello. Dotarlas de un entorno que les permita competir en un mercado global. Y ello se resume en la exigencia de unas cuantas condiciones: un marco regulatorio claro y simple, seguridad jurídica, bajos impuestos, energía abundante y a precios competitivos, un marco laboral flexible, ausencia de trabas y restricciones a la libre competencia, un sistema educativo de calidad, unas cuentas públicas saneadas que no lastren el crecimiento, y unas buenas infraestructuras.

En el caso español este entorno es necesario, no ya para posibilitar un cambio de modelo sino, simplemente, para mejorar la productividad de nuestra economía, para hacerla más competitiva, y para crecer a ritmos que permitan crear empleo de forma sostenida. En definitiva, para superar la crisis.

Y ello exige, en consecuencia, un programa ambicioso de reformas estructura-les. tales reformas son imprescindibles, como se acaba de señalar, para quebrar el fatal binomio paro-déficit público que en círculo vicioso dificulta la superación de la crisis. Con los actuales niveles de paro no será posible reducir de forma signi-ficativa el déficit fiscal. Y si éste no se reduce será muy difícil retornar a tasas de crecimiento suficientes para reducir el paro. Dicho de otro modo, sólo creciendo a tasas suficientes será posible equilibrar las cuentas públicas y crear empleo, y sólo adoptando las reformas estructurales necesarias será posible crecer a tales tasas.

De la urgente necesidad de una reforma laboral ambiciosa está ya todo, o casi todo, dicho. No hay organismo, ni servicio de estudios que no se haya pro-nunciado a este respecto, (desde la OcDE, FmI, comisión Europea o Banco de España hasta el Instituto de Estudios Económicos, Funcas, círculo de Empresa-rios, cEOE, AtA o entidades financieras y agencias españolas y extranjeras). Es preciso reformar el sistema de negociación colectiva, simplificar los modelos de contratación; equiparar las condiciones de los contratos para reducir la tempo-ralidad y romper la actual dualidad del mercado; favorecer formas flexibles de contratación, como los contratos a tiempo parcial; vincular los salarios a la pro-ductividad y no a la inflación; aumentar la movilidad funcional y salarial del tra-bajo; asegurar en suma un mercado laboral flexible y dinámico, complementado con un sistema de protección al desempleo y buenos programas de formación que faciliten la recolocación de los desempleados. Y estas medidas deben adaptarse desde la premisa de que en una situación como la que hoy vivimos el objetivo prioritario debe ser la creación de empleo.

La simplificación y racionalización del marco regulatorio es otra asignatura pendiente. El coste del marco regulatorio español es superior a la media de la OcDE en dos o tres puntos del PIB, y la situación no mejora sino que parece estar


agravándose. La proliferación de normas de ámbito autonómico está fragmen-tando el mercado español en 17 partes, una por cada Autonomía, en una maraña creciente de normas con frecuencia descordinadas e incluso contradictorias, que aumentan los costes de transacción de las empresas y merman en consecuencia su competitividad. No es sorprendente que España ocupe puestos poco airosos en los rankings internacionales sobre facilidades de creación de empresas, operativa empresarial y marco regulatorio (El Banco mundial en su informe Doing Busi-ness 2009 coloca a España en el puesto 49 entre 181 países en cuanto a facilidad para hacer negocios. Y en cuanto al Fraser Institute, en su último informe sobre libertad económica en el mundo nos coloca en el puesto 32 entre 141 países).

consciente, es de suponer, de este problema, el gobierno ha anunciado ya dos veces su propósito de simplificar este marco normativo sin que hasta el presente este anuncio se haya plasmado en actuaciones concretas. Y cabe advertir que una eventual racionalización de la normativa de ámbito estatal servirá de poco si no va acompañada de una seria simplificación, racionalización y coordinación de la normativa autonómica, cosa que hoy parece altamente improbable.

El sector público precisa por su parte un severo programa de austeridad en materia de gasto corriente. Déficits del orden del 12 por 100 del PIB no son sostenibles. Lastran el crecimiento, detraen recursos al sector privado y generan problemas crecientes de financiación, con el colateral de que el encarecimiento de las emisiones de deuda pública genera más gasto. Es obvio que una reducción de los actuales niveles de déficit, resultante en gran parte de los estabilizadores automáticos, sólo será posible en la medida en que la economía retorne a la senda de crecimiento, pero entretanto parece de todo punto necesario un recorte radical del gasto corriente. El número de empleados del sector público ha superado ya, en 2009, la barrera de los 3 millones de personas. Ha seguido incluso creciendo en plena crisis (alrededor de 100.000 personas en 2009) en el ámbito de las co-munidades y las corporaciones Locales. Parece evidente – y esa es la sensación en la opinión pública – que semejantes plantillas no son razonables. Que el actual nivel de gasto, tanto en nóminas como en gasto corriente en bienes y servicios, no es soportable. Y que en consecuencia debe replantearse. Lo mismo que algunas partidas del llamado gasto social, que en la actual situación de crisis debieran ser objeto de reflexión. Nada hay más antisocial que el paro, y nada más social que combatirlo, y a este capital objetivo se debiera orientar tanto la política presu-puestaria como la política económica general.

No es posible reducir el gasto público corriente sin abordar el problema de las comunidades Autónomas. No sólo porque son ya responsables de la mitad del gas-to total, sino porque el actual modelo de financiación hace muy difícil la contención de su gasto. Sus posibilidades de allegar recursos del Estado están determinadas en muy buena medida por las presiones políticas y por el juego de los apoyos parlamentarios; y estos mismos condicionantes merman las posibilidades del go-


bierno central de fijar eficazmente sus techos de endeudamiento. Sin un modelo de financiación cerrado, que ponga un límite definido a sus posibilidades de obtener transferencias del Estado, no será posible una mínima disciplina de gasto.

Por otra parte, sería asimismo preciso cerrar el modelo autonómico para po-ner límite a la permanente reivindicación de competencias, e incluso replantear el actual marco de competencias autonómicas, procurando una mayor eficiencia y racionalidad y evitando la actual y creciente hipertrofia del marco regulatorio autonómico y la ruptura de la unidad de mercado.

En lo que respecta al sistema energético, las necesidades de planificación de las empresas y los largos períodos de ejecución y maduración de las inversiones exi-gen disponer de un plan energético estable, con un horizonte claramente definido. Y dicho plan debe asegurar, obviamente, tanto la seguridad en el suministro como unos costes que permitan ofrecer precios competitivos a los consumidores. Se pre-cisa por tanto definir un mix energético en el que estén presentes todas las fuentes, no sólo las tradicionales (hidraúlica, gas, carbón….) y las idealizadas renovables (eólica, solar….), sino también la nuclear por razones de disponibilidad y precio. La “apuesta” por las energías renovables debe tener límites, siquiera sea porque tales energías, al no ser hoy por hoy competitivas (¿lo serán algún día?) consumen fuertes subvenciones y encarecen el coste de la electricidad. Y con una energía cara no se puede pretender que nuestras empresas sean competitivas. No se debiera proscribir la energía nuclear en base a prejuicios ideológicos ni bajo peregrinos argumentos como que la energía nuclear “no es innovadora” (pocos sectores hay donde se esté produciendo tal avance tecnológico, al que la industria nuclear espa-ñola no es ajeno). Sin olvidar que una política energética coherente debe además resolver el problema tarifario e introducir mayores dosis de mercado en el sistema.

como antes se señaló, el sector eléctrico requiere políticas a largo plazo, y estabilidad normativa, y el retraso en la definición de planes y programas puede condicionar negativamente el panorama de la economía española durante mu-chos años.

Sobre las deficiencias de nuestro sistema educativo existe hoy amplia con-ciencia en la sociedad. Un sistema con tan alto porcentaje de fracaso escolar y con una calidad deficiente en materias esenciales es una formidable amenaza para el futuro del país. Los vaivenes de la política educativa, la absoluta falta de consenso, hasta ahora, entre los principales partidos, y una visión desafortunada sobre la naturaleza y misión del sistema educativo han convertido a la educación en el problema a largo plazo más importante que nuestro país tiene planteado.

mencionemos finalmente, en este recorrido, las áreas en las que aún subsis-ten restricciones a la libre competencia cuya remoción es necesaria. Distribución comercial, colegios profesionales, transporte de mercancias….todas o casi todas


caen bajo el ámbito de la Directiva de Servicios recientemente promulgada en la UE, y que debería ser transpuesta al derecho interno español por la denominada Ley Omnibus. Solo que las presiones de los grupos de interés y las conveniencias políticas de determinadas comunidades Autónomas amenazar entorpecer, y aún impedir, la adopción de medidas liberalizadoras. Es preciso tener presente que sin libre competencia no será posible reducir los diferenciales de inflación de la eco-nomía española, hoy contenidos por la crisis pero que volverán a aflorar tan pronto como ésta remita.

Son todas ellas (y algunas otras que sería prolijo incluir) reformas necesarias. Sin ellas cualquier propósito de cambio de modelo anunciado por las autoridades económicas no pasará de ser un mero ejercicio de propaganda.

Pocas veces ha habido tanto consenso entre los economistas acerca de las medidas de política económica y las reformas estructurales que España necesita. Y pocas veces también, por desgracia, ha habido un gobierno tan reacio a adop-tarlas.

No se trata ciertamente de medidas fáciles. Pero que sean social y política-mente costosas en el corto plazo no debiera inhibir de su adopción. Hoy, como a finales de los años 50, la economía española ha llegado a una encrucijada. De que elija la dirección correcta dependerá nuestro nivel de crecimiento, renta y empleo durante la próxima década.

Los dos déficit de la Economía Española1

Juan Velarde Fuertescatedrático de Universidad y vicepresidente de la Real Academia de ciencias morales y Políticas

Hace ya mucho tiempo que el profesor torres martínez, uno de los mejores conocedores de la economía española, señaló que, efectivamente entonces las transacciones exteriores tenían un peso muy pequeño en el PIB, como conse-cuencia de nuestra tradicional política económica de cierre. Pero que si esto su-cedía en lo cuantitativo, en lo cualitativo, el impacto de los intercambios con el exterior era fundamental para explicar la evolución de nuestra economía. Perpiñá ya había adelantado esto, que después fue completándose por los historiadores de lo acontecido en la evolución de los bienes y servicios españoles. Sin la llegada de la plata americana y sin la lana de los merinos, nuestra economía se hubiera hundido en los siglos XvII y XvIII, porque se habían convertido en nuestras exportaciones fundamentales. La aparición de otros rebaños, o la independencia de los virreinatos de Perú y México, supuso golpes considerables a nuestro pro-greso. Dígase lo mismo del papel del vino, y de la crisis que provocó la política proteccionista francesa combinado con las plantaciones de viñedos en la Argelia recién conquistada por el Gobierno de París. El auxilio que para toda la península supuso la exportación del azúcar cubano, no es para contado. Pero no menor im-portancia, tuvieron las importaciones de capitales extranjeros a largo plazo, como consecuencia sobre todo de la política de apertura al exterior del bienio progre-sista –del 19 de julio de 1854 al 14 de julio de 1856- que significó un alud de capitales extranjeros orientados hacia la minería, los ferrocarriles, los servicios públicos, la deuda pública y la banca-, que tuvieron continuación con la llegada de capitales y empresarios americanos tras el Desastre de 1898.

Y pasando ya al siglo XX, muchísimo debe la economía española al auge de las exportaciones hortofrutícolas, especialmente levantinas, y también mucho frenó la expansión, como señaló, asombrado, Keynes en Madrid en 1930, el de-sarrollo de una política de contención de la caída del tipo de cambio de la peseta, practicada por todos los Gobiernos que se escalonan desde Primo de Rivera en 1927 a Franco hasta 1959, pasando muy especialmente por el conjunto de los de

1 A efectos de citas y documentos empleados debo señalar que concluí su redacción el 10 de enero de 2010.

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la II República. Flores de Lemus, sin duda avisado por la lectura del opúsculo Las consecuencias de mr. churchill, de Keynes, hizo lo que pudo, en el Dicta-men de la Comisión de Patrón Oro para disuadirnos de la bondad de ese camino, absurdamente defendido, por ejemplo, por Cambó en su libro La valoración de la peseta.

El fuerte hundimiento de nuestra economía, de 1936 a 1947, en grado enorme se debe al impacto que una economía de guerra genera en unas importaciones que desaparecen, porque resultan inaccesibles por diversos motivos, entre otros, por incapacidad exportadora. Únase a esto que las medidas de nacionalismo econó-mico, cuyo evangelio se había expuesto por cambó el 8 de septiembre de 1918 en Gijón, impedían la llegada de capitales extranjeros, abominados, además, por la opinión pública, gracias a documentos como el libro de virgilio Sevillano, La España... ¿de quién? Había pasado a ser popular la idea de que el capital extranjero había esquilmado nuestros recursos mineros y, que, por tanto, era un depredador del que había que huir. El fantasma que se agitaba, una y otra vez, era el de Ríotinto.

Pero además, a partir de 1947, se había decidido industrializar, para desarro-llar con fuerza nuestra economía, y hacerlo dentro de una típica medida de susti-tución de importaciones, que en el fondo procedía de una línea del pensamiento catalán que transcurre de Jaumeandreu a Gual villalbí, y que con mil referencias a List y a Carey, tras tener el respaldo, no sólo de Cánovas del Castillo sino, incluso, en un Gobierno moret, la de Amós Salvador Rodríguez con el Arancel Salvador, esto se actualizó con el ensayo de Antonio Robert, con un largo prólo-go de José mª de Areilza, Un problema nacional. La industrialización necesaria (Espasa calpe, 1943). Y he aquí que de pronto pasó a observarse, y eso ha suce-dido mil veces en nuestra coyuntura y hasta ahora mismo, que al no ser nuestras exportaciones competitivas con el exterior, y al no existir impulsos para recibir capitales extranjeros a largo plazo, por exigir todo fuerte desarrollo económico, industrializador o de los servicios, materias primas que antes se exportaban, y al originar una subida en el nivel de vida, que también exige consumir productos que antes se enviaban a otros países, cada unidad de avance del PIB se acom-pañaba de menos unidad adicional de exportaciones. Simultáneamente creaba esa situación, como si fuese, decía Fuentes Quintana, una ley de la Naturaleza, una capacidad de importar por encima, por supuesto de una unidad adicional de producción. Este juego de elasticidades fue drenando la reserva de oro y divisas convertibles, agravado todo, además, por la fijación de unos tipos de cambio que, como se ha señalado antes, intentaban mantener una peseta fuerte, frente a lo que decían los mercados financieros internacionales.

todo ello provocó una crisis muy fuerte, como subrayó Sardá, al disponer únicamente de una reserva, en todo y por todo, de 49 millones de dólares en oro y divisas convertibles en 1959, que impediría pagar puntualmente las mercancías

LOS DOS DéFIcIt DE LA EcONOmíA ESPAñOLA 35

que venían embarcadas hacía España. De ahí se derivaría, por fuerza, una típica crisis de la deuda externa, que hubiera provocado una vuelta al racionamiento y un paro considerable. El cambio radical de 1959 y la apertura al exterior, así se explican. Agréguese una aceptación franca a las inversiones de capital exte-rior. Lo analicé en mi artículo Las inversiones privadas extranjeras en España en el periodo 1960-1970, publicado en el Boletín de Estudios Económicos, de la Universidad comercial de Deusto, diciembre 1975. Se observaba que, según datos del Fondo Monetario Internacional, sólo nos superaban en ese periodo, en Inversiones Directas Extranjeras, canadá y Australia. Se recibía así, además un impulso importantísimo, desde el punto de vista tecnológico.

El fuerte desarrollo que vino después se acompañó de una apuesta considera-ble en favor de una energía muy barata en los mercados internacionales. Pero en 1973 todo cambió. Y además del choque petrolífero, surgió, como consecuencia de la transición, un choque salarial formidable. todo esto tornó a crear otra cri-sis, porque estas subidas de costes limitaban la competitividad, mientras el valor de las importaciones, para mantener la misma cuantía, se incrementaba vertical-mente. Nuestra relación real de intercambio, pues, empeoraba, y fuimos sacu-didos, de modo gravísimo, por una típica crisis de balanza por cuenta corriente.

La salida estuvo ligada a nuestro ingreso en la comunidad Económica Europea. Pero ésta obligó, desde el 1 de marzo de 1986, a disminuir de tal modo nuestras barreras a la importación, y todo ello acompañado por una subida en el PIB y en las exigencias de producción extranjera, que se generó una nueva crisis. Ramón tamames sintetiza así maravillosamente lo sucedido: “La política fuertemente mo-netarista desarrollada por los sucesivos gobiernos del PSOE desde 1985 llevaron a una sobrevaloración evidente de la peseta respecto a otras monedas”. El cuadro 1 siguiente lo aclara a la perfección:

COTIZACIÓNDELDÓLARNORTEAMERICANOENPESETAS

Años Cambio 1985 170’04 1986 140’04 1987 123’48 1988 116’49 1989 118’38 1990 102’02

CUADRO1

Se originó así, un fuerte déficit comercial que provocó, un tupido incremento de la deuda exterior, pública y privada que, de 1985 a 1992 se multiplicó nada menos que por 2’6. Por eso a fines de junio de 1989, se decidió nuestro ingreso en el Sis-


tema monetario Europeo (SmE) con un cambio central de la peseta de 65 pesetas por 1 marco alemán, y un margen de fluctuación del 6%. Se pensó así resolver los problemas, pues se garantizaba el cambio de la peseta y porque con una subida fortísima de los tipos de interés, se provocó tal alud de capitales extranjeros a corto plazo que parecía resuelto todo. Pero el reflujo que se provocó tras la caída del muro de Berlín, y como consecuencia de ese endeudamiento a corto plazo y a la falta de competitividad de nuestra economía, surge la fortísima crisis que transcurre de 1993 a 1996.

La lección siguió sin aprenderse. La puesta en orden de nuestras macromag-nitudes a partir de 1996 se unió, desde 1999, a nuestra participación en la Euro-zona. España había perdido el control del cambio, como sucedió en 1959 con el ingreso en el Fondo Monetario Internacional y desde luego, en 1989, con nuestra participación en el Sistema monetario Europeo, volvía a suceder lo mismo. con el ingreso en la Eurozona, en 1999, esto se potencia aun de modo más fuerte, porque la autoridad monetaria pasaba a ser el Banco central Europeo y la peseta se esfumaba en el euro. Por tanto, nuestra política económica quedaba obligada por esa nueva situación, que en principio provocó un impulso fortísimo a nuestra economía. En el cuadro 2 se observa como el avance clarísimo en el PIB por habitante va acompañado de un incremento en el déficit de la balanza por cuenta corriente, a lo largo del periodo 1996 a 2006, con objeto de no introducir, a partir de 2007, la confusión derivada de la aparición de la crisis económica.

EVOLUCIÓNPORCENTUALANUALDELPIBp.m.PORHABITANTE YDELPORCENTAJEDELSALDODELABALANZA

PORCUENTACORRIENTERESPECTOALPIB

AÑOS ∆ PIBp.m.p.c. %DELSALDOBALANZAPORCUENTACORRIENTEALPIB 1996 5’22 -0’2 1997 5’11 0’1 1998 6’35 -1’1 1999 8’51 -2’7 2000 7’00 -4’0 2001 4’90 -4’3 2002 4’94 -3’3 2003 2’73 -4’0 2004 4’19 -5’9 2005 4’77 -7’5 2006 4’19 -8’5

CUADRO2

El motivo de esa situación que, como se ve, se agrava espectacularmente a partir de 2003 y la llegada del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero al poder, se explica por una apuesta creciente, para el desarrollo en favor de un sector ajeno


a la competencia con el exterior, el sector inmobiliario, facilitado por una caída muy fuerte en estos tipos de interés. Esto último se debía a la política desarrollada por el Banco central Europeo que para nada contemplaba los intereses concretos de España; exclusivamente los del conjunto de los países de la Eurozona. Los economistas todos comenzamos a alarmarnos y a exhibir nuestras preocupacio-nes ante esa situación, que se financiaba con un sistema doble. En primer lugar, con un endeudamiento exterior a corto plazo. El interbancario era fácil porque nuestras entidades de crédito ofrecían, con la expansión que tenía nuestra econo-mía, un panorama que parecía excelente, y los tipos de interés eran reducidos. El sector público no se mostraba competitivo, porque el auge generaba unos altos rendimientos impositivos. Parecía que el endeudamiento privado no preocupaba y mostraba con alegría la evolución que había tenido tanto el déficit como la deu-da de las Administraciones públicas en ese periodo (cuadro 3).

DÉFICITYDEUDADELASADMINISTRACIONES PÚBLICASEN%SOBREELPIB

AÑOS DÉFICIT DEUDA 1996 -4’8 66’8 1997 -3’1 65’3 1998 .3’0 63’2 1999 -1’1 61’5 2000 -0’9 59’2 2001 -0’5 55’5 2002 -0’3 52’5 2003 0’0 48’8 2004 -0’2 46’2 2005 1’1 43’2 2006 1’8 39’9

CUADRO3

Pero el problema se agazapaba en otra deuda, la creciente deuda exterior que se acumulaba por esos déficit por cuenta corriente. De ahí que los economistas comenzasen a señalar que ese crecimiento tenía los pies de barro, esto es, provo-cado por un creciente déficit exterior, y que si no se corregía, por fuerza llevaría a un mal fin. La prioridad de encender tal alarma se remonta a 2003 y al traba-jo de Jaime terceiro publicado en los Anales de la Real Academia de ciencias Morales y Políticas, nº 80, 2003, titulado Notas sobre la evolución reciente de la economía, págs. 177-206. A partir de ahí se multiplicaron las advertencias sobre la necesidad de cambiar radicalmente el modelo, porque el riesgo era grande, y se acrecentaba por fuerza a lo largo del tiempo. Si no se resolvía la cuestión del déficit exterior creciente, era porque nada serio se hacia en relación con los meca-nismos que dificultaban la competitividad; una energía que podría ser muy cara si se abandonaba la opción nuclear; el poco desarrollo tecnológico; la división del


mercado interior español por las políticas autonómicas; las rigideces del mercado laboral; las tendencias inflacionistas en nuestros mercados, sin poder devaluar... No por jactancia, sino sólo como muestra que me resulta más cómoda, recojo en el cuadro nº 4 unos títulos de trabajos míos, por ser como decía Unamuno, la persona que tengo más a mano, los cuales, por sus mismos títulos indican que se llamaba la atención, con alarma, a los dirigentes de la política económica española. Me reduzco al año 2004, pero en los siguientes cada vez las voces de alarma fueron más nutridas. A los economistas no se nos puede achacar que no hayamos sido vigías de una crisis que iba a amargarnos con rapidez los triunfos que creíamos haber, no solo alcanzado, sino consolidado.

ARTíCULOSDEJUANVELARDEFUERTES,MOSTRANDOALARMAANTELAEVOLUCIÓNDELACOYUNTURAECONÓMICAESPAÑOLAENELAÑO2004

1 Cuidado con los falsos Reyes Magos, texto leído en la cOPE, el 7 de enero de 2004.

2 Juan velarde pide que se alcance ya el superávit público. El catedrático de Econo-mía quiere que se tomen medidas para afrontar peores condiciones y lamenta que la Ley Presupuestaria no desarrolle el principio de transparencia, en La Gaceta de los Negocios, 12 febrero 2004.

3 velarde vaticina «tiempos difíciles», en La Nueva España, 12 febrero 2004.4 Una amenaza evidente: la exterior, en ABc, 16 febrero 2004.5 Obstáculos claros [sobre el problema exterior y el del mercado del trabajo], en

crónica virtual de Economía, 7 a 20 de abril de 2004.6 Días difíciles para la economía española, en ABc, 1 mayo 2004 [una tercera]7 La gran cuestión [sobre la competitividad de la economía española], en ABc, 17

mayo 2004.8 Las medidas del anterior Gobierno para potenciar la tecnología han sido tímidas,

declaraciones a Computerworld, 4-10 junio 2004.9 El otro choque petrolífero, [sobre el impacto de Kioto, la eliminación de la energía

nuclear y otras cuestiones energéticas] texto leído en la cOPE, el 23 de junio de 2004.

10 El riesgo económico español, en ABc, 12 julio 2004.11 El vigía de lo externo, en Expansión, 17 julio 2004.12 La flecha en el talón que Aquiles, [sobre el problema de nuestro déficit exterior],

en ABc, 30 de agosto 2004.13 Jugar con fuego [sobre los déficit exteriores en España], texto leído en la cOPE el

1 de septiembre de 2004.14 La energía: un problema fundamental para España, en Cuadernos de Pensamiento

Político, octubre-diciembre 2004.15 ¿Ante un nuevo choque energético?, en ABc, 11 octubre 2004.16 Juan velarde, Premio Príncipe de Asturias de ciencias Sociales y Premio Rey Juan

carlos de Economía 2002: “Si no tomamos medidas serias, que no veo por ningu-na parte, la inflación en 2005 se nos disparará [declaraciones a Manuel S. Jimé-nez], en Récord, 2004, nº 31.


17 Sobre la necesidad de un progreso tecnológico, en cuadernos de Encuentro, otoño 2004, nº 78.

18 velarde destaca la debilidad del Gobierno para afrontar los retos económicos. Pide equilibrio de las balanzas exteriores y superávit presupuestario, en ABc de Sevi-lla, 5 noviembre 2004.

19 IX congreso Regional de castilla y León. Juan velarde apuntó que en España existe un fuerte déficit de crecimiento, que va a más, en el sector de la exportación, en Época, 3 a 9 de diciembre 2004.

CUADRO4

todo esto se tradujo en un doble choque. Por un lado, la burbuja inmobiliaria se vino al suelo cuando comenzaron, a partir del 18 de julio de 2007, las dificul-tades crediticias, porque el sistema internacional ya no transfería fondos a España por sus propios problemas. Pero el propio sistema crediticio español, al encon-trarse con obstáculos casi insalvables en el exterior para suministrar más crédito, creó serios problemas generales de financiación en toda la economía española. La situación pasaba a ser muy grave, porque los déficit españoles eran altísimos. En el año 2008, en el conjunto de los 42 países que ofrece, por ser los fundamentales del mundo económico, en su apartado Economic and financial indicators, España sólo cedía el cetro a Estados Unidos en cuanto a tener el mayor déficit por cuenta corriente. Pero España se encontraba en un área monetaria que le imposibilitaba devaluar, al contrario que Norteamérica. Y en el año 2009, la situación perma-nece comparativamente igual. Únicamente, como el empeoramiento de nuestra economía es muy superior al de Norteamérica, la caída de nuestras importaciones ha hecho que el déficit por cuenta corriente haya disminuido más que el norte-americano, pero sigue siendo colosal.

Por eso el ajuste en España se produjo, como es evidente, con un colosal de-rrumbamiento de la producción y del empleo, que ha alcanzado niveles altísimos. El conjunto del PIB caerá en 2009 alrededor de un 4%. Por su parte la producción industrial manufacturera en el tercer trimestre de 2009 cae en 15’7% respecto al tercer trimestre de 2008, pero debe tenerse en cuenta que éste ya había caído un 3’0% respecto al tercero de 2007, y en éste el preludio de la crisis se observaba ya, cuando su crecimiento respecto al de 2006 había sido sólo de un 0’2%. Simul-táneamente la industria de la construcción, también en los terceros trimestres, cae un 6’6% en 2009 respecto a 2008; en este trimestre de 2008 cae un 1’5% respecto a 2007 y en 2007 había caído un 1’7% respecto a 2006. El paro se ha situado ya en torno a algo más del 20%, si tenemos en cuenta que a la cifra administrativa de desempleados hay que sumar aquellos que se han sometido a tareas de formación profesional mientras encuentran trabajo, lo que crea un conjunto de 5’5 millones de parados.


Esta caída de la demanda interior ha provocado –lo transcribo del muy re-ciente documento El volumen del sobreendeudamiento, documento nº 51 de coyuntura Económica del Instituto de Estudios Económicos, fechado en di-ciembre de 2009-, que el saldo comercial negativo acumulado de enero a sep-tiembre de 2009, haya sido “un 50% inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado, según las cifras de Aduanas, como resultado de una caída de las importaciones, en cifras acumuladas, del 30%, frente a un recorte de las expor-taciones de casi el 20% -lo que debe alarmarnos, porque alude a nuestras difi-cultades en términos de competitividad (Nota de J.v.F.)-, aunque en los últimos meses se han producido incrementos mensuales, en ambas variables”. Y dentro de lo que acontece muy a corto plazo, porque sobre todo por la evolución del precio del petróleo parecía mejorar nuestra relación real de intercambio, “en los meses más recientes esta tendencia a la reducción del déficit comercial ha sido menos acusada que en la primera mitad del año, debido al fuerte repunte de las importaciones, que ha contrarrestado en buena medida el avance de las expor-taciones. Con respecto al comercio de servicios, de acuerdo con las cifras de la balanza de pagos, se ha reducido ligeramente el superávit, a causa del menor excedente por turismo”. como el déficit por cuenta corriente ha registrado un descenso del 48%, nos encontramos con que “las necesidades de financiación exterior de nuestra economía entre enero y septiembre han disminuido un 42%, hasta 39.700 millones de euros”. O, en otro sentido, en los tres primeros trimes-tres del año 2009 suponía un 5’5% del PIB, y en el mismo periodo de 2008, era de 10’1%, Pero esto, hay que insistir, no se debe a ninguna mejora en nuestra competitividad, sino, simplemente, a un descenso en nuestras necesidades de financiación. Sin ir más lejos, la Formación Bruta de capital Fijo, esencial para el crecimiento, “ha pasado de representar el 30% del PIB en los tres primeros trimestres de 2008, al 25’3% en el mismo periodo de este año”, y con un PIB, recordémoslo menor.

Así es como se ha creado, evidentemente, un dilema al Gobierno. Podía ha-ber rectificado radicalmente, flexibilizando el mercado de trabajo; reduciendo drásticamente gasto público; oponiéndose radicalmente a medidas, como las que contiene el Estatuto de cataluña, en litigio en el tribunal constitucional cuan-do redacto este trabajo; rebajando el impuesto de sociedades, pero manteniendo el equilibrio del Sector Público; aceptando, con franqueza, la opción nuclear; alterando muchas instituciones que frenan el desarrollo pero que tienen una iner-cia considerable, por la que ofrecen mucha resistencia al cambio, y esto combi-nándolo con unas medidas de alteración bastante grande en ciertos casos de los mercados financieros; por supuesto, poniendo en marcha reformas educativas basadas en la exigencia y no en el freno a la excelencia; vinculando muy fun-damentalmente los progresos científico tecnológicos financiados por el Sector Público con el mundo empresarial, y así sucesivamente, dentro de los cánones típicos de una economía abierta de mercado. Pero, basta seguir esos enunciados para comprender que eso significaría enfrentarse con toda una serie de organiza-


ciones, de grupos sociales, que retirarían el apoyo parlamentario al Gobierno y, por ello, que obligarían, probablemente, a una convocatoria electoral.

Por eso se inclinó el Gobierno, como prueba palpablemente el proyecto de Eco-nomía Sostenible que se ha dado a la publicidad, por intentar que el desarrollo español se derivase de una recuperación internacional, lo que técnicamente es im-posible, a causa de los problemas exteriores señalados, y mientras tanto, haciendo crecer verticalmente otro endeudamiento, el del sector público. claro que esa op-ción aparentemente más cómoda que la dura anterior, con rapidez notable está em-peorando todo, como consecuencia de la situación financiera internacional. con-viene explicar algo más esta cuestión de nuestro endeudamiento del sector público dentro de una situación crecientemente globalizada en lo financiero, y en especial respecto a las áreas del dólar, del euro, del renminbi y de la libra esterlina. Los mer-cados de los diversos productos financieros están íntimamente vinculados entre sí. Singapur está pendiente de lo que sucede en la economía noruega y, por supuesto, Wall Street avizora la marcha del mercado bursátil de Shanghai y desde luego del de Madrid o de Río de Janeiro. Por lo tanto, lanzar una emisión de deuda pública en España es tanto como solicitar el ahorro internacional que la suscriba. Por su-puesto, el poder público español puede hacer, y hace, que para aliviar la situación del mercado, ciertas instituciones forzosamente ahorradoras, como es, por ejemplo, el fondo de reserva de la Seguridad Social, adquiera deuda pública española, con lo que se sustrae esta demanda de la oferta de ahorro exterior. Simultáneamente, el ahorro español está dispuesto a adquirir deuda pública francesa, alemana, esta-dounidense o portuguesa. La conexión de estos mercados es obvia. Por una parte tratan de contemplar la solvencia del país que emite la deuda. Para eso examinan la situación que se deriva de su política económica. Particularmente, si ésta se ha alterado, por el motivo que sea, y por ello si las emisiones de deuda pública crecen con extraordinaria rapidez, es claro que se corre el riesgo de insolvencia de un país. A partir de la declaración de Jesús Silva Herzog ante el Fondo monetario Interna-cional, en septiembre de 1982, los intermediarios financieros han abandonado la tesis de que los Estados no pueden quebrar, por mucho que estén integrados en el Fondo. De ahí la importancia de lo que ha acontecido en Dubai, a pesar de toda su aparente opulencia. No digamos lo que sucede en torno a Grecia. Lógicamente eso conduce a alzaprimar la observación de la conducta de los sectores públicos de los diversos países.

El llamado efecto expulsión o crowding out no tiene lugar solo porque el aho-rro sea atraído por la deuda pública en vez de por la financiación de la actividad empresarial nacional, sino porque esto queda facilitado porque al rehuir la compra de aquella deuda pública más peligrosa, su cotización en las bolsas disminuye, y automáticamente crece el tipo de interés que efectivamente rinde. Eso, como es lógico, se traspasa a todo el conjunto financiero porque la deuda pública tiene casi más garantías que cualquier otra inversión privada. Por ello, se generaliza la subida de los tipos de interés, para competir con el Sector Público. Y ello, naturalmente,


restringe las posibilidades de crecimiento. Esto es, se expulsa actividad, porque ésta, como han acabado comprendiendo, por ejemplo, en los países comunistas, como es evidente en el caso de china, se debe esencialmente a la privada.

En el caso concreto español debe agregarse que el mercado de la deuda públi-ca ha tenido un componente para su sostenimiento, de bastante importancia. De algún modo lo sucedido recuerda lo que pasaba en el mercado de nuestra deuda cuando se monetizaba a partir de las medidas de Alba en 1917, en un proceso que se mantuvo hasta nuestro ingreso en el Fondo monetario Internacional, en julio de 1958 con el complemento, establecido más adelante, de la obligación de bloquear determinados porcentajes del activo. Nuestra banca solicita créditos al Banco central Europeo, que se los concedía hasta ahora de modo inmediato, con un interés del 1%. La garantía de esos créditos era Deuda pública española que rendía alrededor del 4% en beneficio de nuestro sistema crediticio, aunque a costa de las posibilidades de concesión de créditos al conjunto empresarial. Por eso los mercados financieros pasan a observar con atención un hecho muy impor-tante: el fuerte incremento del déficit del sector público español.

El primer problema en este sentido para España es el de la pérdida de control del gasto público por parte del Gobierno. Como muestra el cuadro 5, da la impresión que, derivado del Estado de las Autonomías, existe, como dice el profesor José maría Serrano, un ordenamiento que “parece atenerse a los principios de la descen-tralización fiscal óptima”, lo cual altera, de modo radical, la distribución del gasto consolidado de las Administraciones Públicas en España.

DISTRIBUCIÓNDELGASTOCONSOLIDADO DELASADMINISTRACIONESPÚBLICASENESPAÑA(%deltotal)

Años Estado Organismos Seguridad Comunidades Corporaciones Autónomos Social Autónomas Locales 1975 44 5 41 - 10 1985 37 4 38 10 11 2007 18 4 29 36 13

CUADRO5

La presión de las comunidades Autónomas, es pues, evidente, pero da la im-presión de que sus necesidades no se han colmado. En el editorial, bien docu-mentado, de Expansión de 14 de diciembre de 2009, titulado significativamente Autonomías al borde del colapso financiero, se podía leer: “Las comunidades Autónomas están a punto de reventar las suturas de sus cuentas públicas. Inca-paces de controlar el crecimiento de su gasto corriente y ante el hundimiento de sus ingresos –la recaudación cae a ritmos del 20%-, las regiones recurrirán a la emisión de deuda para poder financiar el déficit. En total, el próximo año, las


comunidades Autónomas emitirán otros 32.000 millones de deuda para financiar el gasto, lo que elevará su endeudamiento neto total hasta los 115.000 millones de euros. Esta dinámica ha provocado que las agencias de calificación (concre-tamente Fitch, Standard & Poor’ s y moody’ s; nota de JvF) hayan empezado a penalizar a las autonomías... La situación empieza a ser muy delicada, pero el margen de maniobra es muy estrecho”. Lo que se ha puesto en marcha, al per-mitir que las regiones “recurran en mayor medida a la deuda y otorgando en la financiación autonómica una partida extraordinaria de 11.000 millones de euros, ... apenas servirá para cubrir una pequeña parte del agujero”.

La marcha de la deuda viva de las comunidades Autónomas, que en el año 2009 alcanzó los 83.843 millones de euros, según los presupuestos generales de las comunidades Autónomas para 2010, ha tenido, en el periodo 1995-2009 el ritmo de incremento, a partir de 1995 = 100 que se muestra en el cuadro 6.

DEUDAVIVADELASAUTONOMíAS1995=100

Años Magnituddela Años Magnituddela deudaautonómica deudaautonómica 1995 100’00 2003 182’62 1996 114’73 2004 193’80 1997 127’83 2005 211’89 1998 134’56 2006 216’04 1999 140’02 2007 222’55 2000 147’13 2008 247’28 2001 162’91 2009 312’51 2002 173’17

CUADRO6

Pero la situación deficitaria de las corporaciones Locales marcha en el mismo sentido. El Registro de Economistas Asesores Fiscales, en su reciente informe, Panorama de la Fiscalidad, muestra que los municipios “sólo ingresan el 60% de sus gastos anuales”. La deuda viva local oscila, de mayor a menor, como indica el cuadro 7, ordenada la cifra por Autonomía.


DEUDAVIVALOCAL

Nºdeorden Municipiosde Deuda/porhabitante(€) 1 Madrid 1.247’2 2 Ceuta 1.108’7 3 Aragón 744’8 4 Melilla 648’6 5 Cataluña 549’9 6 valencia 503’5 7 Andalucía 471’1 8 Baleares 469’3 9 Murcia 442’2 10 Asturias 413’9 11 La Rioja 384’3 12 Navarra 380’0 13 Cantabria 368’1 14 Castilla y León 356’6 15 Canarias 346’6 16 castilla-La mancha 310’7 17 Extremadura 236’0 18 País vasco 229’5 19 Galicia 228’8

CUADRO7

Agréguese a esto la bomba de relojería que significaba el actual sistema del Estado de Bienestar. como consecuencia del envejecimiento de nuestra pobla-ción, no sólo la carga de las pensiones sobre el volumen de los salarios que pagan los empresarios se hace más alta, con lo que los costes se incrementan y la com-petitividad disminuye, a causa del sistema de financiación de reparto –esto fue profetizado por un grupo de estudio, en el que participé, dirigido por el profesor Barea, y del que nadie hizo el menor caso-, sino también porque, para el Sistema Nacional de Salud, la relación de coste de un viejo a un joven se sitúa entre 5 y 7 veces de mayor carestía. Este proceso de envejecimiento queda claro en el cuadro 8, y es inexorable en su carga del gasto.

EVOLUCIÓNDELACOMPOSICIÓNPOREDADESDELAPOBLACIÓNESPAÑOLA

Grupodeedad %en2008 %en2018 %en2050 De 0 a 15 años 15’58 16’25 13’52 De 16 a 64 años 67’83 66’50 53’88 De 65 y más 16’59 18’25 32’60

CUADRO8


Poner orden en todo esto es forzoso, pero si no se hace, el incremento de la deuda pública aumentará vertiginosamente. Ponerle remedio con un fuerte au-mento impositivo, empeora la coyuntura de tal modo, que incluso puede motivar, en una especie de confirmación de Laffer, una caída en la recaudación. Y la solu-ción por el lado del recorte del gasto, tiene costes sociales evidentes. Debe leerse y releerse, en este sentido, por todos los que hablan de fáciles y cómodas salidas de esta situación deficitaria la conferencia que pronunció González Páramo, el representante de España en el Banco central Europeo, titulada Fiscal policy and the financial crisis: the need for an effective exit strategy, pronunciada el 4 de septiembre de 2009 en la EcB Watchers conference.

Estoy totalmente de acuerdo con el profesor González-Páramo que “la salida va a requerir más esfuerzos de los que hoy estamos preparados para aceptar”. Y eso, además porque, como dice en su Informe a la Asamblea General del Fomento del trabajo Juan Rosell, “con toda seguridad, volverán a subir los tipos de interés en los próximos meses... Y por tanto, el incremento de intereses será un aumento del gasto financiero, tanto para las empresas como para las Administraciones”. creer que se resuelve con emisión de deuda al modo rapidísimo que se ha hecho en Espa-ña, es un craso error. La deuda emitida no es que se pague, como se suele decir, por nuestros sucesores; es que a través de esos mecanismos expuestos se paga ahora mismo. La portada cuya fotocopia se adjunta de the Spectator de 20 de septiembre, debe transformarse. El niño es un ciudadano adulto español que sufre, por eso, una baja en su bienestar económico considerable.


tal situación, naturalmente es observado, más concretamente por lo que res-pecta a España, por los mercados financieros. De ahí que yo me haya sentido obligado a hacer una recopilación –que me consta que ha sentado muy mal en una serie de círculos, considerando que era malo presentar los asuntos de modo tan duro, de lo que la prensa internacional, y en algún grado la española especia-lizada, decían sobre el endeudamiento español, tras lo sucedido en Dubai y en Grecia. Lo titulé Descrédito internacional. Dos semanas de malas noticias eco-nómicas, y apareció en Papeles Faes, el 23 de diciembre de 2009, sobre lo que se opinaba acerca del endeudamiento español, del 10 de diciembre a la víspera de las Navidades, a raíz del mensaje de Standard & Poor’s que rebajaba la cali-ficación de la deuda pública española de AAA a AA+. Se recogían referencias, sucesivamente de Expansión, Financial times, the Wall Street Journal, Handels-blatt, El Economista, cinco Días, ABc, L’ Express, Le Nouvel Observateur, the Economist. Una especie de indicador de lo serio del problema es la calificación crediticia que el credit Suisse había ofrecido el 8 de diciembre de 2009. Se ofrece en el cuadro 9. La vulnerabilidad más alta indica una peor situación.

Nº Clasificación Nº Clasificación de orden Países total de orden Países total

1 Islandia 45’0 23 Filipinas 25’1 2 Grecia 37’6 24 Polonia 24’9 3 Hungría 36’6 25 México 24’8 4 Rumanía 36’1 26 Argentina 24,8 5 Lituania 34’3 27 Australia 24’1 6 España 33’2 28 Japón 23’5 7 Letonia 32’4 29 República checa 23’3 8 turquía 31’9 30 Francia 23’1 9 Ucrania 31,9 31 Reino Unido 22’8 10 Bulgaria 31’1 32 corea del Sur 22’2 11 Irlanda 30’7 33 tailandia 21’0 12 Egipto 29’9 34 Rusia 20’8 13 África del Sur 28’8 35 malasia 20’3 14 Estados Unidos 28’1 36 chile 18’4 15 Nueva Zelanda 27’7 37 Dinamarca 17’2 16 India 26’7 38 Alemania 16’4 17 Italia 26’4 39 china 14’3 18 Indonesia 26’4 40 Singapur 13’6 19 Colombia 26’1 41 Suiza 13’4 20 Estonia 25’8 42 Noruega 11’4 21 Kazajistán 25’7 43 Hong Kong 10’1 22 Brasil 25’5

CUADRO9


Por eso es preciso insistir ante la sociedad española, en estos inicios del 2010, que es necesario aumentar la preocupación porque la nuestra es una economía muy abierta, y precisamente de esa apertura le han venido ventajas notables. Pero curiosamente, también por ello, es obligado tener un respaldo internacional y, al mismo tiempo, para lograrlo, la única solución es eliminar estos dos déficit que, encabezados, nos amenazan muy seriamente. De Le Nouvel Observateur es un gráfico titulado “los países que dan miedo...”, acompañado de las cifras de deuda exterior de los cuatro que crean pánico: Irlanda, Portugal, Grecia y España (cuadro 10).

Países DeudaexteriorenporcentajedelPIB Irlanda 966% Portugal 217% Grecia 159% España 158%

CUADRO10

El comentario que se añade es el siguiente y debemos tenerlo muy en cuenta: “Pesadamente endeudados, estos países hacen temblar el euro. Pero la naturaleza de su deuda es muy diferente: esencialmente bancaria en Irlanda, en Portugal y, sobre todo, en España, y por mitades de deuda pública en Grecia”. Por supuesto que, además, y por ello, la salida de la crisis no está nada clara, como dice Jacques Attali, en su comentario Le pire, à pas de loup, en L’ Express de 13 de diciembre de 2009: “Los gobiernos de los países industriales deben encontrar este año y el próximo 12 billones –millones de millones- de dólares para financiar sus déficit; su deuda sobrepasará pronto el 80% del PIB mundial lo que empujará a los con-sumidores a ahorrar aún más para prepararse a una inevitable subida impositiva”. Pero, sobre todo, dirigiéndose a los dirigentes políticos, así acaba su artículo y no es mal final, a mi juicio para el mío: “Es preciso tener el valor de decir la verdad, única justificación del esfuerzo y única puerta para lograr el éxito”.

La crisis financiera: ¿Qué hacer con las cajas de Ahorros?Fernando Fernández Méndez de AndésI.E. Business School

La economía mundial inicia su lenta y dubitativa recuperación tras la crisis vivida desde hace casi tres años cuando la explosión de la burbuja de crédito (productos derivados e hipotecas subprime) puso de manifiesto la insostenibili-dad de los niveles de endeudamiento privado a los que había llevado una política monetaria innecesariamente expansiva. La mayoría de los países han recuperado ya tasas de crecimiento económicas positivas y aunque siguen sin crear empleo vislumbran un horizonte menos negativo. Hasta la Reserva Federal ha empezado a revertir las medidas extraordinarias de inyección de liquidez y ha subido su tipo de descuento por primera vez. cierto que sólo desde el 0,5% al 0.75% y que es aún extraordinariamente bajo, pero lo ha hecho cuando la inflación subyacente sigue bajando lo que demuestra una cierta confianza en que el mercado interban-cario puede empezar a funcionar por sí solo, sin las muletas del banco central. Los principales bancos privados americanos, tras su intervención, han consegui-do fortalecer sus balances y sus ratios de capital mediante emisiones privadas y pujan por devolver las ayudas estatales recibidas.

La ayuda extraordinaria no ha sido gratis. Ni para los bancos que tienen que pagar intereses y someterse a una regulación más estricta y a ciertas limitaciones en su política de dividendos y retribuciones, ni para los tesoros públicos. Estos últimos se plantean seriamente estrategias de consolidación fiscal para evitar una nueva burbuja, esta vez de deuda pública. Austeridad, reducción de gastos, ma-yores tasas e incluso subidas de impuestos para los más despilfarradores y menos valientes son las palabras de moda en las Haciendas estatales y locales. Cómo eliminar los extraordinarios impulsos fiscales y monetarios sin que se resienta el frágil crecimiento sin repetir la traumática experiencia japonesa de los ochenta, parece ser ya la principal preocupación de las autoridades, lo que se conoce como estrategia de salida. Reconducir el déficit público a niveles sostenibles y com-patibles con la posición cíclica de la economía parece una obligación universal.

El problema es que el exceso de endeudamiento no ha desaparecido del todo, simplemente ha pasado a manos públicas, ha cambiado de dueño y sigue atena-


zando el crecimiento futuro. Cómo recuperar la normalidad de la política mone-taria es la gran preocupación de las autoridades internacionales. Significa volver a tipos de interés reales positivos, retirar las medidas extraordinarias de liquidez que han sostenido artificialmente a los bancos, recuperar progresivamente las inyecciones de capital público realizadas en la banca y terminar de una vez la res-tructuración del sector para que pueda volver a cumplir su función de dar créditos al sector real de la economía.

Pero hay otros países, como es el caso de España, que se hayan todavía en plena recesión, incapaces de encontrar una salida clara porque erraron el diagnós-tico, se negaron a reconocer la realidad y aplicaron políticas de mantenimiento de rentas, que solo retrasaron y ampliaron el inevitable ajuste de bienestar. No sólo las trayectorias del déficit y la deuda pública son insostenibles, sino que el ajuste financiero está por hacer. El FROB, Fondo de Restructuración Ordenada Ban-caria, ha sido un fracaso sin paliativos y está prácticamente sin utilizar porque, como era perfectamente previsible, nuevamente las consideraciones políticas es-tán impidiendo la necesaria reducción en el número de cajas de Ahorros y con-solidando su control político por las comunidades Autónomas correspondientes. Mientras resolvemos nuestros problemas políticos internos, el tiempo corre en nuestra contra. La Unión Europea ha cerrado a todos los efectos la situación de excepcionalidad por la que puso prácticamente en suspenso la doctrina de com-petencia y de ayudas de Estado y ha impuesto severas restricciones al uso de los fondos del FROB. tantas que no está claro que ya sea rentable o eficiente para muchas de las fusiones anunciadas, pensadas más como una manera de ganar tiempo hasta la ansiada recuperación que como una solución definitiva a los pro-blemas de liquidez y solvencia subyacentes.

Por eso es importante detenerse siquiera sea un momento en analizar lo que ha pasado en el sistema financiero, por qué ha pasado y qué podemos hacer para que no vuelva a suceder. Siempre desde el entendimiento de que las crisis ban-carias son consustanciales a la naturaleza humana, que el último determinante de las euforias y pánicos es el ser humano con su propio comportamiento cíclico, y que el único sistema bancario que no quiebra es el que no existe. Y también para recordar por qué la situación española es diferente y requiere políticas diferentes.

Hay que empezar reconociendo que la crisis financiera es más profunda y global de lo que nunca habíamos anticipado. cierto que había síntomas de que las cosas no podían seguir igual, pero en el fragor de la exuberancia irracional de los mercados que decía Greenspan, nos olvidamos o nos quisimos olvidar de dos cuestiones básicas, los ciclos existen y seguirán existiendo y no teníamos mecanismos para resistirnos a la marea porque el sistema tiende a eliminar las voces disonantes. Debemos entender también desde el principio que no estamos ante una crisis de liquidez, ni siquiera ya sólo de confianza, sino de solvencia de una parte no despreciable del sistema financiero internacional y del español en

LA cRISIS FINANcIERA: ¿QUé HAcER cON LAS cAJAS DE AHORROS? 51

particular. Y esto por varias razones, porque toda crisis de liquidez si dura dema-siado tiempo acaba convirtiéndose necesariamente en una de solvencia, y porque la crisis ha producido un exceso de oferta instalada en la industria financiera mundial. Si el crecimiento del crédito ha sido excesivo, tendrá que ser sustancial-mente menor en el futuro. Si hay menos crédito, habrá menos negocio bancario. Si hay menos negocio, habrá menos bancos y las entidades marginales tendrán que desaparecer, como ha sucedido en el inmobiliario, o fusionarse reduciendo costes, esto es cerrando sucursales y despidiendo personal.

Está en marcha una reconversión sectorial similar a la que se produjo en toda Europa con la industria pesada en los setenta. No es la primera vez que sucede así, ya pasó en la anterior crisis inmobiliaria española, que se llevó por delante una gran parte del sistema bancario pero que enfrentada con decisión, sin consi-deraciones, provocó una restructuración del sector que finalmente lo fortaleció y permitió su espectacular desarrollo posterior. De los siete grandes bancos de entonces y de un sistema básicamente colusivo que tuvo su máxima expresión en el llamado Pacto de las Jarillas no queda ni rastro, pero gracias a la actuación del Banco de España, a una mezcla eficiente de persuasión moral y aplicación de los mecanismos de intervención existentes, se logró un sistema financiero eficiente, solvente, competitivo que alentó el desarrollo posterior. Esta vez podía haber sido igual, pero la indecisión política, las dudas sobre cómo actuar, y sobre todo la naturaleza de las entidades principalmente afectadas y los equilibrios de poder internos al partido gobernante, están impidiendo una solución racional, económica, sostenible.

Aunque hablar de culpables no parece excesivamente útil a estas alturas de la crisis, sí me parece relevante salir al paso de algunas explicaciones interesa-das que proliferan con éxito inversamente proporcional a su exactitud. La crisis es producto de excesos de todos los participantes en el sistema. Sin duda, de la irresponsabilidad de las entidades financieras que fallaron en lo que constituye la naturaleza de su negocio, la estimación del riesgo y se apuntaron con celo propio de mejor causa a la burbuja financiera. Pero también de la complacencia de los reguladores que por desconocimiento o complicidad fallaron estrepitosamente en su función de naturaleza pública, que no es otra que asegurar al sistema financie-ro contra sus propios excesos. Y por supuesto, aunque a la gente no le guste oírlo, de la codicia de los inversores que ávidos de mayor rentabilidad para nuestros inversiones, entre las que incluyo por supuesto la vivienda y los depósitos ban-carios, en un mundo de tipos de interés anormalmente bajos, nos endeudamos en exceso y actuamos como si rentabilidad y riesgo no estuvieran correlacionados negativamente. todos actuamos como especuladores y nos olvidamos que los precios suben, y bajan. La crisis es el fruto de un gran error colectivo: la infraes-timación del riesgo sistémico. Error que se ha traducido en fallos en la disciplina de mercado, fallos en los incentivos del mercado y fallos en la regulación de los mercados. Los bancos españoles se equivocaron creyendo que el boom inmobi-


liario iba a durar toda la vida, pero también el Banco de España minusvaloró el riesgo de burbuja y todavía a mitad del año 2008 proclamaba que no había riesgo alguno en la banca española. No tenía los tipos de interés para frenar el creci-miento del crédito, pero pudo haber utilizado sus competencias prudenciales en-dureciendo los requisitos de capital y aumentando provisiones. Algo hizo, y hoy su modelo de provisiones dinámicas que en esencia hace crecer las mismas con el volumen de crédito con independencia del comportamiento contemporáneo de la morosidad, es un estándar internacional. Pero pudo y debió hacer más.

Estallada la crisis, todos los gobiernos se han visto impelidos a actuar con medidas extraordinarias, a saltarse sus propias reglas y a caer en una vorágine de heterodoxias monetarias y fiscales que parecía no tener fin. El sistema financiero no ha explotado, cierto, pero hemos tocado el abismo y nos llevará mucho tiempo pagar el precio en su totalidad. Un precio a dos niveles, el directamente económi-co y el político. El económico es cuantificable, aunque se haya intentado diferir en el tiempo, y se estima en casi cuatro billones de dólares, aproximadamente cuatro veces el PIB español para que nos hagamos una idea. El político es difícil de medir, pero está lejos de ser despreciable, sobre todo si no somos capaces de detener esa búsqueda implacable de seguridad que mueve a la intervención gu-bernamental a todas las sociedades desarrolladas y que lleva a nuestro Presidente, con su profundidad analítica habitual, a encontrar “paradójico” que los mercados quieran ahora examinar a los gobiernos y a desdecir constantemente el discurso político de su secretario de Estado de Economía. como si los mercados no lo hubieran hecho siempre, o es que los banqueros genoveses no examinaban todos los días a Felipe II o no lo hicieron con Estados Unidos cuando el coste de la guerra de vietnam acabó con la convertibilidad oro del dólar. cuándo aprenderá algo de economía o al menos dejará trabajar, como Felipe González, a su ministro de Hacienda.

Puede parecer una pedantería, pero hay que tener claras varias cosas antes de adentrare en la reforma financiera. Primera, que la única manera de evitar las crisis bancarias es que no haya bancos, porque los bancos públicos también pueden quebrar y de hecho quiebran. Y las entidades híbridas sometidas a con-trol político suelen quebrar antes. No es una coincidencia que la única entidad quebrada en nuestro país haya sido precisamente una caja de Ahorros dedicada a financiar los delirios desarrollistas de su presidente y del consejero de Economía correspondiente. tampoco quebrarían bancos si, como piden algunos, volvemos al narrow banking, a bancos que trabajan con coeficientes de reserva del 100%, que son auténticas casas de depósitos que nos cobrarían por guardar nuestros ahorros y por ofrecer servicios transaccionales, de medios de pago. El resto de las entidades financieras serían no bancarias, es decir estarían al margen de la regu-lación y de la supervisión porque también sus inversiones, nuestras inversiones, estarían al margen de toda garantía estatal. Un camino de retorno en el que curio-samente coinciden políticos y economistas a ambos extremos del espacio político


y que supondría ignorar siglos de historia bancaria y financiera. Un camino que afortunadamente no se va a producir porque nos retornaría también a épocas de estancamiento económico. La segunda lección importante, es que han fallado los bancos, pero también la regulación, la política, y nada nos garantiza que no vuel-va suceder. El hecho de que se produzca un fallo de mercado no garantiza que la solución intervencionista o regulatoria sea preferible, como han demostrado los economistas desde los tiempos de Ronald Coase en los años treinta. La tercera, que a pesar de los terribles efectos de la crisis que estamos viviendo, gracias a la desregulación financiera y a la globalización, el mundo ha vivido los mejores años de su historia económica y el resultado neto, descontado los efectos previ-sibles de la crisis, es un incremento espectacular del bienestar global, una mejora que no se hubiera producido si en aras de la seguridad absoluta, hubiéramos im-pedido y encorsetado todo innovación financiera.

Nadie podrá evitar, a lo más retrasarlo para diferir su coste y repartirlo en varios años, un desapalancamiento inevitable, una reducción de los niveles de endeudamiento con los que venía operando internacionalmente el sistema y una restructuración de la industria financiera para ajustarse a su nueva dimensión. Un proceso de saneamiento y contracción que durará años, no meses y que está llevando a las entidades financieras a estar más preocupadas con gestionar su balance para asegurar solvencia que con su cuenta de resultados, con su cuota de mercado. Este proceso es necesario y deseable. El único debate que cabe es sobre el ritmo de este ajuste; sobre si los bancos centrales y las autoridades eco-nómicas hacen bien en ganar tiempo y permitir un ajuste dilatado para minimizar el impacto real sobre el empleo y la actividad; o si al contrario, si como decía la teoría y la práctica monetaria tradicional, retrasar el problema solo lo encarece y lo amplifica; si mantener entidades zombies artificialmente sostenidas con medi-das extraordinarias - como los avales públicos indefinidos, el acceso ilimitado a la liquidez del banco central, la suspensión temporal de normas contables como el valor razonable, la relajación de los requisitos de provisiones o la permisivi-dad regulatoria ante la conversión de deuda fallida en activo contable- no resulta solo en una mayor contracción del crédito, en un mayor número de entidades financieras que tendrán que desaparecer en el futuro y en un largo y doloroso estancamiento a la japonesa o la italiana.

En España ese debate gira en torno a la aplicación del FROB, pues bien parece que la mayor parte de los problemas potenciales de solvencia parecen concentrarse en las cajas de Ahorros. Se hablaba hace meses de las fortalezas del sistema financiero español y pareciera que hoy esas presuntas fortalezas se han transformado en grandes debilidades por lo que merece la pena detenerse en las características diferenciales del sistema financiero español. Es cierto que la banca española no ha invertido significativamente en productos tóxicos, en derivados y otros productos financieros sofisticados ampliamente desconocidos incluso por sus propios usuarios, aunque su exposición al inmobiliario, y en


concreto al crédito promotor, ha resultado a todas luces excesiva. también que la banca de depósitos se ha demostrado más resistente a la crisis, porque los de-positantes son menos propensos a crisis de pánico, quizás porque saben que sus depósitos tienen garantía pública y no así sus fondos de inversión. Por eso en el siglo XXI las corridas bancarias, como las llaman gráficamente en América Latina, no se traducirán en colas ante las sucursales sino en ventas masivas de títulos de deuda o capital en la fría soledad de una pantalla de ordenador. tam-bién es verdad que España ha disfrutado de una buena regulación y supervisión bancaria, ya lo hemos comentado.

Pero no es menos cierto que todas esa fortalezas solo permitían ganar tiempo para hacer los ajustes necesarios, que las provisiones ya han desaparecido prácti-camente mientras la morosidad sigue creciendo, y lo seguirá haciendo fuertemen-te dependiente de la tasa de paro y de su duración; que el crecimiento del crédito ha sido explosivo, llegando a superar tres veces el PIB nominal, con dos factores adicionales de riesgo: su concentración en inversión residencial, poco líquida en momentos de necesidad de liquidez y que genera un descalce de plazos notorio y duradero, y que ha sido financiado desde el exterior al haberse convertido las cajas de Ahorro en tomadoras netas de crédito en el interbancario renunciando a su vocación y especialización tradicional como captadoras de ahorro doméstico. Además, para terminar de complicar el panorama, el sistema financiero español tiene una peculiaridad que lo distancia estructuralmente de Europa, aproximada-mente el 50% del sector está en manos de instituciones atípicas como las cajas de Ahorros poco sometidas a la disciplina de gestión del mercado salvo en mo-mentos de presunta insolvencia como los actuales.

La pregunta que hoy preocupa razonablemente, más aún después de la cri-sis griega, a inversores y analistas españoles e internacionales es doble. Por un lado, ¿por qué esta vez va a ser diferente?, por qué por primera vez en la historia financiera española una crisis inmobiliaria de esta magnitud no a va a traducirse en una crisis financiera considerable, a diferencia por ejemplo de lo que pasó en los ochenta-noventa cuando se llevó por delante a la estructura básica de la banca española y produjo las fusiones bancarias de las que hoy aún vivimos y gracias las cuales tenemos bancos de prestigio internacional. Por qué España va a ser diferente del resto de países que sí han registrado problemas serios en sus sistemas financieros y en muchos casos ya los han re-suelto o al menos encauzado. Y por otro, y es una pregunta más idiosincrática, ¿aguantará el sistema de cajas de Ahorros esta crisis sin cambios profundos en su estructura, cambios que se asemejen a los que sufrió la banca comercial en los noventa?, ¿aguantará sin cambios en su naturaleza jurídica que data de un decreto de 1979, conocido como el decreto Fuentes Quintana que transformó estas entidades en financieras de servicios completos sin limitación alguna por tipo de activo, pasivo o geográfica? Que el mapa de cajas no va a resistir lo ha proclamado repetidas veces el gobernador del Banco de España. Fusionarse


o desaparecer parece ser el mantra oficial, pero se queda en mera declaración de intenciones. Que la situación exige un cambio definitivo en su naturaleza jurídica, lo están demandando a gritos las Cajas con su comportamiento diario y sobre todo sus responsables en las comunidades Autónomas, con indepen-dencia de su color político me temo. Si no queremos que el problema financiero se encalle y resulte inabordable, tenemos que encontrar una solución definitiva al problema de las Cajas.

Porque las cajas han perdido su razón de ser, en cierta medida habían muerto de éxito ya antes de la crisis. Desde el decreto de 1979, se habían agrupado en 46 instituciones; todas habían un tenido un desarrollo espectacular y no había ni una sola entidad que no hubiera aumentado el número de oficinas. Entonces representaban el 33% del sistema crediticio y hoy prácticamente la mitad, tanto en depósitos como en crédito; y son mayoría en el crédito hipotecario. En 2008, el 57% de los créditos de las cajas eran con garantía hipotecaria frente al 36% de los bancos. todas se han extendido fuera de su territorio natural coincidiendo con el ciclo inmobiliario, realmente con el final del ciclo inmobiliario pues daba la sensación de que presiones competitivas internas les movían a crecer instalán-dose en territorios hasta entonces desconocidos, captando el crédito marginal, el que rechazaban por demasiado arriesgado los bancos allí instalados desde hace décadas, y donde no se daban ninguna de sus ventajas tradicionales de proximi-dad y conocimiento del entorno empresarial. Incluso se han internacionalizado, abriendo 46 oficinas en 19 países, siguiendo la pauta de las empresas españolas en lo que parece, salvo honrosas excepciones más una operación de prestigio o imagen regional que un negocio racional.

Pero también es cierto que el sector cajas se ha segmentado fuertemente, con dos grandes instituciones que se codean con los grandes bancos -entre ellas su-man el 35% de los cajeros y 305 oficinas- con La caixa doblando su tamaño en diez años y Caja Madrid multiplicándolo por 1,5 veces- unas cuantas entidades de tamaño medio pero con ambiciosos planes de desarrollo a las que les ha esta-llado la crisis y unas cajas residuales que han permanecido fieles a su tradición cooperativista. Las cajas se han adaptado tanto al Estado de las Autonomías que han sido capturadas por el regulador autonómico y se han convertido en el de-fensor de intereses territoriales, y han repetido todos los vicios tradicionales de la banca pública al contribuir a la creación de presuntos “campeones nacionales” y proteger “sectores estratégicos” de ámbito local. vicios que suelen acabar en un alto coste para el contribuyente. Incluso han llegado a plantear verdaderos problemas de concentración de poder en espacios regionales concretos. Hasta el punto de que, insistimos, es legítimo plantearse si mantienen su razón de ser o han muerto de éxito.

Un análisis racional, objetivo de las cajas de Ahorros, debe empezar plan-teando beneficios y costes; lo que aportan hoy frente los peligros potenciales.


Las ventajas citadas en la literatura tradicional son que combaten la exclusión financiera, tanto social como territorial, aumentan los niveles de bancarización mejorando la cultura financiera de la población, dan capilaridad y profundidad al sistema financiero, permiten la universalidad del sistema de pagos y suponían una poderosa red de captación de pasivo que movilizaba el ahorro nacional y regional. Esto último cuando España ahorraba porque ya hemos dicho que las cajas no han sido inmunes al frenesí expansivo y se han convertido en importan-tes demandantes de recursos en el interbancario europeo aumentando la vulnera-bilidad del sistema español. Lo cierto es que ninguna de las ventajas tradicionales parece determinante en la España de hoy, dado el umbral alcanzado de renta per cápita y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Los nuevos argumentos aportados por las propias cajas para justificar su modelo diferencial no se sostienen, y de hecho han sido responsables de la crisis. Hoy se suele argumentar que las cajas garantizan la competencia en el sistema financiero amenazado de duopolio, pero se olvida que en toda provin-cia la entidad financiera dominante es siempre una caja; que han servido para industrializar el país, apoyando a la industria local y comprando los grupos industriales que los bancos abandonaban, lo que precisamente ha aumentado su vulnerabilidad al cambio de ciclo pues la estrategia de los bancos comerciales, instada por los analistas financieros, no era ingenua; que su no dependencia de la cotización bursátil les permite invertir a largo plazo y evitar mecanismos erróneos de remuneración, pero también les lleva a perseverar en el error por poder evadir la disciplina del mercado y les impide recapitalizarse en tiempo y forma cuando la circunstancias del mercado lo exigen.

Pero las Cajas también suponen importantes problemas. Problemas de pro-piedad en el sistema financiero, porque al margen de brillantes discusiones ju-rídicas sobre su naturaleza, quién toma las decisiones últimas, quién resiste las presiones de los políticos que intentan controlarlas y utilizarlas para sus propios fines. Problemas de control, de buen gobierno y de estructura de incentivos que recuerdan el Estado corporatista y la democracia estamental, porque ¿es verda-deramente eficaz el sistema dual –consejo y Asamblea comisión de control- a la alemana?, ¿añade garantías a la función de tutela de legalidad y auditoría de gestión?; la presencia de los diferentes stake-holders -empleados, impositores y clientes- ¿añade algo o es un disfraz?, ¿se han notado los efectos de la ley finan-ciera 44/2002 que limita al 50% la participación de las administraciones públicas en sus órganos de gobierno? La experiencia reciente y la honestidad intelectual solo permiten contestar negativamente a todas estas preguntas.

La crisis financiera ha puesto de manifiesto con toda su virulencia que algunos presuntos problemas teóricos se han convertido en amarga realidad. No es una casualidad que hoy España entera esté hablando del problema de las cajas, sino que es una consecuencia necesaria de su propia naturaleza. caja castilla La man-


cha no es un accidente, es la crónica de una muerte anunciada. Que pone de ma-nifiesto además los problemas de las fusiones y rescates bancarios en este sector. Las fusiones solo son políticamente posibles dentro de una misma Comunidad, y entonces no tienen sentido económico porque solapan el negocio bancario y pre-sentan escasas sinergias, no resuelven el problema de concentración de riesgos, complican la competencia interna y magnifican el control político. Las fusiones entre cajas de distintas comunidades siguen siendo un tema sin resolver, porque no se quiso reformar la ley de órganos rectores (LORcA) y se optó por la ficción del FROB. Requieren la aprobación de todas las comunidades implicadas, lo que ya da una idea de su grado de dependencia política, y hacen teóricamente posible que una pequeña caja solvente que acuda al rescate de otra mayor, pero quebrada, acabe siendo controlada por esta última. Lo que un sin sentido tan descomunal que ha obligado a que cuando cajastur se ha lanzado a rescatar y comprar ccLm haya tenido que instrumentarlo jurídicamente a través de un banco filial inactivo, Libertas. Solución imaginativa que, como siempre que se pone un parche para tapar un hueco, crea otro mayor. Se ha establecido un precedente por el que los bancos pueden comprar cajas y desmutualizarlas, pero sólo si la caja está que-brada y reciben el beneplácito político correspondiente. Hubiera sido mucho más sencillo, transparente y eficaz intervenir la caja, liquidar sus activos en pública subasta y con los ingresos obtenidos hacer frente a las obligaciones pertinentes, para complementar el Fondo de Garantía de Depósitos. también se han inten-tado en otros casos una especie de fusiones frías, asépticas, llamadas SIPs, que consisten en crear una sociedad comercial diferente, una sociedad anónima, que opera el negocio bancario que se pone en común, mientras las cajas fusionantes mantienen su estructura fundacional original y su Obra Social. Puede funcionar, pero volvemos al mismo problema, necesita el visto bueno de las Comunidades Autónomas respectivas porque l cambio de naturaleza jurídica afecta a la licencia bancaria original. Hasta ahora lo han intentado cajas de comunidades uniprovin-ciales, veremos qué pasa cuando una de ellas se lleve el negocio y la dirección efectiva porque si algo hemos aprendido estos años pasados de la restructuración bancaria, es que las fusiones entre iguales no existen: hay siempre un ganador.

En definitiva que parecía razonable haber recurrido a la experiencia interna-cional, pues el fenómeno de las Cajas no es nuevo ni único. Solo su dimensión y perdurabilidad es lo que distingue a España. Y caben pocas dudas que ambas fa-cetas tiene que ver con la captura que, de unas entidades presuntamente benéficas y locales, han hecho las comunidades Autónomas para convertirlas en su instru-mento financiero de facto. como los gases se expanden para ocupar todo el espa-cio vacío, los tentáculos de las comunidades Autónomas se han expandido para ocupar unas instituciones sin dueño, algunas de naturaleza fundacional y otras mixta. Unas entidades que estaban a merced de sus administradores coyunturales y que, como tantas veces en la historia - Roma no paga traidores, acudieron al es-tado autonómico para consolidar su poder temporal frente al gobierno central, al albur de un proceso descentralizador sin precedentes en su dimensión y en su im-


provisación. Una petición de ayuda de la que muchos gestores hoy se arrepienten pero que alentaron y promovieron cuando en gobiernos anteriores, y en épocas de bonanza, se intentó sin éxito clarificar su status jurídico. como las cajas no eran de nadie, ni tampoco eran ONG de ayuda al desarrollo, acabaron siendo de sus respectivos gobiernos autonómicos, como ha descubierto tardíamente el pro-pio gobernador del Banco de España. Y las comunidades están demostrando sin disimulo su celo intervencionista en un espectáculo que recuerda épocas pasadas y que pone en valor los logros realizados en la España de la transición cuando el gobierno central fue capaz de desmontar la banca pública y privatizar el ICO.

Dos son las principales referencias internacionales para encarar un proceso de desmutualización de las cajas de Ahorro, el modelo británico o el italiano, aun-que hay una tercera experiencia menor, la noruega. En Gran Bretaña en síntesis, la propiedad se asignó ex novo, en un proceso semejante al que tuvo lugar en Eu-ropa del Este tras la caída del muro de Berlín, a los suscriptores de una OPv con preferencia para los depositantes de las propias cajas. Es la opción más transpa-rente, pero parece difícil en un país obsesionado con los derechos históricos. Por eso se suele hablar de la ley Amato italiana de 1990 como la referencia a seguir, una ley que básicamente convirtió las cajas italianas en dos entidades indepen-dientes, una Fundación propietaria de algunos derechos sociales y económicos sobre sus beneficios y que ha de destinar obligatoriamente al mantenimiento de la Obra Social, y una sociedad anónima financiera completamente independien-te de la anterior y sin injerencia política alguna. Para evitar intentos de control permanente por parte de la Fundación inicialmente propietaria, dicha ley se com-plementó con otra posterior que le imponía un calendario de desinversión obliga-toria de forma que pasados diez años la Fundación no podía tener más del 20% de las acciones de la caja originaria, hoy banco comercial. La solución noruega, que es la más lenta y la que de alguna manera pareció intentarse tímidamente con el Partido Popular y nuevamente este año pasado con el FROB, consiste básica-mente en permitir a las cajas emitir cuotas participativas con derechos políticos. Es la solución preferida por los gestores porque les permite controlar el proceso de incorporación gradual de accionistas. Y también por algunos agentes sociales que esperan quedarse con algunas de esas cuotas

La desmutualización de las cajas era un tema tabú al que le ha llegado la hora. La injerencia política se ha hecho consustancial al desarrollo del Estado de la Autonomías y existe la posibilidad cierta de que se conviertan en bancos de desarrollo. Las cajas han llamado la atención de organismos internacionales y de la Unión Europea. Se enfrentan a dificultades crecientes de financiación y a un exceso de capacidad instalada en la industria financiera. Existen soluciones téc-nicas y solo se requiere voluntad política. La solución de compromiso que había ingeniado este gobierno, el FROB, es una mala solución. Parte de que ninguna caja puede quebrar. Pone dinero público a disposición de estrategias privadas. Olvida que los bancos comerciales hicieron su ajuste con cargo a reservas, bene-


ficios acumulados, y propone que las cajas lo hagan con cargo al contribuyente. consolida el control autonómico de las cajas de Ahorros aún sabiendo que las fusiones intrarregionales no tienen sentido económico y que las posibilidades de control político se multiplican exponencialmente. Se pierde la oportunidad de modificar la naturaleza jurídica de las cajas. Y coloca al Banco de España, y a su Gobernador, en una situación imposible: o provoca un serio conflicto ins-titucional o liquida su prestigio y se pliega al gobierno. Quizás sea esta una de las razones adicionales por las que la reconversión financiera ha avanzado tan poco en 2009 en España, porque el debate político interno continúa. Pero había, y sigue habiendo una sencilla alternativa, dejar funcionar al Fondo de Garantía de Depósitos, alentar la intervención del Banco de España y desmutualizar las cajas. todavía estamos a tiempo.

Hacia un Modelo de Relaciones Laborales socialmente razonable, sostenibley economicamente viableJuan Antonio Sagardoy Bengoecheacatedrático de Derecho del trabajo y Seguridad Social y vicepresidente del Foro de la Sociedad civil

1. La“viaintermedia”delmodelosocialespañol

Frente a la clasificación tradicional de los dos grandes modelos sociales, el anglosajón y el continental, hoy se ha abierto paso en la literatura que analiza el debate en torno al modelo social europeo, una visión más amplia asociada a la diversidad de los modelos sociales en los Estados miembros que conforman hoy la UE.

NÓRDICO:

(Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia): Alta protección social y mercado laboral muy flexible,

basado en políticas activas

ANGLO-SAJÓN:

(Irlanda y Reino Unido): Bajo nivel de protección social (principalmente

asistencial) y mercado de trabajo muy flexible.

CONTINENTAL:

(Alemania, Austria, Bélgica, Francia y Luxemburgo): Alto nivel de

protección social contributiva (pensiones y prestación desempleo)

y mercado de trabajo muy rígido)

MEDITERRÁNEO:

(España, Grecia, Italia y Portugal): gasto social bajo, centrado

principalmente en pensiones, y mercado laboral muy rígido

MODELOS SOCIALES UE

62 JUAN ANtONIO SAGARDOY BENGOEcHEA

En efecto, con motivo del consejo Informal Europeo, celebrado en Hampton court (27 de octubre de 2005) coincidiendo con la Presidencia británica de la UE, que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno para analizar cómo hacer frente a los desafíos de la globalización, el profesor André Sapir (Globalization and the European Social Model, Bruegel Policy Brief, ISSUE 2005/01, November 2005), de la Universidad Libre de Bruselas, presentó un excelente documento en torno a los modelos sociales. Este plantea que frente a los dos tradicionales mo-delos sociales, o incluso la búsqueda de un “modelo social europeo”, se pueden identificar cuatro modelos distintos:

•Modelonórdico: presenta el nivel más alto de protección social y su carac-terística principal es la provisión universal basada en el principio de ciuda-danía; es decir, existe un acceso más generalizado, con menos condiciones, a las prestaciones sociales. En lo que se refiere al mercado de trabajo, los países nórdicos se caracterizan por importantes gastos (relativos) en políti-cas activas con el objetivo de la inserción rápida en el mercado de trabajo de los desempleados.

•Modelocontinental: mayor proporción de gastos orientados a las pensio-nes de vejez. Se basa en el principio de seguro y en un sistema de subsidios no condicionado a la empleabilidad. En cuanto al mercado de trabajo las políticas activas son menos intensivas.

•Modeloanglosajón: caracterizado por un mayor peso de la asistencia so-cial; las transferencias se dirigen en mayor medida a la población en edad de trabajar; en lo que se refiere al mercado de trabajo las políticas activas para ayudar a los parados a conseguir trabajos son relativamente importantes; el modelo se caracteriza por una mezcla de sindicatos débiles, disparidades comparativamente altas en salarios y un relativa alta incidencia de las bajas remuneraciones.

•Modelomediterráneo: concentra su gasto social en pensiones de vejez - aunque con grandes diferencias entre el grado del derecho y las cantidades recibidas-; la característica del mercado de trabajo es una fuerte protección del empleo y el recurso a la jubilación anticipada como forma de mejora del empleo y en el sector formal la estructura de salario está cubierta por la negociación colectiva y están altamente comprimidas.

Según el profesor Sapir, los modelos ineficientes no son sostenibles y, por lo tanto, hay que reformarlos. Si combinamos eficiencia (si el modelo social provee incentivos necesarios para que el mayor número de la población trabaje y tenga una tasa de empleo alta) y la equidad (si mantiene el riesgo de pobreza y exclu-sión social relativamente bajo) este es el resultado: el modelo “mediterráneo”, caracterizado por relativamente niveles del empleo bajos y un riesgo elevado de

HAcIA UN mODELO DE RELAcIONES LABORALES SOcIALmENtE RAZONABLE,SOStENIBLE Y EcONOmIcAmENtE vIABLE 63

la pobreza, no proporciona ni equidad ni eficacia. En los modelos “anglosajón” y “continental” aparece un equilibrio entre la equidad y la eficacia. Y solamente el modelo “nórdico”, con altos niveles de empleo y poco riesgo de pobreza, cosecha equidad y eficacia (ver cuadro adjunto).

Segúnestatesis,lareformaprioritariaparamejorarlaeficiencia,esflexibi-lizarelmercadodetrabajo. No hay por qué reducir el nivel de protección social, sino flexibilizar el mercado de trabajo, desde el punto de vista de la eficiencia.

CONTINENTALES NÓRDICOS

MEDITERÁNEOS ANGLOSAJONES

MODELOS SOCIALES UE

E F I C I E N C I A

ALTABAJA

EQUIDAD

ALTA

BAJA

Siguiendo al profesor Moreno, (La “vía media” española del modelo de bienes-tar mediteráneo; papers 63/64, cSIF, 2001), enlosúltimosañossehateorizadounmodelodistintivodelaEuropadelsur que incluye básicamente a España, Grecia, Italia y Portugal. Se ha debatido si este modelo mediterráneo es la mera expresión de una «familia de naciones», rezagadas respecto al modelo «continental corporatista» al que pertenecen, o si esta periferia o «fleco latino» es mera expre-sión de un nivel rudimentario de provisión social y desarrolo institucional.

La Europa meridional puede ser calificada como una «vía media» u opción intermedia entre los regímenes «bismarckianos», de mantenimiento de rentas ocupacionales, y los «beveridgeanos», de cobertura universal. En el conjunto de


Estados industrialmente avanzados de la OcDE, los países de la Europa del sur reflejan un nivel de valores medios respecto al grado de desmercantilización (de-commodification), a las relaciones entre los géneros, y al acceso universal a ser-vicios y prestaciones de bienestar por comprobación de medios (means testing).

El modelo español incorpora elementos de las tradiciones «bismarckiana» y «beveridgeana», y cabe ser considerado como una «vía media» respecto a otros modelos de las democracias avanzadas. Ha alcanzado, asimismo, un nivel in-termedio de desmercantilización y de acceso universal y por comprobación de medios a prestaciones y servicios sociales.

La conjunción entre universalismo y selectividad de las políticas del bienestar mediterráneas viene condicionada en gran medida por la naturaleza de sus mer-cados de trabajo. Si bien sus sistemas de seguridad social comparten con los de la Europa continental su filosofía contributiva, la intervención de sus gobiernos en los últimos años se ha dirigido a procurar un acceso universal a programas de salud, pensiones y servicios sociales a aquellos grupos al margen de la economía formal generadora de derechos asegurativos. En la Europa del sur dos caracte-rísticas de sus mercados laborales son peculiares respecto a los otros regímenes del bienestar: la heterogeneidad de su fuerza laboral y el peso de la economía «sumergida».

En la Europa meridional existe, además, una fractura en sus mercados de tra-bajo entre los altos niveles de protección de los ciudadanos formalmente em-pleados (trabajadores «fijos» y funcionarios), la de los que están en la periferia laboral (empleados en puestos «móviles», de entrada y salida en la zona asegu-rativa) y los marginales (precarios, y con trabajos «basura» o en la «economía sumergida», que no generan derechos contributivos de la seguridad social).

Finalmente, la lógica implícita del Estado de las Autonomías, que de acuerdo con el artículo 148, 1, 20, de la Constitución concede la competencia exclusiva de la asistencia social a las comunidades Autónomas, así como el principio de subsidiariedad territorial de la Unión Europea, auspician una mayor participación de los niveles regionales y locales en la provisión de políticas sociales, que con-forma una “vía intermedia” dentro del modelo mediterráneo en el que España se inscribe.


2. Reformadelmercadodetrabajo:ideasparaundebate

2.1. Situación laboral de emergencia

Desde 1984 se han producido en España cinco reformas laborales que han modificado el Estatuto de los trabajadores elaborado en 1980 y han configu-rado nuestro modelo actual de relaciones laborales. Su análisis puede ayu-dar al planteamiento de necesarias reformas estructurales, teniendo siempre presente tres líneas clave de base: la primera, que la situación económica de un país es decisiva para el mercado de trabajo; la segunda que, con la globa-lización, la mejora de la competitividad es fundamental; y la tercera, que la temporalidad de los contratos es un mal endémico.

Hacer un balance de los resultados de las reformas laborales practicadas en España desde 1984 puede ser útil para sacar la experiencia que tal balance nos ofrezca. como señala el Prof. Gómez Egea (Las reformas laborales en España y su impacto real en el mercado de trabajo en el periodo 1985-2008, IESE, 2008), la falta de efectividad real en la consecución de los objetivos de las distintas reformas, tendentes a la generación de empleo estable a tra-vés de la contratación laboral y a la disminución del número de parados, ha sido evidente. En definitiva, a pesar de todas estas reformas, España sigue soportando lasmayorestasasdedesempleodetoda laUE, inclusoenépocasdebonanzaeconómica,quenuestrosistemaeconómiconopuedeabsorberestructuralmentey,además,salvoalgunosdatospositivosdemenorentidad,laluchadelasreformasporerradicarlatemporalidadhasidounfracaso.Estamosenel25,08%frenteal11%delaUE.

Los últimos datos de que disponemos, nos llevan a una situaciónsocio-laboralalarmante:

• Según la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2009, el número de parados se sitúa en 4.326.500 personas, con una tasa de desempleo del 18,83 %. Por tanto, la cifra de desempleados se ha incre-mentado en 1.118.600 personas en 2009. Según datos de EUROStAt de la UE la tasa de paro en España se situaba en diciembre de 2009 en un 19,5 %, sólo superada por Letonia.

• En 2009 el número de asalariados ha descendido en 815.500, de los que 668.000 tenían contrato temporal. La tasa de temporalidad se sitúa en el 25,08% y desciende por la peor de las causas: la pérdida de puestos de trabajo. Por tanto, más del 90 % de los empleos destruidos en 2009 eran temporales y de cada 100 contratos de nueva creación, 93 son tem-porales. Por tanto se puede afirmar con rotundidad que el problema de nuestro mercado de trabajo sigue siendo la temporalidad.


• En comparación interanual, el desempleo se incrementa en todos los sec-tores. Al desplome del empleo en la construcción, le sigue el sector ser-vicios que ha empeorado sus registros. Así, se producen a finales de 2009 aumentos de 267.100 parados en Servicios, de 43.800 en la Agricultura, de 39.300 en la Industria y de 29.700 en la Construcción.

• La tasa de paro esperada para 2010 estará en torno al 20% según la UE y la OcDE. De cumplirse estas previsiones internacionales, la tasa de paro en España en 2010 será más del doble de la pronosticada para las economías desarrolladas.

• El último informe Doing Busines 2009, patrocinado por el Banco mun-dial, que compara 181 economías, mide la flexibilidad en la dificultad de contratación, rigidez del horario de trabajo y despido (dificultad y coste), de un modo que sea compatible con un mercado flexible y competitivo. El informe clasifica los países en “Donde es más fácil emplear a los tra-bajadores… . y donde no”. Pues bien entre los 10 primeros, en donde es más fácil, el primer lugar lo ocupa EEUU y el 10º Dinamarca: España seencuentraenelpuesto¡160!, a sólo 21 puntos del último clasificado, venezuela, país en el que es más difícil emplear.

2.2. Hacia un modelo laboral socialmente razonable, sostenible y económicamente viable

Propugnamos unmodelo laboral socialmente razonable, sostenible yeconómicamente viable. No todo lo socialmente deseable es económica-mente posible. Es un axioma para los gobernantes responsables. Sostener lo contrario es un fraude a los ciudadanos. toda reforma social precisa de un fundamento económico sólido. Para lograrlo defendemos el diálogo social como procedimiento y la “flexiguridad” como meta.

El modelo laboral que propugnamos ha de ser posibilista,arbitralygra-dualista. Posibilista porque hay que huir de apoyar medidas demagógicas e irresponsables. Arbitral porque resulta fundamental aunar los intereses de los trabajadores y de los empresarios. Gradualista porque todo modelo laboral ha de contener elementos de desarrollo posterior en función de las circunstancias sociales y económicas en cada momento. Y el que vivimos actualmente exige de todos los actores altura de miras y generosidad, para abordar la reforma de los aspectos individuales y colectivos de las relaciones laborales, si no queremos desvirtuar la eficacia de la norma laboral, que nos conduzca aún más a una pérdida de la posición competitiva de España en los mercados y un incremento dramático del desempleo.


Además, consideramos el diálogosocial, a través de la negociación colec-tiva, como el instrumento normativo más relevante, sin perjuicio de la propia responsabilidad del Gobierno, de gobernar.

Por otra parte, para fomentar la contratación, conviene dotar de dinamis-mo al mercado de trabajo con base en la flexiguridad, entendida por la UE como una estrategia política destinada a mejorar al mismo tiempo la flexi-bilidad del mercado laboral, la organización del trabajo y las relaciones de empleo, por una parte, y la seguridad del empleo y de rentas, por otra. La flexiguridad abandona el concepto de seguridad del empleo en beneficio de un concepto de seguridad basado en la capacidad de empleo. Las medidas destinadas a fomentar la flexibilidad del mercado laboral y a mejorar el ni-vel de seguridad sólo serán eficaces si los trabajadores reciben los medios para adaptarse al cambio, de permanecer en el mercado laboral y progresar en su vida profesional. Esta es la razón para la que el modelo del flexiguri-dad hace hincapié también especialmente en las políticas activas del mer-cado laboral, el estímulo del aprendizaje y de la formación permanente, la mejora del apoyo personalizado a los demandantes de empleo, el estímulo de la igualdad de oportunidades para todos y la igualdad entre las mujeres y los hombres.

En definitiva, dotar de dinamismo al mercado laboral con base en la flexiguridad requiere aliar: a) el poder contratar y despedir con facilidad; b) una razonable protección social de los desempleados; y c) una formación adecuada que propicie la empleabilidad de las personas. todo elo exige una importante financiación pero al final dota al sistema de flexibilidad, eficien-cia y equidad.

2.3. ¿Qué hacer?

En las actuales circunstancias de muy grave deterioro del empleo, conside-ramos necesario adoptar medidas de urgencia que contribuyan a crear empleo y a detener el desempleo. tales medidas podrían componer un PLAN LABO-RAL DE EmERGENcIA (PLE), al modo como se puso en marcha en varios países europeos en la crisis de los 70. Este PLE ha de ir dirigido a facilitar durante 12 ó 18 meses unacontrataciónlaboralconmecanismosmenosrígidos que los establecidos en el Estatuto de los trabajadores o en los conve-nios colectivos. Con independencia de esas medidas emergentes, nos parece fundamental abordar una Reforma estructuralyduradera de la normativa laboral, que aborde aquellas cuestiones que han demostrado rigidez e inefica-cia. Abordamos a continuación los parámetros de la misma.


2.3.1. Sobre el procedimiento: consenso versus regulación

Quizá puede considerarse como uno de los hitos trascendentales de la época que vivimos, la búsqueda del consenso por parte de los Gobiernos en su labor de gobernabilidad. Este modo de Gobernar adquiere su cima en el ámbito laboral. Desde hace muchos años los sucesivos Gobiernos que hemos tenido, salvo la excepción de la Reforma de 1994, no se han atre-vido a legislar sobre las cuestiones laborales sin la previa aceptación de la normativa por los Sindicatos y las Asociaciones empresariales.

Nada debe objetarse a que la legislación sobre temas laborales se apoye en la previa concertación de los interlocutores sociales. Pero de ahí a que si no se logra dicha concertación no se legisle “sine die”, , va un abismo. Con tal proceder se está viciando la función de las Cortes (art. 66 de la constitución) y del propio Gobierno (art. 97 de la constitución). En nin-gún texto legislativo está escrito que los temas laborales están fuera de la competencia directa de las Cortes Generales.

conviene recordar que en plena transición política, cuando se encontra-ba en periodo de tramitación parlamentaria el Estatuto de los trabajadores, el proceso de consenso con los interlocutores sociales se estaba llevando a cabo en paralelo con la discusión en Cortes Generales, pero el texto del proyecto de Ley ya estaba presentado en sede parlamentaria y sometido al debate político.

En definitiva la concertación como paso previo a la norma es muy sa-ludable, pero como paso necesario es una dejación clara de la acción de Gobierno.

2.3.2. Sobre los contenidos de la reforma laboral

varias líneas de actuación: ModalidadesdeContratación,Modifica-cióndecondicionesde trabajo (flexibilidad interna) y ExtincióndelContratodeTrabajo.

2.3.2.1. Modalidades de contratación.

Haciaelcontratoúnicodetrabajo

Abogamos por la idea de un contrato de trabajo único que supondría “un término medio” entre el temporal y el fijo para atenuar la creciente dualidad en los salarios que se constata a causa de la globalización y las


nuevas tecnologías, tal y como sugiere la OcDE en su Informe de 2007 sobre España. Este organismo señala que una mayor flexibilidad en los contratos indefinidos es esencial para que estos trabajadores dejen de mostrarse tan reacios a cambiar de empresa, las empresas se abran más al cambio tecnológico, surjan industrias innovadoras y se creen puestos de trabajo de mejor calidad. Este contrato único tendría las causas de extinción que hoy tiene el contrato de trabajo común (art. 49 del Esta-tuto de los trabajadores) con protección judicial y una indemnización superior a los 8 días (de los contratos temporales) e inferior a los 45 días (de los contratos indefinidos).

•Alternativasdelcontratoúnico

Si no se fuera al contrato único, dejamos aquí unas ideas para un posible debate que mejoren el actual esquema de contratación laboral.

• Contrato fijo a término

Se trataría de un contrato de larga duración, 6 a 8 años, en el cual la indemnización queda dibujada en el origen del contrato y se abonaría al final del mismo, y otra distinta en el caso de ruptura antes del tiempo convenido. Es un contrato que da cierta estabilidad al empleo (entre entre el temporal y el fijo) que muy probablemente se prorrogaría o se convertiría en indefinido.

• Restauración del contrato de “lanzamiento de nueva actividad”

Este contrato, eliminado en la Reforma de 1994, es un contrato razonable y útil, ya que fomenta la actividad emprendedora y crea empleo. Su lógica –respecto a la temporalidad-radica en que el pro-yecto empresarial tenga buenos resultados. Su duración sería de un mínimo de 6 meses y un máximo de 36, con indemnización final y mecanismos incentivadores de su conversión en indefinido.

• Contrato a tiempo parcial

Esta modalidad está muy arraigada en la UE, sobre todo en los países nórdicos y centroeuropeos (la media de la UE-27 ha pasado de un 16,2% a comienzos de esta década 2000, a un 18,2% en 2008 y en la zona euro: 19,8%), mientras que en España alcanza un 12%. Una de las causas es la rigidez de nuestra legislación ya que en el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año, y sudistribución. Esta última exigencia hace muy desalentadora esta forma de contratación ya que en general


el empresario no conoce cuando va a necesitar los servicios del traba-jador. Por eso, entiendo necesaria una reforma del Estatuto de los tra-bajadores que traería, sin duda, un auge del contrato a tiempo parcial.

El “trabajo intermitente” o el “trabajo por llamada” está admitido en la legislación comparada (Alemania, Francia…). Los trabajadores son llamados y retribuidos sólo los días precisos en la empresa y no se atribuye una facultad al empresario discrecional o arbitraria, sino que obliga a este a la “lamada” cuando la acumula-ción de tareas justifique el recurso a este tipo de trabajo.

• Contrato flexible

tipo de contrato en el que la jornada y el salario puedan modi-ficarse a lo largo de la vida del contrato de un modo seguro y auto-mático. tal contrato es ya posible con nuestra legislación como es el caso de la empresa michelin que lo utiliza desde hace tiempo en España, pactado con los sindicatos más representativos y ligado a las cambiantes necesidades productivas. Mediante pacto los trabajado-res eventuales pasan a fijos pero con un contrato en el que automá-ticamente se puede reducir el salario y la jornada (sobre un 30%), producidas las causas económicas, productivas u organizativas en la empresa. Pasadas las circunstancias motivadoras se vuelve a los parámetros normales. Además, se instaura un sistema de comproba-ción de las causas con los sindicatos y se acude al arbitraje en caso de desacuerdo. Estamodalidaddecontrataciónhafuncionadoymereceríalapenaqueestainiciativatuvieraunaacogidaexpre-saenlalegislaciónlaboral.

• Contrato genérico de formación continua

mal que nos pese, actualmente el concepto de “empleo para toda la vida” está dando paso al de empleabilidad, que significa la posibilidad de ser contratado a lo largo de toda la vida porque se cuenta con las habilidades, destrezas, capacidades y formación necesarias y reque-ridas para un puesto de trabajo (life long learni). Hoy es un axioma que sin trabajadores formados es muy difícil prosperar en un entor-no de competitividad creciente. El contrato actual para la formación contiene bastantes limitaciones, entre las que se cuenta la edad: salvo excepciones sólo se puede concertar para personas entre 16 y 21 años. Loquepropongoesquelaformacióncontinuaformepartedelentramadodederechosydeberesdelempresarioytrabajadoryqueloscontratosdetrabajotenganuncomponentesobrelafor-macióncontinua,conlasdebidascautelasrespectoacostes.


• El teletrabajo

El teletrabajo ha ampliado su desarrolo de manera muy importan-te en los últimos años. Incluso en el entorno de la UE, los interlocu-tores sociales europeos (cES, UNIcE/UEAPmE y cEEP) firmaron en 2002 el Acuerdo marco Europeo sobre teletrabajo en el que se comprometieron a su aplicación en los Estados miembros, con casi nula repercusión en España. Así, una de las tareas pendientes de reformadeloscontratosdetrabajoeselde laregulaciónmo-dernayeficazdelteletrabajo,conconsecuenciaspositivasenelempleoyenlaconciliacióndelavidaprofesionalyprivada.

2.3.2.2. Extinción del contrato de trabajo

El segundo bloque, que entendemos podría tener influencia positiva en la creación de empleo, y además estable, se centraría en una modifi-cación de la actual normativa sobre la extinción del contrato de trabajo y medidas conexas.

En el Informe citado anteriormente, la OcDE estima “elevadas” las indemnizaciones por despido en los contratos fijos: los trabajadores con contratos indefinidos en España reciben una media de cerca de 14 men-sualidades en caso de despido, frente a una media de dos meses en los países de la Unión Europea que pertenecen a la OcDE.

•Laindemnizaciónpordespidoporextincióndelcontrato

Nos referimos a la indemnización por despidoobjetivo y por des-pidodisciplinario. Existe una gran confusión sobre el régimen jurídico de los despidos. No se resalta suficientemente que lo que verdadera-mente preocupa al empresario es el despido objetivo, por causas econó-micas, organizativas o productivas.

cuando se afirma que la indemnización por despido en España es de 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades no se dice la verdad completa. Ese despido es el disciplinario pero no el objetivo que tiene un coste de 20 días con un tope de 12 mensualidades. Loqueocurreesquesehaproducidounaósmosisperversadeunoaotroyenlasnegociacionesporlosdespidosobjetivosseconsideranormalquesellegueaunaindemnizaciónde45días.

Nosetratadeunproblemalegalsinodecambiar laculturadelanegociacióncolectiva ya que lo que está pasando es una au-téntica perversión del sistema: los despidos objetivos se han llevado


porlapráctica al escenario de los despidos disciplinarios. Además de llegar a una indemnización por despido más acorde en su cuantía a los países de nuestro entorno europeo, hay que modificar su propia filosofía por lo que tiene de penalidad en la contratación: las barreras de salida se convierten en barreras de entrada.

•Losdespidosobjetivos(económicos)

La necesaria reforma de los despidos objetivos radica más que en el coste en el procedimiento. consideramos necesario hacer una precisa definición del despido objetivo por causas económicas y productivas:

a) Redefinir conmayor precisión losmotivos económicos deldespidoprocedente, de forma que las empresas no tengan que encontrarse en pérdidas o demostrar que el despido es la única o mejor forma de hacer frente a la situación. Una empresa bien gestionada debe tomar medidas de ajuste antes de entrar en pér-didas, e impedirlo afecta negativamente al empleo potencial. En esta alternativa, el principio de causalidad se respetaría al ciento por ciento, aunque habría que ser muy preciso en la caracteri-zación de las causas de procedencia para no caer en los proble-mas de la reforma de 1994. Habría que modificar el proceso por despido objetivo de modo que no se acabe pidiendo al juez “un dictamen de opinión”, sino que las causas estén más tasadas y tengan mayor automatismo.

b) Dejarlibertadalaspartesparaquefijasenenconveniotantolascausasdedespidocomoloscostesderescisión. El princi-pal escollo sería que, si ello no va acompañado de un cambio en la definición del despido procedente, los tribunales declararían como improcedentes todos los despidos acogidos a esos acuer-dos que lo fueran por causas no contempladas en la ley. Para evitar esto, tendría que llegarse a un acuerdo entre las Partes de ámbito nacional, y en ese caso estaríamos ante una modificación legal de las causas de despido procedente.

•CreacióndeunFondodeGarantíadeDespidos(FOGADES)

Otra posible reforma sería la creacióndeunFondodeGaran-tía de Despidos (FOGADES), aplicable en una primera fase a las empresas de hasta 50 trabajadores. Este Fondo, se nutriría de aporta-ciones empresariales y serviría para abonar las indemnizaciones de los despidos objetivos (por causas económicas, tecnológicas u orga-nizativas). Daría una gran flexibilidad a la contratación y aliviaría


las cargas económicas de extinción de los contratos por esas causas. Y, además, al no perderse la antigüedad al cambiar de empresa, se incentivaría la movilidad profesional.

Con esta medida, además, se acogería, de algún modo, la reco-mendación de la OcDE en el Informe ya citado para España, sobre la bondad de que los trabajadores tuvierancuentas individualesdeseguro de despido, en las que se acumulen aportaciones que el traba-jador hará suyas si es despedido. Algo similar se ha hecho en Austria.

•Microempresas

Es fundamental establecer una normativa laboral diferenciada para estas empresas, de un modo global y equilibrando los derechos de los trabajadores y empresarios.

2.3.3. Otras medidas

•Eldebateentornoalmodeloalemándereduccióndejornada

La prestación para trabajadores afectados por reducción de la jorna-da laboral se ha convertido en uno de los principales instrumentos para hacer frente a la crisis económica en Alemania y evitar que se produz-can despidos colectivos.

• ¿En qué consiste?

Los trabajadores con hijos a cargo perciben el 67% de la diferen-cia entre el neto de su nómina habitual y el neto correspondiente a la jornada reducida. (Ejemplo: si el neto por jornada completa es 100 y el neto por jornada reducida es 75, la prestación será de 19 (el 67% de 25). Si el trabajador no tiene hijos a cargo, la prestación baja del 67 al 60%). Los trabajadores afectados mantienen su afiliación a to-dos los seguros sociales sin que consuman su derecho a la prestación por desempleo. La Agencia Federal de Empleo asume el 50% de las cotizaciones correspondientes a las horas de trabajo reducidas. En caso de que el empresario ofrezca formación a los trabajadores afectados, este porcentaje asciende al 100%.

Incluso la OcDE recomendó en 2009 el modelo alemán de trabajo a jornada reducida y de esta forma conservar puestos de trabajo a través de subvenciones estatales en vez de despedir a


los trabajadores en periodos de crisis. El Secretario General de la OcDE recalcó que en resumidas cuentas el mantenimiento artifi-cial y transitorio del empleo apoyado por el Estado sale más ba-rato y desde el punto de vista social es más sensato que aceptar despidos colectivos y masivos. Según los criterios de la OIt, en el transcurso de la crisis la tasa de desempleo subió en Alemania sólo en 0,5 puntos porcentuales hasta el 7,7 % en julio de 2009 (prome-dio de los estados miembros de la OcDE: 8,5 %). Esta organiza-ción afirma que sin el trabajo a jornada reducida Alemania tendría aproximadamente medio milón de desempleados más. Asimismo, la OcDE considera que sin el paquete estatal de apoyo a la econo-mía (volumen: 3,1 % del PIB) la tasa de desempleo sería superior en 0,6-1,0 puntos porcentuales.

• La situación de España

No obstante, el pasado mes de diciembre con ocasión de la pre-sentación del Informe conjunto sobre empleo de la UE, que deben aprobar los ministros de trabajo en marzo de 2010 en Presidencia española, la portavoz de la comisión Europea admitió que se pueden poner en marcha en España esquemas de reducción de la jornada laboral como en otros Estados de la UE, por ejemplo Países Bajos y Alemania. Pero gran parte del enorme aumento del desempleo en España se produjo en el sector de la construcción, donde no está tan claro que reducir la jornada sea la solución”.

“Laactividad económica en la construcciónha caídoy espocoprobablequevuelvaalosnivelesdeantesdelacrisisoanivelescercanos”, detaló la portavoz comunitaria antes de puntua-lizar que “en Alemania, la reducción de la jornada laboral se utili-za principalmente en sectores económicos quesufrenunacaídatemporal de la demanda internacional para sus productos, como coches o maquinaria”, afirmó la comisión Europea. En contras-te, elhundimientodelaconstrucciónnoestemporaly “resulta improbable que el sector vuelva a su nivel previo a la crisis o se acerque”.

Y concluyó: “Españapodría sacar algúnpartidode la re-ducciónde la jornada laboral,perono creoque resuelva losproblemasdeldesempleoespañol.Unapequeñacantidaddelalza del paro podría ser tratada a través de la reduccióndelajornadalaboral,perotodavíaquedaríanmuchosproblemasresultantesdeldesplomedeunsectorquehasidotanimpor-tanteenEspaña”.


En definitiva la comisión Europea cree que la implantación en España del modeloalemán de lucha contra el desempleo, basado en la reducción de jornada laboral combinada con prestaciones sociales para los trabajadores, tendráunescasoimpactoenlareduccióndel paro.

En su lugar, el Ejecutivo comunitario recomienda al Gobierno que apueste por la formación para reciclar a los parados procedentes de la construcción y realice reformasenelmercadolaboralparaflexibilizarloyreducirlatemporalidad. “Una de las prioridades debe ser reducir la segmentación del mercado laboral, es decir, la diferencia entre los trabajadores con contratos fijos muy protegidos y los que tienen contratos temporales y despido fácil. La segmenta-ción del mercado laboral no se ha reducido con la crisis, por lo que las medidas para luchar contra la segmentación del mercado laboral, un problema particularmente importante en España pero no solo en España, deben continuar y reforzarse”.

Podemos afirmar que este sistema de reducción de la jornada la-boral ya existe en España por la vía de los EREs temporales. Sin embargo, no parece que haya tenido gran uso y que el denominado modelo alemán en España pueda tener efectos muy limitados.

Los EREdereduccióndejornada, permiten combinar la re-ducción de jornada con el cobro de la prestación por desempleo que da derecho además a una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes siempre que la empresa se comprometa a mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos el año posterior a la finalización de la reducción de jornada autorizada.

Este tipo de ERE no se utiliza demasiado en España, como de-muestran los datos del ministerio de trabajo. De hecho, de los 462.581 trabajadores afectadosporEREen los diezprimerosmesesde2009,sólo18.278teníanunEREdereduccióndejor-nada.

Eso sí, comparando esta cifra con la de 2008, se aprecia un im-portante crecimiento de los afectados por ERE de esta naturaleza. De hecho, el número de trabajadores con recortes en su jornada la-boral se ha multiplicado por casi 16, al pasar de los 1.165 afectados de los diez primeros meses de 2008 a los 18.278 de igual periodo de 2009. La mayor parte de los afectados por reducciones horarias se enmarcan en la industria y en los servicios.


Hasta octubre, se habían autorizado 1.772 expedientes de reduc-ción de jornada, es decir, que de los 16.084 ERE presentados en este periodo sólounodecadadiezsecorrespondíaconestacategoría. No obstante, al comparar los datos con los de 2008, el número de ERE de reducción de jornada es 12 veces superior al del periodo enero-septiembre de 2008.

•Movilidadfuncionalygeográfica

Una de las asignaturas pendientes de nuestro marco normativo es la efectiva flexibilización de las condiciones de trabajo. La reforma labo-ral de 1994, con un Gobierno socialista pero sin acuerdo social, con-tribuyó a la flexibilidad laboral entre sus grandes logros, sentando las bases para un posterior desarrolo y concreción en los convenios colecti-vos. No obstante, la experiencia ha demostrado que laculturasindicalreticenteanoponerenpráctica cualquiernovaciónmodificativadelcontratoencuantoasalario,jornada,funciones,etc.hacemuydifícillamovilidadfuncionaldentrodelaempresa. Hay que prever, con las debidas cautelas, un sistema por el que las distintas situaciones económicas de la empresa tengan un reflejo en las condiciones labora-les: al alza y a la baja.

Entre las medidas que proponemos podrían sopesarse las siguientes:

a) Redefinición del alcance“sistemaderemuneraciones” permitien-do la modificación de la cuantía salarial. La materia modificable se referiría a los aspectos cualitativos de distribución interna de las partidas salariales. Habría que reescribir los artículos correspon-dientes del Estatuto de los trabajadores para permitir, además, la modificación de la cuantía cuando concurriesen acreditadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

b) En cuanto a la movilidadgeográfica, en el terreno de las buenas intenciones se ha legislado desde el año 2002: el INEm ofrece un mes de las prestaciones de desempleo, o tres meses en caso de subsidio, para ocupar un puesto de trabajo en otra localidad; o los empresarios pueden obtener subvenciones; etc. Pero la realidad es tozuda. Un dato resulta revelador en España: sólo un 28% de los desempleados estaría dispuesto a cambiar de lugar de residencia para encontrar empleo. Hay que insistir en este asunto y precisar más el alcance y el contenido de nuestra legislación.

c) Elproblemadelabsentismo es un enorme lastre para la producti-vidad y así lo entienden sindicatos y empresarios, pero no se toman


medidas eficaces. Hay que abordar iniciativas de un modo integral, evitando las disfunciones prácticas que se dan hoy en nuestra legis-lación para prevenir y reducir los niveles de absentismo:

• Hacer obligatorialaasistenciadelostrabajadoresalosreco-nocimientosmédicos (con salvaguarda de la intimidad).

• Los supuestosdeausenciaexcluidosdelcómputohandesermenores, facilitando la interpretación y aplicación del supuesto de hecho a los casos concretos de cada empresa.

• Establecimiento de un régimen legal que clarifique los po-siblescriteriosdelimitacióndeloscomplementosdeInca-pacidad Temporal acordados en convenios colectivos. He conocido casos patológicos en grandes empresas, por interpre-taciones y concesiones, en las que se ganaba más en situación de It que trabajando.

2.3.4. La negociación colectiva

La negociación colectiva es el motor de la individual. El que le nutre de contenidos. De ahí que su arquitectura tenga un decisivo influjo en los contratos de trabajo.

Nuestros convenios colectivos se han visto forjados por el decisivo papel que la constitución primero y el Estatuto de los trabajadores después, dio a la representación institucional como son los Sindicatos y las Asociaciones empresariales.

con la eficacia general que tiene nuestros convenios colectivos mu-chas empresas tienen serias dificultades de supervivencia al no poder aplicar sus cláusulas si no es a costa de su viabilidad. La reforma de 1994 fue sensible a la cuestión al permitir el descuelgue salarial, que ha sido un corrector muy eficaz de la aplicación indiscriminada de los convenios en aras a la realidad de las empresas. Pero ese descuelgue salarial debería ser ampliado en su contenido a otras cuestiones que no sean las estrictamente económicas, pero que tiene una incidencia direc-ta en la salvaguardia de la empresa, que no del empresario.

En cuanto a los ámbitos de aplicación nuestro sistema adolece de un nivel intermedio de centralización, con predominio de los conve-nios provinciales. Este nivel intermedio de negociación representa un


gran obstáculo para la correcta adaptación de los convenios tanto a la realidad macroeconómica como a la empresarial. Entre otros costes adi-cionales, se pueden señalar, por ejemplo, lamultiplicidadnormativaquesecreayelusoineficientedelosrecursosdedicadosalanego-ciación.

Ante este panorama, consideramos necesario abordar tres puntos so-bre los que se debería reflexionar para configurar una nueva normativa:

a) Eliminarlavinculaciónautomáticaycasiexclusivadelosin-crementossalarialesalIPC y dar más juego a la productividad.

b) Potenciarlosconveniosdeempresa en detrimento de los pro-vinciales.

c) Poner un topetemporalalaultraactividaddelosconvenios.

Asimismo, como han defendido notables expertos en un encuentro en el consejo Económico y Social, celebrado en enero de este año, po-dría considerarse que la legitimación para negociar fuera siempre de las representaciones sindicales, aún en el caso de las empresas.

Finalmente, a tenor del Plan de Recuperación Económica de la UE (26.11.2008), compartimos la necesidad de abordar las siguientes reco-mendaciones:

• reforma del mercado de trabajo.

• protección a los desempleados.

• reducción de las cotizaciones sociales.

• rebajas fiscales.

• movilidad laboral.

La política exterior española a examenLuis Felipe CastresanaAbogado del Estado.miembro de la comisión de Asuntos Exteriores del Foro de la Sociedad civil

I.Introducción

La política exterior española en el año pasado se ha caracterizado, al menos desde el punto de vista del observador avezado y crítico –que además no parti-cipa de sus arcanos-, por su relativa inanidad. Es comprensible y probablemente inevitable, pero en todo caso es un dato que debe tenerse en cuenta.

En efecto, la política exterior corre un riesgo parecido al de la política de defensa, con la que está casi indisolublemente unida, cual es la incapacidad de generar una cultura más allá de sus propios servidores profesionales o políticos.

Ello lleva a la inevitable endogamia de sus gestores, a las sagas familiares de servidores públicos, al uso muchas veces partidista de dicha política, y, para-dójicamente, a la incorporación y promoción interna de los fieles al poder. Esta afirmación no pretende minimizar la gran profesionalidad de nuestros diplomá-ticos, ni la defensa del Estado que día a día hacen en sus puestos y destinos. Se trata simplemente de señalar que su labor no se comunica o se explica de forma suficientemente clara.

De ahí que sea necesario colaborar en la tarea de formulación de una cultura de la política exterior, que permita a los ciudadanos entender la necesidad de dicha política como algo que excede a los dos grandes partidos que conservan en la España actual el sentido de Estado, y como algo que es parte esencial de la definición de España en el mundo. La política exterior no puede ser del PSOE ni del PP, tiene que ser nacional española. Los demás partidos del arco parla-mentario no valoran la política exterior ni la comparten materialmente, y, como ocurre con otras políticas, la respaldarán o criticarán en función de su valor en el mercado de votos, solo a través de una formulación inteligente y compartida por la ciudadanía, la política exterior saldrá de su liviandad, o al menos, servirá para empujar en la dirección de defender efectivamente al Estado en su presencia fuera de nuestras fronteras.


A lo largo del presente análisis anual intentaremos razonar este aserto, que no debe tomarse como crítica al gobierno en ejercicio de sus funciones más allá de la constatación de su incapacidad para salir de una visión partidista1, sino como reflexión hecha con el mejor ánimo de plantear un debate y de señalar las caren-cias que a nuestro juicio detectamos en una política exterior que, como tantas otras políticas de Estado, se resiente de la misma falta de sustentación social y política que acompaña al propio concepto de Estado entre nuestra clase política, sus medios de información respectivamente afines y una ciudadanía cada vez mas instalada en la aceptación pasiva de los mensajes de marketing político, que tienden a anular su capacidad de pensar por cuenta propia.

Releyendo un excelente estudio de un gran diplomático español2 que anali-za la posición internacional de España desde el advenimiento de los Borbones hasta el final del siglo XX, no cabe duda de que algunas de sus reflexiones, alusivas al final del siglo XIX, parece que pueden aplicarse a este inicio del siglo XXI.

En efecto, el embajador Olivié citando a Becker –historiador de nuestra diplo-macia durante el siglo XIX- recuerda que a cánovas se le acusaba, como ahora al partido popular3, de no tener verdadera política exterior y de ser inspirador de la doctrina del “recogimiento”, mientras que los liberales, negándose a esta actitud meramente defensiva, “se mezclaron en cuestiones que aunque nos afectaban, no exigían de un modo inmediato nuestra intervención y lo hicieron algunas veces sin la preparación necesaria”. El embajador Olivié glosa esta cita de Becker se-ñalando que la misma viene a señalar “que la izquierda quiere hacer de nuestro país un protagonista de la vida europea y fracasa, y que la derecha, por su parte, se encierra en una actitud defensiva y también fracasa”.

No parece que la aproximación a la política exterior del actual gobierno tenga muchos deseos de superar esta dicotomía izquierda/derecha. De hecho, ya se subrayaba en el artículo citado del ministro moratinos, el legado que para la his-toria de España representa la política exterior socialista.

1 Respuesta del ministro moratinos a los autores del artículo “Diagnóstico diferencial, Política Exterior”, José maría de Areilza y José Ignacio torreblanca, publicado en la revista “Estudios de Política Exterior” Junio-Julio 2009. En el número correspondiente a Septiembre-Octubre del mismo año, el Sr. moratinos, ministro de asuntos exteriores desde 2004, señala taxativamente que “el relato de la política exterior socialista, sus objetivos, acciones y legado a la historia de España” están recogidos en los programas con los que el PSOE ha concurrido y ganado las dos últimas elecciones.

2 “La herencia de un Imperio roto”, Fernando Olivié, colección veintinuno, 1999 Fundación cánovas del Castillo, págs. 223 y ss.

3 moratinos: art. citado, cuando señala que España es ahora internacionalmente más fuerte que “hace más de un lustro”; o cuando dice desde Irak, la ciudadanía ha percibido “un cambio y un incremento notable de nuestra acción exterior”.

LA POLítIcA EXtERIOR ESPAñOLA A EXAmEN 81

Por otro lado, y de ello es buena prueba el mismo artículo citado, basta apelar a la carencia de rigor o a la falta de experiencia de quien enuncia un juicio y aún con más razón de quien formula una crítica, para descalificar su análisis.

La política exterior parece ser un arcano que sólo conocen y dominan quienes se dedican profesionalmente a la misma, y los legos deben simplemente entender que dejarla en manos tan expertas es lo único sensato que se puede hacer.

Aunque ello signifique, por ejemplo, que al amparo de este mandato implícito, embajadores de España no profesionales sino “políticos” firmen convenios bila-terales que permitan a los emigrantes de los respectivos países firmantes votar en las elecciones municipales españolas, a cambio, eso sí, de que los naturales españoles radicados en esos países puedan a su vez votar en comicios del mismo nivel, allí donde residen temporalmente por razones profesionales.

Además, la política exterior, tanto por su peso no excesivo en el devenir pro-fundo de nuestro país como por su supuesto distanciamiento de los trabajos y los días de los ciudadanos de a pie, que jamás la sitúan entre las cuestiones o problemas que mas les preocupan, no goza de la atención vigilante de la propia ciudadanía.

En efecto, una vez que nuestro país ha recaído nuevamente en su casi pe-renne obsesión de volverse hacia sí mismo, agotados los proyectos vitales co-lectivos que nos han mantenido razonablemente unidos durante los últimos 30 años, como fueron la transición, la incorporación de pleno derecho a la Europa política, la convergencia con los criterios de maastricht, o la entrada en el Euro, la política exterior, que es proyección exterior de un Estado que cree en sí mismo, se difumina aún mas.

Por ello, guste ó no, nuestra ciudadanía se limita a darse por enterada exclu-sivamente de las manifestaciones mas patológicas de esta política, como pueden ser los gestos de la dictadura cubana hacia España, el secuestro de unos coope-rantes o de un buque pesquero, o los esfuerzos denodados para conseguir una plaza en las reuniones del G-20, ocasiones éstas en las que, además, el papel del gobierno, que aparece siempre como reactivo, no es demasiado airoso.

En el fondo, parece que ocurre lo que acertadamente intuye el embajador Olivié4 cuando señala que “es justo reconocer que, por nuestra parte, no se han hecho nunca esfuerzos serios y continuados en aras a una clara identificación de nuestros intereses como Estado, separándolos netamente de nuestros proble-mas internos. Nuestra política interior ha embrollado tradicionalmente nuestra política exterior y los problemas que se le han planteado a España fuera de sus

4 La política exterior del gobierno y el multilateralismo eficaz, documento del mAEc colgado en su web.


fronteras han sido enfocados casi siempre desde el punto de vista de su posible utilización en las pugnas domésticas”.

Quedémonos pues con estas reflexiones de un señalado representante de nues-tra diplomacia, y por tanto persona son suficiente experiencia en el tema como para poder opinar sobre el mismo, y pasemos a hacer un análisis de nuestra políti-ca exterior en el año 2009, desde la perspectiva de quien, como el abajo firmante, es persona interesada en el presente y en el futuro de España, pero carente de otros datos sobre la cuestión que se analiza, que no sean los publicados en libros, en “webs” o en periódicos.

Pasando a repasar los escenarios donde preferentemente se desarrolla la po-lítica exterior española, éstos son: La Unión Europea, Los Estados Unidos de América, América Latina, marruecos, el magreb y África, el mediterráneo y Oriente medio, y finalmente, otros escenarios.

Estas áreas geopolíticas se han caracterizado a lo largo de 2009 por la conti-nuidad de sus dificultades económicas y financieras, y por dos rasgos que están marcando profundamente esta época de incertidumbre.

De un lado, ha de destacarse el divorcio entre política y economía, donde los políticos no han podido enderezar el curso económico de la crisis financiera pese a las ingentes cantidades de dinero que han inyectado a los operadores financie-ros y a los mercados, y donde los agentes económicos no se fían y no respaldan las decisiones de los políticos.

Y, de otro lado, la vuelta a la aplicación de soluciones domésticas nacionalis-tas a los problemas que afectan a los ciudadanos de los diferentes países, al mar-gen de los bloques políticos o económicos a que cada país pertenezca. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España, por no hablar mas que de nuestro entorno mas próximo, son un buen ejemplo de esta tendencia.

todo ello envuelto, además, primero, en la ausencia de un liderazgo global indiscutido, que ya no recae exclusivamente en los EE.UU., cada vez mas inde-pendiente y pragmático en sus decisiones, y a quien no ha sustituido la ONU en dicho liderazgo; y segundo, en un cierto fracaso del multilateralismo puesto en vigor en el año 2008 (G-8 transmutado en G-20), al que España se ha sumado5 y que, sin embargo, no ha sido capaz de resistir las presiones y las urgencias nacio-nales de cada país para tratar de encontrar fórmulas propias de salida de la crisis.

En este sentido, 2009 ha representado un retroceso respecto de las esperanzas que suscitó la primera reunión del G-20 en Washington en noviembre de 2008.

5 Diario El mundo, 28 de febrero de 2010, “moratinos y Rubalcaba, los más apreciados en Bruselas”.


Añádase el sempiterno estado de parálisis de la ONU, factor de permanente discordia entre los aliados trasatlánticos, y la emergencia de nuevos actores en la escena internacional, auténticos “lone riders” que buscan su puesto al sol a golpe de talonario o de riqueza petrolera, para tener que aceptar que la época presente trans-mite una extraordinaria sensación de complejidad, y que, por tanto, la tarea consiste en interpretar y administrar el caos, donde las soluciones, o al menos las posibles salidas, han de ser buscadas con una enorme flexibilidad, para nada exenta de prin-cipios y valores, así como con esfuerzos de cooperación con los aliados y los afines.

Es a la luz de estas consideraciones cómo vamos a analizar el desenvolvi-miento de la política exterior española durante 2009, en cada uno de los escena-rios citados.

II.-1EspañaylaUniónEuropea.

La Unión Europea atraviesa un largo periodo de baja forma. A lo largo de su historia ha tenido épocas de crecimiento y expansión y épocas de parálisis y hasta de dilución.

Los años 60 del pasado siglo son una muestra de lo primero, cuando se aplica-ron las cláusulas de aceleración previstas en el tratado de Roma para llegar a un mercado interior único en 12 años en lugar de los 15 inicialmente establecidos, pero los años 70 constituyen un ejemplo del marasmo citado, pese a la incorpo-ración del Reino Unido y de Grecia, ésta última por empeño personal de Giscard D’Estaing.

La entrada de España y Portugal, el tratado de maastricht, la presidencia de Delors y la concurrencia en Europa de una generación de líderes como Helmut Kohl, mitterrand, thatcher y González, además de Juan Pablo II, Gorbachov y Reagan, la caída del muro y la reunificación de las dos Alemanias hacen que la segunda parte de los 80 y los 90 fueran épocas de crecimiento, euforia incluso, y consolidación de un auténtico “acervo comunitario”, sin perjuicio de los inevita-bles hiatos que a veces se producían, como cuando Francia se resistió a aprobar el tratado de maastricht.

La introducción del Euro y el tratado de Lisboa, que deberían haber afian-zado definitivamente esta tendencia para construir sobre la misma una auténtica Europa unida, han sido por el contrario factores que han tensado y, a la postre retrasado, el proceso, y ello probablemente porque se han intentado poner en obra cuando la crisis de 2007 ya había enviado sus primeros emisarios “avant la lettre” , como lo fueron la burbuja de las telecomunicaciones en 2001, la crisis de las auditoras en 2002, Enron, Parmalat y la guerra de Irak en 2003/2004.


La Unión Europea, que ha rectificado y reducido sus expectativas constitu-cionales (en lugar de una constitución ininteligible, un tratado constitucional), está bastante tocada en su condición de interlocutor internacional frente a otros bloques, en la presente situación de multilateralismo emergente, entre otras ra-zones porque sigue prisionera de sus viejas tensiones internas. Añádase la nueva estructura de gobierno de que se ha dotado para esta nueva etapa, sobre la que después volveremos, y la pérdida de un “mr. PESc” muy experimentado como Javier Solana, para que en estos momentos constituya un arcano el futuro reco-rrido de su política exterior.

La actuación de España respecto de la Unión en 2009 ha variado sensible-mente a lo largo del año. En efecto, el primer semestre fue poco activo, salvo en lo que a asuntos de trámite se refiere, con una posición de perfil bajo derivada de la propia situación interna española, en el que el crecimiento del paro y el incremento del déficit publico han sido muy significativos, y en el que ha pre-dominado la actividad interna de blindaje y, en su caso, salvamento del sistema financiero español . Básicamente nos referimos a las cajas de Ahorro, tras el estallido de la crisis de caja castilla-La mancha, a la creación del FROB y a la reforma de la Ley de Insolvencias de 2003 para amparar la posición acreedora de los bancos y cajas respecto de deudores en dificultades. Para un país como España (que no es Francia), es incuestionablemente incómodo hacerse presente en Bruselas cuando se incumplen los criterios de niveles de déficit y de deuda pública sobre el PIB.

todo ello hizo que la casi permanente desatención a las cuestiones europeas por parte de nuestro Presidente del Gobierno, siguiera siendo la tónica, absorbido como estaba por otros asuntos exteriores juzgados prioritarios, como la inclusión permanente en el G-20, o la relación bilateral con Francia, con Alemania, con Italia o con los EE.UU. Basta una lectura de las fichas resumen de las posiciones de España en los consejos de ministros de asuntos generales y relaciones exterio-res de la UE durante la presidencia sueca (enero-junio de 2009), para realizar el escaso impulso que de las mismas emana.

El segundo semestre, de presidencia checa fue mas activo. España se empezó a preparar para el “acontecimiento planetario” que representaba en palabras de la portavoz del partido socialista la conjunción de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La única dificultad, no obstante, para la materializa-ción del acontecimiento residía en que el mismo no era percibido como tal en una de las dos riberas, y de acuerdo con noticias ya conocidas cuando se escribe este artículo, el presidente Obama, que ha de sacar adelante su prometida reforma sa-nitaria, que tiene problemas en el interior de su país, y a quien se le ha reprochado ya su excesiva proyección exterior en demérito de la atención requerida por los problemas internos, ha decidido no asistir a la cumbre Europa-EE.UU. que se celebrará en Madrid a mediados del próximo mes de mayo.


Aparte de todo ello, se ratificó el tratado de Lisboa en octubre de 2009 con la segunda votación en Irlanda, y ello inmediatamente representó un cambio, cuyas consecuencias habrá que ver, en la estructura de poderes de la Unión Europea. A partir del tratado, la Unión tiene personalidad jurídica y se dota de una Pre-sidencia y de una Alta Representación para Asuntos Exteriores y de Seguridad.

A la presidencia semestral española corresponde la puesta en práctica del tratado de Lisboa. La unión constitucionaliza la figura de Alto representante de Política Exterior de la Unión, tras la salida del español Javier Solana, y la presi-dencia de turno se convierte en una “troika” de tres primeros ministros, que se limitan a coordinar las tareas de los diversos consejos de ministros sectoriales, con excepción, precisamente, de los de asuntos exteriores, que lo hace el Alto Representante. Las personas nombradas para ocupar estos puestos, van Rumpuy para la presidencia, y la Sra. Ashton para la Alta Representación, escenifican muy bien el proceder habitual de la Unión Europea en sus mas de cincuenta años de historia, cuando la misma se encuentra en sus horas bajas.

Se trata, en efecto, de promover a políticos de segundo nivel, capaces de no molestar a los grandes países como Francia y Alemania, -verdaderos muñidores de la Unión-, que sean a la vez personalidades persistentes en conseguir arrancar de tales países y de otros también importantes, Reino Unido, Italia, España, su anuencia para proseguir en el tortuoso camino de fortalecimiento de la propia Unión. Al no existir sufragio universal para elegir al Presidente de la Unión, como sí ocurre en los EE.UU., es impensable ver en esa carrera a personalidades semejantes a las que de hecho forjaron a la propia Unión o la hicieron mas grande y respetada.

Por tanto, no cabe esperar demasiado de la “súper-publicitada” presidencia española, lo que no sería reprochable a nuestro gobierno si no fuera por el afán de mostrar como un logro (la presidencia de la Unión), algo que es puramente rotatorio. De hecho, cuando se escriben estas líneas, la “Presidencia española” ha entendido bien su cometido y el ministerio de Asuntos Exteriores está cola-borando y respaldando la potenciación de las nuevas instituciones. El ministro moratinos incluso cubre algunos vacíos de la Sra. Ashton6, de momento poco proclive a entrar en faena. Sin embargo, el Presidente del Gobierno, que también ha impulsado el papel de van Rumpuy, parece estar desaparecido. Lo mismo cabe decir de las dos Sras. vicepresidentas del Gobierno español.

En todo caso, el hecho de que la “presidencia española” tenga lugar en el primer semestre de 2010, fuera por tanto del límite de este trabajo, no permite

6 Art. citado del ministro moratinos en “Estudios de Política Exterior”. De hecho, lo cierto es que las turbulen-cias duraron mas allá “del inicio” del primer mandato socialista, y se mantuvieron, con mayor o menor intensidad, durante toda la “era Bush”, si bien, al final de la misma, en el último trimestre de su mandato, se hizo un esfuerzo claro de acercamiento derivado de la necesidad de estar en el G-20 y en la Conferencia de Londres.


valorar dicha presidencia en cuanto a sus logros. Sí parece que los objetivos de-berían priorizarse –cuando hay demasiados objetivos, realmente deja de haber-los- adaptándose a los medios y a los consensos de que se puede llegar a disponer.

cuando se escribe este artículo puede afirmarse que los imprevistos que siem-pre tienen lugar durante la presidencias rotatorias, como fue la crisis de Georgia en 2008 durante la presidencia francesa, ya han surgido en la española, encar-nados en la posible quiebra de Grecia que, al principio, se pensó que afectaría a España y Portugal, países por cierto mucho mas serios en la formulación de sus cuentas y en la ortodoxa aplicación de los criterios de Eurostat.

Aunque las diferencias respecto de Grecia en cuanto a tamaño de la econo-mía y capacidad de endeudamiento y solvencia en el repago de la deuda pública española han quedado claras, al menos de momento y a la espera de reformas estructurales, el papel protagonista augurado al Presidente del Gobierno español en la solución de la crisis griega por la Sra. vicepresidenta Económica del go-bierno, parece que ha quedado en nada, tomando, como se ha dicho, el liderazgo Sarkozy y merckel, y habiéndose establecido que la reestructuración de Grecia será tutelada por Alemania.

II.-2EspañaylosEstadosUnidos:

con los EE.UU., las relaciones bilaterales, y también las multilaterales, han experimentado un nuevo impulso, o al menos han reflejado una nueva actitud, casi diametralmente opuesta a la de la anterior legislatura. En efecto, “una vez superadas las turbulencias del inicio del primer mandato socialista”� ha comen-zado a lo largo del año 2009 una nueva relación, con la llegada al poder de la administración Obama.

Ello hará que nos refiramos en este apartado mas bien a lo que debemos es-perar del desarrollo de esta relación, que en España se presenta como de nuevo cuño, que al análisis concreto de lo ocurrido en 2009, año en el que España ha cumplido con sus obligaciones de antiguo aliado, y en el que no parece haber sido capaz de mejorar sus contrapartidas, probablemente porque es inevitable que el cambio brusco de discurso que se ha operado respecto de aquel gran país genere allí desconfianza, o al menos lleve a comprobar con calma hasta qué punto el cambio es tal.

La nueva administración americana se caracterizó a lo largo del pasado año por un incuestionable esfuerzo de apartarse de las actitudes mas radicales mos-tradas en campaña y de “centrar” su actuación en materia de política interior y de defensa.


Buen ejemplo de ello son casos como el de Robert Gates que continuó como Secretario de Defensa, y el hecho de que los nombramientos “económicos” reca-yeran en personas como timothy Geithner, ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York, para la secretaría del tesoro, y en Lawrence Summers, ex secre-tario del tesoro e impulsor de la desregulación, como consejero económico de la casa Blanca.

también se caracterizó la nueva administración por dar pasos muy signifi-cativos, de hecho rupturistas, respecto de la política exterior de su antecesor en el cargo. Obama ha repudiado, al menos conceptualmente, algunos rasgos del unilateralismo de Bush, como lo fueron el rechazo a dialogar con los “enemi-gos”, la utilización de la acción preventiva, la prioridad dada a la lucha contra el terrorismo y las teorías sobre la transformación democrática de países alejados de dicho concepto.

En esa línea ha recuperado la capacidad de acción en temas olvidados o en-quistados durante la era Bush, como es el caso de Oriente medio, Irak y Afga-nistán, utilizando para ello el denominado “smart power”, mezcla sutil de fuerza militar y “soft power”, hecho de intercambios culturales y diplomáticos. Ha recu-perado para la acción exterior a personajes como Holbrooke (Irak y Afganistán), mitchell (Oriente medio) y Ross (Irán) en la idea de que hagan avanzar política-mente estos temas verdaderamente complejos7.

Ello se ha materializado en pasos que han acreditado un talante diferente, sobre todo en la primera mitad de 2009, con entrevistas a cadenas árabes de tv, asisten-cia a la Cumbre de Praga en la primavera del año pasado8, llamada a consultas en Washington a los jefes de gobierno de Israel y Palestina, felicitación a Irán con la entrada del nuevo año iraní, asistencia a la Conferencia de Londres, nuevo discurso sobre el cambio climático etc. El clímax de esta política lo representó el otorga-miento al propio Barak Obama del premio Nobel de la Paz, demostración evidente de una Europa entregada al nuevo fenómeno del “obamismo”9.

Sin embargo, la segunda parte del año 2009 y los primeros meses de 2010 han significado un cierto repliegue hacia el interior y también a posiciones presiden-ciales mas pragmáticas y complejas, y por tanto, menos populares.

7 Análisis sectorial de EE.UU., de Ibrahim A. Warde, de la Universidad de tufts, en el anuario económico y geopolítico mundial “L’état du monde 2010”, traducción española de Ediciones Akal, pag. 466.

8 De la misma manera que Obama ha anunciado que este año no asistirá a la cumbre de madrid en mayo, no dudó en asistir a la de Praga el año pasado. Dos pueden ser las razones: la primera, su estreno como presidente en su relación con la UE; y la segunda, que chequia es –en su condición de país ex comunista- un firme aliado de vanguardia en Europa, para los Estados Unidos.

9 Ahora bien, como acertadamente señala E. Lamo de Espinosa en al tercera de ABc, de 5 de febrero del presente año, Obama, en la concesión del Premio Nobel de la Paz ha denunciado el “fuerte pacifismo europeo haciendo de la guerra justa –un tema tan español, por cierto- el objeto de su discurso de recepción”.


El segundo coletazo de la crisis financiera que ha hecho intervenir a Oba-ma, evocando al Roosevelt del New Deal, para legislar sobre los mercados financieros10, además de la batalla por la reforma del sistema sanitario y, sobre todo, sus decisiones sobre los asuntos mas espinosos de política exterior a los que se enfrenta su país, han puesto sobre la mesa para sus aliados tradicionales europeos, las muchas exigencias -y hasta contradicciones- que plantea seguir en su liderazgo mundial a un país que no ha dejado de estar en guerra, declara-da o encubierta, o en sangrientas operaciones de policía, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial11.

En este sentido, en cuanto a Irak, Obama ha aprobado la continuidad de las operaciones con un contingente de 130.000 soldados y ha puesto fecha a su sali-da de aquel país12. Además, Afganistán (ahora Afpak, tras la lógica inclusión de Pakistán en la solución del problema talibán), Guantánamo y el tratamiento de sus presos, Irán y su persistencia en el desarrollo de políticas nucleares propias, y, como siempre, Oriente medio, han sido prioridad en su agenda.

Ante ello, la pregunta que procede formularse, desde la óptica de un análisis español es la siguiente: ¿Qué defienden los Estados Unidos, una vez desapareci-do el bloque soviético, y en qué podemos colaborar Europa (multilateralmente) y España (bilateralmente)? Porque ciertamente la existencia del bloque soviético y sus divisiones de carros desplegadas en las inmensas planicies de la “Mittel Europa”, daban un argumento claro al hecho de que se trataba de la defensa del mundo occidental y de sus valores filosóficos, políticos y económicos. Pero ¿cabe dar la misma respuesta después de 1988? ¿Existe un mundo occidental? ¿Se concreta a Europa occidental y a los socios no europeos de la OtAN, bastión de esa defensa durante 40 años?13.

10 Precisamente la Securities Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934, vigentes con diferentes mo-dificaciones, se han mantenido en vigor hasta el presente, y responden a la iniciativa presidencial de Roosevelt tras el crack de 1929.

11 Algunos ejemplos: Berlín (1948); corea (1950-53); Respaldo a Formosa (taiwan) en la defensa de Quemoy y matsu (1958); Líbano (1958); cuba (1961, Bahía cochinos; 1962, crisis de los cohetes); vietnam (1961-1975); Laos (1962-1965); camboya (1969); Irán (1980, intento de rescate de los rehenes apresados en 1979); Líbano (1984); Granada (1985); Libia (1986-1990); Kuwait (1991); terrorismo antiamericano en África y en Asia en la década de los 90, y finalmente la apertura del siglo XXI con el brutal atentado de las torres Gemelas en septiembre de 2001, con las secuelas de Afganistán, Irak, y ahora Afpak. todo ello sin olvidar la guerra fría, la presión perma-nente sobre Berlín, las sucesivas crisis y guerras de Oriente próximo y el pulso con la china de mao desde 1949 a 1972, con el histórico viaje del presidente Nixon.

12 cuando se culmina este artículo, Irak acaba de celebrar sus segundas elecciones democráticas en lo que va de siglo, con una participación superior al 63%, pese al brutal atentado del día de los comicios.

13 Estas cuestiones no deben entenderse como retóricas. España no participó en ninguna de las dos guerras mundiales a título de Estado soberano y fue ajena a las sucesivas construcciones de la paz que siguió a las mismas: No estuvo en el nuevo orden de versalles y trianon en 1919 a 1922, ni estuvo en la conferencia de San Francisco en 1945. Su incorporación a la defensa de Europa se hizo, hasta la entrada en la OtAN en 1981, por la puerta de atrás, facilitando apoyo logístico de bases e infraestructuras a EE.UU. Incluso el Presidente Suárez, primer jefe de


Los Estados Unidos han respondido a esta cuestión de diferente manera a lo largo de las presidencias posteriores a la caída del muro, o al momento del “final de la Historia” a la que aludió Fukuyama. El presidente clinton actuó en clave multilateralista y fomentó el libre mercado, incentivando políticamente a los países que lo adoptaban. Occidente ya no era un concepto político puramente axiológico o territorial. Se perfilaba un occidente que compartía valores econó-micos liberales, que son los que, a su vez, incorporan los valores políticos dignos de ser defendidos. Este concepto incluía al cono Sur, a la Sudáfrica posterior al “apartheid”, al Japón, a Australia y a Nueva Zelanda, por ejemplo.

Un paso mas adelante se produjo bajo la presidencia de Bush y el “imperio de los neocones”. Se interpretó que “Occidente” no era un territorio, sino una forma de entender la política, en la que a la libertad económica y al reducido papel del Estado en la economía se sumaba la disponibilidad (“coalition of the willing”) para respaldar iniciativas políticas conjuntas. En esta línea figu-raban, además de los países citados, algunos estados europeos como el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Estonia y chequia, “desterritorializando” en de-finitiva el concepto, y negando que su definición deba venir de su viabilidad geográfica14.

La presidencia de Obama representa un cierta vuelta a los orígenes del con-cepto “Occidente”, y el punto común para su desarrollo vuelve a ser la OtAN. Sin embargo, las apreciaciones sobre el concepto siguen teniendo marcados ma-tices a uno y otro lado del Atlántico. Para los europeos es el espacio euroatlán-tico, para los americanos hay un valor adicional en “occidentalizar”, es decir en incorporar a nuevos países a una modernidad económica y democrática. En esta concepción caben turquía, Israel y Australia15. En la europea, no.

EE.UU., en caso de necesidad, probablemente vuelva a trabajar sobre la división de los europeos, con nuevas “coalitions of the willing”, cuando el caso así lo requiere. En ese momento, como ocurrió en 2003 con la guerra de Irak, habrá que saber qué contestar, esté o no en el poder en aquel país un presidente “buenista”.

gobierno “occidental” que recibió a Arafat, fue tentado con utilizar la carta del neutralismo, a cambio de compen-saciones energéticas de la Unión Soviética y en una posición no muy diferente de la de la Yugoslavia de la época. Así lo refiere Abel Hernández en su reciente libro “Suárez y el Rey”.

14 Guy Sorman sostiene esta tesis, señalando que hay países asiáticos, como Japón y taiwán que se han vuelto occidentales, que determinados países occidentales están ampliamente poblados por orientales no occidentalizados (musulmanes en Europa occidental), y que además se da la circunstancia de que existen países orientales, par-cialmente occidentalizados (turquía) y países occidentales no completamente occidentalizados (Rusia). “Es mas sencillo fijar las fronteras mentales de Occidente, que su territorio”. (Guy Sorman, “Qu’est-ce que l’Occident?”, Project for Human sciences, mayo de 2008”, citado por Olivier Zajec en “Reinvenciones estratégicas de Occidente (1949-2009), “El estado del mundo 2010” Akal ediciones.

15 Zajec, ibid.


Esta larga explicación viene a cuento para señalar la óptica desde la que se debe juzgar la relación bilateral y multilateral de España con los Estados Unidos. Hasta ahora España ha sido, y lo ha seguido siendo bajo el mandato del presiden-te Rodríguez Zapatero, un aliado solvente y fiable, por encima y por debajo de las tensiones creadas en 2004 por la retirada de las tropas de Irak, para los temas que no han exigido una concreta toma de posición política independiente.

La cooperación efectiva se ha desarrollado en un alto nivel en materia econó-mica, de seguridad y de defensa, en que, por ejemplo, nuestra flota mas moderna y avanzada se beneficia del estado del arte tecnológico en materia de sistemas de armas venido de Estados Unidos, lo que es una buena prueba de nuestra sol-vencia y fiabilidad. La cooperación policial y judicial, turística y de intervención conjunta en América latina16 avanzan también.

Incluso estos días hemos visto cómo la propuesta finalmente vetada por el Parlamento europeo para que los servicios seguridad de Estados Unidos pudieran acceder en la UE a los datos financieros de los sospechosos de acción terrorista, tuvo su origen en la reunión de ministros de Interior europeos, presidida por el representante español. también hemos aceptado hacernos cargo de determinados presos de Guantánamo. En principio, en 2009, se habló de dos. Las últimas noti-cias17 señalan que serán cinco.

todo esto es sin duda bueno y recomendable. De otra parte, la discrepancia puntual sobre determinados asuntos o cuestiones tampoco debe alarmar a nadie. Los Estados Unidos son un aliado difícil y exigente. En Europa se evoca todavía el mundo que surgió de las conferencias de Yalta y Potsdam y del puente aéreo sobre Berlín, se tiende a pensar que los Estados Unidos siguen estando donde estaban pese al antiamericanismo permanente del viejo continente, y que enten-derse con ellos es cuestión de que haya o no frente de la administración america-na presidentes “buenos” o presidentes “malos”. Ha de tenerse en cuenta que, en general, hay mas malos que buenos, porque en el imaginario europeo en aquella lista entran Johnson, Nixon, Bush padre e hijo y clinton, mientra que en la de los buenos sólo están Kennedy y Obama18.

Entretanto, los Estados Unidos han evolucionado conceptualmente para acep-tar con todo pragmatismo que el mundo del siglo XXI es un mundo abstracto, caótico por tanto, “sin padres fundadores”, sin referentes, sin bloques homogé-neos y con nuevos actores impensables hace años, en el que, sin embargo, la marcha hacia los nuevos e imprevisibles escenarios que presente el nuevo siglo,

16 Moratinos, ibid.

17 Diario ABc de 16 de febrero de 2010.

18 A carter y a su predecesor, Ford, ni se les considera atacables dada la brevedad e inanidad de sus mandatos.


ha de hacerse contando con los aliados dispuestos a seguir el mismo camino, con los que Sarkozy ha denominado “la familia occidental”, e ignorando a los que deciden emprender el viaje por su cuenta, que puede ser muy respetable, pero muy arriesgado también.

De ahí que cuando el presidente Zapatero despliega un esfuerzo ingente para demostrar lo que podríamos denominar su “proamericanismo progresista”, y cuando, además de aumentar nuestras tropas en Afganistán hasta 1500 efecti-vos, incluso se ha mostrado dispuesto a ser el invitado de honor en uno de los actos de raigambre mas conservadora y puritana de los que anualmente tienen lugar en aquel país, como es el Desayuno de Oración celebrado en el mes de febrero de 2010, hayamos de convenir también que la "prueba ácida" del ver-dadero nivel de nuestras nuevas relaciones con Estados Unidos, iniciadas en el año 2009, deba consistir en saber aceptar y explicar las exigencias que subya-cen a esta alianza.

En efecto, en el seno de una "coalition of the willing", detrás de los principios de “no pain, no gain” o de “shedding blood” que rigen la política americana,,late la exigencia de compartirlos para poder ser contado de verdad entre los aliados en misiones de paz o de guerra, a las que por cierto nos deberían llevar siempre nuestros intereses nacionales o nuestras convicciones, no necesariamente los in-tereses o las convicciones de otros.

En todo caso, los mejores éxitos de nuestras relaciones con EE.UU. se resi-dencian en los aspectos económicos, en los que, por ejemplo, la posición de Iber-drola Renovables en aquel país y el interés por nuestra Alta velocidad ferroviaria son incuestionablemente dos tantos a nuestro favor, obtenidos como otros mu-chos por nuestros empresarios, a los que nuestros diplomáticos cuando pueden, y en la medida en que pueden, les ayudan.

Existe la percepción, en general, que nuestros representantes exteriores son por demás más propensos a dedicarse a la “política” del país en que residen, que a la economía. cualquier esfuerzo en este terreno, como los que anuncia el mi-nistro Moratinos en su artículo, debe ser bienvenido19.

II.3.-EspañayAméricaLatina:

América Latina en 2009 no tiene nada que ver con la mítica América Latina, fermento revolucionario permanente en el imaginario colectivo de la Izquierda europea de los años 60 del pasado siglo.

19 Moratinos ibid


Latinoamérica no ha sido nunca una realidad uniforme. A la profunda unidad cultural y religiosa que dio la conquista española y portuguesa, con dos lenguas de origen latino y una religión dominante, la católica, le sucedió un mestizaje físico y cultural muy complejo que a partir de la colonia abarca poblaciones mayoritariamente europeas, africanas e indias, en proporciones diferentes según hablemos del cono sur, de Brasil y el caribe, o de méjico y centroamérica.

más del 70% de sus poblaciones son urbanas, y 12 de las 100 mayores ciu-dades del mundo están en dicha área, seis en concreto, en Brasil. Ello lleva a subempleo y a economía sumergida en gran escala.

De hecho, y desde un punto de vista político, es una realidad bifronte donde dos formas de entender la posición del área en el mundo chocan y se contradicen a diario: de un lado está la Latinoamérica irredentista, indigenista y populista, en la que movimientos bien de vuelta a un pasado precolombino, o quizás sea mejor decir “pre-español”, o a situaciones que recuerdan al caudillismo de la época de la Independencia o al militarismo nacionalista de los años 60, verdadera tercera vía entre el castrismo y la democracia formal, consuelan de la incapacidad histó-rica para encaramarse definitivamente en el siglo XXI.

Y de otro lado está la Latinoamérica que se sitúa en el espacio geográfico y po-lítico que le corresponde, y que pese a caídas e inseguridades ha hecho una apuesta dolorosa y firme por el liberalismo político y por la ortodoxia financiera. La pri-mera realidad la encarnan venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay (con antiguo obispo presidente) y por supuesto cuba. De la segunda son paradigma el méjico post PRI, chile, colombia, Perú, e incluso el Brasil de Lula da Silva, por sólo citar por la vía de los ejemplos a los mayores países del área. Para analistas como Guy Sorman, el primer grupo se sitúa intelectualmente en el siglo XIX y el segundo es el que se prepara para conseguir su puesto al sol en el siglo XXI.

conviene recordar que en el año 2000, Latinoamérica había prácticamente desterrado las dictaduras militares o paramilitares como la de Fujimori, con la excepción del teniente coronel golpista chávez en venezuela, que al final del siglo pasado había llegado al poder por el camino de las urnas, tras ser indultado por su intentona de golpe. conviene recordar también que en aquel año, la única excepción relevante al avance democrático de los mas significativos países del área era cuba. De entonces a ahora, las cosas han cambiado mucho, y no nece-sariamente para bien.

culparemos a la débil estructura democrática de aquellas repúblicas, que no fue capaz de superar el criollismo y el "sistema de castas" de la época de la Indepen-dencia, con sus "dueños del valle", sus "estancieros" o sus "coroneles del café"; o a que los movimientos modernizadores en aquellos países, posteriores a la SGm, como el APRA, como cOPEI, como ADE, como la UcR en Argentina, o como


la democracia cristiana o la socialdemocracia colombiana, fracasaron al tratar de convertir las democracias políticas propias del XIX en democracias sociales inte-gradoras de las clases populares y de los movimientos indigenistas; culparemos a los EE.UU. y a la doctrina Bush, culparemos a los “consensos de Washington” o finalmente culparemos a la globalización, pero lo cierto es que Latinoamérica se vuelve a ver inmersa en un proceso de búsqueda de su propia identidad.

Ello lo hace, bien siguiendo los pasos de la dictadura castrista, bien la senda indigenista de Bolivia, bien el difícil camino de la democracia liberal, como mé-jico o colombia, país que acaba de dar un ejemplo de madurez política cuando se culmina este artículo, al negar al Presidente Uribe -a quien ha declarado "inexe-quible"- la posibilidad de concurrir a un tercer mandato.

Esta búsqueda de una identidad y una voz propia tiene su última y mas clara manifestación en el esfuerzo de crear un organismo de integración al margen de los EE.UU. y de la OEA con sede en Washington. Se trata de una nueva Organi-zación de Países Latinoamericanos y del caribe, que ha encontrado eco en 31 es-tados y que está siendo impulsada por venezuela y por Brasil, potencia regional emergente, uno de los países clave del siglo XXI.

Este no es mas que el último intento, de los muchos habidos en estos últimos tiempos, en los que América Latina ha multiplicado sus iniciativas de integración regional. mERcOSUR (Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, con venezuela bloqueada por Brasil); cAN (comunidad Andina de Naciones, colombia, Perú, Bolivia y Ecuador); SIAc (Sistema de Integración de América central: los 7 países de centroamérica); UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas); y ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas, impulsada por venezuela, es un ejemplo que va más allá de la integración puramente económica).

Añádase la nueva Organización más arriba señalada, que excluye expresa-mente a los EE.UU. y que se desmarca de la OEA, y ello nos llevará como espa-ñoles a preguntarnos qué papel se reserva en Iberoamérica a las cumbres Ibero-americanas y a la Secretaría General Iberoamericana con sede en Madrid.

La crisis mundial naturalmente ha afectado a América Latina a lo largo de 2008 y 2009, y en este entorno, la bajada del precio de sus productos básicos, la caída de la demanda exterior y la congelación de los flujos de capitales son claras influencias negativas.

En este contexto, España se presente ante Iberoamérica con un mensaje poco definido20 y voluntarista, que no mejora –a nuestro parecer, naturalmente- el pro-pio discurso del Ministro Moratinos.

20 Web del mAEc: “Política exterior de España en Iberoamérica”


En efecto, insistir en grandes conceptos como “una de las prioridades”, “vo-luntad de contribuir a la solución de los principales problemas a los que hace frente”, “importantes esfuerzos por cohesionar sociedades”, sin que aparezca a la vez una voluntad clara de tomar partido y de distinguir entre países que merecen nuestro apoyo y nuestro respeto, y aquellos otros a los que se debe presionar por-que conculcan sistemáticamente los derechos humanos –una de las prioridades de nuestra acción en la zona- o porque están en los umbrales de convertirse en autocracias a través del expediente “aguantar consultas populares”, no deja de ser a la vez cómodo, difícil de explicar con los verdaderos demócratas interesados en aquella zona, y al final, poco útil.

A veces da la impresión que vara de medir no se aplica con parecido rigor a situaciones parejas, pero de distinto signo. Es el caso de Honduras, en donde toda la paciencia mostrada con cuba y venezuela se sustituyó por un papel activo en el bloqueo de una solución pactada, y por la hostilidad hacia el nuevo Presidente, Porfirio Lobo, elegido en un proceso tan democrático al menos como los que se pueden orquestar en las repúblicas que forman parte de ALBA.

Por otro lado, la postura blanda y difícil de explicar frente a cuba si bien ha permitido la liberación de algunos perseguidos políticos ha fracasado estrepito-samente en relación con los casos más difíciles, como es el de Orlando Zapata, torturado por el sistema y fallecido en una huelga de hambre en la que reclamaba su derecho a ser tratado como un preso de conciencia, ya en 2010.

No toda nuestra relación con América Latina ha de ser juzgada de forma polé-mica. Sin duda, somos un apoyo para la administración Obama en el tratamiento de algunos de los problemas que la zona plantea. Es evidente que en este supuesto la colaboración funciona, si bien, la otra cara de la moneda la constituye el hecho de que los EE.UU. aplican al subcontinente una regla parecida a la que sin duda aplican a Europa, acostumbrados a un antiamericanismo que tuvo sus primeras ma-nifestaciones en el viaje del entonces vicepresidente Nixon a Sudamérica en 1959.

En efecto, si la zona no es un problema, y evidentemente no lo es para EE.UU., y tampoco es una solución, o una parte de la misma, la distancia es la regla más práctica21. Brasil y méjico, que cada vez necesitan menos a España, son los gran-des países del futuro más próximo que incuestionablemente constituyen para los EE.UU. un problema (en el caso de méjico enorme) y una parte de la solución, puesto que con ambos estarán obligados a entenderse. Los demás, naturalmente con la excepción del caribe, empiezan a pesar menos en la agenda de Washington.

Por lo demás, Latinoamérica es uno de los grandes objetivos de la coopera-ción española, tal como se desprende del “Plan Director de la cooperación Espa-

21 E. Lamo de Espinosa Ibid.


ñola 2009-2012” aprobado por el consejo de ministros el 13 de febrero de 2009. En este sentido, Iberoamérica es el centro de programas y actuaciones, no sólo encaminados a combatir el hambre, la enfermedad, la miseria y el analfabetismo, sino también los efectos del cambio climático y el abastecimiento de agua del que carece el 44% de la población, habiéndose dotado con 1.000 millones de dólares el Fondo del Agua con la idea de paliar deficiencias en su suministro22.

Sin embargo, esta cooperación no ha estado exenta de críticas, que han ido desde el desvío de fondos FAD para financiar la cúpula de Barceló en la sede de la ONU en Ginebra al más bien discreto éxito que ha tenido el dinero destinado a mejorar el nivel de vida de los países que lo reciben.

Según noticia recientemente publicada23, el partido de la oposición ha señala-do que sólo 18 de los 50 países que reciben parte de los Fondos de cooperación han mejorado su nivel de corrupción, 13 se encuentran en igual situación y el res-to han empeorado. Ello ha hecho que el consejo de ministros del 6 de noviembre de 2009 aprobara el proyecto de modificación de los FAD, creando en su lugar otros dos fondos distintos, uno el FIEm, de apoyo financiero a la internacionali-zación de la empresa, dependiente del mItYc, y el FONPRODE, de promoción al desarrollo que gestionará el mAEc.

En resumen, nuestra política exterior en Latinoamérica a lo largo del año 2009 no parece ser capaz de superar las contradicciones derivadas de una actitud poco comprometida con los valores que decimos defender, y básicamente con la exten-sión de los derechos humanos, en la línea que el propio mEAc pregona.

En el artículo de “Estudios de Política Exterior” que mereció la réplica del mi-nistro Moratinos24 el otoño pasado, se recomendaba que España intentara ayudar a la derecha y a la izquierda latinoamericanas a alcanzar “compromisos incluyen-tes”. Pero ello requiere según los autores del artículo, “ser crítico, tomar partido, denunciar los excesos y no conformarse con adoptar el papel de reina madre o comprensiva madre patria”, y continuaban sugiriendo que PP y PSOE, hicieran en aquel continente lo que las fundaciones alemanas hicieron en la España de los 70.

Pensamos que no es una mala recomendación. La política exterior española no tiene una gran capacidad de influencia material, tangible, acreditativa de una forma de “hard power” en Latinoamérica al margen de la cooperación al desarro-llo, que es una herramienta muy cuestionable en su configuración actual, cuenta básicamente con el gran potencial que el idioma español y una cultura de raíces

22 Ministro Moratinos, Ibid.

23 ABc, 15 de febrero de 2010, “Los Fondos de cooperación no sirven para mejorar a los países destinatarios”.

24 ver Nota 1: “Diagnóstico diferencial, Política Exterior, pag. 35, Julio-Agosto 2009.


comunes representa, pero su presencia en aquel continente tiene mas bien que actuar a través de un “soft power”, que llegue a convertirse en “smart power”, al ejemplo de lo comentado respecto de EE.UU. en Afganistán. Ello requiere “auctoritas” para poder convertirse en referente en el área, y la “auctoritas” no se consigue tratando de contentar a todo el mundo25.

II.-4EspañayMarruecos,elMagrebyÁfrica

Marruecos es, para un observador profano, probablemente el caso más com-plejo con el que España se enfrenta en materia de política exterior.

En efecto, la relación exterior se transmuta en relación de vecindad –que es la más difícil-, existen contenciosos estructurales que no se podrán resolver exclusi-vamente con buena voluntad, como es el caso de nuestras ciudades y enclaves al otro lado del mediterráneo, mantenemos posiciones divergentes en el contencio-so del antiguo Sáhara español, nuestros intereses económicos en aquel país son sustanciales y, por otro lado, marruecos es directo competidor nuestro en muchas producciones, ya no solamente agrícolas. Por último, la expansión del fundamen-talismo en España, la inmigración ilegal y la droga tienen en buena medida, su origen al otro lado del Estrecho.

Por si todo ello no fuera suficiente, estamos en esta materia “emparedados” entre Francia, antigua potencia colonial y valedora contra viento y marea del Reino Alauita26, EE.UU. que lo ha convertido en aliado estratégico a la vista de la defección española de Irak, y el propio marruecos, extraordinariamente hábil en presionar a España y en aprovecharse de cualquier debilidad que pueda llegar a detectar en nuestra actitud o en nuestra política.

Históricamente, desde que se implantó la democracia en España, nuestras re-laciones han sido mejores con marruecos en las épocas que han gobernado los socialistas, lo que paralelamente ha tensado las relaciones con Argelia, y con el único gobierno del partido popular, parece haber ocurrido lo contrario. Ello es un buen ejemplo de lo señalado más arriba sobre la aparente falta de un consenso

25 A la hora de revisar este artículo, los españoles asistimos estupefactos a las cuestiones de “dialéctica se-mántica” a que alude el ministro moratinos en relación con las reacciones provocadas en nuestro país por los exabruptos del Presidente Bolivariano de venezuela, una vez que se anunció la remisión de un auto judicial en el que se le pedirían explicaciones sobre las afirmaciones vertidas en el sumario de un proceso criminal por parte del magistrado que lo instruye, en relación con la colaboración entre miembros de EtA residentes en venezuela y las FARc colombianas. El resultado final –por el momento- de esta crisis ha consistido en “matar al mensajero”, señalar a los medios que dieron noticia del auto del juez velasco y retener el mismo sin tramitarlo, dudando con ello de nuestra propia administración de justicia.

26 Baste recordar al advertencia de chirac a Aznar cuando éste alcanzó el poder en los años 90. “te ayudaré en todo menos con marruecos”. El islote de Perejil en 2002, fue un buen ejemplo de esta manera de pensar.


general y de Estado en política exterior, que si respecto de un país y de una zona concreta hace falta, es respecto de marruecos y del magreb.

Durante 2009, las relaciones de marruecos con la UE han avanzado sensi-blemente gracias al “Estatuto Avanzado” suscrito en octubre de 2008, y que le otorgaría a aquel país una posición preeminente en el seno de la propia UE.

Esta es una iniciativa que España ha apoyado, y aunque técnicamente no tenga un peso mucho mayor que el acuerdo de asociación de 1996, su firma será la primera que se produce con un país no europeo, y hará destinatario a Marruecos de fondos estructurales europeos por un importe superior a los 500 millones de euros.

De otra parte, este Estatuto institucionaliza de alguna manera las relaciones de la UE con marruecos, lo que representa para nosotros la obligación –y la opor-tunidad- de ampararnos en una política común europea con aquel reino, quedan-do, por demás, al margen de ella todos los frentes exclusivamente bilaterales de nuestras relaciones con marruecos: la inmigración ilegal en nuestro país, la lucha contra el terrorismo islámico en la península, las reivindicaciones territoriales y la cuestión del Sahara.

La complejidad del cuadro político marroquí durante 2009 no ha facilitado la tarea. En efecto, a la pujante emergencia del PAm, el partido de los amigos del rey, hecho a imagen de aquellos partidos administrativos manejados por Hassan II, ha de añadirse la consolación del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), el partido islamista legal, a cuyo frente y tras un proceso interno limpiamen-te democrático ha sido colocado Abdelilah Benkirane, radical pero, al parecer, dialogante, y por último, allí sigue la oposición tradicional, la USFP, el partido socialista, alejado del poder y dividido desde 2007.

El cuadro se completa con el descontento social de capas amplias de la po-blación, con la carencia no corregida de infraestructuras materiales pese a los innegables esfuerzos desarrollados en el medio rural y urbano, con la dificultad de los sindicatos legales de hacer oír su voz en la calle, y con la represión del fundamentalismo, venido de Argelia y encarnado en lo que se ha denominado el “Al-Qaeda del magreb Islámico”.

Por último, la lucha contra la droga no da los resultados apetecidos, y marrue-cos aparece, a ojos de sus propios aliados de EE.UU., como un país permisivo con el tráfico de estupefacientes27. La presión de la inmigración ilegal provenien-te de marruecos se ha aliviado en el año 2009, sin perjuicio de que haya diferen-

27 cIA World Fact book 2010. Informe sobre marruecos: “Uno de los mayores productores mundiales de has-hish ilegal, embarques de hashish preferentemente a Europa Occidental y punto de tránsito para la cocaína llegada de América del Sur, destinada a Europa Occidental; significativo consumidor de cannabis”.


cias en el alivio entre la inmigración ilegal que cruza el Estrecho y la que llega a canarias, que se ha seguido produciendo con más regularidad.

Los contenciosos territoriales no han avanzado durante el año pasado, y es que es casi imposible que lo hagan. tampoco han avanzado las discusiones en-caminadas a una delimitación marítima general entre los dos países, que pueda permitir una explotación coordinada del mar y gestionar los movimientos de per-sonas, desde que marruecos rechazó la decisión unilateral española de trazar una línea mediana desde las Islas Canarias28.

Desde el punto de vista económico, las relaciones hispano-marroquíes son fuertes y lo han continuado siendo en 2009. España, con un 19% del total de las exportaciones, es el primer importador de bienes y servicios marroquíes (por de-lante de Francia, con un 17,4%), y el segundo país en cuanto a importaciones del Reino Alauita (13,6% de las importaciones, frente al 16,2% de Francia).

marruecos exporta textiles, componentes eléctricos, productos químicos, ferti-lizantes, incluyendo fosfatos, de los que es el mayor exportador mundial, frutos y hortalizas y pescado. Importa petróleo, material para la fabricación de textiles, equipos de telecomunicaciones, trigo, gas, plásticos y transistores. también es de destacar que la ONE, titular del sistema eléctrico marroquí constituye un excelente y leal socio de nuestro sistema eléctrico, interconectado a través del cable submarino tendido a través del Estrecho, además de por sus excelentes relaciones con Endesa29.

El refuerzo de nuestras relaciones comerciales, ya excelentes, debería servir para tener una mejor “palanca” con marruecos. Al fin y al cabo somos un socio econó-mico más importante que Francia en términos absolutos, hay probablemente una mayor capacidad de fondo para entenderse y los dos países hasta cierto punto com-partimos una historia –o por mejor, una “contra-historia”- de dominación recíproca y de hostilidad latente o manifiesta, que debería llevarnos a conocernos mejor, y a saber de verdad hasta donde podemos llegar y qué podemos esperar del otro.

En este sentido, y por último, el episodio de la activista Aminath Haidar, a final de 2009, acredita bien a las claras lo que no deberían ser nuestras relaciones con Marruecos.

En efecto, las autoridades marroquíes embarcan de forma mal explicada con destino a Lanzarote a una activista que desean sacar de El Aiun, España la acepta de buena fe, las propias autoridades alauitas niegan su vuelta al Sahara, la Sra. Haidar se hace fuerte en una huelga de hambre, las autoridades españolas no son capaces de convencerla de que la abandone, ni de nada más, y finalmente, con

28 cIA World Fact book 2010. Ibid.

29 cIA World Fact book 2010. Ibid.


la mediación “inevitable” de Francia, la Sra. Haidar regresa al Sahara, previa la firma de una declaración que “suaviter in forma fortiter in re”, reconoce el mejor derecho de marruecos sobre el propio Sahara30.

En cuanto al mediterráneo, el impulso francés fue clave en la reactivación del diálogo euro- mediterráneo, con la celebración el 13 de julio de 2008 de la cumbre inaugural de la Unión por el mediterráneo (UPm) que reúne a los países de la UE y a los estado de la ribera sur del mediterráneo, idea que luego se aplicaría “mutatis mutandis” al propio Este europeo con la cumbre de 7 de mayo de 2009, celebrada en Praga, para presentar la Asociación Oriental, entre la UE y seis vecinos orienta-les, a saber Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, moldavia y Ucrania.

El diálogo euro-mediterráneo avanza y sin duda es una buena noticia la de que Barcelona sea la sede de la Secretaría de la UPm. Sería también bueno que ello no fuera aprovechado por las fuerzas políticas nacionalistas, soberanistas o independentistas, para convertirlo en un éxito de política exterior de Catalu-ña y no de España. Por lo demás, los avances han sido escasos, con la notable excepción del cambio de criterio de turquía y su incorporación a la UPm en noviembre de 2009.

África es una realidad compleja y variadísima. Por más que pretendamos ha-cer de África una prioridad, nuestras responsabilidades básicamente se concretan al “África blanca”, a la cornisa atlántico-mediterránea que forman los países in-mediatos al sur de Europa, con los que los intercambios de todo orden -políticos, militares, comerciales, migratorios, etc.-, están presentes desde el Neolítico. El Sahara, y la franja del Sahel, dividen aquel continente en materia de geografía física, humana, problemas, capacidades, futuro y expectativas.

Nuestra presencia en el África subsahariana se ha concretado básicamente en las políticas de cooperación, en las que muchas veces la ayuda no perfora la cora-za de la corrupción, y donde el papel de las ONG religiosas y civiles españolas es predominante e irreemplazable. Según el ministro moratinos la ayuda al África subsahariana se ha incrementado en un 40%, alcanzando la nada despreciable ci-fra de 1.190 millones de euros31. El propio ministro califica como retornos de esta política el descenso sustancial de inmigrantes ilegales subsaharianos y la cele-bración en Abuya el 22 de junio de 2009 de la primera cumbre cEDAO-España.

Esta organización – la cEDAO-, comunidad Económica de Estado de Áfri-ca Occidental- parece tener un recorrido interesante en materia de respaldo a la

30 El 7 de marzo de 2010, en la conferencia conjunta de prensa tras la cumbre EU-marruecos, el Presidente español, y sobre todo el Sr. van Rumpuy enfatizaron que la UE respaldaría las acciones de la ONU, y que habría que apoyar la acción de su enviado, christopher Ross, que desde enero de 2009 se encuentra con posiciones irre-conciliables, como bien demostró el discurso del Rey mohamed vI, leído por su primer ministro, en dicha cumbre.

31 moratinos: Art. citado.


democracia y de protección de los derechos humanos32. Su tribunal condenó en 2008 a Gambia a liberar e indemnizar a un periodista encarcelado, y a Níger a indemnizar a una antigua esclava a la que el Estado no había protegido de su amo. Además, ya en 2009, denunció las maniobras del presidente nigeriano para mantenerse en el poder.

Habrá que esperar a ver los resultado de esta cooperación, así como los de la ya anunciada modificación de los instrumentos financieros mismos de la coope-ración española, para emitir un juicio más ajustado.

En todo caso, en el “estar presente” en esta zona, que postula nuestro mEAc, tenemos claras limitaciones de partida. No hemos sido –para bien y para mal- po-tencia colonizadora ni tuteladora de la descolonización; no somos una potencia mundial; el español no se habla en aquella parte del mundo con la excepción de Guinea; y, por último, hemos llegado tarde. Superar todos estos inconvenientes requiere constancia en los objetivo y recursos financieros disponibles. Si no, se-rán un intento fallido más.

África, el año pasado, nos ha creado problemas referidos a personas: más de un caso de rescate pagado con fondos públicos de pescadores españoles faenando –probablemente de forma indebida- en el índico, del que el caso “Alakrana” fue el más sintomático, pero no el único; y secuestro de cooperantes por fundamen-talistas musulmanes vinculados a la franquicia magrebí de Al-Qaeda.

En el primer supuesto, la impresión producida por nuestro Gobierno fue la de una reacción tardía y no bien explicada a un problema que se conocía y que no se había tratado –en fase preventiva- de forma adecuada. Lo único que parece que estaba claro era que nuestras fuerzas de protección en la zona debían estar, pero que no podían intervenir.

mucho se ha escrito sobre la crisis del “Alakrana” y no cabe aquí abundar so-bre la misma. Baste decir que deberíamos aprender de ella varias lecciones para no incurrir otra vez en el error.

La primera lección nos debe hacer meditar sobre el uso –y sobre la exhibi-ción- de la fuerza que se supone debe proteger la acción de nuestros pesqueros; la segunda, explorar si hay mecanismos, preventivos y/o represivos, diferentes del pago de los rescates; la tercera, colaborar internacional y eficazmente, al ais-lamiento de los piratas y de sus asesores internacionales; por último, nuestros pescadores deberían tener muy claro cuando pueden contar con la aplicación de las “rules of engagement” del Estado y cuando, no.

32 “África, una entidad en mutación”. Roland Pourtier. Artículo incluido en “El estado del mundo 2010”. Akal. págs. 258 y ss.


Estimamos que deberían contar con la implicación del Estado cuando icen en sus buques el pabellón español, como exige la ley española, y no el de una comu-nidad autónoma o el pabellón de conveniencia de un estado mas o menos fallido; cuando pesquen en las zonas a las que alcanza la seguridad puesta en vigor, y no en otras, aunque sean mas ricas en bancos de peces; y cuando lo hagan atenién-dose a la normativa internacional de capturas y de artes de pesca.

Hay ya más de 30 años de experiencia de pagos de rescates en Marruecos, mauritania, Francia, Irlanda, el Reino Unido, canadá y el índico, y probable-mente también, de encarecimiento doméstico consecuente del producto de las capturas pesqueras, cómo para que todos los operadores tengan claras las líneas rojas que no se deben traspasar.

En el caso del “Alakrana, nada de esto parece haber quedado claro.

En cuanto al secuestro de cooperantes y en concreto de los tres cooperantes catalanes retenidos en mali por Al Qaeda del magreb, el planteamiento es seme-jante. Este secuestro, a la hora de cerrar esta artículo, no se ha resuelto y no se conocen los términos –puramente económicos o también políticos- del pago que ha de hacerse. Esperemos el resultado, que todos deseamos positivo y feliz, y aprendamos las lecciones que del acto vandálico perpetrado se desprenden.

II.-5Otrosescenarios

Hay otros escenarios en los que ha estado presente en nuestra política exterior: aparte de Asia, continente en que nuestra presencia progresa poco a poco, seña-lamos turquía, Oriente medio y Afganistán.

La extensión de este artículo impide un análisis pormenorizado de estos esce-narios. Por ello haremos breves referencias, que no deben confundirse con una falta de importancia de los mismos. Probablemente, y desde un punto de vista estratégico, ellos representen los desafíos más importantes de nuestro país.

En cuanto a turquía, y pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno espa-ñol a lo largo del año pasado para presentar a tayyip Erdogan como el segundo pilar de la Alianza de las civilizaciones, subsisten, desde un punto de vista eu-ropeo, las dudas en cuanto a las posibilidades reales de adhesión de turquía a la propia UE.

En efecto, al final de 2008, de los 35 temas clave para conseguir la incorpora-ción, 10 capítulos estaban bloqueados, otros 8 no progresaban por razón de la ac-titud turca a propósito de chipre, y por último, otros 7 estaban también atascados.


Aunque el cambio de interlocutor en turquía para la integración, con el nom-bramiento de un ministro específico para ello, sin duda representa un avance, de la misma manera que también lo es el progreso habido en algunos temas meno-res, sin embargo el ritmo de las reformas exigidas a turquía se ha ralentizado, y el propio país se cuestiona si no tendría más sentido ejercer de potencia regional en una zona donde el problema kurdo, la guerra de Afganistán, el crecimiento como potencia nuclear de Irán y la supervivencia de Israel, país con el que tur-quía siempre se ha entendido razonablemente bien, son las mayores incógnitas a las que se enfrenta, limitándose por otra parte a mejorar en su caso el acuerdo de asociación firmado con la UE, y que data de los años 60.

Por tanto, pese a nuestras buenas intenciones, turquía subsiste como incógni-ta en cuanto su adhesión a la EU, y al plazo que, en su caso, habrá de trascurrir para que el objetivo se consiga.

Oriente medio es un auténtico avispero en el que se sustancian muchas de las posibilidades de alcanzar una paz mundial estable, y en el que el interés nacio-nal español puede quedar gravemente comprometido sin retornos apreciables. El mando de las fuerzas de interposición de la ONU en el Líbano, a cargo de España desde el mes de enero del presente año, puede convertirse en un auténtico pro-blema en coste de vidas humanas si la situación política de la zona se deteriora, algo cuya evitación, de otra parte, excede de nuestras capacidades y de nuestras atribuciones. Además, nuestro discurso político genera desconfianza clara en un actor principal como es Israel.

Realmente cabe preguntarse si nuestro papel en la zona no debería ser el de respaldar plenamente a la UE e influir en la mejora humanitaria de la zona, a través de proyectos comunes de la Unión, y no directamente asumiendo com-promisos muy costosos. Una de las cuestiones que se olvidan, o que al menos no aparecen claramente expresadas cuando se habla del conflicto árabe-israelí, es que en la franja de Gaza un 80% de sus habitantes vive por debajo del nivel de subsistencia.

Por último, Afganistán. Ya se ha analizado de alguna manera este escenario al referirnos a la relación de España con los EE.UU.

El año 2009 se caracterizó por el endurecimiento de la guerra con los taliba-nes, por su mayor audacia contra los aliados de la OtAN y por unas elecciones que volvieron a dar el triunfo, no sin fuertes voces críticas sobre la limpieza del proceso, a Hamid Karzai.

España pagó los rigores de la guerra en vidas de soldados y en ataques a sus columnas y a sus instalaciones, y ha decidido respaldar los planes de la OtAN, que han sido bastante ambiguos a lo largo del periodo, y asimismo, ha decidi-


do también respaldar los planes de EE.UU., que han aportado o aportarán hasta 35.000 soldados, habiéndonos nosotros comprometido a llegar hasta 1.500. El presente año será decisivo para comprobar que podemos esperar de todo ello.

Luces y sombras de la Defensa NacionalPedro Bernalteniente General del Ejercito del Aire

Introducción

En el documento “España. El final de una época“, publicado el año 2009, se anticipaba la intención de elaborar periódicamente una serie de informes rela-cionados con la Defensa Nacional. Como objeto se señalaba el recoger y dar a conocer reflexiones y comentarios sobre acontecimientos influyentes ocurridos durante el tiempo objeto de estudio o sobre temas considerados importantes o de actualidad.

también se pretendía establecer una cierta continuidad entre los sucesivos in-formes, a modo de seguimiento de la evolución de los acontecimientos y cambios habidos en el ámbito que nos ocupa.

En este sentido, se seguirá esa línea sin tratar de repetir exhaustivamente to-dos los temas abordados anteriormente por más que, como algunos que se citan a continuación, mantengan plenamente su actualidad y sigan mereciendo un per-manente interés.

Ese es el caso del concepto de Defensa Nacional en su doble vertiente: como compromiso supranacional dentro del concepto de Defensa Colectiva y Segu-ridad Compartida y, no menos importante, el disponer de una Fuerza capaz de disuadir agresiones aisladas a cualquier parte de nuestro territorio.

también, la importancia de impulsar el desarrollo de la ConcienciaNacio-nal de Defensa, hoy adormecida, quizás porque no se ha sabido comunicar a la Sociedad, sin crear alarmismos, los riesgos reales que tenemos que afrontar, quizás porque se ha ponderado en exceso la seguridad que nos proporciona la defensa compartida. Ese desarrollo va ligado a la necesidad de extender una Cultura de Defensa a diversos niveles educativos, desde el escolar al univer-sitario para que, sin pretender en absoluto militarizar al ciudadano, se le haga sentir que el derecho y deber de defender a España no es un artículo obsoleto de nuestra Constitución.


O el significado para España de la dimensión de Seguridad y Defensa en el TratadodeLisboa que, aunque no signifique un gran paso adelante en cuanto a fortalecimiento y coordinación de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, sí incluye mejoras institucionales y algunos avances en las políticas comunes.

Hay que resaltar lo dispuesto en el tratado en cuanto a mantener la paz, pre-venir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional.

Igualmente, la consideración de lapolíticacomúndeseguridadydefensa como parte integrante de la política exterior y de seguridad común, y la compe-tencia de la Unión dentro de este ámbito para llevar a cabo la definición progre-siva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común.

Y también, el impulso al papel de la Agencia Europea de Defensa, a la coope-ración estructurada permanente dentro de la Unión Europea y a la contribución al esfuerzo de los estados miembros para alcanzar determinadas capacidades mi-litares.

tampoco hay que olvidar que la progresiva integración en organizaciones su-pra y multinacionales, con lo que ello conlleva de cesión de soberanía, plantea la necesidad de reforzar nuestra identidad nacional, máxime cuando se intensifican en nuestro territorio los movimientos nacionalistas.

Un ejemplo digno de reflexión es el de la iniciativa del presidente francés para recuperar en el ciudadano el “orgullo de ser francés”. En ella se incluyen mues-tras de respeto a la Bandera y al Himno Nacional en escuelas y colegios.

Sobreoperacionesenelexterior

Las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior durante 2009 han se-guido teniendo un gran protagonismo en la sociedad española, con un seguimien-to constante por los medios de comunicación de todo tipo de detalles relaciona-dos con ellas y con decisiones que son objeto de crítica y polémica en los más diversos foros de debate, constantemente presentes en la lucha política.

cada final más o menos feliz es recibido con alivio a pesar de dejar tras de sí un rastro de sufrimiento, de recursos perdidos e, incluso, de vidas humanas.

todo eso sin contar con las dudas que quedan en el aire en cuanto a las conse-cuencias que pueda tener en el futuro la forma en que se ha resuelto. todo parece corresponder a situaciones ocasionales, de carácter local, que vienen a alterar la

LUcES Y SOmBRAS DE LA DEFENSA NAcIONAL 2009 107

deseada normalidad en la que creemos vivir con nuestra mentalidad de miembros de sociedades industrializadas avanzadas.

Sin embargo, la realidad se impone una y otra vez y nos muestra la necesidad de abordar esas actuaciones con una visión a largo plazo mucho más amplia. Hay que tratar de conocerla y comprenderla a fondo a fin de abordar el futuro con convencimiento y solvencia. Un futuro en el que el actual tipo de conflictos y esta clase de operaciones se configuran como una tónica habitual.

Urge tomar conciencia de lo que está en juego, de los riesgos y amenazas que afectan no sólo a nuestro territorio sino también a nuestros ciudadanos y a nues-tros intereses, y de los sacrificios que hay que hacer. La libertad y el bienestar que disfrutamos no son gratuitos. Es preciso aunar esfuerzos de todos los medios del Estado y de la sociedad civil y desarrollar instrumentos adecuados y eficaces.

Así lo ha entendido la Unión Europea, que en el nuevo tratado de Lisboa avanza en el desarrollo de instrumentos de Seguridad y Defensa acordes con la Estrategia de Seguridad de 2008, y también la OtAN, que está desarrollando un nuevo concepto estratégico.

Por eso, es buena noticia el que se haya encargado a Solana, experto conoce-dor del tema, la elaboración de la EstrategiaNacionaldeSeguridad que, man-teniendo la necesaria coherencia con las de OtAN y UE en el marco de nuestros compromisos con esas organizaciones, constituya la visión de España con sus propios objetivos y con las líneas de acción para alcanzarlos.

Una estrategia de Seguridad que integre los aspectos políticos, económicos y sociales, en la que incardinar la estrategia de defensa y la militar, que permita definir objetivos de capacidad de Seguridad y Defensa, tanto de naturaleza mili-tar como civil, adaptar y reforzar la capacidad de gestión de crisis y desarrollar doctrinas de empleo de los medios civiles y militares que respondan a la nueva situación.

En la Revisión Estratégica del año 2003 ya se hizo un gran esfuerzo en este sentido. Para ello se contó con el asesoramiento de numerosas instituciones, or-ganismos y personas de diferentes tendencias, y se alcanzó un acuerdo con casi todos los partidos políticos para su publicación. Sin embargo, su desarrollo no ha contado con el suficiente impulso. Esta puede ser una excelente ocasión para llevarlo a cabo.

En el nuevo escenario de seguridad y defensa, al analizar las operaciones en que participa España, como es el caso de Afganistán, se hace cada vez más patente la dificultad de identificar o de definir conceptos que hace dos décadas parecían claros.


Por ejemplo, ¿cuándo se gana o se pierde? La obtención del éxito en la resolu-ción de un conflicto o de una crisis, aunque siga manteniendo las características de un enfrentamiento de voluntades, no se corresponde necesariamente, o no solamente, con una victoria en una guerra convencional, con rendición de nadie, con la destrucción o neutralización de fuerzas o con la ocupación de territorio.

No se trata simplemente de aumentar el despliegue de fuerzas o de emplearlas con mayor o menor contundencia, sino de utilizar todos aquellos medios que sirvan para alcanzar niveles aceptables de seguridad y estabilidad en esa región.

Eso lleva a contar de forma fundamental con la población local, que no debe ser víctima del conflicto ni fuente de apoyo a la desestabilización, cuyas expec-tativas de futuro deben ser confirmadas mediante una adecuada labor psicológica y de comunicación. también habrá que ayudarla con toda clase de medios a ase-gurar su desarrollo y a dotarse de sistemas de gobierno y administración acordes con su mentalidad y cultura.

El proceso de negociaciones con cada una de las partes del conflicto debe tener un objetivo de integración, cualquiera que haya sido el papel de cada una de ellas, y debe asegurar unas relaciones de colaboración con las naciones de su entorno.

Existen asimetrías y diferencias que complican este tipo de conflictos. Ante fuerzas potentes, organizadas de forma tradicional, y desplegadas localmente, aparecen adversarios de difícil identificación, con organización en red, cuyos posibles centros de gravedad se difuminan en pequeños nódulos repartidos en una amplia geografía internacional que abarca nuestro propio territorio y que se apoyan circunstancialmente en otros grupos locales.

A lo sumo, se pueden localizar posibles áreas o regiones susceptibles de con-vertirse en uno de esos focos de inestabilidad, como es el arco de estados débiles o fallidos que va de Afganistán al Sahel, pasando por Oriente medio.

Frente a la premura por encontrar soluciones inmediatas aparecen estrategias a largo plazo y una gestión extraordinariamente pausada del tiempo. Los siste-mas de inteligencia, pensados para un escenario de la guerra fría, resultan insu-ficientes para apoyar sobre el terreno a los niveles inferiores, mientras que en el otro lado, su inmersión en nuestras sociedades les permite apoyarse en nuestros propios medios.

Por una parte, la información se divulga en tiempo real, de forma amplia y detallada, por la otra, la información es escasa y su gestión se realiza en el marco de la guerra psicológica.


El elevado número de naciones que componen cada coalición, con puntos de vista propios y con diferentes misiones, dificulta establecer una estrategia coor-dinada a todos los niveles y una dirección centralizada, a lo que hay que añadir que en nuestra participación, la unidad de acción del Estado y el apoyo de la sociedad se ven entorpecidas por las implicaciones de la lucha política y la falta de consenso.

La descentralización de la ejecución en los niveles más bajos es reducida y se complica a la hora de contar con protocolos de actuación y reglas de enfrenta-miento precisas, que tienen que adaptarse a una legislación internacional comple-ja. Frente a ello, la dirección del adversario es fuertemente centralizada y las ac-ciones se descentralizan al máximo, con independencia de restricciones legales.

En el caso de Afganistán, coexisten dos operaciones simultáneas en las que se incluyen acciones de reconstrucción, de autodefensa y de combate, en un es-cenario que para algunos es de guerra y para otros es un conflicto en el que se desarrollan acciones armadas y donde existe un alto nivel de riesgo. En cualquier caso, es preciso definir claramente el fin que se pretende alcanzar y cuáles son las condiciones que confirman que se ha alcanzado.

Retirarse y desistir de alcanzar los objetivos previstos constituye una derrota y el poner fecha límite a nuestra presencia en el territorio es contribuir a ella, sobre todo si se piensa en su influencia sobre la población afgana, que dudaría de qué lado ponerse.

Una derrota en Afganistán tendría efectos inimaginables. El auge del islamis-mo radical en el mundo, y muy especialmente en todo el norte de África y en el Sahel, desataría una ola incontrolable contra nuestros intereses de toda índole.

Hay que actuar y combatir sin admitir la posibilidad de derrota, pero no se trata sólo de emplear más soldados y más armas, sino que hay que descender al terreno del adversario para conocer sus medios y métodos de combate y, sobre todo, hay que emplear con la población afgana argumentos que le sean compren-sibles y apoyarla con toda clase de medios a construir un Estado acorde con sus expectativas y que no sea foco de inestabilidad.

En ese sentido, el aumento del contingente militar destinado a Afganistán y las razones que han llevado a esa decisión deberían ser dadas a conocer a la sociedad española, sobre todo, en previsión de eventuales situaciones de difícil asimilación. El ciudadano ha de estar convencido de que responde a un plan-teamiento estratégico y a un espíritu de franca solidaridad con nuestros socios europeos y transatlánticos y no a otro tipo de consideraciones como pueda ser el alineamiento con el presidente norteamericano.


Otro caso que ha acaparado la atención durante varios meses ha sido el se-cuestro del Alakrana. Aunque se trata de una situación diferente a la anterior, son también aplicables a ella algunas de las ideas ya expresadas.

Una observación importante es la excesiva información que se ha generado en el seguimiento de los acontecimientos, valorándolos o criticándolos puntualmen-te y olvidando el marco general en que se han desarrollado, esto es, la Operación Atalanta y los buenos resultados obtenidos con ella.

Ese fluir continuo de información ha limitado la libertad de acción del Go-bierno español y ha permitido a los secuestradores llevar a cabo una campaña de presión sociológica sobre la sociedad española y sobre los familiares que les ha proporcionado inestimables bazas para negociar.

Por otra parte, el marco normativo en que se ha desarrollado es sumamente complejo, dadas las características del Derecho marítimo internacional. Así, aunque parece no plantear dudas de carácter legal la detención de dos de los secuestradores y la competencia de los tribunales españoles para juzgarlos, re-sulta sumamente complicado establecer con precisión para la Armada protoco-los de actuación y reglas de enfrentamiento que permitan aplicar su reconocida capacidad y emplear la fuerza con efectividad en la resolución del conflicto o para ejercer una disuasión creíble de cara al futuro.

En todo caso, se entiende difícilmente que no se tenga prevista la forma de reacción ante situaciones previsibles en términos de probabilidad y riesgo y que admiten escasas alternativas y variantes.

Desde un punto de vista general, llama la atención el hecho de que en este asunto de la piratería somalí, la Unión Europea se limite a esperar las agresiones sin ejercer más que un papel débilmente disuasivo.

todo hace pensar que el enfoque empleado hasta ahora es incompleto y que no se trata de controlar una superficie marítima enorme o de bloquear un largo litoral con una gran cantidad de medios que no se sabe de dónde se podrían ob-tener, sino de estabilizar una zona geográfica en tierra firme que, hoy, sirve de base a una organización dedicada a la piratería y que puede convertirse en base del terrorismo internacional.

El 19 de marzo de 2009, habiéndose ya declarado la independencia de KOS-OVO, no aceptada por España, la ministra de Defensa, durante su visita al con-tingente español, anunció la finalización de nuestra participación.

En el mes de septiembre se retiró el personal español del cuartel General de la KFOR y se entregó la “BASE ESPAñA” a las autoridades de la municipalidad


de Istok. A principios de octubre se completó el repliegue con el desembarco en valencia de los últimos materiales del contingente.

El balance de la misión podría resumirse en las 60.186 Patrullas realizadas, los 4.604.106 km. recorridos, las 245 arriesgadas operaciones de desminado y las 1.010 toneladas de ayuda humanitaria distribuida. El personal desplegado en los sucesivos relevos alcanzó la cifra de 23.000 efectivos. todo ello resultaría incompleto si no se mencionase la brillante actuación de nuestras fuerzas y la excelente imagen profesional y humana dejada por nuestros militares.

Parece muy razonable la postura de nuestro Gobierno de no reconocer la independencia de este territorio autónomo de Serbia, por las connotaciones que puede tener en relación con las aspiraciones separatistas de algunos movimien-tos nacionalistas españoles. Sin embargo, cuesta entender la oportunidad del anuncio público del repliegue de nuestro contingente, hecho por la ministra de Defensa en su visita del 19 de marzo, sin haberlo comunicado previamente a la OtAN y a las naciones con las que compartíamos misión.

La intensa actividad diplomática y de los altos mandos militares desarrollada a continuación (incluidas visitas personales de la ministra a Bruselas y Washing-ton) para justificar la decisión, palió en parte el mal efecto que produjo en un primer momento.

Este asunto, unido a nuestra también retirada unilateral de Iraq, pudo haber rebajado el crédito de fiabilidad de España como fiel aliado, pero debemos pen-sar que ya ha sido superado con creces por nuestra reiterada participación en El Líbano y, sobre todo, en Afganistán. En cualquier caso, debemos tomar nota de la necesidad del cumplimento exacto de las responsabilidades adquiridas con alianzas y organizaciones multinacionales.

En 2009 se llevó a cabo el cierre de la Base Europa en mostar y la reduc-ción del contingente español a 302 efectivos, y el 16 diciembre 2009 se efectuó el último relevo en Bosnia-Herzegovina. Con él se concluirá nuestra presen-cia desde 1992 en lo que ha sido escenario permanente de los contingentes españoles en misiones en el exterior. Allí hemos participado sin solución de continuidad en todas las misiones de paz de NNUU, UE y OtAN, ejerciendo incluso durante un tiempo el mando de todas las fuerzas terrestres un General de División español.

Detrás queda la huella de la capacidad, del espíritu de servicio y de la soli-daridad de nuestros militares. Eso unido a los resultados alcanzados y al hecho de no haber visto descalificado su buen comportamiento por incidentes dignos de mención, han ayudado a consolidar el prestigio de nuestras fuerzas en estas misiones.


Aunque sea un acontecimiento que desborda el marco temporal de este infor-me, es interesante reseñar que un General español ha sido puesto al frente de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), lo que constituye una excelente ocasión para reforzar la imagen de nuestro país como agente activo en cuanto a la seguridad y estabilidad en el Mediterráneo y, también, para consolidar el prestigio ya adquirido por nuestras Fuerzas Armadas en el exterior.

Dejando aparte las complejas gestiones realizadas con otras naciones para conseguirlo, hay que constatar que la empresa está llena de dificultades, em-pezando por el complicado escenario que representa la debilidad de las institu-ciones libanesas en un territorio fragmentado tras largos años de conflicto y la limitada autoridad con la que de hecho cuenta la FINUL para llevar a la práctica el cumplimiento de la resolución 1.701 de la ONU.

Más compleja todavía resulta la relación entre los diversos agentes en pugna por hacer valer sus intereses, entre los que se cuentan, además de grupos locales, países como Israel, Siria o Irán. Dada la tensión en la zona, no es descartable que tengan lugar enfrentamientos armados.

Es ésta una misión en la que España tendrá que hacer un esfuerzo conside-rable con toda clase de medios en apoyo del fortalecimiento de las instituciones libanesas y de sus fuerzas de Defensa y de Seguridad, de apoyo a la población y de relación con todas las partes implicadas.

Desde un punto de vista militar también habrá que tener en cuenta la necesi-dad de reforzar nuestra presencia con material y con medios humanos. Desde la plena confianza en la capacidad de los que han de llevar a cabo esta difícil misión sólo cabe desearles el mayor de los éxitos.

Sobrepersonal

Los recursos humanos constituyen un factor esencial y determinante para las Fuerzas Armadas. Hacer frente a las necesidades cuantitativas y cualitati-vas de este recurso fundamental es objeto de la política de personal, que debe perseguir el mayor nivel de calidad de su formación y perfeccionamiento en conocimientos y valores, y seleccionar a los más cualificados e idóneos para cubrir los puestos de más responsabilidad en la organización.

también es preciso un marco normativo en el que se regulen sus obliga-ciones y su comportamiento y se tengan en cuenta sus naturales necesidades, intereses y expectativas; hablamos de las Reales Ordenanzas y de los Derechos y Deberes.


La normativadepersonal ha sufrido frecuentes cambios en las últimas déca-das entre las que cabe destacar las Leyes 17/89, 17/99 y las normas derivadas de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, con los objetivos de desarrollar el modelo de profesionalización y de reformar la carrera militar.

todo ello se encuadra en el proceso general de modernización y de adapta-ción de nuestras Fuerzas Armadas a los importantes y rápidos cambios que se han producido en la situación internacional, con la finalidad siempre de cumplir en las mejores condiciones con la misión que les asigna la constitución.

Proceso, por otra parte, que por estar relacionado con la política de Estado y por su proyección en el futuro requeriría un consenso político que no siempre se da.

En lo que se refiere al personal militar, esa evolución ha ido acompañada de cambios orgánicos que han supuesto supresión de unidades y desplazamientos de familias, con los correspondientes sacrificios personales. también ha supues-to importantes alteraciones en sus expectativas de carrera y en sus trayectorias profesionales, que han tenido que ir adaptándose con una frecuencia que no se corresponde con el nivel de estabilidad a largo plazo necesario para programar carreras profesionales cuya duración oscila entre 35 y 45 años.

Actualmente, el desarrollo de la Leyde laCarreraMilitar está creando una serie de problemas, agravios, perjuicios y descontentos, como ya se anun-ciaba en el anterior informe, donde se señalaba el elevado nivel de rechazo que suscitaba.

Un índice representativo son los centenares de recursos presentados por el personal, tanto en activo como en la reserva, contra un largo articulado de la mis-ma. En particular, hay que destacar los relacionados con la integración de escalas y con el nuevo sistema de evaluación, sin olvidar lo relacionado con los ascensos a Oficial de los Suboficiales al final de su carrera.

Como consecuencia de ello, la reciente Ley General de Presupuestos aprobada por las cortes Generales en diciembre pasado, en su Disposición Adicional Sexa-gésima Segunda, ha tenido que modificar varios artículos de aquélla, como son:

El 57, para facilitar el acceso de los Suboficiales y personal de tropa y mari-nería a ciertas titulaciones, potenciando la promoción interna.

Disposición Transitoria Quinta, Militares de Complementode larga duración.Disposición Transitoria Sexta, Ascensos en la Reserva.Disposición Transitoria Séptima, Ascensos de Suboficiales a tenientes.


Para valorar debidamente la reacción provocada por los problemas originados por esta Ley, conviene recordar la disposición para el sacrificio ampliamente demostrada por el personal de las Fuerzas Armadas ante las ya citadas perturba-ciones ocasionadas por los sucesivos planes de modernización.

En relación a las RealesOrdenanzas, aprobadas en febrero de 2009, hay que indicar que no se han cumplido las expectativas puestas en ellas, que se expresaban en el informe anterior pues, aunque se mantienen algunos concep-tos difícilmente prescindibles para el buen funcionamiento de los ejércitos, se suprimen algunos otros de gran calado y nos presentan una imagen desvirtuada del militar en su faceta fundamental, que es la de combatiente.

Esta deformación, indudablemente atribuible a un deseo no consensuado de ofrecer una visión de carácter amable, es contradictoria con el realismo y firmeza que exige la Defensa.

En otro orden de cosas, el contenido de los artículos 21 (sobre tradición mi-litar en los Ejércitos) y 23 (sobre historial y tradiciones) plantea algunas dudas respecto a la interpretación que se está dando a la Ley de la memoria Histórica al aplicarla a determinados casos.

vale la pena que comencemos a evaluar con espíritu abierto y apartidista todo lo que de valioso tenemos en nuestra Historia y a apreciar valores humanos ejem-plares, independientemente de la adscripción ideológica de las personas. Ejem-plos de ello podemos encontrarlos en otros países que los han incorporado a su patrimonio histórico y social.

Ese mismo espíritu tendría que haberse aplicado a la hora de suprimir determi-nados símbolos históricos, evitando una nueva división de opiniones, reaparición de viejos rencores etc., que están en contraposición con la nueva y ejemplar men-talidad que intentó impulsar en su momento nuestra compleja transición política.

Con ocasión de la celebración de la Pascual Milita, a principios de 2010, tuvo lugar el anuncio por la Ministra de Defensa de la elaboración del borrador de Anteproyecto de la Ley Orgánica de DerechosyDeberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Es este un tema de gran importancia previsto en la ley de la carrera militar, ya que hay que compaginar los derechos y libertades de ciudadanos en unifor-me con la necesaria disciplina dentro de las Fuerzas Armadas y con su eficacia. En ese marco, merece una especial atención la cuestión del asociacionismo, a fin de evitar los efectos nocivos que tendría la politización de una de las pocas instituciones en España que permanecen ajenas a ese proceso.


Como ya se señalaba en el informe del año anterior, la asistencia religiosa a los ejércitos constituye un derecho del soldado como ciudadano y una importante contribución a su fortaleza moral. Su continuidad no debería ser puesta en pe-ligro, pudiendo servir de referencia la atención que se le presta en los países de nuestro entorno cultural.

En cuanto a la intención del Gobierno, reiterada en 2009, de revisar la pre-sencia religiosa en actos militares y militar en actos religiosos, debería tenerse en cuenta el profundo significado de los funerales de Estado, como muestra del respeto debido en un momento trascendente a quienes ofrendaron su vida por la Patria. también, el importante factor de cohesión que supone la celebración de las patronas de los ejércitos y de las armas o el acercamiento a la ciudadanía que significa la participación de representantes militares en determinados actos religiosos de arraigada tradición.

Dentro de los importantes cambios en el Sistema deEnseñanzaMilitar, previstos en la Ley de la carrera militar y que afectan tanto a los oficiales como a los suboficiales y tropa, el desarrollo de lo relativo a la enseñanza y formación de oficiales es el tema más avanzado y se espera que el nuevo modelo eche a andar en el próximo curso 2010-2011, en coincidencia con la implantación del convenio de Bolonia en Educación Superior.

Estamos ante la primera fase de adaptación de la Enseñanza Superior militar, que comprende formación, perfeccionamiento y altos estudios, al Plan Bolonia, en el que se contemplan grado y post-grado (En él se incluyen los títulos de más-ter y doctorado).

Esta etapa de formación es de gran trascendencia puesto que se trata de formar oficiales para actuar en conflictos enmarcados en el nuevo entorno de seguridad y defensa, que difieren notablemente de los tradicionales.

también resulta difícil y compleja pues se trata de simultanear la ya exigente formación exclusivamente militar con la correspondiente a la obtención de un título de grado universitario del sistema educativo general, lo que plantea el inte-rrogante de si esta simultaneidad no irá en perjuicio del nivel de excelencia que se persigue en ambas áreas.

Otro interrogante es si, después de varios años de actividad en destinos mili-tares, se podrán mantener unas condiciones profesionales suficientes para ejercer adecuadamente como titulado en la vida civil.

Por otra parte, ofrece la ventaja de establecer unas relaciones más frecuentes y fluidas con la Universidad y de favorecer el conocimiento mutuo entre ambas instituciones.


Sobrecapacidades,equipamientoymaterial.

La participación de España en los grandes programas europeos de Defensa, junto a empresas y gobiernos de otros países, ha permitido acceder a desarro-llos tecnológicos e industriales más allá de nuestras posibilidades en solitario, al tiempo que ha abierto una forma de hacer frente al difícil y costoso proceso de adquisición de capacidades de defensa consideradas necesarias, mediante sistemas que resultan altamente competitivos desde el punto de vista militar.

A este respecto, es importante el papel de la AgenciaEuropeadeDefensa, dependiente del consejo de la Unión Europea y creada en 2004 con la misión de desarrollar las capacidades de defensa en el contexto de la gestión de crisis, así como promover y reforzar la cooperación europea en materia de armamento. Su objetivo también comprende fortalecer las bases industriales y tecnológicas europeas y favorecer la investigación en este ámbito además de crear un mercado europeo competitivo de los equipos de defensa.

Frente a la adquisición de sistemas completos, en los que se tenía un acceso limitado a su tecnología, que podían estar sujetos a restricciones en cuanto a su empleo y cuyos costes se trataban de compensar de formas diversas, asistimos a los programas de cooperación internacional (con participación proporcional a las uni-dades que se adquieren), en los que se tiene acceso completo a nuevos desarrollos tecnológicos y se proporciona el correspondiente impulso a la industria nacional.

Pero lo multinacional también tiene sus inconvenientes y obliga a tener una postura clara a la hora de defender los intereses nacionales frente a los numerosos agentes que intervienen en el programa, lo que exige adoptar decisiones al más alto nivel y a concertar la acción del Ministerio de Defensa con otros Ministerios, fundamentalmente, con Industria y Asuntos Exteriores.

El 11 de diciembre de 2009 tuvo lugar en Sevilla, con dos años de retraso, el vuelo inaugural del A400M, primer avión de transporte militar de Airbus, de últi-ma generación, que simboliza el grado de desarrollo tecnológico europeo y cons-tituye uno de los mayores proyectos de cooperación internacional en este campo.

Dadas sus características, que le sitúan entre sus competidores de Lockheed martin, el veterano Hércules y el gran Galaxy, representa la capacidad para ha-cer frente a las necesidades de proyección en el nuevo escenario internacional y adquiere valor estratégico.

Para España tiene el valor añadido de que la planta de ensamblaje se encuen-tra en Sevilla, donde se ha construido una nueva planta completa y se ha desarro-llado un nuevo tejido industrial, con miles de puestos de trabajo.


Sin embargo, aparecen serias sombras en cuanto al futuro de este programa estatal nacido en 2003 mediante acuerdo de Alemania, Francia, España, Reino Unido, Italia, Bélgica, Luxemburgo y turquía, con un coste inicial a presupues-to fijo de 20.000 Euros. En ese sentido, Italia ya abandonó el programa y otros países como Reino Unido han reducido el pedido inicial y han comenzado la búsqueda de alternativas.

Diversas cuestiones han incidido en el desarrollo del programa, cuya dura-ción de seis años y medio es casi la mitad de la habitual en estos casos. Interfe-rencias políticas, problemas de empresa, revaluación del Euro, descenso de la cotización en Bolsa en los últimos años, reducción del total de 212 unidades a 180 o dificultades en la elección del motor de la empresa europea EUROPROP han ocasionado retrasos en el programa y un sobrecoste adicional estimado en 11.200 millones de euros a los que habrían de hacerle frente entre Airbus y los socios del programa si se quiere que el programa siga adelante y comiencen las entregas en 2012.

Esta situación está llevando a una serie de reuniones para discutir alter-nativas basadas en la forma de distribuir el sobrecoste o incluso de reducir el número de aviones. España (con 27 aviones) y Francia (con 50) son los países más proclives a encontrar una solución negociada, mientras que Alemania (con 60) es contraria a una solución “a cualquier precio”.

De no encontrarse una solución, las consecuencias serían desastrosas desde el punto de vista económico, industrial y laboral, y supondrían un serio obstá-culo para futuras colaboraciones en programas de primera fila y para el futuro del desarrollo tecnológico en Europa.

Para las naciones y sus Fuerzas Armadas significaría, además, retrasar con-siderablemente la obtención de una capacidad estratégica considerada urgente y comenzar en el punto cero la búsqueda de alternativas no ajustadas a las exi-gentes especificaciones establecidas en el programa, con tecnología ajena y con disponibilidades difíciles de predecir.

En otro orden de cosas, el 10 de marzo de 2.009, la Agencia Europea de Defensa organizó en Bruselas su conferencia Anual dedicada al “Helicópterocomoelementoclavedelamovilidad”. El entonces responsable de la Polí-tica Exterior común y de Seguridad y Defensa de la Unión, el español Javier Solana, se quejó públicamente de que disponiendo las 27 naciones de la Unión de 1.735 helicópteros militares (de 22 tipos diferentes), solamente se habían podido desplegar en sus misiones en el Exterior entre un 6 ó 7 por ciento. En concreto, en Afganistán había tan sólo 80.


Para estas misiones en el Exterior, nuestras Fuerzas Armadas poseen, en general, una flota de helicópteros un tanto anticuada y escasa. Siendo así que estas aeronaves cumplen un papel fundamental en ellas.

En el teatro de Operaciones de Afganistán, nuestros ejércitos de tierra y Aire tienen desplegados tan sólo 3 helicópteros cada uno, todos fabricados por Eurocopter. Pero mientras los helicópteros de tierra son cougar, para misiones de transporte, los del Aire son Super Puma (modelos más antiguos, algunos con una antigüedad de 26 años de servicio), para misiones de aero-evacuación médica o de combat SAR (rescate de personal en territorio enemigo).

Nuestras Fuerzas Armadas carecen, además, del número necesario de tripu-laciones disponibles para sus cometidos nacionales e internacionales.

Por otra parte, la ley de la carrera militar, al entrar en vigor, ha perjudicado muy gravemente a la Industria Aeroespacial, al anular lo previsto en la Ley de 1.999, del Régimen General para las Fuerzas Armadas, que exceptuaba al personal militar en Situación de Servicios Especiales en Programas de Interés para la Defensa, de quedar en suspenso su condición militar mientras perma-neciesen en esa situación. Esto significa que los pilotos militares que están en la citada situación en Airbús military y Eurocopter España, no pueden renovar su licencia militar de vuelo, con lo cual Programas como el del avión A-400m y los de helicópteros españoles tigre y NH-90 pueden verse seriamente ame-nazados.

Para adaptarse al nuevo escenario global, las Fuerzas Armadas han llevado a cabo un planeamiento riguroso durante los últimos años a fin de plasmar los diferentes programas en realidades tangibles.

Es el caso de la Armada, que ha llevado a cabo la botadura de varios bu-ques, como el LPD "Juan carlos I" primera unidad diseñada específicamente para atender las necesidades conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas en cuan-to a mejorar su capacidad de proyección, y los Buques de Acción marítima (BAm) para vigilancia y Seguridad, plataformas más flexibles y económicas que las Fragatas F-100, que por otra parte continúan su programa de construc-ción o el BAc "cantabria" que aumenta nuestra capacidad logística.

también hay que reseñar el proceso de adaptación a las necesidades actuales de la Infantería de Marina, cuyas capacidades son muy tenidas en cuenta en casos como el del Alakrana. Así por ejemplo, los equipos mIO para intervenir en las operaciones de Seguridad Marítima, proporcionados por la Fuerza de Protección, y los efectivos de Operaciones Especiales para operar en la mar y desde la mar, proporcionados por la Fuerza de Guerra Especial.


Aunque el presente informe tiene un carácter retrospectivo centrado en el año 2009, es inevitable mencionar el importantísimo documento “visión 2025, del Jefe de Estado mayor del EjércitodeTierra” en el que se trazan las líneas maestras que marcan la adaptación del Ejército de tierra al nuevo escenario.

Al referirse al armamento, material y equipo, se establece como objetivo garantizar la interoperabilidad, la protección de la fuerza, la potencia y la mo-vilidad necesaria a cada escenario del conflicto.

De gran interés es lo tratado en “otros aspectos”, donde se incluyen la ca-pacidad y velocidad de respuesta ante catástrofes, la información pública y el sistema de generación de fuerzas, mediante la incorporación de reservistas.

En él se establece que el Ejército de tierra estará en condiciones de dar una respuesta inmediata y flexible a las necesidades de la Administración mediante la activación de las capacidades de doble uso, identificadas permanentemente.

Llegados a este punto, es inevitable hacer algunas reflexiones sobre la Uni-dad militar de Emergencias (UME), que nació de forma diferente a lo habitual para una unidad militar, de tal modo que en el proceso de creación no intervi-nieron ninguno de los tres Ejércitos.

Posiblemente, el principal objetivo era el de asegurar la coordinación de los responsables de las diferentes Administraciones, locales, autonómicas y nacio-nales, implicadas en cada situación de emergencia. No cabe duda que contar con un organismo que pueda relacionarse directamente con todos los elementos de la compleja organización del Estado constituye un instrumento de un valor enorme para actuar en momentos críticos.

Sin embargo, al igual que su organización dio lugar a un intenso debate, su dotación con medios humanos y materiales detraídos de las Fuerzas Armadas constituyó un problema de gran calado y planteó numerosas interrogantes.

también alteraba la forma en que las Fuerzas Armadas venían implicándose habitualmente en todo tipo de catástrofes, en virtud de sus potentes capacidades de doble uso. con el inconveniente de que frecuentemente es imposible romper esa dualidad en elementos diferenciados.

A lo largo de 2009 la UmE ha consolidado su organización y ha acumulado nuevas experiencias. Su capacidad de reacción y su presencia junto al ciudada-no en problemas, en los lugares más diversos, han supuesto un acercamiento de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía y una mayor visibilidad de los valores que animan a nuestra Institución.


Alcanzada la madurez operativa, parece llegado el momento de aplicar las lecciones aprendidas para resolver las dudas que quedaron en el camino. Algu-nas ideas al respecto ya han sido dadas a conocer en distintos medios.

Una de las más interesantes está basada en experiencias obtenidas en otros países y en la propia OtAN. En esencia, consistiría en asegurar la capacidad de coordinación y de relación con otros organismos mediante un Cuartel General militar de Emergencias de alta disponibilidad, de tamaño reducido y dotado ex-clusivamente con medios muy específicos.

Llegado el momento, su dependencia directa del JEmAD facilitaría la asig-nación de los medios que sean necesarios de los tres ejércitos, los cuales serían responsables de su nivel de operatividad. Para eso sería preciso identificarlos previamente y establecer diferentes niveles de disponibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la unidad.

La Autoprotección está recibiendo actualmente una especial atención como consecuencia de la amenaza terrorista, sobre todo desde que se extendió el em-pleo de la variante suicida o el de minas terrestres. En la necesidad de hacer frente a esta amenaza y para mejorar la capacidad de lucha contra la insurgencia se puede enmarcar la próxima adquisición de vehículos blindados sobre ruedas 8x8 o los vehículos aéreos no tripulados (UAvs). también, los nuevos vehículos "Lince", los vehículos RG-31 o el perfeccionamiento de los inhibidores contra minas y artificios activados por radio.

Es este un factor importante, de gran sensibilidad para la ciudadanía española, que plantea serias dificultades a la hora de adquirir las capacidades necesarias para afrontar un futuro muy exigente para las Fuerzas Armadas, a juzgar por lo que dicen los trabajos prospectivos desarrollados tanto por el mando de trans-formación de la OtAN (“multiple Futures”, con el horizonte de 2030) como por el Instituto de Estudios de Seguridad de la UE (“What ambitions for European defence in 2020?).

La cuestión es que nos encontramos ante una situación de acción/reacción en la que defensor y atacante escalan sucesivamente mediante nuevas tácticas y medios. Hacerle frente supone el desafío de incorporar con prontitud nuevas capacidades que requieren tiempo de desarrollo tecnológico, de adquisición y de incorporación a los lugares donde son necesarios, a lo que hay que añadir los problemas económicos derivados de la actual crisis.

Pero, antes que nada, y en general, es preciso un gran esfuerzo en cuanto a inteligencia para responder a las exigencias del nuevo escenario y poder actuar con la necesaria anticipación.


En resumen, este periodo de tiempo ha sido intenso en muchos aspectos. Hemos asistido a la creciente complejidad de las variadas e importantes misiones en el ex-terior y se han puesto de manifiesto las dificultades para hacerles frente y, también, para conseguir las capacidades que permitan acercar a las Fuerzas Armadas al nivel que nuestra nación merece, máxime si consideramos la crisis económica que esta-mos viviendo y sus repercusiones en el futuro.

En estas condiciones es preciso prestar especial atención al factor humano, que se sigue mostrando como el mayor capital de España de cara al exterior. A todos los fallecidos en acto de servicio rendimos desde estas páginas un emocio-nado homenaje.

Por último, a pesar de las dificultades, se ha avanzado en el intento de poten-ciar nuestra Política de Seguridad y Defensa, que sigue requiriendo el alto nivel de consenso político que corresponde a la Política de Estado pero, sobre todo, necesita contar con el apoyo de la sociedad.

¿Es viable un gran Pacto sobre la Educación?Rafael PuyolI.E. Business School Antiguo Rector de la Universidad complutense de madrid

Unsistemamanifiestamentemejorable

Hay muchas razones por las que resultaría conveniente establecer un Pacto Educativo. Pero quizás hay dos, de carácter general y contundencia argumental, que propician su necesidad y urgencia. El primero es la estabilidad de la base reguladora del sistema y el segundo es la corrección de las deficiencias e insufi-ciencias que lo hacen altamente disfuncional.

La educación es un proceso continuo que comienza con los primeros años en las escuelas infantiles, continúa con la educación primaria, sigue con la edu-cación secundaria, obligatoria y postobligatoria, se completa en la Universidad o en la Formación Profesional Superior y se mantiene a lo largo de toda la vida (Formación continua). Su gestión, por lo tanto, es conveniente que sea mantenida en un solo órgano, en un único ministerio que regule, ordene y supervise todo el sistema. Los experimentos previos de división no han resultado exitosos y ha sido necesario rectificar. El régimen actual ya está suficientemente fragmentado por las competencias adquiridas por las comunidades Autónomas para compli-carlo más dividiendo los ámbitos educativos entre distintos Ministerios.

Además, la educación exige perdurabilidad de las normas. Las leyes regu-ladoras no pueden estar cambiándose cada poco. La educación no puede ser moneda de cambio político como así ha ocurrido en el pasado. Siete Leyes Orgánicas en los últimos 30 años parecen excesivas, aunque algunas de ellas han tenido una alta esperanza de vida. La Ley Orgánica de Universidades de 2001 es una consecuencia inevitable de la oxidación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU) y la LOGSE , aunque con retoques, está fun-cionando desde hace 20 años (1990), lo que, en opinión del PP, niega la tesis de la inestabilidad como causa de los males del sistema, definido por graves insuficiencias y unas elevadas tasas de fracaso escolar.

Quizás una interpretación extensa del concepto de fracaso escolar podría abar-car tanto los porcentajes reducidos de personas que cursan un determinado ciclo


formativo, como las significativas cifras relativas de aquellos que no terminan los estudios que ha iniciado.

En este sentido, es preciso destacar que España tiene valores altos en ambos indicadores, lo cual constituye una debilidad manifiesta del funcionamiento del sistema. El fracaso escolar, o mejor dicho, los diferentes tipos de fracaso escolar se dan en todos los niveles educativos, particularmente en los corres-pondientes a las enseñanzas postobligatorias.

No sería justo olvidar que comparado consigo mismo el país ha mejorado en los últimos años. Pero cuando la comparación la hacemos en relación a paí-ses de nuestro entorno socio-económico, las flaquezas se ponen claramente de manifiesto. Parafraseando la terminología educativa podemos decir que hemos progresado correctamente, pero necesitamos mejorar.

El análisis que realizo utiliza datos procedentes básicamente del último infor-me de la OcDE (2009) con información correspondiente al año 2006-2007. Las cifras más recientes seguramente matizarán al alza algunos de los valores, pero el diagnóstico de insuficiencias o deficiencias sería prácticamente el mismo.

veamos los grandes indicadores. Quizás el más dramático y uno de los que más se han manejado recientemente para definir la mala salud de la educación es el elevado porcentaje de estudiantes que no acaban la ESO. En el curso 1999-2000 era del 26,6% subiendo en el 2005-2006 al 30,8% una media que llega casi al 40% en la comunidad valenciana y baja, en el otro extremo, al 16,5% en Asturias. Pero veamos los indicadores de conjunto. Del total de la población española entre 25 y 64 años, un 29% posee un título superior, el 22% tiene estudios secundarios no obligatorios y el 49% sólo ha terminado la enseñanza obligatoria. El porcentaje de españoles con título superior está en línea con la media de la OcDE (27%); sin embargo, la cifra de los que han completado la Educación Secundaria Postobligatoria es exactamente la mitad de la media de la OcDE (44%).

En esta diferencia juega sin duda un “efecto de edad” en el sentido de que a medida que aumentan las edades, mayores son las diferencias con otros países de la OcDE. Nuestros progresos recientes ha sido importantes, pero eso no impide que entre la población adulta-joven (25-34 años) todavía se den des-igualdades notables con otros estados del entorno analizado. El porcentaje de españoles pertenecientes a esa franja de edad que completó por lo menos es-tudios secundarios superiores (bachillerato, ciclos formativos de grado medio y otros estudios secundarios) fue del 65%, es decir 14 puntos por debajo de la OcDE (79%). Esta diferencia traduce una situación algo mejor en el bachi-llerato (56,6% frete a 54,3%) y peor (43,4% frente a 47,7%) en la Formación Profesional de este nivel.

¿ES vIABLE UN GRAN PActO SOBRE LA EDUcAcIóN? 125

Si de las cifras de escolarización nos vamos a los porcentajes de alumnos que han obtenido un título en la segunda etapa de educación secundaria (postobliga-toria), la media española es del 74% frente al 82% de la OcDE. Estos índices representan los porcentajes de graduados sobre la población correspondiente a las edades habituales de la graduación.

Desglosando los datos por clases de enseñanza secundaria postobligatoria, en-contramos cifras más semejantes en el bachillerato (45% España y 48% OcDE) que en Formación Profesional (39% España y 45% OcDE). La comparación con los estados que tienen las cifras más altas da diferencias verdaderamente fuertes (Finlandia 87%, Italia 66%, Holanda 64%).

En cuanto a la población universitaria el porcentaje de los que han comple-tado estudios superiores es prácticamente igual a la media de la OcDE (29% y 28% respectivamente) mejor en la población de 25 a 34 y peor en la de 55-64 años, lo cual prueba el progreso de la estadística de graduados en las últimas décadas.

No obstante, en relación con la enseñanza universitaria hay que señalar dos circunstancias recientes. La primera es la disminución absoluta del número de matriculados, debido a la llegada a las aulas de las generaciones del “post baby-boom”. Y la segunda un retroceso de la tasa de matriculación que coinci-de (y en parte está relacionada) con un crecimiento de los ingresos en estudios de Formación Profesional. Entre 2001 y 2007 el índice de matriculación en la Universidad ha pasado de 47% al 41% y el de Formación Profesional Superior del 19% al 21%.

Esta evolución inversa no ha impedido un aumento de los dos índices de titu-lación, mayor en los años recientes en los estudios de Formación Profesional. A pesar de ello, nuestra posición relativa en la OcDE ha empeorado en la forma-ción universitaria aunque mejorado algo en la Formación Profesional.

Esta reducción del número de universitarios y de la tasa de escolarización en beneficio de otras enseñanzas, está acompañada por un notorio fracaso escolar de estos estudios. La tasa de abandono ronda el 30% y sólo poco más de otro 30% de los alumnos ingresados en primer curso logra acabar la titulación en el periodo establecidos tanto en el ciclo largo, como en el corto. Y ahora que Bolonia intro-duce una nueva estructura con menos años para el grado los resultados pueden incluso empeorar.

La carga media por años, medida en créditos, es de 75, pero los alumnos sólo se matriculan de 59,5. Además únicamente aprueban el 60% de los créditos cur-sados (curso 2006-2007).


El tiempo efectivo de graduación (2004-2005) es superior al previsto en los diferentes ciclos. En los largos la titulación de 5 años tarda en acabarse 6,3 y en los cortos las diplomaturas de 3 años se terminan en 4,5.

Además la gran mayoría de los estudiantes son nacionales lo cual pone de mani-fiesto la escasa internacionalización de nuestras Universidades. En los últimos cur-sos sólo el 2% de los matriculados fueron alumnos de nacionalidades extranjeras, porcentaje que se reduce al 1% en el caso de los graduados.

Si de las grandes cifras de conjunto en los diferentes sectores pasamos al ren-dimiento en algunas materias esenciales para el proceso de aprendizaje encontra-mos un panorama lleno igualmente de escaseces. En la escala de lectura (informe PISA 2000) el 26% de los alumnos tuvieron el nivel 1 o < 1 de competencia, el más bajo de todos; y lo mismo ocurrió en la escala de matemáticas con un 25% en este caso con el nivel 1 o < 1.

En el informe de 2006 se midió la competencia científica. El resultado global en ciencias fue de 488 puntos, por debajo del promedio OcDE que fue de 500. En este caso, en los niveles más bajos se localiza un 20% de los alumnos promedio algo mejor que los otros y similar al de la media de la OcDE (19%).

todos estos resultados deficientes o cuando menos insuficientes están rela-cionados, en parte, con la financiación del sistema que también se mantiene por debajo del promedio de la OcDE, tanto a nivel de conjunto, como en los distintos niveles educativos (C.N.1).1

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OcDE: Panorama de la Educación. 2009

El gasto total corresponde a la suma del gasto en instituciones educativas públicas y privadas.

Existe una tentación de relacionar los malos rendimientos escolares con un menor número de horas de clase recibidas por parte de los alumnos, pero lo cierto es que no se puede establecer esta correlación, sino todo lo contrario.

1 El objetivo del ministerio es alcanzar en 2015 la media europea del gasto educativo (el 5,4% del PIB).


En Educación Primaria y Secundaria y en casi todas las edades los estudiantes en España reciben más horas de clase que el Promedio de la OcDE. (De 7 a 8 años 793 frente a 769 y a los 15 años 979 frente a 921). Las causas del menor rendimiento hay que atribuirlas a otros factores relacionados con los métodos de aprendizaje o con la calidad del profesor, porque tampoco la ratio alumnos/docentes está peor que la media de la OcDE.

Pudiera pensarse que una remuneración más baja de los profesores podría influir negativamente en su rendimiento docente, pero tampoco nuestras me-dias son inferiores a las de la OcDE. Debe haber otras circunstancias proba-blemente relacionadas con la formación de los docentes, con deficiencias o la-gunas que acaban repercutiendo negativamente en sus capacidades formativas.

En este hecho puede estar jugando un papel negativo la edad que, al menos en Educación Primaria, tiene una media superior a la de la OcDE. (No en Secunda-ria). Para estos niveles deberían seguirse las buenas prácticas adoptadas en otros países. Los informes PISA que son, ante todo, un diagnóstico del sistema educativo y no una guía para la política, ofrecen ejemplos a imitar. El caso de Finlandia, que encabeza la excelencia, es uno de ellos. La filosofía del sistema educativo finlandés se basa en el principio de seleccionar a los mejores estudiantes por expediente, vo-cación y aptitudes para formarlos como buenos maestros. No acceden a las Facul-tades de Educación quienes quieren, sino quienes valen. Su formación pedagógica comprende 10 veces más horas que en España y soportan una carga lectiva 3 veces superior a la nuestra. Su mayor rendimiento está propiciado por esta formación esmerada y por un prestigio social poco frecuente en nuestro país.

Pero la culpa del fracaso y del bajo rendimiento del sistema hay que bus-carlo también en una minusvaloración de los valores del esfuerzo y la au-toridad y en una escasa implicación de las familias en la educación de sus hijos. La situación española en estos ámbitos es más que preocupante. El 81% del profesorado reclama más autoridad. Quince de cada cien profesores de Secundaria dicen haber sido agredidos físicamente alguna vez y el 73% ver-balmente. Un 13% manifiesta tener miedo al entrar en clase y muchos culpan a los padres (62%) del comportamiento indisciplinado de los hijos. Antes el profesor contaba con los padres y se educaba combinadamente. Ahora parece como si los profesores fueran el enemigo a batir.

LadisparidaddecriteriossobreelPactoEducativo

Quizás convenga anticipar mi personal punto de vista sobre el Pacto. Lo hago después de leer el documento “Propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación” elaborado por el ministerio y de otros textos del PP titulados “Pro-


puestas para un Pacto por la reforma y mejora de la Educación en España” y “Ob-servaciones al documento del ministerio de Educación Propuestas para un pacto social y Político de 27-01-2010” El primero recoge las aportaciones efectuadas por las comunidades Autónomas al documento de “Bases para un Pacto Social y Político por la Educación”presentado por el ministro. El segundo recoge las tesis del principal partido de la oposición que a su vez fue remitido al ministerio como documento único por todas las consejerías de Educación de las comunidades donde gobierna el Partido Popular .El tercero ,como su título indica es una rei-teración de las tesis del PP en forma de observaciones al documento ministerial.

Junto a estos documentos básicos he leído otros textos de diferente proceden-cia ideológica y recogido la declaraciones que sobre el Pacto han realizado re-presentantes cualificados de las dos formaciones mayoritarias y de algunos otros partidos que ha emitido sus particulares puntos de vista sobre su viabilidad y su contenido.

tras la consideración de todos estos materiales veo razonablemente sencillo que se pueda llegar a Acuerdos básicos en diferentes cuestiones y ámbitos del sistema educativo. Y sin embargo, veo bastante más difícil el establecimiento de un Pacto con mayúsculas por la divergencia de opiniones y actitudes respecto de algunas cuestiones.

Mi actitud es constatar esa realidad, pero al mismo tiempo no ensombrecerme por ella. El llegar a acuerdos importantes, puede ser conveniente para mejorar un sistema lleno de sombras. creo que hay que ser posibilista y pragmático, y pese a que llegar a esos compromisos no permita hablar de un verdadero Pacto Educativo, no por ello hay que rechazarlos aunque ciertos planteamientos no sean aceptados de entrada. El Pacto debe ser entendido como un fin; los acuerdos como fases del proceso de esa meta. No sé si alcanzarán Acuerdos (también con mayúsculas) so-bre cuestiones hoy por hoy controvertidas. Pero aún cuando eso no ocurriera, no podemos dejar al sistema en su caída libre hacia la mediocridad. creo que deberían adoptarse medidas imaginativas y consensuadas para revitalizarlo, lo que por sí sólo es ya importante.

Si se repasan lo que para simplificar vamos a llamar Documento del ministe-rio y Documentos del PP, hay una multiplicidad de coincidencias. Ambos docu-mentos son textos de proposiciones generales sin muchas propuestas concretas y cuantificadas aunque también las hay.

Ambos documentos parten de la conveniencia de un pacto educativo conside-rándolo como una cuestión de Estado. Ambas consideran el mal funcionamiento del sistema, prácticamente en todos sus niveles y hacen propuestas para mejo-rarlo .Es preciso reconocer que en este punto los documentos del PP son mucho más explícitos.


Aunque con matices y grados diferentes de insistencia, los dos textos men-cionan los mismos ámbitos de actuación y proponen medidas correctoras que en algunos casos son bastante coincidentes.

Estas son algunas de las proposiciones:

- Reducir el abandono y fracaso escolar en todos los niveles, mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes y elevar los porcentajes actuales de la enseñanza post obligatoria. Para ello se establecen diferentes valores a alcanzar y plazos para hacerlo.

- En ambos documentos se hace un especial hincapié en los profesores con-siderados pieza clave de cualquier reforma. Se propone reforzar su papel y definir para ello una auténtica carrera académica que implica incentivos salariales y profesionales. En este sentido los documentos del PP dan un paso más proponiendo para los docentes la condición de Autoridad Públi-ca.

- también se habla de establecer procesos de mejora en la selección del profesorado y en su adecuada preparación y de la absoluta necesidad de mejorar la convivencia en los centros educativos.

- Los documentos mencionan el objetivo de incorporar herramientas en la preparación de los alumnos: las nuevas tecnologías de la información y el aprendizaje de otros idiomas, particularmente el inglés.

- todos insisten en la redefinición y ampliación del sistema de becas y en el imperativo de un nuevo modelo de financiación sin el que cualquier refor-ma quedaría en papel mojado.

- Y se hace una alusión clara al fomento entre los alumnos de valores impres-cindibles como el estímulo, el esfuerzo personal o la responsabilidad.

- Para el ámbito universitario sólo hay propuestas en el documento del mi-nisterio que insiste ante todo en la internacionalización de las Universidades en el marco del espacio europeo de educación superior. Una necesidad tan imperiosa que, sin duda, figura también en la política del PP sobre este nivel.

Los documentos se separan en algunos diseños concretos. El ministe-rio propone que el 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria tenga carácter orientador con dos perfiles uno orientado al bachillerato y otro hacia los estudios profesionales .El PP menciona una duración del bachi-llerato de 3 años. El ministerio propone una evaluación del diagnóstico en 6º de Educación Primaria y 3º de Educación Secundaria Obligatoria.


El PP alude también a una evaluación, en este caso nacional y externa de alumnos y centros, al final de cada etapa.

Y hay una proposición en el documento ministerial que podría dar estabi-lidad al sistema y que consiste en que cualquier medida acordada en un hi-potético Pacto sobre la Educación precisará de una mayoría parlamentaria de 2/3 para ser modificada.

Realmente existen coincidencias en los dos documentos comparados en este análisis a vuela pluma, que no ha pretendido ser exhaustivo. Pero cuando las tesis son distintas las divergencias no son tan profundas como para impedir negociar acuerdos básicos.

¿Dónde están los escollos que hacen difícil el Pacto? Sin duda, en algunas de las propuestas que el PP considera irrenunciables , que el documento del ministerio soslaya y que serían de difícil aceptación por algunas co-munidades autónomas. Están básicamente contenidas en el epígrafe titula-do “reformas imprescindibles”del documento del PP. Las propuestas son esencialmente las siguientes:

- Derecho de Elección del tipo de educación y de centro docente por parte de las familias. Un derecho que se refiere, tanto a los centros públicos, como privados.

- Garantía de la enseñanza del castellano y en castellano en toda España. Que se regule por Ley “la garantía de la enseñanza del castellano y de su uso como lengua vehicular en todas las etapas educativas y en las distintas materias”.

- Un currículo básico común en los diferentes ciclos educativos y en todas las comunidades Autónomas.

- Mantenimiento de los cuerpos nacionales de profesorado.

- corregir los contenidos actuales de la asignatura Educación para la ciuda-danía.

Sin duda, son propuestas razonables que darían coherencia y contribuirían a vertebrar el sistema educativo español. Y desarrollar lo que el PP llama Pilares fundamentales del Pacto Educativo :la mejora de la calidad, la amplia garantía de las libertades y la igualdad entre todos los escolares españoles.

El documento del ministerio hace un guiño light a alguna de ellas. Por ejem-plo, a la elección de centro, si bien limita la propuesta a los centros públicos y


privados concertados y habla de “favorecer la libertad de elección de las familias en el marco de la programación de la administración educativa”. Pero el docu-mento no entra en otras cuestiones como por ejemplo la enseñanza en castellano con el argumento de que esa exigencia ya está en la constitución. Efectivamente así es, pero no se cumple y hay comunidades en las que la lengua común queda diluida en la enseñanza como un azucarillo en el agua.

Estas propuestas que insisto son todas bastante razonables constituyen, sin embargo, claros escollos para llegar a un gran Pacto Educativo. De ahí mi per-sonal punto de vista de avanzar en lo que hay acuerdos básicos y permitir que el sistema mejore. De no ser así no solo no habrá Pacto sino tampoco acuerdos, lo que sería fatal para una educación que se nos muere entre las manos.

Algunasreflexionesfinales

La idea del pacto educativo no es nueva y los sucesivos fracasos que ha co-sechado hacen pensar a muchos que este nuevo intento no tendrá verdaderas opciones de éxito. Yo también he expresado mis dudas, y me muevo inicialmente en proposiciones más modestas: las que ofrezco a continuación

Personalmente creo que lo primero es tener voluntad decidida de llegar al Pacto y creo que eso no sucede. La idea no se plantea en buen momento. El PSOE se encuentra cada vez más debilitado y el PP, que cree en sus opciones próximas de gobierno, no va a dar facilidades. Es necesario entender su postura porque defiende algunas propuestas bastante sensatas.

Pero supongamos que por alguno de esos designios impredecibles del destino se hace la luz del consenso. ¿Qué ingredientes debería contener ese hipotético pacto para ser útil?

Está bien la propuesta del ministerio de que una vez llegado al Acuerdo, éste no se pueda cambiar salvo una mayoría cualificada del Parlamento. La estabi-lidad normativa es asignatura pendiente en la regulación del sistema educativo español.

No cambiar lo acordado, pero ¿qué se debe acordar? No es este al ámbito adecuado para glosar propuestas muy concretas. Los documentos del Ministerio y del PP ofrecen muchas, aunque sean más cualitativas que cuantitativas. Yo me moveré más en el plano de las ideas generales.

creo, ante todo, que para que funcione cualquier nivel educativo deben esta-blecerse condiciones necesarias sin las cuales no se corregirán las deficiencias y


no se sacará al sistema de la medianía. Al menos, hay tres exigencias básicas: la apuesta decidida por la calidad, crear los instrumentos para que exista una verda-dera competencia y que el sistema funcione con eficiencia sin que eso signifique renunciar a la equidad.

Los índices que manejaba en la primera parte de este trabajo prueban sobra-damente que no tenemos una Educación con la calidad exigible y que la compe-tencia , la eficiencia y la equidad brillan por su ausencia.

La competencia no se resuelve descalificando al contrario, sino creando los estímulos pertinentes para que las instituciones educativas puedan marcarse ob-jetivos de excelencia y luchen por alcanzarlos.

Evidentemente la competencia no excluye la colaboración entre los centros Educativos. Particularmente esto es así en el mundo universitario donde ya se em-pieza a hablar de posibles fusiones entre universidades o al menos colaboraciones estrechas para compartir docencia e investigación. Sin duda alguna estas alianzas supondrían a la vez una mejora de los rendimientos y un ahorro importante de re-cursos necesarios para aliviar la asfixia financiera en que viven muchas de nuestras “alma mater”.Y por supuesto la colaboración debe traspasar los estrechos horizon-tes de las comunidades autónomas y poder realizarse entre instituciones públicas o privadas .Quizás asi podría darse algo más de cohesión a un sistema que se deshace en 17 reinos de taifas, favoreciendo flagrantes desigualdades.

La mejora para también para introducir cambios esenciales en algunos de los elementos del sistema.

Por ejemplo, no mejoraremos si los procedimientos de formación y selección del profesorado no se modifican. Y si se permanencia en el puesto no se supedita al rendimiento alcanzado. En sentido contrario, a los docentes de cualquier nivel hay que dotarles de la autoridad y de los incentivos académicos y económicos necesarios para un eficaz ejercicio de su función.

De la misma forma, los centros docentes de cualquier nivel tienen que ser dirigidos por auténticos profesionales de la gestión independientes y capaces y no sujetos a las demandas permanentes de sus electores. Parece que soplan aires para profesionalizar la dirección de los centros docentes, incluidos los universi-tarios. Ojalá sean capaces de conducir la nave en esta dirección.

Pero no todo se puede dejar en manos de los profesores o sus dirigentes. Es preciso involucrar mucho más a las familias en la educación de sus hijos y lógi-camente darles facilidades para que esa mayor presencia pueda ser efectiva. Los padres se intervienen más en la marcha de los centros si han tenido la oportuni-dad previa de poder elegirlos.


Es preciso procurar también que los estudiantes obtengan competencias só-lidas en materias básicas. En la formación escolar de un alumno de primaria o secundaria todo está inventado. Debe saber matemáticas, lengua, geografía y la historia del país donde viven, alguna asignatura que le enseñe a pensar y ahora, por supuesto, lenguas extranjeras y el uso de las nuevas tecnologías.

Resulta necesario revisar las materias que producen disenso y evitar a toda costa la fragmentación absurda de los conocimientos que la regionalización del sistema provoca. Y hay que reincorporar a la enseñanza principios perdidos o di-luidos que, sin embargo, son imprescindibles. La cultura del esfuerzo, del respe-to, de la responsabilidad parece haber emigrado de nuestras aulas. Hay que hacer retornar esos principios y convertirlos en parte esencial del sistema formativo.

Es imprescindible romper viejas dicotomías del sistema que no hacen más que lastrarlo. La oposición entre público o privado, tanto en la secundaria, como en la Universidad. O la vieja oposición entre enseñanza universitaria y profesional, considerada ésta última como el beaterio donde se recogen los más incapaces. Nada de eso. El país necesita igualmente profesionales cualificados de grado medio y superior y graduados universitarios sobre todo en determinadas disci-plinas. Lo que debemos hacer, además de perfeccionar sus respectivos sistemas de enseñanza, es introducir puentes que faciliten a los estudiantes de uno y otro sistema intercambios y contactos fructíferos.

Y todos los niveles, muy especialmente la formación profesional superior y la Universidad, han de abrirse más. La internacionalización de nuestras institucio-nes sigue siendo un reto. Sabemos que hay que romper los estrechos límites de las fronteras regionales o nacionales, pero no acabamos de hacerlo bien. El loca-lismo o el regionalismo reducen el horizonte vital. La fragmentación regional no ha sido buena para muchas cosas, pero ha sido especialmente mala para institu-ciones que no deberían tener fronteras y que son parte decisiva de un mundo cada vez más global. El sedentarismo se ha instalado entre nosotros y nos ata como una cadena a un mundo pacato con horizontes cercanos. Y la apertura al exterior debe completarse con unas relaciones más estrechas y fluidas con la sociedad. A las vinculaciones entre los centros de formación profesional/Universidades y las empresas les quedan muchas tareas pendientes. Afortunadamente los centros ya no son las torres de marfil de un pasado no tan lejano. Pero tampoco han al-canzado la necesaria velocidad de crucero. No diré que viven de espaldas, pero no se dan la mano con la intensidad suficiente. Es una situación que es preciso corregir aprisa. Las empresas tienen que decir qué profesionales necesitan, pero hay deben ofrecer ayuda para formarlos y para hacer avanzar la investigación en la dirección que el país precisa. Y nada de lo que hay que hacer, en la educación infantil, en la secundaria o en la Universidad, se podrá llevar a cabo si no hay dinero para realizarlo.


cualquier reforma sin memoria económica está condenada al fracaso. La fi-nanciación adecuada es otra asignatura pendiente del sistema educativo espa-ñol. La extensión de la escolaridad a los niños de 0 a 3 años, las mejoras en la enseñanza primaria y secundaria, esa formación profesional que queremos o la implantación de Bolonia, necesitan recursos. En el documento del ministerio se propone que España dedique en el horizonte del 2015 un porcentaje del Producto Interior Bruto equivalente al de los países europeos, pero no hay más precisiones.

más dinero público sí, aunque me temo que nunca será suficiente. también es necesaria más financiación privada de las empresas, de las fundaciones, de mecenas individuales que no abundan por estos pagos. Debería existir un sistema fiscal más generoso para financiar la Educación.

Y que haya más dinero exige gastarlo con responsabilidad y rendición de cuentas y que los usuarios del sistema se involucren más en él con mayores apor-taciones. El sistema español de precios públicos no es equitativo. todo alumno que acude a la Universidad dispone de una beca inicial del 80%, ya que lo que paga por su matrícula representa sólo el 20%, aproximadamente, del puesto es-colar. Ahora hay objetivos para ampliar y mejorar el sistema de becas. Nada que objetar, pero la propuesta debería ir acompañada por una escala nueva de precios públicos donde cada uno pagase la parte de la matrícula que la situación eco-nómica familiar permitiese. Sería más justo. Algunos estudiantes tendrían beca total para sus estudios. Otros pagarían lo que cuesta realmente su formación. Y todos se responsabilizarían más en el sistema de aprendizaje; unos porque el mantenimiento de su beca dependería del rendimiento, otros porque intentarían rentabilizar su inversión.

Y es preciso recordar una vez más que la educación no se agota cuando un estudiante alcanza su título de grado, de máster o doctorado. Para muchos se termina antes con pocos años de escolarización, escasos conocimientos y nin-gún título acreditativo. La lucha contra el abandono escolar temprano es tarea irrenunciable. Como lo es obtener mejores resultados educativos para un núme-ro más elevado de personas. Pero a ellos debemos añadir la formación a lo largo de toda la vida necesaria para actualizar conocimientos y para adquirir los que una sociedad cambiante va a demandar en cada momento. Las Universidades y las Escuelas de Negocios tienen por delante una tarea decisiva.

En la futura formación universitaria, que Bolonia debería hacer más variable, más útil, más práctica, más flexible, más rica, con otros conocimientos, otras formas de aprendizaje y más enseñanza de capacidades, herramientas o valores, amenazan algunos peligros. El mayor es el encorsetamiento de los estudios por el afán controlador de los entes que participan en el proceso de definición de un curriculum. Hay demasiados organismos con capacidad reguladora (ANEcA, consejerías, consejo de Universidades, colegios Profesionales), lo cual entor-


pece, lentifica y hace bastante clónicos los productos en juego. Algunas veces ha hablado de exceso de democracia en la toma de decisiones de las instituciones educativas con todos los riesgos que supone una afirmación de esta naturaleza. Pero es así y deberíamos revisar este estado de cosas y cambiar la filosofía de que nada se puede hacer sin las múltiples autorizaciones previas, por la de una evaluación expost en función de los rendimientos alcanzados. Reduciría la frus-tración sin que por ello se obtuviesen peores resultados.

La educación española esta demasiado regulada. La libertad de definir los curricula y seleccionar los docentes y alumnos prácticamente no existe. todos actúan con las mismas reglas, los mismos mecanismos ,la misma rigidez. Al final todo es muy parecido y apenas hay competencia. O flexibilizamos el siste-ma o no saldremos del marasmo de mediocridad en que nos movemos.

En definitiva, el sistema educativo español necesita con urgencia mayores do-sis de libertad, calidad, eficacia, eficiencia, flexibilidad, competencia, cohesión, modernización, innovación e internacionalización.

Ojalá que las discusiones para un Pacto que quizás nunca llegue a existir, per-mitan avanzar por la senda de la mejora de un sistema con más sobras que luces. Si fuera así ganaríamos todos.

Opinión Pública y SociedadJuan Díez NicolásCatedrático de Sociología

El divorcio entre la opinión pública española y la clase política (¿habrá que ampliarlo a la clase dirigente?) es cada vez más evidente. El objetivo de las pá-ginas que siguen es poner de manifiesto que la clase política en general, y el Gobierno en particular por su mayor obligación de marcar la pauta y dar ejemplo, no escuchan a los ciudadanos y por tanto cada vez incumplen más su función de representar a quienes les han elegido. En lugar de escuchar a los ciudadanos a los que representan y hacer lo que estos demandan (porque para eso fueron ele-gidos), los políticos parecen más dedicados a convencer a sus representados para que acepten sus propias opiniones. La clase política está convencida de que una vez elegidos tienen un cheque en blanco, y olvidan que han sido elegidos para hacer lo que sus representados quieren, y no para hacer lo que ellos quieren. No es preciso hacer una larga lista de discrepancias para demostrar la anterior afir-mación, sino que algunos ejemplos más conocidos y suficientemente importantes pueden servir para respaldarla. tampoco se traerán a colación cifras y porcentajes de encuestas, aunque todos y cada uno de los ejemplos tienen un intenso respaldo de diferentes investigaciones sociológicas realizadas por reputados centros públi-cos y privados. Pero son ejemplos tan conocidos y comentados que ni siquiera requieren el respaldo empírico que proporciona la investigación social. El orden en que se presentan cada uno de estos ejemplos tampoco significa que reflejen ningún tipo de prioridad o clasificación concreta, ni por parte de la opinión públi-ca ni por parte de quien ha redactado estas páginas, pues cada ciudadano seguro que tiene su particular y personal orden de prioridades.

Una cuestión con la que comenzar ha estado presente en el debate público muy recientemente: la necesidad de un pacto entre los principales partidos po-líticos para salir de las crisis en que España está inmersa, una crisis económico-financiera, una crisis político-institucional, y una crisis social. Las encuestas, las tertulias radiofónicas, los blogs, cuando son los ciudadanos quienes expresan sus opiniones, demuestran de forma inequívoca que éstos piden un acuerdo entre el PSOE y el PP, no entre el PSOE y todos los demás partidos, sino expresamente entre los dos partidos mayoritarios. La fórmula establecida en el pacto del tinell ya no goza de muchos partidarios, es decir, el Gobierno se equivoca si piensa que


la ciudadanía está por el aislamiento del PP sobre la base de un acuerdo del PSOE con todas las demás fuerzas políticas. Esa fórmula ya no vende, si es que alguna vez vendió, puesto que el PP cuenta con un electorado al menos similar al del PSOE, y entre los dos suman más del 80 por ciento del total. La opinión pública quiere un acuerdo PSOE-PP, y si algún otro partido se une, mejor, pero lo que se demanda es el pacto entre los dos partidos nacionales mayoritarios. Para que haya pacto tienen que quererlo los dos partidos, y parece evidente que el que está en el gobierno es el que debe tomar la iniciativa y ofrecérselo al principal partido de la oposición, el PP, lo que no es incompatible con que se lo pida luego a otros partidos más pequeños. Pero el Gobierno lleva legislatura y media aislando al PP al precio que sea, y le cuesta dar el paso, y sigue sin darlo de manera pública y clara. En cuanto al PP, tampoco parece muy dispuesto a pactar con el Gobierno pues teme que el pacto se interprete como un respaldo al Gobierno y por tanto como una asunción de responsabilidades en los resultados derivados de las polí-ticas actuales, y porque piensa que el Gobierno del PSOE se hundirá en las próxi-mas elecciones y que podrá no solo ganarlas, sino hacerlo por mayoría absoluta. Los ciudadanos llevan pidiendo el pacto desde mitad de la legislatura anterior, y como ninguno de los dos partidos parece decidido a formalizarlo, el resultado previsible es que los problemas no solo no se resuelvan, sino que se agudicen.

No hacer nada parece caracterizar a la clase política desde hace algunos años en temas muy importantes. Ahí está, por ejemplo, la esperada sentencia del tri-bunal constitucional sobre el nuevo Estatuto de cataluña. La demora en la publi-cación de la sentencia, más de tres años ya, no solo funciona como una sentencia favorable, puesto que al no pronunciarse el tribunal constitucional está permi-tiendo que el Estatuto se desarrolle en gran número de disposiciones legales que sería muy difícil derogar, si es que la sentencia lo exigiera. En realidad se trata una vez más de una forma de gobernar que, cuando menos, puede considerarse como atípica y poco democrática, puesto que se basa en dejar que las situaciones “de facto” se conviertan en situaciones “de iure” por el simple paso del tiempo. Hay ciudadanos que ya empiezan a plantearse si el tribunal constitucional podría estar incurriendo en delito por incumplimiento de sus deberes, pues su falta de decisión tiene además como consecuencia la prórroga del mandato de los magistrados que lo componen, que hace ya años que deberían haber cesado en sus puestos. La sentencia, acertada o equivocada, es ya mala por el simple hecho de no haber sido emitida. Y la imagen del más alto órgano jurisdiccional ha quedado ya muy dete-riorada ante los ciudadanos, sea cual sea la sentencia que finalmente emita.

Y hablando de tribunales de justicia, existen varias otras cuestiones en las que la opinión pública parece estar en total desacuerdo con las instituciones y sus re-gidores. cuatro cuestiones jurídicas en que opinión pública y clase política están en claro desacuerdo llevan ya mucho tiempo ocupando espacios significativos en los medios de comunicación, aparte de la queja generalizada sobre la lentitud con que se dirimen las causas judiciales y lo anticuado de la legislación procesal, que-

OPINIóN PÚBLIcA Y SOcIEDAD 139

jas ambas que son públicas y notorias. La primera de estas cuatro cuestiones es la relativa a la legislación de menores. La opinión pública no puede entender que la ley pueda ser tan timorata y garantista ante crímenes juveniles que denotan tanta perversidad como algunos de los más conocidos. Los ciudadanos, evidentemente estimulados por los familiares de las víctimas y sus declaraciones en los medios de comunicación, exigen sentencias más duras, cumplimientos completos de las sentencias, pero todo parece ser inútil, pues finalmente la legislación favorece de manera incomprensible al delincuente. En resumen, la ciudadanía lleva ya muchos años pidiendo una reforma de la ley del menor que rebaje la edad penal, que aumente las penas impuestas a los menores, y que garantice su cumplimiento en centros de menores y posteriormente en centros penitenciarios cuando dejen de ser menores de edad.

Precisamente la segunda cuestión hace referencia a las penas para determi-nados delitos. De manera general debe señalarse que los españoles quieren más autoridad y más castigo para los que infringen las normas. El incremento de la inseguridad subjetiva ciudadana, con independencia de cual sea el grado de se-guridad/inseguridad objetiva, ha provocado como reacción una opinión pública que quiere penas más largas para los delincuentes, y en especial para cierto tipo de delitos. más de un tercio de los ciudadanos con derecho a voto quiere pena de muerte para los terroristas convictos de delitos de sangre, para los secuestradores y violadores de niños que acaben matándolos, y para asaltantes a viviendas con-victos de delitos de sangre. Pero si bien se trata de una opinión no mayoritaria (aunque digna de tenerse en cuenta a efectos de evaluar el clima social contra ciertos delitos), la opinión es abrumadoramente mayoritaria en defensa de la ca-dena perpetua (“hasta morir en la cárcel”, según se especifica en la pregunta, para que no haya dudas) para los delitos mencionados anteriormente y para los delitos de sangre de violencia doméstica. Las encuestas y los otros modos de conocer el sentir de la sociedad como los mencionados anteriormente (tertulias, comunica-ciones a los medios, blogs, etc.) son muy coincidentes en señalar que la sociedad española demanda muy mayoritariamente la cadena perpetua (hasta morir en la cárcel) para ciertos delitos de sangre, aunque es evidente que para establecer esa pena habría que llevar a cabo modificaciones legislativas al más alto nivel. Pero lo que es evidente es que el Gobierno se resiste a endurecer las penas, tanto a los menores como a los delincuentes en general, en claro desacuerdo con la opinión pública mayoritaria.

La tercera cuestión se refiere a la recientemente aprobada nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (es decir, el aborto, en lenguaje de los ciudadanos corrientes). La anterior ley del aborto gozó de un amplio respaldo del electorado de cualquier ideología y creencias religiosas. Incluso los cató-licos practicantes aceptaban mayoritariamente el aborto en los tres supuestos contemplados en aquella ley (violación, malformación del feto y peligro para la salud de la madre). Y, por el contrario, no existía una opinión mayoritaria a


favor del aborto por razones psicológicas o económicas ni siquiera entre los que se auto-calificaban de estar ideológicamente muy a la izquierda. La reforma de la ley del aborto, en cuanto a establecer un plazo de un número de semanas para practicarlo de forma libre, ha tenido una fuerte y sobre todo intensa oposición de amplios sectores sociales, y en todo caso ha dividido a la sociedad como no lo había hecho la anterior ley (algo frecuente en muchas de las actuaciones del actual Gobierno). Es evidente que los sectores sociales más próximos a la Iglesia católica se oponen a cualquier tipo de aborto voluntario, pero su peso es siempre minoritario, aunque sea intenso. Pero es igualmente evidente que la mayoría de la población con derecho a voto, con independencia de ideología y creencias religiosas, rechaza la ocurrencia de que una menor de 18 años pueda abortar sin conocimiento o consentimiento de sus padres. toda la información disponible, incluso de sectores sociales progresistas, indica que este rechazo es muy mayori-tario. Sin embargo, una mayoría de los parlamentarios aprobó ese “derecho” de las menores a abortar sin conocimiento ni consentimiento paterno (aunque con el añadido consensuado a última hora de que se requerirá la consulta con los padres “salvo que exista peligro de conflicto con ellos”).

Finalmente, pero también relacionado con la justicia, se ha reabierto en la opi-nión pública el deseo de que se sigan investigando todos los hechos relacionados con el atentado del 11-M en Madrid en 2004. Con independencia de la resolución judicial, y con el deseo evidente del Gobierno por cerrar ese caso “como sea”, la opinión pública quiere que se investigue mientras haya nuevas pistas o eviden-cias. Ese interés por conocer la verdad es independiente de la opinión sobre quién planeó, dirigió o ejecutó materialmente el atentado. Pero no puede desconocerse que, por mucho que el caso esté cerrado en los tribunales de justicia, no lo está en el ámbito de la opinión pública.

Además de todos los casos mencionados, la opinión pública española se muestra muy crítica de la justicia también en relación con todos los casos de corrupción más o menos supuesta o presunta que afectan a políticos y partidos políticos. Se da la paradoja de que estos casos reciben gran atención en los me-dios de comunicación pero luego pasan años hasta que llegan a los tribunales de justicia, frustrando el interés y los deseos de los ciudadanos, y generalmente pasan al olvido o concluyen con penas menores (a juicio siempre de los ciudada-nos), y casi siempre sin que la sentencia esté sujeta a la devolución de lo robado o a la reparación del delito cometido. La ciudadanía se muestra muy insatisfecha y crítica con los frecuentes casos de narcotraficantes que escapan de la cárcel o se ven libres después de un tiempo muy corto en prisión, y sobre todo con los políti-cos que se han enriquecido de manera ilegal y que aprovechan los resquicios que ofrece la legislación para quedarse con el dinero y cumplir penas muy cortas (el caso Roldán, que acaba de quedar en libertad sin haber devuelto lo robado, sería un ejemplo de estas prácticas).


No puede parecer raro que, debido a todas estas cuestiones, la imagen de los jueces, de los tribunales de justicia en general, del tribunal Supremo o del tribu-nal constitucional, esté muy deteriorada. Si algún sector institucional requiere una reforma profunda y rápida, ese es el de la Justicia.

La enseñanza, junto con la justicia, es otro de los ámbitos en los que los ciuda-danos discrepan ampliamente de la ejecutoria de los políticos, y como es lógico, sobre todo del Gobierno. Para empezar, las familias están literalmente hartas de los cambios en los planes de estudio, que confunden a estudiantes y familias a causa de que cada ministro o autoridad educativa, en cuanto es nombrado, proce-de a hacer “su” reforma particular, que no solo provoca incertidumbre y confu-sión, sino incluso costes económicos derivados de la imposibilidad de utilizar los mismos textos incluso en el caso de hermanos que solo se lleven un año.

El segundo problema procede de la enorme variedad de planes de estudio que existen, al haber transferido la competencia en educación a las comunidades Autónomas. Si Napoleón presumía de poder decir, conociendo el día del año, cual era la lección que en esa fecha se estudiaba en todos los liceos de Francia, en España casi se podría hacer la misma adivinanza pero en sentido contrario, es decir, afirmando que no habría dos escuelas en todo el territorio español que en una fecha determinada estén explicando la misma lección. Esta diversidad cons-tituye un obstáculo a veces insuperable para que un alumno cambie de centro (por no mencionar el cambio de localidad geográfica) a mitad de curso, o incluso al finalizar el curso.

Un caso especial de confusión y problemas para el alumno y sus familias es el relativo a la lengua. continuamente se conculca lo que la constitución establece de forma inequívoca (“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”). La práctica (otra vez las situaciones “de facto” contradiciendo a las “de iure”) en algunas comunidades Autónomas ha sido la de imponer la lengua particular relegando, incluso penalizando, el uso de la lengua castellana que es la oficial de todo el Estado. Es así que muchos alumnos de la enseñanza pública se encuentran sin posibilidades de estudiar “en” español (y con frecuencia también de estudiar “español”). Este es un caso en que la inmensa mayoría de los españoles exige la posibilidad de estudiar en la lengua que los alumnos y/o sus familias decidan, y particularmente la posibilidad de estudiar en español, pues en las Comunidades con lengua propia no se conocen casos de alumnos que no puedan estudiar en la lengua “vernácula”.

Por ello, y esta cuestión nos abre el camino hacia otras cuestiones relaciona-das con la organización territorial del Estado, la opinión pública comienza a exi-gir, de forma mayoritaria, que el Gobierno de España recupere las competencias


educativas que ya han sido transferidas a las comunidades Autónomas, con el fin de homologar los planes de estudio, de dotarles de continuidad en el tiempo, y sobre todo, de garantizar el derecho a estudiar “en” castellano y no solo a estudiar castellano.

Debe indicarse, en relación con la cuestión de la lengua, que la opinión públi-ca española respeta totalmente el uso de las lenguas vernáculas en los territorios en que son “también” oficiales, junto al castellano, pero siempre “además de” y no “en lugar de”, tal y como establece la constitución. Por ello exigen a las autoridades autonómicas no que prohíban la lengua vernácula particular de la comunidad, sino que no prohíban el castellano, que es la lengua oficial en todo el Estado, es decir, en todas y cada una de las comunidades Autónomas.

Si todos cumpliesen honestamente la constitución, y no trataran de concul-carla “de hecho”, la convivencia de las lenguas no tendría problemas. En las Comunidades con lengua propia, el castellano y la lengua vernácula se utilizarían indistintamente en todas las administraciones públicas de esa Comunidad (es de-cir, en todas las instituciones estatales, autonómicas y locales de la comunidad), dejando total libertad para usar cualquier lengua en el sector privado. Por tanto, en el Parlamento autonómico las dos lenguas serían oficiales y utilizadas indistin-tamente, como así se hace. Pero no tiene sentido pretender que eso se traslade a la administración y a las instituciones centrales del Estado, como los ministerios o las cortes Españolas (congreso de los Diputados y Senado), puesto que la cons-titución señala de forma clara e inequívoca que “todos los españoles tendrán el derecho y la obligación de conocerla” (la lengua castellana).

Otra cuestión en la que los ciudadanos y el Gobierno no están de acuerdo es en lo relativo a la jubilación. En efecto, el Gobierno ha anunciado su propósito de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, provocando una reacción social contraria de gran intensidad. Pues bien, todos los estudios conocidos de-muestran que los españoles están contra ese retraso y, de manera general, contra el establecimiento de cualquier edad de jubilación, puesto que la opinión ma-yoritaria es la de que la jubilación debe ser voluntaria, decidida personalmente por cada individuo. Frente a la generosa autorización del Gobierno para que las empresas puedan llevar a cabo planes de pre-jubilación a edades inferiores a los 65 años, la opinión pública quiere que se prohíban las pre-jubilaciones, sobre todo si el coste de las mismas recae sobre la Seguridad Social y no sobre los empresarios.

Y en cuanto a la inmigración, los españoles llevan demandando unos con-troles más eficaces de las fronteras, para evitar que entren más inmigrantes de forma clandestina, pero piden que todos los que estén en España, tanto de forma legal como clandestina, estén socialmente protegidos y puedan trabajar, si es que encuentran un empleo, con contrato legal.


Pero, llegados a este punto cabe preguntarse, ¿cómo puede ser que los ciuda-danos y la clase política, y en especial el Gobierno, discrepen tan intensamente en tantas cuestiones como las mencionadas y en otras menos importantes que no se han mencionado aquí? Esa es la cuestión realmente importante, explicar cómo se puede producir ese divorcio, si teóricamente los representantes deberían cumplir los deseos (¿mandatos?) de los representados. Y ahí es donde se encuen-tra el origen de muchos de los problemas de la democracia española. En efecto, al ser los partidos los que elaboran las listas electorales, los representantes no rinden cuentas ante los ciudadanos, sino que lo hacen ante los partidos. A pesar de que la constitución establece que “Los miembros de las cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, lo cierto es que los representantes están totalmente vinculados al mandato de su partido. Los ciudadanos no eligen a sus representantes, y por tanto éstos no se ven en la obligación de tener en cuenta sus deseos u opiniones. Los ciudadanos, básicamente, solo pueden decidir cual es la lista que votan, de manera que deciden en función de consideraciones ideológicas muy globales, pero no en función de cuestiones concretas. Y los partidos cada vez cuidan más de no comprometerse con posiciones muy concretas, sino que más bien hacen programas muy genéricos que sirven para dar respuestas adapta-das a las circunstancias de cada momento.

Esta falta de relación directa entre ciudadanos y representantes es lo que expli-ca que éstos, los políticos, dediquen sus esfuerzos a defender sus propios intere-ses y no necesariamente los de los ciudadanos a los que representan. La cuestión antes discutida sobre las lenguas vernáculas sería un ejemplo muy ilustrativo. cualquiera que viaje a cataluña o al País vasco, a Galicia o a la comunidad valenciana, o a Baleares, hace su vida normal sin tener el más mínimo problema con la lengua. Uno va de un lado a otro haciendo sus gestiones y hablando y sien-do respondido en castellano. El problema surge en cuanto se entra en contacto con las administraciones públicas, y concretamente las locales y autonómicas, que son las que imponen la lengua vernácula y procuran no utilizar el castellano.

Lo mismo cabe decir de las exigencias de independentismo. todas las encuestas conocidas demuestran que en ninguna comunidad Autónoma existe una mayoría del 50 por ciento que desee y pida la independencia respecto a España. Si se pre-gunta directamente por los deseos de independencia para su Comunidad, la propor-ción no llega al 30 por ciento ni siquiera en el País vasco o en cataluña, como lo prueban, por cierto, las consultas ilegales que se han llevado a cabo en diferentes municipios en cataluña. Reiteradamente las encuestas han puesto de manifiesto que más de la mitad del electorado quiere que todo siga como hasta ahora, es decir, que continúe el régimen autonómico actual. Los partidarios de un estado federal o de la independencia no representan conjuntamente más del 10% del electorado, y esas proporciones son mayores pero siempre minoritarias en Cataluña, en el País vasco o en cualquiera de las otras comunidades con fuerte sentimiento nacionalis-ta. Por supuesto, la segunda opción más preferida es la de profundizar algo más en


la autonomía, pero lo que se ha estado observando ya desde hace cinco años es una opinión minoritaria pero creciente en el tiempo que desea que el Gobierno central recupere algunas competencias ya transferidas a las comunidades Autónomas. Y si se pregunta por la identidad o sentimiento nacionalista-español se comprueba que en todas las Comunidades, incluso en Cataluña, predomina la proporción de los que se consideran tan nacionalistas como españoles. La única comunidad en que predomina el sentimiento nacionalista es el País vasco, e incluso allí la proporción que solo se considera vasco no supera el 25 por ciento del electorado, y sumándole la proporción que se siente más vasco que español no se supera el 40 por ciento, de manera que una mayoría del 60 por ciento se consideran tan vascos como espa-ñoles, más españoles que vascos o solo españoles. Sin embargo, una mayoría de los políticos en esas comunidades pretende convencer a quien se deje de que los nacionalistas-independentistas constituyen una mayoría. En realidad, el nacionalis-mo ha servido con demasiada frecuencia para encubrir intereses muy particulares de individuos o grupos minoritarios que poco tienen que ver con los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Pero el divorcio entre ciudadanos y partidos políticos no se circunscribe ni mucho menos a los partidos nacionalistas, sino que es tan evidente o más en relación con los dos principales partidos nacionales, como las cuestiones que se han discutido anteriormente ponen de manifiesto.

Una democracia requiere un parlamento, partidos políticos, y elecciones pe-riódicas. Las tres condiciones son necesarias pero no suficientes, de manera que muchos países que tienen parlamento, partidos políticos y elecciones periódi-cas nunca serían clasificados como democracias. Una democracia requiere que los representantes rindan cuentas ante sus representados, que los representantes defiendan los intereses, los deseos, las necesidades de sus representados, que los representados puedan controlar la ejecutoria de sus representantes, que se respeten todo un conjunto de derechos y libertades, y para ello es necesario que la sociedad civil sea fuerte, que pueda organizarse en asociaciones de todo tipo que ejerzan esa función de control del poder. La democracia española cumple, sin duda, la mayor parte de los requisitos para ser considerada una democracia, pero carece de una sociedad civil fuerte que sirva de contrapeso al poder político, que ejerza eficazmente su labor de control del poder. La inmensa mayoría de las organizaciones y asociaciones en España dependen o están subvencionadas por algún partido político. Los partidos han extendido sus tentáculos por toda la sociedad y han ahogado cualquier intento de independencia respecto a ellos por parte de la sociedad civil. La democracia española es una democracia subven-cionada, subsidiada, y por tanto ofrece un alto grado de dependencia. tanto los partidos políticos como los sindicatos dependen de los presupuestos del Estado y de otras fuentes de financiación pública menos visibles, y no de las cuotas de sus afiliados, lo que implica haber renunciado a su libertad e independencia. Desde las ONG’s a las asociaciones de todo tipo están subvencionadas, y por tanto son dependientes de algún partido político, sea éste uno de los dos partidos principa-les o cualquiera de los partidos nacionalistas u otros más pequeños.


Poco a poco se ha ido tejiendo una madeja de intereses entre los partidos polí-ticos y los grandes grupos empresariales y financieros, que a su vez controlan en gran medida los medios de comunicación, de manera que la sociedad civil ha sido en gran medida absorbida por este amplio conglomerado de intereses. Un ejem-plo reciente es el acuerdo al que parecen haber llegado los partidos para volver a impulsar la construcción, después de que haya habido un acuerdo casi unánime de expertos nacionales y extranjeros culpando a la construcción (a la burbuja in-mobiliaria) de gran parte de la actual crisis económica española. Pero cuando se toman en cuenta los múltiples intereses compartidos entre instituciones financieras, empresas constructoras y partidos políticos, se entiende mejor por qué los dos par-tidos principales han llegado por fin a un acuerdo sobre la ayuda a las constructoras (aunque se haya justificado esa ayuda bajo el pretexto de ayudar a la renovación de las viviendas, y no a la construcción de nuevas viviendas).

Los partidos políticos han introducido a “los suyos”, es decir, a militantes y leales nombrados a dedo, en todas las administraciones públicas, desplazando en gran medida a los funcionarios del Estado. La actual campaña de comunicación contra los funcionarios distorsiona una vez más la realidad, confundiendo bajo el mismo nombre de “funcionarios” a quienes lograron su puesto de trabajo me-diante oposiciones públicas y a quienes lo lograron a través de un dedo que les designó como “personas de confianza”. Se olvida con demasiada frecuencia que “hacer de un buen funcionario una persona de confianza tiene sus dificultades, aunque puede hacerse, pero hacer de una persona de confianza un buen funciona-rio es una tarea poco menos que imposible”. como cabía esperar, la sustitución de un funcionariado del Estado por otro más dócil, del partido, no es ni casual ni gratuita. Se trata de eliminar un poder independiente y fiscalizador, y sustituirlo por otro más dependiente de los poderes económico-financiero y político.

La comunicación ha irrumpido en la sociedad actual como un auténtico po-der, pero lejos de ser, como en otros tiempos, un “cuarto” poder que controlaba a los tres poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), se ha convertido en un poder al servicio del poder económico-financiero y/o del poder político. A medida que aumenta la comunicación disminuye o se reduce la información. El ejemplo más reciente lo constituye la creación de un comité para crear opti-mismo en la sociedad. La fundación “estosololoarreglamosentretodos.org” tiene por objeto declarado el devolver el optimismo a la sociedad. Supongamos, sin embargo, que todos somos optimistas, ¿habrá disminuido el paro por eso?, ¿se habrá reducido el déficit? El informador busca describir la realidad lo mejor posible, diciendo cómo es, y no como debería ser o como le gustaría que fuese. Pero el comunicador tiene como función la de decir lo que su cliente económico, político, financiero, etc., quiere que diga. cuanta más comunicación menos infor-mación. Otro ejemplo bien reciente es el de la interpretación que se hace de los últimos datos del paro. Una vez más los portavoces gubernamentales nos ofrecen la interpretación optimista de que el ritmo de pérdida de empleos está decrecien-


do, en lugar de fijarse en que el número de desempleados sigue creciendo mes a mes. Según esa interpretación, cuando el número de personas con empleo haya descendido hasta cero, ya nadie perderá su empleo, todos estarán en el paro, y los portavoces gubernamentales estarán plenamente satisfechos por haber reducido a cero el ritmo del desempleo.

Pero los ciudadanos no se dejan confundir fácilmente. Las encuestas demues-tran sin lugar a dudas que los ciudadanos saben a qué partido político favorece más cada uno de los medios importantes de comunicación, de prensa, de radio y de televisión.¿Por qué nos empeñamos en llamar comunicación a lo que es propagan-da, comercial o política? Hace algunas décadas se publicó una amplia bibliografía de libros sobre publicidad y propaganda, para diferenciar los ámbitos comercial y político. La actual sumisión al lenguaje “políticamente correcto” ha conducido a denominar ambas actividades con el término más digno de “comunicación”. Pero, si la sociedad civil pretende regenerar la democracia y la vida política española, posiblemente una de sus principales tareas será la de volver a denominar a las cosas por su nombre auténtico, eliminando el lenguaje “políticamente correcto” y todos los eufemismos que una clase política desprovista de ideas pero bien provista de intereses particulares y no generales ha creado a lo largo de décadas.

Y se vuelve así a la cuestión del pacto con la que se iniciaban estos comenta-rios. Supongamos que tiene razón el Gobierno del PSOE cuando pide un pacto con todas las fuerzas parlamentarias, pacto al que debería de adherirse también el PP. Pero, ¿cuál es el plan de actuaciones que propone?, ¿cuál es el plan de medidas para salir de la crisis si no ha habido crisis, o en el caso de que la haya habido, si ya estamos saliendo de ella o a punto de salir? Si estamos saliendo de la crisis sin medidas y sin pacto, ¿para qué hacer lo uno y lo otro? Y, suponiendo que tenga razón el PP, ¿cómo podrá demostrarse que sus medidas son las adecua-das si tampoco se conocen en detalle, y si además supedita su adhesión al pacto a que el Gobierno acepte su plan de medidas? Si los dos partidos quisieran real-mente llegar a un pacto, si realmente les preocupara más resolver los problemas del país que sus propios intereses cortoplacistas, si confiaran el uno en el otro, se reunirían sin condiciones previas, y juntos elaborarían un plan de medidas y actuaciones sin especificar quién había aportado esta o aquella idea. Si de verdad quisieran aportar soluciones a los problemas planteados, no lo harían mediante una comisión encargada de devolvernos el optimismo, pues el parado seguirá parado. Nos devolverían el optimismo ampliando los créditos, creando empleo, reduciendo el gasto de las administraciones públicas. Los oncólogos curan el cáncer mediante tratamientos, no dando charlas a sus pacientes para convencer-les de que “la vida es bella”. Es cierto que un clima de optimismo y confianza puede ayudar a superar la crisis, pero solo como un complemento a las medidas y actuaciones tendentes a resolver los problemas. En caso contrario, un plan de comunicación para generar confianza que no vaya acompañado de medidas con-cretas solo servirá para crear frustración y aumentar el descontento y la desafec-


ción a la política y los políticos. España está en crisis desde mediados del 2008 por lo menos. ¿Qué ha hecho nuestra clase política para aliviar o solucionar esta situación? Esta es la pregunta a la que hay que contestar. Una campaña de co-municación (propaganda) no va a alterar las decisiones de Standard & Poor que se acaba de conocer, ni alterará las dificultades para colocar nuestra deuda en los mercados internacionales. Mientras tanto la clase política anda más preocupada por preparar sus campañas para las próximas elecciones catalanas, y para las mu-nicipales y autonómicas de 2011. Eso es lo que realmente parece preocuparles. Y todo seguirá igual (e irá a peor) si la sociedad civil no se organiza y comienza a exigir responsabilidades sin temores.

Informe Anual del Foro de la Sociedad Civil



La crisis que padece la economía del mundo occidental ha puesto al descu-bierto muchas de las ineficiencias de la economía española pero paradójica-mente debiera suponer una espléndida oportunidad para realizar las refor-mas que necesita imperiosamente nuestro país. Reformas que no pueden ni deben moverse en el campo de la política económica exclusivamente, sino de la política con mayúscula porque como se analiza y se describe en este Informe España atraviesa una crisis política de indudable calado que no es posible seguir eludiendo por más tiempo. Sin reforma política de enverga-dura la crisis se irá extendiendo y podría llegar a gangrenar el cuerpo social.

Afianzar el sentimiento de España como nación superando los particularis-mos regionales y locales y recuperar una política de valores sólidos y per-manentes en la vida pública deben ser objetivos estratégicos en los que se fundamente una política de reformas necesarias en la hora actual.

Relación de autores del informe

Ignacio Camuñas Solís Fernando EguidazuJuan Velarde FuertesFernando Fernández Méndez de AndésJuan Antonio Sagardoy BengoecheaLuis Felipe CastresanaPedro BernalRafael PuyolJuan Díez Nicolás


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ESPAÑA 2010