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Estándares, guías y
principios rectores
internacionales
aplicables a la industria
extractiva minera y
energética Revisión de los principios y estándares de desempeño
internacionales aplicables a los sectores minero, gasífero y
petrolero en relación a actividades para el desarrollo
sostenible
Sociedad
Nacional de
Minería,
Petróleo y
Energía
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Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Estándares, guías y principios rectores aplicables a la industria extractiva minera y energética
Visión general
Mayo, 2012
Elaborado para la SNMPE
por Gustavo Cabrera S., MS
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Tabla de Contenido Pag.
Introducción 5
Sección I : Contexto 7
Contexto, justificación y tendencias para el uso de estándares y principios de aplicación global en industrias extractivas
7
El Código de Conducta de la SNMPE y los estándares internacionales 13
Estrategia para el Desarrollo de una Industria Extractiva Minero-Energética Responsable en el Perú y la aplicación de estándares
19
Sección II : Convenios y declaraciones de organismos multilaterales
24
1. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medo Humano – ONU 1972
24
2. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – ONU 1992 – Rio + 20
28
3. Agenda 21 – ONU 1992 35
4. Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social – ONU 2005 37
5. Principios y derechos fundamentales en el Trabajo – OIT 2003 40
6. Convención contra la Corrupción – ONU 2003 42
7. Convención para Combatir el Cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales – OCDE 1997
43
8. Declaración universal de los derechos humanos – ONU 1948 45
9. Declaración de los derechos de los pueblos indígenas – ONU 2007 47
10. Declaración del Milenio – Objetivos de desarrollo del milenio – ONU 2000 48
11. El Pacto Mundial – ONU 2000 51
12. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes – OIT 2002
53
Sección III : Principios sobre Responsabilidad Social Corporativa
56
13. El Reporte Ruggie: Marco de referencia “Proteger, Respectar y Remediar” y Principios Guía para los Negocios y Derechos Humanos – ONU 2011
56
14. Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales – OECD 1976
66
15. Los Principios Globales Sullivan en Responsabilidad Social Corporativa – 1999 71
16. El Marco de Políticas de Inversión – OCDE 2010 73
17. Principios de Gobierno Corporativo – OECD 2004 74
18. Principios para una Inversión Responsable – UNEP 2005 75
19. Guía de Responsabilidad Social – ISO 26000:2010 78
20. Estándar de Gestión Ambiental – ISO 14000:2005 79
21. Responsabilidad Social SA 8000 82
22. Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial – 2006 85
23. Políticas y Estándares de Desempeño para la Sostenibilidad Social y 87
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Ambiental – IFC 2012
24. Relaciones con la comunidad y otros actores sociales – IFC 2009 89
25. Inversión Comunitaria Estratégica – IFC 2010 91
26. Invirtiendo en la Gente: Comunidades Sostenibles mediante la mejora de prácticas empresariales – IFC 2000
94
27. Manual para la preparación de un plan de acción para el reasentamiento – IFC 2009
96
28. La divulgación y la consulta pública: un instrumento eficaz para la actividad empresarial – IFC 1998
97
29. Manual para empezar a trabajar en Contratación Local - IFC 2010 99
30. Guía para la Biodiversidad - IFC 2010 100
31. Herramienta de sensibilización para el manejo de riesgos para empresas multinacionales en zonas de gobernanza débil – OECD 2006
102
32. Principios de participación en infraestructura para el Sector Privado 103
Sección IV : Iniciativas, guías, estándares, principios y certificaciones
104
33. Principios voluntarios en seguridad y derechos humanos – 2000 104
34. Iniciativa Global para el Reporte – GRI 2000 107
35. Carta sobre Recursos Naturales – 2010 112
36. Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI 2002 115
37. Iniciativa para el Desarrollo de una Minería Responsable – WEF 2010 119
38. Marco para una Minería Responsable – 2005 123
39. Iniciativa para el Aseguramiento de una Minería Responsable IRMA 125
40. 10 Principios para el desempeño con respecto al Desarrollo Sustentable – ICMM
127
41. Desarrollo Comunitario - Kit de Herramientas - ICMM 2008 131
42. Guía de buenas prácticas para la Minería y la Biodiversidad – ICMM 2010 133
43. Guía de Gerenciamiento de Riegos Fatales – ICMM 2010 135
44. Revisión y cuestiones de Minería y Pueblos Indígenas – ICMM 2010 137
45. Guía de Buenas Prácticas: Los Pueblos Indígenas y Minería – ICMM 2010 139
46. Mapa de Alianzas Locales – ICMM 2010 142
47. Derechos humanos en la industria Minería y Metales Descripción general, enfoque de gestión y otros temas – ICMM 2009
144
48. Derechos Humanos en la Industria Minera y Metales: Manejo y resolución de inquietudes y conflictos a nivel local – ICMM 2010
146
49. Planificación del Cierre Integrado de Minas: equipo de herramientas 149
50. La eliminación de accidentes mortales – ICMM 2010 150
51. Buenas prácticas de preparación y respuesta ante emergencias – ICMM 2010 151
52. Principios y Guías para una Exploración Responsable e3Plus – PDAC 2010 152
53. Guía de buenas prácticas para la Industria del Gas y el Petróleo – IPIECA 1974
155
54. Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo – OGP 157
55. Esquema de certificación “Proceso Kimberly” – 2003 159
56. Guía de debida diligencia para Cadenas de Suministro Responsables en zonas de conflictos y áreas de alto riesgo – ICMM 2010
161
57. Principios de Ecuador – 2006 163
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58. Principios de Santiago – 2008 168
Sección V: Organizaciones sectoriales diversas sobre Desarrollo Sostenible relacionadas con las Industrias Extractivas
173
59. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible IIED (MMSD 2002). 173
60. Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 178
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Introducción
El propósito de este informe es brindar un exhaustiva visión de conjunto de todas los
estándares, principios, herramientas y guías de actuación elaborados por diversas
organizaciones internacionales tanto multilaterales como sectoriales, aplicables a las
industrias extractivas minero energéticas. Algunos de estos instrumentos revisados
constituyen mecanismos no vinculantes dirigidos a proporcionar a los Estados y a la
industria las directrices de buenas prácticas; también hay una serie de instrumentos que
constituyen convenios multilaterales legalmente vinculantes. También se ha incluido la
revisión de algunas organizaciones que difunden y estudian a profundidad aspectos
relativos al desarrollo sostenible a partir de lo cual se desarrollan diversos instrumentos. En
la medida que las actividades de la industria extractiva muchas veces se superpone a las
labores del Estado, los instrumentos generados tienen un alcance y carácter diverso que
atienden precisamente a la complejidad de contextos y asuntos que afectan a la sociedad
en su conjunto.
El informe se subdivide en cinco secciones. Los estándares, principios e instrumentos de
cada sección se describen de forma concisa y relevante presentándose además las
referencias virtuales para mayor conocimiento y enlace. En la primera sección se abordan
temas de contexto y desafíos globales que facilitan un mejor entendimiento de las causas
que han provocado que Estados, organizaciones multilaterales y empresas hayan
convenido en la aplicación de principios y normas de actuación a nivel global. Se incluye
aquí una matriz de relacionamiento de los estándares internacionales identificados con los
ocho principios del Código de Conducta de la SNMPE, así como una propuesta de
estrategia para una industria extractiva minero energética responsable mediante la
definición de pilares en los cuales se aplican los estándares previamente identificados.
En la segunda sección se describen los convenios y declaraciones universales legalmente
aprobadas por organismos multilaterales y suscrito por los Estados y empresas. Todos los
convenios descritos tienen absoluta aplicabilidad en industrias extractiva y abordan temas
como: alivio y reducción de la pobreza global y malnutrición, protección de los derechos
humanos universales especialmente a poblaciones indígenas y vulnerables, respecto a la
salud y a las normas laborales, el medio ambiente y principios anticorrupción.
La tercera sección describe una visión general de principios y estándares relacionados con
la Responsabilidad Social Corporativa con especial énfasis en aquellos aplicables a la
industria minero energética. Su propósito es establecer marco de referencia a ser aplicados
por las corporaciones a fin de que contribuyan al desarrollo sostenible. Algunos
instrumentos hacen referencia también a la aplicación de algunas obligaciones de las
empresas cuando actúan en zonas de riesgo, conflicto o contextos de pobreza estructural
fundamentalmente rurales. Se incluyen también iniciativas negociadas por la OECD durante
los últimos años, instrumentos emanados por iniciativas multilaterales provenientes de
Naciones Unidas, así como por iniciativas privadas emanadas por la propia industria
extractiva. Destaca la descripción de los principios formulados por John Ruggie,
representante especial de Naciones Unidas, quien logró sistematizar las mejores prácticas
en relación con los negocios y el respeto a los derechos humanos.
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En la cuarta sección destacan instrumentos específicos sectoriales de buenas prácticas de
la propia industria extractiva los cuales abordan variadas y diversas situaciones
relacionadas con el quehacer operativo de la industria extractiva y su importancia en la
cadena de valor. Destaca en esta sección la discusión sobre los doce principios del Estatuto
de Recursos Naturales, iniciativa público-privada cuyo objetivo es el establecimiento de
preceptos a ser aplicados en el desarrollo de industrias extractivas en todo el mundo.
En la quinta y última sección, se abordan de forma breve y concisa a las principales
organizaciones mundiales que abordan asuntos relativos al desarrollo sostenible donde la
industria extractiva es siempre un actor relevante cuando se describen sus principios y
buenas prácticas globales. Culmina el informe con la descripción sobre la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible a realizarse en Rio de Janeiro en junio
2012 en la cual los Estados, las empresas, ONG´s y diversas organizaciones relacionadas
asumirán compromisos sobre el desarrollo sustentable hasta el año 2032.
Finalmente, se presenta una matriz que da cuenta de la consistencia del Código de
Conducta de la SNMPE con los principios y estándares internacionales analizados en este
informe.
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Sección I: Contexto
En los últimos años, se ha observado un cambio en el rol de las empresas en la sociedad
debido a la relevancia que han cobrado aspectos clave como la globalización de los
mercados, el nacimiento de desafíos sociales y ambientales a nivel global y el cambio
climático; así como la decreciente capacidad de los gobiernos para encarar estos temas de
forma eficiente. Aunado a esto, ha aumentado considerablemente la influencia de las
organizaciones de la sociedad civil dando como resultado un aumento de la complejidad y
la dinámica del contexto operativo de todo tipo de organizaciones, incluyendo las empresas
y dentro de éstas particularmente las industrias extractivas minero energéticas.
Desde los 90´s, es cada vez más notoria la preocupación por los temas de sostenibilidad y
sobre el desarrollo sostenible por parte de políticos, consumidores e inversionistas (Davos,
WEF, NN.UU., BM, FMI, OECD). Esto, sumado a la creciente importancia del sector privado
y fundamentalmente extractivo, ha provocado temores sobre el impacto de la globalización
hacia el desarrollo sostenible, lo cual es manifiestamente mayor en mercados emergentes
como el Perú, que en los países desarrollados.
Coincidentemente, a partir de los 90´s, en el Perú se dieron incentivos legales para
inversión y privatización en el sector minero energético y con ello se propiciaron
inversiones importantes que han permitido que en una década nuestro país se ubique
entre los primeros productores mundiales de metales básicos como oro, plata, cobre y
zinc; un aumento de producción de hidrocarburos, junto con la mejora en la eficiencia y
ampliación energética en el país. Este boom extractivo y energético hizo posible proyectos
de clase mundial y, al tiempo con importantes ingresos fiscales, llegaron también
situaciones de conflicto socio-ambiental y aquellos relacionados con la distribución, uso y
beneficio de la renta minero energética (canon, regalías, impuestos especiales a la minería,
gas y petróleo, etc.).
Este escenario ha motivado que muchas empresas, sobre todo en mercados emergentes
como el Perú, estén ganando valiosos beneficios empresariales aplicando iniciativas que
ayuden a avanzar hacia el desarrollo sostenible y aminorar conflictos; es decir, la práctica
racional de actividades que preservan el medio ambiente, inversiones comunitarias para el
desarrollo socioeconómico local, incorporación de prácticas de gobierno corporativo,
transparencia en sus operaciones financieras y ambientales, etc.; con lo cual se espera
generar un contexto de confianza y mutua colaboración entre las comunidades afectadas,
las propias empresas y el Estado. El objetivo, tal como es posible apreciar en otros países
como Australia y Canadá, es convertir a la industria extractiva en un instrumento para el
reversión sostenida de situaciones de pobreza, y exclusión social y económica, así como el
tan ansiado desarrollo de nuestro país.
Justificación
En este contexto y frente a los desafíos planteados, las empresas, especialmente del sector
extractivo minero energético, vienen incorporando enfoques innovadores para la gestión
de sus relaciones con sus grupos de interés a fin de optimizar su desempeño económico,
ambiental y social. Es notorio el entendimiento que el sector extractivo minero energético
e inversionistas financieros, especialmente en países en desarrollo, han demostrado sobre
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el tema ya que entienden mejor los riesgos que conlleva una relación precaria con los
actores sociales y las oportunidades que se abren cuando esa relación es constructiva y
duradera. Las empresas que han comprendido la importancia de establecer y mantener
relaciones con las comunidades afectadas y otros actores sociales a lo largo de la vida de
sus proyectos, están cosechando los frutos reflejados en una mejor gestión del riesgo
social, obtención de la licencia social y mejores condiciones para la operación y
sostenibilidad del emprendimiento extractivo minero energético.
En otras palabras, la incorporación de estándares de actuación económica, social y
ambiental, e implementación de esquemas de gestión para la sostenibilidad, ha empezado
a marcar la pauta de diferenciación de las empresas que se identifican con el desarrollo
sostenible de las que no; de las que tienen mejores condiciones de operación y conviven
en entornos que aunque no siempre hostiles, el diálogo y el entendimiento persisten como
única plataforma de mutua cooperación.
Las tendencias
Un reciente estudio de la empresa consultora Deloitte resalta las 10 tendencias que el
sector minero enfrentaría en los próximos años dada su cada vez más notoria participación
y crecimiento en el escenario mundial. Hoy en día, la industria extractiva minera y
energética en general es noticia de primera plana casi de forma permanente -todos los
días y en todo el mundo. Para las empresas, esta mayor visibilidad viene con una mayor
responsabilidad.
Así, junto con desafíos relativos a precios, financiamiento, capital humano, creciente
demanda mundial y regulaciones; destaca un aspecto que en los últimos años ha cobrado
relevancia meridiana: mayores demandas por actividades y acciones de responsabilidad
social corporativa (RSC) o, simplemente, sostenibilidad.
En efecto, varios factores han condicionado esta mayor exigencia al sector extractivo y
energético por acciones concretas en los temas de sostenibilidad debido al evidente
impacto de sus actividades de orden social y ambiental. Así tenemos:
Frente a estos desafíos, diversas organizaciones como Naciones Unidas y otras tantas de
carácter multilateral y gremial empresarial, han respondido apropiadamente generando
iniciativas estandarizadas de desempeño social, económico y ambiental que vienen
marcado la pauta de actuación corporativa en estos ámbitos. Algunos de estos estándares
y/o mandatos regulatorios continúan siendo ajustados a medida que se presentan cada
vez mayores desafíos y expansión de la industria extractiva minero energética.
Sin embargo, la complejidad y variedad de contextos y realidades, la intensidad de estos
nuevos requerimientos y la falta de integración y normalización, están afectando la
capacidad de gestión y respuesta de muchas organizaciones empresariales para seguir y
cumplir todas las expectativas de desempeño y rendimiento que se espera de ellas. Esto
genera un ambiente de permanente incertidumbre y riesgos, cualquiera fuese la fase de
operación en que se encuentre el emprendimiento.
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Definición y uso de estándares
Los estándares se definen como las herramientas normativas que permiten mejorar la
integridad técnica, la seguridad, reducir daños al medio ambiente, proteger los derechos
humanos, optimizar recursos, conseguir mejores condiciones de operación y promover la
eficiencia del negocio que se traduce luego en reducción de costos. Su uso es cada vez
más imperativo debido a la naturaleza global de la industria extractiva minero energética
que busca permanentemente mayor eficacia y optimización de recursos.
La utilización de normativas estandarizadas es particularmente importante en contextos
como el peruano de permanente conflictividad social que generan mayores niveles de
riesgo para las operaciones actuales y futuras. De allí que es importante el desarrollo,
adaptación, actualización y validación de estándares y protocolos de actuación que faciliten
un clima de operación favorable para las empresas extractivas minero energéticas del
ámbito nacional, siempre que sean adoptadas bajo un esquema gerencial integral a lo
largo del ciclo de cada proyecto de inversión y de la cadena de valor de la empresa.
Los beneficios del uso de principios y estándares
• Mejora en la calidad de gestión de los proyectos cualquiera fuese su ciclo a fin de
promover un clima de operaciones favorable y continuo.
• Consistencia y confiabilidad en los procesos de gestión de las operaciones,
fundamentalmente de aquellas que se relacionan con la interacción con los grupos de
interés externos.
• Estandarización de marcos de actuación para el establecimiento de políticas de
responsabilidad social corporativa en la industria extractiva minero energética.
• Compatibilidad en los marcos de actuación y respuesta para generar condiciones
favorables de operación; así como respuestas frente a situaciones sociales y políticas
no favorables.
• Promoción de alianzas y marcos de participación de grupos de interés en aspectos que
sean de mutuo beneficio en la búsqueda de mejores condiciones para la sostenibilidad
de la operación.
• Generación de confianza y respeto por parte de grupos de interés; así como el logro de
consensos mínimos que generen condiciones favorables y sostenibles para la
operación.
• Generación de oportunidades para compartir y diseminar conocimiento y transferencia
tecnológica con los grupos de interés de la empresa.
• Desarrollo de capacidades, habilidades y competencias en los grupos de interés de la
empresa.
La respuesta de la Industria Extractiva Minera y
Energética
Las empresas minero energéticas han entendido la necesidad de adoptar claramente el
concepto de sostenibilidad, la mejora de la eficiencia energética y utilización del agua en
sus actividades y operaciones, requisito sin el cual no será posible conseguir condiciones
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sostenibles para operar, o incluso generar los flujos financieros esperados que justifiquen
las ingentes inversiones que esta industria demanda.
Desde el ámbito minero energético, las empresas más grandes del mundo ya tienen
programas donde el medio ambiente, las prácticas de desarrollo sostenible y la
participación de la comunidad son las principales prioridades. Otras están reconociendo la
necesidad de modificar sus prácticas comerciales y operativas para cumplir con los
imperativos de la sostenibilidad, lo que ha provocado la adopción de nuevos modelos
operativos, estructuras de gobierno y nuevas formas de medir la rentabilidad corporativa
de sus inversiones en sostenibilidad.
Sin embargo, a pesar de ello, las expectativas de los diversos grupos de interés
(trabajadores, comunidades locales, ambientalistas, ONGs, analistas e incluso inversores)
siguen en aumento, haciendo con ello que los niveles de riesgo de gestión y operación se
incrementen a niveles antes insospechados.
De allí que es imperativo que las empresas extractivas minero energéticas tengan que
integrar estrategias y estándares de responsabilidad social corporativa (RSC) basadas en
riesgos y desarrollar modelos de gestión y organización con adecuados esquemas de
seguimiento e indicadores clave de rentabilidad, con la misma diligencia y eficiencia con
que hacen el seguimiento y expansión de las operaciones y producción.
Hasta que la RSC, como concepto englobante para la aplicación y cumplimiento de
estándares de orden social, ambiental y económico, o las acciones de sostenibilidad sean
vistas como un riesgo directo e inherente al negocio, las empresas minero energéticas
tendrán que luchar para minimizar la probabilidad y los impactos financieros de esos
riesgos, con las consecuencias en costos y rentabilidad futuras.
Los estándares como respuesta
La perspectiva antes descrita viene siendo enfrentada con enfoques gerenciales que
definen las acciones de sostenibilidad en las organizaciones empresariales como una acción
transversal en la cadena de valor donde se deben conciliar los aspectos económicos,
sociales y ambientales. En este sentido, las actividades de sostenibilidad pueden
transformarse en una herramienta capaz de generar inclusión e integración económica y
social de sectores vulnerables, por lo que resulta de enorme importancia verla como un
marco de posibilidad para las empresas y para la sociedad en su conjunto. De allí que,
cuando una empresa gestionada con responsabilidad social decide encaminarse en la
búsqueda de nuevas relaciones que permitan encontrar la manera de incorporar a la
sociedad a los grupos excluidos, está transformando gradualmente sus sistemas de
relaciones y por tanto genera mejores condiciones de sostenibilidad (económica, social y
ambiental) para sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo.
Bajo este enfoque, es quizás el Pacto Mundial (UN Global Compact) impulsado por
Naciones Unidas, el punto de quiebre donde se especifica con mayor claridad el rol de las
organizaciones empresariales para coadyuvar a la promoción y creación de una ciudadanía
corporativa global que concilie intereses económicos, sociales y ambientales. El Pacto
Mundial fue presentado en 1999 durante el Foro Mundial de Davós en Suiza y abarca diez
principios de responsabilidad social agrupados en cuatro áreas: derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente y corrupción.
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LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
Derechos Humanos
1. Las Empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos universalmente,
dentro de su ámbito de influencia.
2. Las Empresas deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplices de la vulneración de
los derechos humanos.
Normas Laborales
3. Las empresas deben respetar la libertad de
asociación y el reconocimiento del derechos a la
negociación colectiva;
4. La eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso y obligatorio;
5. La abolición del trabajo infantil;
6. La eliminación de la discriminación respecto del
empleo y la ocupación.
Medio Ambiente
7. Las empresas deben apoyar la aplicación de
un criterio de precaución respecto de los
problemas ambientales;
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental; y
9. Alentar el desarrollo y la difusión de
tecnologías inocuas para el medio ambiente.
Anticorrupción
10. Las empresas deben actuar contra todas las
formas de corrupción, incluyendo la
extorsión y el soborno.
Estos principios son los que vienen inspirando a las organizaciones empresariales en todo
el mundo para la definición de sus políticas y actividades de responsabilidad social. De
hecho, estos principios son los que han marcado la pauta para el inicio del establecimiento
de estándares de desempeño y normas de actuación en empresas alrededor del mundo,
especialmente en la industria extractiva minera y energética que siempre han visto
cuestionada sus actividades por los impactos que generan, por lo que es vital su
incorporación para generar confianza en todos los grupos de interés involucrados.
El presente informe presenta de forma sistemática los principios, estándares y guías de
actuación aplicables a toda organización poniendo especial énfasis en la industria
extractiva minera y energética.
Principios, estándares y guías de actuación internacionales
Convenios y declaraciones de organismos multilaterales
1. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano – ONU 1972
2. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – ONU 1992 - Rio + 20
3. Agenda 21 – ONU 1992
4. Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social – ONU 2005
5. Principios y derechos fundamentales en el Trabajo – OIT 2003
6. Convención contra la Corrupción – ONU 2003
7. Convención para Combatir el Cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales – OCDE 1997
8. Declaración universal de los derechos humanos – ONU 1948
9. Declaración de los derechos de los pueblos indígenas – ONU 2007
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10. Declaración del Milenio – Objetivos de desarrollo del milenio – ONU 2000
11. El Pacto Mundial – ONU 2000
12. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes – OIT 2002
Principios sobre Responsabilidad Social Corporativa
13. El Reporte Ruggie: Marco de referencia “Proteger, Respectar y Remediar” y Principios Guía para los Negocios y Derechos Humanos – ONU 2011
14. Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales – OECD 1976
15. Los Principios Globales Sullivan en Responsabilidad Social Corporativa – 1999
16. El Marco de Políticas de Inversión – OCDE 2010
17. Principios de Gobierno Corporativo – OECD 2004
18. Principios para una Inversión Responsable – UNEP 2005
19. Guía de Responsabilidad Social – ISO 26000:2010
20. Estándar de Gestión Ambiental – ISO 14000:2005
21. Responsabilidad Social SA 8000
22. Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial – 2006
23. Políticas y Estándares de Desempeño para la Sostenibilidad Social y Ambiental – IFC 2012
24. Relaciones con la comunidad y otros actores sociales – IFC 2009
25. Inversión Comunitaria Estratégica – IFC 2010
26. Invirtiendo en la Gente: Comunidades Sostenibles mediante la mejora de prácticas empresariales IFC
27. Manual para la preparación de un plan de acción para el reasentamiento – IFC
28. La divulgación y la consulta pública: un instrumento eficaz para la actividad empresarial – IFC 1998
29. Manual para empezar a trabajar en Contratación Local - IFC 2010
30. Guía para la Biodiversidad - IFC 2010
31. Herramienta de sensibilización para el manejo de riesgos para empresas multinacionales en zonas de
gobernanza débil – OECD 2006
32. Principios de participación en infraestructura para el Sector Privado
Iniciativas, guías, estándares, principios y certificaciones
33. Principios voluntarios en seguridad y derechos humanos – 2000
34. Iniciativa Global para el Reporte – GRI 2000
35. Carta sobre Recursos Naturales – 2010
36. Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI 2002
37. Iniciativa para el Desarrollo de una Minería Responsable – WEF 2010
38. Marco para una Minería Responsable – 2005
39. Iniciativa para el Aseguramiento de una Minería Responsable IRMA
40. 10 Principios para el desempeño con respecto al Desarrollo Sustentable – ICMM
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41. Desarrollo Comunitario - Kit de Herramientas - ICMM 2008
42. Guía de buenas prácticas para la Minería y la Biodiversidad – ICMM 2010
43. Guía de Gerenciamiento de Riegos Fatales – ICMM 2010
44. Revisión y cuestiones de Minería y Pueblos Indígenas – ICMM 2010
45. Guía de Buenas Prácticas: Los Pueblos Indígenas y Minería – ICMM 2010
46. Mapa de Alianzas Locales – ICMM 2010
47. Derechos humanos en la industria Minería y Metales Descripción general, enfoque de gestión y otros
temas – ICMM 2009
48. Derechos Humanos en la Industria Minera y Metales: Manejo y resolución de inquietudes y conflictos a
nivel local – ICMM 2010
49. Planificación del Cierre Integrado de Minas: equipo de herramientas
50. La eliminación de accidentes mortales – ICMM 2010
51. Buenas prácticas de preparación y respuesta ante emergencias – ICMM 2010
52. Principios y Guías para una Exploración Responsable e3Plus – PDAC 2010
53. Guía de buenas prácticas para la Industria del Gas y el Petróleo – IPIECA 1974
54. Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo – OGP
55. Esquema de certificación “Proceso Kimberly” – 2003
56. Guía de debida diligencia para Cadenas de Suministro Responsables en zonas de conflictos y áreas de alto
riesgo – 2010
57. Principios de Ecuador – 2006
58. Principios de Santiago – 2008
El Código de Conducta de la SNMPE y los Estándares
Internacionales
En el año 2002, los miembros de la SNMPE del Perú elaboraron los principios del Código de
Conducta que rigen hasta la actualidad. Estos principios se basaron a su vez en los
principios, estándares y conceptos fundamentales que diversas organizaciones
multilaterales y sectoriales han elaborado a lo largo de los años, principalmente a partir de
la puesta en agenda de los temas relacionados con el desarrollo sostenible desde 1972
cuando se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en
Estocolmo y la desarrollada en Rio en 1992.
Es destacable que los principios del Código de Conducta de la SNMPE hayan recogido
conceptos fundamentales tales como: el desarrollo sostenible, protección ambiental, la
seguridad industrial, el desarrollo social, tratamiento con los pueblos indígenas,
transparencia y equidad. Esto da cuenta de su articulación con los estándares nacionales e
internacionales. Sin embargo, las condiciones sociales y ambientales actuales en las que
opera la industria extractiva minera y energética obliga a una revisión fundamental que
permita ajustar y estructurar dichos principios a las nuevas condiciones y a la normativa
internacional a fin de incluir aspectos nunca antes cubiertos y que la industria a nivel
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internacional ya viene desarrollando. Aspectos como el cambio climático, la consulta
previa, biodiversidad, los derechos humanos, desarrollo y exclusión social, desarrollo
territorial, zonificación geográfica y económica, pueblos indígenas; valor compartido y
otros aspectos que dominan la agenda nacional e internacional con ocasión de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable a llevarse a cabo en
Rio en junio 2012.
Principios del Código de Conducta de la SNMPE
1 La exploración, la extracción, la explotación, la producción, la transformación, el transporte, la distribución y/o la utilización de los recursos naturales vinculados con nuestras actividades, se hace cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente en el país.
2 La responsabilidad y eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de explotación y utilización de los recursos naturales.
3 La generación de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en general, se enmarca dentro de la economía social de mercado.
4 La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.
5 La búsqueda de los objetivos empresariales se hace actuando y compitiendo con transparencia y equidad.
6 La salud y la seguridad ocupacional constituye un fin esencial en la gestión de todas nuestras operaciones.
7
Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prácticas de protección ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de tecnologías eficaces que contribuyan a proteger y conservar flora, fauna y ecosistemas, así como a prevenir cualesquiera situaciones negativas.
8 Se busca respetar las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de las sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación de los distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local.
El uso de Estándares en el Marco de una Estrategia
para el Desarrollo de una Industria Extractiva Minero-
Energética Responsable
Durante el 2010 y 2011 y en el Marco de la Iniciativa para el Desarrollo de una Minería
Responsable (Responsible Mining Development Initiative - RMDI) auspiciada por el Foro
Económico Mundial, se efectuó un proceso de consulta multistakeholders a nivel global que
tenía como objetivo explorar las opiniones, obstáculos, prioridades y preocupaciones de los
principales grupos de interés para el desarrollo minero en relación con la estructura de la
negociación de acuerdos marco bilaterales en materia de desarrollo minero (MDA) entre
las empresas y los gobiernos nacionales en los países en desarrollo. Se intenta con esta
encueta global buscar respuestas sobre qué funciona y qué no, en qué radica el
descontento y la frustración y donde pueden estar las mejoras que se deban producir en
adelante.
Algunas de las principales conclusiones sobre los obstáculos y recomendaciones de la
consulta multistakeholder a nivel global se recogen a continuación:
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Obstáculos para el Desarrollo de la Minería a nivel Global
Aspectos clave
Falta de experiencia y limitada capacidad institucional de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas
Falta de entendimiento común de la naturaleza, alcance y oportunidad de los beneficios y costos que se derivan de la explotación de minerales/energía
Formulación débil de la política minera y sus regulaciones, burocracia ineficaz, deficiente seguimiento y ejecución de proyectos
Sociedad civil lucha por participar de manera constructiva en el proceso y tiene, a menudo poco realistas, expectativas
Empresas con una comprensión insuficiente de país anfitrión y las prioridades de la comunidad local, las preocupaciones y las ambiciones
Los roles y las responsabilidades no están claras
Los largos y complejos procesos de negociación y percepciones de engaño: frustración
Inadecuada inclusión de los grupos de interés en los procesos de decisión
Desconfianza entre las partes interesadas y limitaciones para la participación constructiva
Deficientes (cuando no inexistentes) programas para el desarrollo de cadenas de suministro, infraestructura y empleo locales
Dificultades en la construcción de la aceptación social para el desarrollo minero/energético
Negociación opaca y procesos de desarrollo, escasa información compartida
Desconfianza entre las partes interesadas
Oportunidades perdidas para la participación activa
No queda claro de rendición de cuentas
Cumplimiento incompleto, deficiente monitoreo y resolución de conflictos
Los beneficios y compromisos incumplidos y no honrados echaron a perder oportunidades
Escalada de conflictos e incrementan el resentimiento (caldo de cultivo)
Asimismo, algunas sugerencias planteadas por los diversos grupos de interés
entrevistados fueron:
• Realización de campañas de educación pública sobre el proceso de la minería y sus
posibles beneficios, riesgos, oportunidades y responsabilidades de manera más
general.
• Las empresas que realizan inversiones deben propiciar y publicar investigaciones sobre
el valor económico e impactos sociales de sus operaciones, de ser posible en
cooperación con el gobierno local, la academia y la sociedad civil.
• Los gobiernos deben tomar medidas para atraer e incentivar a las industrias
manufactureras y de servicios a las zonas mineras y generar encadenamientos
productivos.
• Uso de Foros Locales de Desarrollo como un espacio público amplio y democrático para
involucrar a los actores locales y negociar la resolución a nivel local los problemas.
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Ampliar la transparencia de los datos geológicos y las licencias concedidas a través de
programas de gestión catastral.
• La adopción de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), que
podría ser útil si es desagregada y aplicada a nivel sub-nacional.
El Caso Peruano y la Industria Extractiva
A partir de los años 90 se dieron incentivos legales que permitieron la llegada de
inversiones importantes en industrias extractivas que luego de 10 años han hecho posible
que el Perú se ubique entre los principales productores de metales básicos a nivel mundial
y con expectativas de crecimientos en inversiones mineras antes insospechadas.
Junto con los beneficios económicos en términos fiscales y macroeconómicos que se
derivaron de estos incentivos, llegaron también situaciones de conflicto socio-ambiental y
aquellos relacionados con la distribución y uso de la renta minero-energética (canon,
regalía). Es claro también que el Estado, a pesar de los años transcurridos, adolece aún de
falta de capacidades institucionales a nivel nacional y subnacional que le permitan revertir
las condiciones de pobreza y exclusión social; principalmente en ámbitos rurales donde
opera la minería. Es decir, buena parte de los conflictos presentados en los últimos años
han sido explicados de forma general por algunas, sino todas, de las siguientes causas:
Pobreza, desigualdad y exclusión social fundamentalmente en áreas rurales.
Precaria gobernabilidad democrática.
Desconocimiento de normatividad social y ambiental relativa a industrias
extractivas.
Existencia de intereses diversos entre actores de la minería de índole política,
económica y cultural.
Pocas capacidades de gestión pública que permitan aprovechar adecuadamente los
recursos que genera la industria extractiva.
Inequidades causadas por el canon minero e ineficiencia de su uso por parte de
gobiernos subnacionales.
Proceso de descentralización inconcluso que no permite que los gobiernos
subnacionales asuman adecuadamente sus funciones y responsabilidades.
Políticas públicas poco claras que no generan capacidades a nivel subnacional. Los
programas nacionales de lucha contra la pobreza aún están desarticulados.
El mayor acceso a la información y la expansión de la conciencia de los derechos
humanos en un mundo globalizado.
Incremento de petitorios mineros poco regulados.
Niveles de desconfianza, incomunicación y prejuicios entre actores de la minería.
Para el caso de la encuesta multistakeholder conducida por Foro Económico Mundial a
nivel del Perú, se reiteran aspectos relacionados con factores institucionales tanto a nivel
del Estado, como en las propias empresas y comunidades. Entre otras, se destaca que:
Se requiere solidez institucional para atender a todas las partes interesadas que vayan
más allá de las dinámicas de poder existentes entre gobierno, empresarios y la
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sociedad civil y las partes interesadas. Deben poder convertirse en socios para el
desarrollo.
Necesidad de creación de capacidades a nivel de gobierno nacional / regional / local
para garantizar que los ingresos provenientes del sector mineros (energético)
construya efectivamente el desarrollo regional y satisfaga necesidades públicas de
infraestructura, salud y educación.
Necesidad de transparencia, medición y presentación de informes sobre la fuente y uso
de rentas y regalías mineras. Necesidad de aprender de las buenas prácticas a nivel
internacional, incluidos los datos para demostrar el impacto sobre el desarrollo.
Necesidad de revisión de la estructura tributaria y de regalías para evitar problemas
cíclicos como los impuestos extraordinarios en los auges de precios de productos
básicos, y evitar la distorsión de los ingresos entre la minería y los Estados que tienen
minería. (Hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizó antes de la imposición
del nuevo régimen tributario para el sector minero en el Perú).
Mayor equidad en la participación comunitaria en los proyectos mineros. Consulta y
participación deben ser los pilares en la construcción de los emprendimientos mineros.
Los acuerdos entre la Comunidad y la empresa podrían dar paso a planes de desarrollo
local formulado a través del involucramiento y participación de las partes interesadas,
como base para la inversión en los servicios públicos locales.
Oportunidad para construir capacidades en la comunidad para permitir el monitoreo y
vigilancia del cumplimiento de compromisos y planes de desarrollo.
Desconexión entre ciclo de proyecto minero y proyectos para desarrollar duraderas y
soluciones efectivas con la comunidad conduce a soluciones rápidas almacenando
problemas en el futuro.
Necesidad de las empresas de construir capacidades de gestión internas para asegurar
que todos los equipos de gestión entiendan los riesgos asociados con los problemas
sociales y ambientales. Mejora de la capacidad de los grupos de interés y el
entendimiento cultural.
Por otro lado, es conocido que las operaciones de las industrias extractivas impactan sobre
variables macro y microeconómicas (empleo, inversión, divisas, precios, salarios) y sobre el
entorno socio-económico, ambiental, cultural, institucional y político de una región y país.
El desafío está en cómo conciliar los intereses corporativos con los de los distintos grupos
de interés con el que interactúa la empresa.
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La demanda por una mayor Responsabilidad Social
Corporativa
Como fue señalado líneas arriba, frente a los desafíos que enfrenta la industria extractiva
minera y energética, las empresas vienen incorporando enfoques innovadores para la
gestión de sus relaciones con sus grupos de interés a fin de optimizar su desempeño
económico, ambiental y social; es decir se viene adoptando enfoques integrales de
Responsabilidad Social. Es notorio el entendimiento que el sector extractivo en el Perú ha
demostrado sobre el tema ya que entienden mejor los riesgos que conlleva una relación
precaria con los actores sociales y las oportunidades que se abren cuando esa relación es
constructiva, horizontal y duradera. Las empresas que han comprendido la importancia de
establecer y mantener relaciones con las comunidades afectadas y otros actores sociales a
lo largo de la vida de sus proyectos, están cosechando los frutos reflejados en una mejor
gestión del riesgo socio ambiental, obtención de la licencia social y mejores condiciones
para la operación y sostenibilidad del emprendimiento extractivo / energético.
Es claro entonces que la incorporación de estándares de actuación económica, social y
ambiental, e implementación de esquemas de gestión para la sostenibilidad, ha empezado
a marcar la pauta de diferenciación de las empresas que se identifican con el desarrollo
sostenible de las que no; de las que tienen mejores condiciones de operación y conviven
en entornos que aunque no siempre hostiles, el diálogo y el entendimiento persisten como
única plataforma de mutua cooperación.
Canales de Impacto
de la Industria Extractiva
Operaciones
Demanda de empleo
Compra de bienes y servicios
Construcción y mantenimiento de
vías
Uso de recursos naturales
Presencia
Migración
Gasto de trabajadores y
contratistas
Oferta de nuevos servicios
Programas de Desarrollo
Caminos Rurales
Electrificación Telefonía
Saneamiento
Salud, Nutrición y Educación
Desarrollo Productivo
Aportes Recursos Públicos
Imp. Renta, Canon y regalías
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En el Perú, como en el resto del mundo, se confirman las tendencias globales sobre las
industrias extractivas que es noticia de primera plana casi de forma permanente -todos los
días y en todo el mundo forma parte de la discusión académica y mediática. Para las
empresas, esta mayor visibilidad viene con una mayor responsabilidad y exigencias por
adoptar medidas innovadoras que le permitan enfrentar estos desafíos de cara al potencial
de inversiones que tiene la industria (se afirma que es de US$ 50 billones en 10 años).
Así, junto con desafíos relativos a precios, financiamiento, capital humano, creciente
demanda mundial y regulaciones; destaca un aspecto que en los últimos años ha cobrado
relevancia meridiana: mayores demandas por actividades y acciones de responsabilidad
social corporativa (RSC) o, simplemente, sostenibilidad.
En efecto, varios factores han condicionado esta mayor exigencia al sector extractivo y
energético por acciones concretas en los temas de sostenibilidad debido al evidente
impacto de sus actividades de orden social y ambiental. Así tenemos:
a) Mayor activismo de grupos de interés, debido a creciente actividad minera y
energética en el Perú y en el mundo. Dichos grupos cada vez tienen mayor incidencia
sobre el Estado y la opinión pública en aspectos de política socio-ambiental
(regulatoria).
b) La participación de la comunidad se ha convertido en un “must” que favorece
condiciones de operación más estables y duraderas, y va más allá de exigir mayores
niveles de inversión local.
c) Los grupos de interés esperan un diálogo abierto y transparente a más largo
plazo con compromisos sociales y mejores estándares de desempeño ambiental.
d) Los aspectos medioambientales toman mayor relevancia. Por ejemplo, a
medida que más proyectos mineros van “underground”, las empresas luchan por
limitar el impacto en los niveles freáticos locales. El uso de agua es tema crítico así
como el impacto ambiental y, por tanto, los aspectos de remediación.
Este escenario configura una oportunidad para que tanto el Gobierno como las empresas
mineras tengan que incorporar estrategias innovadoras de responsabilidad social
corporativa (RSC) basadas en riesgos y desarrollar modelos de gestión y organización con
adecuados esquemas de seguimiento e indicadores clave de rentabilidad y transparencia.
Estrategias para hacer frente a las expectativas de los
Grupos de Interés
Muchas de las empresas mineras asentadas en el Perú entienden la necesidad de adoptar
claramente el concepto de sostenibilidad, la mejora de la eficiencia energética y utilización
del agua. Casos recientes dan cuenta de estos temas que han sido abordados con
respuestas técnicamente viables que garantizan un adecuado balance ambiental. Sin
embargo, hace falta incorporar a estas propuestas elementos de participación social,
desarrollo inclusivo, divulgación, monitoreo y enfoques de derechos humanos que hagan
posible mayor receptividad de las inversiones minero energéticas en el Perú. Sobre el
tema, las compañías mineras más grandes del mundo (muchas de las cuales están
presentes en Perú) ya tienen programas donde el medio ambiente, las prácticas de
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desarrollo sostenible y la participación de la comunidad son las principales prioridades en
sus formulaciones de proyectos.
Sin duda esto requiere el reconociendo de la necesidad de modificar algunas prácticas
comerciales y operativas para cumplir con los imperativos de la sostenibilidad, lo que
induce a la adopción de nuevos modelos operativos, estructuras de gobierno y nuevas
formas de medir la rentabilidad corporativa. Así, conocido el contexto peruano sobre el
cual actúan las inversiones actuales y potenciales, es necesario generar un nuevo esquema
de gestión empresarial que incorpore algunos pilares fundamentales que respondan a
las causas reales que aquejan a la industria extractiva minera y energética local, descritas
líneas arriba. Estos pilares, entre otros, pueden resumirse en:
Sistemas de gestión de operaciones con esquemas de sostenibilidad socio ambiental
basado en riesgos
Construcción de capacidades e intercambio de conocimientos con todos los grupos de
interés
Inversiones sostenibles en comunidades, cumplimiento y seguimiento de compromisos
Procesos de divulgación y comunicación efectivos
Procesos de participación e involucramiento de grupos de interés
Gestión integral y temprana de conflictos
El fundamento de este enfoque es que las empresas mineras tendrán que integrar
estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC) basadas en riesgos y desarrollar
modelos de gestión y organización con adecuados esquemas de seguimiento e indicadores
clave de rentabilidad, con la misma diligencia y eficiencia con que hacen el seguimiento y
expansión de las operaciones y producción. Estos nuevos esquemas deben seguir
estándares y guías de actuación a nivel corporativo, las cuales se presentan en este
informe.
EL enfoque de sostenibilidad que se sugiere debe ser visto como aquel que incorpora a la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un riesgo directo e inherente al
negocio y que por tanto las empresas mineras tendrán que luchar para minimizar la
probabilidad y los impactos financieros de esos riesgos. Los pilares arriba descritos van en
Estrategia para Minería / Energía
Responsable
(1) Sistemas de gestión de operaciones con esquemas de sostenibilidad socio
ambiental basado en riesgos
(2) Construcción de capacidades e intercambio de conocimientos con
todos los grupos de interés
(3) Inversiones sostenibles en comunidades, cumplimiento y seguimiento de compromisos
(4) Procesos de divulgación y comunicación efectivos
(5) Procesos de participación e involucramiento de grupos de
interés
(6) Gestión integral y temprana de quejas y conflictos
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esa dirección y para su aplicación y puesta en marcha se cuentan con principios,
estándares, gruías de actuación y sistematización de buenas prácticas a nivel nacional e
internacional, los cuales son la esencia de este informe. Por cierto que este esfuerzo va a
requerir análisis más sofisticados, enfoques innovadores y participación multidisciplinaria
para atender demandas de todos los grupos de interés con los cuales la empresa
interactúa e impacta.
En adelante se mostrará una breve descripción de cada pilar, así como sugerencias de
estándares que podrían ser usados para su mejor aplicación.
1. Sistemas de gestión de operaciones con esquemas de sostenibilidad socio
ambiental basado en riesgos
Optimice los sistemas de gestión de riesgos. Construya, adapte, aplique estándares
de desempeño económico, social y ambiental.
Adopte una plataforma integral donde el medio ambiente, la salud y seguridad
industrial, participación comunitaria, integridad de activos y gestión de riesgos
puedan ser manejadas.
Asegúrese de articular todas las funciones de la empresa y asegure de que éstas
estén alineadas a su estrategia de sostenibilidad.
Mapee temas críticos, riesgos y oportunidades de inversión para con todos los grupos
de interés.
Involucre a toda la empresa en la identificación y desarrollo de acciones de
sostenibilidad y determine compromisos y responsabilidades claras.
Evalúe el contexto empresarial de su compañía, determine sus intereses clave, así
como sus riesgos operativos. Clasifique y priorice estos riesgos en función de sus
intereses y visión de desarrollo y actúe en consecuencia.
Construya un nuevo esquema en una clara estructura de gobierno y un programa
interno de aseguramiento (social, económico y ambiental - lEE compliance) y un
sistema de información confiable.
Aplique principios y estándares: OECD, ICMM, GRI, ISO 14000, ISO 26000, OGP,
IPIECA.
2. Construcción de capacidades e intercambio de conocimientos con todos los
grupos de interés
Identifique oportunidades de inversión en construir capacidades en todos los grupos
de interés, especialmente en aquellos más vulnerables y quienes representen mayor
riesgo para su operación.
Las inversiones en capacidades deben considerar al menos las capacidades:
capacidades funcionales, capacidades técnicas y capacidades comportamentales
Construya modelos de desarrollo local que estén alineados con el modelo de gestión
operativa de la empresa y su ciclo de vida.
Posicione a la compañía como un aliado que involucra a todos los grupos de interés y
no como el actor principal en la promoción del desarrollo local.
Invierta considerablemente en el desarrollo de capacidades, en procesos
participativos y en desarrollo organizacional para facilitar que diversos grupos de
interés asuman roles y responsabilidades mayores.
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Aplique principios y estándares: ILO, ONU,OECD, ICMM, IFC, GRI, ISO 26000, OGP,
IPIECA.
3. Inversiones sostenibles en comunidades, cumplimiento y seguimiento de
compromisos
Establezca un Plan de Inversiones en Comunidades de 3 a 5 años, pero no descuide
el ciclo de vida del proyecto minero y que las iniciativas de inversión deben
establecer objetivos vinculados al negocio de la empresa.
Tener en cuenta el costo/beneficio (creación de valor) y el valor de la mitigación de
riesgos, tales como retrasos en la planificación, construcción y operaciones,
demandas o cancelación de proyectos potenciales (la protección del valor o
inversión).
Use herramientas financieras para evaluar inversiones sociales y elija decisiones con
más probabilidades de entregar los beneficios sociales de mayor valor.
Identifique grupos objetivo de los grupos de interés local y criterios de elegibilidad.
Vincule la estrategia de inversión en comunidades al contexto local usando estudios
de línea de base socioeconómicos.
Aprovechar las principales competencias y recursos de la empresa para ayudar a las
comunidades. Promueva procesos de coordinación y rendición de cuentas que
contribuyan al logro de objetivos.
Integrar la estrategia con otros programas de la empresa que involucren a las
comunidades.
Describir las condiciones de sostenibilidad de cada iniciativa de inversión en
comunidades para que no haya dependencia permanente del financiamiento de la
empresa. Considere logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo; acordes con
el ciclo de vida de la empresa.
Describir los procesos de monitoreo, evaluación y comunicación de las iniciativas de
inversión en comunidades.
Es mejor sostener compromisos y cumplirlos eficazmente para no afectar la
credibilidad y la reputación de la empresa (valor reputacional).
Aplique principios y estándares: ILO, ONU,OECD, ICMM, IFC, GRI, ISO 26000, OGP,
IPIECA, PDAC.
4. Procesos de divulgación y comunicación efectivos
La divulgación de actividades de sostenibilidad es el acto de comunicar el desempeño
en relación con las actividades económicas, ambientales, sociales y de gobernanza
de la empresa.
Comunicar incluye informes de sostenibilidad en base a los estándares adoptados.
Debe incluirse aspectos reglamentarios, pasivos ambientales, notificación de gases
de efecto invernadero (GEI), y otra información voluntaria sobre temas de RSC.
La información a divulgar debe cumplir con las expectativas de diversos grupos de
interés, lo cual es posible sólo si las empresas se comprometen a compartir
información y difundirla de forma consistente y creíble en todos los canales de
comunicación posible.
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Se debe adoptar una estrategia de divulgación que articule aspectos de RSC, medio
ambiente, finanzas, recursos humanos; con apoyo de procesos integrados y sistema
de gestión de información.
Aplique principios y estándares: ILO, OECD, ICMM, IFC, GRI, ISO 26000.
5. Procesos de participación e involucramiento de grupos de interés
Establecer un proceso interactivo, de participación y relacionamiento con los grupos
de interés local y aliados.
Establezca principios para el trabajo de participación de comunidades. Estos
principios deben considerar al menos los siguientes criterios: participación local,
empoderamiento y apropiación por parte de la comunidad, representación e inclusión
social y, gobernabilidad y transparencia.
Identifique de forma sistemática las ventajas y fortalezas de las comunidades,
reconozca la diversidad y permita que todas las voces sean oídas.
Ayude a que las personas puedan entender y prepararse para el cambio. Construya
una realidad futura deseable.
Priorice junto con las comunidades las opciones en base a intereses y beneficios
compartidos.
Aplique principios y estándares: ILO, ONU,OECD, ICMM, IFC, GRI, ISO 26000, OGP,
IPIECA, PDAC.
6. Gestión integral y temprana de quejas y conflictos
Garantice que las comunidades no encuentren obstáculos para presentar cualquier
tipo de quejas y denuncias respecto de los impactos que genere la empresa.
• Establecer el mecanismo desde el principio, y haga que este sea un procedimiento
transparente y predecible.
• Encuentre formas de construir confianza en la legitimidad del mecanismo de quejas y
denuncias.
• Cree una estructura organizativa que responda permanentemente por este
mecanismo. Garantice que el mecanismo sea objeto de respaldo y responsabilidad al
interior de la compañía.
• Mantenga un espectro amplio de posibilidades en cuanto a los asuntos a tratar.
Permita diferentes modalidades para la presentación de quejas, y adapte el
mecanismo a su entorno cultural local.
• Defina un procedimiento claro para resolver las quejas, que incluya informes
regulares para los quienes presentaron las quejas.
• Involucre a las comunidades y/o a terceras partes respetadas cuando sea posible, en
el diseño e implementación del mecanismo. Promueva la concientización externa de
la existencia del mecanismo y hágalo de fácil acceso.
• Registre y documente cuidadosamente todas las quejas
• Busque la solución de las inquietudes y de los reclamos a través del diálogo y de la
resolución conjunta de problemas con la comunidad, cuando esto sea posible.
• Evalúe internamente cómo funciona el mecanismo y reporte externamente los
resultados del mecanismo.
Aplique estándares: ICMM, IFC, OGP, IPIECA, PDAC.
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Sección II: Convenios y declaraciones de
organismos multilaterales
1. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano – ONU 1972
La primera reunión convocada por la ONU fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. En esa época
este tema aún no formaba parte de la agenda internacional ni era una preocupación de los
gobiernos, que en su mayoría carecían de una institucionalidad para el sector. Fue la
primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó
un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente
La conferencia fue abierta y dirigida por el primer ministro sueco Olof Palme (Suecia fue la
impulsora de esta conferencia) y Kurt Waldheim (secretario general de la ONU en ese
entonces). Con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos
intergubernamentales, y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, es ampliamente reconocida como el comienzo de la conciencia política y
pública de los problemas ambientales.
En la declaración final de Estocolmo se resaltaba la responsabilidad de los humanos en la
conservación de su medio ambiente. Fue el comienzo de un debate que aún no termina.
Como consecuencia de la conferencia de 1972 fue creado el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente - PNUMA.
Principios de la Convención sobre el Medio Humano 1972
Principio 1 El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute
de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una
vidad digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que
promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión
colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y
deben eliminarse.
Principio 2 Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora
y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa
planificación u ordenación, según convenga.
Principio 3 Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la
capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables.
Principio 4 El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran
actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia,
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al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la
naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres.
Principio 5 Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se
evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte
los beneficios de tal empleo.
Principio 6 Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas y de otras materias y a
la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda
neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe
apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.
Principio 7 Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la
contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del
hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de
esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.
Principio 8 El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un
ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para
mejorar la calidad de vida.
Principio 9 Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y
los desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el
desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia
financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en
desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse.
Principio 10 Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de
ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos
esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los
factores económicos como los procesos ecológicos.
Principio 11 Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a
aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no
deberían menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida
para todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las
disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las
consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de
la aplicación de medidas ambientales.
Principio 12 Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio,
teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en
desarrollo y cualesquiera gastos que pueda originar a estos países la inclusión de medidas
de conservación del medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de
prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica y financiera internacional con ese fin.
Principio 13 A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las
condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado
de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del
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desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su
población.
Principio 14 La planificación racional constituye un instrumento indispensable para
conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad
de proteger y mejorar el medio.
Principio 15 Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la
urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los
máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para todos. A este respecto deben
abandonarse los proyectos destinados a la dominación colonialista y racista.
Principio 16 En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento
demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al
desarrollo, o en que la baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del
medio humano y obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que
respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los
gobiernos interesados.
Principio 17 Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de
planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados
con miras a mejorar la calidad del medio.
Principio 18 Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe
utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan
al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la
humanidad.
Principio 19 Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida
tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al
sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública
bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las
colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y el
mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los
medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y
difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.
Principio 20 Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en
desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos referentes a los problemas
ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre intercambio
de información científica actualizada y de experiencia sobre la transferencia debe ser
objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas ambientales; las
tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en unas
condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga económica
excesiva para esos países.
Principio 21 De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios
recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las
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actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen
al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Principio 22 Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho
internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas
de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la
jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su
jurisdicción.
Principio 23 Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad
internacional y de las normas que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los
casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y
la aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para los países más avanzados
pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en desarrollo.
Principio 24 Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de
cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección
y mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o
bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar
eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier
esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los
intereses de todos los Estados.
Principio 25 Los Estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen
una labor coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y mejoramiento del medio.
Principio 26 Es preciso librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas
nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa. Los Estados deben
esforzarse por llegar pronto a un acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes,
sobre la eliminación y destrucción completa de tales armas.
Documentos web disponibles
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php
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2. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
– ONU 1992
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue emanada durante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, desarrollada
en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, la cual reafirmaba la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16
de junio de 1972. Su objetivo es establecer una alianza mundial nueva y equitativa
mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores
claves de las sociedades y las personas.
PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE RÍO 1992
PRINCIPIO 1 Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 2 De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios
recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de
velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no
causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los
límites de la jurisdicción nacional.
PRINCIPIO 3 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones
presentes y futuras.
PRINCIPIO 4 A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente
deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en
forma aislada.
PRINCIPIO 5 Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a
fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades
de la mayoría de los pueblos del mundo.
PRINCIPIO 6 Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales
de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más
vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se
adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en
cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.
PRINCIPIO 7 Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En
vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente
mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países
desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del
desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio
ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.
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PRINCIPIO 8 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para
todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción
y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.
PRINCIPIO 9 Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad
de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio
de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la
difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.
PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.
PRINCIPIO 11 Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.
Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el
contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos
países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado
para otros países, en particular los países en desarrollo.
PRINCIPIO 12 Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico
internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo
sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la
degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no
deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción
velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para
solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país
importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o
mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.
PRINCIPIO 13 Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la
responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros
daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más
decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e
indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera
de su jurisdicción.
PRINCIPIO 14 Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la
reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que
causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.
PRINCIPIO 15 Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro
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de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del medio ambiente.
PRINCIPIO 16 Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización
de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el
criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la
contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el
comercio ni las inversiones internacionales.
PRINCIPIO 17 Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya
de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente.
PRINCIPIO 18 Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los
desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos
nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá
hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.
PRINCIPIO 19 Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar
previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten afectados por
actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos,
y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.
PRINCIPIO 20 Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del
medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena
participación para lograr el desarrollo sostenible.
PRINCIPIO 21 Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del
mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y
asegurar un mejor futuro para todos.
PRINCIPIO 22 Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio
ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los
Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer
posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.
PRINCIPIO 23 Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los
pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.
PRINCIPIO 24 La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En
consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que
protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior
desarrollo, según sea necesario.
PRINCIPIO 25 La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables.
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PRINCIPIO 26 Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias
sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas.
PRINCIPIO 27 Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu
de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el
ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible Rio + 20: – ONU Junio 2012
“Rio+20” es la manera abreviada de referirse a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible , que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil), en junio de
2012, veinte años después de la histórica Cumbre para la Tierra celebrada en Río en 1992.
Rio+20 es también una oportunidad para mirar al futuro del mundo que queremos en 20
años. En la Conferencia de Rio+20, los dirigentes mundiales, junto con miles de
participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, se reunirán para descifrar la
manera de poder reducir la pobreza, hacer avanzar la equidad social y asegurar la
protección ambiental en un planeta cada vez más poblado. Es una oportunidad histórica
para definir las vías hacia un futuro sostenible: un futuro con más empleos, energía más
limpia, mayor seguridad y un nivel de vida decente para todos. Rio+20 será una de las
reuniones mundiales más importantes sobre desarrollo sostenible de nuestros tiempos,
afirma el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
¿Por qué necesitamos a Río+20?
Si queremos dejar a nuestros hijos y nietos un mundo en el que se pueda vivir, tenemos
que buscar solución ahora a los problemas de la pobreza generalizada y la destrucción del
medio ambiente. Actualmente en el mundo hay 7 mil millones, para 2050, serán 9.000
millones. Una de cada cinco personas, es decir 1.4oo millones, actualmente vive con 1,25
dólares diarios o menos. Mil quinientos millones de personas en el mundo no tienen acceso
a la electricidad. Dos mil millones y medio de personas carecen de retrete. Casi mil
millones de personas pasan hambre todos los días. Las emisiones de gases de efecto
invernadero siguen aumentando, y más de la tercera parte de todas las especies conocidas
podrían extinguirse si no se le pone freno al cambio climático. La Cumbre para la Tierra,
celebrada en Río en 1992, puso los cimientos. Rio+20 es una nueva oportunidad de
reflexionar a nivel mundial para que podamos actuar a nivel local y asegurar nuestro futuro
común.
Documentos web disponibles
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track.pdf
En la Conferencia Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes de
gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros grupos, se
reunirán para dar forma a la manera en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad
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social y garantizar la protección del medio ambiente en un cada vez más poblado planeta
para llegar al futuro que queremos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) se organizó en
cumplimiento de la resolución 64/236 (A/RES/64/236), y tendrá lugar en Brasil los días 20-
22 de junio de 2012 para conmemorar el 20 aniversario de la Conferencia de las Naciones
Unidas de 1992 sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, y el 10
º aniversario de la Cumbre Mundial 2002 sobre Desarrollo Sostenible (CMDS) en
Johannesburgo.
La Conferencia de Río +20 se concibe como una Conferencia al más alto nivel posible,
incluidos los Jefes de Estado y de Gobierno u otros representantes. La Conferencia tendrá
como resultado un documento de política y compromisos asumidos.
Temas de la Conferencia
La Conferencia se centrará en dos temas:
(a) una economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza sostenible el
desarrollo, y (b) el marco institucional para el desarrollo sostenible.
Siete áreas prioritarias
Los preparativos para Río +20 se han destacado siete áreas que requieren atención
prioritaria, que incluyen puestos de trabajo decentes, la energía, las ciudades sostenibles,
seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, el agua, los océanos y de preparación
para casos de desastre.
¿Qué es desarrollo sostenible?
El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Visto como
el principio rector de desarrollo a largo plazo, el desarrollo sostenible consta de tres
pilares: desarrollo económico, desarrollo social y la protección del medio
ambiente.
Áreas de Compromiso
Los compromisos son iniciativas de diversos grupos de interés, incluidas las empresas y la
industria, otras organizaciones de grupos principales, asociaciones, instituciones
académicas, organizaciones filantrópicas, entidades de las Naciones Unidas y los Estados
miembros.
Seguridad Alimentaria y Agricultura Sostenible
Agua
Energía Sostenible
Ciudades Sostenibles
Empleos verdes e inclusión social
Océanos y mares
Preparación para los Desastres Naturales
Cambio Climático
Otras áreas importantes de desarrollo sostenible
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Biodiversidad, los bosques y otros ecosistemas
Degradación de la Tierra y la Desertificación
Montañas
Productos químicos y de residuos
Consumo y Producción Sostenible
Educación
Igualdad de género
Foro de Sostenibilidad Corporativa: Innovación y Colaboración para el futuro
que queremos – Junio 15 – 18, 2012
Previo a la realización de la El Pacto Mundial de las Naciones Unidas organizará el Foro de
Río +20 Sostenibilidad Corporativa: Innovación y Colaboración para el futuro que
queremos de 15 a 18 jun 2012 en Río de Janeiro. Celebrada en cooperación con la
Secretaría de Río +20, el Sistema de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial de Brasil, la
Red Local en los días previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río +20), el objetivo del Foro es lograr en mayor escala y calidad a las
prácticas de sostenibilidad de empresas. El Foro está diseñado para ser una plataforma
de lanzamiento para la acción generalizada. Más de 2.000 participantes se esperan en el
Foro, representantes de las empresas, así como los inversores, los gobiernos, las
autoridades locales, sociedad civil y organismos de la ONU.
Documentos web disponibles
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio + 20
http://www.uncsd2012.org/rio20/about.html
Foro de Sostenibilidad Corporativa: Innovación y Colaboración para el futuro que
queremos
http://csf.compact4rio.org/events/rio-20-corporate-sustainability-forum/event-summary-
251b87a2deaa4e56a3e00ca1d66e5bfd.aspx
http://www.uncsd2012.org/rio20/resources.html
La Industria Extractiva Minero Energética (ICMM - OGP –
IPIECA) y la Conferencia de Rio + 20
En los últimos meses diversas organizaciones han hecho llegar sus aportes sobre los
compromisos que de deberán asumir en la próxima Conferencia sobre el Medio Ambiente
que se llevará a cabo en el mes de junio 2012 en Brasil. La industria extractiva no es la
excepción y viene colaborando con los organizadores de la Conferencia a fin de hacer
llegar su posición respecto a los temas del desarrollo sostenible a ser abordados.
Najo el slogan de “El desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida que
requiere la acción hoy” la industria extractiva viene dando sus puntos de vista en temas
como:
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Operando en forma responsable
Eficiencia energética Ecosistemas Entornos sensibles Agua Derechos humanos
Operaciones seguras
Prevención y respuesta ante derrames de petróleo
Reportes de sostenibilidad
Eliminación del plomo
El desarrollo social
Pueblos Indígenas
Corrupción
Mirando hacia el futuro
Panorama energético
Cambio climático
Alianzas
Tecnología
Documentos Web disponibles
http://rio20.ipieca.org/
http://www.icmm.com/page/65933/icmm-contributes-to-rio20-agenda
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3. Agenda 21 – ONU 1992
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
que se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de Junio de 1992, se aprobó el texto de la
Agenda 21, un programa de acción muy amplio, que se presentó a los Gobiernos para que
lo adopten.
La Agenda 21 consta de:
• Un prólogo e introducción
• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
• Las 4 Secciones de la Agenda con un total de 40 capítulos
• Principios relativos a los Bosques
Es un conjunto de estrategias integradas con el propósito de detener y revertir las
consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el medio ambiente y fomentar
en todos los países el desarrollo económico sostenible desde el punto de vista ecológico.
La Agenda 21 es un conjunto de directrices para todos los niveles gubernamentales, para
que anualmente se formulen planes que luego serán monitoreados. Los planes son
elaborados y ejecutados con una amplia participación ciudadana, siendo un accionar a
nivel local-municipal.
Estos documentos elaborados y acordados durante dos años y medio de trabajo,
representan un cuerpo de valores, un nuevo ideal ecológico. Un conjunto de valores que
constituye un valor para la sociedad centrado en el cuidado del ambiente y de la
Naturaleza. La Agenda 21 es un programa de acciones que promueve este ideal y su
fortalecimiento.
El primer objetivo de la Agenda es en sí mismo un ideal, es la propuesta de una nueva
alianza mundial basada en la cooperación para alcanzar el bienestar para todos. La
cooperación y la solidaridad aparecen como las bases constructivas. La Agenda se centra
en el ser humano, viviendo en armonía con la Naturaleza. Este es el punto de partida
propuesto. La transformación del ideal del consumo, de la sociedad de masas, del vivir
hedonista, del mundo “light”, al nuevo ideal, es un proceso de largo alcance. Es aquí
donde se hace herramienta la educación. Y es la misma Agenda que invita a estas
reflexiones, en la niñez y la juventud. La educación ambiental es el conocimiento
sistematizado para realizar esta tarea.
Asimismo es importante señalar que este nuevo pensar global, tiene un hacer local. La
extensión de la Agenda es el compendio de todo lo que hay que hacer. Comenzar por
etapas, plantear los primeros objetivos, en un determinado período, nos evitará la
inacción.
Este ideal nuevo que se propone iniciar en los jóvenes debe tener modelos identificatorios
en adultos que sostengan estos valores e ideales y que generen transformaciones en la
cultura. En el caso de nuestro país, que está en los primeros estadios de formación del
nuevo ideal, encontramos la dificultad del contraste con la realidad que muestra carencia
de referentes y de hechos que confirmen lo que se aprende en la escuela. Sin embargo las
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iniciativas, proyectos y ejemplos que se están desarrollando deberán de constituir la base
de la construcción. Su puesta en valor resulta primordial.
El valor de las decisiones humanas es aquí sustancial. La Naturaleza es influida por
nuestras decisiones, las que se pueden tomar con o sin fundamentos científicos, haciendo
que las consecuencias sean positivas o negativas. Y aquí deseamos hacer referencia al
mundo de los sentimientos. El sentir “ ecológico “, ese sentimiento de amor hacia el
cuidado de las bases mismas que dan sustento a la vida, es el vehículo que motoriza el
hacer ecológico.
Un ejemplo en la playa, lo que la Naturaleza hace con las olas rompiendo, el sol
poniéndose y la explosión de colores, el agua traslucida, a veces ondulante y otras en
enormes y fuertes masas acuáticas que parecen comer la arena. Y que hace la cultura
humana, un tendal de vasos y botellas plásticas de gaseosas, pañales descartables, yerba,
diarios, revistas, latitas, cajas, bolsas de todos los tamaños y colores. Y aquí entra el
concepto de “reciclar las conductas”, el cambio de hábito, inspirado en la simple reflexión.
Y luego lo social, el compartir esta reflexión y las construcciones basadas en este nuevo
ideal ecológico. Para finalmente construir una nueva sociedad signada por los valores de la
solidaridad, la cooperación y la paz.
Documentos web disponibles
Agenda 21 ONU 1992
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/
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4. Declaración de Copenhague – ONU 2005
En la Cumbre sobre Desarrollo Social, celebrada en Marzo de 1995 en Copenhague, los
gobiernos alcanzaron un nuevo consenso sobre la necesidad de asignar a las personas el
papel principal dentro del desarrollo.
La Cumbre Social constituyó la mayor reunión de dirigentes mundiales hasta el momento.
Allí expresaron la voluntad de considerar la erradicación de la pobreza, el objetivo del
pleno empleo y el fomento de la integración social como las metas más importantes del
desarrollo. Cinco años después, se reunieron de nuevo en Ginebra en junio del 2000 para
evaluar lo que se había conseguido y se comprometieron a adoptar nuevas iniciativas.
DECLARACIÓN DE COPENHAGUE SOBRE DESARROLLO SOCIAL
1. Por primera vez en la historia, por invitación de las Naciones Unidas, nos reunimos en
calidad de Jefes de Estado y de Gobierno para reconocer la importancia del desarrollo
social y el bienestar de la humanidad y dar la máxima prioridad a esos objetivos en la hora
actual y en el siglo XXI.
2. Reconocemos que la población del mundo ha indicado de distintas maneras que existe
la necesidad urgente de resolver graves problemas sociales, especialmente la pobreza, el
desempleo y la marginación social, que afectan a todos los paí'ses. Nuestra tarea consiste
en atacar las causas subyacentes y estructurales y sus penosas consecuencias, a fin de
reducir la incertidumbre y la inseguridad en la vida de los seres humanos.
3. Reconocemos que nuestras sociedades deben atender más eficazmente a las
necesidades materiales y espirituales de las personas, sus familias y las comunidades en
que viven en nuestros diversos países y regiones. Debemos hacerlo no solo con carácter
urgente, sino también como un compromiso que ha de ser sostenido y ha de mantenerse
inquebrantable en el futuro.
4. Estamos convencidos de que la democracia y un buen gobierno y una administración
transparentes y responsables en todos los sectores de la sociedad son bases
indispensables para la consecución del desarrollo sostenible centrado en los aspectos
sociales y en el ser humano.
5. Compartimos el convencimiento de que el desarrollo social y la justicia social son
indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en
nuestras naciones y entre ellas. A su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden
alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Esta interdependencia básica fue reconocida hace 50 años en la
Carta de las Naciones Unidas y desde entonces se ha ido afianzando más y más.
6. Estamos profundamente convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo
social y la protección del medio ambiente son componentes de desarrollo sostenible
interdependientes y que se fortalecen mutuamente, lo cual constituye el marco de
nuestros esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas las
personas. Un desarrollo social equitativo que reconozca que los pobres deben tener el
poder necesario para utilizar de modo sostenible los recursos ambientales es el
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fundamento necesario del desarrollo sostenible. También reconocemos que, para sostener
el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de amplia
base y sostenido, en el contexto del desarrollo sostenible.
7. Reconocemos, por consiguiente, que el desarrollo social es un elemento fundamental
de las necesidades y aspiraciones de las personas del mundo entero y de las
responsabilidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad civil.
Declaramos que, en términos económicos y sociales, las políticas y las inversiones más
productivas son las que facultan a las personas para aprovechar al máximo sus
capacidades, sus recursos y sus oportunidades. Reconocemos que no se puede lograr un
desarrollo social y económico sostenible sin la plena participación de la mujer y que la
igualdad y la equidad entre la mujer y el hombre constituye una prioridad para la
comunidad internacional y, como tal, debe ser un elemento fundamental del desarrollo
económico y social.
8. Reconocemos que los seres humanos son el elemento central de nuestras
preocupaciones sobre el desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida sana y
productiva en armonía con el medio ambiente.
9. Nos reunimos aquí para contraer el compromiso, junto a nuestros gobiernos y
naciones, de promover el desarrollo social en todo el mundo para que todos los hombres y
mujeres, particularmente los que viven en la pobreza, puedan ejercer sus derechos, utilizar
los recursos y compartir las responsabilidades que les permitan llevar vidas satisfactorias y
contribuir al bienestar de sus familias, de sus comunidades y de la humanidad. Prestar
apoyo a esa labor y fomentarla deben ser objetivos prioritarios de la comunidad
internacional, particularmente con respecto a quienes se ven afectados por la pobreza, el
desempleo y la marginación social.
10. Contraemos este compromiso solemne en vísperas del cincuentenario de las Naciones
Unidas, resueltos a aprovechar las posibilidades únicas que ofrece el fin de la guerra fría
los efectos de promover el desarrollo social y la justicia social. Reafirmamos y tomamos
como guía los principios de la Carta de las Naciones Unidas y los acuerdos a que se ha
llegado en conferencias internacionales pertinentes, como la Cumbre Mundial en favor de
la Infancia, celebrada en Nueva York en 1990 1/; la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992; la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993; la Conferencia
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo,
celebrada en Barbados en 1994; y la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. Con esta Cumbre, deseamos poner en marcha
un nuevo compromiso en pro del desarrollo social en cada uno de nuestros países y una
nueva era de cooperación internacional entre los gobiernos y los pueblos, basada en un
espíritu de coparticipación en que las necesidades, los derechos y las aspiraciones del ser
humano sean el factor determinante de nuestras decisiones y de nuestra actuación
conjunta.
11. Nos reunimos aquí en Copenhague en una Cumbre de esperanza, compromiso y
acción. Nos reunimos plenamente conscientes de la dificultad de las tareas que nos
esperan, pero con el convencimiento de que es posible y necesario lograr avances
sustanciales, y de que se lograrán.
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12. Declaramos nuestro compromiso con esta Declaración y con este Programa de Acción
para promover el desarrollo social y lograr el bienestar del ser humano en todo el mundo
ahora y en el siglo XXI. Invitamos a todas las personas de todos los países y condiciones,
así como a la comunidad internacional, a unirse a nosotros en nuestra causa común.
Documentos web disponibles
Declaración de Copenhague
http://www.un.org/spanish/esa/socdev/
http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9sp.htm
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2065:declaracie-
copenhague-sobre-desarrollo-social&catid=297:instrumentos-jurcos-onu&Itemid=1365
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/44/pr/pr31.pdf
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5. Principios y derechos fundamentales en el Trabajo – OIT
2003
De acuerdo a la “Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo”, adoptada por la 86ª Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.), se consideran Derechos Fundamentales en el Trabajo:
A. Libertad de Asociación
B. Libertad Sindical
C. Reconocimiento a la Negociación Colectiva
D. Eliminación de todas las Formas de Trabajo Forzoso u Obligatorio
E. Abolición Efectiva del Trabajo Infantil
F. Eliminación de la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación
Estos principios y derechos fundamentales están recogidos en los ocho convenios de la
OIT relativos a la libertad sindical y de asociación, al derecho a la negociación colectiva, a
la eliminación de toda clase de discriminación, a la abolición efectiva del trabajo forzoso y
a la erradicación del trabajo infantil.
Principios Laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas – Guía
para Empresas- OIT – Global Compact 2010
Los principios laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas tal vez se cuenten entre
los más específicos de los diez principios de la iniciativa; sin embargo, ello no significa que
sean los más fáciles de aplicar. A muchas empresas les resulta difícil entender qué se
espera de ellas y qué más pueden hacer para apoyar estos principios. Por lo tanto, hay
mucho margen para el aprendizaje, el diálogo y la acción colectiva, incluidas las alianzas,
como vías para complementar otros enfoques destinados a lograr prácticas laborales
responsables. Esta es la aportación que se procura concretar mediante el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas. En la actualidad, este Pacto constituye la mayor iniciativa de
responsabilidad cívica de las empresas, y en ella intervienen más de 6.000 empresas y
otras partes interesadas en más de 130 países.
Afortunadamente, hoy en día se cuenta con excelente material de orientación útil para las
empresas de todo tamaño, sector y ubicación. Esperamos que esta Guía –elaborada por el
recientemente creado Grupo de trabajo sobre los principios laborales del Pacto Mundial–
sirva para crear mayor conciencia sobre la existencia de dicho material, y que sea de gran
utilidad para las empresas en todas partes
En esta Guía se explican de forma sucinta cada uno de los cuatro principios laborales del
Pacto Mundial: la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, la
abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación. También se ofrece un repertorio de material clave de la OIT conexo con estos
principios.
De las normas internacionales del trabajo se desprenden otros principios; entre ellos, los
correspondientes al área de la seguridad y salud en el trabajo (SST), el empleo y la
capacitación. Varios figuran en la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social de la OIT.
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Principios laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Principios 3, 4, 5 y
6 del Pacto Mundial)
Se solicita a las empresas:
• apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva;
• apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio;
• apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil;
• apoyar la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Convenios fundamentales sobre el trabajo
Libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva
• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm. 87),
1948
• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98), 1949
Trabajo forzoso
• Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 29), 1930
• Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105), 1957
Trabajo infantil
• Convenio sobre la edad mínima (núm. 138), 1973
• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182), 1999
Discriminación en el empleo y la ocupación
• Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100), 1951
• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111), 1958
Documentos web disponibles
Principios y derechos fundamentales en el Trabajo
http://www.ilo.org/public/english/standards/
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1149%3Adeclarac
ie-la-oit-relativa-a-los-principios-y-derechos-fundamentales-en-el-
trabajo&catid=257%3Adeclaraciit-relativa-a-df&Itemid=1261
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/download/cafta.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/the_labour_principles_a_guide_f
or_business_sp.pdf
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6. Convención contra la Corrupción – ONU 2003
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias
corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a
violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de
vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras
amenazas a la seguridad humana.
Bajo este enfoque, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el primer
instrumento internacional para luchar contra este flagelo. Fue adoptado por la Asamblea
General el 31 de octubre del 2003 y entró en vigencia el 14 de diciembre del 2005. Obliga
a los estados firmantes a implementar un variada rango de medidas anticorrupción, las
cuales pueden circunscribirse pero no limitarse a: (a) La promoción de la prevención de la
corrupción, (b) la penalización y aplicación de prácticas corruptas, (c) la prestación de
asistencia técnica y el intercambio de información y, (d) el desarrollo de mecanismos de
recuperación de activos.
La Convención Anticorrupción está dividida en ocho capítulos e incorpora disposiciones
obligatorias y no obligatorias, tales como:
1. Disposiciones generales
2. Medidas preventivas
3. Penalización y aplicación de la ley
4. Disposiciones de Cooperación
Internacional
5. Recuperación de Activos
6. Asistencia Técnica e Intercambio de
Información
7. Mecanismos para la Implementación
8. Disposiciones Finales
Documentos web disponibles
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-
56163_S.pdf
Reglamento de la Conferencia de los Estados parte en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción:
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/07-80233_Ebooks.pdf
Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_L
egislative_Guide_S.pdf
Guía Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/10-
53541_Ebook_s.pdf
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7. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores
Públicos Extranjeros en transacciones comerciales
internacionales – OCDE 1997
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) aprobó en 1997 la
Convención para el Combate del Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
transacciones comerciales internacionales (Convención Antisoborno) en la que se establece
estándares para criminalizar el soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales y provee una serie de medidas concretas para hacer esto
posible. Es claro que esta convención se enfoca en el “lado de la oferta” del cohecho. En
este sentido, los 34 países miembros de la OECD han adoptado la convención y se han
adherido también otros cuatro países: Argentina, Brasil, Bulgaria y Sudáfrica. Hay que
precisar que Perú no es aun miembro pleno de la OECD, sin embargo a partir de abril 2012
se ha confirmado su adhesión y podrá participar de las reuniones y mesas de trabajo con
el resto de países de Latinoamérica como México, Brasil, Colombia y Chile.
La Convención Antisoborno tiene como objetivo reducir la corrupción en países en
desarrollo estableciendo sanciones contra el soborno en transacciones comerciales
internacionales conducidas por empresas basadas en países miembros de la OECD y
suscriptores de la misma. Su objetivo es crear un marco normativo estandarizado para las
empresas en el actual entorno empresarial internacional. La Convención Antisoborno fue
firmado el 17 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 15 de febrero de 1999. Con los
años, la OCDE ha publicado nuevas recomendaciones relativas a la reducción de la
corrupción. La recomendación más reciente, publicado en 2009, ofrece la información más
actualizada sobre métodos y normas para la lucha contra la corrupción y el soborno de
funcionarios públicos extranjeros.
Los países que han suscrito la Convención Antisoborno están obligados a poner en vigor
leyes que tipifiquen como delito el acto de sobornar a un funcionario público extranjero. La
OCDE no tiene autoridad para aplicar la Convención Antisoborno, sino que supervisa la
aplicación por los países participantes. Los países son responsables de implementar las
leyes y regulaciones que se ajustan a la Convención Antisoborno y por lo tanto, prever la
ejecución e implementación.
Documentos web disponibles
OECD Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
transacciones comerciales internacionales:
http://www.oecd.org/dataoecd/19/3/47079135.pdf
OECD Recomendación del Consejo para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en transacciones comerciales internacionales:
http://www.oecd.org/dataoecd/11/40/44176910.pdf
OECD Guía de Buenas Prácticas, Ética y Cumplimiento:
http://www.oecd.org/dataoecd/5/51/44884389.pdf
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OECD Recomendación del Consejo relativa a medidas fiscales para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (May 2009): http://www.oecd.org/dataoecd/18/15/43188874.pdf OECD Recomendación del Consejo relativa a los Principios para la Transparencia e Integridad en el cabildeo (loobies) (febrero de 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/14/57/44641288.pdf OECD Recomendación del Consejo relativa a la mejora en la integridad de la Contratación Pública (octubre de 2008): http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=131andLang=enandBook=False OECD Recomendación del Consejo sobre la mejora de la Conducta Ética en la Función Pública (abril de 1998): http://www.oecd.org/dataoecd/60/13/1899138.pdf OECD Recomendación del Consejo sobre el cohecho y el apoyo oficial de créditos a la exportación (diciembre de 2006): http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=td/ecg%282006%2924anddoclanguage=en OECD Recomendación del Consejo relativa a las Directrices para la Gestión de Conflictos de Intereses en la Administración Pública (junio de 2003): http://www.oecd.org/dataoecd/17/23/33967052.pdf OECD Guía de Buenas Prácticas de Control Interno, Ética y Cumplimiento (febrero 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/5/51/44884389.pdf OECD Manual de conciencia de soborno para inspectores fiscales (Diciembre 2009) http://www.oecd.org/dataoecd/20/20/37131825.pdf OECD Informe por países sobre la aplicación de la Convención Antisoborno http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_34551_1933144_1_1_1_1,00.html OECD Programas Regionales contra la corrupción http://www.oecd.org/dataoecd/14/57/44641288.pdf
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8. Declaración Universal de los Derechos Humanos – ONU
1948
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es considerada generalmente el
fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. Aprobada hace más
de 60 años, la DUDH ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de
derechos humanos legalmente vinculantes y la promoción de estos derechos en todo el
mundo a lo largo de las últimas seis décadas. Además, sigue siendo una fuente de
inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades
que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros esfuerzos por lograr
el disfrute universal de los derechos humanos.
La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y
las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y
aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros
hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente de
nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel,
religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de diciembre de 1948 la comunidad
internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres
humanos.
Fundamento de nuestro futuro común
A lo largo de los años, ese compromiso se instaló en el campo del derecho, ya sea en
forma de tratados, de derecho internacional consuetudinario, principios generales,
acuerdos regionales o leyes nacionales, y a través de ellos se expresan y garantizan los
derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado
más de 80 declaraciones y tratados internacionales, un gran número de convenciones
regionales, proyectos de ley nacionales de derechos humanos y disposiciones
constitucionales que, en conjunto, constituyen un sistema amplio jurídicamente vinculante
para la promoción y la protección de los derechos humanos.
Basándose en los logros de la DUDH, en 1976 entraron en vigor el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, junto con sus dos Protocolos Facultativos, y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos Pactos han
desarrollado la mayoría de los derechos ya consagrados por la DUDH , haciendo que sean
efectivamente vinculantes para los Estados que los han ratificado. En su mayoría, definen
derechos ordinarios tales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de
expresión, el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación. Estos dos Pactos, junto
con la DUDH, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Con el tiempo, los tratados internacionales de derechos humanos se han ido centrando y
especializando tanto en los temas que abordan como en los grupos sociales que precisan
de su protección. La legislación relativa a los derechos humanos sigue creciendo y
ampliando los derechos y libertades fundamentales que figuran en la Carta Internacional
de Derechos Humanos, abordando asuntos como la discriminación racial, la tortura, las
desapariciones forzosas, las personas con discapacidad, y los derechos de la mujer, los
niños, los migrantes, las minorías y los pueblos indígenas.
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Los 30 artículos de la DUDH se sintetizan en disposiciones inspiradas en los derechos y
libertades humanas reconocidas por los países miembro de las Naciones Unidas:
• Derechos humanos fundamentales
• Igualdad y no discriminación
• Vida, libertad y seguridad de las personas
• Prohibición de la esclavitud
• Prohibición de la tortura
• Reconocimiento ante la ley
• Protección e igualdad ante la ley
• Efectiva remediación de abusos
• Protección contra el arresto arbitrario, la detención y el exilio
• Audiencia por el Tribunal imparcial
• Presunción de inocencia - Legalidad y de Retroactividad
• Privacidad y Reputación
• Libertad de movimiento
• Asilo
• Nacionalidad
• Matrimonio y la familia
• Protección de la propiedad personal
• Libertad de religión
• Libertad de expresión
• Libertad de reunión
• Participación en el gobierno
• Seguridad social y de derechos económicos, sociales y culturales
• Trabajo e igualdad salarial
• Descanso y el ocio
• Nivel de vida adecuado y de seguridad
• Educación
• Vida cultural
• Orden social justo
• Deberes y limitaciones
• Interrupción de derechos y libertades
Documentos web disponibles
Declaración Universal de Derechos Humanos – Naciones Unidas 1948 http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
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9. Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas –
ONU 2007
Antes de su adopción por la Asamblea General, la Declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio de
2006. Los esfuerzos por redactar un documento específico que abordara la protección de
los pueblos indígenas a nivel internacional se iniciaron hace más de dos décadas. En 1982,
el Consejo Económico y Social estableció el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones
Indígenas (WGIP, por sus siglas en inglés) con el mandato de desarrollar estándares
mínimos para la protección de los pueblos indígenas. El WGIP se estableció como resultado
del estudio de José R. Martínez Cobo sobre el problema de la discriminación hacia los
pueblos indígenas del mundo. El WGIP presentó un primer proyecto de declaración a la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, el cual fue
aprobado varios años más tarde, en 1994. El proyecto luego fue presentado a la entonces
Comisión de Derechos Humanos para su aprobación y consecuente presentación ante el
ECOSOC y la Asamblea General.
El proceso avanzó muy lentamente debido a que varios Estados expresaron su
preocupación en relación a las provisiones del proyecto de declaración sobre el derecho a
la auto-determinación y el control de recursos naturales en las tierras ancestrales de los
pueblos indígenas. La necesidad de acomodar estos temas llevó a la creación del Grupo de
Trabajo de composición abierta para trabajar sobre el proyecto de declaración de1994 con
vistas a que éste fuera aprobado por la Asamblea General durante el Decenio Internacional
de los Pueblos Indígenas del Mundo (1995-2004). El mandato del grupo de trabajo fue
extendido para cubrir el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo (2005-2015). Durante la undécima sesión del Grupo de Trabajo (2005/2006), su
presidente, Luis Enrique Chávez (Perú), preparó una compilación de propuestas discutidas
durante la décima sesión, la cual formó la base de las negociaciones. La Declaración que
adoptó el Consejo de Derechos Humanos en Junio de 2006 fue justamente esta versión
propuesta por el presidente Chávez. La Declaración fue adoptada por la Asamblea General
el 13 de septiembre de 2007. Se espera que tendrá un gran efecto sobre los derechos de
los pueblos indígenas alrededor del mundo. Es un documento exhaustivo que aborda
temas como los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos
a la salud, la educación, la salud, y el empleo entre otros. La Declaración enfatiza el
derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones,
culturas y tradiciones, y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y
necesidades. La Declaración sin duda ayudará a los pueblos indígenas en sus esfuerzos por
combatir la discriminación y el racismo. La Declaración también establece procedimientos
justos y mutuamente aceptables para resolver los conflictos entre los pueblos indígenas y
los estados, incluyendo procedimientos como la negociación, mediación, arbitraje, los
tribunales nacionales y mecanismos internacionales y regionales para el examen de la
denuncia y violaciones de los derechos humanos.
Documentos web disponibles
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/10/PDF/N0651210.pdf?OpenElement
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10. Declaración del Milenio – Objetivos de desarrollo del
milenio – ONU 2000
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que abarcan desde la reducción a la
mitad de la extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la
consecución de la enseñanza primaria universal para el 2015, constituyen un plan
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más
importantes a nivel mundial. Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes para
ayudar a los más pobres del mundo.
Los objetivos fueron establecidos con ocasión de la Reunión del Milenio en el año 2000 con
la suscripción de la Declaración del Milenio. Dicha declaración establece, entre otras cosas,
que cada individuo tiene derecho a la dignidad, a la libertad, a un estándar básico de vida
libre de hambruna y violencia. Los ODM incluyen ocho objetivos y 21 metas, así como una
serie de medidas a implementar en cada objetivo para ser cumplidos hacia el 2015.
Aquí un resumen de los objetivos:
ODM 1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Metas:
1. Reducir a la mitad antes del 2015 la proporción de personas con ingresos inferiores a
un dólar por día.
2. Lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos incluidas las
mujeres y los jóvenes.
3. Reducir a la mitad antes del 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre.
ODM 2- Lograr la enseñanza primaria universal
Metas:
4. Asegurar que, en el 2015, los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un
ciclo completo de enseñanza primaria.
Datos:
La pobreza extrema sigue siendo una realidad cotidiana para más de 1000 millones de
seres humanos que subsisten con menos de 1 dólar día. 963 millones de personas tienen
una alimentación insuficiente para satisfacer sus necesidades energéticas diarias.
ODM 3- Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Metas:
5. Eliminar las desigualdades entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza
antes del 2015.
Datos:
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La igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en
todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación
igual en la vida pública y política. Sin embargo, las mujeres siguen representando una
minoría en los trabajos asalariados y ocupan tan sólo el 18% de los escaños
parlamentarios de todo el mundo. Del total de personas analfabetas en el mundo, el 64%
son mujeres.
ODM 4- Reducir la mortalidad infantil
Metas:
6. Reducir en dos terceras partes antes del 2015, la mortalidad de los niños y niñas
menores de 5 años.
Datos:
Todos los años mueren 10 millones de niños y niñas, es decir, cerca de 30.000 al día antes
de cumplir los 5 años de edad. Y la mayoría mueren como resultado de enfermedades que
se pueden prevenir o curar con medicamentos de bajo coste. Las principales causas de
mortalidad infantil son la neumonía, diarrea, paludismo y sarampión.
ODM 5- Mejorar la salud materna
Metas:
7. Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna antes del 2015
8. Lograr para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva.
Datos:
Medio millón de mujeres mueren anualmente durante el embarazo o el parto. Hay 200
millones de mujeres que no cuentan con los servicios anticonceptivos y eficaces que
necesitan. En 2006, solo el 61% de los nacimientos en los países en desarrollo fueron
asistidos por profesional de salud especializado.
ODM 6- Combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Metas:
9. Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH SIDA en 2015.
10. Lograr el acceso universal al tratamiento del VIH SIDA de todas las personas que lo
necesiten.
11. Haber detenido y comenzado a reducir la incidencia de la malaria y otras
enfermedades graves para el 2015.
Datos:
En los 25 años transcurridos desde que se declaró el primer caso de SIDA, esta
enfermedad se ha convertido en la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Más de 20
millones de personas han muerto en el mundo de SIDA y actualmente hay unos 39
millones de personas que viven con el VIH. Todos los años el paludismo provoca un millón
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de victimas mortales, la mayoría de ellas niños y niñas. Y la tuberculosis que se
consideraba erradicada, ha resurgido en muchos países.
ODM 7- Garantizar la sostenibilidad ambiental
Metas:
12. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente
13. Reducir y ralentizar considerablemente la pérdida de diversidad biológica antes del
2010
14. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento
15. Mejorar, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios
marginales.
Datos:
Los suelos se están degradando de forma alarmante, las especies vegetales y animales
desaparecen, los cambios climáticos provocan la elevación del mar y aumenta el peligro de
sequías e inundaciones, y estamos sobre explotando la pesca y otros recursos marinos.
1600 millones de personas no tienen acceso al agua potable. El 40% de la población
mundial no cuenta con servicios sanitarios. Las emisiones de dióxido de carbono
aumentaron un 30% entre 1990 y 2005 y siguen aumentando.
ODM 8- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Metas:
16. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio.
17. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados
18. Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados
del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General)
19. Abordar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con
medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo.
20. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles.
21. En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas
tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones.
Documentos web disponibles
ONU Objetivos de Desarrollo del Milenio:
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/bkgd.shtml
ONU Informe de Avance de los ODM 2011:
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=18
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11. El Pacto Mundial – ONU 2000
En 1999, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el Secretario General propuso un
"Pacto Mundial" entre las Naciones Unidas y el mundo de los negocios. El Pacto Mundial
pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores
fundamentales en materia: Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la corrupción. La fase operacional del Pacto se inauguró el 26 de julio de
2000 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El fin de este Pacto es que todos
los pueblos del mundo compartan los beneficios de la mundialización e inyectar en el
mercado mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades
socioeconómicas.
El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cuál las empresas se comprometen a
alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción. Por su número de participantes, seis mil en más de 135 países, el Pacto
Mundial es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. El Pacto es un
marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de las
corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial
comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios
universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e
incluyente que fomentan sociedades mas prósperas.
Las empresas, el comercio y la inversión son pilares esenciales para la paz y prosperidad.
Pero en muchas áreas las empresas están ligadas a serios dilemas, como pueden ser la
explotación, la corrupción, la inequidad y otras barreras que frenan la innovación y el
espíritu empresarial. Las acciones empresariales responsables construyen confianza y
capital social, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo y mercados sustentables .
El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria que incluye dos objetivos:
1. Incorporar los diez principios en las actividades empresariales que la empresa realiza,
tanto en el país de origen, como en sus operaciones alrededor del mundo.
2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas,
como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs).
Para logar este objetivo, el Pacto Mundial ofrece oportunidades de aprendizaje y
participación, a través de mecanismos diversos, tales como diálogos sobre políticas,
entrenamiento en temas puntuales, participación en redes locales y alianzas para
proyectos.
El Pacto Mundial es … El Pacto Mundial no es…
Una iniciativa voluntaria para promover el desarrollo sustentable y la ciudadanía corporativa
vinculante jurídicamente
Un conjunto de valores basados en principios universalmente aceptados.
Un mecanismo para monitorear o juzgar el comportamiento de la empresa
Una red de empresas y otras partes interesadas. Un estándar, sistema de dirección o código de conducta.
Una plataforma de aprendizaje e intercambio de experiencias.
Un organismo regulatorio o mecanismo de relaciones publicas.
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El Compromiso Empresarial
Participar en el Pacto Mundial implica un compromiso visible con el apoyo de los diez
principios universales. Una empresa que se ha adherido al Pacto Mundial deberá:
1. Integrar los cambios necesarios en las operaciones, de tal manera que el Pacto Mundial
y sus principios sean parte de la gestión, la estrategia, la cultura y el día a día de la
actividad empresarial.
2. Publicar en el informe anual o reporte corporativo (por ejemplo el reporte de
sustentabilidad), una descripción de las acciones que se realizan para implementar y
apoyar el Pacto Mundial y sus principios (Comunicación sobre el Progreso- CoP)
3. Apoyar públicamente el Pacto Mundial y sus principios, por ejemplo a través de
comunicados de prensa, discursos, entre otros.
Además las empresas pueden maximizar los beneficios de participación, a través de las
diferentes actividades que se ofrecen: diálogos sobre políticas, foros de aprendizaje y
alianzas para proyectos.
Una iniciativa de liderazgo
Otra característica única del Pacto Mundial es que el firmar esta iniciativa, no sólo
compromete a la empresa en su conjunto, sino que destaca la importancia del compromiso
de sus dirigentes. La participación de un ejecutivo de primer nivel es una importante señal
hacia los empleados y otras partes interesadas, de que el compromiso con la ciudadanía
corporativa es una prioridad estratégica y operacional. El involucramiento de la alta
dirección en la implementación del Pacto Mundial puede tener un alto impacto.
¿Cómo adherirse al Pacto Mundial?
Como una iniciativa voluntaria, el Pacto Mundial incentiva la participación de diversos
grupos de empresas y otras organizaciones. Para participar en el Pacto Mundial, la
empresa ha de emitir una carta, preferentemente en el idioma local, firmada por el
funcionario o ejecutivo principal (previamente aprobada por la Junta Directiva), la cuál
debe estar dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, expresando su apoyo al
Pacto Mundial y sus principios.
Documentos web disponibles
UN Pacto Mundial:
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
Después de la Firma - Guía de participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/ATS_ES.pdf
Guía de Implementación del Pacto Mundial:
http://www.unglobalcompact.org/docs/languages/spanish/Implementando_el_Pacto_Mund
ial.pdf
Modelo de Gestión del Pacto Mundial
http://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UNGC_Management_Model_ES.pdf
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12. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes – OIT 2002
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un instrumento
jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata
específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido
ratificado por 20 países. Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta
con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo
devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a
supervisión en cuanto a la implementación. El Perú ratifico el Convenio en el año 1993
mediante la Resolución Legislativa N° 26253.
Los principios básicos del Convenio 169 de la OIT son:
Identificación de los pueblos indígenas y tribales.
El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un
enfoque práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que
pretende proteger. Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas
y tribales es la auto identificación, además de los criterios que se indican a continuación.
Los elementos de los pueblos tribales incluyen:
Estilos tradicionales de vida;
Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.; y
Organización social y costumbres y leyes tradicionales propias.
Los elementos de los pueblos indígenas incluyen:
Estilos tradicionales de vida;
Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.;
Organización social e instituciones políticas propias; y
Vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de que otros “invadieron” o vinieron al área.
No discriminación
Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en
muchas áreas, el primer principio general y fundamental del Convenio núm. 169 es la no
discriminación. El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el
derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin
obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin
discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro principio del Convenio atañe
a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin
discriminación (artículo 3). El artículo 20 establece que se deberá evitar la discriminación
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.
Medidas especiales
Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4
del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos
pueblos. Asimismo, establece que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los
deseos expresados libremente por los pueblos indígenas.
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Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos
indígenas y tribales
Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus
modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias,
modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son diferentes a las
de la población dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que
sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán
un impacto sobre ellos.
Consulta y participación
El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio núm.
169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos
indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También
exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los
procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan
únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de
gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.
En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los
pueblos indígenas y tribales:
• La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos
apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;
• Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos
los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que
les conciernen directamente;
• Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no
se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones
indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces
las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los
pueblos indígenas y tribales es obligatoria.
La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes
involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones
adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es
aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto
significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no
constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los
pueblos indígenas presentes no comprenden.
Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los pueblos indígenas
han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, como así
también otros procedimientos de supervisión de la OIT, compilados ahora por la
organización en una Recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder
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alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos
asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo
El artículo 7 del Convenio 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el
derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo
económico, social y cultural”.
Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una consideración
fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos indígenas.
Perú y la Ley de Consulta Previa
El Perú, respetando el espíritu y los fundamentos del Convenio 169, y luego de un proceso
de negociación política complicado, sancionó en agosto del 2011 la Ley 28785: Ley del
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios reconocido en el
Convenio 169 de la OIT y en marzo del 2012 aprobó su reglamento mediante DS 001-
2012-MC.
Documentos web disponibles
Convenio 169:
http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=262&v
erPor=&idTipoElemento=&idTipoFuente=
Convenio 169 y el Sector Privado:
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/099d7c004885581abeecfe6a6515bb18/ILO_169_Sp
anish.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=099d7c004885581abeecfe6a6515bb18
Perú Ley 29785: Ley de Consulta Previa:
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29785.pdf
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=1150&
verPor=&idTipoElemento=&idTipoFuente=
Perú Reglamento de la Ley 29785: Ley de Consulta Previa:
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=1204
Perú Ley Nº 28216: Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los
conocimientos colectivo de los pueblos indígenas
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=75&ve
rPor=&idTipoElemento=&idTipoFuente=
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Sección III: Principios sobre Responsabilidad
Social Corporativa
13. El Reporte Ruggie: Marco de referencia “Proteger,
Respectar y Remediar” y Principios Rectores para los
Negocios y Derechos Humanos – ONU 2011
El 21 de marzo del 2011 fue entregado oficialmente el Reporte Ruggie: Reporte del
representante del Secretario General en el tema de Derechos Humanos y las Corporaciones
Transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie. Dicho reporte fue puesto a
consideración del Comité de Derechos Humanos de las ONU, el cual contiene una Guía de
Principios para las Empresas y los Derechos Humanos. Estos principios tienen por objeto la
implementación del marco de referencia “Proteger, Respetar y Remediar” el cual fue
desarrollado también por el representante del Secretario General.
La cuestión de las empresas y los derechos humanos entró definitivamente en la agenda
política mundial en la década de 1990, como reflejo de la impresionante expansión mundial
del sector privado en aquel momento y del correspondiente aumento de la actividad
económica transnacional. Esta situación reforzó la conciencia social del impacto de las
empresas sobre los derechos humanos y también atrajo la atención de las Naciones
Unidas.
Una de las primeras iniciativas impulsadas por las Naciones Unidas fueron las denominadas
Normas sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, elaboradas por
un órgano subsidiario de expertos de la antigua Comisión de Derechos Humanos. Se
trataba esencialmente de imponer a las empresas directamente, conforme al derecho
internacional, la misma gama de obligaciones de derechos humanos que han aceptado
cumplir los Estados en virtud de los tratados que ratifican: "de promover los derechos
humanos, asegurar que se cumplan, respetarlos y protegerlos".
Esta propuesta generó un debate con gran división de opiniones entre la comunidad
empresarial y las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, pero recibió escaso
apoyo de los gobiernos. La Comisión se abstuvo de actuar en relación con la propuesta. En
2005, en cambio, estableció un mandato para un "Representante Especial del Secretario
General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas" con el fin de iniciar un proceso nuevo, y solicitó al Secretario General que
designara al titular del mandato. Es así cómo surge este informe final del Representante
Especial, John Ruggie.
La labor del Representante Especial ha evolucionado siguiendo tres fases. Habida cuenta
de la controversia a que dio lugar el mandato, su duración anual fue solo de dos años y
tenía como el objetivo principal "identificar y aclarar" las normas y prácticas existentes.
Esta fue la primera fase. En 2005, eran escasos los intercambios de conocimientos entre
grupos interesados en el sector empresarial y en la esfera de los derechos humanos. El
Representante Especial emprendió un amplio programa de investigación sistemática que
ha continuado hasta la fecha. Son miles las páginas de documentación en su portal de la
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Web (http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home): las pautas de las
presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas; la evolución de
las normas internacionales de derechos humanos y del derecho penal internacional; las
nuevas prácticas de los Estados y las empresas; las observaciones de los órganos de
tratados de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de los Estados en relación con las
violaciones de los derechos humanos en el contexto empresarial; el impacto de los
acuerdos de inversión, el derecho mercantil y la reglamentación del mercado de valores
sobre las políticas de derechos humanos de los Estados y las empresas; y otras cuestiones
afines. Esta labor de investigación recibió amplia difusión y se transmitió incluso al propio
Consejo. Ha permitido ampliar y consolidar una base objetiva para el actual discurso sobre
la cuestión de las empresas y los derechos humanos, y se refleja en los Principios Rectores
que son parte del Anexo del informe.
En 2007, el Consejo renovó por un año más el mandato del Representante Especial y le
invitó a presentar recomendaciones. Eso marcó la segunda fase del mandato. El
Representante Especial observó que había numerosas iniciativas, públicas y privadas, que
afectaban a la cuestión de las empresas y los derechos humanos. Sin embargo, ninguna
había alcanzado una dimensión suficiente para movilizar realmente a los mercados; se
trataba de fragmentos aislados que no configuraban un sistema coherente o
complementario. Ello se debía principalmente a la falta de un punto focal en el que
pudieran converger las expectativas y la acción de los posibles interesados. Así pues, en
junio de 2008 el Representante Especial formuló una única recomendación: que el Consejo
apoyara el Marco para "proteger, respetar y remediar" que el Representante Especial había
elaborado al cabo de tres años de estudios y consultas. Así lo hizo el Consejo, que "acogió
complacido" el establecimiento de ese marco en su resolución 7/8 y estableció el punto
focal dotado de autoridad que venía faltando.
El Marco se basa en tres principios fundamentales. El primero es la obligación del
Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por
terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de
reglamentación y sometimiento a la justicia. El segundo es la obligación de las
empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida
diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias negativas
de sus actividades. El tercero es la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a
vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales. Cada uno de estos
principios constituye un elemento esencial de un sistema interrelacionado y dinámico de
medidas de prevención y de reparación: el deber del Estado de brindar protección, ya que
constituye la base misma del régimen internacional de derechos humanos; la
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, por tratarse de la
expectativa social más elemental en relación con las empresas; y el acceso a vías de
reparación porque ni siquiera los esfuerzos mejor coordinados pueden impedir totalmente
que se cometan abusos.
Además de recibir el respaldo del Consejo de Derechos Humanos, el Marco ha sido
apoyado o utilizado por gobiernos, empresas y asociaciones empresariales, organizaciones
de la sociedad civil y de trabajadores, instituciones nacionales de derechos humanos e
inversores. También lo han utilizado instituciones multilaterales, como la Organización
Internacional de Normalización y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en
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sus propias iniciativas en relación con la cuestión de las empresas y los derechos humanos.
Otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas lo han invocado ampliamente.
Al margen de la utilidad intrínseca de este Marco, el gran número de consultas con los
interesados organizados por y para el mandato, así como el carácter inclusivo de esas
consultas, han contribuido sin duda a que recibiera una acogida positiva casi general. En
efecto, en enero de 2011 el mandato había celebrado 47 consultas internacionales, en
todos los continentes, y el Representante Especial y su equipo habían realizado visitas
sobre el terreno a operaciones de las empresas y sus representantes locales en más de 20
países.
En su resolución 8/7, el Consejo, además de acoger complacido el marco para "proteger,
respetar y remediar", prorrogó el mandato del Representante Especial hasta junio de 2011
y le solicitó que pusiera en práctica el Marco en cuestión y que presentara
recomendaciones concretas y prácticas para su implementación. Esta es la tercera fase del
mandato. Durante el diálogo interactivo celebrado en el período de sesiones de junio de
2010, las delegaciones convinieron en que las recomendaciones adoptaran la forma de
"Principios Rectores"; estos principios figuran en el anexo del informe.
La recomendación presentada por el representante fue definitivamente aprobada por el
Consejo de Derechos Humanos en julio de 2011 mediante la Resolución 17/4:
Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.
¿Qué proponen estos Principios Rectores? ¿Y cómo deben ser leídos? El respaldo del
Consejo a los Principios Rectores no servirá por sí solo para poner fin a los problemas que
plantea la cuestión de las empresas y los derechos humanos. Pero marcará el fin del
comienzo: la creación de una plataforma conjunta de acción a nivel mundial, como base
para seguir avanzando paso a paso, sin excluir ninguna otra posibilidad prometedora a
largo plazo.
La aportación normativa de los Principios Rectores no radica en la creación de nuevas
obligaciones de derecho internacional, sino en precisar las implicaciones de las normas y
métodos actuales para los Estados y las empresas; en integrarlas en un modelo único
lógicamente coherente e inclusivo; y en reconocer los puntos débiles del actual sistema y
las mejoras posibles. Cada principio va acompañado de un comentario, para aclarar su
significado y sus implicaciones.
Los Principios Rectores
I. El deber del Estado de proteger los derechos humanos
A. Principios fundacionales
1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos
cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A
tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar
y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación
y sometimiento a la justicia.
2. Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas
domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en
todas sus actividades.
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B. Principios Operacionales
3. En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben:
a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los
derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente si tales leyes
resultan adecuadas y remediar eventuales carencias;
b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las
empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan sino que propicien el respeto
de los derechos humanos por las empresas;
c) Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos
humanos en sus actividades;
d) Alentar y si es preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en
cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos.
El nexo entre el Estado y las empresas
4. Los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones
de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o
que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los
organismos oficiales de crédito a la exportación y los organismos oficiales de
seguros o de garantía de las inversiones, exigiendo en su caso, la debida diligencia
en materia de derechos humanos.
5. Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus
obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios
de empresas, o promulgan leyes a tal fin, que puedan tener un impacto sobre el
disfrute de los derechos humanos.
6. Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las
empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales.
Fomentar el respeto de los derechos humanos por las empresas en zonas
afectadas por conflictos
7. Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en
zonas afectadas por conflictos, los Estados deben tratar de asegurar que las
empresas que operan en tales contextos no se vean implicadas en abusos de este
tipo, adoptando entre otras las siguientes medidas:
a) Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarlas a
determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y
relaciones empresariales para los derechos humanos;
b) Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales
riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género
como a la violencia sexual;
c) Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada
en graves violaciones de los derechos humanos y se niegue a cooperar para
resolver la situación;
d) Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas
vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en
graves violaciones de los derechos humanos.
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Garantizar la coherencia política
8. Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales
y otras instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean
conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado y las respeten en
el desempeño de sus respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la
información, la capacitación y el apoyo pertinentes.
9. Los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan
acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas,
por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión.
10. Los Estados cuando actúen en calidad de miembros de instituciones multilaterales
que tratan cuestiones relacionadas con las empresas, deberán:
a) Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten la capacidad de los
Estados miembros de cumplir su deber de protección ni pongan trabas a la
observancia de los derechos humanos por las empresas;
b) Alentar a esas instituciones, en el marco de sus respectivos mandatos y
capacidades, a promover el respeto de los derechos humanos entre las
empresas y a ayudar a los Estados que lo soliciten a cumplir su deber de
protección contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por
empresas, en particular mediante iniciativas de asistencia técnica, fomento de la
capacidad y sensibilización;
c) Inspirarse en estos Principios Rectores para promover el mutuo entendimiento y
la cooperación internacional en la gestión de problemas relacionados con las
empresas y los derechos humanos.
II. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
A. Principios fundacionales
11. Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben
abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las
consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna
participación.
12. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a
los derechos humanos internacionalmente reconocidos – que abarcan, como
mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y
los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:
a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas
consecuencias cuando se produzcan;
b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos
humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios
prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a
generarlos.
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14. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a
todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto
operacional, propietario y estructura. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de
los medios dispuestos por las empresas para asumir esa responsabilidad puede
variar en función de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas
de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos.
15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las
empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su
tamaño y circunstancias, a saber:
a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos
humanos;
b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre
los derechos humanos;
c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.
B. Principios operacionales
Compromiso político
16. Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas
deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración
política que:
a) Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;
b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;
c) Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de
su personal, sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus
operaciones, productos o servicios;
d) Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los
socios y otras partes interesadas;
e) Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios
para inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa.
La debida diligencia en materia de derechos humanos
17. Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias
negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben
proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso
debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los
derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el
seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente
a las consecuencias negativas. La debida diligencia en materia de derechos
humanos:
a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la
empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias
actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o
servicios prestados por sus relaciones comerciales;
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b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el
contexto de sus operaciones;
c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos
pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y
el contexto operacional de las empresas.
18. A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben
identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los
derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus
propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso
debe:
a) Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes;
b) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras
partes interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el
contexto de la operación.
19. Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos,
las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el
marco de las funciones y procesos internos pertinentes y tomar las medidas
oportunas.
a) Para que esa integración sea eficaz es preciso que:
i) La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y
funciones adecuados dentro de la empresa;
ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias y los
procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a esos
impactos.
b) Las medidas que deban adoptarse variarán en función de:
i) Que la empresa provoque o contribuya a provocar las consecuencias
negativas o de que su implicación se reduzca a una relación directa de esas
consecuencias con las operaciones, productos o servicios prestados por una
relación comercial;
ii) Su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas.
20. A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las consecuencias
negativas sobre los derechos humanos, las empresas deben hacer un seguimiento
de la eficacia de su respuesta. Este seguimiento debe:
a) Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados;
b) Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como externas,
incluidas las partes afectadas.
21. Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las consecuencias de sus
actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben estar preparadas
para comunicarlas exteriormente, sobre todo cuando los afectados o sus
representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o
contextos operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los derechos
humanos deberían informar oficialmente de las medidas que toman al respecto. En
cualquier caso, las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones:
a) Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de
la empresa sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus
destinatarios;
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b) Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante
consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada;
c) No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no vulnerar
requisitos legítimos de confidencialidad comercial.
Reparación
22. Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar
consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios
legítimos.
Cuestiones de contexto
23. En cualquier contexto, las empresas deben:
a) Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen;
b) Buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos
internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias
contrapuestas;
c) Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de
los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley
dondequiera que operen.
24. Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a las
consecuencias negativas, reales y potenciales, sobre los derechos humanos, las
empresas deben ante todo tratar de prevenir y atenuar las consecuencias que sean
más graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben una respuesta
inmediata.
III. Acceso a mecanismos de reparación
A. Principio fundacional
25. Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos
humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar
medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas,
legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de
abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos
de reparación eficaces.
B. Principios operacionales
Mecanismos judiciales estatales
26. Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de
los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos
humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de limitar
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los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una
denegación del acceso a los mecanismos de reparación.
Mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado
27. Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces
y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema
estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos
relacionadas con empresas.
Mecanismos de reclamación no estatales
28. Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de
reclamación no estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos
humanos relacionadas con empresas.
29. Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños
causados, las empresas deben establecer o participar en mecanismos de
reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y las
comunidades que sufran las consecuencias negativas.
30. Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y
otras iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los
derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de
reclamación eficaces.
Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales
31. Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto
estatales como no estatales, deben ser:
a) Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están
destinados y responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación;
b) Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están
destinados y prestar la debida asistencia a los que puedan tener especiales
dificultades para acceder a ellos;
c) Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un calendario
indicativo de cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles,
así como los medios para supervisar la implementación;
d) Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes
de información, el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios
para entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena
información y respeto;
e) Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación
de su evolución, y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del
mecanismo, con vistas a fomentar la confianza en su eficacia y salvaguardar el
interés público que esté en juego;
f) Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las reparaciones
sean conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos;
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g) Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes para
identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y
daños en el futuro;
Los mecanismos de nivel operacional también deberían:
h) Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos interesados a los
que están destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención
al diálogo como medio para abordar y resolver los agravios.
Documentos Web Disponibles
Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie
http://www.business-
humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/ReportstoUNHumanRightsCouncil/2011
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-
Framework
Resolución de la ONU: Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas
http://www.business-humanrights.org/media/documents/resolucion-consejo-derechos-
humanos-empresas-derechos-humanos-6-julio-2011.pdf
Guía para la evaluación y gestión de los Derechos Humanos
http://www.guidetohriam.org/welcome
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+
sustainability/publications/publications_handbook_hria__wci__1319577931868
Lista completa de documentos preparados por el Representante Ruggie
http://www.business-
humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/ReportstoUNHumanRightsCouncil/2011#85936
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14. Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas
Multinacionales – OECD 1976
La Declaración de 1976 es una compromiso de política hecho por los gobiernos
pertenecientes a la OECD en lo que respecta a las Inversiones Internacionales y las
Empresas Multinacionales con la finalidad de:
• Mejorar el clima de negocios
• Fomentar una contribución positiva que las empresas multinacionales puedan hacer al
progreso social y económico
• Minimizar y resolver las dificultades que puedan generarse de sus operaciones
Todas las partes de la Declaración están sujetas a cambios periódicos. Los más recientes
se han completado en mayo del 2011 y ésta se resumen en las Directrices para las
Empresas Multinacionales.
Todos los 34 países miembros han suscrito la Declaración así como 9 países no miembros:
Argentina (22 April 1997), Brasil (14 November 1997), Colombia (8 December 2011),
Egipto (11 July 2007), Lituania (20 September 2001), Marruecos (23 November 2009),
Perú (25 July 2008), Rumanía (20 April 2005).
La Declaración consiste en cuatro elementos:
A. Las Directrices para Empresas Multinacionales son recomendaciones sobre la
conducta empresarial responsable dirigida por los gobiernos a las empresas multinacionales
que operan en o desde países que se adhieran. La observancia de las Directrices es apoyada
por un mecanismo de aplicación única: los gobiernos se adhieren-a través de su red de
Puntos Nacionales de Contacto - son responsables de promover las Directrices, y ayudar a
resolver los problemas que surgen en los procedimientos de instancias específicas.
B. Trato nacional: un compromiso voluntario de la adhesión a los países a otorgar a
empresas bajo control extranjero en su territorio un trato no menos favorable que el
otorgado en situaciones similares a las empresas nacionales.
C. Los conflictos: los países adherentes deberán cooperar a fin de evitar o reducir al mínimo
la imposición de requisitos contradictorios sobre las empresas multinacionales.
D. Incentivos y desincentivos internacionales de inversión: los países que se adhieren
reconocen la necesidad de tener en cuenta el interés de los países que se adhieran
afectados por las leyes y prácticas en este campo, sino que se esforzará para hacer las
medidas de lo más transparente posible.
Directrices para Empresas Multinacionales – OCDE 2011
Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones de largo
alcance para una conducta empresarial responsable, que 43 gobiernos adherentes que
representan todas las regiones del mundo y que representan el 85% de la inversión
extranjera directa.
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Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas
por los gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian principios y normas voluntarias
para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables. La
vocación de las Directrices es garantizar que las actividades de esas empresas se
desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de confianza mutua
entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a
mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas
multinacionales al desarrollo sostenible.
Las Directrices forman parte de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y
Empresas Multinacionales, cuyos restantes elementos se refieren al tratamiento nacional, a
las obligaciones contradictorias impuestas a las empresas y a los incentivos y desincentivos
a la inversión internacional.
La actividad empresarial internacional ha registrado un cambio estructural de gran alcance
y las propias Directrices han evolucionado para reflejar estos cambios. Con el surgimiento
de las industrias de servicios y de las que se basan en el conocimiento, las empresas de
servicios y tecnología han hecho su aparición en el mercado internacional. Las grandes
empresas siguen siendo responsables de una parte significativa de la inversión
internacional y se constata una tendencia hacia las fusiones internacionales de gran escala.
Simultáneamente, también ha aumentado la inversión extranjera realizada por empresas
pequeñas y medianas, las cuales desempeñan actualmente un papel significativo en el
panorama internacional. Las empresas multinacionales, al igual que sus homólogas
nacionales, han evolucionado para abarcar un abanico más amplio de disposiciones
empresariales y tipos de organización. Las alianzas estratégicas y las relaciones más
estrechas con proveedores y contratistas tienden a desdibujar los límites de la empresa.
La rápida evolución de la estructura de las empresas multinacionales también tiene su
reflejo en sus actividades en los países en vías de desarrollo, en los que la inversión
extranjera directa ha registrado un rápido crecimiento. Las empresas multinacionales han
diversificado sus actividades en los países en vías de desarrollo, antes limitadas a la
producción primaria y a las industrias extractivas, adentrándose ahora en la fabricación y
montaje, el desarrollo del mercado interior y los servicios.
Las actividades de las empresas multinacionales han fortalecido y desarrollado a través del
comercio y la inversión internacional los lazos que unen entre sí a las economías de los
países de la OCDE y los que unen a éstas al resto del mundo. Estas actividades traen
consigo importantes beneficios para los países de origen y de acogida. Estas ventajas
crecen cuando las empresas multinacionales suministran a precios competitivos los
productos y servicios que desean comprar los consumidores y cuando proporcionan
rentabilidades justas a los oferentes de capital. Sus actividades comerciales e inversoras
contribuyen al uso eficiente del capital, de la tecnología y de los recursos humanos y
naturales.
Facilitan la transferencia de tecnología entre las regiones del mundo y el desarrollo de
tecnologías adaptadas a las condiciones locales. Las empresas multinacionales también
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contribuyen, mediante la capacitación formal y la formación en el propio trabajo, al
desarrollo del capital humano en los países de acogida.
La naturaleza, el alcance y la rapidez de los cambios económicos han traído consigo
nuevos desafíos estratégicos para las empresas y para los terceros interesados en su
evolución. Las empresas multinacionales tienen la oportunidad de poner en marcha
políticas de prácticas ejemplares encaminadas al desarrollo sostenible que persigan
garantizar una coherencia entre los objetivos sociales, económicos y medioambientales. La
capacidad de las empresas multinacionales para promover el desarrollo sostenible mejora
sustancialmente cuando se desarrolla la actividad comercial e inversora en un contexto de
mercados abiertos, competitivos y adecuadamente regulados.
Muchas empresas multinacionales han demostrado que el respeto de normas de conducta
estrictas puede mejorar el crecimiento. En el mundo actual, la competencia es intensa y las
empresas multinacionales se enfrentan a diferentes marcos legales, sociales y normativos.
En este contexto, algunas empresas podrían sentir la tentación de descuidar las normas y
principios de conducta adecuados con el fin de obtener una ventaja competitiva indebida.
Estas prácticas de unas pocas empresas podrían poner en duda la reputación de muchas
empresas y pueden suscitar temores entre los ciudadanos.
Muchas empresas han respondido a estas inquietudes de los ciudadanos desarrollando
dispositivos internos, sistemas de orientación y gestión que avalan su compromiso con una
buena actitud ciudadana de las empresas, con las prácticas correctas y con una buena
conducta empresarial y laboral. Algunas de ellas han recurrido a servicios de consultoría,
auditoría y certificación, contribuyendo a la acumulación de conocimientos en estos
ámbitos. Estos esfuerzos también han promovido el diálogo social respecto a lo que
constituye una buena conducta empresarial. Las Directrices aclaran las expectativas
compartidas de los gobiernos que las han suscrito respecto a la conducta empresarial y
proporcionan un punto de referencia a las empresas. De este modo, las Directrices
complementan y refuerzan las medidas privadas encaminadas a definir y poner en práctica
una conducta empresarial responsable.
Los gobiernos están colaborando entre sí y con las demás partes implicadas para fortalecer
el marco legal y político internacional en el que se desarrolla la actividad empresarial.
Durante el período posterior a las guerras mundiales se registró un desarrollo de este
marco, que se inició con la adopción en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Entre los instrumentos recientes destacan la Declaración de la OIT sobre
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo y la Agenda 21 así como la Declaración de Copenhague para el
Desarrollo Social.
La OCDE también ha contribuido a este marco de actuación a nivel internacional. Entre las
medidas recientes destacan la aprobación del Convenio para la Lucha contra la Corrupción
de Agentes Públicos Extranjeros en Operaciones Empresariales Internacionales y de los
Principios de la OCDE de Gobierno Empresarial, las Directrices de la OCDE sobre la
Protección de los Consumidores en el contexto del Comercio Electrónico y los trabajos en
curso relacionados con las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia para
Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales.
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El objetivo común de los gobiernos que han suscrito las Directrices consiste en fomentar
las contribuciones positivas al progreso económico, medioambiental y social que pueden
tener las empresas multinacionales, y reducir al mínimo las dificultades que causar sus
diversas actividades. Para alcanzar este objetivo, los gobiernos trabajan en colaboración
con las numerosas empresas, sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales que
están trabajando a su modo con el mismo fin. Los gobiernos pueden contribuir
proporcionando marcos nacionales de actuación eficaces, que incluyan una política
macroeconómica estable, un tratamiento no discriminatorio de las empresas, una
normativa adecuada y una supervisión prudencial, una justicia y una aplicación de las leyes
imparciales y una administración pública eficaz e íntegra. Los gobiernos también pueden
facilitar este objetivo manteniendo y fomentando normas y políticas adecuadas en apoyo
de un desarrollo sostenible y comprometiéndose con las reformas permanentes que
garanticen que la actividad del sector público sea eficiente y eficaz. Los gobiernos que han
suscrito las Directrices se han comprometido con una mejora continua de sus políticas
tanto nacionales como internacionales con vistas a mejorar el bienestar y los niveles de
vida de todos los ciudadanos.
Principios generales
Las empresas deberán tener plenamente en cuenta las políticas fijadas por los países en
que ejercen su actividad y tener en consideración las opiniones de los demás terceros
interesados. A este respecto, las empresas deberán:
1. Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con vistas a lograr un
desarrollo sostenible.
2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de
conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales del gobierno de
acogida.
3. Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación estrecha
con la comunidad local, incluidos los sectores empresariales locales, desarrollando al
mismo tiempo las actividades de la empresa en los mercados interiores y exteriores
de una manera compatible con la necesidad de prácticas comerciales saludables.
4. Fomentar la formación del capital humano, particularmente mediante la creación de
oportunidades de empleo y el ofrecimiento de formación a los empleados.
5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o
reglamentario relacionadas con el medioambiente, la salud, la seguridad e higiene, el
trabajo, la fiscalidad, los incentivos financieros u otras cuestiones varias.
6. Apoyar y defender unos correctos principios de gobierno empresarial y desarrollar y
aplicar unas buenas prácticas de gobierno empresarial .
7. Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión eficaces que
promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades
en las que ejercen su actividad.
8. Promover el conocimiento por los empleados de las políticas empresariales y su
conformidad con ellas, mediante una difusión adecuada de las mismas, incluso a
través de programas de formación.
9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los trabajadores
que elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su caso, para las
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autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las
Directrices o a las políticas de la empresa.
10. Alentar, cuando sea factible, a los socios empresariales, incluidos proveedores y
subcontratistas, para que apliquen principios de conducta empresarial compatibles
con las Directrices.
11. Abstenerse de cualquier ingerencia indebida en actividades políticas locales.
Tabla de contenidos de la Declaración de la OECD
Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales
Parte I Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales: Recomendaciones para la
conducta empresarial responsable en un contexto global
1. Conceptos y principios
2. Políticas Generales
3. Divulgación
4. Derechos Humanos
5. Empleo y relaciones laborales
6. Medio ambiente
7. La lucha contra el soborno, la extorsión y la solicitud de soborno
8. Intereses de los Consumidores
9. Ciencia y Tecnología
10. Competencia
11. Impuestos
Parte II procedimientos de aplicación de las Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales
Documentos Web disponibles
OECD Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales – OECD 1976
http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_34887_1875736_1_1_1_1,00.html
OECD Directrices para las Empresas Multinacionales - Actualizado 2011.
http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf
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15. Los Principios Globales Sullivan en Responsabilidad Social
Corporativa – 1999
Los primigenios Principios Sullivan eran un código de conducta desarrollado por el
predicador estadounidense y líder de derechos civiles Leon Sullivan en 1977 para aplicar
presión sobre Sudáfrica en protesta por su sistema de apartheid. Estos principios fueron
adoptados finalmente por una serie de empresa norteamericanas como medio de
promover los conceptos de responsabilidad social corporativa. Los nuevos Principios
Globales de Sullivan se desarrollaron en 1999 y se dieron a conocer en forma conjunta por
Leon Sullivan y Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. Los nuevos
principios no se centraron específicamente en el apartheid sudafricano, sino que se han
diseñado para aumentar la participación empresarial en la promoción de los derechos
humanos y la justicia social a nivel internacional.
Los Principios Globales Sullivan
Como una empresa que respalda los Principios Globales de Sullivan vamos a respetar la
ley, y como un miembro responsable de la sociedad vamos a aplicar estos principios con
integridad en consonancia con el papel legítimo de los negocios. Vamos a desarrollar e
implementar políticas, procedimientos, capacitación y estructuras internas de información
para garantizar la adhesión a estos principios a través de nuestra organización. Creemos
que la aplicación de estos principios conseguiremos una mayor tolerancia y un mejor
entendimiento entre los pueblos, y promover la cultura de paz.
Por consiguiente, nos comprometemos a:
12. Expresamos nuestro apoyo a los derechos humanos universales y, en particular,
aquellos de nuestros empleados, las comunidades en las que operamos, y los grupos
de interés con los que hacemos negocios.
13. Promover la igualdad de oportunidades para nuestros empleados en todos los niveles
de la empresa con respecto a cuestiones tales como el color, raza, género, edad,
origen étnico o creencias religiosas, y operar sin necesidad de tratamientos
inaceptables al trabajador como la explotación de los niños, el castigo físico, el abuso
de mujeres, la servidumbre involuntaria, u otras formas de abuso.
14. Respetar la libertad de asociación de nuestros empleados.
15. Compensar a nuestros empleados para que puedan alcanzar por lo menos sus
necesidades básicas y proporcionar la oportunidad de mejorar su habilidad y
capacidad con el fin de aumentar sus oportunidades sociales y económicas.
16. Promover un lugar de trabajo seguro y saludable, proteger la salud humana y el medio
ambiente, y promover el desarrollo sostenible.
17. Promover la competencia leal entre ellos el respeto de los derechos de propiedad
intelectual y de otra índole, y no ofrecer, pagar o aceptar sobornos.
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18. Trabajar con los gobiernos y comunidades con las que hacemos negocios para mejorar
la calidad de vida en las comunidades, sus necesidades educativas, culturales,
económicos y de bienestar social - y tratar de proporcionar capacitación y
oportunidades para los trabajadores procedentes de zonas desfavorecidas.
19. Promover la aplicación de estos principios en aquellos con quienes hacemos negocios.
Seremos transparentes en la aplicación de estos principios y proporcionar información
que demuestre públicamente nuestro compromiso con ellos.
Documentos Web disponibles
Principios Sullivan
http://thesullivanfoundation.org/about/global-sullivan-principles
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16. El Marco de Políticas de Inversión (PFI) – OCDE 2010
El Marco de Políticas de Inversión (PFI) es el enfoque más amplio y sistemático para
mejorar las condiciones de inversión que se haya desarrollado. Abarca 10 áreas de política
y plantea 82 preguntas a los gobiernos para ayudarles a diseñar y poner en práctica la
reforma de políticas para crear un entorno realmente atractivo, robusto y competitivo para
la inversión nacional y extranjera. Las 10 áreas de política son ampliamente reconocidos,
incluso en el Consenso de Monterrey, como el apoyo a un medio ambiente sano para todos
los inversores, desde las empresas pequeñas y medianas a las empresas multinacionales.
1. Política de inversión
2. Promoción de la Inversión y la
Facilitación
3. Políticas Comerciales
4. Política de Competencia
5. Política Fiscal
6. Gobierno Corporativo
7. Políticas para la Promoción de la
conducta empresarial responsable
8. Recursos Humanos Políticas de
Desarrollo
9. Infraestructura y Desarrollo del Sector
Financiero
10. Gobernanza Pública
El PFI no es ni normativo ni vinculante. Se hace hincapié en los principios fundamentales
del imperio de la ley, la transparencia, la no discriminación y la protección de los derechos
de propiedad pero deja para el país en cuestión la elección de las políticas, sobre la base
de sus circunstancias económicas y las capacidades institucionales. Una misma talla no
sirve para todos. Aunque dirigida a los gobiernos, el PFI tiene que ser visto en un contexto
más amplio junto con otras iniciativas internacionales que convergen con la finalidad de
mejorar el clima de inversión, incluidas las Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales.
Con su enfoque horizontal amplio, el PFI ayuda a los gobiernos a formular reformas
internas, la cooperación regional o el diálogo político internacional sobre la inversión.
También sirve como punto de referencia para las agencias de promoción de inversiones,
los donantes, ya que ayudan a los socios de los países receptores en la mejora del clima
de inversión y las empresas, los sindicatos, y organizaciones no gubernamentales en su
diálogo con los gobiernos. Desarrollado por un grupo de trabajo que representa alrededor
de 60 economías, así como empresarios, trabajadores, sociedad civil y organizaciones
internacionales, el PFI es un instrumento flexible que los gobiernos pueden adaptar a sus
circunstancias específicas, objetivos y necesidades y, al mismo tiempo que proporciona
una plataforma común para el diálogo y aprendizaje entre pares.
Documentos Web disponibles
Marco de Acción para las Inversiones
http://www.oecd.org/dataoecd/29/41/38316751.pdf
Marco de Acción para las Inversiones – Manual de Buenas Prácticas
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_2649_34893_37272665_1_1_1_1,00.html
Kit de Herramientas para la aplicación del Marco de Acción de Inversiones
www.oecd.org/investment/pfitoolkit
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17. Principios de Gobierno Corporativo – OECD 2004
Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE fueron respaldados por los Ministros de
la OCDE en 1999. Desde entonces, se han convertido en referencia para responsables
políticos, inversores, empresas y otras partes interesadas de todo el mundo. Han
anticipado la agenda del gobierno corporativo, proporcionando una orientación específica
para la puesta en marcha de iniciativas de carácter legislativo y reglamentario tanto en
países de la OCDE como en otros no-miembros. El Foro sobre Estabilidad Financiera ha
calificado los Principios como una de las 12 normas fundamentales para garantizar unos
sistemas financieros sanos. Los Principios también constituyen la base para un extenso
programa de cooperación entre la OCDE y los países que no pertenecen a la misma, a la
vez que sirven de apoyo al componente de gobierno corporativo de los Informes sobre la
Observancia de Códigos y Normas (ROSC) del Banco Mundial/FMI.
En la actualidad, los Principios han sido objeto de una profunda revisión con el fin de
adaptarlos a los últimos acontecimientos y experiencias vividos en los países miembros y
no-miembros de la OCDE. Los responsables políticos son ahora más conscientes de la
aportación del buen gobierno corporativo a la estabilidad de los mercados financieros, a la
inversión y al crecimiento económico. Las empresas son capaces de comprender mejor en
qué medida el buen gobierno corporativo contribuye a potenciar su competitividad. Los
inversores, y en especial las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones
que actúan en calidad de fiduciarios, comprenden que tienen un papel que desempeñar a
la hora de garantizar prácticas de buen gobierno corporativo, defendiendo así el valor de
sus inversiones. En las economías actuales, el interés por el gobierno corporativo va más
allá del de los accionistas por el comportamiento de empresas individuales. Debido a que
las empresas desempeñan un papel central en nuestras economías, y a que cada vez
confiamos más en las instituciones del sector privado para que administren nuestros
ahorros personales y nos garanticen unos ingresos tras nuestra jubilación, el buen
gobierno corporativo es un factor importante para sectores cada vez más amplios de la
población.
Los Principios son un instrumento vivo que ofrece normas no vinculantes y buenas
prácticas, así como una guía para su implantación susceptible de ser adaptada a las
circunstancias particulares de cada país o región. La OCDE ofrece un fórum para el
continuo diálogo e intercambio de experiencias entre países miembros y no-miembros.
Para mantenerse al tanto en un entorno en constante cambio, la OCDE llevará a cabo un
estrecho seguimiento de la evolución en el ámbito del gobierno corporativo, identificando
tendencias y buscando soluciones a los nuevos desafíos.
Documentos Web disponibles
Principios de Gobierno Corporativo
http://www.oecd.org/dataoecd/47/25/37191543.pdf
Metodología para la Evaluación de la aplicación de los Principios de Gobierno Corporativo
http://www.oecd.org/dataoecd/58/12/37776417.pdf
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18. Principios de Inversión Responsable (PRI) – PNUMA 2005
En 2005 el Secretario General de las Naciones Unidas invitó a un grupo de inversionistas
institucionales más grandes del mundo a unirse a un proceso de desarrollo de los
Principios de Inversión Responsable. Los individuos que representaban a 20 inversores
institucionales de 12 países se comprometieron a participar en el Grupo de Inversionistas.
El Grupo fue apoyado por 70 personas de múltiples grupos de interés y de expertos de la
industria de la inversión, las organizaciones intergubernamentales y gubernamentales, la
sociedad civil y la academia. El proceso, llevado a cabo entre abril de 2005 y enero de
2006, consistió en una serie de deliberaciones y debates durante largas jornadas de
trabajo. Los Principios de Inversión Responsable surgieron como resultado de estas
reuniones.
Los Principios de Inversión Responsable (PRI) son una iniciativa de inversionistas en
colaboración con Iniciativa Financiera del Programa de la Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los Principios de inversión
responsable los elaboró un grupo internacional de inversores institucionales teniendo en
cuenta la creciente importancia de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza
empresarial para las prácticas de inversión. El proceso fue convocado por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
Al firmar los Principios, nosotros como inversores nos comprometemos públicamente a
adoptarlos y a aplicarlos, cuando estén en consonancia con nuestras responsabilidades
fiduciarias. Nos comprometemos también a evaluar la eficacia y a mejorar el contenido de
los Principios a lo largo del tiempo. Estamos convencidos de que esto mejorará nuestra
capacidad para cumplir los compromisos adquiridos con los beneficiarios, así como a que
nuestras actividades de inversión estén más en consonancia con los intereses más amplios
de la sociedad.
Principios de Inversión Responsable
Como inversores institucionales, tenemos el deber de actuar en el mejor interés a largo
plazo de nuestros beneficiarios. En esta función fiduciaria, estimamos que las cuestiones
ambientales, sociales, y de gobernanza empresarial (ASG) pueden afectar al rendimiento
de las carteras de inversión (en diferentes grados según las empresas, sectores, regiones,
clases de activos y el momento). También reconocemos que la aplicación de estos
Principios podrá hacer que los inversores actúen más en consonancia con objetivos más
amplios de la sociedad. Por lo tanto, en la medida en que sea compatible con nuestras
responsabilidades fiduciarias, nos comprometemos a lo siguiente:
1. Incorporaremos las cuestiones ASG en los procesos de análisis y adopción de
decisiones en materia de inversiones.
Medidas posibles:
• Abordar las cuestiones ASG en las declaraciones de política de inversiones
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• Apoyar la elaboración de instrumentos, parámetros de medición y análisis relacionados
con las cuestiones ASG
• Evaluar en qué medida los gestores internos de carteras de inversión son capaces de
incorporar las cuestiones ASG
• Evaluar en qué medida los gestores externos de carteras de inversión son capaces de
incorporar las cuestiones ASG
• Pedir a los proveedores de servicios de inversión (tales como los analistas financieros,
los consultores, los agentes de bolsa, las empresas de investigación y las agencias de
clasificación de valores) que integren los factores ASG en las investigaciones y análisis
en curso
• Alentar la investigación universitaria y de otro tipo sobre este tema
• Promover la capacitación en las cuestiones de ASG de los profesionales de la inversión
2. Seremos propietarios de bienes activos e incorporaremos las cuestiones ASG
a nuestras prácticas y políticas.
Medidas posibles:
• Elaborar y hacer pública una política de identificación activa en consonancia con los
Principios
• Ejercer los derechos de voto o vigilar el cumplimiento de las políticas de votación (si se
delegan los derechos de voto)
• Establecer una capacidad de compromiso (directamente o por delegación)
• Participar en la elaboración de políticas, reglamentos y fijación de normas (por
ejemplo, promoviendo y protegiendo los derechos de los accionistas)
• Registrar las resoluciones de los accionistas con arreglo a consideraciones ASG a largo
plazo
• Comprometerse con las empresas sobre cuestiones ASG
• Tomar parte en iniciativas de participación concertadas
• Pedir a los gestores de carteras de inversión que asuman compromisos relacionados
con ASG y rindan cuentas
3. Pediremos a las entidades en que invirtamos que publiquen las informaciones
apropiadas sobre las cuestiones ASG.
Medidas posibles:
• Pedir la publicación de informes normalizados sobre cuestiones ASG (utilizando
instrumentos tales como la Iniciativa de presentación de informes a nivel mundial)
• Pedir que las cuestiones ASG se integren en los informes financieros anuales
• Pedir a las empresas información relativa a la adopción de las reglas, normas, códigos
de conducta o iniciativas internacionales pertinentes o su adhesión a las mismas (tal
como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas)
• Apoyar las iniciativas y resoluciones de los accionistas que promuevan la difusión de
las cuestiones ASG
4. Promoveremos la aceptación y aplicación de los Principios en la comunidad
global de la inversión.
Medidas posibles:
• Incluir requisitos relacionados con los Principios en las peticiones de propuestas (PDP)
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• Adaptar los mandatos de las inversiones, los procedimientos de vigilancia, los
indicadores de rendimiento y las estructuras de incentivación en consecuencia (por
ejemplo, velar porque los procesos de gestión de las inversiones tengan en cuenta, si
procede, horizontes a largo plazo)
• Comunicar las previsiones de ASG a los proveedores de servicios de inversión
• Revisar las relaciones con lOas proveedores de servicios que no cumplen las
previsiones ASG
• Apoyar la elaboración de instrumentos para establecer parámetros de referencia sobre
la integración ASG
• Apoyar cuestiones de reglamentación o de políticas que permitan la aplicación de los
Principios
5. Colaboraremos para mejorar nuestra eficacia en la aplicación de los
Principios.
Medidas posibles:
• Apoyar/participar en redes y plataformas de información para compartir instrumentos,
mancomunar recursos y hacer usos de los informes de los inversores como fuente de
conocimientos
• Abordar colectivamente cuestiones incipientes pertinentes
• Elaborar o apoyar iniciativas adecuadas de colaboración
6. Informaremos sobre nuestras actividades y progresos en la aplicación de los
Principios.
Medidas posibles:
• Indicar cómo las cuestiones ASG se integran en las prácticas de inversión
• Indicar las actividades de identificación (votaciones, compromisos y/o diálogo de
políticas)
• Indicar lo que se pretende de los proveedores de servicios en relación con los
Principios
• Comunicar con los beneficiarios sobre cuestiones ASG y los Principios
• Informar sobre los progresos y/o logros relativos a los Principios utilizando un enfoque
de “Cumplir o explicar”
• Esforzarse en determinar los efectos de los Principios
• Utilizar los informes para fomentar la concienciación entre un grupo más amplio de
interesados directos
Documentos web disponibles
Principios para la Inversión Responsable http://www.unpri.org/principles/spanish.php
Principios para la Inversión Responsable - Reporte de Progreso 2011
http://www.unpri.org/publications/2011_report_on_progress.pdf
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19. Guía de Responsabilidad Social – ISO 26000 – 2010
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación de organismos
nacionales de normalización. El trabajo de preparación de las normas internacionales se
realiza a través de los Comités Técnicos de ISO las cuales requieren de no menos del 75%
de aprobación de los organismos miembros. La Norma ISO 26000 ha sido preparada por el
ISO/TMB Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social (RS). Esta norma sobre RS ha
utilizado un enfoque de múltiples partes interesadas con la participación de 90 países y 40
organizaciones internacionales o regionales representativas que están involucradas en
diversos aspectos de la responsabilidad social.
En Perú, el INDECOPI aprobó la norma de Responsabilidad Social ISO 26000 con la NTP
ISO 26000:2010, luego de que INDECOPI como Organismo Peruano de Normalización y su
Comité Técnico de Normalización participara como activo protagonista del proceso de
normalización internacional desde sus inicios y durante 6 años de esfuerzos de diálogo y
consenso que involucraron a casi 100 países del mundo.
En el mes de noviembre 2010 el Organismo Internacional de Normalización ISO aprobó el
nuevo referente global en materia de Responsabilidad Social (ISO 26000). Sostenibilidad,
medio ambiente, apoyo social, grupos de interés, equidad, compromiso, transparencia, son
algunos de los diversos conceptos que esta norma técnica engloba, de modo que sean un
compromiso para cualquier clase de organización: empresas sin distinción de tamaño,
universidades, entidades estatales, organizaciones de trabajadores y ONGs.
La Norma proporciona orientación a todo tipo de organizaciones, independientemente de
su tamaño o localización, sobre: a) conceptos, términos y definiciones relacionados con la
responsabilidad social; b) antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad
social; c) principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social; d) materias
fundamentales y asuntos de responsabilidad social; e) integración, implementación y
promoción de un comportamiento socialmente responsable en toda la organización y, a
través de sus políticas y prácticas relacionadas, dentro de su esfera de influencia; f)
identificación e involucramiento con las partes interesadas, y g) comunicación de
compromisos, desempeño y otra información relacionados con la responsabilidad social.
Documentos web disponibles
ISO 26000
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_resp
onsibility/sr_discovering_iso26000.htm
Presentación de la Norma ISO 26000 – Ministerio de Energía y Minas - INDECOPI
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Presentaci%C3%83%C2%B3n%20OGGS%20-
%20Responsabilidad%20Social%20-%20ISO%2026000.pdf
http://www.slideshare.net/RSEPERU/lanzamiento-oficial-normal-iso-26000-comit-espejo-
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20. Estándar de Gestión Ambiental – ISO 14000:2005
La Norma internacional ISO 14001, que es de adopción voluntaria para las organizaciones,
prefija objetivos ambientales de alto valor para la sociedad tales como "mantener la
prevención de la contaminación y la protección del ambiente en equilibrio con las
necesidades socioeconómicas".
La Norma internacional ISO 14001, que es de adopción voluntaria para las organizaciones,
prefija objetivos ambientales de alto valor para la sociedad tales como "mantener la
prevención de la contaminación y la protección del ambiente en equilibrio con las
necesidades socioeconómicas". Está claro que la adopción de ciertas metodologías de
gestión ambiental y de la mejor tecnología disponible puede contribuir a un mejor
desempeño ambiental, pero conviene advertir que la adopción de la Norma no garantiza,
por si misma, óptimos resultados ambientales.
Desarrollo Sostenible, promisorio objetivo de las Normas Es evidente que los objetivos
presentados en el apartado anterior tienden al Desarrollo Sostenible o Sustentable (DS),
que es una de las acciones de protección ambiental preponderantes, de extrema
importancia, establecidas en la Agenda 21 de la histórica Cumbre de Río (1992). El DS
puede ser conceptualizado como un estilo o modo de desarrollo que permite satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
solventar sus propias necesidades, o también como el nivel de uso de un recurso natural
en el cual se maximizan los beneficios sin dañar el potencial de futuros beneficios
similares. Asimismo, el desarrollo sostenible tiene múltiples objetivos, por lo que, al
planificar el desarrollo, es preciso considerar, entre otros, el mantenimiento de la calidad
del ambiente, el bienestar humano y la seguridad económica.
Además, el concepto actual de DS, a cuyo logro se puede contribuir por medio de la
aplicación de las ISO 14001, considera que éste no constituye un estadio invariable de
armonía y prevé ciertas limitaciones para el uso de los recursos naturales, supeditándolo -
además de al estado actual de la tecnología y de la organización social- a la capacidad de
la biosfera de absorber los subproductos y residuos resultantes de las múltiples actividades
humanas. Conjuntamente, ese concepto envuelve la necesidad de lograr, al mismo tiempo,
cambios sustanciales en los valores de la sociedad y la adopción de nuevos modos de
relación, tanto entre los seres humanos, como entre éstos y el ambiente.
Aplicación de las Normas; beneficios para el ambiente y la empresa
Al implementar y mantener un SGA que cumple ISO 14001, las empresas se involucran en
programa de gestión ambiental eficiente. Además, por tratarse de una norma
internacional, las organizaciones que obtengan la correspondiente certificación pueden
mantener y acrecentar su competitividad en el mercado.
En muchos casos, las empresas se han encontrado con que sus competidores están
tratando de obtener su certificación y que los consumidores comienzan a exigir su
certificación. De hecho, muchas grandes compañías que ya han obtenido su certificación,
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exigen a sus proveedores que también la obtengan. Asimismo, la puesta en vigencia de un
SGA que cumpla ISO 14001 resulta altamente conveniente. Entre los beneficios
resultantes, tanto para el ambiente y la sociedad como para las organizaciones, pueden
citarse:
Contribuir al Desarrollo Sostenible.
Prevenir la contaminación.
Proteger el ambiente.
Identificar los sectores donde puede reducirse el consumo de energía y otros
recursos.
Reducir la contaminación, las emisiones y la generación de residuos.
Disminuir el riesgo ambiental.
Apoyar el cumplimiento del marco legal y la generación de legislación ambiental
adecuada.
Exhibir un liderazgo ambiental a través del cumplimiento certificado de normas
internacionales.
Responder convenientemente a las demandas de los consumidores, ONGs,
accionistas y otros.
Ganar la buena voluntad de la comunidad.
Aprovechar la demanda de productos "verdes".
Demostrar la intención de generar productos y/o servicios de alta calidad.
La aplicación de ISO 14001 en las organizaciones puede realizarse cumpliendo las
siguientes etapas principales:
a) La organización concibe, establece, redacta y pone en vigencia la Política Ambiental
(PA) que es ratificada y apoyada por el más alto nivel de conducción. Esa PA debe
contener un compromiso explícito de prevención de la contaminación, mejora continua
conducente al mejor desempeño ambiental y cumplimiento de la legislación ambiental
correspondiente. La PA debe ser dada a conocer al personal de la propia organización
y difundida a otras partes interesadas, como las autoridades nacionales, provinciales,
municipales, fuerzas vivas locales y vecinos.
b) Se establecen mecanismos de identificación y seguimiento de todos los aspectos de
las actividades, productos y servicios de la organización que puedan provocar
impactos ambientales significativos, incluyendo los que aún no están regulados
legalmente.
c) Se fijan metas de desempeño para el SGA relacionadas con los compromisos previstos
en la PA: prevención de la contaminación, mejoramiento ambiental continuo y
cumplimiento normativo.
d) Se implementa el SGA para el cumplimiento de las metas previstas, incluyendo la
formación y educación ambiental del personal, la preparación y realización de
documentos y reuniones de instrucción y prácticas de trabajo. Además, se prefija
como se medirá el logro o alcance de las metas.
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e) El alto nivel directivo de la organización revisa periódicamente el SGA, en momentos
preestablecidos, con frecuencia suficiente para ratificar su vigencia, eficacia y validez y
realizar los ajustes pertinentes.
f) Una organización certificadora debidamente acreditada, realiza las auditorías
ambientales pertinentes y certifica el proceso y el cumplimiento de la norma ISO
14001. Esas Auditorías consisten en procesos de verificación periódica, para
determinar si el SGA conforma las disposiciones previstas, incluyendo los requisitos de
ISO 14001, y está implementado adecuadamente. Sus resultados se comunican al más
alto nivel de conducción de la organización. Las auditorías están a cargo de Auditores
Ambientales, profesionales calificados con las certificaciones necesarias.
Documentos web disponibles
Norma ISO 14000: Gestión del Medio Ambiente
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/environmen
tal_management.htm
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21. Responsabilidad Social – Norma SA 8000
Sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones de la
Organización Internacional del Trabajo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer se ha desarrollado una norma reconocida
internacionalmente, la SA 8000 (Social Accountability 8000).
Es una Norma Universal emitida por la CEP (Council on Economic Priorities) sobre condiciones de trabajo, principios éticos y sociales. El sistema de la Norma SA 8000 ha sido diseñado según el modelo de las normas ya establecidas ISO 9001 e ISO 14001 aplicables a Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental.
Es una Norma Universal y auditable sobre condiciones de trabajo, contiene un sistema de control que se basa en estrategias probadas de gestión de calidad (como las utilizadas para la Norma ISO 9001). Esta Norma se referencia por ser el primer estándar social auditable. Su objetivo es asegurar una producción ética de bienes y servicios, estableciendo para ello una serie de códigos básicos en relación con las prácticas de derechos humanos y las condiciones de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor.
Está dirigida a aquellas empresas que buscan garantizar los derechos básicos de los trabajadores, principios éticos y sociales. Puede ser aplicada a cualquier tipo de organización o negocio.
Se basa en las convenciones de la Organización Internacional del trabajo (OIT), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño y siguiendo los procedimientos de un Sistema de Gestión de Calidad.
La primera parte de la Norma SA8000 está referida a una serie de requerimientos encuadrados en:
Trabajo Infantil: Trabajo realizado por menores de 14-15 años no está
permitido
Trabajo forzado: Prohibido
Seguridad y Salud Ocupacional: Normas Básicas necesarias para mantener un
ambiente de trabajo Seguro y Saludable
Libertad de Organización y derecho de Negociación colectiva: Derecho de
los empleados a formar sindicatos, y a ser miembros del sindicato de su elección.
Discriminación: Prohíbe la discriminación por motivos de raza, casta,
nacionalidad, religión, discapacidad, sexo, inclinación sexual, pertenencia a un
sindicato o afiliación política.
Medidas Disciplinarias: Prohibidos los castigos corporales, coerción mental o
Física, ni abusos verbales.
Horario de trabajo: cumplimiento de la legislación aplicable.
Compensación (Salarios): Cumplimiento de Normatividad legal o reglas
mínimas establecidas.
La segunda parte está referida expresamente al Sistema de Gestión
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Sistema de Gestión: Definir procedimientos para una efectiva gestión, implantación y auditoria de cumplimiento con SA 8000:
Política: La alta dirección de la compañía definirá su política respecto a la
Responsabilidad Social.
Revisión por la Administración: La alta dirección revisará periódicamente la
oportunidad, conveniencia y efectividad de su política, los procedimientos y los
resultados de su aplicación, comparándolos con los requerimientos de esta Norma
y con las otras obligaciones a las que la compañía se suscriba voluntariamente.
Representantes de la Compañía: La compañía nombrará un representante de
la alta dirección y garantizará el derecho del personal de planta a elegir un
representante de su grupo para facilitar la comunicación con la alta
administración.
Planeación y Aplicación: La compañía garantizará que los requerimientos de
esta Norma sean comprendidos y aplicados en todos los niveles de la
organización.
Control de Proveedores: La compañía establecerá y mantendrá procedimientos
adecuados para evaluar y seleccionar proveedores basados en su capacidad de
cumplir con los requerimientos de la Norma.
Identificación de Problemas e inicio de acciones correctoras: La compañía
investigará, confrontará y responderá a las cuestiones que planteen sus
empleados y otras partes interesadas, con respecto al cumplimiento o
incumplimiento de la política de la compañía y/o de los requerimientos de la
Norma.
Comunicación externa: La compañía establecerá y mantendrá procedimientos
para comunicar regularmente a todas las partes interesadas datos y otra
información relativa al cumplimiento de los requerimientos de esta Norma.
Acceso para verificación: Cuando exista un contrato que así lo estipule, la
compañía facilitará información razonable y acceso a aquellas partes interesadas
en verificar el cumplimiento de los requerimientos de la Norma.
Registros: La compañía mantendrá registros apropiados para demostrar el
cumplimiento de los requerimientos de la presente Norma.
No es una verdadera Certificación sino que incorpora una verificación independiente con
relación al cumplimiento con los estándares establecidos en la norma, basada en las
técnicas auditoria y utiliza auditores independientes. Este proceso de auditoria está
relacionado con el rendimiento de las compañías en sus condiciones de trabajo, más que
con un informe público de su rendimiento. Consta de una auditoria de certificación y sus
respectivas auditorias de seguimiento.
Ventajas
Para la empresa
Obtener la confianza de los trabajadores, consumidores e inversionistas.
Producir y vender en mayor cantidad.
Reducción de turnos.
Limitar los riesgos sociales y medio ambientales.
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Para los trabajadores
Reducción de número de accidentes
Mayor y Mejor formación
Nuevas oportunidades para asociarse libremente.
Mejora la calidad y el estado de ánimo de los trabajadores
Aumento de la productividad
Para los clientes
Proporcionarles productos y servicios de calidad
Tratarlos con honradez
Hacer lo posible para su bienestar y seguridad
Asegurar respeto a la dignidad humana en los productos ofrecidos, técnicas de
venta y publicidad
Otros stakeholders
Crea y comunica legitimidad
Crea un clima de confianza
Refuerza y crea un clima social de valoración de la solidaridad
Integración en la comunidad
Debe señalarse que la Norma SA8000 no es abarcativa de la totalidad de los aspectos del
Concepto de Responsabilidad Social, pero posee indudables ventajas para cualquier
organización que desee comprometerse con principios éticos y sociales que redundarán
en ventajas de diversa índole inclusive y fundamentalmente económicas.
Documentos web disponibles
Responsabilidad Social SA 8000
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdSpanish.pdf
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22. Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial
– 2006
Los Indicadores ETHOS - PERU 2021 de responsabilidad social forman parte de uno de los
tres proyectos del Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial
(PLARSE), adaptados a la realidad peruana. Son una herramienta de autoaprendizaje,
sensibilización, evaluación y seguimiento de la gestión de las empresas en el camino de
incorporar la responsabilidad social en el planeamiento estratégico, monitoreo y
desempeño general de las empresas. Son de uso esencialmente interno.
En el año 2000 ETHOS lanza un marco de indicadores de RSE que sirvieron de modelo
para otras organizaciones de RSE en Latinoamérica. Así, en el 2006 Perú 2021 lanza su
primera versión de Indicadores de RSE adaptados para la realidad peruana.
De estas experiencias regionales y trabajando de manera conjunta, surge el componente
de Indicadores de RSE del PLARSE que tiene como objetivo la utilización de un único
patrón de indicadores de RSE para todos los países de América Latina que forman parte
del PLARSE.
Los indicadores de RSE ETHOS-PERÚ2021 han sido formulados de modo tal que
contemplan los aspectos comunes a la gestión de RSE en el contexto latinoamericano; así
como indicadores particulares adaptados a la realidad peruana. Éstos están divididos en:
• INDICADORES EN PROFUNDIDAD: que miden la gestión de RSE en 4 etapas y son
comunes para los 8 países participantes del PLARSE.
• INDICADORES BINARIOS y CUANTITATIVOS: que miden la gestión de RSE
considerando las particularidades del contexto peruano.
Los indicadores ETHOS - PERU 2021 de responsabilidad social están dirigidos a la las
empresas nacionales y transnacionales que deseen medir su desempeño socialmente
responsable en el Perú.
Son indicadores regionales estandarizados que sirven para medir el desempeño y grado de
incorporación de la RSE en las empresas de los países de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú.
Sus características son:
Son comparativos. Las empresas que los completen podrán comparar su práctica con la de
empresas de otros países de acuerdo al puntaje que obtengan. Así, la nota que alcancen
podrán relacionarla a los promedios de las empresas con mejor desempeño en la región.
Son periódicos. El llenado de los indicadores se realiza por períodos. Las empresas que lo
deseen podrán completar su información de junio de 2010 a mayo de 2011.
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Son autoevaluativos e internos, es decir, cada empresa los puede realizar individualmente
y analizar sus resultados.
Son virtuales. Los indicadores se encuentran alojados en un web site, disponibles para que
cualquier empresa los utilice. Dos días después de llenado el cuestionario, se emitirá un
informe con sus resultados.
Emiten un informe de diagnóstico sobre el estado de la RSE dentro de la empresa. Este
informe presenta el detalle de los puntajes de la empresa por indicador, un análisis crítico
de los resultados y oportunidades de mejora en temas relevantes de RSE, sugiriendo
parámetros para establecer políticas y acciones a desarrollar.
Los indicadores presentan una correspondencia con el modelo del Global Reporting
Initiative (GRI), los principios del Pacto Mundial, la norma SA8000 y las Metas del Milenio.
Son confidenciales. Los resultados de cada empresa no están disponibles al público, salvo
la empresa así lo indicase.
Perú 2021 ha desarrollado un sistema que facilita a las empresas realizar un diagnóstico en
base a un cuestionario de indicadores. Luego, las respuestas se transforman en las
puntuaciones y las calificaciones que se muestran en un informe de diagnóstico que
permite a cada empresa compararse entre ellas, utilizando tablas y gráficos; así como el
grupo de benchmarking (las diez empresas con las mejores notas) y la media del grupo de
empresas que respondieron dentro del mismo período.
Documentos Web Disponibles
Indicadores Ethos - Perú 2021
http://www.peru2021.org/images/esquemas/indicadores%20completo.pdf
http://www.indicadoresrse.org/
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23. Marco para la Sostenibilidad y Estándares de Desempeño
para la Sostenibilidad Social y Ambiental – IFC 2012
El Marco de Sostenibilidad articula el compromiso estratégico de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) para el desarrollo sostenible y es una parte integral de nuestro enfoque
de la gestión de riesgos.
Nuestro marco de sostenibilidad ayuda a los clientes del IFC hacer negocios de manera
sostenible. Promueve las buenas prácticas ambientales y sociales, fomenta la transparencia
y la rendición de cuentas, y contribuye a los impactos positivos de desarrollo. Por u lado,
los Estándares de Desempeño de la IFC, que forman parte del marco de sostenibilidad, se
han convertido en mundialmente reconocidos como un punto de referencia para la gestión
de riesgos ambientales y sociales en el sector privado.
Originalmente aprobados en 2006, el Marco de Sostenibilidad se ha actualizado
recientemente a raíz de un proceso de consulta de 18 meses con las partes interesadas de
todo el mundo. Efectivo el 1 de enero de 2012, los cambios reflejan la evolución de las
buenas prácticas para la mitigación de la sostenibilidad y el riesgo en los últimos cinco
años. Se incorporan modificaciones sobre las cuestiones difíciles que son cada vez más
importantes para las empresas sostenibles, incluyendo la gestión de la cadena de
suministro, la eficiencia de recursos y el cambio climático, y las empresas y los derechos
humanos.
Las Normas de Desempeño
Las Normas de Desempeño están referidas a:
Norma de Desempeño 1: Evaluación y manejo de riesgos e impactos ambientales y
sociales
Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales
Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de recursos y prevención de la contaminación
Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad
Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos
naturales vivos
Norma de Desempeño 7: Pueblos indígenas
Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural
Estas Normas de Desempeño pueden ayudar a que los clientes de inversión y asesoría de
la IFC manejen y mejoren su desempeño ambiental y social usando un enfoque orientado
a riesgos y resultados. Los resultados deseados se describen en cada Norma de
Desempeño, seguidos de requisitos específicos para ayudar a los clientes a alcanzarlos,
usando medios apropiados según la naturaleza y la escala de la actividad, y proporcionales
al nivel de riesgos o impactos ambientales y sociales. Un eje central de dichos requisitos es
la aplicación de una jerarquía de mitigación a fin de anticipar y evitar impactos adversos
sobre los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente o, cuando sea imposible
evitarlos, minimizar los riesgos e impactos y, de continuar existiendo impactos residuales,
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compensarlos según sea apropiado. La IFC considera que las Normas de Desempeño
también ofrecen una base sólida que permite a sus clientes aumentar la sostenibilidad
general de sus operaciones, identificar nuevas oportunidades para expandir sus negocios y
desarrollar su ventaja competitiva en el mercado.
Documentos web disponibles
Marco para la Sostenibilidad Social y Ambiental
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b9dacb004a73e7a8a273fff998895a12/IFC_Sustaina
bility_Framework.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Perform
ance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
Estándares de Desempeño
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Perform
ance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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24. Relaciones con la comunidad y otros actores sociales – IFC
2009
En 1998, la IFC publicó su primer manual de prácticas recomendadas, titulado “Haciendo
Negocios a través de una Consulta eficaz y Divulgación”. Desde entonces, y con la
experiencia acumulada mediante sus actividades crediticias con clientes de mercados
emergentes, ha permitido al IFC profundizar en medida apreciable sobre la importancia
que revisten las relaciones con los actores sociales para todos los demás aspectos
relativos al desempeño ambiental y social. Ahora, tanto el sector privado como los
inversionistas financieros entienden mejor los riesgos que conlleva una relación precaria
con los actores sociales y las oportunidades que se abren cuando esa relación es
constructiva. Las empresas que han comprendido la importancia de establecer y mantener
relaciones con las comunidades afectadas y otros actores sociales a lo largo de la vida de
sus proyectos, y no solamente durante la fase inicial de los estudios de factibilidad y
evaluación, están cosechando los frutos, reflejados en una mejor gestión del riesgo y
resultados más positivos en el terreno.
A medida que va cambiando el enfoque con respecto a las consultas y el acceso a la
información —que dejan de ser un medio a corto plazo para cumplir las normas
establecidas y las exigencias de los prestamistas, y se convierten en un conducto más
estratégico y a largo plazo para entablar relaciones, mitigar los riesgos e identificar nuevos
negocios—, surgen nuevos planteamientos y modalidades para establecer tales relaciones.
Como parte del compromiso permanente de la IFC de adquirir conocimientos e identificar
prácticas recomendadas internacionales y difundirlos a nuestros clientes y el público
general, se preparó este manual de referencia, nuevo y actualizado, titulado Relaciones
con la comunidad y otros actores sociales: Manual de prácticas recomendadas para las
empresas que hacen negocios en mercados emergentes. En él se han recogido las
lecciones y experiencia de la IFC de los últimos nueve años, así como las opiniones y
prácticas actuales de empresas que son nuestros clientes y otras instituciones. La finalidad
del manual es ofrecer al lector un conjunto de prácticas recomendadas “básicas” para
manejar las relaciones con los actores sociales en un contexto dinámico, en el que pueden
y suelen ocurrir imprevistos y la situación en el terreno también cambia.
Hacia un Concepto más amplio de “Relación con los Actores Sociales”
Cuando las actividades de consulta se llevan a cabo principalmente para dar cumplimiento
a las reglas y exigencias establecidas, suelen convertirse en un conjunto de reuniones
públicas que se realizan una sola vez, normalmente en torno al proceso de evaluación
ambiental y social del proyecto en cuestión. Estas consultas rara vez se prolongan de
manera significativa más allá de la etapa de planificación del proyecto, y casi nunca se
integran en las actividades básicas de la empresa ni se evalúan en términos de su eficacia
para establecer relaciones de trabajo constructivas. En la actualidad, la expresión
“relaciones con los actores sociales” se está empezando a usar para describir un proceso
continuo más amplio y más inclusivo entre una empresa y quienes podrían verse afectados
por sus actividades, que abarca una variedad de actividades y enfoques y que se desarrolla
a lo largo de toda la vida de un proyecto (véase el Gráfico 1). Esta evolución del
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significado de la expresión es indicativa de cambios más generales en el mundo financiero
y de los negocios, en el que se reconocen cada vez más los riesgos para las actividades
comerciales y para la reputación que se derivan de una relación precaria con los actores
sociales, y se hace cada vez más hincapié en la responsabilidad social de las empresas y
en la transparencia y la difusión de información. En este contexto, mantener buenas
relaciones con los actores sociales es un prerrequisito para una adecuada gestión del
riesgo.
El manual está dividido en dos secciones. En la primera sección se exponen los conceptos
y principios fundamentales de las relaciones con los actores sociales, las prácticas que han
demostrado dar buenos resultados y las herramientas que ayudan a lograr una relación
eficaz con los actores sociales. En la segunda sección se muestra cómo estos principios,
prácticas y herramientas encajan en las diferentes etapas del ciclo de los proyectos, desde
el concepto inicial, la etapa de construcción y operaciones del proyecto, hasta el traspaso
de intereses o el desmantelamiento de las instalaciones. Cada una de estas etapas plantea
diferentes riesgos ambientales y sociales y ofrece distintas oportunidades para el proyecto.
Por ello, en cada una de ellas se deben aplicar e integrar en los sistemas de gestión
distintas prácticas para interactuar con los actores sociales.
Recomendaciones para lograr una interacción fructífera con los actores sociales
Empezar pronto
No esperar hasta que surja un problema para interactuar con los actores sociales
Adoptar una visión a largo plazo
Adaptar el proceso a cada proyecto
Administrar las relaciones con los actores sociales como una función más de la empresa
Documentos web Disponibles
Relaciones con la Comunidad y otros actores
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_Stakeh
olderEngagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7fe528048855c5a8ba4db6a65
15bb18
Espectro de Compromiso y Participación de Comunidades
Estrategias de Comunicación
Divulgación de Información
Consulta ParticipaciónNegociación y
Alianzas
Número de gente comprometida
Intensidad del Compromiso
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25. Inversión Comunitaria Estratégica – IFC 2010
Compañías de todo el mundo se comprometen en iniciativas de inversión comunitaria
como una forma de promover el desarrollo y de benefi ciar a grupos de interés local en
sus áreas de operación. Bien ejecutada, la inversión comunitaria puede contribuir a
establecer relaciones de mutuo benefi cio entre una compañía y sus grupos de interés
local, mejorar la calidad de vida de las comunidades locales a largo plazo y ayudar a crear
un entorno propicio para la inversión privada.
Para la Corporación Financiera de Inversiones (IFC por sus siglas en inglés), la Inversión
Comunitaria Estratégica (IC) consiste en contribuciones o acciones voluntarias de las
compañías, para ayudar a las comunidades localizadas en sus áreas de operación, a
direccionar sus prioridades de desarrollo, y aprovechar las oportunidades creadas por la
inversión privada, por vías que son sostenibles y que respaldan los objetivos del negocio.
En esta área las buenas prácticas están evolucionando. Las compañías han dejando de
lado las donaciones filantrópicas, las prácticas ad hoc (reaccionar a los requerimientos de
la comunidad a medida que van surgiendo) y están adoptando estrategias más sofisticadas
y formas de planificar y ejecutar sus programas de inversión comunitaria. Hay un énfasis
mayor en el caso de negocio, en mirar a la inversión comunitaria a través del lente de los
riesgos y las oportunidades, y en crear “valor compartido” alineando las metas y las
competencias de los negocios con las prioridades de desarrollo de los grupos de interés
local. Otras tendencias apuntan a la construcción de capital social y a la apropiación local,
a través de procesos que involucran a todos los grupos de interés local; implementando
estrategias de sostenibilidad y transferencia de responsabilidades en la elaboración de los
proyectos; y midiendo y comunicando resultados que apuntan a optimizar el valor del
negocio derivado de la inversión comunitaria.
Aunque el mayor aporte que hace una compañía, normalmente reside en el impacto
positivo del negocio mismo – a través de empleo, contratos, cadena de proveedores y
pago de impuestos – los programas voluntarios de Inversión Comunitaria ofrecen una
valiosa oportunidad para incrementar los impactos positivos y los beneficios
socioeconómicos. A través de la Inversión Comunitaria (IC), las compañías apoyan
procesos de desarrollo de capacidades, el desarrollo de formas de generación de ingreso,
la transferencia de conocimiento y el acceso a servicios sociales e infraestructura, muchas
veces en ambientes donde los niveles de pobreza, riesgo social y expectativa son altos, y
donde las compañías y las comunidades compiten por el uso de la tierra y de los recursos
naturales.
Aunque este documento se concentra en los programas voluntarios, un enfoque
estratégico estimula a las compañías a pensar creativamente y con un criterio
interfuncional sobre las diferentes formas de aumentar los beneficios destinados a la
población local. Esto implica aprovechar todas las posibilidades que el sector privado tiene
para ofrecer, desde oportunidades ligadas al negocio principal y a la cadena de
proveedores; pasando por competencias, activos y know-how empresariales; hasta el
aprovechamiento de la posición de la empresa con contactos clave, redes y aliados. En
este sentido, la Inversión Comunitaria puede ser vista como una herramienta estratégica
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que puede ser combinada con otras iniciativas para obtener valor tanto para el negocio
como para sus comunidades vecinas. La inversión comunitaria va de la mano con las
iniciativas de la compañía para involucrar a los grupos de interés local. La experiencia
muestra que este tipo de inversiones tempranas en construcción de relaciones con las
comunidades locales y sus aliados puede generar dividendos significativos en tiempos de
conflicto y de crisis.
Lo que no es la Inversión Comunitaria (IC)
La inversión comunitaria (IC) es una inversión de valor agregado. No se debe confundir
con las obligaciones de una compañía para mitigar o compensar a las comunidades locales
por los impactos ambientales y sociales causados por el proyecto. Estos temas se abordan
separadamente bajo las Normas de Desempeño Ambiental y Social de IFC aplicables desde
enero 2012. Sin embargo, los dos son componentes interconectados de un enfoque
holístico en la gestión de las relaciones empresa-comunidad.
Principios de Buenas Prácticas para la Inversión Comunitaria Estratégica (IC)
1. ESTRATÉGICA
Las actividades se desarrollan a partir de una estrategia bien definida (objetivos,
criterios, principios rectores) relacionados con un caso de negocio claro y una
evaluación de los riesgos y oportunidades.
Aborda objetivos de corto y largo plazo, a través de una combinación estratégica de
inversiones.
Para buscar mayor impacto, se enfoca selectivamente en algunas pocas áreas de gran
impacto, en las que la compañía puede aprovechar al máximo su papel y sus
competencias únicas, para responder a las prioridades de la comunidad.
Mira más allá de los recursos financieros y considera cómo hacer el mejor uso de los
activos, los recursos, la capacidad de incidencia y las relaciones de la compañía, que
benefician a las comunidades locales.
Evoluciona y adapta sus acciones de acuerdo con las fases del negocio y usa
diferentes enfoques a lo largo del ciclo del proyecto.
2. ALINEADA
Alinea los temas estratégicos del negocio con las prioridades de desarrollo de las
comunidades locales, de la sociedad civil y del Gobierno para crear “valor compartido”
(para tener éxito a largo plazo, una compañía debe crear valor no sólo para sus
accionistas, sino también para la comunidad donde opera).
Coordina la Inversión Comunitaria (IC) con otras políticas y prácticas de la compañía
que afectan a las comunidades, tales como: la gestión de impactos, el compromiso de
los grupos de interés, la contratación de personal y el aprovisionamiento local.
Promueve la coordinación y responsabilidad interfuncional para alcanzar los objetivos
de la IC al interior de todas las unidades de negocio de la compañía que interactúan
con los grupos de interés.
3. ORIENTADA HACIA TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS
Posiciona a la compañía como un aliado que involucra a todos los grupos de interés y
no como el actor principal en la promoción del desarrollo local.
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Reconoce que un enfoque que involucra a todos los grupos de interés reduce el
control de la compañía, pero agrega valor al crear apropiación local y desarrollar
control y complementariedad local alrededor de intereses comunes.
Apoya a las comunidades y a los gobiernos locales en la definición y en la consecución
de sus objetivos y aspiraciones de desarrollo, a través de procesos participativos de
planificación y de toma de decisiones.
4. SOSTENIBLE
Busca evitar la dependencia y en su lugar incentiva la autonomía y la creación de
beneficios de largo plazo que perduren en el tiempo, una vez se termine el apoyo de
la compañía.
No inicia las actividades sin contar con una estrategia viable de salida o de
transferencia de responsabilidades.
Invierte considerablemente en el desarrollo de capacidades, en procesos participativos
y en desarrollo organizacional, para posibilitar que las comunidades locales, las
instituciones y otros aliados puedan gradualmente asumir roles y responsabilidades
mayores.
Cuando resulta viable, refuerza los procesos a las organizaciones indígenas.
5. MEDIBLE
Mide los beneficios de la inversión comunitaria tanto para la compañía como para la
comunidad.
Utiliza indicadores de resultado y de impacto para medir la cantidad y la calidad de los
cambios.
Monitorea cambios en las percepciones comunitarias para obtener retroalimentación
en tiempo real sobre desempeño.
Usa métodos participativos de monitoreo y evaluación para desarrollar confianza y
sentido de pertenencia sobre los resultados de la Inversión Comunitaria (IC).
Comunica proactivamente el valor generado por la Inversión Comunitaria (IC) a los
públicos internos y externos.
Documentos web disponibles
Inversión Comunitaria Estratégica
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+
sustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__13195769
07570
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014compl
ete-web.pdf?MOD=AJPERES
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26. Invirtiendo en la Gente: Comunidades Sostenibles
mediante la mejora de prácticas empresariales – IFC 2001
La guía elaborada en el año 2000, tiene como objetivo server como una herramienta para
los clientes y otras empresas del IFC a fin de establecer programas efectivos de inversión
en comunidades localizadas y afectadas por la industria extractiva.
1. Comprometerse en realizar una consulta efectiva a la comunidad
Consultar a la comunidad de forma culturalmente efectiva es clave para el desarrollo
comunitario apropiado. Consulta todas las fases de operaciones de una empresa
constituye una base de confianza y de ayuda a las empresas para identificar las
necesidades de la comunidad, definir las responsabilidades de desarrollo comunitario de las
partes interesadas y manejar las expectativas entre los miembros de la comunidad. Las
empresas deben consultar el Manual de Buenas Prácticas para una consulta efectiva del
IFC.
2. Construir confianza
La creación de confianza entre la empresa, miembros de la comunidad y otras partes
interesadas es esencial para el éxito del proyecto minero. La confianza puede ser difícil de
establecer y mantener. Un proceso permanente de consulta y participación culturalmente
apropiada, junto con la buena fe y transparencia, son esenciales para construir y mantener
la confianza entre todas las partes interesadas.
3. Manejar las expectativas definiendo claramente los roles y
responsabilidades
El nuevo desarrollo del sector privado tiende a aumentar las expectativas de las grupos de
interés por el desarrollo comunitario. A menos que las empresas definan con claridad sus
compromisos con el desarrollo de la comunidad corren el riesgo de no cumplir con estas
expectativas crecientes y con ello aumentar su riesgo de operación. La compañía también
debe dejar claro que el gobierno y la comunidad tendrá un papel que desempeñar. Una
vez que las funciones y responsabilidades se definen, las empresas deben comunicar estas
clara y coherentemente. Las expectativas no administradas tienden a conducir a la
desconfianza entre la empresa y la comunidad.
4. Desarrollar la capacidad interna adecuada
Cuando las empresas carecen de personal con experiencia en desarrollo comunitario y
conocimiento de las costumbres, historia y necesidades locales, tienden a aumentar su
riesgo de operación. Además, las empresa deben desarrollar la capacidad interna o
trabajar con organizaciones asociadas como los gobiernos nacionales o locales, grupos
comunitarios u organizaciones no gubernamentales para desarrollar su capacidad.
5. Movilizar las competencias básicas
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Las empresas tienen las competencias básicas que se pueden utilizar para promover el
desarrollo de la comunidad. Estos incluyen sus productos, las conexiones políticas y
empresariales, la gestión financiera, recursos humanos, y otras habilidades de los
empleados.
6. Establecer objetivos cuantificables e informe sobre progresos
Establecer metas y medir el progreso permite a una empresa y sus grupos de interés
controlar los éxitos y deficiencias del programa de inversiones. Esta transparencia será
esencial para crear confianza entre las partes interesadas - y para el éxito final del
proyecto.
7. Establecer alianzas estratégicas
A menudo, una variedad de organizaciones comparten los objetivos específicos de
desarrollo comunitario con las empresas. Las empresas deben establecer alianzas sólidas y
estratégicas, siempre que sea posible, con los gobiernos locales o nacionales,
organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, otras empresas locales,
universidades, institutos de investigación, organizaciones multilaterales, sindicatos u otras
partes interesadas con objetivos similares.
8. Plan para la sostenibilidad
Los proyectos deben ser diseñados de modo que su impacto continúe mucho después de
que la participación de la empresa. Los proyectos que se centran en el desarrollo de
habilidades y capacidades de la comunidad o la mejora de los ingresos de la comunidad
producen beneficios más sostenibles que los proyectos y programas que simplemente
distribuyen bienes y servicios. Las empresas pueden planificar la sostenibilidad con las
comunidades mediante la construcción de la capacidad comunitaria para la gestión de
proyectos y fomentar los vínculos con otras organizaciones. Las empresas deben
prepararse para entregar la responsabilidad de los proyectos a las comunidades, gobiernos
u otras organizaciones una vez que el programa se ha convertido en sostenible y
autosuficiente. Establecer un calendario para entregar la responsabilidad con objetivos
mensurables y puntos de referencia es esencial para evitar la dependencia con la empresa.
Documentos web disponibles
Invirtiendo en la Gente: Comunidades Sostenibles mediante la mejora de prácticas
empresariales
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+
sustainability/publications/publications_handbook_investinginpeople__wci__131957879874
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http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/1dc2e10048865811b3fef36a6515bb18/Community
Guide.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1dc2e10048865811b3fef36a6515bb18
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27. Manual para la preparación de un plan de acción para el
reasentamiento – IFC
El reasentamiento involuntario puede entrañar tanto el desplazamiento físico de
poblaciones como la perturbación de sus medios de subsistencia. Los especialistas en
desarrollo social de la Corporación Financiera Internacional (IFC) colaboran estrechamente
con los promotores de los proyectos, en quienes a veces recae la gran responsabilidad de
dirigir reasentamientos involuntarios a fin de ejecutar sus proyectos en países en
desarrollo. El manual desarrollado por el IFC brinda una orientación basada en la
experiencia adquirida hasta la fecha. El objetivo es aplicar la experiencia de estos ejemplos
de prácticas óptimas para ayudar al sector privado a abandonar el planteamiento
tradicional de mitigación de los efectos y a adoptar en cambio un enfoque impulsado por
las oportunidades de producir un impacto positivo y sostenible en el desarrollo. En el
contexto del reasentamiento, esto significa colaborar con los promotores de los proyectos
para encontrar formas más innovadoras y adecuadas que permitan a las poblaciones
desplazadas aprovechar las diversas oportunidades económicas que crea el desarrollo.
El IFC ha desarrollado principios básicos para resolver el problema de los efectos negativos
de los reasentamientos involuntarios relacionados con sus proyectos de inversión. Esos
principios son los siguientes:
El reasentamiento involuntario debe evitarse.
Cuando el reasentamiento involuntario es inevitable, todas las personas afectadas deben recibir una
indemnización íntegra y justa por los bienes perdidos.
El reasentamiento involuntario debe ser considerado como una oportunidad para mejorar los niveles de
vida de las personas afectadas y se debe ejecutar con arreglo a esta premisa.
Se debe consultar a todas las personas afectadas por el reasentamiento involuntario, quienes deben
participar en la planificación del reasentamiento a fin de que tanto la mitigación de los efectos adversos
como sus beneficios sean apropiados y sostenibles.
El manual consta de cuatro secciones con anexos complementarios.
En la Sección I se esboza el alcance de la aplicación de la OD 4.30 y se identifican
situaciones que requieren consultas específicas y detalladas entre los promotores del
proyecto y los especialistas en desarrollo social de la CFI.
En la Sección II se describen los principios fundamentales, procedimientos y requisitos de
la preparación del PAR (Plan de Acción para el Reasentamiento)y se dan ejemplos de
instrumentos de estudio y cuadros de datos resumidos. Estos ejemplos ilustran tanto la
lógica y el enfoque de la preparación del PAR como el resultado de la recopilación de los
datos que se necesitan para planificar el reasentamiento.
La Sección III es una lista de verificación que identifica la secuencia a que se atienen los
especialistas de la CFI para examinar la preparación, ejecución y evaluación de un PAR.
En la Sección IV se presenta un esquema detallado de un PAR que se puede adaptar
para atender a las necesidades de proyectos específicos.
Documentos web disponibles
Manual para la preparación de un plan de acción para el reasentamiento – IFC
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+
sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
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28. La divulgación y la consulta pública: un instrumento
eficaz para la actividad empresarial – IFC 1998
Su función principal es ofrecer a los proyectos del sector privado orientación sobre
prácticas apropiadas de divulgación de información y consulta pública, de manera que,
además de obtener buenos resultados desde el punto de vista financiero, los proyectos
también incluyan consideraciones de responsabilidad ambiental y social.
¿Qué se entiende por consulta pública?
La consulta pública a que se hace referencia en el presente Manual de prácticas es un
instrumento para gestionar la comunicación bidireccional entre el patrocinador del proyecto
y el público. Su objetivo es mejorar el proceso de adopción de decisiones y crear
comprensión mutua haciendo participar activamente a las personas, los grupos y las
organizaciones que tienen algún interés en el proyecto. Esa participación mejorará la
viabilidad a largo plazo del proyecto y aumentará sus beneficios para las personas
afectadas a nivel local y otros interesados.
¿Por qué es necesario consultar con el público?
Cada vez más el sector privado se ve obligado, tanto por las autoridades como por el
público, a tener en cuenta los retos ambientales y sociales que plantea el desarrollo. La
consulta pública desempeña una función decisiva para crear conciencia de las
repercusiones de un proyecto y llegar a un acuerdo sobre enfoques técnicos y de gestión
que permitan obtener los máximos beneficios y reducir las consecuencias negativas.
Además, la consulta y la colaboración con el público son ventajosas desde el punto de vista
empresarial. Las consultas públicas pueden llevar consigo una reducción de los riesgos
financieros (provocados por los retrasos, las actuaciones judiciales y la publicidad
negativa), ahorros directos de costos, una mayor cuota de mercado (gracias a una buena
imagen pública) y un aumento de los beneficios sociales para las comunidades locales.
¿Por qué es necesaria la divulgación de información?
La información es fundamental para la participación eficaz de los ciudadanos afectados de
zonas próximas al proyecto. Un público bien informado comprenderá mejor el equilibrio
entre las ventajas y los inconvenientes de un proyecto; podrá hacer una contribución
significativa al diseño del proyecto; y tendrá más confianza en las empresas que serán sus
nuevos vecinos.
¿Quién es el público?
Consultar con el público supone hacer intervenir a las personas que se ven afectadas
directa e indirectamente por un proyecto y otras partes interesadas que poseen la
capacidad de influir, positiva o negativamente, en los resultados de un proyecto. Esas
personas suelen ser denominadas interesados y entre ellas se cuentan las personas
afectadas por el proyecto (PAP), como los particulares y las familias que viven cerca del
proyecto, o los grupos indígenas y sus jefes tradicionales; el patrocinador del proyecto;
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representantes del sector público, como los titulares de cargos electivos a nivel local y los
departamentos de la administración local y central; entidades como las organizaciones no
gubernamentales (ONG) locales, nacionales e empresas del sector privado y asociaciones
empresariales. Identificar a todos los interesados, especialmente los pobres y marginados,
es esencial para que la consulta produzca buenos resultados.
La consulta pública y la divulgación de información pueden ser ventajosas para
las empresas
• Reducción del riesgo financiero
• Reducción de los costos directos
• Aumento de la cuota de mercado
• Aumento de los beneficios sociales para las comunidades locales
Once medidas para la gestión de la consulta pública
• Planificación anticipada
• Ensayo del programa
• Inversión de tiempo y dinero
• Participación directa de los gerentes de operaciones
• Contratación y capacitación del personal apropiado
• Mantenimiento de la responsabilidad general
• Coordinación de todas las actividades de consulta
• Fomento del diálogo y de la confianza
• Gestión de las expectativas
• Colaboración con los gobiernos
• Colaboración con las ONG y las organizaciones de base comunitaria
Cuatro principios de gestión para la divulgación de información sobre el
proyecto
• Divulgar información en una etapa temprana
• Recurrir a la divulgación de información en apoyo de las consultas
• Suministrar información comprensible
Documentos web disponibles
La divulgación y la consulta pública: un instrumento eficaz para la actividad empresarial –
IFC 1998
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4ab5fd80488552fbad14ff6a6515bb18/DoingBetterB
usiness_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4ab5fd80488552fbad14ff6a6515bb18
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29. Manual para empezar a trabajar en Contratación Local –
IFC 2010
Las compras locales se refieren a la compra de bienes y servicios a las empresas locales.
Normalmente, esto ocurre en los mercados emergentes y en mercados desarrollados,
donde las comunidades locales tienen expectativas acerca de su participación en nuevas
oportunidades, tales como ocurre en países como Australia y Canadá. También conocido
como vínculos comerciales de desarrollo de proveedores locales, el contenido local o
locales de abastecimiento, las compras locales favorecen a la empresa ya que es una
herramienta estratégica de negocios de las empresas internacionales en las industrias
extractivas.
Hay tres razones principales para desarrollar proveedores locales:
o Para mitigar el riesgo de operaciones de la empresa
o En respuesta a las regulaciones gubernamentales o acuerdos de inversión que
estipulan los niveles de contratación local
o Para proporcionar beneficios a la comunidad local mediante la creación de
oportunidades sostenibles de negocios con empresas locales
Las compras locales requieren un compromiso real de la compañía de trabajar con las
comunidades y fortalecer la capacidad de los proveedores locales de una manera que les
permita ser más competitivos y rentables. Normalmente, estos proveedores son las
pequeñas y medianas empresas (PYME). Para competir por las oportunidades de licitación
y contratación PYMES locales a menudo necesitan una formación que les permita disponer
de los necesarios requisitos de funcionamiento, seguridad, normas ambientales y técnicas.
Un programa de compras locales (LPP) busca reducir la brecha entre los estándares de la
empresa contratante y de la capacidad existente de las PYMES.
Esto se hace externamente, a través de la provisión de capacitación, tutoría y otras formas
de apoyo a las PYME, e internamente, a través de un esfuerzo concertado para identificar
las oportunidades, comunicar a las empresas e incentivar al personal a comprometerse a la
compra local.
Documentos web disponibles
Manual para empezar a trabajar en Contratación Local – IFC
http://ifcext.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_Handbook_GuidetoGetting
StartedinLocalProcurement
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30. Guía para la Biodiversidad – IFC 2010
Hay dos formas básicas y complementarias, de cómo el sector privado puede abordar los
temas de biodiversidad. La primera, y la forma en que la mayoría de las empresas han
visto tradicionalmente la biodiversidad, es como una serie de riesgos de negocio que
deben ser gestionados y mitigados, para reducir costos, mejorar la reputación y garantizar
el funcionamiento correcto. En el mundo de hoy, este es el estándar mínimo de cómo una
empresa debe abordar la diversidad biológica. Sin embargo, también hay otra manera de
mirar la biodiversidad - como una forma de crear valor para un negocio mediante el
mantenimiento de la biodiversidad en su estado natural, porque hay una demanda de
mercado que valora hacerlo de esa manera. La forma más conocida que las compañías de
hacerlo en este segundo modo es mediante la compra y venta de productos producidos de
manera sostenible, como la madera, alimentos y fibras que se cultiva o cosecha de tal
forma que se minimicen los impactos sobre el mundo natural. Más allá de estos mercados
para la biodiversidad amigables existen otros nuevos que le dan un valor económico a los
servicios de los ecosistemas, como el secuestro de carbono, protección de cuencas o de
mitigación de desastres naturales.
¿Cuáles son los desafíos específicos de gestión de la biodiversidad en los sectores de la
industria en particular?
La relación entre los negocios y la biodiversidad es más evidente en algunos sectores que
en otros. Las empresas de agro-negocios dependen directamente de suelos fértiles y un
suministro sostenido de agua, las empresas forestales dependen de los árboles sanos, y
partes de la industria del turismo depende de la vida silvestre y los destinos prístinos.
Mientras que estos sectores tienen un incentivo particularmente claro para mantener la
biodiversidad, otros sectores, incluyendo el cemento, el comercio minorista, servicios
públicos, petróleo y gas o la minería, puede verse afectada a través de controladores
igualmente fuertes, tales como los impactos a la reputación o el acceso al capital.
Esta herramienta desarrolla aspectos ligados al manejo de la biodiversidad del sector
minería, gas y petróleo.
La minería, si no se gestiona bien, puede tener una amplia gama de impactos directos
sobre la biodiversidad, a partir de la conversión del hábitat de la contaminación del agua y
el suelo. La mayoría de estos efectos son manejables con buenas prácticas. Sin embargo,
aunque partes de la industria han sido muy activas en la gestión de la diversidad biológica,
la adopción de buenas prácticas ha sido desigual en todo el sector, en parte porque es
muy diversa. Sin embargo, para todas las empresas mineras, sobre todo cuando se trabaja
en zonas remotas, las mayores inquietudes suponen los impactos indirectos o inducidos
menos manejables, tales como las causadas por la mejora del acceso a un área a lo largo
de los caminos o corredores de otras infraestructuras. Este acceso puede facilitar la mejora
de la agricultura, la minería artesanal de caza, o de las operaciones de registro que pueden
afectar gravemente a la biodiversidad y son muy difíciles de controlar.
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Por otro lado, los altos precios del petróleo y la disminución de las reservas en yacimientos
de petróleo existentes están impulsando la exploración petrolera y de gas en las zonas
periféricas del mundo. Esta tendencia tiene implicaciones significativas para la
biodiversidad, incluyendo los efectos directos de la toma de la tierra y la conversión del
hábitat asociado con el petróleo y el gas. Sin embargo, el riesgo potencialmente más
peligroso de las actividades de petróleo y gas en remotas áreas de alta biodiversidad es el
potencial de los impactos inducidos a partir de un mayor acceso a zonas no desarrolladas,
a lo largo de las tuberías y las carreteras. Estos desarrollos lineales fragmenta los hábitat y
permiten el acceso a los colonos, cazadores, madereros ilegales y mineros artesanales,
cuyas acciones pueden ser una amenaza cada vez mayores a la biodiversidad. Proyectos
de desarrollo presentan riesgos de las actividades de prospección sísmica que pueden
afectar negativamente los mamíferos marinos, derrames de petróleo o el transporte de
especies no autóctonas en el agua de lastre de los petroleros.
Documentos web disponibles
Guía para la Biodiversidad – IFC 2010
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+
sustainability/publications/biodiversityguide
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/e0639280488553b8b03cf26a6515bb18/Mining.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e0639280488553b8b03cf26a6515bb18
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/f25a138048855d708efcde6a6515bb18/Oil%2Band
%2BGas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f25a138048855d708efcde6a6515bb18
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31. Herramienta de sensibilización para el manejo de riesgos
para empresas multinacionales en zonas de gobernanza
débil – OECD 2006
La herramienta sensibilización para el manejo de riesgos para empresas multinacionales
en zonas de gobernanza débil tiene como objetivo ayudar a las empresas que invierten
en países donde los gobiernos no están dispuestos o no pueden asumir sus
responsabilidades. Se ocupa de los riesgos y los dilemas éticos que las empresas puedan
hacer frente en estas zonas de escasa gobernanza, incluyendo la obediencia a la ley y la
observación de los instrumentos internacionales, la atención mayor en la gestión de
inversiones, conocimiento de socios y clientes y lidiar con funcionarios del sector público.
El instrumento de sensibilización de riesgos se ha desarrollado en el Comité de
Inversiones de seguimiento de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,
un voluntario código de conducta para los negocios y empresas internacionales. Es
prescriptiva y concordante con los objetivos y principios de las Directrices de la OECD.
El instrumento de sensibilización de riesgos se ha beneficiado de los aportes de
empresas, sindicatos y representantes de la sociedad civil dentro y fuera de la OCDE.
El manual consta de las siguientes partes:
1. introducción
2. Obedecer la ley y Observancia de instrumentos internacionales
3. Destacados cuidados de gestión
4. Actividades Políticas
5. Conociendo a los clientes y socios del negocio
6. Hablar sobre infracciones
7. Las funciones del negocio en las sociedades de escasa gobernanza, una visión más
amplia del interés propio
Documentos Web disponibles
OECD - La herramienta sensibilización para el manejo de riesgos para empresas
multinacionales en zonas de gobernanza débil http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf
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32. Principios de participación en infraestructura para el
Sector Privado – OECD 2007
El 20 de marzo de 2007, el Consejo de la OCDE aprobó los Principios de la OCDE para la
participación del sector privado en infraestructura para ayudar a los gobiernos trabajar
con socios del sector privado para financiar y llevar a buen término los proyectos en
áreas de vital importancia económica, tales como la oferta de transporte, agua y energía
y las telecomunicaciones.
"Ayudar a los países a encontrar nuevas formas de financiación de inversiones en áreas
como el abastecimiento de agua y saneamiento es una de las prioridades de la OCDE",
comentó el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría. "Estos principios ayudarán a los
países desarrollados y en desarrollo avanzar con los proyectos de infraestructura para
impulsar el crecimiento económico y mejorar las vidas de sus ciudadanos."
Bajo la égida del Comité de Inversiones, los principios fueron desarrollados en
cooperación con otros órganos de la OCDE y por medio de un proceso de consulta con un
amplio grupo de expertos de los sectores público y privado de los países de la OCDE y no
OCDE, así como de organizaciones no gubernamentales.
Están destinados a ser utilizados para la evaluación del gobierno, planes de acción y de
información, el diálogo de la cooperación internacional y público-privadas, en conjunción
con otros instrumentos de la OCDE, tales como el Marco de Políticas de Inversión y las
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
El documento consta de las siguientes partes:
I. Decidir sobre la provisión pública o privada de servicios de infraestructura
II. Promover un entorno institucional propicio
III. Objetivos, estrategias y capacidades de todos los niveles
IV. Hacer que funcione la cooperación público-privada
V. Fomento de una conducta empresarial responsable
Documentos web disponibles
Principios de participación en infraestructura para el Sector Privado – OECD 2007
http://www.oecd.org/dataoecd/41/33/38309896.pdf
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Sección IV: Iniciativas, guías, estándares,
principios y certificaciones
33. Principios voluntarios en seguridad y derechos humanos –
ICMM – ICRC – IFC – IPIECA 2000
En el 2000, un pequeño grupo de gobiernos, empresas y organizaciones no
gubernamentales colaboraron para desarrollar y lanzar un conjunto de Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (“PV”).
Los PV están diseñados para ayudar a las empresas extractivas a mantener la protección
de accidentes y seguridad de sus operaciones dentro de un marco operativo que asegura
respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y, donde corresponda,
respeto a la ley humanitaria internacional. Desde entonces, otras empresas, gobiernos y
ONG se han unido a la iniciativa, y muchas otras compañías han señalado públicamente
que en sus áreas de operaciones aplican los PV.
Sin embargo, implementar los PV puede ser un desafío, especialmente cuando las
empresas operan en áreas de conflicto o de gobierno débil. Los propulsores de los PV
reconocen cada vez más la necesidad de herramientas más prácticas para ayudar a los
responsables de la implementación en el campo. La implementación es particularmente
desafiante para las empresas que buscan aplicar los PV pero no son parte integral de la
participación en los PV, pues tienen oportunidades limitadas de compartir el intercambio
de experiencias que es parte fundamental de la participación en los PV. Por tanto, existía
un amplio reconocimiento de la necesidad de desarrollar las Herramientas Guía de
Implementación.
La Corporación Financiera Internacional (“IFC”, por sus siglas en inglés), el Concejo
Internacional de Minería y Metales (“ICMM”), y la asociación para asuntos ambientales y
sociales de la industria global del petróleo y el gas (“IPIECA”), que también reconocieron
la necesidad de dichas herramientas, convinieron en co-financiar el proyecto junto con
los propulsores de los PV, quienes contribuyen con información especializada. El Comité
Internacional de la Cruz Roja (“ICRC”) también proporcionó orientación experta. Estas
organizaciones supervisaron el proyecto y comisionaron a un equipo de consultores,
dirigidos por Stratos y apoyados por el Grupo PSA, para desarrollar las HGI en estrecha
consulta con los Propulsores de los PV.
El resultado son las Herramientas Guía de Implementación. No son prescriptivas y
proveen un rango de distintas herramientas que las empresas pueden utilizar según sus
necesidades y circunstancias individuales. Si bien los propulsores de los PV han estado
estrechamente involucrados en el desarrollo de las herramientas, no las han aprobado
formalmente, puesto que están diseñadas como guía y son resultado de la colaboración
entre varias organizaciones. Aunque se diseñaron teniendo en mente al sector extractivo,
las empresas de otros sectores pueden también hallar que son una guía útil cuando
operan en medios difíciles.
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Las herramientas sirven como guía de referencia útil para cualquier empresa que busca
asegurar que sus operaciones se desenvuelvan de manera que se mantenga el respeto a
los derechos humanos y libertades fundamentales.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
La habilidad para evaluar los riesgos en el ambiente operativo de una compañía es crucial
para la seguridad del personal, las comunidades locales y los activos; el éxito de las
operaciones de la compañía en el corto y el largo plazo; y la promoción y protección de
los derechos humanos. En algunas circunstancias, esto es relativamente sencillo; en
otras, es importante obtener una gran cantidad de información de diversas fuentes;
controlar y adaptarse a las cambiantes y complejas situaciones políticas, económicas, de
cumplimiento de la ley, militares y sociales, así como mantener relaciones productivas
con las comunidades locales y los funcionarios del gobierno.
La calidad de las evaluaciones de riesgo complicadas depende en gran medida de la
obtención regular de información actualizada y creíble desde un amplio rango de
perspectivas – gobiernos nacionales y extranjeros, compañías de seguridad, otras
compañías, gobiernos extranjeros, instituciones multilaterales y la sociedad civil
conocedora de las condiciones locales. Esta información puede resultar de gran
efectividad cuando se comparte en la mayor medida posible (teniendo en cuenta las
consideraciones de confidencialidad del caso) entre las Compañía, la sociedad civil y los
gobiernos.
Teniendo en cuenta estos principios generales, reconocemos que para una evaluación de
riesgos efectiva, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:
• Identificación de los riesgos de seguridad. Los riesgos de seguridad pueden
provenir de factores políticos, económicos, civiles o sociales. Aun más, hay personal y
algunos activos que pueden estar sometidos a mayores riesgos que otros. La
identificación de los riesgos de seguridad le permite a una compañía tomar medidas
tendientes a minimizar el riesgo y evaluar si las acciones de la compañía pueden
aumentar el riesgo.
• Potencial de violencia. Dependiendo del ambiente, la violencia se puede esparcir o
limitarse a regiones particulares, y se puede desarrollar con poca o ninguna señal de
advertencia. Es necesario consultar con la sociedad civil, los representantes de los
gobiernos nacionales y extranjeros y otras fuentes, a fin de identificar los riesgos
contemplados en el potencial de violencia. Las evaluaciones de riesgo deben examinar los
patrones de violencia en las áreas de operación de la compañía, con fines educativos,
predictivos y preventivos.
• Registros relativos a los Derechos Humanos. Las evaluaciones de riesgo deben
tener en cuenta los registros de derechos humanos disponibles dentro de las fuerzas de
seguridad pública, los paramilitares, los agentes de la ley local y nacional, así como la
reputación de la seguridad privada. El conocimiento de pasados abusos y acusaciones
puede ayudarle a las Compañías a evitar que éstos se repitan y a propender por que se
asuman las responsabilidades. También, la identificación de la capacidad de las anteriores
entidades para responder a situaciones de violencia de una manera lícita (por ejemplo,
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de conformidad con las normas internacionales aplicables) i.e., le permite a las
Compañías desarrollar medidas apropiadas en sus áreas de operación.
• El imperio de la ley. La valoración de los riesgos debería contemplar la capacidad de
la Fiscalía y del poder judicial local para exigir la responsabilidad de quienes cometen
abusos contra los derechos humanos y quienes incurren en violaciones del derecho
internacional humanitario de manera que se respeten los derechos de los acusados.
• Análisis de conflictos. La identificación y comprensión de las causas raíz y la
naturaleza de los conflictos locales, así como el nivel de adhesión a las normas de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los principales
actores, puede ser positiva para el desarrollo de estrategias de manejo de las relaciones
entre la Compañía, las comunidades locales, los empleados de la Compañía y sus
sindicatos, y los gobiernos anfitriones. La evaluación de los riesgos también debería
contemplar la posibilidad de conflictos futuros.
• Transferencia de equipos. Cuando las Compañías suministren equipos (incluyendo
equipos letales y no letales) a la seguridad pública y privada, deben tener en cuenta el
riesgo de tales transferencias, todos los requisitos importantes de la licencia de
exportación, y la viabilidad de las medidas para mitigar las consecuencias negativas
previsibles, incluyendo los controles adecuados para prevenir la mala utilización o
desviación de los equipos, que puedan conducir a abusos de los derechos humanos. Al
realizar la evaluación de riesgos, las compañías deben tomar en cuenta todos los
incidentes pasados relevantes que hayan involucrado las transferencias de equipos.
Documentos web Disponibles
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
http://voluntaryprinciples.org/resources/
http://voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf
http://voluntaryprinciples.org/files/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf
http://www.icmm.com/library/voluntary-principles-on-security-and-human-rights
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34. Iniciativa Global para el Reporte – GRI 2000
Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración
de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. GRI produce un completo
Marco para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido
en todo el mundo. El Marco, que incluye la Guía para la elaboración de Memorias,
establece los principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y
dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social. GRI está comprometido
con la mejora continua y el incremento del uso de estas Guías, la cuales se encuentran a
disposición del público de manera gratuita.
GRI es una organización sin ánimo de lucro con múltiples grupos de interés. Fue fundada
por CERES y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el
año 1997 en Estados Unidos. En el año 2002, GRI trasladó sus oficinas a Ámsterdam,
donde actualmente se encuentra su Secretaría. GRI cuenta con oficinas regionales
("Focal Points") en Australia, Brasil, China, India y Estados Unidos, y además, cuenta con
una red de más de 30.000 personas en todo el mundo.El reporte de sostenibilidad es un
reporte sobre los impactos económicos, sociales y ambientales causados por una
organización debido a sus actividades diarias. El estándar con mayor reconocimiento
internacional para el desarrollo de este tipo de estándar es la Guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad – G3, desarrollada por el Global Reporting Initiative (GRI)
El GRI es una organización multistakeholder de cientos de expertos individuales y
representantes de diversos grupos de la sociedad (ej.: empresas, ONGs, expertos,
instituciones académicas) en más de 30 países, quienes han contribuido al desarrollo de
la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad – G3. Esta guía define el
contenido e indicadores mínimos que debería contener un reporte de sostenibilidad. Estos
indicadores se clasifican en económicos, ambientales y sociales, clasificándose en 49
indicadores principales y 29 adicionales. Asimismo, existen tres niveles de aplicación de
esta Guía, A, B y C.
Los 49 Indicadores principales del GRI son:
N° Tipo Indicador
principal GRI
Descripción
1 EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.
2 EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido al cambio climático
3 EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales (programas de jubilación)
4 EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
5 EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas
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N° Tipo Indicador
principal GRI
Descripción
6 EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas
7 EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie
8 EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.
9 EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.
10 EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
11 EN4 Consumo indirecto de energía desglosado
por fuentes primarias
12 EN8 Captación total de agua por fuentes
13 EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en
zonas ajenas a áreas protegidas
14 EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las
áreas protegidas.
15 EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero,
en peso.
16 EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.
17 EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.
18 EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.
19 EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
20 EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
21 EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.
22 EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y
servicios, y grado de reducción de ese impacto.
23 EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.
24 EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la normativa ambiental.
25 LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y
por región
26 LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados
por grupo de edad, sexo y región.
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N° Tipo Indicador
principal GRI
Descripción
27 LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo
28 LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos.
29 LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.
30 LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control
de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los
miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.
31 LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por
categoría de empleado.
32 LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad
33 LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profesional.
34 HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos
35 HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas
adoptadas como consecuencia.
36 HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
37 HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación
y de acogerse a convenios colectivos pueda correr importantes riesgos, y
medidas adoptadas para respaldar estos derechos.
38 HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes
de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación.
39 HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación.
40 SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades,
incluyendo entrada, operación y salida de la empresa
41 SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.
42 SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-
corrupción de la organización.
43 SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción
44 SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de “lobbying”.
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N° Tipo Indicador
principal GRI
Descripción
45 SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones .
46 PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan,
para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y
seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y
servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.
47 PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos
por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de
productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.
48 PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing,
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.
49 PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios
de la organización.
Y los indicadores del Suplemento Minero son:
N° Tipo Indicador
principal GRI
Descripción
1 MM1
La cantidad de tierra perturbada y rehabilitada por las actividades
propias de la empresa
2 MM2 El número y porcentaje de localidades que han sido identificadas por la
empresa, que requieran un plan de manejo de biodiversidad
3 MM3 Las cantidades de sobrecarga, piedra de desecho y colas depositados;
e identificación de riesgos asociados.
4 MM4 El número de huelgas y cierres patronales que exceden una semana
5 MM5 Las operaciones que suceden en o adyacente a los territorios de
pueblos indígenas; y número y porcentaje de operaciones donde
existan acuerdos con comunidades indígenas
6 MM6 Número y descripción de disputas significativas relacionadas con el uso
de tierras y los derechos de costumbre de comunidades locales e
indígenas y mecanismos de queja utilizados para resolver disputas
7 MM7 Indicar cómo los mecanismos de quejas o disputas fueron utilizados
para resolver disputas relacionadas con el uso de tierras y los derechos
de costumbre de comunidades locales e indígenas; así como los
resultados
8 MM8 Número y porcentaje de áreas en las que opera la empresa donde
existen actividades de minería artesanal y pequeña minería; o que
operan en localidades adyacentes a la empresa; así como los riesgos
asociados y las acciones tomadas para gestionar y mitigar estos riesgos
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9 MM9 Localidades donde se han llevado a cabo reasentamientos, el número
de habitantes reasentados y cómo su calidad de vida fue afectada
10 MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre de mina
11 MM11 Programas y nivel de progreso relacionados a la gestión de materiales
(compra, producción y deshecho)
De otro lado, el IFC publicó una Iniciativa de Reporte Global de la CFI la que junto con el
(GRI) Nota de Buenas Prácticas ayudará a las empresas en los mercados emergentes a
mejorar las relaciones con los interesados y atraer a los inversores mediante una mejor
medición, gestión y presentación de informes referida a su contribución al desarrollo
social y ambientalmente sostenible y la demostración de buen gobierno corporativo.
Obtener más valor de los informes de sostenibilidad se unirán dos estándares globales
para la sostenibilidad y el desempeño de la divulgación. Se trata de Marco de
Sostenibilidad de la IFC para la inversión del sector privado en mercados emergentes y el
Marco GRI para Informes de Sostenibilidad. La publicación llega en un momento cuando
se vincula la sostenibilidad a la estrategia central de negocio y la gestión se está
convirtiendo en la nueva frontera para la competitividad empresarial.
Documentos web disponibles
Iniciativa Global para los Reportes GRI y el Sector Minero
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G3.1-Reporting-Guidlines.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G3.1-Product-Responsiblity-
Indicator-Protocols.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-Lets-Report-Template.pdf
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc
+sustainability/publications/publications_gpn_gettingmorevalue
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35. Estatuto sobre Recursos Naturales – 2010
La Carta de los Recursos Naturales es una iniciativa global diseñada para ayudar a los
gobiernos y las sociedades aprovechar las oportunidades creadas por los recursos
naturales. Algunos de los países más pobres del mundo tienen grandes cantidades de
recursos naturales. Estos pueden proporcionar una vía para salir de la pobreza. En el
pasado, sin embargo, estas oportunidades han sido a menudo olvidadas y los países con
recursos abundantes en consecuencia, han permanecido pobres. Los recursos naturales
tienen el potencial de ser transformadores si son debidamente aprovechados para el
desarrollo. Sin embargo, la cadena de decisiones del gobierno - desde el descubrimiento
de los recursos naturales a través de su conversión en una economía productiva - es
largo y complejo. Por ello, el proceso ha sido a menudo sin éxito. La Carta de los
Recursos Naturales ofrece doce preceptos para informar y mejorar la gestión de los
recursos naturales. Esto ayudará a asegurar que las oportunidades ofrecidas por los
nuevos descubrimientos y los auges de los productos básicos no volverán a perderse.
Los redactores de la Carta son un grupo independiente de expertos más importantes del
mundo en la extracción de recursos económicamente sostenible. El Grupo Técnico Asesor
está presidido por el Premio Nobel de Economía, Michael Spence. El grupo está
compuesto por más de 30 destacados expertos como Paul Collier, director del Centro
para el Estudio de las Economías Africanas de la Universidad de Oxford, Lissakers Karin,
Director de Revenue Watch Institute, Tony Venables, Director de OxCarre la Universidad
de Oxford. La Carta se rige por una Junta de Supervisión, presidido por Ernesto Zedillo,
ex Presidente de México. Otros miembros de la Junta de Supervisión incluirá Luisa Diogo,
Mo Ibrahim, Zhang Shengman y Abdulatif Al-Hamad.
Qué hace único al Estatuto de Recursos Natuales?
Se trata de un marco común para abordar los desafíos de la gestión de los recursos
naturales. También es una herramienta para los ciudadanos. Tiene el potencial de ser
una convención internacional en proceso, pero que será construido por un proceso de
participación guiada por la investigación académica. Los países con riqueza de recursos
naturales no renovables enfrentan oportunidades y desafíos especiales. Si se utilizan
bien, estos recursos pueden crear mayor prosperidad para generaciones actuales y
futuras; si se utilizan mal, pueden provocar inestabilidad económica, conflictos sociales y
daño ambiental perdurable.
El objetivo de los Estatutos de recursos naturales es ayudar a los gobiernos y sociedades
de los países ricos en recursos no renovables, a administrar estos recursos de forma que
generen crecimiento económico, promuevan el bienestar de la población y sean
ambientalmente sostenibles.
Los autores creen que la explotación de recursos naturales debe llevarse a cabo para
ayudar a que un país cumpla con sus objetivos sociales y económicos más amplios, pero
solo como un fin en sí mismo. Esto significa tener una visión de cómo cuadra el sector de
recursos en el futuro económico de un país. Para algunos países, el mejor uso de las
dotaciones de recursos puede ser dejarlos sin extraer, para uso futuro; para otros, puede
ser extraerlos rápidamente para generar ingresos a fin de sustentar la inversión necesaria
para el crecimiento y para satisfacer necesidades humanas urgentes. Sean cuales fueren
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los objetivos principales de desarrollo de un país, existen ciertas pautas prácticas que
pueden ayudarlo a maximizar las oportunidades que brinda la riqueza de recursos para el
desarrollo social y económico.
Los estatutos están dirigidos principalmente a los ciudadanos y las autoridades
responsables de formular políticas en los países con riqueza de recursos. Estos no son los
únicos actores importantes: las compañías internacionales, las asociaciones industriales,
las organizaciones internacionales, los grupos de la sociedad civil y los gobiernos de
estados que importan recursos tienen, todos ellos, papeles que afectan a la capacidad de
las sociedades para aprovechar sus dotaciones. De todos modos, las decisiones más
importantes dependen de los gobiernos de los países con riqueza de recursos, ya que
estos tienen tanto el derecho soberano como la responsabilidad moral de aprovechar la
riqueza natural para beneficio de su población. No obstante, las compañías de recursos,
sus gobiernos nacionales y los centros financieros desempeñan un papel esencial al
apoyar o debilitar políticas efectivas.
Un grupo independiente de economistas, abogados y politólogos estuvo a cargo de la
redacción de los Estatutos bajo una Junta de Supervisión compuesta por distinguidas
personalidades internacionales. No representamos a ninguna institución o interés en
especial. Compartimos la creencia de que la riqueza de recursos naturales puede ser una
herramienta poderosa para el progreso social y económico, pero solamente si los países
son capaces de afrontar con éxito algunos desafíos especiales. Intentamos ofrecer
asesoramiento útil y expresado de manera clara.
Los Estatutos contienen doce preceptos. De estos preceptos, diez ofrecen orientación
sobre las decisiones fundamentales que deben enfrentar los gobiernos, desde la decisión
de extraer los recursos hasta las decisiones sobre el uso de los ingresos que estos
generan. Los dos preceptos restantes se refieren a otros actores importantes y a sus
responsabilidades. Para que los Estatutos sean fáciles de usar, existen tres niveles de
detalle. El nivel 1 presenta los preceptos. El nivel 2 contiene explicaciones detalladas
sobre el significado de los mismos. Si los lectores desean proseguir con el debate de
asuntos en mayor profundidad y detalle técnico, se los deriva al nivel 3.
Los Preceptos (nivel 1)
Precepto 1: El desarrollo de los recursos naturales de un país debe diseñarse para
garantizar el máximo beneficio social y económico para sus habitantes. Esto exige un
enfoque integral en el que se aborde y comprenda cada etapa en la cadena de toma de
decisiones.
Precepto 2: Para que la administración de recursos naturales tenga éxito se requiere
que el gobierno rinda cuentas a un público informado.
Precepto 3: Las políticas fiscales y los términos contractuales deben garantizar que el
país obtenga el beneficio total de los recursos, siempre y cuando se atraigan las
inversiones necesarias para poder materializar dicho beneficio. La naturaleza a largo
plazo de la extracción de recursos necesita de políticas y contratos que sean sólidos
frente a circunstancias inciertas y cambiantes.
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Precepto 4: Las licitaciones para la adjudicación de contratos y derechos de explotación
pueden ser un mecanismo eficiente para garantizar el valor y la integridad.
Precepto 5: Los proyectos para la explotación de recursos pueden tener efectos
económicos, ambientales y sociales relevantes, tanto positivos como negativos, a nivel
local. Dichos efectos deben ser identificados, explorados, informados, mitigados o
compensados en todas las etapas del ciclo del proyecto. La decisión de extraer se debe
considerar con el máximo cuidado.
Precepto 6: Las compañías de recursos naturales de propiedad estatal deben operar
con transparencia y tener como objetivo su viabilidad comercial en un entorno
competitivo.
Precepto 7: Los ingresos procedentes de los recursos deben utilizarse principalmente
para fomentar el crecimiento económico sostenido e inclusivo, permitiendo y
manteniendo altos niveles de inversión en el país.
Precepto 8: El uso eficaz de los ingresos procedentes de los recursos requiere que la
inversión y el gasto locales se intensifiquen lentamente y se nivelen para tener en cuenta
la volatilidad de los ingresos.
Precepto 9: Los gobiernos deben usar las riquezas naturales como una oportunidad de
incrementar la eficiencia y la equidad del gasto público, al igual que para permitir que el
sector privado responda a los cambios estructurales de la economía.
Precepto 10: Los gobiernos deben facilitar las inversiones del sector privado a nivel
nacional y local, con el propósito de diversificar, así como de explotar las oportunidades
de valor agregado nacional.
Precepto 11: Los gobiernos de los países de las compañías de extracción y los centros
de capitales internacionales deben exigir y hacer cumplir las mejores prácticas.
Precepto 12: Todas las compañías de extracción deben seguir las mejores prácticas en
la contratación, las operaciones y los pagos.
Documentos web disponibles
Estatutos de Recursos Naturales
http://www.naturalresourcecharter.org/
http://www.naturalresourcecharter.org/sites/default/files/NaturalResourceCharter__Nov2
010_Spanish_0.pdf
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36. Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas – EITI 2002
EITI comenzó como una campaña de organizaciones de la sociedad civil que promovía la
ubicación por parte de las empresas extractivas de los pagos realizados a los gobiernos
anfitriones. Dicha iniciativa fue retomada en un discurso pronunciado por el entonces
Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair, en 2002. Tras esta mención, el gobierno
británico acordó reunir a un grupo de países ricos en recursos, empresas extractivas y
organizaciones de la sociedad civil que empezaron a formular la metodología del EITI. En
una conferencia celebrada en Londres en 2003 se estableció una serie de principios (los
Principios del EITI) y se lanzó una fase piloto. Basándose en las experiencias obtenidas
durante esta fase piloto de aplicación, en 2005 se determinaron una serie de criterios (los
Criterios del EITI), en una reunión en Lancaster House. Ésta fue la reunión inaugural del
Grupo Consultivo Internacional del EITI, presidido por Peter Eigen y con la
representación de las partes interesadas del EITI. Este grupo se reunió en cinco
ocasiones durante 2005 y 2006. En 2005 se publicó el manual del EITI, que es una guía
ilustrativa de ayuda para los países de aplicación del EITI. Teniendo en cuenta las
primeras experiencias en la aplicación del EITI, se acordó que los países deberían validar
su aplicación. El Grupo Consultivo Internacional supervisó el desarrollo de la Guía de
Validación, que se publicó en 2006.
En octubre de 2006, con ocasión de la tercera Conferencia Global del EITI celebrada en
Oslo, el Grupo Consultivo Internacional emitió su informe final (el informe IAG). Al
aprobar este informe, todas las partes del EITI que participaron en la Conferencia
reiteraron su apoyo a los Principios y Criterios del EITI y a la Guía de Validación. También
se realizó una serie de recomendaciones, incluyendo la de que «el EITI debe establecer
un Consejo de multipartícipes, apoyado por una Secretaría, que se encargue de gestionar
el EITI a nivel internacional».
Siguiendo esta recomendación se creó el Consejo Internacional del EITI, que ha tomado
una serie de decisiones relativas tanto a la aplicación del EITI como a su propio gobierno.
Las decisiones tomadas por el Consejo relevantes para la aplicación del EITI son
transmitidas a las partes interesadas del EITI a través de las Notas sobre Política del EITI
que la Secretaría emite y plasma en esta publicación.
La publicación de 2011 titulada Normas del EITI, con la Guía de Validación, reúne los
documentos sobre política que constituyen en su conjunto las Normas del EITI. Así, este
libro de normas establece los requisitos necesarios para los países de aplicación del EITI
y las empresas, tal y como los ha establecido el Consejo del EITI. Se trata de una guía
definitiva de los requisitos para los países de aplicación, desde la «inscripción» como país
candidato hasta la validación para obtener el estatus de Cumplidor del EITI.
Es probable que se produzcan ajustes e interpretaciones a nuestra política, y éstos se
comunicarán debidamente a través de las Notas sobre Política del EITI..
Los Principios y Criterios de la EITI
Lo que ahora se conoce como el proceso de la EITI ha evolucionado a partir de la
primera declaración de los principios de la EITI en la Conferencia de la EITI en el año
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2003. La metodología de validación fue finalizada por el Consejo de la EITI en el año
2007. Sin embargo, los Principios y Criterios de la EITI son la declaración más concisa de
las creencias y los objetivos de la Iniciativa. Estas creencias y objetivos están respaldados
por las partes interesadas de la EITI, partidarios y ejecutores por igual.
Los Principios de la EITI
Los principios de la EITI, se acordaron en la Conferencia de Lancaster House en junio de
2003, constituyen la piedra angular de la iniciativa. Ellos son:
1. Compartimos la opinión de que el uso prudente de la riqueza de recursos naturales
debería ser una fuerza motriz importante para el crecimiento económico sostenible
que contribuya al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza. Sin embargo, si
no se administra adecuadamente esta riqueza, puede producir efectos económicos y
sociales negativos.
2. Afirmamos que está dentro del dominio de los gobiernos soberanos el proceder a la
administración de la riqueza de recursos naturales en beneficio de los ciudadanos de
sus países, de modo que se promuevan los intereses de su desarrollo nacional.
3. Reconocemos que los beneficios de la extracción de recursos se producen en forma de
flujos de ingresos en el curso de muchos años y que pueden depender en gran
medida de los precios.
4. Somos conscientes de que la comprensión por parte del público acerca de los ingresos
y gastos públicos con el tiempo podría contribuir al debate público y a fundamentar la
elección de las soluciones adecuadas y realistas disponibles para lograr el desarrollo
sostenible.
5. Subrayamos la importancia que reviste que los gobiernos y las empresas respeten la
transparencia de las industrias extractivas, y la necesidad de mejorar la gestión de las
finanzas públicas y la rendición de cuentas.
6. Reconocemos que el logro de una mayor transparencia debe encuadrarse en el
respeto de los contratos y las leyes.
7. Reconocemos que la transparencia financiera puede mejorar las condiciones para la
inversión nacional y extranjera directa.
8. Creemos en el principio y la práctica de la rendición de cuentas por parte de los
gobiernos ante todos los ciudadanos respecto de la gestión de los flujos de ingresos y
gastos públicos.
9. Estamos empeñados en promover altos niveles de transparencia y rendición de
cuentas en la vida pública, las actividades del gobierno y la actividad económica.
10. Creemos que hace falta un enfoque ampliamente coherente y viable respecto de la
revelación pública de los pagos e ingresos, que sea fácil de introducir y aplicar.
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11. Creemos que la publicación de los pagos en un país determinado debería abarcar a
todas las empresas de las industrias extractivas que desarrollan operaciones en ese
país.
12. Creemos que todas las partes interesadas tienen contribuciones importantes y
pertinentes que hacer a la búsqueda de soluciones; dichos interesados comprenden
los gobiernos y sus dependencias, las empresas de las industrias extractivas, las
empresas de servicios, los organismos multilaterales, las organizaciones financieras,
los inversores y las organizaciones no gubernamentales.
Los criterios de la EITI
Implementación de la EITI debe ser compatible con los siguientes criterios:
• Publicación periódica de todos los pagos sustanciales efectuados por las empresas a
los gobiernos relacionados con operaciones petroleras, gaseras y mineras («pagos») y
todos los ingresos sustanciales recibidos por los gobiernos de empresas petroleras,
gaseras y mineras («ingresos»), disponible para una amplia audiencia, de manera
exhaustiva, comprensible y de fácil acceso público.
• Si no existen ya esas auditorías, los pagos e ingresos son objeto de una auditoría
independiente, fiable y ajustada a las normas internacionales de auditoría.
• Los pagos e ingresos son conciliados por un administrador independiente y fiable, de
acuerdo con las normas internacionales de auditoría, y se publica el dictamen del
administrador con respecto a dicha conciliación, incluidas las discrepancias que, en su
caso, se hubieran detectado.
• Este proceso se extiende a todas las empresas, incluidas las estatales.
• La sociedad civil participa activamente en el diseño, el seguimiento y la evaluación de
este proceso y hace su aporte al debate público.
• Los gobiernos anfitriones preparan un plan de trabajo público, sostenible desde el
punto de vista financiero, respecto de todos los aspectos mencionados, con la ayuda
de instituciones financieras internacionales cuando haga falta, y dicho plan incluye
objetivos mensurables, un calendario para la aplicación y una evaluación de las
posibles limitaciones en la capacidad para aplicar dicho plan.
Participación del Perú en la EITI
En el año 2004 el Perú fue invitado a participar de la EITI dada la importancia que tienen
las actividades mineras, petroleras y gasíferas en los ingresos nacionales y en la
producción de estos recursos a nivel de América Latina y del mundo. En el 2005, el Perú
se adhirió a la EITI , a través del liderazgo del Ministerio de Energía y Minas,
convirtiéndose de esta manera en el único país de América Latina en formar parte de la
iniciativa hasta ese momento.
Comisión de Trabajo para la implementación de la EITI en el Perú
El Estado peruano se comprometió a seguir el esquema de trabajo de la EITI
internacional respecto a la transparencia, para lo cual solicitó el acompañamiento de
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representantes de las empresas mineras, petroleras y gasíferas y de las organizaciones
de la sociedad civil, de manera voluntaria, en una Comisión de Trabajo para implementar
esta iniciativa, con la emisión del D.S. Nº 027-2006-EM.
En el año 2011, mediante el D.S. Nº 028-2011-EM, se creo la Comisión Multisectorial
Permanente para la Transparencia de las Industrias Extractivas, la misma que establece
de forma definitiva las funciones de la Comisión de Trabajo de la EITI Perú.
Documentos web disponibles
EITI: Principios y Criterios
http://eiti.org/eiti/principles
http://eiti.org/document/extracting-data
http://eiti.org/files/2011-11-01_EITI_Rules_Spanish.pdf
http://eiti.org/Peru
http://eitiperu.minem.gob.pe/
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos.php
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37. Iniciativa para el Desarrollo de una Minería Responsable –
WEF 2010
El desarrollo de los recursos minerales es un motor clave del crecimiento económico
mundial. Tiene el potencial para transformar las economías y las sociedades, incluidas
algunas de las naciones más pobres del mundo, pero la medida en que ha cumplido con
ese potencial es variada.
La Iniciativa de Desarrollo de una Minería Responsable (RMDI) explora los puntos de
vista, las prioridades y preocupaciones de las principales partes interesadas en el
desarrollo minero. Se pregunta dónde está el descontento y las mejoras que pueden
ocurrir, y qué se puede hacer para fomentar una mayor responsabilidad, el desarrollo
minero sostenible, lo que permite una mejor integración de la riqueza minera en las
economías nacionales.
Mientras que la primera fase de la Iniciativa se centró en la identificación de los desafíos
en torno a la explotación minera responsable, en la segunda fase se plasman las
opiniones de las partes interesadas sobre cómo abordar estos desafíos.
Un resumen de los principales obstáculos para una minería responsable se presenta a
continuación:
Falta de experiencia y limitada capacidad institucional de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas
• Falta de entendimiento común de la naturaleza, alcance y oportunidad de los beneficios y costos que se derivan de la explotación de minerales/energía
• Formulación débil de la política minera y sus regulaciones, burocracia ineficaz, deficiente seguimiento y ejecución de proyectos
• Sociedad civil lucha por participar de manera constructiva en el proceso y tiene, a menudo poco realistas, expectativas
• Empresas con una comprensión insuficiente de país anfitrión y las prioridades de la comunidad local, las preocupaciones y las ambiciones
• Los roles y las responsabilidades no están claras
• Los largos y complejos procesos de negociación y percepciones de engaño: frustración
Inadecuada inclusión de los grupos de interés en los procesos de decisión
• Desconfianza entre las partes interesadas y limitaciones para la participación constructiva
• Deficientes (cuando no inexistentes) programas para el desarrollo de cadenas de suministro, infraestructura y empleo locales
• Dificultades en la construcción de la aceptación social para el desarrollo minero/energético
Negociación opaca y procesos de desarrollo, escasa información compartida
• Desconfianza entre las partes interesadas
• Oportunidades perdidas para la participación activa
• No queda claro de rendición de cuentas
Cumplimiento incompleto, deficiente monitoreo y resolución de conflictos
• Los beneficios y compromisos incumplidos y no honrados echaron a perder oportunidades
• Escalada de conflictos e incrementan el resentimiento (caldo de cultivo)
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Encuesta Caso Perú: En el Perú también se condujo esta encuesta y las conclusiones
fueron las siguientes:
• Se requiere solidez institucional para atender a todas las partes interesadas que vayan
más allá de las dinámicas de poder existentes entre gobierno, empresarios y la
sociedad civil y las partes interesadas. Deben poder convertirse en socios para el
desarrollo.
• Necesidad de creación de capacidades a nivel de gobierno nacional / regional / local
para garantizar que los ingresos provenientes del sector mineros (energético)
construya efectivamente el desarrollo regional y satisfaga necesidades públicas de
infraestructura, salud y educación.
• Necesidad de transparencia, medición y presentación de informes sobre la fuente y
uso de rentas y regalías mineras.
• Necesidad de aprender de las buenas prácticas a nivel internacional, incluidos los
datos para demostrar el impacto sobre el desarrollo.
• Necesidad de revisión de la estructura tributaria y de regalías para evitar problemas
cíclicos como los impuestos extraordinarios en los auges de precios de productos
básicos, y evitar la distorsión de los ingresos entre la minería y los Estados que tienen
minería.
• Mayor equidad en la participación comunitaria en los proyectos mineros. Consulta y
participación.
• Los acuerdos entre la Comunidad y la empresa podrían dar paso a planes de
desarrollo local formulado a través del involucramiento y participativa de las partes
interesadas, como base para la inversión en los servicios públicos locales.
• Oportunidad para construir capacidades en la comunidad para permitir el monitoreo y
vigilancia del cumplimiento de compromisos y planes de desarrollo.
• Desconexión entre ciclo de proyecto minero y proyectos para desarrollar duraderas y
soluciones efectivas con la comunidad conduce a soluciones rápidas almacenando
problemas en el futuro.
• Necesidad de las empresas construir las capacidades de gestión internas para
asegurar que todos los equipos de gestión, no sólo los administradores de HSE,
entiendan los riesgos asociados con los problemas sociales y ambientales. Mejora de la
capacidad de los grupos de interés y el entendimiento cultural.
Las partes interesadas tenían claro que no existe una “única solución" a todos los
problemas. En cambio, varios temas y dimensiones deben ser abordados en paralelo y en
relación con sus posibles aplicaciones. Un marco de seis bloques fue identificado para
abordar los desafíos reconocidos y proporcionar orientación para los siguientes pasos:
a. La creación de capacidad progresiva e intercambio de conocimientos entre todos las
partes interesadas
b. Un entendimiento compartido de los beneficios, costos, riesgos y responsabilidades
relacionadas con la explotación de minerales
c. Los procesos de colaboración para la participación de los interesados a través del
ciclo de vida de los proyectos mineros
d. Los procesos transparentes y arreglos institucionales
e. Cumplimiento íntegro seguimiento y aplicación de los compromisos
f. Disputa temprana y gestión integral
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Documentos web disponibles
Iniciativa para el Desarrollo de una Minería Responsable – WEF
http://www3.weforum.org/docs/WEF_MM_Report_2011.pdf
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38. Marco para una Minería Responsable – 2005
En el 2003 Tiffany & Co., EARTHWORKS, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
fueron anfitriones de un “dialogo sobre minerales provenientes de fuentes responsables”
reuniendo a ONGs, minoristas, inversionistas, aseguradores y expertos técnicos
involucrados en el sector minero. El propósito de la reunión fue discutir temas
ambientales y de derechos humanos y sociales asociados con la minería y productos
mineros, y explorar el potencial para establecer una base para inversiones y procesos
responsables. Muchos de los participantes, incluyendo a representantes de cada uno de
los sectores, así como también otros que se unieron posteriormente al diálogo, solicitaron
una investigación que identifique las mejores prácticas en el sector. Este documento de
investigación podría tanto informar el desarrollo de políticas sobre cómo encontrar
fuentes de minerales e inversiones, como servir de catalizador para diálogos
intersectoriales más profundos referentes a estos temas.
La necesidad de tal documento hizo que el Centro Científico de Participación Pública
(CSP) y el Instituto para los Recursos Mundiales (WRI) convoquen a un pequeño equipo
investigador independiente especializado en política y prácticas ambientales, áreas
protegidas, participación comunitaria, pueblos indígenas, y asuntos sociales.
El equipo responsable revisó y evaluó la investigación en estos temas, identificando
donde fue posible las mejores prácticas en la industria, y brindando recomendaciones
para minoristas y otras compañías que buscan proveedores e inversiones responsables.
Cada miembro del equipo investigador trabajó y consultó con otros expertos en sus
respectivos campos.
En la medida de lo posible, los autores tomaron en cuenta trabajos previos y trataron de
incluir el trabajo logrado en otras iniciativas en este marco básico. Esto incluye las
iniciativas promovidas por las industrias como el proyecto de investigación Minería,
Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD), políticas mineras empresariales y materiales
del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM); fuentes académicas; y análisis e
informes de ONGs. En muchas formas los promotores del proyecto estuvieron buscando
un documento esté basado y aprenda de estas y otras fuentes.
La exploración que hace el marco básico sobre las Normas y las Prácticas Emergentes es
presentada en cuatro partes del documento, agrupadas en los siguientes temas
principales:
Decidiendo si una mina es un uso apropiado para el terreno. El capítulo 1 aborda
la necesidad de preservar áreas ecológica y culturalmente significativas, y de priorizar las
opciones de uso de territorio y recursos. Una variedad de otros temas sociales y técnicos
pueden llevar a los actores a decidir que la minería no debería proceder, sin embargo
esos temas están considerados en segmentos subsecuentes del marco básico.
Asegurando el desarrollo de una mina ambientalmente responsable. Una vez
que la decisión de seguir adelante con la mina se ha tomado, se deben colocar ciertas
previsiones ambientales para capitalizar los beneficios y evitar los resultados negativos.
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El capítulo 2 detalla los temas ambientales que deben ser abordados en cada etapa del
desarrollo de una mina.
Asegurando que el desarrollo de una mina resulte en beneficios a los
trabajadores y las comunidades afectadas. El capítulo 3 cubre temas relacionados
con la aceptabilidad social y el consentimiento libre, previo e informado para la minería
por hombres y mujeres de las comunidades afectadas y por los indígenas
respectivamente; previsiones en salud y seguridad; obtención de mayores beneficios;
mineros artesanales; y preocupaciones sobre reasentamiento y seguridad en sitios
mineros.
Asegurando que existen las estructuras de gobernanza corporativa. El capítulo 4
considera mayores requerimientos corporativos o de gobiernos para la gestión
asegurando transparencia en el pago de beneficios e impuestos entre los gobiernos y
compañías, y la emisión de informes de progreso corporativos hacia una implementación
de prácticas responsables.
Documentos web disponibles
Marco Básico para una Minería Responsable
http://www.frameworkforresponsiblemining.org/index.html
http://www.frameworkforresponsiblemining.org/pubs/Framework_ES_20060601.pdf
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39. Iniciativa para el Aseguramiento de una Minería
Responsable IRMA
La Iniciativa para la Garantía de una Minería Responsable (IRMA) se puso en marcha en
Vancouver, Canadá, en junio de 2006, para desarrollar y establecer un sistema voluntario
para verificar de manera independiente el cumplimiento de los derechos ambientales,
humanos y las normas sociales en las operaciones mineras. El informe de la reunión de
Vancouver se encuentra disponible aquí.
El Sistema de Aseguramiento de Minería IRMA se compone de seis elementos integrados,
todos los cuales son esenciales para el funcionamiento del sistema:
1. Estándares, avalado por los principales grupos de interés clave, que describen el
funcionamiento ambiental y socialmente responsable de minas y gestión de legados
mineros;
2. Un confiable e independiente mecanismo de verificación de aplicación de las normas;
3. Un programa de membresía diseñado para generar y mantener el apoyo a largo
plazo para todos los grupos interesados clave;
4. Herramientas de Comunicación que generan beneficios por la aplicación efectiva de
los estándares por parte de las empresas participantes.
5. Una estructura organizativa suficiente para garantizar la estabilidad a largo plazo y el
éxito del sistema en su;
6. Mecanismos de resolución de conflictos.
La Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable (IRMA) imagina un mundo donde
la industria minera:
o respete los derechos humanos y las aspiraciones de las comunidades afectadas;
o ofrezca lugares de trabajo seguros, saludables y respetuosos;
o evite o minimice el daño al medio ambiente;
o deje legados positivos.
IRMA es el establecimiento de normas de mejores prácticas que mejoren el desempeño
ambiental y social de las operaciones mineras, así como un sistema para verificar de
manera independiente el cumplimiento de esas normas.
Desde 2006, los participantes, que representan el sector privado y sin fines de lucro, se
han reunido dos veces al año para desarrollar y definir el marco y las normas de IRMA. El
sistema IRMA se espera que esté listo para su lanzamiento en 2014
¿Cómo es IRMA diferente?
IRMA es el programa de garantía sólo para la minería responsable, que comprende
plenamente un enfoque de múltiples partes interesadas para el desarrollo de estándares
creíbles, así como un compromiso con la certificación de verificación independiente.
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Cinco sectores clave con un interés en el desempeño ambiental y social de la minería
están involucrados, incluyendo:
o Las empresas mineras
o Los usuarios finales de productos mineros, como los minoristas de joyería
o Los derechos humanos y ambientales sin fines de lucro
o Las comunidades afectadas e indígenas
o Mano de obra, sindicatos
IRMA busca construir sobre el fundamento de la investigación, las herramientas y las
iniciativas que van desde el marco por la Minería Responsable, el Marco para una Minería
Sostenible del ICMM, a los resultados de los proyectos de Minería, Minerales y Desarrollo
Sostenible. IRMA difiere de los diversos enfoques, poniendo principal énfasis en el
desarrollo de las normas y la verificación independiente en el que las organizaciones no
gubernamentales, comunidades y sindicatos de trabajadores son socios de pleno
derecho, junto con la industria de la minería y la joyería.
Documentos web disponibles
Iniciativa para el Aseguramiento de una Minería Responsable IRMA
http://www.responsiblemining.net/
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40. 10 Principios para el desempeño con respecto al Desarrollo
Sustentable – ICMM
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por su sigla en inglés) es una
organización liderada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo
sustentable. ICMM reúne a muchas de las empresas de minería y metales líderes en el
mundo, así como asociaciones regionales, nacionales y de commodities. Dichas empresas
y asociaciones están comprometidas a mejorar su rendimiento en el desarrollo
sustentable y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que
necesita la sociedad.
La visión de ICMM consiste en una industria viable de minería, minerales y metales;
ampliamente reconocida como fundamental para la vida moderna y un contribuyente
clave del desarrollo sustentable. La misión del ICMM es doble, por un lado, destacar a sus
miembros como líderes de la industria y, por el otro lado, contribuir a elevar los
estándares de la industria en su conjunto.
Las empresas miembros han acordado formalmente implementar el Marco de Desarrollo
Sustentable del ICMM, que se compone de tres elementos: un conjunto de 10 Principios,
la presentación de memorias de sostenibilidad y la certificación independiente. Además,
las empresas miembros deben cumplir con las políticas relacionadas con diversos temas
fundamentales aprobadas por el Consejo. En mayo del 2003, el Consejo de Directores
Ejecutivos del ICMM comprometió a los miembros corporativos a implementar 10
Principios de desarrollo sustentable y a medir su desempeño a la luz de los mismos.
Los 10 Principios fueron elaborados teniendo como referencia otros estándares globales
destacados tales como la Declaración de Rio de 1992, la Global Reporting Initiative, las
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, las políticas operacionales
del Banco Mundial, la Convención de la OCDE sobre la Lucha contra la Corrupción, las
Convenciones 98, 169 y 176 de la OIT y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y
Derechos Humanos.
1. Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de
gobierno corporativo
• Elaborar e implementar declaraciones corporativas sobre principios y prácticas
éticas de negocios, que la administración se compromete a hacer cumplir
• Implementar políticas y prácticas dirigidas a prevenir el soborno y la corrupción
• Cumplir o ir más allá de los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos del país
anfitrión
• Trabajar con los gobiernos, la industria y otras partes interesadas para el logro de
políticas públicas, leyes, reglamentaciones y procedimientos que faciliten la
contribución del sector de la minería, minerales y metales al desarrollo sustentable
en el marco de las estrategias nacionales en este ámbito
2. Integrar los temas de desarrollo sustentable al proceso de toma de
decisiones de la empresa
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• Integrar los principios de desarrollo sustentable a las políticas y prácticas de la
empresa
• Planificar, diseñar, operar y cerrar operaciones de una manera que contribuya al
desarrollo sustentable
• Implementar buenas prácticas e innovaciones para mejorar el desempeño social,
ambiental y económico, al mismo tiempo que se aumenta el valor para el dueño o
accionista
• Alentar a clientes, socios comerciales y abastecedores de bienes y servicios a
adoptar principios y prácticas equiparables a las propias
• Brindar formación en desarrollo sustentable para garantizar capacidades adecuadas
del personal propio y los contratistas, a todos los niveles
• Apoyar las políticas y prácticas de gestión públicas dirigidas a promover la apertura
y competitividad de los mercados
3. Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas,
costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos
afectados por nuestras actividades
• Garantizar remuneración y condiciones laborales justas para todos los empleados y
no utilizar mano de obra forzada, coercitiva o trabajo infantil
• Tomar medidas para lograr una participación constructiva de los empleados en
temas de mutuo interés
• Implementar políticas y prácticas de gestión para eliminar cualquier forma de
hostigamiento o discriminación en todos los aspectos de nuestras actividades
• Garantizar que todo el personal de jerarquía, incluido el del área de seguridad, ha
recibido formación y cuenta con orientación adecuada en materia de derechos
humanos y culturales
• Reducir al mínimo el reasentamiento involuntario y compensar con justicia los
efectos adversos sobre la comunidad, cuando estos no pueden ser evitados
• Respetar la cultura y el patrimonio de las comunidades locales y de los pueblos
indígenas
4. Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información
válida y una sólida base científica
• Abordar la identificación, evaluación y gestión de todos los impactos sociales, de
salud y seguridad, ambientales y económicos significativos asociados con nuestras
actividades en consulta con las partes interesadas y afectadas
• Garantizar la revisión y actualización regular de los sistemas de gestión de riesgo
• Informar a las partes potencialmente afectadas sobre cualquier riesgo significativo
originado por las operaciones, así como sobre las medidas que se tomarán para
manejar con eficacia dichos riesgos
• Desarrollar, mantener y poner a prueba procedimientos eficaces de respuesta a
emergencias, en colaboración con las partes potencialmente afectadas
5. Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y
seguridad
• Implementar un sistema de gestión centrado en el mejoramiento continuo de todos
los aspectos de aquellas operaciones que podrían tener un impacto significativo
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sobre la salud y la seguridad de nuestro personal, contratistas y comunidades de
los lugares en donde operamos
• Adoptar todas las medidas prácticas y razonables para eliminar la ocurrencia en el
lugar de trabajo de accidentes fatales, lesiones y enfermedades de nuestro
personal y de contratistas
• Capacitar a todos los empleados en los temas de salud y seguridad, así como exigir
que los empleados de contratistas hayan recibido una formación similar
• Implementar supervisiones periódicas de salud de los empleados y monitoreos de
riesgo
• Rehabilitar y reincorporar a los empleados que han sufrido enfermedades o
lesiones, siempre que sea posible
6. Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental
• Evaluar los impactos ambientales positivos y negativos, directos e indirectos, así
como acumulativos, de los nuevos proyectos, desde la exploración hasta el cierre
de operaciones
• Implementar un sistema de gestión ambiental dirigido al perfeccionamiento
continuo en la revisión, prevención o mitigación de los impactos ambientales
adversos
• Rehabilitar los terrenos alterados u ocupados por las operaciones, según los usos
posteriores apropiados de los mismos
• Asegurar el almacenamiento y disposición segura de los desechos y residuos de
proceso
• Diseñar y planificar todas las operaciones de manera que se pueda disponer de los
recursos adecuados para cumplir con los requisitos de cierre de las mismas
7. Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de
planificación territorial
• Respetar las áreas protegidas establecidas por ley
• Divulgar información científica sobre evaluación y manejo de la biodiversidad, así
como promover prácticas y experiencias al respecto
• Apoyar la elaboración e implementación de procedimientos científicamente sólidos,
inclusivos y transparentes en el desarrollo de enfoques integrados a temas de
planificación territorial, biodiversidad, conservación y minería
8. Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición
responsables de nuestros productos
• Avanzar en la comprensión de las propiedades de metales y minerales y los efectos
de su ciclo de vida sobre la salud humana y el medio ambiente
• Conducir o respaldar investigación o innovación en el uso de productos y
tecnologías seguras y eficientes en cuanto a utilización de energía, recursos
naturales y otros materiales
• Desarrollar y promover el concepto de gestión integrada de materiales a través de
toda la cadena de valor de los metales y minerales
• Suministrar a las instancias reguladoras y otras partes interesadas información y
análisis con fundamentos científicos sólidos acerca de nuestros productos y
operaciones, que sirvan de base para las decisiones normativas
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• Apoyar la elaboración con base científicamente sólida de políticas,
reglamentaciones, así como de estándares de producto y selección de materiales
que estimulen el uso seguro de los derivados de minerales y metales
9. Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades
situadas en nuestras áreas de operación
• Involucrarse, desde la etapa más temprana posible, con las partes probablemente
afectadas para discutir y dar respuesta a los temas y conflictos relacionados con el
manejo de los impactos sociales
• Garantizar la instauración de sistemas adecuados para la interacción continua con
las partes afectadas, asegurándose que las minorías y otros grupos marginados
disponen e medios equitativos y culturalmente justos para involucrarse en el
proceso
• Contribuir al desarrollo comunitario desde el inicio hasta el fin del proyecto, en
colaboración con las comunidades anfitrionas y sus representantes
• Estimular la cooperación con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para
garantizar que los programas (tales como los relativos a salud comunitaria,
educación y desarrollo de negocios locales) estén bien diseñados y sean aplicados
con eficacia
• Contribuir al desarrollo social y económico mediante la búsqueda de oportunidades
para enfrentar la pobreza
10. Implementar con nuestras partes interesadas mecanismos de información,
comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y
verificables independientemente
• Informar sobre nuestro desempeño y contribución económica, social y ambiental al
desarrollo sustentable
• Suministrar información oportuna, precisa y relevante
• Comprometerse con las partes interesadas y responder a sus demandas a través de
procesos públicos de consulta
Documentos web disponibles
10 Principios para el desempeño con respecto al desarrollo sustentable
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework
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41. Desarrollo Comunitario – Kit de Herramientas – ICMM
2008
El desarrollo comunitario es el proceso para fortalecer e incrementar la eficiencia de las
comunidades, mejorando la calidad de vida de la población y permitiendo la participación
de la población en la toma de decisiones, para lograr un mayor control sobre sus vidas en
el largo plazo. Los programas comunitarios de desarrollo sostenible, son los que
contribuyen al fortalecimiento de la viabilidad de la comunidad en el largo plazo. Las
actividades minero-metalúrgicas pueden desempeñar un papel central en el desarrollo
sostenible de las comunidades, actuando como catalizadoras de un cambio económico y
social positivo en áreas que, de otra manera, tendrían oportunidades limitadas para
desarrollarse.
El Proyecto Enfoques Pioneros en Apoyo del Desarrollo Sostenible en el Sector de las
Industrias Extractivas, fue coordinado y gestionado por el Consejo Internacional de
Metales y Minerales, ICMM, y la División de Políticas para Petróleo y Gas del Grupo del
Banco Mundial, y fue financiado por el Programa de Ayuda para el Manejo del Sector
Energético (ESMAP), el ICMM y el Banco Mundial. El objetivo del proyecto fue desarrollar
nuevos enfoques y herramientas para apoyar los esfuerzos del gobierno, la industria, y
las comunidades, para lograr el desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas a
operaciones minero-metalúrgicas.
El Kit de Herramientas de Desarrollo Comunitario comprende dos partes principales:
• 17 Herramientas diseñadas para ser usadas a través de todo el ciclo del proyecto y
que cubren las fases de evaluación, planeamiento, gestión y medición del desarrollo
comunitario, así como las relaciones con los grupos de interés. Las herramientas están
codificadas por color y han sido enumeradas individualmente para una clara
identificación. Acompañan a estas herramientas una introducción, un glosario y una
discusión sobre minería y desarrollo comunitario.
• Un Volumen de Antecedentes, que contiene los antecedentes y el contexto del
proyecto así como un examen de las políticas y leyes mineras necesarias para que la
actividad minera contribuya al desarrollo sostenible, incluye también la bibliografía.
Las Herramientas se han dividido en 5 categorías:
EVALUACIÓN: Para evaluar el entorno; es decir, a los pobladores, su forma de vida,
conflictos pre-existentes, así como la identificación de los recursos necesarios para
desarrollar y mantener un programa de desarrollo comunitario en este escenario.
PLANEAMIENTO: Para diseñar programas de desarrollo por consenso –deseados por
todos– y por lo tanto potencialmente sostenibles. Algunos pueden ser planes internos de
organizaciones específicas, como los de una empresa u ONG. Otros se pueden desarrollar
por esfuerzos coordinados de diversos grupos.
RELACIONES: Para desarrollar y mantener buenas relaciones entre todos los grupos de
interés, tales como el gobierno, miembros de la comunidad, representantes de la
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empresa y organizaciones locales. Las relaciones son la base de todas las actividades
realizadas en cooperación y por lo tanto esenciales para lograr programas de desarrollo
comunitario sólidos.
GESTIÓN DE PROGRAMAS: Para respaldar e implementar los planes desarrollados con
las herramientas de planeamiento. Las herramientas de gestión incluyen los medios para
asegurar que los planes cuentan con financiamiento adecuado, plazos realistas y
responsables para su implementación. Los planes son sólo pedazos de papel hasta que se
ponen en práctica.
SUPERVISIÓN & EVALUACIÓN: Para medir el progreso hacia las metas del programa.
Algunas evaluaciones pueden ser internas a las organizaciones, pero idealmente todos los
participantes trabajarán en conjunto en algunas herramientas de evaluación de modo
que cualquier modificación requerida a los planes sea desarrollada mediante cooperación
y de manera coordinada.
Documentos web disponibles
Desarrollo Comunitario – Kit de Herramientas
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42. Guía de buenas prácticas para la Minería y la Biodiversidad
– ICMM 2010.
Las actividades de conservación de la biodiversidad en la industria minera y de los
metales están bajo una creciente supervisión por parte de las ONG y analistas
financieros. Esta posición se debe, en parte, a una mayor conciencia sobre la importancia
de la conservación de la biodiversidad, pero también a que la industria opera con
frecuencia en áreas remotas y ambientalmente sensibles. Demostrar un compromiso con
la conservación de la biodiversidad es, en la actualidad, un elemento esencial de
desarrollo sustentable para la industria minera y de los metales.
Los miembros del ICMM han asumido el compromiso de mejorar su rendimiento en estas
áreas y tomar un rol protagónico en la capacitación de los gobiernos y del público sobre
los beneficios que puede aportar la industria minera y de los metales a la conservación de
la biodiversidad. En el Marco del Principio 7 del Marco de Desarrollo Sustentable del
ICMM se muestra el compromiso a “contribuir a la conservación de la biodiversidad y a
los enfoques integrados respecto de la planificación de usos de la tierra”. El objetivo del
presente documento es asistir a los miembros (y a otros más) a cumplir con este
compromiso, proporcionándoles una importante guía a los directivos de las casas
matrices y sus filiales.
A la par con el desarrollo de principios de desarrollo sustentable, el ICMM formó parte de
un diálogo con varios grupos de interés, específicamente con la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN, en sus siglas en inglés). El objetivo fue distinguir con mayor claridad
las interfaces entre las operaciones mineras y la biodiversidad.
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, en agosto de 2002, la UICN y el
ICMM organizaron un diálogo conjunto sobre minería y biodiversidad. El objetivo era
proporcionar una plataforma para que las comunidades, compañías, organizaciones no
gubernamentales (ONG) y el gobierno puedan participar en un intercambio de ideas
sobre cómo lograr el equilibrio entre la protección del ecosistema y la importancia socio-
económica de la minería.
En marzo de 2003, se acordaron términos formales de referencia para un diálogo de
UICN/ICMM y, en junio de 2004 se revisaron dichos términos. En la actualidad, se
continúa con el diálogo.
En parte como resultado de este compromiso e intercambio de ideas, la elaboración
del Principio 7 de desarrollo sustentable comprometió a los miembros del ICMM a:
Respetar zonas legalmente designadas como áreas protegidas;
Difundir datos científicos y promover prácticas y experiencias sobre la evaluación y
manejo de la biodiversidad; y
Respaldar el desarrollo y la implementación de procedimientos científicamente
seguros, transparentes e integrados para enfoques integrados de planificación de uso
de la tierra, biodiversidad, conservación y minería.
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En julio de 2003 se realizó un taller conjunto entre la UICN y el ICMM en Gland (Suiza).
En esa oportunidad, el ICMM se comprometió a desarrollar y promover una librería de
pautas de buenas prácticas y estudios de casos. La finalidad era, en base a dichos
principios, respaldar a sus empresas asociadas en la implementación y medición de
rendimiento.
Así, la Guía de Buenas Prácticas (GBP) fue preparada como respuesta a dicho
compromiso. El propósito de este documento es proporcionar a la industria minera los
pasos que se requieren para mejorar el manejo de la biodiversidad en todo el ciclo de la
minería.
Al implementar la GBP, las compañías mineras deberían estar mejor posicionadas para:
Identificar y evaluar la biodiversidad;
Entender las interfaces entre sus actividades y la biodiversidad;
Evaluar la probabilidad de que sus actividades tengan impacto negativo en la
biodiversidad;
Desarrollar medidas de mitigaciones de posibles impactos sobre la biodiversidad y
estrategias de rehabilitación para las áreas afectadas; y explorar la posibilidad de
contribuir al mejoramiento y conservación de la biodiversidad.
La GBP se complementa con un volumen preparado por la UICN e ICMM en el 2004,
documento denominado La Integración de la minería y la conservación de la
biodiversidad: Estudios de casos alrededor del mundo. La GBP está dirigida a
profesionales de la minería con experiencia o responsabilidad directa en los aspectos
ambientales, así como a otros especialistas de la minería, tales como aquellos que
realizan estudios de exploración y factibilidad.
El propósito de la GBP es ayudar a desarrollar conocimientos y capacidades, y señalar en
qué momento el respaldo de especialistas en biodiversidad es aconsejable o fundamental.
Además, la Guía debe verse como un instrumento para promover relaciones o
asociaciones más constructivas entre los profesionales de la minería y la biodiversidad,
promocionando así un mejor entendimiento entre ambos.
En este sentido, la GBP no sólo trata de mejorar el entendimiento de los profesionales
mineros sobre la biodiversidad, sino también mejorar la compresión sobre la actividad
minera que los especialistas en biodiversidad.
Documentos web disponibles
Guía de buenas prácticas para la Minería y la Biodiversidad
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43. Guía de Gerenciamiento de Riegos Fatales – ICMM 2010
La prevención de enfermedades y accidentes ocurre simultáneamente en dos “esferas de
control” distintas: una que combate eventos más frecuentes y poco graves y otra que se
concentra en la eliminación de eventos muy graves y menos frecuentes que afectan
irreversiblemente la vida de las personas – especialmente aquellos que pueden costar la
vida. La segunda de estas “esferas de control” es el contexto del presente documento
que se enfoca en acciones y comportamientos proactivos que pueden ser adoptados por
los gerentes de operaciones y los equipos locales de liderazgo para ayudar a eliminar el
riesgo de vida.
El objetivo de esta guía es preparar a los líderes para que orienten y establezcan
prioridades por medio del liderazgo visible y percibido. Las acciones y los
comportamientos visibles de un líder significan mucho más que palabras. Ser un modelo
de comportamiento y un ejemplo de aquello que preconiza es incorporar valores
esenciales que dejan claro para los empleados que “ni la producción, ni cualquier otra
cosa es más importante que la seguridad en el trabajo”.
¿Qué es el liderazgo visible y percibido?
• Ser auténtico cuando dice que todos deben retornar a su casa sanos y salvos -
muestre que esto es importante para usted.
• Participar e interactuar con las personas y los procesos.
• Comprender su papel de oyente, instructor, entrenador, técnico, motivador y mentor.
• Estar comprometido y ser perseverante sobre el uso del tiempo en el lugar de
trabajo.
• Entrenar activamente a las personas sobre comportamientos y procesos.
• Ser claro sobre sus expectativas respecto de la seguridad en el trabajo.
• Mostrar entusiasmo y pasión por lo que hace en el trabajo.
• Reconocer el trabajo individual, grupal y de equipo en todo momento.
• Remover los obstáculos, promoviendo la seguridad y estimulando el ánimo del
equipo.
• Predicar lo que dice – sus comportamientos reflejan los valores de la organización.
Los líderes exitosos comunican y apoyan activamente la idea de que las enfermedades y
los accidentes pueden ser evitados y que los accidentes mortales son inaceptables. El
objetivo de esta guía es presentar prácticas de liderazgo en el trabajo, por medio de
iniciativas, procesos y sistemas cuya meta común es “cero accidentes mortales”.
Esta guía está destinada a gerentes de operaciones y tiene por objetivo suministrar
herramientas que los ayuden a reducir dichos accidentes. Una serie de observaciones y
diagnósticos, creados a partir de un sistema de gerenciamiento de riesgo
internacionalmente reconocido, pueden ayudar a identificar las fallas de los sistemas de
gerenciamiento de seguridad.
Las principales recomendaciones que se desprenden de esta guía son:
• Vivir la visión de cero accidentes mortales
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• Centrar la atención en eventos de alto potencial
• Reconocer la posibilidad de cometer errores
Además de as orientaciones aquí suministradas, también debemos analizar problemas
relativos al personal contratado y al gerenciamiento de cambios. Se le recuerda al lector
que los incidentes y los accidentes mortales deben ser tratados como partes separadas
de un esfuerzo general para llegar a daño cero - una tasa de accidentes baja o
decreciente no garantiza que los riesgos fatales están siendo administrados
adecuadamente.
Esta guía no es un informe completo sobre sistemas de seguridad y gerenciamiento de
riesgos, pero consideramos que ayudará a los gerentes a utilizar sus procesos ya
existentes como base para perfeccionar su gerenciamiento de riesgos fatale
El formato de este documento está en conformidad con la norma ISO 31000 - Gestión de
Riesgos - Principios y Directrices, un modelo de referencia de seis etapas que suministra
una estructura uniforme y garantiza que el proceso sea parte integral del gerenciamiento,
de la cultura y de las prácticas de la operación y adaptado a las actividades
de la empresa.
Los seis elementos son:
• Comunicación y consulta
• Establecer el contexto
• Identificación del riesgo
• Análisis y evaluación del riesgo
• Tratamiento del riesgo
• Monitoreo y revisión
Documentos web disponibles
Guía para el gerenciamiento de riesgos fatales
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44. Revisión y cuestiones de Minería y Pueblos Indígenas –
ICMM 2010
Las actividades mineras y metalúrgicas exitosas deben contar con el apoyo de las
comunidades en donde se desarrollan, hoy y en el futuro, para asegurar el acceso
continuo a la tierra y a los recursos. Las relaciones entre las operaciones mineras y
metalúrgicas y sus comunidades locales, incluyendo a las comunidades indígenas,
deberían basarse en el respeto, el compromiso sincero y el beneficio mutuo. Con
frecuencia, estas relaciones son complejas. Este es el caso, en particular, de las
relaciones con las comunidades indígenas, que se distinguen de la comunidad más amplia
por poseer mecanismos de decisión, instituciones sociales y políticas, así como métodos
de generación y distribución de riqueza diferentes. Asimismo, sus culturas están a
menudo estrechamente relacionadas con los recursos naturales.
Los miembros del ICMM han asumido el compromiso de poner en práctica diez principios
de desarrollo sustentable y de evaluar su desempeño en relación con los mismos. Dos de
estos principios están relacionados directamente con las comunidades locales, incluyendo
a las comunidades indígenas: "apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto
por culturas, costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos
afectados por nuestras actividades" y "contribuir al desarrollo social, económico e
institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación".
Esta revisión proporciona un breve panorama de las cuestiones de los pueblos indígenas
enfrentadas por la industria minera cuando busca tener acceso a la tierra, llevar a cabo la
exploración y, si ésta es exitosa, desarrollar y gestionar la operación de extracción. Su
objetivo es ofrecer orientaciones sobre las opciones posibles en este campo para el
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la industria minera involucrada en
general. La revisión fue encargada por el ICMM, bajo la dirección del Comité de Trabajo
sobre Comunidad y Desarrollo Social.
En el centro de esta revisión se encuentran los resultados de una encuesta entre las
empresas y asociaciones miembros del ICMM sobre cómo definen en la actualidad los
temas, los desafíos que están enfrentando y las soluciones de que disponen. Diez de las
15 empresas miembros y cuatro asociaciones miembros del ICMM participaron en la
encuesta. Los entrevistados incluyeron integrantes del personal a cargo de las políticas
internacionales, así como gerentes a nivel de país o de planta y personal de exploración.
La mayoría de los comentarios de la industria se centraron en experiencias en Australia,
Canadá, Chile, Estados Unidos, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica y
Tanzania.
Los resultados de la encuesta de la industria son comparados con la forma cómo otros
grupos de interés definen las cuestiones, dando prioridad a los pueblos indígenas y sus
organizaciones, pero también más en general a instituciones y profesionales del
desarrollo, organizaciones no gubernamentales (ONG), gobiernos nacionales e inversores.
Resumen de los temas
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Existe un alto grado de convergencia entre los entrevistados de la industria y los pueblos
indígenas con respecto a las áreas y desafíos temáticos. Las diferencias están en cómo
cada lado enfoca el tema y sus posibles soluciones. Por ejemplo, con los derechos de
tierras, los entrevistados de la industria subrayaron el deseo de simplificar y acortar los
procesos legales y administrativos, mientras que los pueblos indígenas y sus defensores
hicieron hincapié en asegurar los derechos y el control de largo plazo. También existen
divergencias en los enfoques de los procesos de toma de decisiones y el desarrollo
comunitario, entre otras.
La diferencia en el énfasis y las prioridades en cada contexto local particular es más difícil
de aprehender en una encuesta amplia. Los pueblos indígenas han subrayado en forma
sistemática el deseo y el derecho a determinar los costos y beneficios de acuerdo a sus
propios valores y a formar parte de la toma de decisiones relativas a los proyectos de
minería en sus territorios desde la etapa más temprana posible. Este concepto de
'participación significativa' subyace en todos los temas identificados por los pueblos
indígenas.
La industria y los pueblos indígenas no tienen efectivamente un método o foro
coordinado a nivel internacional que pueda alcanzar un entendimiento mutuo sobre los
temas de importancia decisiva a través de un diálogo abierto y que permita generar
capacidad entre sus miembros por medio del intercambio de experiencias desde una
variedad de perspectivas.
Se han identificado varias actividades de seguimiento a partir de esta revisión, centradas
en las formas cómo la industria podría trabajar directamente con los pueblos indígenas
para diseñar planes de acción nacionales o internacionales que pudieran basarse en un
entendimiento común de los temas y sus posibles soluciones:
• A partir de la experiencia de los entrevistados de la industria, emprender un estudio
más profundo de los procesos de compromiso y consentimiento indígena que podría
proporcionar los fundamentos para un compromiso efectivo con las iniciativas
existentes sobre el CLPI.
• Participar en un diálogo internacional entre la industria y los pueblos indígenas para
explorar más ampliamente las áreas de acción común: Esta idea podría aplicarse
también en el plano nacional.
• Crear oportunidades profesionales de trabajo en redes que posibiliten un esfuerzo de
aprendizaje más amplio a través de lugares disponibles (tales como las asociaciones
nacionales), pero que podría incluso ser apuntalado para incrementar los
conocimientos y habilidades a nivel internacional, así como para iniciar la evaluación
de los programas universitarios y profesionales existentes para el personal de la
industria.
Documentos web disponible
Revisión y cuestiones de Minería y Pueblos Indígenas
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45. Guía de Buenas Prácticas: Los Pueblos Indígenas y Minería
– ICMM 2010
Beneficios de aplicar esta Guía Esta Guía tiene por objeto ser una herramienta práctica y
de uso sencillo para ayudar a las compañías mineras a entender la necesidad de conocer
y respetar las complejidades culturales, sociales, económicas y políticas relacionadas con
la realización de proyectos muy cerca de donde habitan comunidades indígenas. Nuestro
propósito es que esta Guía plantee enfoques positivos, prácticos y generales que
permitan a las compañías mineras establecer relaciones fructíferas con los pueblos
indígenas.
Sin embargo, estamos conscientes, en vista de su rica diversidad, de que no puede haber
un enfoque único cuando se establecen relaciones con los pueblos indígenas. Esta Guía
no trata sólo del establecimiento de buenas relaciones entre una compañía minera y una
comunidad indígena, sino que es un medio para ayudar a las compañías mineras a iniciar
o mejorar el proceso de construir una relación de manera respetuosa y positiva. Se
presentan una serie de estudios de caso que destacan tanto las relaciones fructíferas
como las consecuencias de no tenerlas, de lo que todos podemos aprender.
La Declaración de posición del ICMM sobre minería y pueblos es el resultado de amplias
consultas con sectores interesados y un trabajo preparatorio de varios años, que incluyó:
• mesas redondas sobre minería y asuntos de los pueblos indígenas (2005, 2008)
• publicación de un análisis sobre minería y los pueblos indígenas (2005)
• consultas estructuradas en torno de la versión preliminar de la Declaración de posición
(2006, 2007)
• análisis del estatuto legal del consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
La Declaración de posición contiene varias declaraciones de reconocimiento
fundamentales en las que se reconoce el imperativo ético de otorgar consideración
especial a las necesidades e intereses de los pueblos indígenas. Se ha dado efecto
práctico a estas declaraciones de reconocimiento mediante nueve compromisos. Mediante
la Declaración de posición, los miembros del ICMM se obligan a cumplir estos
compromisos, siempre que no se contrapongan con las leyes nacionales o provinciales.
La Guía está estructurada en las siguientes secciones:
1 Introducción: Se presentan los fundamentos de esta Guía, la colaboración del ICMM
con los pueblos indígenas, así como su Declaración de posición y compromisos
relacionados.
2 Colaboración y participación indígena: Tiene que ver con la colaboración entre los
pueblos indígenas y la minería; se abordan temas como la participación de los pueblos
indígenas en los procesos de toma de decisiones (incluido el consentimiento previo, libre
e informado) y se hacen recomendaciones específicas para una colaboración eficaz y
práctica con los pueblos indígenas, sin dejar de destacar algunos de los principales
desafíos para una colaboración eficaz.
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3 Fundamentos: Gira en torno de las primeras etapas del establecimiento de la relación
y de la información necesaria para facilitar a las compañías la colaboración inicial y el
planteamiento de enfoques apropiados para abordar el impacto real y previsto de un
proyecto, además de cómo podría mitigarse cualquier impacto posiblemente negativo.
4 Acuerdos: Se analiza la manera en que las compañías y las comunidades indígenas
podrían celebrar acuerdos formales para regir su relación, lo que incluye acuerdos
preliminares que pueden servir como “peldaños” para poner en marcha un acuerdo de
largo plazo que abarque todo una secuencia del proyecto minero.
5 Manejo de efectos y distribución de beneficios: Se abordan algunos aspectos
prácticos de manejar el impacto de un proyecto de minería, por ejemplo, la preservación
de los sitios culturales y tradiciones locales, la distribución de los beneficios derivados de
un proyecto minero y la creación de oportunidades para el desarrollo económico de la
comunidad local.
6 Manejo de quejas: Se delinean estrategias y mecanismos para atender los problemas
y preocupaciones de la comunidad acerca de la relación o los proyectos mineros.
Compromisos del ICMM en relación a los Pueblos Indígenas
1 Reconocer y respetar los intereses sociales, económicos, ambientales y culturales de los
pueblos indígenas, así como sus derechos según se articulan y definen en las leyes
estatales o provinciales, nacionales e internacionales.
2 Identificar con claridad y comprender cabalmente los intereses y las perspectivas de los
pueblos indígenas respecto a un proyecto y sus posibles efectos. En el caso de proyectos
que puedan afectar a los pueblos indígenas, se llevarán a cabo evaluaciones de efectos
sociales u otros análisis sociales de referencia, basados en consultas con ellos, para
examinar sus perspectivas particulares.
3 Colaborar y consultar con los pueblos indígenas de manera justa, oportuna y
culturalmente apropiada durante el ciclo del proyecto. La colaboración se basará en el
suministro honesto y abierto de información, de una forma accesible para los pueblos
indígenas. La colaboración se iniciará en la etapa más temprana posible de las
actividades mineras previstas, antes de la exploración sustantiva en el terreno. Siempre
que sea posible, la colaboración se establecerá por intermedio de las autoridades dentro
de las comunidades y respetando las estructuras y procesos tradicionales para la toma de
decisiones.
4 Forjar una comprensión transcultural: para que el personal de la compañía entienda la
cultura, los valores y las aspiraciones de los pueblos indígenas y para que los pueblos
indígenas entiendan los principios, objetivos, operaciones y prácticas de la compañía.
5 Propiciar que los gobiernos participen, cuando sea apropiado, para aliviar y resolver
cualquier problema o situación que enfrenten los pueblos indígenas cerca de las
operaciones mineras.
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6 Elaborar proyectos para evitar los efectos posiblemente adversos de las actividades
mineras y conexas y, si esto no fuera viable, minimizar, manejar o compensar justamente
tales efectos. Entre otras cosas, tal vez sean necesarios acuerdos especiales para
proteger la propiedad cultural o los sitios de significado religioso para los pueblos
indígenas.
7 Procurar acuerdos con los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas sobre
programas para generar beneficios netos (sociales, económicos, ambientales y
culturales), es decir, beneficios y oportunidades que compensen con creces los efectos
negativos de las actividades mineras. Se considerará específicamente el uso
acostumbrado de las tierras y los recursos en situaciones donde el título formal puede ser
poco claro o cuando hay reclamos sin resolver. Los miembros del ICMM medirán los
avances para asegurar que se estén obteniendo los beneficios sociales especificados y si
los programas no están logrando los objetivos establecidos, se buscará llegar a un
acuerdo sobre modificaciones para mejorar su eficacia. En general, los miembros del
ICMM procurarán establecer alianzas de largo plazo con los pueblos indígenas, hallar
formas de aumentar su participación como trabajadores y proveedores, y apoyar un
desarrollo regional y comunitario empoderado, por ejemplo, mediante educación,
capacitación, atención de la salud y apoyo para la formación de empresas.
8 Apoyar marcos apropiados para la facilitación, mediación y solución de controversias.
Los miembros del ICMM pueden contribuir con fomento de la capacidad, o facilitarlo, para
las organizaciones de los pueblos indígenas que habiten cerca de sus operaciones. En
general, se proporcionará a los pueblos indígenas y las comunidades en su conjunto un
canal de comunicación claro con los directivos de la compañía si tienen quejas sobre una
operación minera, así como procesos transparentes para que sus preocupaciones sean
atendidas.
9 Mediante la instrumentación de todas las acciones anteriores, buscar la obtención de
un amplio apoyo comunitario para nuevos proyectos o actividades. Los miembros del
ICMM reconocen que, luego de celebrar consultas con los habitantes del lugar y las
autoridades competentes, en ocasiones se puede tomar la decisión de no seguir adelante
con la explotación o la exploración aunque cuente con los permisos legales.
Documentos web disponibles
Guía de Buenas Prácticas: Los Pueblos Indígenas y Minería
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46. Mapa de Alianzas Locales – ICMM 2010
El Concejo del ICMM, conformado por los directores ejecutivos de 19 compañías
miembro, acordó recientemente una declaración que compromete a sus organizaciones
en la búsqueda de la colaboración de múltiples partes interesadas alrededor de los seis
temas prioritarios. Nada de esto de opone a futuras investigaciones del ICMM en temas
claves como parte de la Iniciativa de Creación de Recursos, pero el foco específico de La
Minería: Alianzas para el Desarrollo es producir resultados de desarrollo sostenible, esto
es, promover un mayor rango de asociaciones específicas.
Este documento es el primer paso en esta dirección, y constituye la base del trabajo de
La Minería: Alianzas para el Desarrollo, resaltando el rango de asociaciones de múltiples
partes interesadas que existen actualmente. Dos puntos básicos son claros desde esta
descripción documental, o mapeo inicial a nivel local: primero, que los miembros del
ICMM así como otras compañías, ya están involucrados en un rango impresionante de
asociaciones a varios niveles de sus operaciones; y segundo, que existen oportunidades
significativas para propagar y profundizar la práctica positiva a lo largo de un rango aún
mayor de operaciones y países. Muy importante es que esto representa una oportunidad
no sólo para las compañías interesadas, sino también para las instituciones del sector
público, ONGs, e instituciones de desarrollo internacional que puedan aliarse con ellos. A
medida que La Minería: Alianzas para el Desarrollo progresa, el ICMM pretende informar
sobre lo que espera, sea un florecimiento de tales colaboraciones.
Este reporte contiene un mapa descriptivo de alianzas en todo el mundo, en lo relativo a
los seis temas prioritarios de iniciativa La Minería: Alianzas para el Desarrollo, a
saber: la minería y la reducción de la pobreza, la minería y el desarrollo
económico en cuanto a la gestión de las ganancias, la minería y el desarrollo
económico en cuanto al planeamiento del desarrollo regional, la minería y el
desarrollo económico en cuanto al contenido local, la minería y la inversión
social, y la minería y la resolución de conflictos.
Este reporte ha sido realizado, en primer lugar, para ofrecer una visión general de las
alianzas pasadas y presentes, y en segundo lugar, para incentivar a las compañías y
demás, a que repliquen y amplíen estas alianzas en sus operaciones en sus regiones
mineras, siguiendo lo establecido por el ICMM en la iniciativa La Minería: Alianzas para el
Desarrollo, con la cual todos los miembros del ICMM están comprometidos.
Los perfiles en este documento son el resultado de investigaciones basadas en
documentación, donde la mayoría de la información proviene de los reportes y sitios Web
de las compañías o participantes de la industria.
El informe contiene los siguientes temas:
1. Minería y reducción de la pobreza
Perfil 01 Apoyo a los medios de subsistencia de los pescadores, Indonesia
Perfil 02 Proyecto de alivio y mitigación de la pobreza, Perú
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Perfil 03 Atención de las necesidades socio-económicas mediante el mejoramiento de la
agricultura, República de Sudáfrica
Perfil 04 Empoderamiento de las empresarias independientes, Pakistán
Perfil 05 Programa de mejoramiento de la agricultura, Perú
Perfil 06 Iniciativa para el crecimiento de negocios agrícolas en Ahafo, Ghana
2. Minería y desarrollo económico – gestión de las ganancias
Perfil 07 Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas en Ghana, Ghana
Perfil 08 Diálogo y asistencia técnica con el gobierno, Azerbaiyán
Perfil 09 Fortalecimiento institucional para la gestión de las ganancias, Perú
3. Desarrollo minero y económico – planeamiento del desarrollo regional
Perfil 10 Colaboración para el desarrollo responsable del puerto y las instalaciones de
minería, Madagascar
Perfil 11 Creación de instituciones de desarrollo regional liderada por las empresas, Brasil
y Argentina
Perfil 12 Acuerdos de desarrollo regional con las comunidades aborígenes, Australia
Perfil 13 Creación de un foro de desarrollo local, Brasil
4. Minería y desarrollo económico – contenido local
Perfil 14 Programa de desarrollo de proveedores en Mozal, Mozambique
Perfil 15 Programa integrado de formación, empleo y contratación locales, Canadá
Perfil 16 Programa de vínculación en Ahafo, Ghana
Perfil 17 Desarrollo de capacidades locales en ingeniería y diseño, Trinidad y Tobago
Perfil 18 Programa de desarrollo de empresas, Chile
Perfil 19 Programa de formación pre-vocacional, Australia
Perfil 20 Desarrollo de PyMEs y del empleo local, República Popular Democrática Lao
5. Minería e inversión social
Perfil 21 Construcción de un centro de salud comunitario, República de Sudáfrica
Perfil 22 Contribución al desarrollo de las aldeas, India
Perfil 23 Programa de formación y empleo para la juventud, Filipinas
Perfil 24 Construcción de caminos rurales, Pakistán
Perfil 25 Alianzas para la salud, Venezuela
Perfil 26 Programa comunitario de salud, República de Sudáfrica
6. Minería y resolución de conflictos
Perfil 27 Reconciliación entre compañía y propietarios tradicionales, Australia
Perfil 28 Diálogo y manejo del conflicto, Perú
Perfil 29 Proceso de reconciliación facilitado en forma independiente, Colombia
Perfil 30 Estándar para disputas, quejas y/o reclamaciones, Perú
Documentos web disponibles
Guía de Buenas Prácticas: Los Pueblos Indígenas y Minería
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47. Derechos humanos en la industria Minería y Metales
Descripción general, enfoque de gestión y otros temas –
ICMM 2009
En la última década, la cuestión de los derechos humanos ha generado un creciente
interés en los debates sobre la responsabilidad social corporativa en general y los
sectores extractivos en particular. A la vez que muchas compañías líderes han aceptado
que la actividad comercial tiene ciertas responsabilidades en materia de derechos
humanos, se ha debatido intensamente sobre cuál debería ser el alcance de éstas. Sin
embargo, a principios del siglo XXI el discurso sobre los límites entre las
responsabilidades en cuanto a derechos humanos de las compañías y las de los estados
nacionales huéspedes desdibujó la diferencia entre las responsabilidades que debían
considerarse particulares y las que debían ser compartidas.
El documento “Proteger, respetar y remediar” elaborado por John Ruggie en 2008 aportó
una muy necesaria claridad, y describió completa y categóricamente las funciones
particulares, aunque complementarias, de los estados y de las corporaciones. Existe
actualmente un amplio reconocimiento de que los gobiernos tienen la responsabilidad
primaria de proteger los derechos humanos y de que las compañías no tienen la misión
política ni el mandato de sus accionistas de asumir dicha responsabilidad. No obstante,
existe también paralelamente una aceptación generalizada de que las compañías tienen
la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Dado que esto representa una
expectativa de referencia, las compañías no pueden compensar los daños a los derechos
humanos simplemente realizando buenas acciones en otro sitio.
El respeto por los derechos humanos es un aspecto clave del desarrollo sostenible. La
promoción del desarrollo sostenible es, a su vez, una parte central de la misión del ICMM.
Los miembros del ICMM están comprometidos con el Documento de referencia para un
desarrollo sostenible (DS) del ICMM que incluye, entre otros requisitos, el principio de
que los miembros deben: “Apoyar los derechos humanos fundamentales y respetar las
culturas, las costumbres y los valores en la relación con los empleados y otros grupos
afectados por nuestras actividades”[Principio 3].
Esta publicación tiene como objetivos:
• definir los diversos elementos del Documento de referencia sobre DS relacionados con
los derechos humanos (además de un grupo central de 10 principios, el Documento de
referencia comprende una serie de Declaraciones de postura del ICMM, una
presentación de informes detallada y requisitos de verificación);
• destacar los puntos de presión relevantes que son clave para las empresas y los
derechos humanos, así como algunas herramientas e iniciativas externas importantes;
• documentar brevemente los enfoques destinados a abordar cuestiones de derechos
humanos que han adoptado diversos miembros del ICMM para difundir las buenas
prácticas.
¿Existen distinciones claras entre las funciones del gobierno y las de las
compañías?
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Gran parte de la intensidad que históricamente caracterizó el debate sobre las empresas
y los derechos humanos fue catalizado al desdibujarse los límites entre las
responsabilidades que debían considerarse como distintas (aunque complementarias)_ y
las que debían ser compartidas. El Documento de referencia “Proteger, respetar y
remediar” descrito en el informe del SRSG define claramente un conjunto de
responsabilidades diferentes, pero complementarias. Esto comprende tres principios
centrales: el deber del Estado de brindar protección contra abusos a los derechos
humanos incurridos por terceras partes, entre ellas las empresas; la responsabilidad
corporativa de respetar los derechos humanos, que se define como el requisito de “no
infligir daño”; y la necesidad de contar con un acceso más efectivo a soluciones en el
caso de conflictos sobre la afectación de los derechos humanos por parte de las
compañías (que es en gran medida una responsabilidad del Estado, pero que también
puede incluir mecanismos no judiciales como los mecanismos conciliatorios de las
compañías). El Documento de referencia reconoce también que las compañías pueden
asumir compromisos voluntarios adicionales relacionados con los derechos humanos,
pero la responsabilidad a respetar es la expectativa de referencia que se espera para
todas las compañías.
El concepto de que las compañías tienen “esferas de influencia” concéntricas es
potencialmente útil al considerar los impactos potenciales en los derechos humanos que
van más allá del lugar de trabajo y al identificar oportunidades para respaldar los
derechos humanos (trascendiendo voluntariamente la expectativa de referencia de
“respeto”). Esto implica que las compañías tienen más responsabilidad en cuestiones
donde tienen mayor control, como el tratamiento de sus empleados y de las comunidades
locales, y no tanto en cuestiones más alejadas de su dominio como la conducta de las
instituciones estatales en su región de operaciones (pero incluso aquí, las compañías
pueden ejercer potencialmente parte de su legítima influencia).
Sin embargo, el informe del SRSG señala las limitaciones del concepto de “esferas” al
definir la responsabilidad corporativa del respeto mediante una debida diligencia que se
haga efectiva. Esto se debe a que la responsabilidad del respeto no se basa en la
proximidad ni en la influencia, sino que depende de los impactos potenciales o reales en
los derechos humanos de las actividades comerciales de las compañías y las relaciones
vinculadas con estas actividades. El mecanismo más apropiado para determinar los
impactos potenciales se aplica mediante la diligencia debida.
Documentos web disponibles
Derechos humanos en la industria Minería y Metales Descripción general, enfoque de
gestión y otros temas
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48. Derechos Humanos en la Industria Minera y Metales:
Manejo y resolución de inquietudes y conflictos a nivel
local – ICMM 2010
Esta publicación se basa en todo el trabajo realizado por el ICMM hasta el momento
acerca de ‘empresas y derechos humanos’ y es una de las varias publicaciones y kits de
herramientas que proporcionan una guía de buenas prácticas y que fueron elaboradas
por el ICMM para fomentar el desempeño mejorado del desarrollo sostenible. Se centra
principalmente en una de las cuestiones que se consideran importantes según una
publicación reciente del ICMM, que brinda una descripción general sobre los asuntos de
derechos humanos dentro del sector de minería y metales. También complementa el
trabajo extenso realizado sobre el terreno por los miembros del ICMM para generar
relaciones sólidas y de confianza con las comunidades locales que se encuentran en los
alrededores de sus operaciones.
La herramienta explica los enfoques para lograr las mejores prácticas sobre una cuestión
específica (pero importante) dentro de esta área: el desarrollo de procedimientos
empresariales para el manejo de inquietudes y conflictos a nivel local. La estrategia
planteada está acorde con los postulados de John Ruggie quien le ha otorgado
importancia al hecho de contar con enfoques sistemáticos relacionados con tales
cuestiones en su marco “Proteger, respetar y remediar” (Naciones Unidas).
¿Cuáles son los beneficios de un procedimiento de reclamos bien diseñado?
Esta guía trata sobre el manejo y la resolución de cuestiones que preocupan a las
comunidades locales. Explica cómo las empresas de minería y metales pueden desarrollar
procedimientos sólidos, fehacientes y confiables que brinden a las comunidades locales
una forma de presentar inquietudes relacionadas con las operaciones de la empresa y
una forma de tratarlas de modos que se consideran justos tanto por la comunidad como
por la empresa.
Para cualquier proyecto a gran escala que pueda provocar impactos importantes, incluso
para aquellos gestionados según los estándares más altos, es inevitable que surjan
algunas inquietudes locales. Estas inquietudes pueden expresarse en forma de reclamo,
formal o informal, y pueden abarcar inquietudes relativamente menores así como
cuestiones más graves o consolidadas (que podrían describirse como conflictos). En estos
casos, implementar un mecanismo local fehaciente para el manejo y la resolución
sistemática de cualquier reclamo que pueda surgir es, evidentemente, la solución
correcta y responsable.
Al mismo tiempo, responder a los reclamos de una manera efectiva y sin adoptar una
postura a la defensiva no siempre resulta fácil para las empresas. Sucede esto cuando
una empresa considera que las inquietudes de la comunidad se basan en problemas
percibidos y no en problemas reales, o cuando temen fomentar los reclamos que no
están motivados por problemas auténticos sino por el deseo de obtener una
compensación. Sin embargo, si los mecanismos o procedimientos de reclamos están bien
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diseñados, es probable que generen importantes beneficios, no sólo para las
comunidades sino también para las mismas empresas a largo plazo.
Al ofrecer un canal de comunicación continuo y respetado con la población local sobre
temas que generan inquietudes, puede actuar como una herramienta para generar
confianza a nivel local y una comprensión compartida de las cuestiones y, así, fortalecer
el apoyo a los proyectos de las partes interesadas. Además, puede ayudar a que las
operaciones detecten inquietudes locales en una etapa inicial en lugar de dejarlas sin
resolver, con la posibilidad de que estallen más adelante en formas más perjudiciales
para la empresa (por ejemplo, protestas, conflictos, titulares negativos o litigios).
Además, al diseñar procedimientos de reclamos para que puedan incorporar de forma
clara un proceso respetado y predecible, las empresas pueden enviar la señal clara de
que responderán a los reclamos bien fundados de forma justa y sensible y no resolverán
reclamos sin tener en cuenta los fundamentos de las inquietudes.
1. PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO
• Garantizar que las comunidades no se encuentren con obstáculos al utilizar el
mecanismo
• Establecer el mecanismo desde el principio, y darle como base un procedimiento
transparente y predecible
• Encontrar formas de construir confianza en la legitimidad del mecanismo
• Crear una estructura organizativa y una disposición mental que apoyen al
mecanismo
2. DISEÑO DEL MECANISMO
2.1 Evaluación de la naturaleza, o del potencial, de las quejas y reclamos
Para operaciones ya existentes, las dimensiones básicas que hay que tomar en
cuenta incluyen:
• la frecuencia de las quejas; le credibilidad de las quejas
• si las quejas se refieren a preocupaciones graves o poco importantes
• si las quejas han sido resueltas a satisfacción de los quejosos
Cuestiones más generales que tomar en cuenta, en particular para las nuevas
operaciones:
• la escala del proyecto y sus impactos potenciales
• si la gente del lugar no tiene confianza en el sistema legal /gobierno
• a qué grado existe una falta de confianza histórica respecto a la minería /la
inversión extranjera
2.2 Desarrollo de un mecanismo “básico” de buenas prácticas. Pasos clave:
2.2.1 Diseñar el mecanismo
• Mantener un espectro amplio de posibilidades en cuanto a los asuntos a tratar
• Permitir diferentes modalidades para la presentación de quejas, y adaptar éstas a
la cultura local
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• Definir un procedimiento claro para resolver las quejas, que incluya informes
regulares para los quejosos
• Involucrar a las comunidades y/o a terceras partes respetadas cuando sea
posible, en el diseño e implementación del mecanismo
2.2.2 Hacer que el mecanismo funcione en términos prácticos
• Promover la concientización externa de la existencia del mecanismo y hacerlo de
fácil acceso
• Garantizar que el mecanismo sea objeto de respaldo y responsabilidad al interior
de la compañía
• Registrar y documentar cuidadosamente todas las quejas
• Buscar la solución de las inquietudes y de los reclamos a través del diálogo y de la
resolución conjunta de problemas con la comunidad, esto sea posible
2.3.3 Controlar el mecanismo con el transcurso del tiempo
• Evaluar internamente cómo funciona el mecanismo
• Reportar externamente los resultados del mecanismo
2.3 Profundizar la implicación de la comunicación o de las terceras partes
para reforzar la confianza. Dicha implicación puede ser incrementada en una
o más etapas del procesamiento de las quejas, lo que incluye:
• Diseño del mecanismo
• Investigación y comprobación de hechos
• Arbitraje de las quejas
• Manejo de las apelaciones
• Evaluación del mecanismo
2.4 Establecer un foro o procedimiento independiente, potencialmente
liderados por terceras partes. Existen diversos modelos institucionales
posibles, entre ellos:
• Hacer participar a una tercera parte respetada como mediador
• Establecer una comisión con una diversidad de partes interesadas
• Nombrar una comisión independiente de expertos
2.5 Apoyar los procedimientos a nivel de grupo. Pasos potenciales:
• Establecer un requerimiento básico para instalar mecanismos de queja
• Construir sistemas internos de reporte a partir de los datos y detalles sobre quejas
• Emprender una supervisión de los mecanismos a nivel operativo, como parte de la
gobernanza a nivel de grupo
• Establecer “líneas directas” telefónicas a nivel de grupo para permitir el reporte
anónimo de las quejas
• Filtrar y difundir externamente los datos sobre quejas a nivel de grupo
Documentos web disponibles
Derechos Humanos en la Industria Minera y Metales: Manejo y resolución de inquietudes
y conflictos a nivel local
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49. Planificación del Cierre Integrado de Minas: Equipo de
Herramientas
Este documento presenta un Equipo de Herramientas para la Planificación del Cierre
Integrado de Minas en el sector de minería y metales. La intención es que el equipo de
herramientas sea usado para promover un enfoque más disciplinado sobre la
planificación del cierre integrado y para aumentar la uniformidad de las buenas prácticas
en todo el sector. Los conceptos son aplicables por igual tanto en empresas grandes
como pequeñas. Este documento proporciona un conjunto de herramientas que pueden
ser utilizadas para tomar decisiones razonables a la hora de planificar el cierre de una
mina. Se utiliza un proceso basado en riesgos y oportunidades para guiar al profesional a
través del proceso reiterativo de preparación de un cierre planificado.
La primera sección, dirigida al personal de la casa matriz y de administración de la mina
como audiencia primaria, describe a los participantes de una planificación efectiva del
cierre. Las segunda y tercera secciones proporcionan los marcos para un plan conceptual
y un plan detallado del cierre. Las audiencias clave en estas dos secciones son el personal
de la casa matriz y de administración de la mina, los modelistas financieros y tasadores,
los gobiernos, las instituciones académicas y las organizaciones no gubernamentales. La
cuarta sección aborda la planificación del desmantelamiento y de la etapa de post cierre.
La quinta sección reúne las conclusiones y resume varias cuestiones no resueltas.
Estas cinco secciones expositivas son seguidas por la sexta sección en donde se
describen brevemente 13 herramientas, algunas de las cuales ya están disponibles en
publicaciones anteriores del ICMM, en las prácticas de sus miembros y en otras
publicaciones relacionadas con el sector. Otras han sido desarrolladas para cubrir
carencias ya identificadas. Estas herramientas proporcionan al profesional procedimientos
de trabajo, ejemplos y contextos prácticos dentro de los cuales aplicar la disciplina de
planificación del cierre:
• Herramienta 1: Compromiso de los grupos de interés.
• Herramienta 2: Desarrollo comunitario.
• Herramienta 3: Interacciones empresa/comunidad para apoyar la planificación del cierre
integrado.
• Herramienta 4: Evaluación y manejo de riesgos y oportunidades.
• Herramienta 5: Definición de la plataforma de conocimiento.
• Herramienta 6: Títulos habituales para la información contextual en un plan conceptual del
cierre.
• Herramienta 7: Determinación de objetivos.
• Herramienta 8: Tabla de ayuda de lluvia de ideas para la determinación de objetivos sociales.
• Herramienta 9: Tabla de ayuda de lluvia de ideas para la determinación de objetivos
ambientales.
• Herramienta 10: Evaluación de riesgos de costos del cierre.
Documentos web disponibles
Planificación del Cierre Integrado de Minas
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50. La eliminación de accidentes mortales – ICMM 2010
Este documento suministra una orientación para los directores principales en su esfuerzo
indeclinable por prevenir accidentes mortales; tanto a través de sus acciones personales
como de los procesos y actividades cuya implementación deben asegurar.
El jefe o director principal es el responsable en última instancia de proporcionar el
liderazgo, los sistemas y los procesos para la prevención de accidentes mortales. Las
acciones de los directores principales son fundamentales para la eliminación de los
accidentes mortales. Un liderazgo fuerte y coherente que demuestre - todos los días - un
compromiso permanente con la producción segura y libre de accidentes mortales nos
llevará a lograr cero accidentes mortales.
Las investigaciones de incidentes fatales en distintas partes del mundo han demostrado
que para lograr una producción segura y libre de accidentes mortales son esenciales los
siguientes elementos:
• Mantener un sentido de vulnerabilidad - la complacencia basada en éxitos del pasado
nos hace ciegos ante las señales de alerta.
• Asegurar el mejoramiento continuo del ambiente, los equipos, estrategias y sistemas.
• Aplicar la jerarquía de los controles - eliminar el riesgo y reducir la probabilidad de
error humano.
• Incrementar la atención sobre los eventos fatales cercanos de alto potencial.
• Reconocer la dimensión personal; los accidentes fatales no son simples estadísticas.
• Mantener la disciplina operativa - combatir el pasaje gradual hacia comportamientos
inseguros.
• Mantener el alerta ante los posibles riesgos crecientes e inesperados en medio de
condiciones anormales de operación.
• Cultivar la cultura y el liderazgo a través de la evaluación objetiva y, cuando sea
necesario, los planes de mejoramiento.
• Proporcionar un liderazgo valiente en la conducción del cambio y hacer que cada
individuo en la empresa se sienta responsable por la producción segura y libre de
accidentes mortales.
Documentos web disponibles
La eliminación de accidentes mortales
http://www.icmm.com/page/12934/leadership-matters-the-elimination-of-fatalities-
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51. Buenas prácticas de preparación y respuesta ante
emergencias – ICMM 2005
Las terribles consecuencias de un desastre permanecen en la memoria de la población
por mucho tiempo. Si tomamos en cuenta el tamaño y la escala de la industria minera y
de muchas de sus operaciones, veremos que se ha producido un número reducido de
incidentes significativos en comparación con la magnitud de la industria; sin embargo, la
mayoría de las personas magnifica los incidentes.
Asimismo, no existe sustento para sugerir que la industria minero-metalúrgica ha sido la
única industria donde se han producido desastres durante los últimos años. Tampoco
sería justo sugerir que no se han producido avances en la prevención, preparación y
manejo de desastres. Durante toda la década de los 90, la industria minero-metalúrgica,
al igual que muchas otras, se adelantó en prever los efectos de los incidentes más
significativos.
El programa APELL para Minería es simplemente un paso más en esa dirección. En mayo
del año 2000, el Consejo Internacional sobre Metales y Medio Ambiente (ICME), que fue
el predecesor del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), se unió al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para dar inicio al
proceso de desarrollo de los lineamientos necesarios para mejorar la preparación para las
emergencias en la industria minera. Una de las mayores inquietudes del ICME y del
PNUMA fue la forma como esta preparación se relaciona e involucra con las partes
potencialmente afectadas que viven cerca de las operaciones mineras. Como resultado
del trabajo realizado por estas dos entidades, surgió el programa APELL para Minería,
que incluye 10 pasos para desarrollar con éxito planes de emergencia. El programa
APELL para Minería fue desarrollado sobre la base de un programa APELL que ya había
sido aplicado con éxito en otros países.
En el caso de las comunidades adyacentes a las operaciones mineras, se esperaba que el
programa APELL las ayudara a entender mejor las operaciones, los peligros que éstas
representan y los riesgos que generan. La experiencia ha demostrado que las
comunidades locales generalmente están mal informadas sobre los riesgos de las
operaciones y no están preparadas para las emergencias.
Documentos web disponibles
Buenas prácticas de preparación y respuesta ante emergencias
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52. Principios y Guías para una Exploración Responsable
e3Plus – PDAC 2010
La Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) representa los
intereses de la exploración minera canadiense y el desarrollo de la industria. La
asociación fue establecida en 1932 en respuesta a una propuesta de regulación del
gobierno que amenazaba la subsistencia de los buscadores de Ontario. Una breve historia
de la asociación se encuentra disponible aquí. Hoy, 80 años después de su fundación, la
asociación es una organización nacional con 9.000 miembros individuales.
El trabajo de la asociación se rige por la siguiente misión:
La PDAC existe para proteger y promover los intereses del sector minero canadiense de
exploración y para garantizar una robusta industria de la minería en Canadá. La PDAC
animará a los más altos estándares de técnicos, ambientales, de seguridad y las prácticas
sociales en Canadá a nivel internacional. Las actividades de la asociación y los servicios
que presta por lo general caen en tres categorías: promoción, información y redes. La
asociación es más conocido por su convención anual, feria comercial, y el intercambio de
los inversores. Durante el evento realizado en marzo 2012 atrajo a 30,369 participantes
de 125 países. El trabajo de la asociación se lleva a cabo por una junta de 48 miembros
de los consejeros, diecinueve comités activos, y un personal permanente figuran en esta
lista.
En 2007, el consejo de administración aprobó un plan estratégico de cinco años para la
asociación. Este plan identificó cuatro áreas prioritarias en las que la asociación se
centran gran parte de sus recursos y esfuerzos: el acceso a la tierra, la
responsabilidad social corporativa, recursos humanos para el sector de la
exploración de minerales, y el papel internacional de la PDAC.
E3 Plus – Principios y Guías
e3 Plus: Exploración Mineral Responsable es una guía desarrollada por el Prospectors and
Developers Association of Canada (PDAC)1 para asistir a las empresas de exploración en
la continua optimización del desempeño en sus actividades sociales, medio ambientales,
y de salud y seguridad; para integrar comprensivamente estos tres aspectos en todos sus
programas de exploración alrededor del mundo.
e3 Plus provee los medios necesarios para que las empresas e individuos dedicados a
actividades de exploración minera reduzcan riesgos sociales y medioambientales en sus
proyectos; para beneficiar a las comunidades locales y lograr que las empresas miembros
de PDAC puedan convertirse en líderes mundiales en el desempeño de Responsabilidad
Social Corporativa (RSE). e3 Plus intenta captar la audiencia del sector de exploración,
comunidades locales, organizaciones gubernamentales, organizaciones no-
gubernamentales, sociedad civil, sector académico o cualquier parte interesada.
La primera fase de e3 Plus incluye Principios, Guías y tres Manuales. Los ocho Principios
son de interés común para todas las situaciones, y los exploradores deben aspirar a
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cumplirlos. Las Guías tienen por objeto asistir a los practicantes en la conversión de los
Principios en acción. Esencialmente, los Principios y Guías están diseñados para
responder las preguntas “qué se espera de nosotros?” y “porqué?”.
Los tres Manuales contenidos dentro de e3 Plus cubren las áreas de responsabilidad
social, gestión medio ambiental, y salud y seguridad; y responden a la pregunta
“cómo lo hacemos?”. Ofrecen extensas explicaciones y guías prácticas para los
numerosos tópicos dentro de cada una de estas áreas, junto con recomendaciones
específicas para su implementación y ejemplos prácticos para su ejecución. Se
encuentran disponibles de manera gratuita en la siguiente página web:
www.pdac.ca/e3plus. La segunda fase de e3 Plus, concluida en el 2010 generó objetivos
de desempeño, criterio para reportes, y procesos de verificación.
PRINCIPIOS PARA UNA EXPLORACIÓN RESPONSABLE13:
1. Adoptar prácticas de gestión corporativa y gerenciamiento responsables
Objetivo: Sentar las bases de las operaciones exploratorias, sobre sistemas
administrativos sólidos14, excelencia profesional, aplicación de buenas prácticas,
interacción constructiva con actores, y principios de desarrollo sustentable15.
2. Aplicar prácticas empresariales éticas
Objetivo: Contar con procedimientos administrativos que promuevan honestidad,
integridad, transparencia y responsabilidad.
3. Respetar los derechos humanos
Objetivo: Promover los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, incorporándolos a las políticas y procedimientos de operaciones para
exploración.
4. Asegurar una debida diligencia y evaluación de riesgos en el proyecto
Objetivo: Conducir una evaluación de riesgos, oportunidades y retos para exploración, y
preparar estrategias y planes operativos para tener conocimiento sobre el tema, previo a
la entrada al campo.
5. Establecer un inter-relacionamiento con comunidades anfitrionas y otros
grupos o actores afectados o interesados
Objetivo: Interactuar con comunidades, indígenas, organizaciones, grupos y personas, en
base a respeto, inclusión y participación significativa.
6. Contribuir al desarrollo y bienestar comunitario
Objetivo: Contar con medidas que fomenten el avance social y económico, y el desarrollo
de capacidades de las comunidades, cuyas vidas son afectadas por la exploración,
respetando al mismo tiempo su propia visión sobre desarrollo.
7. Proteger el medio ambiente
Objetivo: Conducir actividades exploratorias ocasionando la mínima perturbación posible
al medio ambiente y a las personas.
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8. Salvaguardar la salud y seguridad de trabajadores y población local.
Objetivos: Ser proactivos en la implementación de buenas prácticas para el manejo de
temas de salud y seguridad en todas las actividades exploratorias, y buscar un
mejoramiento continuo.
Documentos web disponibles
Principios y Guías para una Exploración Responsable e3Plus
http://www.pdac.ca/pdac/about/index.html
http://www.pdac.ca/e3plus/index.aspx
http://www.pdac.ca/e3plus/English/toolkits/sr/pdf/e3plus-sr-full.pdf
http://www.pdac.ca/e3plus/English/toolkits/es/index.aspx
http://www.pdac.ca/e3plus/English/toolkits/hs/index.aspx
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53. Guía de buenas prácticas para la Industria del Gas y el
Petróleo – IPIECA 1974
IPIECA es la Asociación Mundial de la Industria del Petróleo y Gas para las cuestiones
Ambientales y Sociales. IPIECA se formó en 1974 tras el lanzamiento del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). IPIECA es la única asociación mundial
que afecta tanto a la extracción de petróleo y aguas abajo y la industria del gas en las
cuestiones ambientales y sociales. Los miembros de IPIECA cubre más de la mitad de la
producción de petróleo del mundo. IPIECA es el canal principal de la industria de la
comunicación con las Naciones Unidas.
La visión de IPIECA es ayudar a la industria del petróleo y de gas mejorar su desempeño
ambiental y social. IPIECA opera globalmente y alcanza su visión mediante:
desarrollar, compartir y promover las buenas prácticas y soluciones
mejorar y comunicar el conocimiento y la comprensión de la industria
involucrar a los miembros y otros en la industria
trabajando en colaboración con las principales grupos de interés
El trabajo de IPIECA se apoya en una serie de grupos de trabajo especializados. Estos
grupos de trabajo se basan en habilidades y experiencia de sus miembros internacionales
y operan con el apoyo de una secretaría. IPIECA tiene actualmente grupos de trabajo
que aborden las siguientes áreas: biodiversidad, cambio climático, salud, preparación
para derrames de petróleo, operaciones y combustibles, informes y responsabilidad
social.
Pertenecer a IPIECA implica un compromisos en:
contribuir al desarrollo sostenible mediante el suministro de energía segura y
confiable de una manera ambiental y socialmente responsable
realizar sus operaciones y actividades de conformidad con la ley aplicable en relación
con cuestiones ambientales y sociales y las prácticas éticas de negocios
buscan mejorar su desempeño en la solución de problemas ambientales y sociales
desarrollar, compartir y promover la aplicación de buenas prácticas y soluciones con
otros en la industria
comprometerse con los grupos de interés, teniendo en cuenta sus expectativas,
inquietudes, ideas y opiniones, y el trabajo con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales
Gobierno Corporativo de IPIECA
IPIECA se rige por una Comisión General de representantes de todas las empresas
miembros. Se reúne una vez al año en la Reunión General Anual para establecer la
dirección estratégica, las políticas y el presupuesto para IPIECA.
La Mesa se apoya en un Comité Ejecutivo, que se reúne tres veces al año para definir los
rumbos y prioridades de las actividades de acuerdo a las políticas y lineamientos
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establecidos por el Comité General. Pertenecen a IPIECA las empresas de energía más
grandes del mundo como: Chevron (Presidente), Petrobras (Vicepresidente), ExxonMobil
(Vicepresidente), BG Group, BP, ConocoPhillips, ENI, Hess, Marathon, Nexen, Repsol,
Saudi Aramco, Shell, Statoil, Talisman Energy, Hunt, Oxi, y Total.
A través de los miembros de los grupos de trabajo y del liderazgo ejecutivo, IPIECA
reúne el conocimiento colectivo y experiencia de las empresas de petróleo y gas y las
asociaciones. Los grupos de trabajo se basan en las habilidades y experiencia de los
miembros internacionales y operan con el apoyo de una secretaría.
IPIECA tiene actualmente grupos de trabajo en las siguientes áreas: biodiversidad,
cambio climático, la salud, la preparación de derrames de petróleo,
operaciones y combustibles; información, responsabilidad social, y el agua.
IPIECA desarrolla, comparte y promueve las buenas prácticas y conocimientos que
ayuden al sector a mejorar su desempeño ambiental y social. Los documentos e informes
técnicos proporcionan orientación fiable sobre cómo deben asumirse las cuestiones clave
por la industria, y se han convertido en manuales de referencia de confianza dentro y
fuera de la industria. IPIECA ha publicado más de 50 guías. IPIECA ha elaborado una
guía que resume todas sus publicaciones de buenas prácticas individuales.
Documentos web disponibles
Guías de buenas prácticas aplicables a la industria del gas y el petróleo en:
biodiversidad, cambio climático, la salud, la preparación de derrames de petróleo,
operaciones y combustibles; información, responsabilidad social, y el agua.
http://www.ipieca.org/library
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/good_practice_guide_3.pdf
Los Pueblos Indígenas y la industria del petróleo y gas Contexto, cuestiones relevantes y mejores
prácticas emergentes
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/Indigenous_People_SPANISH_27_July.pdf
Gestión de los impactos en la biodiversidad - 10 consejos para alcanzar el éxito
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/poster_spanish.pdf
Preparación y Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/OSR_Summary_Spanish.pdf
Por una inversión Social exitosa y sostenible: Un guía abreviada para el sector del petróleo y gas
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/SocialInvestmentGuide_Spanish_0.pdf
Una guía para el desarrollo de planes de acción sobre biodiversidad para el sector del petróleo y
gas
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/baps_spanish_0.pdf
La industria del gas y del petróleo: Operando en entornos sensibles
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/Sensenv_sp.pdf
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54. Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo
– OGP
La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP) es un foro mundial
único en el que los miembros identifican y comparten las mejores prácticas para lograr
mejoras en todos los aspectos como salud, seguridad, medio ambiente, responsabilidad
social y operaciones.
La OGP abarca la mayor parte de empresas líderes mundiales que cotizan en bolsa,
petrolera privada y de propiedad estatal y las empresas de gas, las asociaciones
industriales y las principales empresas de servicios de exploración y producción. Los
miembros de la OGP producen más de la mitad del petróleo del mundo y
aproximadamente un tercio del gas.
La Asociación se formó en 1974 para desarrollar una comunicación efectiva entre la
industria proveedora y una red cada vez más compleja de organismos reguladores
internacionales. Originalmente llamado el Foro de E & P, en 1999 fue adoptado el
nombre de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP).
Mejorar el desempeño de la industria y el intercambio de conocimientos
La columna vertebral de la OGP es una red dinámica de comités, subcomités y grupos de
trabajo. En la actualidad hay 56 grupos encabezados por el Comité de Gestión.
Amplia membresía internacional de la Asociación trae consigo una gran cantidad de
conocimientos técnicos, datos y experiencia. Los Comités de la OGP y grupos de trabajo
gestionan el intercambio y difusión de este conocimiento a través de publicaciones y
eventos de todo el mundo.
Una parte esencial de la misión de OGP es representar los intereses de la industria aguas
arriba ante los reguladores internacionales y legisladores. Desde su sede en Londres, la
OGP representa a la industria en estos organismos de la ONU, así como la Organización
Marítima Internacional (OMI) y la Comisión para el Desarrollo Sostenible. La OGP también
trabaja con el Banco Mundial y con la Organización Internacional de Normalización
(http://www.iso.org/iso/home.html - ISO). También está acreditado a una serie de
organismos regionales que incluyen OSPAR, la Comisión de Helsinki y el Convenio de
Barcelona.
Desde una oficina en Bruselas, la OGP proporciona un conducto esencial para la
promoción y el debate entre la industria proveedora y la Unión Europea (UE). Se trata de
un contacto regular con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Además, la OGP
promueve cuestiones de responsabilidad corporativa dentro de la industria y entre los
grupos de interés. La transparencia de los ingresos y la lucha contra la corrupción son las
áreas actuales de interés.
¿Cómo funciona OGP?
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El trabajo de la OGP es realizado principalmente por el personal de las organizaciones
miembros con el apoyo de la secretaría.
El Comité de Dirección es responsable de la estrategia general de la Asociación y la
dirección. Se compone de 9 miembros (incluyendo al Presidente y Vicepresidentes), de
los cuales uno es el representante de miembro asociado. El Comité de Gestión es elegido
cada dos años. En la actualidad, los representantes son BP plc, la Corporación Chevron,
ConocoPhillips, ExxonMobil, PetróleoBrasileiro SA, Shell Internacional Exploración y
Producción BV, Statoil, Total y Schlumberger (el representante de los miembros
asociados).
Asimismo, el trabajo de la OGP va más allá de los temas de actualidad. A través de su
diversa red de comités, subcomités y grupos de trabajo, el trabajo incluye:
• Medioambiente en el ártico
• Biodiversidad
• Indicadores de desempeño
• Medio ambiente, impacto social y evaluación de la salud
• La gestión de salud
• Seguridad de izado y elevación
• Factores Humanos
• Las operaciones de buceo
• Seguridad de Transporte Terrestre
• Seguridad Aérea
• Geomática
Las normas internacionales
La industria de petróleo y gas utiliza los estándares internacionales para mejorar la
integridad técnica, mejorar la seguridad, y reducir el impacto ambiental de las
operaciones en todo el mundo. El trabajo del Comité de Normas de OGP en la promoción
del desarrollo y utilización de normas internacionales es crucial. Más que nunca los
operadores, contratistas y empresas de perforación por igual son conscientes de la
necesidad del uso de normas que garanticen una mayor coherencia y prácticas seguras
en el mundo seguro.
La existencia y aplicación de estas normas es igualmente importante para los reguladores
nacionales que tienen un papel importante que desempeñar en el proceso de elaboración
de normas. Por ejemplo, esto podría incluir la selección de temas para la estandarización,
el desarrollo de nuevas normas y la aplicación de las normas completas, como parte del
panorama de regulación.
Trabajando juntos para mejorar el nivel
El Foro Internacional de Reguladores (http://www.irfoffshoresafety.com/about/ - IRF) es
el principal foro internacional de reglamentación de seguridad en alta mar. Esta red
abarca reguladores de la seguridad en alta mar altamente experimentados de los EE.UU.,
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Canadá, Reino Unido, Noruega, los Países Bajos, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, México
y Dinamarca.
La Fundación ha tenido recientemente una mayor participación en el proceso de
promoción y elaboración de normas. A raíz de la Conferencia de la IRF en Stavanger en
2011, los miembros dieron su apoyo a la Organización Internacional de Normalización
(ISO), sistema de normas - y la Comisión Internacional de Electrotécnica
(http://www.iec.ch/ - IEC) para problemas eléctricos - como las mejores maneras de
lograr a nivel mundial las normas acordadas. Al mismo tiempo, la IRF reconoció el papel
crucial que las normas nacionales y regionales continúan desempeñando hasta que sus
equivalentes de ISO o IEC estén disponibles.
Documentos web disponibles
Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP)
http://www.ogp.org.uk/
Valor de los Estándares
http://www.ogp.org.uk/pubs/440.pdf
Posición sobre el desarrollo y uso de estándares internacionales
http://www.ogp.org.uk/pubs/381.pdf
Los estándares globales usados localmente en todo el mundo
http://www.ogp.org.uk/pubs/4210.pdf
Uso de estándares de los Reguladores
http://www.ogp.org.uk/pubs/426.pdf
Boletín de Estándares
http://www.ogp.org.uk/pubs/4012.pdf
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55. Esquema de certificación “Proceso Kimberly” – 2003
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones en contra de los
movimientos rebeldes de Sierra Leona y de Angola y en contra del gobierno liberiano por
su apoyo a los rebeldes en Sierra Leona. Las sanciones prevén particularmente la
prohibición de importar diamantes en bruto procedentes de Liberia y, cuando éstos no
estén acompañados por un certificado de origen librado por los gobiernos respectivos, de
Angola y de Sierra Leona.
Las sanciones no consiguieron detener el flujo de diamantes de la guerra en el comercio
legal ni poner fin a los conflictos. Los diamantes de la guerra continúan encontrando
salida y penetrando en el comercio legal. Conviene por lo tanto completar las sanciones
con el fin de reducir el papel jugado por estos diamantes en los conflictos.
Por iniciativa, en particular, de países productores africanos, los países productores así
como los países importadores y exportadores, la industria y la sociedad civil se
encontraron en el marco del « proceso Kimberley » con el fin de crear un sistema de
certificación para el comercio internacional de los diamantes en bruto.
El objetivo de este sistema es procurar que los diamantes de la guerra no puedan servir
para financiar los conflictos armados y desacreditar el mercado legal de los diamantes en
bruto, que es un pilar económico importante, particularmente para ciertos países en vías
de desarrollo de África. Este sistema de certificación constituirá un arma de primer orden
para poner fin a estos conflictos y aportará una contribución a la puesta en marcha del
programa de la UE sobre la prevención de los conflictos.
El sistema de certificación del proceso Kimberley ha sido adoptado por la Comisión
Europea en el año 2003 y entró en vigor el mismo año.
¿Quién está involucrado?
El Proceso de Kimberley (PK) está abierto a todos los países que están dispuestos y son
capaces de aplicar sus disposiciones. A partir de enero de 2012, el PK cuenta con 50
participantes, representantes de 76 países, con la Unión Europea y sus Estados miembros
cuentan como un solo participante. Los miembros del PK representan aproximadamente
el 99,8% de la producción mundial de diamantes en bruto. Además, el Consejo Mundial
del Diamante, en representación de la industria internacional del diamante, y las
organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación África-Canadá, participan en el PK
y han jugado un papel importante desde su comienzo.
¿Cómo funciona el Proceso de Kimberley?
El Proceso de Kimberley (PK) impone requisitos amplios a sus miembros para que puedan
certificar los envíos de diamantes en bruto como "libre de conflictos" y evitar que los
diamantes conflictivos entren en el comercio legítimo. Bajo los términos del sistema de
certificación, los estados participantes deben cumplir con los requisitos mínimos y deben
poner en vigor leyes e instituciones nacionales, controles de exportación, importación e
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insumos internos, y también se comprometen a la transparencia y el intercambio de
datos estadísticos. Los participantes pueden comerciar legalmente sólo con otros
participantes que también han cumplido con los requisitos mínimos del sistema, y los
envíos internacionales de diamantes en bruto deben estar acompañados por un
certificado de garantía de PK que son libres de conflicto.
El Proceso de Kimberley está presidido, en forma rotativa, por los países participantes.
Hasta ahora, Sudáfrica, Canadá, Rusia, Botswana, la Unión Europea, India, Namibia,
Israel, y la República Democrática del Congo han presidido el PK, y los Estados Unidos de
América es el Presidente en 2012. Los países participantes del PK y observadores de la
industria y la sociedad civil se reúnen dos veces al año en las reuniones entre períodos de
sesiones y plenarias, así como en grupos de trabajo y comités que se reúnen de forma
regular. La aplicación se controla a través de las visitas de revisión y los informes
anuales, así como por el intercambio y el análisis regular de datos estadísticos.
Documentos web disponibles
El Proceso Kimberly
http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.kimberleyprocess.com/web/kimberley-process/administrative-decisions
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56. Guía de debida diligencia para Cadena de Suministro de
Minería Responsable en zonas de conflictos y áreas de alto
riesgo – OECD 2010
La Guía se ha desarrollado a través de un proceso de múltiples partes interesadas con un
profundo compromiso por parte de la OCDE y once países de la Conferencia Internacional
sobre la Región de los Grandes Lagos (Angola, Burundi, República Centroafricana,
República del Congo, República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda , Sudán,
Tanzania, Uganda y Zambia), la industria, la sociedad civil, así como las Naciones Unidas.
Tres procesos de consulta de múltiples partes interesadas se levaron a cabo: dos en París
(en diciembre de 2009 y abril de 2010) y una en Nairobi (en septiembre de 2010)
debidamente articulada con la OCDE donde Brasil, Malasia y Sudáfrica también estuvieron
representadas. Como resultado de ello, la Guía está orientada a la práctica, con énfasis
en el trabajo colaborativo y constructivo para resolver problemas complejos.
Las Naciones Unidas, mediante la resolución 1952 (2010) dieron su apoyo para avanzar
las recomendaciones sobre la debida diligencia que figuran en el informe final del Grupo
de las Naciones Unidas de Expertos sobre la República Democrática del Congo, que
apoya y se basa en la orientación de la OCDE Diligencia Debida.
Adicionalmente, la Guía ha sido aprobada por el Comité de Inversiones de la OCDE y el
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, y ha sido respaldada por los once
estados miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos
(ICGLR) en la Declaración de Lusaka, aprobada el 15 de diciembre de 2010. Una
Recomendación de la OCDE sobre la debida diligencia fue adoptada por el Consejo a nivel
ministerial el 25 de mayo de 2011. Aunque no es jurídicamente vinculante, la
recomendación refleja la posición común y el compromiso político de los miembros de la
OCDE y sus no miembros que se adhieren a la Declaración de la OCDE sobre Inversión
Internacional y Empresas Multinacionales.
¿Qué es la debida diligencia en la cadena de suministro de minerales y por
qué es necesario?
La debida diligencia es un proceso continuo, proactivo y reactivo a través del cual las
empresas pueden garantizar que se respeten los derechos humanos y no contribuyen a
los conflictos. La debida diligencia también puede ayudar a las empresas asegurarse de
que respetarán el derecho internacional y cumplir con las leyes nacionales, incluidas las
que regulan el comercio ilícito de minerales y de las sanciones de las Naciones Unidas.
La debida diligencia basada en el riesgo se refiere a los pasos que las compañías deben
tomar para identificar y abordar los riesgos reales o potenciales con el fin de prevenir o
mitigar los efectos adversos asociados con sus actividades o decisiones de
abastecimiento.
A los efectos de esta Guía, los riesgos se definen en relación a los impactos
potencialmente adversos de las operaciones de una empresa, que resultan de las
actividades propias de una empresa o de sus relaciones con terceros, incluyendo
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proveedores y otras entidades en la cadena de suministro. Los efectos adversos pueden
incluir daños a las personas (es decir, los impactos externos), o daño a la reputación o
responsabilidad legal de la empresa (es decir, impactos internos), o ambas cosas.
Una empresa evalúa el riesgo mediante la identificación de las circunstancias de sus
actividades y relaciones y la evaluación de esos hechos respecto de las normas
pertinentes previstas en la legislación nacional e internacional, recomendaciones sobre la
conducta empresarial responsable por las organizaciones internacionales, herramientas
respaldadas por el gobierno, las iniciativas voluntarias del sector privado y de los propios
procesos, políticas y sistemas internos de una empresa. Este enfoque también ayuda a
ampliar el ejercicio de la debida diligencia para el tamaño de las actividades de la
empresa o proporcionar relaciones de la cadena de suministro.
En la práctica, la debida diligencia se estructura en torno a los pasos que las empresas
deberían tomar para:
● Identificar las circunstancias de hecho involucradas en la extracción, transporte,
manipulación, comercialización, transformación, fundición, refinación y aleación,
fabricación o venta de los productos que contienen los minerales procedentes de zonas
afectadas por el conflicto y de alto riesgo;
● Identificar y evaluar los riesgos reales o potenciales, mediante la evaluación de las
circunstancias de hecho que van en contra de las normas establecidas en la política de la
empresa sobre su cadena de suministro;
● Prevenir o mitigar los riesgos identificados mediante la adopción e implementación de
un plan de gestión de riesgos. Esto puede dar lugar a una decisión de continuar con el
comercio a lo largo de los esfuerzos de mitigación de riesgo, suspender temporalmente el
comercio mientras persigue la mitigación de riesgos en curso, o desconectar con un
proveedor o bien después de varios intentos fallidos de mitigación o donde la empresa
considere la mitigación no es factible o los riesgos son inaceptables.
Documentos web disponibles
Guía de debida diligencia para Cadena de Suministro de Minería Responsable en zonas de
conflictos y áreas de alto riesgo
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34889_44307940_1_1_1_1,00.html
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57. Principios de Ecuador – 2006
Los Principios del Ecuador conforman un compromiso voluntario, cuyo marco está basado
en los estándares medioambientales y sociales de inversión en mercados emergentes
utilizados por la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés),
agencia del Banco Mundial para el fomento de las inversiones sostenibles del sector
privado en los países en desarrollo. Los Principios de Ecuador son un estándar del sector
financiero para determinar, evaluar y administrar el riesgo socio ambiental en la
financiación de proyectos.
Las entidades financieras que adoptan estos principios se comprometen a evaluar y
tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que
financian en países en desarrollo, y, por lo tanto, a conceder créditos sólo para aquellos
proyectos que puedan acreditar la adecuada gestión de sus impactos sociales y
medioambientales, como la protección de la biodiversidad, el empleo de recursos
renovables y la gestión de residuos, la protección de la salud humana, y los
desplazamientos de población.
Veintiséis instituciones financieras han ya hecho suyos los "Principios de Ecuador", una
serie de directrices que se adoptan de manera voluntaria en función de las políticas de la
Corporación Financiera de Desarrollo del Banco Mundial (CFI) para asegurar que los
temas sociales y ambientales reciban plena atención en el negocio de financiamiento de
los proyectos de dicha institución. Según estos principios, sólo se otorga financiamiento a
los proyectos cuyos patrocinadores puedan demostrar que se gestionarán con
responsabilidad social y ambiental y de acuerdo con los Principios de Ecuador.
De 10 bancos que hace un año habían adoptado los principios, se ha llegado ya a 26,
ímpetu que demuestra que estos principios se han convertido en el nuevo estándar en
materia de financiamiento de proyectos. De hecho, para tener éxito en la tramitación del
financiamiento de un proyecto, hoy día es casi esencial cumplir con los Principios de
Ecuador .
La CFI ofrece capacitación a los bancos que adhieren a los Principios de Ecuador respecto
de sus políticas y procedimiento, de modo que ya ha capacitado directamente a casi 400
personas de 13 bancos a través de este programa. La CFI también ofrece guiar a los
bancos sobre asuntos generales cuando así se lo requieren y asesorarlos cuando
corresponda.
Estos Principios de Ecuador reflejan la medida en que la industria bancaria ha dejado de
concebir los temas ambientales y sociales como un riesgo de negocio. Los bancos que
son competidores han acordado no competir en material social y ambiental. La CFI está
actualizando sus Políticas de Salvaguarda. Los bancos que adhieren a los Principios de
Ecuador y que utilizan estas políticas son partes interesadas de gran importancia y la CFI
consultará su parecer durante su período formal de consulta para definir las Políticas de
Salvaguarda.
Antecedentes generales
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El 4 de junio de 2003, diez bancos líderes de siete países anunciaron la adopción de los
"Principios de Ecuador ", una serie de directrices elaboradas y asumidas de manera
voluntaria por los bancos para la gestión de temas sociales y ambientales en relación con
el financiamiento de proyectos de desarrollo. Los bancos aplican los principios de manera
global al financiamiento de proyectos en todos los sectores industriales, incluidos la
minería, el petróleo y el gas y la explotación forestal.
A la fecha, los principios han sido adoptados por 26 instituciones financieras (incluidos
una institución que otorga créditos de exportación y tres bancos de países en desarrollo):
ABN Amro, Banco Itau, Banco Itau BBA, Bank of America, Barclays, BBVA, Calyon, CIBC,
Citigroup, Credit Suisse Grp, Dexia, Dresdner Bank, Export Kredit Fonden (CEA de
Dinamarca), HSBC, HVB Group, ING, KBC, Mediocredito Centrale, Mizuho Corporate Bank,
Rabobank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, Unibanco,
WestLB y Westpac.
Los Principios de Ecuador se fundan en las políticas y directrices de la CFI, la rama del
Banco Mundial dedicada a la inversión del sector privado. Para la elaboración de los
principios, los bancos recibieron una amplia orientación y asesoría de esta institución.
Según Dealogic, se estima que, en su conjunto, los Bancos del convenio representan
aproximadamente 75% del mercado global de préstamos sindicados para proyectos
concedidos durante 2010.
Para implementar los Principios de Ecuador , los bancos han establecido o establecerán
políticas y procesos internos consecuentes con los principios. Para adoptarlos, un banco
debe comprometerse a otorgar préstamos sólo a aquellos proyectos cuyos patrocinadores
puedan demostrar, a satisfacción del banco, su capacidad y disposición de cumplir con la
totalidad de los procesos que buscan asegurar que los proyectos se desarrollen con
responsabilidad social y de acuerdo con prácticas de gestión ambientalmente acertadas.
Los bancos aplican los Principios de Ecuador a todos los préstamos destinados a
proyectos con un costo de capital de US$ 10 millones o superior. El financiamiento de
proyectos, un método de financiamiento importante en el desarrollo del sector privado,
se refiere al financiamiento de proyectos en los que el reembolso del préstamo depende
de los ingresos que genere el proyecto una vez establecido y en funcionamiento.
En el marco de los Principios de Ecuador, los prestatarios se seleccionan sobre la base del
proceso de selección ambiental y social de la CFI. Los bancos clasifican los proyectos
como A, B o C (riesgo social o ambiental alto, mediano y bajo) con la ayuda de una
terminología común. Para los proyectos A y B (riesgo social o ambiental alto y mediano),
los prestatarios deben realizar una evaluación ambiental que aborde los temas
ambientales y sociales identificados durante el proceso de clasificación. Luego de la
consulta pertinente con las partes interesadas afectadas por el proyecto a nivel local, los
proyectos de la categoría A y B, de ser necesario, deben preparar Planes de Gestión
Ambiental que encaren la mitigación y monitoreo de los riesgos ambientales y sociales.
Al aplicar los Principios del Ecuador a un proyecto individual, el punto de partida para un
banco es evaluar el nivel de riesgo ambiental y social existente en el proyecto y asignarle
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una categoría de "A", "B" o "C" (alto, medio o bajo riesgo ambiental o social), en forma
similar al proceso de evaluación realizado actualmente por la CFI.
Los proyectos "Categoría A" son aquellos que implican uno de los cuatro puntos a
seguir:
o impactos significativos sobre la población (por ejemplo, contacto con pueblos
indígenas, reasentamiento involuntario, desplazamiento de actividad económica o
pérdida de medios de subsistencia sin consulta o compensación),
o pérdida o degradación significativa de hábitat naturales (una zona de tierra o agua u
otro ecosistema que, con anterioridad al proyecto, no habría sido materialmente
modificada por la actividad humana),
o impactos adversos sobre sitios de patrimonio cultural, o
o impactos sustanciales diversos (cuando varios impactos significativos concomitantes
justifican el tratamiento de “A").
Los proyectos de "Categoría B" incluirán actividades en hábitat naturales en donde el
impacto del proyecto se circunscriba al lugar, pueda ser mitigado y no precipite los
problemas asociados con la "Categoría A". Por lo general, los proyectos dentro de áreas
industrializadas caen en la "Categoría B".
Los proyectos de "Categoría C" serán en general transacciones financieras como el
aseguramiento de préstamos de proyectos. Las refinanciaciones de proyectos existentes
que no requieran expansión o construcción, o de proyectos de construcción muy limitada,
son los más plausibles para esta categoría.
El prestatario debe demostrarle al banco que el proyecto cumple con las leyes del país
receptor y con Las directrices de mitigación y prevención de la contaminación del Banco
Mundial y la CFI para el sector industrial pertinente. Para proyectos en los mercados
emergentes, el prestatario también debe demostrar que la evaluación ambiental ha
considerado las Políticas de Salvaguarda de la CFI, las cuales entregan una guía en temas
como hábitats naturales, pueblos indígenas, reasentamiento voluntario, seguridad de
represas, explotación forestal y propiedad cultural.
Los Principios de Ecuador son:
Principio 1: Revisión y Categorización
El proyecto a ser financiado deberá ser categorizado en función de la magnitud de los
potenciales impactos sociales y ambientales definidos por la Compañía Financiera
Internacional (IFC).
Principio 2: Evaluación Social y Ambiental
Se evaluarán los aspectos sociales y ambientales del proyecto y, donde corresponda, se
propondrán planes de gestión o mitigación para los impactos identificados.
Principio 3: Estándares sociales y ambientales aplicables
Cada proyecto deberá cumplir los estándares definidos para cada industria.
Principio 4: Plan de acción y sistema de gestión
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El prestamista preparará un plan de acción para gestionar los hallazgos identificados en
la etapa de evaluación.
Principio 5: Difusión y consulta
El prestamista consultará a las comunidades afectadas, ubicadas en el área de influencia
del proyecto, de manera estructurada y culturalmente apropiada.
Principio 6: Mecanismos de queja
Para asegurar que la difusión, consulta y relación con la comunidad continuará a lo largo
de la construcción y operación, el prestamista establecerá mecanismos de queja, como
parte de su sistema de gestión, para recibir y resolver inquietudes relacionadas con el
desempeño ambiental y social del proyecto.
Principio 7: Revisión independiente
Un experto en temas ambientales y sociales, externo y no relacionado al prestamista,
revisará la evaluación, el plan de acción y el proceso de consulta, y evaluará el
cumplimiento de los Principios de Ecuador en cada etapa.
Principio 8: Garantías
El prestamista se compromete a cumplir con la legislación vigente, cumplir con el plan de
acción definido en conjunto con la entidad financiera, reportar periódicamente y, donde
aplique, poner fuera de servicio las instalaciones.
Principio 9: Monitoreo y reporte independiente
Un experto externo asegurará que el prestamista efectúe los monitoreos y reportes
correspondientes a lo largo de la vida del préstamo.
Principio 10: Reporte de la Institución Financiera
Documentos web disponibles
Principios de Ecuador
http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/index.php/best-practice-resources
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58. Principios de Santiago – 2008
Los fondos soberanos de inversión han sido reconocidos como inversionistas
institucionales afianzados y participantes importantes del sistema monetario y financiero
internacional. Este aspecto fue resaltado por el Comité Monetario y Financiero
Internacional en octubre de 2007, oportunidad en que expresó la necesidad de
profundizar el análisis de temas clave para los inversionistas y los destinatarios de los
flujos de estos fondos soberanos de inversión, incluido un diálogo para identificar las
prácticas óptimas.
En la reunión de países con fondos soberanos de inversión, celebrada el 30 de abril y 1
de mayo de 2008 en la ciudad de Washington, se creó el Grupo Internacional de Trabajo
sobre Fondos Soberanos de Inversión (GITFSI). En la reunión, se acordó que el GITFSI
iniciara el proceso facilitado y coordinado por el FMI, y que fuera presidido en forma
conjunta por Hamad Al Hurr Al Suwaidi, Subsecretario del Ministerio de Hacienda de Abu
Dhabi, y Jaime Caruana, Director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital
del FMI.
Este grupo está formado por 26 países miembros del FMI con fondos soberanos de
inversión2. El grupo se reunió en tres ocasiones, en Washington, Singapur y Santiago
(Chile), a fin de identificar y formular una serie de principios y prácticas generalmente
aceptados (PPGA) que reflejen adecuadamente las prácticas y los objetivos de inversión.
En la tercera reunión se formularon los “Principios de Santiago”. Asimismo, se formó un
subgrupo, encabezado por David Murray, Presidente de Australian Future Fund Board of
Guardians, para llevar adelante la tarea de redacción técnica. El grupo de redacción se
reunió en tres ocasiones, en Oslo, Singapur y Santiago, para redactar las prácticas y
principios óptimos. Para llevar a cabo su labor, el GITFSI tuvo en cuenta los resultados de
una encuesta voluntaria organizada por el FMI entre los fondos soberanos de inversión3
sobre las estructuras y prácticas vigentes, y también se inspiró en los principios y
prácticas internacionales relacionados que ya han adquirido aceptación generalizada en
áreas afines.
¿Qué son los Fondos Soberanos de Inversión?
Los fondos soberanos de inversión (FSI) son fondos o estructuras de inversión para un
propósito específico, cuya propiedad corresponde al gobierno general5, 6. Creados por el
gobierno general con fines macroeconómicos, los FSI mantienen, gestionan y administran
activos con miras a alcanzar objetivos financieros, y emplean una serie de estrategias
que incluyen la inversión en activos financieros extranjeros7. Estos fondos adoptan
diversas estructuras legales, institucionales y de gobierno. Constituyen un grupo
heterogéneo, formado por fondos de estabilización fiscal, fondos de ahorro, sociedades
de inversión de reservas, fondos para el desarrollo y fondos de reservas jubilatorias con
pasivos explícitos por jubilaciones.
Los principios y prácticas generalmente aceptados se rigen por los siguientes objetivos
rectores de los fondos soberanos de inversión:
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i. Contribuir a mantener un sistema financiero mundial estable y la libre circulación del
capital y las inversiones.
ii. Cumplir con todos los requisitos normativos y de declaración de información en los
países en los que invierten.
iii. Invertir en función de criterios relacionados con la rentabilidad y el riesgo económico y
financiero.
iv. Establecer una estructura de gobierno sólida y transparente que cuente con controles
operativos adecuados, gestión del riesgo y rendición de cuentas.
Propósito de los PPGA
El propósito de los principios y prácticas generalmente aceptados (PPGA) es identificar un
marco de principios y prácticas con aceptación generalizada que reflejen correctamente
estructuras adecuadas de gobierno y rendición de cuentas además de prácticas de
inversión prudentes y sólidas por parte de los fondos soberanos. Por lo tanto, los
elementos que conforman este conjunto de PPGA se han nutrido de un análisis de las
prácticas de FSI vigentes en varios países e inspirado en prácticas y principios aplicables
a las operaciones de los FSI que ya están en uso en otros foros internacionales. La
divulgación de este conjunto de PPGA contribuirá a que los países de origen y los
receptores, así como los mercados financieros internacionales, comprendan mejor la
esencia de los fondos soberanos de inversión.
Los PPGA tienen por objetivo respaldar el marco institucional, el gobierno y las
operaciones de inversión de los fondos soberanos de inversión que se rigen por un
objetivo y propósito normativo definido, en consonancia con un marco de políticas
macroeconómicas sólidas. La publicación de los PPGA debería contribuir a mejorar la
concepción de estos fondos como entidades centradas en fines económicos y financieros
tanto en los países de origen como en los receptores. Esta concepción tiene por finalidad
contribuir a la estabilidad del sistema financiero mundial, reducir las presiones
proteccionistas y ayudar a mantener un clima de inversión estable y abierto. Los PPGA
deberían asimismo permitir que los fondos soberanos de inversión, en especial los de
reciente creación, desarrollen, revisen o fortalezcan su organización, sus políticas y sus
prácticas de inversión.
Los PPGA
PPGA 1. Principio El marco legal del FSI debe asentarse sobre bases sólidas y propiciar
una operación eficaz y la consecución de los objetivos declarados.
PPGA 1.1 Subprincipio El marco legal del FSI debe garantizar la solidez jurídica del FSI y
sus operaciones.
PPGA 1.2 Subprincipio Las características fundamentales de la base y estructura jurídica
del FSI, además de la relación legal entre el FSI y otros fondos y órganos del Estado,
debe divulgarse al público.
PPGA 2. Principio El objetivo de política del FSI debe definirse con claridad y divulgarse
al público.
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PPGA 3. Principio Cuando las actividades del FSI tienen importantes consecuencias
directas en la macroeconomía interna, estas actividades deben coordinarse
estrechamente con las autoridades fiscales y monetarias locales para garantizar que sean
compatibles con las políticas macroeconómicas generales.
PPGA 4. Principio Deben establecerse políticas, reglas, procedimientos o mecanismos
claros en relación con el enfoque general del FSI respecto a las operaciones de
financiamiento, retiro y gasto, y divulgarse al público.
PPGA 4.1 Subprincipio La fuente de financiamiento del FSI debe divulgarse al público.
PPGA 4.2 Subprincipio La política general de retiros del FSI y el gasto por cuenta del
Estado deben divulgarse al público.
PPGA 5. Principio Los datos estadísticos pertinentes en relación con el FSI deben
informarse puntualmente al propietario, o según se exija, para que se lo incluya en los
conjuntos de cifras macroeconómicas, según corresponda.
PPGA 6. Principio El FSI debe contar con un marco de gobierno sólido, con una
separación eficaz de funciones y responsabilidades que facilite la rendición de cuentas y
la independencia operativa de la gestión del fondo para la consecución de sus objetivos.
PPGA 7. Principio El propietario debe fijar los objetivos del FSI, designar a los
miembros que integrarán sus órganos de gobierno de acuerdo con procedimientos bien
definidos, y fiscalizar las operaciones del fondo soberano.
PPGA 8. Principio El(los) órgano(s) de gobierno debe(n) velar por los intereses del FSI
y tener un mandato definido, además de autoridad y competencia adecuadas para llevar
a cabo sus funciones.
PPGA 9. Principio La gerencia operativa del FSI debe ejecutar las estrategias del fondo
de manera independiente y de conformidad con responsabilidades claramente definidas.
PPGA 10. Principio El marco para rendir cuenta de las operaciones del FSI debe
definirse claramente en la legislación, cartas orgánicas, otros documentos constitutivos,
o en el contrato de gestión pertinentes.
PPGA 11. Principio Deben prepararse un informe anual y estados financieros de las
operaciones y rendimiento del FSI en los plazos establecidos y de conformidad con las
normas de contabilidad internacionales o nacionales reconocidas de manera uniforme.
PPGA 12. Principio Las operaciones y los estados financieros del FSI deben auditarse
anualmente de conformidad con las normas de auditoría nacionales o internacionales
reconocidas de una manera uniforme.
PPGA 13. Principio Deben definirse claramente normas profesionales y éticas y darse a
conocer a los miembros de los órganos de gobierno, la dirección y el personal del FSI.
PPGA 14. Principio La relación con terceros a los fines de la administración operativa
del FSI debe estar sustentada en bases económicas y financieras, y regirse por reglas y
procedimientos claros.
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PPGA 15. Principio Las operaciones y actividades del FSI en los países receptores
deben cumplir con todos los requisitos regulatorios y de información aplicables en los
países en los que operan.
PPGA 16. Principio El marco y los objetivos de gobierno, así como la forma en la que la
dirección del FSI es operativamente independiente del propietario, deben divulgarse al
público.
PPGA 17. Principio Debe divulgarse al público información financiera pertinente del FSI
para demostrar su orientación económica y financiera a fin de contribuir a la estabilidad
de los mercados financieros internacionales y aumentar la confianza en los países
receptores.
PPGA 18. Principio La política de inversión del FSI debe ser clara y congruente con los
objetivos definidos, la tolerancia al riesgo y la estrategia de inversión establecidos por el
propietario o por los órganos de gobierno, y regirse por principios prudentes de gestión
de cartera.
PPGA 18.1 Subprincipio La política de inversión debe guiar la exposición del FSI al riesgo
financiero y la posible utilización de apalancamiento.
PPGA 18.2 Subprincipio La política de inversión debe definir en qué medida se prevén
emplear gestores de inversión internos y/o externos, el alcance de sus actividades y
facultades y el proceso mediante el cual se los selecciona y se supervisa su desempeño.
PPGA 18.3 Subprincipio Debe divulgarse al público una descripción de la política de
inversión del FSI.
PPGA 19. Principio Las decisiones de inversión del fondo soberano deben estar
destinadas a maximizar las rentabilidades financieras ajustadas en función del riesgo de
una manera coherente con la política de inversión, y en función de fundamentos
económicos y financieros.
PPGA 19.1 Subprincipio Si las decisiones de inversión están sujetas a otras
consideraciones fuera de las económico-financieras, estas deben exponerse claramente
en la política de inversión y divulgarse al público.
PPGA 19.2 Subprincipio La gestión de los activos de un FSI debe ser congruente con las
prácticas generalmente aceptadas de gestión prudente de activos.
PPGA 20. Principio El FSI no debe tratar de conseguir ni sacar provecho de información
privilegiada o influencias indebidas del Estado general al competir con entidades del
sector privado.
PPGA 21. Principio Los FSI consideran que los derechos de propiedad de los
accionistas constituyen un elemento fundamental del valor de sus inversiones
patrimoniales. Si un fondo soberano decide ejercer sus derechos de propiedad, debe
hacerlo de una manera que sea congruente con su política de inversión y que proteja el
valor financiero de sus inversiones. El FSI debe divulgar al público su sistema general de
votación en relación con títulos de empresas cotizadas, incluidos los factores clave que
rigen el ejercicio de tales derechos.
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PPGA 22. Principio El FSI debe contar con un marco que identifique, evalúe y gestione
los riesgos de sus operaciones.
PPGA 22.1 Subprincipio El marco de gestión del riesgo debe incluir información confiable
y sistemas de información oportunos que permitan un seguimiento y una gestión
adecuados de los riesgos pertinentes dentro de parámetros y niveles aceptables,
mecanismos de control e incentivo, códigos de conducta, planificación de continuidad de
las operaciones, y una función de auditoría independiente.
PPGA 22.2 Subprincipio Debe divulgarse al público el enfoque general del marco de
gestión del riesgo del fondo soberano.
PPGA 23. Principio Debe medirse la rentabilidad (absoluta y relativa a índices de
referencia, si los hubiere) de los activos y la inversión del FSI e informarse al propietario
según principios o normas claramente definidos.
PPGA 24. Principio Un proceso de revisión periódica de la aplicación de los PPGA debe
ser contratado por el fondo o por cuenta y orden de este.
Documentos web disponibles
Principios de Santiago
http://www.iwg-swf.org/pubs/esl/gapplists.pdf
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Sección V: Organizaciones sectoriales diversas
sobre Desarrollo Sostenible relacionadas con
Industrias Extractivas
59. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible IIED
(MMSD 2002)
El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIED) es una de las
organizaciones internacionales de desarrollo y el medio ambiente más influyente del
mundo en materia de investigación. Fundada en 1971 por el economista Barbara Ward,
quien forjó el concepto y la causa del desarrollo sostenible, trabajando con socios en los
cinco continentes. Procura construir puentes entre la política y la práctica, las
comunidades ricas y pobres, el sector gubernamental y privado, así como entre diversos
grupos de interés. Contribuye a muchos procesos de políticas y marcos internacionales,
incluido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio y las convenciones de la ONU sobre el cambio
climático y la diversidad biológica.
El IIED lleva a cabo investigación, asesoramiento y labor de promoción. Lleva a cabo la
investigación-acción - la generación de pruebas sólidas y know-how que se base en una
perspectiva práctica adquirida a través de la investigación con los socios de base - y
publica en revistas y mantiene altos estándares de investigación. Asimismo, aconseja a
las agencias de gobierno, empresas y agencias del desarrollo a abogar por cambios en
las políticas públicas.
La Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD - 2002) fue una
investigación y consulta independiente de dos años buscando la forma en que el sector
de minería y los minerales puede contribuir a la transición global hacia el desarrollo
sostenible.
Abriendo Brecha: Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable presenta un análisis de un
sector extenso y heterogéneo a lo largo de las etapas de exploración, producción, uso,
reutilización, reciclaje y disposición final de los minerales y metales. El proyecto asumió
desde el principio que el desarrollo sustentable podía brindar un marco de referencia útil
para orientar al sector de los minerales. También se estimó que mediante la definición de
desafíos –desde todas las perspectivas y en forma equilibrada– surgirían nuevas formas
de avanzar. La investigación constituye una guía básica de los temas prioritarios que
enfrenta el sector, tal como fueron identificados por MMSD a través de las consultas a los
distintos actores, y describe algunas de las recomendaciones políticas más importantes
surgidas en el proceso de consulta y análisis.
Los productos minerales son esenciales para las sociedades y economías
contemporáneas. Muchas necesidades básicas no pueden satisfacerse sin recurrir a ellos.
Pero si la industria solamente responde a la demanda de productos minerales, está muy
lejos de satisfacer lo que la sociedad espera de ella. El proceso de producción y
utilización de los minerales podría ayudar a la sociedad a alcanzar otros objetivos, como
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generar puestos de trabajo directos e indirectos, ayudar al desarrollo de las economías
nacionales y asistir a las sociedades en el logro de metas de eficiencia, entre muchos
más. En aquellos lugares donde la industria está lejos de satisfacer estos objetivos, se
considera que no cumple con sus obligaciones y se genera un creciente rechazo hacia
ella. La industria de la minería y los minerales enfrenta algunos de los desafíos más
complejos que puede tener cualquier sector industrial y actualmente es vista con
desconfianza por muchas de las personas con las cuales trata a diario. No ha logrado
convencer a algunos de sus integrantes y actores de que tiene una ‘licencia social para
operar’ en muchos lugares del mundo, a partir de las diversas expectativas que generan
sus potenciales aportes:
• Los países esperan que el desarrollo de la minería impulse un crecimiento económico
sostenido.
• Las comunidades locales esperan que la industria genere empleos, infraestructura y
otros beneficios que contrarresten los riesgos e impactos que experimentan y, en
definitiva, quedar en una mejor situación que al inicio del proyecto.
• Los empleados de la industria esperan contar con mejores condiciones de salud y
seguridad laboral, con una mejor vida comunitaria y el ser considerados al término
de su fuente laboral.
• Los ciudadanos locales y los defensores de los derechos humanos esperan que las
empresas respeten y apoyen los derechos básicos, incluso cuando estén operando en
países donde el gobierno no coopera en estas materias.
• Las organizaciones ambientales esperan un mejor desempeño y que la industria evite
operar en zonas delicadas en términos ecológicos y culturales.
• Los inversionistas esperan mayores ingresos y han demostrado una notoria
preocupación ante los resultados financieros de la industria.
• Los consumidores esperan contar con productos seguros elaborados en procesos que
cumplan con normas ambientales y sociales aceptables.
Las empresas tienen que hacer mucho más, en algunas ocasiones con menos recursos.
Existen límites para las responsabilidades que las empresas pueden asumir ante la
sociedad: la mayoría de la gente se sentiría incómoda en un mundo en el cual las
empresas fueran las fuentes principales de educación y atención de salud, que actuaran
como los principales organismos en la protección de los derechos individuales o que
sustituyeran a los gobiernos. Otros actores, sobre todo los gobiernos, tienen roles muy
importantes que cumplir. El gobierno debe propiciar un ambiente favorable, definir las
exigencias que espera de la industria, garantizar que tales exigencias sean alcanzadas y
disponer de incentivos y sanciones importantes que estimulen su cumplimiento. Tiene
que prestar servicios más eficientes y proteger mejor los derechos de las minorías.
Para lograr el éxito será necesario mejorar la capacidad y el desempeño de todos los
componentes del sector: la industria en todas sus etapas –desde la exploración hasta el
procesamiento–, el gobierno, las organizaciones internacionales, las organizaciones no
gubernamentales (ONG), las universidades, la sociedad civil, las comunidades, los
trabajadores, las instituciones crediticias, las compañías aseguradoras y los
consumidores. Todos deberán aprender a lograr sus propios objetivos en forma tal que
hagan avanzar a la sociedad en conjunto.
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Con este trasfondo, y teniendo en mente la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable
prevista para el año 2002, nueve de las mayores empresas mineras del mundo decidieron
iniciar un proyecto con el fin de analizar de qué manera el sector de los minerales aporta
al desarrollo sustentable y cómo sería posible aumentar dicho aporte. A través del
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD), estas empresas
contrataron al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), de
Londres, para que llevara a cabo un proceso independiente de investigación y consulta
durante dos años: el Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable
(Mining,Minerals and Sustainable Development –MMSD). En definitiva, el proyecto
finalmente reunió a más de 40 patrocinadores comerciales y no comerciales. A partir de
abril del año 2000, los equipos del proyecto trabajaron para lograr cuatro grandes
objetivos:
• Evaluar el sector global de la minería y los minerales con respecto a la transición
hacia el desarrollo sustentable.
• Identificar de qué manera pueden proveerse los servicios que forman parte de la
cadena de abastecimiento de los minerales de tal modo que apoyen al desarrollo
sustentable.
• Proponer elementos clave para perfeccionar el sistema de los minerales.
• Generar plataformas de análisis y de participación para el desarrollo permanente de
las comunicaciones y de las redes de trabajo entre todos los actores del sector.
El proyecto fue supervisado por un Grupo Garante independiente, integrado por 25
reconocidas personalidades con diferentes perspectivas y provenientes de distintas
regiones del mundo, quienes participaron a título individual y no como representantes de
alguna organización. El grupo se reunió en ocho ocasiones para evaluar el avance y
asesorar en la dirección futura del proceso. La coordinación del proyecto mantuvo su
independencia durante todo el proceso. Abriendo Brecha presenta el análisis de un sector
extenso y heterogéneo en sus diversas etapas de exploración, producción, uso,
reutilización, reciclaje y desecho de minerales y metales. El proyecto asumió desde el
principio que el desarrollo sustentable podía brindar un marco de referencia útil para
orientar al sector de los minerales. También estimó que mediante la definición de
desafíos –desde todas las perspectivas y en forma equilibrada– surgirían nuevas maneras
de avanzar. La investigación constituye una guía básica con respecto a los temas
prioritarios que enfrenta el sector, tal como fueron identificados por MMSD a través de
las consultas a los distintos actores, y describe algunas de las recomendaciones políticas
más importantes surgidas en el proceso de consulta y análisis.
No había precedentes de un proceso de estas características y a esta escala en ningún
sector industrial de importancia. No ha sido una tarea fácil, si se tienen en cuenta, por
una parte, los bajos niveles de confianza en el sector y, por otra, la complejidad de los
temas considerados. Aun cuando es prematuro pretender evaluar todas las enseñanzas
que deja MMSD.
Gran parte del contenido de Abriendo Brecha está basado en las investigaciones y
consultas realizadas a través de procesos regionales en Australia, América del Norte,
América del Sur y Sur de África. Tal como en el proceso global, los informes regionales se
basan en un prolongado diálogo con actores clave en talleres, foros regionales, grupos
asesores organizados en cada región y en las investigaciones encargadas para abordar
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temas prioritarios. La información obtenida de los equipos regionales permitió obtener
una clara imagen de la contribución del sector al desarrollo sustentable y de las
principales prioridades en sus respectivas regiones. Reviste especial importancia el haber
identificado acciones específicas en cada región para orientar el futuro del sector. Los
análisis y resultados regionales se encuentran disponibles en informes independientes.
Desafíos de la Industria Minera
Viabilidad de la Industria de los Minerales. La industria de los minerales no puede
aportar al desarrollo sustentable si las empresas no pueden sobrevivir y prosperar. Para
lo anterior se necesita una fuerza laboral segura, saludable, capacitada y comprometida;
acceso al capital; una licencia social para operar; la capacidad para atraer y mantener
una administración de excelente nivel; y la posibilidad de obtener rendimiento de la
inversión.
Control, Uso y Manejo del Territorio. La minería es uno más de los distintos usos que
compiten por el territorio. Con frecuencia, no existe planificación o algún tipo de marco
regulador que permita evaluar y manejar los usos posibles. En consecuencia, surgen a
menudo problemas y desacuerdos en torno a temas tales como compensaciones,
reasentamientos, demandas de tierra por parte de pueblos indígenas y áreas protegidas.
Minerales y Desarrollo Económico. Los minerales poseen el potencial de aportar a la
disminución de la pobreza y a un mayor desarrollo económico en el plano nacional. Los
países se han dado cuenta de esto, pero con distinta suerte. Para alcanzar estos
objetivos, deben establecerse marcos de referencia adecuados para la creación y el
manejo de la riqueza mineral. Entre otros desafíos se encuentra el combate a la
corrupción y la búsqueda de un equilibrio entre los beneficios locales y nacionales.
Comunidades Locales y Minería. La minería también puede brindar beneficios en el
plano local. Sin embargo, ciertas tendencias actuales, por ejemplo, a la disminución de la
fuerza laboral y a la contratación externa de servicios, tienen efectos negativos para las
comunidades. El descontento social y la distribución desigual de los costos y beneficios
dentro de las comunidades también pueden crear tensiones sociales. Para asegurar que
las mejoras en salud y educación o la actividad económica perduren luego del cierre de
las minas es necesario un nivel de planificación que, con demasiada frecuencia, no ha
sido alcanzado.
Minería, Minerales y Medio Ambiente. Las actividades del ciclo de los minerales
generan un significativo impacto en el medio ambiente. Para manejar estos impactos con
efectividad es necesario abordar temas pendientes referidos al manejo de enormes
cantidades de desechos, la elaboración de métodos para internalizar los costos del
desagüe de ácido, el mejoramiento tanto de la evaluación de impacto como de los
sistemas de gestión ambiental y la planificación efectiva del cierre de minas.
Un Enfoque Integrado para la Utilización de los Minerales. El uso de los minerales
es esencial para la vida moderna. No obstante, los modelos actuales de uso enfrentan un
número cada vez mayor de desafíos, que van desde las inquietudes sobre eficiencia y
reducción de los desechos hasta los riesgos asociados al uso de ciertos minerales. Las
empresas que operan en las distintas etapas del ciclo de vida de los minerales pueden
beneficiarse si aprenden a trabajar juntas en la exploración de nuevas formas de reciclar,
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reutilizar y refabricar productos, así como en el desarrollo de programas integrados de
supervisión de productos y de control de la cadena de abastecimiento.
Acceso a la Información. El acceso a la información es fundamental para generar
mayores niveles de confianza y cooperación. La calidad de la información y su utilización,
producción, transmisión, acceso y credibilidad influyen en conjunto en la interacción de
todos los actores del sector. Una participación pública efectiva en la toma de decisiones,
exige que la información esté disponible para el público en formas accesibles.
Minería Artesanal y en Pequeña Escala. Varios millones de personas viven de la
minería artesanal y en pequeña escala (MAPE). En muchos casos, la MAPE representa
una importante –sino la única– fuente de ingresos. Esta parte del sector se caracteriza
por los bajos ingresos, condiciones laborales inseguras, graves impactos ambientales,
exposición a materiales nocivos, tales como los vapores de mercurio, y los conflictos con
gobiernos y grandes empresas.
Gobernanza del Sector: Roles, Responsabilidades e Instrumentos para el Cambio. El
desarrollo sustentable exige la existencia de nuevos sistemas integrados de gobernanza.
La mayoría de los países aún no cuenta con un marco regulador que les permita
transformar la inversión minera en desarrollo sustentable: es necesario elaborar estos
marcos. Los códigos y pautas voluntarios, procesos con participación de actores y otros
sistemas que promueven mejores prácticas, en áreas en las que el gobierno es incapaz
de asumir un rol eficaz como ente regulador, están abriéndose camino como recursos
para abordar estos problemas. Las instituciones crediticias y otras instituciones
financieras pueden desempeñar una función central en el impulso de las mejores
prácticas.
Documentos web disponibles
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
http://pubs.iied.org/
Abriendo Brecha. Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable 2002
http://www.iied.org/mining-minerals-sustainable-development
http://pubs.iied.org/9287IIED.html
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60. Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD)
El WBCSD es una organización dirigida por directores generales (CEO) de las empresas
con visión de futuro que impulsan a la comunidad empresarial mundial para crear un
futuro sostenible para los negocios, la sociedad y el medio ambiente.
Desde su punto de partida en 1992 hasta la actualidad, el Consejo ha creado un liderazgo
respetado en el pensamiento empresarial y la sostenibilidad. El Consejo desempeña la
función de promoción para los negocios. Aprovechando sus relaciones fuertes con los
grupos de interés, ayuda a un debate de unidad y cambio de políticas en favor de
soluciones de desarrollo sostenible.
El Consejo ofrece un foro para sus 200 empresas miembros-que representan a todos los
sectores de negocios, todos los continentes y los ingresos combinados de más de US $ 7
billones de dólares - para compartir las mejores prácticas en temas de desarrollo
sostenible y el desarrollo de herramientas innovadoras que cambian el status quo. El
Consejo también se beneficia de una red de 60 consejos empresariales nacionales y
regionales y las organizaciones asociadas, la mayoría de los cuales se basan en los países
en desarrollo.
Historia del WBCSD
El WBCSD se fundó en la víspera de la Cumbre de Río de 1992 para garantizar la voz de
las empresas en el foro. Fue creado por el empresario y filántropo suizo Stephan
Schmidheiny quien creía que las empresas tienen un papel ineludible en el desarrollo
sostenible a la vez que hace importantes contribuciones a la creación de una sociedad
sostenible.
Maurice Strong, el entonces Secretario General de la Cumbre de Río, invitó al Sr.
Schmidheiny para coordinar la participación de las empresas en la Cumbre de Río de
1992. Su éxito fue liderar un libro, Changing Course: Una perspectiva global de negocios
en el desarrollo y el medio ambiente, que recoge la experiencia de más de 50 líderes de
negocios globales para mostrar cómo la comunidad empresarial puede proteger el medio
ambiente, junto con el crecimiento económico.
Tras la cumbre, Schmidheiny y sus socios concluyeron que para mantener el impulso
que se había creado, era necesario para mantener viva la cooperación. En 1995, el
Consejo se fusionó con el Consejo de la Industria Mundial de Medio Ambiente y abrió su
secretaría en Ginebra, Suiza: así nació el WBCSD. Una segunda oficina en Washington
DC, Estados Unidos fue inaugurado en 2007.
Hoy en día, el WBCSD tiene unos 200 miembros procedentes de más de 35 países y 20
sectores industriales importantes, la participación de unos 1.000 líderes de negocios a
nivel mundial. El Consejo también cuenta con una Red Regional de 60 organizaciones
nacionales y regionales asociadas - llamados Consejos Empresariales para el Desarrollo
Sostenible (BCSDs)-en su mayoría ubicados en los países en desarrollo.
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El enfoque de trabajo ayuda a asegurar una respuesta rápida y ágil a los temas de
debate público y proporciona una plataforma para la formulación de cargos, mensajes y
la acción. Cada área de enfoque se compone de un Grupo de Enfoque de la zona núcleo
(FACT), grupos de trabajo y flujos de trabajo. Los FACT son guiados por al menos dos
CEO de co-presidentes. Cada área de enfoque tiene líneas de trabajo específicas que
examinan las cuestiones relacionadas con: El papel de las empresas, Desarrollo, Energía
y Cambio Climático y Ecosistemas.
Proyectos de sectores específicos son una característica única del trabajo del WBCSD.
Estas iniciativas específicas demuestran el poder de las alianzas y el compromiso de las
empresas para hacer frente a algunos de los dilemas más difíciles en sus industrias a lo
largo de la cadena de valor en temas como: agua, edificios, cemento, empresas
eléctricas, neumáticos, movilidad y bosque.
Documentos web disponibles
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD)
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.wbcsd.org/publications-and-tools.aspx
Changing Course: Una perspectiva global de negocios en el desarrollo y el medio
ambiente
http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=72&nosearchcontext
key=true
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Consistencia del Código de Conducta de la SNMPE con
los principios y estándares internacionales
N° Principios y/o Estándares de Desempeño
ICMM / OGP / IPIECA / NN.UU./ PRI / Rio 92 / OCDE / IFC / OIT / GC / EITI / GRI / ISO
Código SNMPE
1
Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de gobierno corporativo
1, 4 ,5
Elaborar e implementar declaraciones corporativas sobre principios y prácticas
éticas de negocios que la administración se compromete a hacer cumplir 1
Implementar políticas y prácticas dirigidas a prevenir el soborno y la corrupción 5 Cumplir o ir más allá de los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos del
país anfitrión 1
Trabajar con los gobiernos, la industria y otras partes interesadas para el logro de
políticas públicas, leyes, reglamentaciones y procedimientos que faciliten la
contribución del sector de la minería, minerales y metales al desarrollo
sustentable en el marco de las estrategias nacionales en este ámbito
4
2
Integrar los temas de desarrollo sustentable al proceso de toma de decisones de la empresa
3, 4
Integrar los principios de desarrollo sustentable a las políticas y prácticas de la
empresa 4
Planificar, diseñar, operar y cerrar operaciones de una manera que contribuya al
desarrollo sustentable 4
Implementar buenas prácticas e innovaciones para mejorar el desempeño social,
ambiental y económico, al mismo tiempo que se aumenta el valor para el dueño
o accionista
3
Alentar a clientes, socios comerciales y abastecedores de bienes y servicios a
adoptar principios y prácticas equiparables a las propias 3
Brindar formación en desarrollo sustentable para garantizar capacidades
adecuadas del personal propio y los contratistas, a todos los niveles 4
Apoyar las políticas y prácticas de gestión públicas dirigidas a promover la
apertura y competitividad de los mercados 3
3
Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos afectados por nuestras actividades
3, 4, 6, 8
Garantizar remuneración y condiciones laborales justas para todos los empleados
y no utilizar mano de obra forzada, coercitiva o trabajo infantil 3
Tomar medidas para lograr una participación constructiva de los empleados en
temas de mutuo interés 3
Implementar políticas y prácticas de gestión para eliminar cualquier forma de
hostigamiento o discriminación en todos los aspectos de nuestras actividades 4
Garantizar que todo el personal de jerarquía, incluido el del área de seguridad, ha
recibido formación y cuenta con orientación adecuada en materia de derechos
humanos y culturales
6
Reducir al mínimo el reasentamiento involuntario y compensar con justicia los
efectos adversos sobre la comunidad, cuando estos no pueden ser evitados 4
Respetar la cultura y el patrimonio de las comunidades locales y de los pueblos
indígenas 8
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4
Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información válida y una sólida base científica
1, 2
Abordar la identificación, evaluación y gestión de todos los impactos sociales, de
salud y seguridad, ambientales y económicos significativos asociados con
nuestras actividades en consulta con las partes interesadas y afectadas
1
Garantizar la revisión y actualización regular de los sistemas de gestión de riesgo 2 Informar a las partes potencialmente afectadas sobre cualquier riesgo
significativo originado por las operaciones, así como sobre las medidas que se
tomarán para manejar con eficacia dichos riesgos
2
Desarrollar, mantener y poner a prueba procedimientos eficaces de respuesta a
emergencias, en colaboración con las partes potencialmente afectadas 2
5
Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y seguridad 6
Implementar un sistema de gestión centrado en el mejoramiento continuo de
todos los aspectos de aquellas operaciones que podrían tener un impacto
significativo sobre la salud y la seguridad de nuestro personal, contratistas y
comunidades de los lugares en donde operamos
6
Adoptar todas las medidas prácticas y razonables para eliminar la ocurrencia en
el lugar de trabajo de accidentes fatales, lesiones y enfermedades de nuestro
personal y de contratistas
6
Capacitar a todos los empleados en los temas de salud y seguridad, así como
exigir que los empleados de contratistas hayan recibido una formación similar 6
Implementar supervisiones periódicas de salud de los empleados y monitoreos
de riesgo 6
Rehabilitar y reincorporar a los empleados que han sufrido enfermedades o
lesiones, siempre que sea posible 6
6
Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental 2, 7
Evaluar los impactos ambientales positivos y negativos, directos e indirectos, así
como acumulativos, de los nuevos proyectos, desde la exploración hasta el cierre
de operaciones
2
Implementar un sistema de gestión ambiental dirigido al perfeccionamiento
continuo en la revisión, prevención o mitigación de los impactos ambientales
adversos
7
Rehabilitar los terrenos alterados u ocupados por las operaciones, según los usos
posteriores apropiados de los mismos 7
Asegurar el almacenamiento y disposición segura de los desechos y residuos de
proceso 7
Diseñar y planificar todas las operaciones de manera que se pueda disponer de
los recursos adecuados para cumplir con los requisitos de cierre de las mismas 7
7
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial
7
Respetar las áreas protegidas establecidas por ley 7 Divulgar información científica sobre evaluación y manejo de la biodiversidad, así
como promover prácticas y experiencias al respecto 7
Apoyar la elaboración e implementación de procedimientos científicamente
sólidos, inclusivos y transparentes en el desarrollo de enfoques integrados a
temas de planificación territorial, biodiversidad, conservación y minería
7
8 Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición responsables de nuestros productos
1, 2, 7
Avanzar en la comprensión de las propiedades de metales y minerales y los 7
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a
efectos de su ciclo de vida sobre la salud humana y el medio ambiente
Conducir o respaldar investigación o innovación en el uso de productos y
tecnologías seguras y eficientes en cuanto a utilización de energía, recursos
naturales y otros materiales
7
Desarrollar y promover el concepto de gestión integrada de materiales a través
de toda la cadena de valor de los metales y minerales 7
Suministrar a las instancias reguladoras y otras partes interesadas información y
análisis con fundamentos científicos sólidos acerca de nuestros productos y
operaciones, que sirvan de base para las decisiones normativas
1, 7
Apoyar la elaboración con base científicamente sólida de políticas,
reglamentaciones, así como de estándares de producto y selección de materiales
que estimulen el uso seguro de los derivados de minerales y metales
2
9
Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación
4, 8
Involucrarse, desde la etapa más temprana posible, con las partes
probablemente afectadas para discutir y dar respuesta a los temas y conflictos
relacionados con el manejo de los impactos sociales
4
Garantizar la instauración de sistemas adecuados para la interacción continua
con las partes afectadas, asegurándose que las minorías y otros grupos
marginados disponen de medios equitativos y culturalmente justos para
involucrarse en el proceso
8
Contribuir al desarrollo comunitario desde el inicio hasta el fin del proyecto, en
colaboración con las comunidades anfitrionas y sus representantes 4
Estimular la cooperación con gobiernos y organizaciones no gubernamentales
para garantizar que los programas (tales como los relativos a salud comunitaria,
educación y desarrollo de negocios locales) estén bien diseñados y sean aplicados
con eficacia
4
Contribuir al desarrollo social y económico mediante la búsqueda de
oportunidades para enfrentar la pobreza 4
10
Implementar con nuestras partes interesadas mecanismos de información, comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables independientemente
2, 4, 8
Informar sobre nuestro desempeño y contribución económica, social y ambiental
al desarrollo sustentable 4
Suministrar información oportuna, precisa y relevante 2
Comprometerse con las partes interesadas y responder a sus demandas a través
de procesos públicos de consulta 8
