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estudios y cultura REVISTA ‘ESTUDIOS y CULTURA’ | Consejo de Redacción: José Babiano, Ramón Baeza, Jesús Cruces, Bruno Estrada, Ana Fernández Asperilla, Pepe Gálvez, Amaia Otaegui, Félix Ovejero, Carmen Rivas, Fernando Rocha y Juan Vargas. Fundación 1º de Mayo. Centro Sindical de Estudios de CCOO. C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838 | www.1mayo.ccoo.es | [email protected]. ISSN: 1989-4724 FUNDACIÓN 1 DE MAYO 71 • MAYO 2015 REVISTA SUMARIO Eloisa Baena Luque | El acceso a los archivos y documentos de la Red de Archivos Históricos de CCOO Alberto Gómez Roda | Archivos y Derechos Humanos en el Reino de España Julia María Rodríguez Barredo y Eugenio Villarreal Mascaraque | Los Archivos en la crisis Carlos Sanz Díaz | El largo affaire de los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación José Melchor Mansilla Vázquez | El inefable derecho de los emigrantes al voto Trinidad Núñez y Teresa Vera | Directoras de cine español en la post-transición política. Memoria sobre once mujeres. Entrevista a Rocío Márquez Félix A. Ovejero Torres | La Ayuda Oficial al Desarrollo española sigue en caída libre Antonio Miguez Macho | Nuevas preguntas a la Historia de Comisiones Obreras CRISIS Y POLÍTICAS PÚBLICAS Javier Jiménez | Defender los servicios públicos es defender el modelo social europeo Pepe Gálvez | ¿Reforma de las Administraciones? A este paso ni reforma ni administraciones Vicente Sánchez Jiménez | Servicios públicos privatizados, subasta de despidos Pepe Fernández | El éxtasis legislativo contra lo público Marciano Sánchez Bayle | La sanidad pública en una situación crítica Pedro Badía | Recuperar la educación pública para la ciudadanía José Luis García Revuelta | El autocar, el autobús y el taxi, bajo amenaza Angel García Castillejo | España y el reto digital en 2015. La cohesión digital pendiente Carmen Rivas | Las radio televisiones públicas son una necesidad Francis Cabezos | El agua,un recurso donde ganar dinero para especuladores

estudios y cultura · ropa en el ranking de la des-igualdad), la crisis, obvia-mente, continúa. Y tardaremos, según las previ-siones oficiales, bastantes años antes de darla por

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estudios y cultura

REVISTA ‘ESTUDIOS y CULTURA’ | Consejo de Redacción: José Babiano, Ramón Baeza, Jesús Cruces, Bruno Estrada, AnaFernández Asperilla, Pepe Gálvez, Amaia Otaegui, Félix Ovejero, Carmen Rivas, Fernando Rocha y Juan Vargas. Fundación 1º de Mayo. Centro Sindical de Estudios de CCOO. C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838| www.1mayo.ccoo.es | [email protected]. ISSN: 1989-4724

FUNDACIÓN 1 DE MAYO 71 • MAYO 2015

REVISTA

SUMARIO• Eloisa Baena Luque | El acceso a los archivos y documentos

de la Red de Archivos Históricos de CCOO• Alberto Gómez Roda | Archivos y Derechos Humanos en el

Reino de España• Julia María Rodríguez Barredo y Eugenio Villarreal

Mascaraque | Los Archivos en la crisis• Carlos Sanz Díaz | El largo affaire de los documentos del

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

• José Melchor Mansilla Vázquez | El inefable derecho de losemigrantes al voto

• Trinidad Núñez y Teresa Vera | Directoras de cine españolen la post-transición política. Memoria sobre once mujeres.

• Entrevista a Rocío Márquez • Félix A. Ovejero Torres | La Ayuda Oficial al Desarrollo

española sigue en caída libre• Antonio Miguez Macho | Nuevas preguntas a la Historia de

Comisiones Obreras

CRISIS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Javier Jiménez | Defender los servicios públicos es defender el modelo social europeo Pepe Gálvez | ¿Reforma de las Administraciones? A este paso ni reforma ni administraciones

Vicente Sánchez Jiménez | Servicios públicos privatizados, subasta de despidosPepe Fernández | El éxtasis legislativo contra lo público

Marciano Sánchez Bayle | La sanidad pública en una situación críticaPedro Badía | Recuperar la educación pública para la ciudadanía

José Luis García Revuelta | El autocar, el autobús y el taxi, bajo amenazaAngel García Castillejo | España y el reto digital en 2015. La cohesión digital pendiente

Carmen Rivas | Las radio televisiones públicas son una necesidadFrancis Cabezos | El agua,un recurso donde ganar dinero para especuladores

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D edicamos el tema principal de estenº 71 de la Revista de Estudios yCultura a las políticas públicas. Y

lo hacemos en uno de los cuatro mesesdel año que llevan campaña electoral -¿oserán sólo tres?- del año más electoral dela actual democracia española. El do-mingo 24 se celebrarán las elecciones mu-nicipales, y las autonómicas en una ma-yoría de comunidades. Las eleccionesmunicipales y autonómicas son unabuena ocasión para realizar un balancede las políticas públicas de los años de lacrisis y de la austeridad. Porque, en unEstado tan descentralizado como el es-pañol, buena parte de las políticas públi-cas, de las prestaciones sociales y de losservicios públicos esenciales, como laeducación y la sanidad, son gestionadospor las comunidades autónomas y por losayuntamientos.

Llevamos siete años de crisis y cinco deausteridad. Y ambas continúan, aunqueya se está creando empleo y en 2015 nose hayan añadido nuevos recortes presu-puestarios de gran alcance. Pero estostendrían que venir en 2016 y 2017 si sequieren alcanzar los objetivos del Plan deEstabilidad 2015-2018 que aprobó elConsejo de Ministros el pasado 30 deabril (y siguen gobernando los mismos,¡claro!). Reducir el déficit público al 2,8%del PIB, en 2016, y al 1,4% en 2017, supondría unajuste de unos 30.000 millones de euros en dosaños. Aun si diéramos por válidas las previsionesgubernamentales de crecimiento de la economía,esa cifra no cubre, ni de lejos, el aumento naturalde la recaudación debido al mayor crecimientoeconómico debido al impacto negativo para lamisma de la reforma fiscal del gobierno.

Con 5.445.000 parados, el 23,8% de la pobla-ción activa (EPA, 2015T1), 13 millones de espa-

ñoles en la pobreza y un es-pectacular crecimiento de ladesigualdad (segundos de Eu-ropa en el ranking de la des-igualdad), la crisis, obvia-mente, continúa. Ytardaremos, según las previ-siones oficiales, bastantesaños antes de darla por ter-minada con unas cifras, almenos las del desempleo,compatibles con su cierre. EnEspaña no hay previsiones so-bre pobreza y desigualdad,entre otras cosas porque sureducción no es objetivo delas políticas públicas.

El balance de las políticaspúblicas en los años de la cri-sis es desolador. Aunque dospilares de la protección socialcomo son las prestaciones pordesempleo y las pensiones sehan mantenido, ejerciendo decolchón amortiguador de lasconsecuencias de la crisis enlas familias, ambas tambiénfueron recortadas y hoy losparados sin prestación algunason ya más de dos tercios deltotal, según la EPA.

Ayudas a la dependencia yotras ayudas sociales, educación y sanidad, hansido severamente recortadas, despedidos decenasde miles de trabajadores de los servicios públicosfundamentales, y privados de asistencia, o asisti-dos en peores condiciones, quienes más lo nece-sitaban.

Un ejemplo, entre muchos que se podrían ponerde acciones directamente promotoras de la des-igualdad y la desprotección de los más débiles, loencontramos en la política educativa de la Comu-

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Javier Doz | Presidente de la Fundación 1º de Mayo

Crisis y políticas públicas.Alternativas para el cambio

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El balance de las políticaspúblicas en los años de lacrisis es desolador.Aunque dos pilares de laprotección social comoson las prestaciones pordesempleo y laspensiones se hanmantenido, ejerciendo decolchón amortiguador delas consecuencias de lacrisis en las familias,ambas también fueronrecortadas.

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nidad de Madrid. Desde que la go-bierna el PP, era conocido su compro-miso con los intereses de la enseñanzaprivada, la consideración secundariaque a sus responsables políticos lesmerece la enseñanza pública, y las al-tas dosis de elitismo, clasismo y auto-ritarismo, todo ello sazonado de cas-tizos toques de nacionalcatolicismo,que se desprenden de su ideologíaeducativa. Incluso con estos antece-dentes, era difícil de concebir unacumbre tan elevada de injusticia socialy medidas políticas al servicio de ladesigualdad y el clasismo, a favor delos más pudientes y en contra de losmás necesitados, como la que alcanzóel gobierno presidido por EsperanzaAguirre, al aplicar, en 2012, los gran-des recortes que sufrió la educaciónpública. Se suprimieron los 59 millo-nes de euros destinados a las becaspara libros y comedor, una ayuda vitalpara las familias más pobres, y semantuvieron las ayudas fiscales, porvalor de 90 millones, a las familiasque llevan a sus hijos a colegios pri-vados no subvencionados, es decir, alas familias de mayor renta. Es unejemplo, ciertamente escandaloso,pero sólo un ejemplo.

Una de las mayores contradiccionesentre el discurso político dominantey la realidad, entre lo pregonado y los hechos, enel campo de las políticas públicas aplicadas du-rante la crisis, se da en el terreno de la relaciónentre la educación, la formación profesional y laspolíticas de I+D+i y la construcción de un nuevomodelo de crecimiento sólido y sostenible. Nadieniega que aquellos sean factores esenciales delmodelo productivo al que se quiere ir: de altovalor añadido, que los tenga como basamentosde la productividad y la competitividad en unasociedad del conocimiento. También lo dicen laUE (estrategias de Lisboa y 2020) y el Gobiernode España. Sin embargo, ambos han propiciadoy ejecutado fuertes recortes en el gasto públicoen educación e I+D+i. Mientras, el empleo quecomienza a crearse es un empleo muy precario,muy mal pagado, y en los sectores tradicionales

de bajo valor añadido (hosteleríay turismo y, de nuevo, en la cons-trucción)

España necesita profundoscambios; económicos, sociales y,por supuesto, también políticos.Los trabajadores y las trabajado-ras, los pueblos diversos quecomparten esa ciudadanía co-mún, española y europea, tienenque ser los protagonistas de esoscambios. Hay que erradicar la co-rrupción; restaurar y desarrollarun modelo social que promuevala igualdad y la justicia social;

crear empleos decentes con los derechos laborales,sindicales y de negociación colectiva restablecidos;promover un modelo de crecimiento sosteniblerespetuoso con el medio ambiente; instaurar unsistema fiscal progresivo que proporcione a lasdistintas administraciones del Estado los recursossuficientes para impulsar políticas públicas avan-zadas que fortalezcan la cohesión social, al tiempoque se combate con eficacia el fraude fiscal y seerradican los paraísos fiscales; hay que resolverel problema territorial mediante el acuerdo y lasolidaridad entre todos los pueblos de España;hay que combatir el creciente autoritarismo polí-tico y promover marcos políticos y jurídicos quenos lleven a más libertades, más democracia ymás participación ciudadana; etc., etc. Para hacertodo eso, para realizar el profundo cambio político

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España necesitaprofundos cambios;económicos, sociales y,por supuesto, tambiénpolíticos. Los trabajadoresy las trabajadoras, lospueblos diversos quecomparten esa ciudadaníacomún, española yeuropea, tienen que serlos protagonistas de esoscambios.

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que necesita España, es decir que necesi-tan quienes la habitan, habrá que ir se-guramente a una reforma en profundidadde la Constitución de 1978, no para dina-mitarla porque tiene muchas cosas quenos siguen sirviendo, sino para ir haciauna España federal, solidaria entre suspueblos y social y democráticamente másavanzada.

Espero que las elecciones que se van acelebrar este año en España sean vectoresa favor de todos estos cambios.

También hay que impulsar un profundocambio político en la Unión Europea, enla misma línea de una Europa federal quetenga en la solidaridad, la democracia ysu modelo social tres pilares básicos. Hayque acumular muchas fuerzas para lo querequeriría, sin duda, una refundación po-lítica del proyecto europeo. Y sortear unriesgo cada vez más acusado: el de la de-gradación del proyecto –e, incluso, el desu destrucción- a manos de los naciona-lismos, de la insolidaridad profunda –so-cial y territorial- del modelo neoliberal degobernanza económica vigente; y de lamiopía y carencia de proyecto de unas éli-tes políticas europeas subordinadas a losintereses de las élites económicas.

Desde que las actividades de la Funda-ción 1º de Mayo han recobrado su velocidad decrucero, nos hemos esforzado en analizar todoeste tipo de problemas mencionados y, sobre todo,en formular alternativas a los mismos.

Del acto “Contra el autoritarismo. Por los dere-chos y libertades” (23 de abril) surgió un mani-fiesto con el objetivo concreto de promover la de-rogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (“LeyMordaza”), de los aspectos represivos de la re-forma del Código Penal y del artículo 315.3 delmismo código que penaliza el ejercicio del derechode huelga. El día 4 de mayo se presentó un libro,redactado por la 1º de Mayo y las fundaciones Al-ternativas y Largo Caballero, con un análisis dela crisis y las políticas que llevaron a ella y una

propuesta de cambio de mo-delo político y social: “Una al-ternativa progresista para sa-lir de la crisis”. El 7 de mayo,en el marco del instituto IE-SEI de la 1º de Mayo, la Fe-deración de Industria de CC OO realizó unas jornadaspara la presentación de su“Propuesta sindical para elimpulso de la industria en Es-paña”. El próximo 28 de

mayo se celebrará, en la sede del CES, el seminarioque lleva como título “Estrategias productivas einnovación. Hacia un cambio de modelo produc-tivo”.

En las próximas semanas se pondrán en marchadiversas iniciativas de los seminarios de Derechodel Trabajo, Educación y Universidades y del Foropor la Cultura, y en los campos de la archivísticay las migraciones. Ya estamos trabajando en lapreparación del 2º Congreso de Trabajo, Econo-mía y Sociedad, que se celebrará los días 22 y 23de octubre y que tendrá como lema “Crisis y des-igualdad: alternativas sindicales”.

Estas actividades son nuestros granos de arenapara la construcción del cambio profundo. 3

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También hay que impulsarun profundo cambiopolítico en la UniónEuropea, en la mismalínea de una Europafederal que tenga en lasolidaridad, la democraciay su modelo social trespilares básicos.

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E l agudo proceso de crisis económica y laprofunda recesión en la que nos encontra-mos, están significando un ataque sin pre-

cedentes al concepto de Estado social y de dere-cho, a la vez que se socavan los fundamentos deuna Europa que entre otras cosas, se identificabapor su modelo social europeo.

Modelo que se ha venido contraponiendo a losmodelos más liberales donde se afrontan las ne-cesidades sociales con acciones de beneficenciapública o privada sin reconocimiento de derechossubjetivos; con ahorro individual o acceso limi-tado a servicios esenciales de calidad cuandoexista esa capacidad o, en el mejor de los casos ysin carácter universal, con previsión colectiva vo-luntaria o mediante fórmulas de aseguramientocolectivo.

Esta situación, fruto del descontrol económicoy la ruptura de los controles y las cautelas nece-sarias para garantizar un funcionamiento orde-nado y social de las economías, ha impactado deuna forma salvaje en la actual configuración y ca-racterísticas en el conjunto de Europa y en Españaen particular, al producirse una ofensiva extraor-dinaria con la crisis como pretexto, convirtiendola austeridad y las cifras macroeconómicas en laúnica guía y negando la existencia de modelos al-ternativos para superar la crisis que tengan a laspersonas y al trabajo, entre sus principales refe-rentes.

El desarrollo de la noción europea de serviciode interés general (el concepto de servicio públicocomo tal, no existe en el acervo comunitario) hasido un escenario permanente de confrontaciónideológica que ha reflejado el enfrentamiento en-tre quienes defendemos la importancia del papeldel estado como regulador, supervisor, agenteeconómico y proveedor de servicios sociales y deprotección social, frente a los que reducen su papela la mínima expresión y reclaman, aunque seaparcialmente, más mercado.

CCOO hemos rechazado frontalmente e impul-sado movilizaciones desde hace años contra laspolíticas de la UE que con apoyo de los estados ya diferencia de otras etapas de su historia, imponeajustes que se orientan hacia la desregulación yla privatización, debido a la elección consciente

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Javier Jiménez | Secretario General de la FSC–CCOO

Defender los servicios públicos es defender el modelo social europeo y luchar por una

democracia de calidad

El desarrollo de la noción europeade servicio de interés general hasido un escenario permanente deconfrontación ideológica entre

quienes defendemos la importancia delpapel del estado como regulador,supervisor, agente económico y proveedorde servicios sociales y de protección social,frente a los que reducen su papel a lamínima expresión y reclaman, aunque seaparcialmente, más mercado.

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que se ha venido realizando para que el desarrollodel mercado interior europeo sea la vía para re-ducir a la mínima expresión el modelo europeode sociedad, contribuyendo así a incentivar el de-terioro y declive de lo público.

Nos encontramos ante el permanente cuestio-namiento y pretensión de sustituir al Estado delbienestar al presentarlo como económicamenteinsostenible y se pretende hacer recaer la culpa ycentrifugar la responsabilidad de esta supuestainsostenibilidad sobre el conjunto de la ciudada-nía.

Estas políticas han descartado de forma irres-ponsable que este enfoque comporte graves ries-gos, costes ocultos que han recaído sobre la cali-dad o universalidad de los servicios o seancausante de otros efectos negativos sobre el cadavez más reducido y vigilado marco de los serviciospúblicos y los servicios de interés general.

Estas políticas han servido como pretexto parala renuncia de los poderes públicos a ejercer deforma decidida la labor de control que les corres-ponde y el desempeño de sus competencias sobreaquellos servicios de los que son titulares y dondemantienen una responsabilidad directa sobre lascondiciones en que se organizan y desarrollan,aunque no los presten directamente; subvirtiendoel ejercicio del control democrático y colectivo dela ciudadanía sobre los gobiernos, al sustituirlospor derechos individuales de consumidores-usua-rios y abonando el campo al clientelismo y la co-rrupción.

La idea de la Europa social está sufriendo ungolpe casi definitivo si, continúa la inacción polí-tica y se sigue primando la libertad de mercado,las normas de competencia y la libre prestaciónde servicios sobre los derechos fundamentales,cuando en caso de conflicto debería prevalecer elinterés general.

Las ofensivas contra lo público tienen en Españauna mayor repercusión por la debilidad que, departida, ha tenido nuestro sector público en rela-ción a los países de referencia de la UE. A todoello hay que sumar la falta de dispositivos públicosde control para garantizar el cumplimiento de lascondiciones establecidas en los procesos de con-cesión o externalización directa.

Los argumentos privatizadores que desde haceaños han manejado los sucesivos gobiernos sinexcepción, se han impuesto sobre el interés social,

lo que ha conducido a la economía española a re-nunciar a la presencia pública en los sectores quepor su labor redistributiva de la riqueza, su capa-cidad tecnológica o su papel de garantes de la co-hesión social y/o territorial, son decisivos a lahora de introducir factores de regulación y orien-

tación de la actividad económica. Esta afirmaciónvale también para los gobiernos de las CCAA y lainmensa mayoría de las Administraciones Loca-les.

La fractura del consenso ideológico sobre laspolíticas sociales públicas, las crisis fiscales y laescasa socialización en la ética de lo público, hanejercido una presión añadida, produciendo siste-mas de protección cada vez más segmentados,más privatizados y jerarquizados socialmente.

La privatización y externalización de diferentesservicios públicos ha supuesto que se constituyanoperadores privados con una posición significativade mercado, convertidos de facto en oligopoliosque terminan indirectamente regulando el mer-cado y estableciendo fuera de todo control demo-crático las condiciones de acceso, precio y calidadde los servicios.

El acceso a servicios públicos de calidad es untema político clave. Servicios públicos abiertos ytransparentes, con un acceso igualitario para todala ciudadanía son esenciales en el modelo de so-ciedad que defendemos.

Los compromisos del Estado para con el bien-estar de la ciudadanía, materializados en la ga-rantía del cumplimiento de los derechos socialesestablecidos y su relación con el mercado en unaeconomía globalizada y sin reglas, se configurancomo un equilibrio en permanente recomposi-ción.

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Nos encontramos ante elpermanente cuestionamiento ypretensión de sustituir al Estadodel bienestar al presentarlo

como económicamente insostenible y sepretende hacer recaer la culpa ycentrifugar la responsabilidad de estasupuesta insostenibilidad sobre el conjuntode la ciudadanía.

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Las movilizaciones en defensa de lo público,han mostrado un grado alto de identificación dela ciudadanía con sus servicios públicos y una re-sistencia activa contra el desmantelamiento depilares básicos de nuestra sociedad.

Las personas que desempeñan su trabajo en elámbito de lo público han sufrido sistemática-mente una campaña tras otra de descalificaciones,de ser consideradas personas detentadoras de pri-vilegios injustificables en esta coyuntura econó-mica, a la vez que utilizadas como chivos expia-torios para realizar de manera automática ajustesen las cuentas públicas.

También hay que reconocer que no todas laspersonas que desempeñan su trabajo en la esferapública, han tenido el mismo grado de visibilidady reconocimiento en estas movilizaciones. Perono por ello son menos esenciales y su trabajo vitalpara el desempeño de las obligaciones que el con-junto de administraciones y empresas públicastienen encomendadas.

Un servicio público de calidad requiere de unnúmero suficiente de recursos humanos y econó-micos. Establecer unos servicios públicos de cali-dad implica gestionar esos recursos poniendo envalor los conocimientos y habilidades de sus em-pleadas y empleados en relación con las necesi-dades de la ciudadanía.

Nuestra apuesta estratégica es el manteni-miento de la titularidad pública de los serviciosque no han sido privatizados o externalizada sugestión y la apuesta por la devolución a la esferade lo público de los empleos externalizados y delos servicios privatizados que tengan un carácterestructural y permanente, así como la revisión delos contratos que en la actualidad blindan, algunosdurante decenios, el beneficio privado en perjuiciodel interés general.

El modelo de provisión y gestión que se adoptecon respecto a los servicios públicos es funda-mental a la hora de determinar el vaciamiento ono de la responsabilidad de las administracionesy poderes públicos con respecto a los derechos

fundamentales que están obligadas a promover,garantizar y proteger de manera universal.

La idea básica es la de la redistribución de la ri-queza como elemento corrector de las insuficien-cias de la economía de mercado, que se lleva acabo a través de dos instrumentos: el sistema fis-cal y el gasto social. Por tanto justicia y progresi-vidad en la carga fiscal; equidad y eficacia en la

distribución del gasto. El principio básico de laredistribución es la de la solidaridad.

Los debates y decisiones de índole teórico-ide-ológicos sobre el papel y funciones del estado ydel conjunto de administraciones públicas en unsistema descentralizado como el nuestro y sus lí-mites en su relación con el mercado, sobre lo pú-blico y lo privado, sobre lo colectivo o lo indivi-dual, han determinado y determinan la forma enla que se enfrentan las necesidades de la ciuda-danía.

El papel de las administraciones y la extensión,calidad y control democrático de los servicios yactividades públicas, es indisoluble del debate so-bre qué democracia, qué calidad de la misma, quémodelo de sociedad y de desarrollo defiende cadacual. Para CCOO, para nuestra Federación de Ser-vicios a la Ciudadanía la respuesta está clara, de-fender los servicios públicos es defender el modelosocial europeo y luchar por una democracia decalidad. 3

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Un servicio público de calidadrequiere de un númerosuficiente de recursos humanosy económicos. Establecer unos

servicios públicos de calidad implicagestionar esos recursos poniendo en valorlos conocimientos y habilidades de susempleadas y empleados en relación con lasnecesidades de la ciudadanía.

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E l presidente del Gobierno reconoce indirec-tamente que la campaña de linchamientodesde fuentes empresariales sobre el exceso

volumen de las administraciones era falsa»Cuando se habla de reforma de las administra-

ciones públicas, el enfoque varía según los inte-reses y la función que se quiere otorgarles. Desdela perspectiva de los intereses del mundo laboralhay un objetivo clave que últimamente se estápervirtiendo continuamente y es el de: ser garantede la equidad, entendida como la capacidad deacceso de todos los ciudadanos, independiente-mente de sus recursos, a determinados serviciosclaves para el desarrollo de las personas. La com-plejidad de nuestras sociedades, de las necesida-des colectivas, de la relación de los intereses in-dividuales con los del conjunto de la ciudadanía ,plantea la obligación de una actualización conti-nua de la estructura y funcionamiento de las ad-ministraciones para asegurar esa equidad. Otracosa muy distinta es lo que lleva a cabo el Minis-terio de Hacienda y Administraciones Públicas¿Dirigido? por Cristóbal Montoro, que no es sinoun vaciado de funciones con perspectiva centra-lista y al servicio de intereses privados.

Dietas suicidasEl presidente del Gobierno español, Mariano Ra-joy, en su intervención en la Jornada sobre la Re-forma de las Administraciones Públicas, celebradaen la Moncloa el pasado 10 de febrero del 2014,reconocía que la administración española no esni elefantiásica, ni pesa como una losa sobre lasfinanzas, y que además dos terceras partes delgasto público es gasto social. En su intervenciónsituaba al aparato burocrático como vector deprogreso, aunque el proceso descentralizador ha-bía generado duplicidades, solapamientos y la-gunas, y culpaba a la gestión socialista de elevarel gasto público sin medida y sin control, mientrasque los ingresos se habían reducido al 36% delPIB. Y concluía que, como la sociedad quiere másy mejores servicios sin incrementar la carga im-

positiva, han ideado una estrategia continua enla que no sólo hay que adelgazar sino ganar mús-culo para beneficio de las empresas y ciudada-nos.

Dentro de la saturación de lugares comunes ala que nos tienen acostumbrados los discursosoficiales, se cuelan verdades a medias, contradic-ciones y perversiones. Es una perversión habitual

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Pepe Gálvez | Representante de CCOO en el Consejo Asesor de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)

¿Reforma de las Administraciones? A este paso ni reforma ni administraciones

La complejidad de nuestrassociedades, de las necesidadescolectivas, de la relación de losintereses individuales con los del

conjunto de la ciudadanía , plantea laobligación de una actualización continuade la estructura y funcionamiento de lasadministraciones para asegurar esaequidad.

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del pensamiento único el situar a la ciudadanía yal empresariado, porque se identifica empresacon su propietario, en el mismo nivel como bene-ficiarios de las administraciones. Es como si laclase empresarial fuera un sector al margen delresto de la sociedad, con unos derechos tambiénal margen de los del resto de la población. Lo queevidencia en el plano simbólico la continua vul-neración en la práctica del principio de la igualdadante las administraciones públicas.

El presidente del Gobierno reconocía indirec-tamente que la campaña de linchamiento desdefuentes empresariales -Joan Rosell se ha abonadoa ella con ahínco- sobre el exceso volumen de lasadministraciones era falsa; pero se nos dice quecomo se han reducido los ingresos hay que adel-gazarlas, eso sí, sin perder músculo. De nuevo senos sitúa en el callejón de única dirección, aunquepara ello se obvien las contrarreformas fiscales yel gasto público dedicado a sostener los beneficiosdel sistema financiero.

Se pueden y deben aumentar los ingresos conuna política fiscal justa y progresiva y se puede yse debe optar por encauzar el gasto público hacialas necesidades de la mayoría de la sociedad. So-bre los miles de millones de euros que se dice seahorran y se van a ahorrar, con la reformas em-prendidas en los últimos años en las administra-ciones públicas, hasta ahora no existe ningunaexplicación detallada de cómo se llega a alcanzartales cifras de ahorro y la credibilidad del Minis-terio está muy dañada. Ahora bien, si tenemos encuenta los ahorros estimados por la reforma dela Administración Local (8.000 M€) y los produ-cidos por las medidas relativas a la reducción deentidades y organismos, a la práctica paralizaciónde la oferta de empleo público y a la disminuciónde retribuciones y derechos del conjunto de per-sonas que trabajan en el sector público, adoptadasdesde noviembre de 2011, se puede deducir quela estimación de los ahorros recae fundamental-mente sobre la reducción y el deterioro del empleopúblico.

De las limitaciones y trampas de la consigna deadelgazar y ganar músculo puede dar cuenta laciudadanía de Inglaterra, cuyo Gobierno es el mo-delo ensalzado e imitado por el nuestro en lo querespecta a lo público. Ahí están como grandes lo-gros sus escandalosas deficiencias sanitarias y elestado de remojo en el que viven los habitantes

del sur de Inglaterra por sucesivas inundacionesque no han sido debidamente previstas. Y es queadelgazamiento de las administraciones en el len-guaje neoliberal suele significar dejar de prestarservicios o prestarlos en condiciones peores

La pulsión recentralizadoraUna parte del adelgazamiento en nuestro ámbitopúblico vendrá dado por la aplicación del princi-pio: una Administración, una competencia. Afir-mación que confunde interesadamente la concu-rrencia normativa en una misma materia, quepuede darse entre distintas administraciones, conconcurrencia competencial en la misma actividad

o servicio, que deberían resolverse mediante lamejora de los mecanismos de coordinación y co-operación interadministrativa, en vez de quererforzar un cambio profundo del ordenamiento ju-rídico institucional en España mediante una re-centralización activa de nuestras administracio-nes.

Recentralización que también se da en la me-dida más ambiciosa y nefasta de las lanzadas poreste gobierno en este campo: la Ley de Racionali-zación y Sostenibilidad de las AdministracionesLocales, que a pesar de los apellidos ha concitadorechazo unánime, salvo en aquellos a los que seha excluido de su aplicación. Las consecuenciasde la misma tal como se ha aprobado son:

• Reducción drástica de la autonomía local ne-cesaria para una gestión flexible y adecuada a ladiversidad geográfica, demográfica, identitaria,socio-económica de nuestra sociedad

• Agravar la precariedad e insuficiencia de laHacienda local y con ello perjudicar la calidad desus servicios y favorecer privatizaciones buitre

• Pérdida importante de empleos públicos, ydeterioro de sus condiciones laborales.

• Degradación del ejercicio de la democracia,ya que restringen directamente los servicios pú-

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Se pueden y deben aumentar losingresos con una política fiscaljusta y progresiva y se puede y sedebe optar por encauzar el gasto

público hacia las necesidades de la mayoríade la sociedad.

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blicos que garantizan la práctica de derechos bá-sicos de ciudadanía en condiciones de equidad.Asimismo aleja la gestión de lo público de la ciu-dadanía más próxima y afectada.

Mucho ruido y pocas nuecesPor lo demás, la pretendida reforma que dice re-alizar el gobierno del PP es un capazo en queabundan medidas de gestión que no tienen nadade innovador sino que son respuestas casi auto-máticas a la contracción de la economía. Tambiéndestacan las medidas destinadas a la supresiónde lo que se denomina ‘trabas administrativas’ yque no son más que la aplicación de la Directivade Servicios europea en aquellas actividades quejustifican la regulación y el control de las admi-nistraciones públicas ex ante, al considerar quees necesario favorecer la iniciativa económica pri-vada “evitando intervenciones administrativasdesproporcionadas”. Una aplicación tan intensivaque desnaturaliza los límites y cautelas que lamisma Directiva impone.Su traslado al ordena-miento jurídico en estos términos y sin maticespretende legalizar una práctica política y de ges-tión de lo público subsidiaria de la iniciativa pri-vada.

Otra línea de medidas se insertan en el apartadodel desarrollo de la administración electrónica, ala que se atribuyen potencialidades de varita má-gica verdaderamente excesivas, sobre todo si imi-tando a los ingleses se convierte en la opción pordefecto, con el cierre progresivo de la atencióndirecta. A todo ello se une la proclamación de vo-luntad de transparencia, pero la ley que tarda mu-cho en llegar y anuncia excepciones, decepcionesy opacidades

Otra reforma es posibleLa reforma de las administraciones impulsadapor el actual Gobierno del Estado español encierrala insalvable contradicción de pretender moder-

nizar a base de regresar al pasado, de volver a unmodelo de administraciones públicas propio deprincipios del siglo XX y no del XXI por muchadosis de informatización que se pongan. El pre-sente y el futuro demandan una reforma que tengacomo eje central el servicio a la ciudadanía, o sea,la mayor y mejor capacidad de intervenir tantosocial como económicamente, de dar solucionesa las tremendas y urgentes necesidades actuales

y poner las bases de una salida a la crisis con unnuevo modelo económico.

Una reforma que actúe a la vez sobre el conjuntode las administraciones para conseguir una re-percusión general, así como mejor y más eficazarticulación. Al mismo tiempo hay que asegurarsu financiamiento mediante una actuación fiscal,eficaz, justa y progresiva, así como la distribuciónde los presupuestos generales del Estado entrelos diferentes niveles de la Administración concriterios que primen la atención y proximidad conla ciudadanía, no como sucede ahora. Una re-forma, en fin, que se base en el diálogo y en elmás amplio consenso social y político, no en laimposición, como ha sucedido en la contrarre-forma local y en la apariencia de participacióncon que se ha disfrazado el despotismo en laCORA. 3

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Otra línea de medidas se insertanen el apartado del desarrollo dela administración electrónica, ala que se atribuyen

potencialidades de varita mágicaverdaderamente excesivas, sobre todo siimitando a los ingleses se convierte en laopción por defecto, con el cierre progresivode la atención directa.

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L a reforma de la Constitución Española queconsagró la contención del déficit público,unida al «austericidio» del Gobierno del Par-

tido Popular, no solo constituye una aberracióndemocrática, sino que viene a incorporar una li-mitación innecesaria a la acción política, pues res-tringe el margen de maniobra de la propia Admi-nistración y crea una mayor dificultad para unasalida social de la crisis.

El ahorro público excesivo, indiscriminado yfundamentalista no es una herramienta de gestióneficaz. Por el contrario, es injusto y se convierteen el sistema más rápido para generar desigualdadsocial, retrocesos laborales y deteriorar la calidady nivel de los servicios que se prestan al conjuntode la sociedad.

Se están consumiendo las reservas de un Estadode Bienestar anémico, al que en lugar de insuflarnutrientes se le está dejando agotar por inanición.Prueba de ello es la situación por la que atraviesanmuchos servicios esenciales para el bienestar so-cial, como son: la limpieza de calles y de instala-ciones públicas (administraciones, hospitales, co-legios, universidades,...), la recogida y tratamientode residuos, la conservación y mantenimientodel alcantarillado, la tele asistencia y ayuda a do-micilio a las personas dependientes, la conserva-ción y mantenimiento de parques y jardines, laseguridad privada (aeropuertos, metros, estacio-nes de tren y autobuses,…)

Estos servicios son los que están sufriendo conmayor virulencia este auténtico cambio del sis-tema. En estos años hemos podido comprobarcomo se han dirigido las concesiones públicas ha-cia un modelo más restrictivo, menos dotado fi-nancieramente, dejándolas muy por debajo de lanecesidad real y con un recorte muy importanteen las condiciones laborales.

Estas actividades se resienten por un doble es-trangulamiento financiero. En un primer lugarhay un recorte en la dotación de las Administra-ciones, para posteriormente ser las empresas lasresponsables de ejecutar una segunda rebaja con

el objeto de garantizarse una posición ventajosa.En el afán por obtener la concesión las empresassuelen ir más allá, ajustando al extremo las es-trictas condiciones impuestas desde la Adminis-tración. El objetivo es obtener la adjudicación acualquier precio.

Las consecuencias sabemos cuáles son: reduc-ciones de plantilla, rebajas de salarios y degrada-ción del servicio. Esta lectura no debe sólo ceñirse

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Vicente Sánchez Jiménez | Secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO

Servicios públicos privatizados, subasta de despidos

Actividades públicas de serviciosse resienten por un dobleestrangulamiento financiero. Enun primer lugar hay un recorte

en la dotación de las Administraciones,para posteriormente ser las empresas lasresponsables de ejecutar una segundarebaja con

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al ámbito laboral, también es alarmante el evi-dente deterioro de los servicios públicos esencia-les.

Este es un escenario tristemente conocido, co-mún a prácticamente todos estos sectores, conun nutrido número de ejemplos. Posiblemente elmás representativo por su dimensión, así comopor la imitación que genera en otros municipios,es el del Ayuntamiento de Madrid, sin con elloobviar a otros grandes o no tan grandes corpora-ciones locales. Como prueba, entre otros, pode-mos citar la unificación de las concesiones de lim-pieza viaria y jardinería en una única contrata.

Este concurso se presentó como una gran me-dida de ahorro. Se sumaban diferentes contratosen una única adjudicación y además el nuevo pre-supuesto se situó como mínimo un 12 por cientoinferior a los anteriores.

Por si fuera poco, en el pliego de condiciones seestableció que el baremo económico primaba enun 80 por ciento sobre la decisión final. Simultá-neamente se trasladaba un mensaje nítido porparte de la Administración de que la oferta másbarata sería la adjudicataria.

En estas circunstancias, las empresas tras unairreverente subasta de precios, ofertaron entre un13 y un 23 por ciento más a la baja, sumando am-bas reducciones un desplome de hasta el 40 porciento respecto al presupuesto anterior.

Este descenso no recayó sobre el margen delbeneficio empresarial o no de un modo determi-nante. Incide sobre todo en las condiciones sala-riales, en la reducción del número de trabajadoresy trabajadoras. Así como en la depauperación delservicio. Se subastaron despidos.

El conflicto estaba servido, las empresas plan-tearon un expediente de regulación de empleo ex-tintivo de 1.400 trabajadores y trabajadoras. Lossindicatos convocamos una huelga indefinida paramantener esos puestos de trabajo. Un total de 13días duró la huelga más vergonzante para la ciu-

dad de Madrid. Finalmente se puso fin al conflictocon un ERTE de 45 días al año durante 4 añossin prestar servicio los 6.500 trabajadores y tra-bajadoras. La repercusión sobre la limpieza delas calles y el estado de los Parques, Jardines, zo-nas verdes y arbolado salta a la vista.

En estos últimos años estamos viviendo altísi-

mos niveles de conflictividad laboral y social. Sehan desarrollado importantes movilizaciones yhuelgas motivadas principalmente por retrasos eimpagos de salarios, reducciones de jornadas ydespidos. La defensa del empleo, el abono de sa-larios y el mantenimiento de los derechos estánsiendo la constante a diario. Todo ello sobrevenidopor los efectos perniciosos de los recortes en lospresupuestos de las administraciones locales, au-tonómicas y central, sumado a las bajadas teme-rarias de las empresas en los concursos de adju-dicación de estos servicios.

Un modelo de servicios públicos que debe serrevisado en profundidad, mostrándose clara-mente ineficaz y dejando bajo mínimos las con-diciones laborales. En suma un claro empobre-cimiento del Estado de Bienestar, de la calidadde vida, de la salubridad y de atención a las per-sonas. 3

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En estos últimos años estamosviviendo altísimos niveles deconflictividad laboral y social. Sehan desarrollado importantes

movilizaciones y huelgas motivadasprincipalmente por retrasos e impagos desalarios, reducciones de jornadas ydespidos. La defensa del empleo, el abonode salarios y el mantenimiento de losderechos están siendo la constante a diario.

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E l Gobierno llevó al Consejo de Ministros del17 de abril el anteproyecto de Ley de Con-tratos del Sector Público, que actualmente

está en fase de informe en el Consejo Económicoy Social, paso previo a su remisión al Congresode los Diputados.

El anteproyecto, junto con otras modificacioneslegislativas que está impulsando el PP, tiene unmarcado carácter liberalizador y desregularizadorde los procedimientos de funcionamiento del Sec-tor Público, lo que se hace bajo el paraguas su-puestamente obligacional que marcan algunas Di-rectivas europeas, que se dictan para abrirmercados y eliminar lo que caracterizan los bu-rócratas de Bruselas como restricciones a la com-petencia, que en palabras del Gobierno español,pasa por restringir y redefinir el uso de los deno-minados medios propios, como bien afectando aun sustancial número de sociedades, además deponer nuevas normas que son severamente dañi-nas para los intereses de los servicios públicos enEspaña.

El CES tratará el correspondiente Dictamen deeste anteproyecto en su reunión de final del mesde junio, para su posterior envío al trámite parla-mentario, que concluiría antes de las nuevas elec-ciones generales, salvo que se produzca una de-bacle política del PP que liquide la Legislatura yse convocasen elecciones anticipadamente, lo queno está en la mente del presidente Rajoy, ni en suestrategia electoral.

La nueva Ley, extraordinariamente densa,cuenta con 340 artículos y se justifica con la ne-cesidad de transponer las Directivas 2014/13/UEy 2014/24/UE relativa a la contratación públicaque sustituye a la Directiva 2004/18/CE de coor-dinación de los procedimientos de adjudicaciónde los contratos públicos de obras, suministros yservicios.

En la justificación del nuevo texto legislativoque el PP someterá al Congreso, en el que con-viene recordar que goza de mayoría absoluta, diceel Gobierno que la incorporación al ordenamiento

español de las citadas Directivas es con el fin de“diseñar y ejecutar un nuevo sistema de contra-

tación pública, más eficiente, transparente e ín-

tegro, mediante el cual se consiga un mejor cum-

plimiento de los objetivos públicos”, aunque existelegislación reciente que ya ha modernizado lasregulaciones españolas al respecto y ya se hanproducido un importante número de adaptacio-nes a las obligaciones comunitarias.

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Pepe Fernández| Secretario de Comunicación y Coordinación de la Dirección FSC-CCOO

El éxtasis legislativo contra lo público

El Gobierno llevó al Consejo deMinistros del 17 de abril elanteproyecto de Ley de Contratosdel Sector Público, que

actualmente está en fase de informe en elConsejo Económico y Social, paso previo asu remisión al Congreso de los Diputados.

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Como señala un Informe del Gabinete Técnicode la FSC-CCOO, las expresiones que aparecenredactadas por el Gobierno en la exposición demotivos “no animan a la confianza en el desarro-

llo de las intenciones que dice alentar” el ante-

proyecto, lo que nos lleva a concluir en una pri-mera valoración, que nos encontramos ante otropaso de debilitamiento sincronizado de los servi-cios públicos, camino de la desregularización totalpara permitir su saqueo institucional y por ende,la destrucción de atención a la ciudadanía, em-peoramiento de las prestaciones y destrucción deempleo regulado, de calidad y con derechos labo-rales.

Los entes públicos que se mueven como mediospropios de la Administración, que en la nueva re-gulación son definidos como “in house”, encon-trarán limitaciones y cortapisas notables con lasque ahora no cuentan, debilitándose la figura de

la encomienda de gestión, método que estabilizaempleo y servicios, dotando de continuidad yperspectiva a un buen número de entes que tra-bajan en la prestación de un buen número de ser-vicios públicos.

El referido informe de la FSC-CCOO, cuantificaen más de 150 las entidades que ostentan el ca-rácter de medio propio de la AGE y en las Comu-nidades Autónomas, que realizan encargos direc-tos no debiendo regirse para ello por losprocedimientos comunes que son de aplicación alos operadores privados.

La mayor regulación e impedimentos para ac-tuar como medio propio de un ente adjudicador,tendrá reflejo en el volumen de éstas e impactaránegativamente en el empleo, cosa de la que alertaComisiones Obreras como una de los efectos másnegativos de la nueva legislación que el PP quiereaprobar, independientemente de otros factorescomo la debilidad a la que someterá al Sector Pú-blico, la losa que se le colocará encima para lastrarsu competitividad y eficiencia y la debilidad en laque el Gobierno le pone, alterando las reglas deljuego cuando no existe recuperación económica,ni salida de la crisis, reduciendo condiciones la-borales y salariales, empobreciendo a la poblaciónasalariada y liquidando los servicios públicos.

El Gobierno del PP, en su desenfreno legislativocontra reloj, avistando un futuro delicado parasus intereses de clase y económicos de los sectoresque ampara y a los que sirve, sigue en su alocada

carrera para constreñir y debilitar al máximo losorganismos públicos, destruyendo institucioneslaborales y administrativas, bajo el eufemismodel ahorro y la eficiencia, como recientemente se-ñalaba la Vicepresidenta Saenz de Santamaríaque en el Consejo de Ministros del 8 de mayo, va-loraba muy positivamente el último informeCORA (Comisión para la Reforma de las Admi-nistraciones), cuantificando en 2.194 los entespúblicos, empresas públicas y demás institucioneseliminadas, de las que 105 se alojaban y operaban

en el Estado, destruidas en aras de una inmate-rializable reducción de gastos, mientras que lasmás 400.000 trabajadoras y trabajadores públi-cos despedidos de las diferentes administraciones,son un aterrador balance del que ningún Gobiernomínimamente sensible puede sentirse orgulloso.

400.000 personas arrojadas al paro, que antesde llegar el PP al Gobierno tenían un empleo pú-blico, no son un mérito a invocar, evidencian paraCCOO un fracaso monumental de las políticaseconómicas, sociales, de modernización adminis-trativa y de construcción social que hay que eli-minar, sustituyéndolas por otras al servicio de laspersonas, con una apuesta clara y directa por elempleo público, la generación de actividad, la co-hesión social y los proyectos que logren reconducirla grave crisis hacia la creación de empleo.

No obstante lo contundente y evidente de estosrazonamientos, el Gobierno sigue en su orgía des-manteladora del Estado, avanzando cada viernesun paso más en la liquidación de la Administra-ción. No son capaces de convocar a los sindicatos,de hablar con las trabajadoras y trabajadores paraencontrar fórmulas que desarrollen la carrera pro-fesional, que dignifiquen el vituperado y cuestio-

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Los entes públicos que se muevencomo medios propios de laAdministración, que en la nuevaregulación son definidos como “in

house”, encontrarán limitaciones ycortapisas notables con las que ahora nocuentan, debilitándose la figura de laencomienda de gestión, método queestabiliza empleo

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nado empleo público, que mejoren los serviciospúblicos haciéndolos más eficientes, mejor aten-didos y más estables. El Gobierno a lo suyo, golpea golpe, desmantelando el edificio público de me-diación y protección construido por generacionespara la mejora de la vida en España.

En esa compulsiva senda de hacer leyes libera-lizadoras y destructoras, otra vez en viernes, el 8de mayo, acuerdan remitir a las Cortes dos nuevasleyes, la de Procedimiento Administrativo Comúnde las Administraciones Públicas y la del RégimenJurídico del Sector Público, ambos proyectos guia-dos por la obsesión de reducir la presencia de per-sonas trabajadoras en las Administraciones, de-jando las relaciones entre administrados yadministradores en manos de rutinas electrónicas,para una relación más aséptica y distante, pese aque lo envuelvan en que se acercan a la ciudadaníasimplificando trámites y abaratando costes degestión.

La eficiencia de las Administraciones, se midepor el grado de satisfacción que las personas ad-ministradas, ciudadanas y ciudadanos que no con-sumidores o clientes, tienen para con los com-promisos que el Estado adquiere con ellas. Lacompetitividad de las Administraciones, de losservicios públicos, se mide por su utilización socialy su mejora constante para dotar de más y mejoresrecursos y atenciones a la gente que los usa y de-manda.

Algunas personas han venido sosteniendo queel Gobierno del PP reducía la presión en la últimafase de su mandato, bajaba el pistón liquidacio-nista y privatizador de lo público, en parte pre-sionado por los malos augurios que las encuestasle predicen.

No cesan en su trabajo para alterar la capilari-dad de las Administraciones públicas, PNR aPNR, en cada Consejo de Ministros, siempre jus-

tificando las medidas con un excelente coro devoceros que les jalean, pendientes de los benefi-cios que esperan obtener del desmenuzamientode las tareas y funciones encomendadas a los Ser-vicios Públicos que se prestan por trabajadoras ytrabajadores públicos, o que están fuertementereguladas a los efectos de concesiones y por lotanto sujetos a reglamentos, condiciones de pres-tación y derechos para las gentes que trabajan enesos ámbitos.

El éxtasis legislativo en el que ha entrado el PPen las últimas semanas, acelerando iniciativas,dando cuerpo a proyectos de abrochan a futurosu modelo económico, encorsetando a generacio-nes presentes y futuras, tiene que encontrar res-puestas y alternativas de todo tipo, desde la mo-vilización social de la sociedad civil, a la presiónsostenida de las fuerzas sindicales y la construc-ción de un discurso solvente y sostenible por partede las expresiones políticas que encarnan unnuevo modelo o que aspiran a transformacionesque recompongan los equilibrios sociales ahoradañados por los casi cuatro años de políticas declase orientadas por el PP al servicio de sus inte-reses de clase y sus mandarines económicos. 3

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La eficiencia de lasAdministraciones, se mide por elgrado de satisfacción que laspersonas administradas,

ciudadanas y ciudadanos que noconsumidores o clientes, tienen para conlos compromisos que el Estado adquierecon ellas.

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El sistema sanitario público español gozaba,hasta la llegada del PP al gobierno, de ungran prestigio internacional por su elevada

eficiencia (bajo coste y buenos resultados en sa-lud), de hecho la agencia Bloomberg le situabaen 2013 como el 5º mas eficiente del mundo y el1º de Europa; su carácter universal; su naturalezaredistributiva y equitativa financiada por impues-tos; la ausencia de barreras económicas para ac-ceder a la asistencia; su integralidad basada enuna potente Atención Primaria que garantizabala promoción de salud, la continuidad de la aten-ción y la distribución racional de los paciente enel sistema.

Sin embargo la Política del PP a nivel central yen las CCAA ha estado orientada a desmantelary privatizar el sistema sanitario público para po-nerlo en manos de entidades bancarias, multi-nacionales sanitarias y fondos de inversión inter-nacional ubicados en los paraísos fiscales.

A ello, y no tanto por la crisis, sino como ele-mento fundamental para reforzar estas políticasprivatizadoras (ya lo dice el Roto “hay que des-trozar todo lo público para demostrar que no fun-ciona”) hay que unir los brutales recortes que hasufrido el sistema sanitario a partir de 2009, añode máximo gasto sanitario público, que suponen,según las fuentes entre 13.000 y 20.000 millonesde euros de recortes en la Sanidad Pública (14.210millones de euros hasta 2013).

Obviamente el resultado de los recortes ha sidoel que era de prever y básicamente en dos aspectosclaves: una disminución del personal sanitario(alrededor de 55.000 trabajadores menos) y con-currentemente de los recursos del sistema (cierresde camas, de consultas, de actividad de tarde, depuntos de atención continuada, etc); y paralela-mente un aumento del gasto privado que solomoderadamente reflejan las encuestas (el % degasto sanitario privado paso del 25,7% en 2009al 27% en 2011 según la OCDE), de esta manerarecortes y privatización de la financiación hanido de la mano, pero además hay que ser cons-

cientes de que el aumento del gasto privado su-pone mayor inequidad porque muchas personas,especialmente con la crisis, no tienen ningunaposibilidad de incrementar su gasto sanitario pri-vado y quedan sin opciones de acceder a presta-ciones sanitarias que precisan (un buen ejemplo

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Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

La sanidad pública en una situación crítica

El resultado de los recortes ha sidoel que era de prever y básicamenteen dos aspectos claves: unadisminución del personal

sanitario (alrededor de 55.000trabajadores menos) y concurrentementede los recursos del sistema (cierres decamas, de consultas, de actividad de tarde,de puntos de atención continuada, etc); yparalelamente un aumento del gastoprivado

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son los copagos que han producido que un 14,76%de la población no pueda acceder, por motivoseconómicos, a los medicamentos prescritos).

Pero el problema ha sido aún mayor porque laprivatización de centros sanitarios (mayoritaria-mente hospitales, pero también centros de saluden algunas CCAA como Cataluña y Valencia), nosolo no ha mejorado la calidad de la atención, enalgún caso la ha empeorado, sino que además haincrementado los costes de una manera muy im-portante (entre 7 y 8 veces sobre la alternativa deprovisión pública), empobreciendo así aún mas alos centros públicos, un ejemplo paradigmáticoes la Comunidad de Madrid donde en los 3 últi-mos años el presupuesto de los hospitales públicosha descendido el 16,09, el 7 y el 1,08% cada añomientras los centros privados tuvieron un incre-mento del 5,el 2 y el 34% en los mismos años.

Todo ello ha supuesto una disminución de lostrabajadores de la Sanidad Pública conllevandoel cierre de camas, de puntos de atención conti-nuada, de actividad de tarde, etc, disparado laslistas de espera quirúrgicas, de consultas de es-pecialistas, de pruebas diagnósticas e incluso demedicina general y enfermería en Atención Pri-maria, y ha empeorado notablemente la opiniónque tienen los ciudadanos sobre el funciona-miento de nuestro sistema sanitario.

A ello hay que unir el RDL 16/2012 que ha cam-biado el modelo sanitario pasando de uno de de-recho a la atención sanitaria vinculado a las per-sonas a otro vinculado al aseguramiento (con elresultado de las exclusiones de colectivos vulne-rables), ha provocado cambios y recortes en lacartera de servicios, establecido copagos genera-lizados (farmacia, transporte, dietas, prótesis yortesis) y realizado una nuevo medicamentazo(exclusión de la financiación pública de mas de400 medicamentos).

Como la ausencia de transparencia es la normaentre las administraciones sanitarias no se puedeconstatar un empeoramiento en los parámetrosde funcionamiento del sistema sanitario (los últi-mos datos publicados son de 2011 cuando los ma-yores recortes y exclusiones se producen a partirde septiembre de 2012), pero también hay quetener en cuenta que si el sistema no ha colapsadose debe sobre todo al esfuerzo que están reali-zando los profesionales sanitarios, su compromisocon la Sanidad Pública, que como es lógico tiene

un limite, y de continuar las cosas por el mismocamino acabaran totalmente desbordados (ya es-tán bastante desincentivados y cercanos al co-lapso).

Por lo tanto nuestra Sanidad Pública se encuen-tra en una situación crítica y en poco tiempo, deseguir por este camino, se va a cuestionar su pro-pia supervivencia como servicio público sanitariode calidad.

Para evitarlo habría que hacer muchas cosas,pero sobre todo adoptar 4 medidas claves:

Una. Garantizar la atención sanitaria a todaslas personas. Lo que supone incluir a la poblacióninmigrante no regularizada en la atención sani-taria pública, así como a los demás excluidos porel RDL 16/2012 y retirar los copagos en farmacia

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Un ejemplo paradigmático es laComunidad de Madrid donde enlos tres últimos años elpresupuesto de los hospitales

públicos ha descendido el 16,09, el 7 y el1,08% cada año mientras los centrosprivados tuvieron un incremento del 5,el 2y el 34% en los mismos años.

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puestos en vigor en el mismo. Se precisa ademásuna financiación suficiente de la Sanidad Públicay una asignación finalista de la misma para co-rregir las desigualdades en atención sanitaria en-tre las CCAA..

Dos. Recuperar los recursos del sistema sani-tario público, incrementando las plantillas al me-nos hasta alcanzar los niveles de 2009, para fa-vorecer una utilización intensiva de los recursossanitarios públicos paralizando las derivacionessistemáticas hacia el sector privado. Hay que au-mentar el número de camas hospitalarias y losrecursos de Atención Primaria.

Tres. Paralizar las privatizaciones y recuperarlo privatizado. Acabar con las privatizaciones, lasdirectas y las encubiertas (derivaciones, unidadesde gestión clínica, etc) y hacer un plan para recu-perar lo privatizado de manera paulatina a lo largode toda la legislatura. Asimismo separar nítida-mente la Sanidad Pública del sector privado fo-mentando la dedicación exclusiva de los profe-sionales.

Cuatro. Para todo ello se precisan leyes de Sa-lud, a nivel central y autonómico que consolidenla provisión pública, derogando lel RDL 16/2012,la Ley 15/97 y las Leyes de Ordenación Sanitariavigentes y las demás leyes privatizadoras (muyvariadas según cada comunidad autónoma), queademás desarrolle mecanismos reales de partici-pación social y profesional, garantice el desarrollode la salud pública, y el control del gasto farma-céutico y de la sobre utilización tecnológica.

Son elementos esenciales para cambiar derumbo nuestro sistema sanitario, recuperar el de-recho a una atención sanitaria de calidad paratoda la población y disminuir la inequidad res-pecto a la salud. Ahora bien, debemos tener encuenta además el no tomar medidas equivocadasque pueden agravar notablemente la situación desalud de la población, como la escandalosa pro-puesta de subir el IVA a productos básicos comola leche y el pan, en un país donde mas de 10 mi-llones de personas están por debajo del nivel de

la pobreza, eso si que provocaría una crisis hu-manitaria y de salud pública mucho mas graveque la del ébola.

Por eso, es fundamental el resultado de las pró-ximas elecciones autonómicas, porque se va a de-cidir en ellas si culmina el proceso de desmante-lamiento de la Sanidad Pública o si se produceun cambio de rumbo que suponga la recuperaciónde un sistema sanitario público de calidad y delderecho a la atención sanitaria para toda la po-blación. 3

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Es fundamental el resultado de laspróximas elecciones autonómicas,porque se va a decidir en ellas siculmina el proceso de

desmantelamiento de la Sanidad Pública osi se produce un cambio de rumbo

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E l PP ha desarrollado su agenda ideológicade máximos en el programa político de go-bierno. La crisis económica provocada por

la economía neoliberal ha sido la coartada perfectapara que el gobierno neoconservador del PP hayaejecutado durante más de tres años unas políticasencaminadas a desmantelar el Estado de Bienes-tar que se ha intentado construir en España. UnEstado de Bienestar inacabado porque nunca ter-minó de consolidarse como referencia para unasociedad más justa ni por una parte importantede la ciudadanía, ni para el PP ni los nacionalis-mos vascos y catalán.

En el desmantelamiento del Estado de Bienestarha sido clave la política del Gobierno del PP contrael sector público, que se ha apoyado en tres ele-mentos fundamentales: los recortes en las inver-siones; la privatización de la gestión pública,transfiriendo grandes cantidades de recursos encondiciones particularmente ventajosas hacia elsector privado; y orquestando campañas, con laayuda de algunos medios de comunicación, contrala eficacia de la gestión pública y contra la figuradel funcionario público. En este sentido, son sig-nificativas las duras declaraciones de gobernantestan relevantes del PP como la entonces presidentade la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre,la secretaria de Estado de Educación MonserratGomendio y el propio ministro de Educación JoséIgnacio Wert al poner en duda, de manera per-manente, la profesionalidad, la honestidad y lahonradez de un funcionariado que tras los añosde Gobierno del PP no solo ha visto mermado susalario y sus condiciones de trabajo, sino atacadasu honorabilidad.

La igualdad, la dependencia, la sanidad, la vi-vienda, el medioambiente… Nada ha escapado alhacha del Gobierno. Decretos y leyes han ensom-brecido al sector público, han minado su eficaciay su calidad, han empobrecido a millones de per-sonas que han sido excluidas de una vida dignapara configurar una sociedad asimétrica y des-igual donde los derechos han sido suplidos por el

consumo de bienes y servicios. Si quieres una sa-nidad de calidad, una educación excelente o unaatención personalizada para tus mayores, ¡paga!El volumen de la cuenta corriente ha sustituidoal Derecho.

La educación pública, pilar fundamental del Es-tado de Bienestar, no ha sido ajena a la aplicaciónde la agenda de máximos ideológicos del PP. Más

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Pedro Badía | Secretario de Comunicación, Información y Cultura FECCOO

Recuperar la educación pública para la ciudadanía

Decretos y leyes hanensombrecido al sector público,han minado su eficacia y sucalidad, han empobrecido a

millones de personas que han sidoexcluidas de una vida digna paraconfigurar una sociedad asimétrica

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de tres años de recortes y políticas extremada-mente conservadoras han deteriorado la calidadde la educación pública, han empeorado las con-diciones laborales y los derechos sociales de losprofesionales de la educación, han masificado lasaulas y han desacreditado la profesión docente.

La Ley Orgánica para la Mejora de Calidad delSistema Educativo (LOMCE), aprobada en el con-greso de los Diputados con los votos del PP, hacertificado los recortes en las inversiones y unmodelo educativo selectivo y excluyente, muy ale-jado de las ideas de progreso que deben construirun sistema educativo público de calidad para to-dos y todas. Mientras las reformas educativas dealgunos de los países de nuestro entorno y de losgrandes países asiáticos apuntan al siglo XXI, lareforma educativa del Gobierno del PP mira alsigo XIX y repudia, en sintonía con la reaccionariajerarquía eclesiástica, incluso los principios máselementales de la Ilustración, esa gran revoluciónde las ideas que aún condena la Iglesia Católica.

Y, sobre todo, ha desplazado del eje del sistemaeducativo la educación como un derecho y el tér-mino público. Ahora la educación de calidad esun bien de consumo al alcance de algunos bolsi-llos, y regulada por la oferta y la demanda.

La educación pública se desangra con el Go-bierno del PP. Cae la inversión, crece el alumnadoy disminuye el profesorado.

La inversión pública cae en picadoLos recursos destinados a la educación públicano universitaria se han ido reduciendo desde elaño 2010. La inversión pública ha pasado de estarpor encima del 5% del PIB al 4,3% actual. En lapropuesta que el Gobierno del PP ha realizado alECOFIN (órgano que supervisa las políticas fis-cales y presupuestarias de los países miembrosde la UE), contempla reducir el porcentaje de in-versión del PIB dedicado a educación pública enmás de 4.000 millones de euros, situándolo pordebajo del 4% en 2015 y del 3,7% en 2016. Estosupone volver a los niveles de inversión de 1987.

Estos recortes, de una quinta parte de la cuantíade los fondos públicos, está acompañado de unincremento similar en el gasto privado educativo,que del 0,8% del PIB ha pasado a algo más del1%. Ambos porcentajes, el público y el privadopor exceso se alejan de la media de la UE e impi-den ejercer el papel de la educación como uno de

los medios más importantes para equilibrar lasdesigualdades sociales y promover el derecho deoportunidades.

La universidad pública no sale mejor parada delos recortes. El porcentaje de inversión en relaciónal PIB ha descendido notablemente. La universi-dad española ha perdido más de 1.500 millonesde euros en los últimos cuatro años. Cerca del32% de los recortes han afectado al capitulo des-tinado a nuevas construcciones, reparaciones,proyectos de investigación, etc. Solo el 27% del

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La educación pública, pilarfundamental del Estado deBienestar, no ha sido ajena a laaplicación de la agenda de

máximos ideológicos del PP. Más de tresaños de recortes y políticasextremadamente conservadoras handeteriorado la calidad de la educaciónpública, han empeorado las condicioneslaborales y los derechos sociales de losprofesionales de la educación, hanmasificado las aulas y han desacreditado laprofesión docente.

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estudiantado reciben becas y ayudas. Las tasas ylos precios se han incrementado más de un 23%respecto a 2010, mientras que el gasto públicopor alumno/a cae un 25,2% en los últimos cuatroaños.

Profesionales de la educaciónHay más estudiantes que tiene que ser atendidospor menos profesionales de la educación. Segúndatos del Boletín Estadístico del Personal al Ser-vicio de las Administraciones Públicas, Ministeriode Hacienda, la educación pública no universitariaha perdido, entre enero de 2012 y julio de 2013,cerca de 33.000 docentes, como resultado de latasa de reposición impuesta por el gobierno (decada 10 docentes jubilados/as solo se sustituía 1)y la no renovación del personal interino.

El Personal de Administración y Servicios (PAS)se ha reducido entre los cursos 2011-2013 un 6%,es decir, ha perdido 4.611 efectivos, según datosdel Consejo Escolar del Estado.

En la universidad, el capítulo de personal hadescendido 484 millones de euros (31,8%). Estosignifica que, entre 2012 y 2014, 5.669 docentesy 2.455 PAS han perdido su puesto de trabajo.Junto a la destrucción de empleo, ha aumentadode forma considerable la precarización laboral.

Becas y ayudasA la caída en picado de la inversión por alumno/atanto en la enseñanza pública no universitariacomo en la universitaria, se han sumado los re-cortes en las becas y las ayudas. A partir del curso2010-2011, las ayudas se desploman y caen hastala mitad. Lo mismo pasa con los beneficiarios dela becas, que pasan de un millón a menos de400.000 estudiantes. Solo en la universidad laeconomía de recortes del PP ha expulsado de loscampus públicos a más de 45.000 estudiantes.Esta cifra podría aumentar si, como sugiere elMinisterio de Educación, se sustituyen ayudaspor préstamos personales.

¿Consecuencias en la educación pública de losrecortes detallados? Baja la calidad, se compro-mete gravemente la igualdad de oportunidadesen el acceso a la educación y se expulsa del sistemaeducativo al estudiantado más desfavorecido.

La pobreza educativa es un nuevo concepto,promovido por la política del PP, que está arrai-gando con fuerza en la sociedad española.

La posición de la Federación de Enseñanzade CCOOPara la FECCOO, es fundamental que el futuroGobierno de España sitúe en el eje de su políticaal sector público mediante un discurso sustancialque prestigie y haga visible el concepto público,y mediante las inversiones suficientes para des-arrollarlo desde el programa de gobierno

La construcción de la educación pública no esun camino fácil y no se puede transitar sin analizarel escenario histórico y sin contemplar la inequi-dad social que en estos momentos nos rodea.

Es muy urgente devolver la educación pública

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Ala caída en picado de la inversiónpor alumno/a tanto en laenseñanza pública nouniversitaria como en la

universitaria, se han sumado los recortesen las becas y las ayudas. A partir del curso2010-2011, las ayudas se desploman y caenhasta la mitad. Lo mismo pasa con losbeneficiarios de la becas, que pasan de unmillón a menos de 400.000 estudiantes.

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al eje del sistema educativo y recuperarla comoun derecho humano universal. Y tomar medidasconcretas. Políticas, ampliando las garantías cons-titucionales ofrecidas hasta el momento por lospoderes públicos, a través de la creación de cen-tros y de la programación general de la educación.Económicas, garantizando una financiación mí-nima que en un tiempo razonable consolide el 6%del PIB en la inversión educativa.

La educación pública, financiada con recursosdel Estado, es la única que puede garantizar queel derecho a la educación de calidad para todos ytodas sea una realidad.

Consolidar y mejorar la educación pública esuna tarea inaplazable. No solo es un problemacuantitativo, sino cualitativo. Recursos y calidadvan de la mano.

Se requieren medidas, legislativas si fueran ne-cesarias, que propicien la preservación de la redpública; que prohíban la privatización de la ges-tión pública; que destinen las inversiones para lacreación de nuevos centros y el suelo público ex-clusivamente a la oferta pública, y que propicienque los centros de nueva creación sean centrosintegrados que comprendan los niveles educativosdesde Infantil hasta Bachillerato; que limiten losconciertos educativos; que declaren prioritaria lared pública de centros.

Es muy importante que las administracioneseducativas realicen un diagnóstico general de lasinstalaciones y dotaciones de los centros públicosa fin de determinar su estado y sus deficiencias.De este diagnóstico se debería derivar un plansistemático de construcción de centros y mejorade las instalaciones para que la educación públicaresponda a las exigencias de una educación dignay de calidad.

Otras medidas, que por motivo de espacio novamos a detallar en este artículo pero que son im-portantes, se refieren al sistema de admisión delalumnado para hacerlo más equitativo; a mejorarla calidad profesional de los profesionales de laeducación; mejorar sustancialmente el papel delos equipos directivos y de la inspección; promo-ver la participación del conjunto de la comunidadeducativa en la educación pública, fundamentadoun modelo de educación pública de éxito en lasolidaridad y la cooperación.

En definitiva recuperar la escuela pública parala ciudadanía a través de un nuevo proyecto que

sea integrador, intercultural, interterritorial, laico,participativo y democrático. Una educación pú-blica que facilite la inclusión en sociedades cadavez más globalizada.

“Los sistemas educativos públicos bien podríaseguir siendo una palanca en los estados que de-cidan utilizarla, para reducir los riesgos de la cre-ciente desigualdad y exclusión social, para favo-recer el sentimiento de identidad colectivamúltiple, fomentar una lealtad plural a diversascomunidades que conviven en un mismo territo-rio y promover la mezcla positiva de diversas cul-turas”. Colectivo Lorenzo Luzurriaga, seminario“Estado, educación y cultura pública”. 3

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Se requieren medidas, legislativas sifueran necesarias, que propicien lapreservación de la red pública; queprohíban la privatización de la

gestión pública; que destinen lasinversiones para la creación de nuevoscentros y el suelo público exclusivamente ala oferta pública

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E l transporte de viajeros está consideradocomo servicio público, salvo, claro está, eldiscrecional. Eso significa que el transporte

regular en autobús, el transporte urbano y el ser-vicio de taxi, entran en la definición y son los po-deres públicos los dueños y titulares de los mis-mos, y los garantes de su buen funcionamiento.Eso no significa que la prestación la realicen di-rectamente los poderes públicos, sino que es en-cargada a empresas privadas a través de conce-siones.

La primera amenaza es el propio concepto deservicio público, que se va diluyendo y perdiendofuerza por las presiones liberalizadoras de consi-derar todo como susceptible de negocio, sin aten-der a ninguna restricción de servicio público uobligaciones de calidad.

Así, el trasporte regular en autobús es explotadopor empresas privadas y la única pública, ENAT-CAR, fue privatizada (o pseudo-regalada) en1996. Aunque ya la habían despojado de muchaslíneas y servicios. Antiguamente las concesioneseran por 25 años y además prorrogables, con loque las privadas se consideraban como de su pro-piedad y además eternas. Además eran tremen-damente rentables. Y las tarifas aumentaban coninercia automática, algo detrás de las de RENFE,poniendo a la Administración en un puño y a sudictado.

Pero desde Europa, llegaban comisarios con laidea central de: «¿qué puedo liberalizar?«, y eltransporte de viajeros les parecía muy pocoabierto a la competencia, de manera que bajó losplazos de las concesiones a menos de 12 años,(pretendían 5, aún a riesgo de hacerlas inviables,pero que compitieran en precio olvidando cali-dad). El sistema concesional español tenía unaventaja: no había apenas subvenciones, las lla-madas obligaciones de servicio público, pues es-taban concebidas para que líneas rentables sos-tuvieran líneas poco rentables y atendieran apoblaciones de débil tráfico o aisladas. Sin em-bargo, las empresas buscan rentabilidad línea a

línea, lo que les empuja a ir abandonando las norentables. Los concursos pensados en abrirlos ala mayor competencia posible, resultan ser recu-rridos porque los sindicatos hemos presionadopara que se hagan cargo de las plantillas (subro-gación), y no compitan con dumping social y pre-cisamente en estas fechas hay que renovar casitodas las líneas.

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José Luis García Revuelta | Comisión Ejecutiva del Sector de Carretera de la FSC-CCOO

El autocar, el autobús y el taxi,bajo amenaza

La primera amenaza es el propioconcepto de servicio público, quese va diluyendo y perdiendofuerza por las presiones

liberalizadoras de considerar todo comosusceptible de negocio, sin atender aninguna restricción de servicio público uobligaciones de calidad.

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Como conclusión, nos encontramos con innu-merables concursos, todos recurridos por las res-tricciones laborales y azuzados por los de Compe-tencia, que pretenden experimentos liberalizadoresque ya han fracasado en otros países haciendo pe-ligrar la continuidad de este servicio público.

A ello se suman otros experimentos, disfrazadosde consumo colaborativo, tipo Blablacar, que co-menzando a cobrar costes de gestión en las ope-raciones que realizan los usuarios de su página,que roba viajeros, es ilegal, y pretende acabar conla regulación del transporte regular, bajo la apa-riencia de falsa modernidad, e insiste en la ideaque nos conduce a quedarnos sin autobús y sus-tituidos con servicios y trabajadores de economíasumergida.

En suma, los que pagarán estos experimentosserán los trabajadores por un lado, con pérdidasde empleo, de sus condiciones de trabajo y sala-riales, y por el otro lado, el usuario, que en estemedio de transporte recordemos que no viajanlos «señoritos», por lo que la identificación delsindicato es con el trabajador y claramente tam-bién con el usuario.

En España en poblaciones con más de 50 milhabitantes disponen de transporte urbano, y tantolas municipales, (las de prestación pública directa)como las privadas se enfrentan a un deterioro delservicio. Las municipales gestionadas por quienno cree en el servicio público y que las abocan asu desaparición provocando aumentos de déficits,para recortar servicios, destruir empleo, bajar ex-pediciones, bajar calidad, y no cubriendo las obli-gaciones de servicio público, ( es decir, la partedel billete que no paga el usuario,) y presentarlascomo ineficientes, y clamando por su privatiza-ción. Eso sí, con otro nivel de calidad muy inferior,y pagando con creces esos déficits de tarifa. Aúnasí, el precio del billete aumenta progresivamente,poniendo en peligro cualquier política de movili-dad y gestión del tráfico.

Por último, al referirnos al servicio del Taxi, yaunque el usuario siempre lo considera mejorable,asistimos a un férreo ataque a que estén reguladospor los servicios municipales o autonómicos, me-diante fórmulas tipo UBER, que pretenden ins-talarse fraudulentamente y además cambiar y des-

hacer la regulación, para precipitarnos a un ex-perimento de laboratorio que está siendo prohi-bido y restringido también en muchos países.

Siendo el servicio mejorable (como cualquierotro), hay que reconocer el buen nivel de calidadde éste en nuestro país y sus mejoras progresivas,y estamos ante el grave riesgo de que, por las ame-nazas de liberalización, se prescinda de él, con

conductores formados, con convenio, con seguros,con tarifas reguladas públicamente, con revisionesITV de vehículos, y con la disponibilidad de ser-vicio actual. Se aboga por ser sustituido por unao varias multinacionales que no pagan impuestos,ni salarios, con conductores amateurs, sin segurosy con tarifas y condiciones que regula la propiaempresa. Son sistemas que no pueden convivir, yque tanto trabajadores como usuarios verán de-pauperados sus condiciones.

Los falsos alardes a las ventajas de la compe-tencia, de la liberalización, a acabar con la quellaman «intromisión de los poderes públicos» quemuestra el Ministerio de Economía y la Comisiónde Competencia, e incluso la Comisión Europea,en estos 3 medios de transporte, presentado como«lo nuevo», pretenden acabar con el servicio pú-blico, presentado como «lo viejo» , con las garan-tías de calidad de servicio y de empleo, para con-vertirlo en otro negocio donde el mercado y lasmultinacionales impongan las condiciones. Losresultados son palpables y atacan la médula espi-nal del servicio público. 3

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Los que pagarán estosexperimentos serán lostrabajadores por un lado, conpérdidas de empleo, de sus

condiciones de trabajo y salariales, y por elotro lado, el usuario, que en este medio detransporte recordemos que no viajan los«señoritos», por lo que la identificación delsindicato es con el trabajador y claramentetambién con el usuario.

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Que las telecomunicaciones son un factorclave, transversal y estratégico para el des-arrollo de un país, ya que afecta al conjunto

de las actividades económicas de un país, nadielo pone en duda, y que el acceso a los servicios detelecomunicaciones al conjunto de la poblaciónes un indicador básico del desarrollo de los países,es incuestionable.

En el caso de España, al igual que en el resto depaíses de nuestro entrono, con el proceso de libe-ralización de las telecomunicaciones, los serviciosde telecomunicaciones dejaron de calificarse comoservicio público, para pasar a ser conceptuadoscomo servicios económicos de interés general yasí, la vigente Ley 9/2013 General de Telecomu-nicaciones en su artículo 2 establece que “las te-

lecomunicaciones son servicios de interés general

que se prestan en régimen de libre competencia

y sólo tienen la consideración de servicio público

o están sometidos a obligaciones de servicio pú-

blico los servicios regulados en el artículo 4 y en

el Título III de esta Ley” General, de tal modoque se señala a los operadores de telecomunica-ciones que se encuentran sometidos a dos cate-gorías de obligaciones de servicio público, quebásicamente las podemos concretar en el serviciouniversal cuantificado por la CNMC para este pa-sado año 2014 en un coste de u otras obligacio-nes de servicio público impuestas por razones deinterés general, en la forma y con las condicionesestablecidas en la propia Ley y que se desgrananen los artículos 23 y siguientes de la Ley 9/2014.

Estas obligaciones de servicio público, herede-ras de las ya prevista en la precedente Ley Generalde Telecomunicaciones de 2003 y de alguna ma-nera se quedan mirando hacia atrás, manteniendoen el tiempo lo ya incluido en su día por la Ley deEconomía Sostenible impulsada por el anteriorGobierno, cuando ente ellas se pretenden garan-tizar como parte integrante del servicio universalque “la conexión a la red pública de comunica-

ciones con capacidad de acceso funcional a In-

ternet deberá permitir comunicaciones de datos

en banda ancha a una velocidad en sentido des-

cendente de 1 Mbit por segundo” lo cual resulta atodas luces insuficiente, aunque eso sí, se autorizaal gobierno a poder modificar este precepto segúnsu criterio a la vista de los usos de la mayoría delos usuarios.

La realidad de nuestro país es que según losdatos hechos públicos por la Comisión Nacional

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Angel García Castillejo | Abogado. MEL Abogados. Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

España y el reto digital en 2015. La cohesión digital pendiente

En el caso de España, al igual queen el resto de países de nuestroentrono, con el proceso deliberalización de las

telecomunicaciones, los servicios detelecomunicaciones dejaron de calificarsecomo servicio público, para pasar a serconceptuados como servicios económicosde interés general.

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de los Mercados y la Competencia (CNMC) res-pecto de 2014 es que la facturación del sector detelecomunicaciones y audiovisual en España fuede 7.719,3 millones de euros en 2014, lo que su-pone una caída del 4,4% en términos anuales.Esta cifra se corresponde por un lado con la si-tuación de crisis financiera general, que en el casode este sector a conducido a políticas de reducciónde precios y reducción de márgenes que ha llevadoa una ralentización de las políticas inversoras delos operadores, a pesar de lo cual el parque de lí-neas de banda ancha fija superó los 12,8 millones.De ellas, el 23,4% tenía una velocidad de 30 Mbpso superior, y las conexiones de banda ancha acti-vas de FTTH (fibra óptica) sumaron 1,6 millonesde líneas, frente a las 600.000 de 2013.

El dato relevante del caso español es como losingresos de banda ancha móvil experimentaronun incremento interanual del 8,3%, mientras quelos de telefonía móvil cayeron el 17%. Así, el totalde líneas de banda ancha móvil ascendió a 36,3millones en 2014, con un crecimiento interanualdel 15,5% respecto de 2013. De este total, 34,6millones eran líneas de voz y datos y tan solo 1,7millones eran líneas exclusivas de datos.

El mantenimiento, como parte integrante delservicio universal, de una conexión que permitacomunicaciones de datos de banda ancha a unavelocidad de 1Mbit por segundo es relevante, peroa la vista de los servicios demandados por losusuarios españoles, ya sean particulares o empre-sas, es a todas luces insuficiente. Ahora bien, paraque este derecho sea una realidad y que las previ-siones bien intencionadas de la Ley General deTelecomunicaciones resulten factibles, exige deun esfuerzo en paralelo, que es el despliegue delas redes de nueva generación que cubran el con-junto del territorio español independientementede la densidad de población, o de la renta per cá-pita de un determinado territorio o colectivo so-cial.

Tal como se recoge en la Agenda Digital Euro-pea y en la Iniciativa Europa 2020, las tecnologíasde la información y la comunicación, las TIC, su-ponen un elemento clave de nuestras economíasy de nuestras vidas y cada vez los usuarios de-mandan más y mejores servicios y aplicaciones,lo cual requiere de infraestructuras cada vez máscapaces y rápidas.

La Agenda Digital para Europa es una de las

siete iniciativas emblemáticas que contempla laestrategia Europa 2020, puesta en marcha por laComisión Europea en 2010 con el objetivo, nosólo de superar la crisis que está afectando a mu-chas de las economías europeas, sino también desubsanar los defectos del modelo de crecimientoeuropeo y crear las condiciones propicias para untipo de crecimiento distinto, más inteligente, sos-tenible e integrador.

El objetivo de la Agenda es impulsar la innova-ción y el crecimiento económico europeo y ayudara los ciudadanos y a las empresas a aprovechartodo el potencial económico y social que tienenlas TIC, y en particular Internet. En ésta, comoen el resto de iniciativas de Europa 2020, tantola administración europea como las nacionalesdeben coordinar sus esfuerzos a fin de ayudarsemutuamente.

En esta misma línea, el quince de febrero de2013 el Consejo de Ministros del Gobierno espa-ñol aprobó la Agenda Digital para España comola estrategia del Gobierno para desarrollar la eco-nomía y la sociedad digital en España durante el

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El dato relevante del caso españoles como los ingresos de bandaancha móvil experimentaron unincremento interanual del 8,3%,

mientras que los de telefonía móvilcayeron el 17%.

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periodo 2013-2015. Esta estrategia se configurabacomo el paraguas de todas las acciones del Go-bierno en materia de Telecomunicaciones y deSociedad de la Información.

Por tanto, la Agenda española marca la hoja deruta en materia de Tecnologías de la Informacióny las Comunicaciones (TIC) y de AdministraciónElectrónica para el cumplimiento de los objetivosde la Agenda Digital para Europa en 2015 y en2020, e incorpora objetivos específicos para eldesarrollo de la economía y la sociedad digital enEspaña.

De los datos publicados sobre la situación delos servicios digitales en España en 2015, segúnel “Índice de la Economía y la Sociedad Digitales2015. Perfil de país-España” (DESI) desarrolladopor la Comisión Europea referido a 2014 “España

alcanza una puntuación global de 0,49 y ocupa

el puesto 12 entre los 28 Estados miembros de la

UE. A lo largo del pasado año, España ha mejo-

rado sus resultados en todos los ámbitos exami-

nados por el DESI. En particular, España está

mejorando su comportamiento en materia de co-

nectividad, a favor del despliegue de las redes

rápidas de banda ancha (el 65 % de los hogares

dispone de acceso a banda ancha de alta veloci-

dad), aunque con diferencias entre regiones. En

general, España presenta debilidades del lado

de la demanda, con niveles bajos de competencias

digitales (solo un 58 % de españoles posee las

competencias digitales básicas) y de uso de in-

ternet”.

España se encuentra por debajo de la media dela Unión Europea en capital humano o lo que eslo mismo en competencias profesionales que per-miten un mejor uso y mayores beneficios econó-micos, ocupando el puesto 16 de los estados de laUE, cuatro décimas por debajo de la media euro-pea, al igual que en uso de Internet, el puesto 22dos décimas por debajo de la media, o en conec-tividad, ocupando el puesto 17 y con dos décimastambién por de bajo de la media comunitaria

Las redes de nueva generación son las costosasinfraestructuras que posibilitan que los usuariospuedan acceder a estos servicios, pero la lógicadel mercado sólo garantiza su despliegue en las

zonas más rentables y para aquellos usuarios quepotencialmente puedan garantizar a los operado-res de red un retorno adecuado a sus inversiones.El riesgo de que se consolide y acreciente la “bre-cha digital” conduce a la necesidad de planes quefavorezcan y en la medida de lo posible garanticenun despliegue homogéneo, sostenible y para todoel territorio y todos los usuarios-ciudadanos encondiciones equitativas.

Las políticas de la Unión Europea, los planesaprobados en los países de nuestro entorno co-munitario o en Estados Unidos, ponen de eviden-cia la oportunidad de ir más allá de políticas deincentivo en los usuarios, como las desarrolladasen los Planes Avanza, necesarias, pero no sufi-cientes, y plantear la urgente necesidad de queen España se promueva un Plan de desarrollo delas redes de nueva Generación que favorezca eldespliegue y dispersión de las redes de accesoshacia los usuarios finales, ya sean estos residen-ciales o empresariales, de forma homogénea te-rritorial y socialmente.

Es imprescindible el impulso de un plan de in-serción formativa y de banda ancha para el con-junto de los españoles, que con estas característi-cas, suponga una contribución clave para unfuturo desarrollo sostenible, cohesionado desdeuna óptica territorial e integrador socialmente ycorrector de una grave deficiencia del mercadoque de no ser corregida por la iniciativa públicaterminará ahondando la “brecha digital” en Es-paña internamente y con el resto de la Unión Eu-ropea.3

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El objetivo de la Agenda esimpulsar la innovación y elcrecimiento económico europeo yayudar a los ciudadanos y a las

empresas a aprovechar todo el potencialeconómico y social que tienen las TIC, y enparticular Internet.

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L a convergencia entre los diferentes mediosde comunicación social hace imprescindibleconsiderar a estos como un único sector pro-

fundamente entrelazado. Por una parte, el uso delas nuevas tecnologías y por otra la tendencia a laconcentración empresarial prefiguran un marcoen el que la prensa, la radio y la televisión formanparte de la misma realidad.

A este hecho hay que añadir una segunda con-vergencia cada vez más patente: la que se produceentre la comunicación social y otros sectores antesnítidamente diferenciados como las telecomuni-caciones, todo ello en el contexto de la llamadasociedad de la información.

Esta realidad viene definida por un aumentode la concentración empresarial y de la segrega-ción productiva, donde los grandes grupos mul-timedia abarcan cada vez más medios de comu-nicación, centralizando las decisiones en lascúpulas directivas de estos grupos. Se profundizaen la estrategia de utilizar las llamadas «siner-gias», como puede ser la cobertura de un aconte-cimiento informativo por un solo equipo para di-ferentes medios de prensa, radio y televisión delmismo grupo multimedia.

La concentración de la propiedad de los mediosse acompaña de una segregación productiva quese constituyen en «empresas red» que elaboranparte de la actividad global.

Además, estamos ante el desarrollo de la libe-ralización y de las amenazas de privatización delos medios públicos. El primer impacto de la li-beralización en el sector de televisión significó ensu momento el aumento espectacular de la oferta,por diversos sistemas de distribución, -cable, sa-télite, digital terrestre.

Por otra parte el sistema público de televisiónse ve claramente amenazado, ya que es una delas pocas «islas» sin privatizar. La ausencia de unmodelo estable que garantice la consolidación dela radio televisión pública pone en peligro su fu-turo.

Para conjurar este riesgo, parece necesario im-

pulsar la regulación del sector. El esfuerzo debeestar dirigido a configurar políticas que impidanel avance de la concentración multimedia, con-fluyendo con otras organizaciones sociales en ladefensa de leyes y normas que regulen el sector ygaranticen la pluralidad.

También en confluencia con otras organizacio-nes, movimientos e instituciones, hemos de par-

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Carmen Rivas | Fundación 1º de Mayo

Las radio televisiones públicas son una necesidad

Es imprescindible la pervivencia deunos medios públicos decomunicación bajo controlparlamentario, como ha sido el

caso de la Corporación RTVE, que brindencauces de expresión plural a la sociedad y,primordialmente, a aquellos sectores quecarecen de medios económicos paradifundir sus opiniones.

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ticipar activamente en la defensa de la radio tele-visión pública, en sintonía con las numerosas de-claraciones de diversos organismos de la UniónEuropea.

En un panorama en el que la prospectiva sobrela evolución de los medios de comunicación sehace especialmente compleja, es necesario quedediquemos una parte de nuestra actividad alanálisis y a las propuestas, para construir nuestraspropias referencias. En ese sentido hemos de ar-ticular instancias de reflexión, grupos de expertos,y otras iniciativas que nos suministren materialespara elaborar nuestras propuestas.

La concentración de los medios de comunica-ción, el deterioro de las condiciones de trabajo yla precariedad laboral en las empresas de comu-nicación hacen que la información sea, más quenunca, un bien que hemos de preservar en todasu posible variedad y riqueza.

Por eso, la información a de ser consideradacomo una actividad de interés público. No puedeni debe ser sólo mercancía, sujeta a las reglas delderecho mercantil, ni propaganda, sometida a losintereses y presiones del poder.

Es imprescindible la pervivencia de unos me-dios públicos de comunicación bajo control par-lamentario, como ha sido el caso de la Corpora-ción RTVE, que brinden cauces de expresiónplural a la sociedad y, primordialmente, a aquellossectores que carecen de medios económicos paradifundir sus opiniones. Por eso es tan importanteque las radio televisiones autonómicas españolassigan siendo de titularidad y gestión pública y pa-sen a depender de los parlamentos correspon-dientes.

Sin embargo, la crisis económica está sirviendode excusa para cuestionar e incluso acabar con elsistema público de televisión autonómica, clara-mente amenazado por los gobiernos del PP.

En nuestra opinión, los valores de una sociedaddemocrática no son tales sin la existencia y la ga-rantía de unos medios de comunicación públi-cos, no gubernamentales y al servicio de los ciu-dadanos.

El sector televisivoLos resultados de audiencia, correspondientes alaño 2009, y primer trimestre de 2010 confirma-ron el fin del modelo televisivo hegemónico vi-gente hasta ese momento en España, así como su

equiparación a parámetros mundiales. Por vezprimera, la cadena más vista ha contado con unaaudiencia inferior al 18%, cuando, por ejemplo,Telecinco llegó a disponer del 22,1% de share. Es-paña entra así en la senda mundial marcada porla tendencia a la fragmentación de audiencias.

Además está el proceso de reordenación de latelevisión pública, que no emite publicidad desdeel 1 de enero de 2010, acorde con su nueva Ley deFinanciación. El recorte de 200 millones de eurosen el presupuesto de RTVE ratifica tal impresión.El gobierno del PP ha modificado la Ley Generalde la Comunicación Audiovisual aprobada en laprimera legislatura del gobierno del PSOE presi-dido por José Luís Rodríguez Zapatero. Una mo-dificación que es también un ataque directo e in-directo al conjunto del servicio públicoaudiovisual. Directo, porque permite privatizar

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La ausencia de un modelo estableque garantice la consolidación dela radio televisión pública pone enpeligro su futuro. Lo que hay

detrás del interés privatizador es un doblenegocio, político y económico.

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las radio televisiones autonómicas. Indirecto, por-que permite la externalización de los informativosy elimina o puede eliminar en la práctica los ob-jetivos de producción propia.

Para RTVE y el conjunto de las radio televisio-nes públicas, la externalización de los informati-vos supone en realidad la pérdida de la indepen-dencia que ha de tener la información para queno se convierta en propaganda al servicio de losintereses empresariales, políticos o económicosde la compañía adjudicataria.

Es importante hacer hincapié en que el gobiernodel PP ha dinamitado las salvaguardas al serviciopúblico establecidas por la Ley General de Comu-nicación Audiovisual. Una de las más importan-tes, la prohibición de ceder a terceros la edición yproducción de programas informativos, suponepara todas las radio televisiones públicas y espe-cíficamente para RTVE, la pérdida de su funciónquizá más importante: el servicio público.

Si los servicios informativos se ceden a tercerospierde todo sentido el servicio público. Porque nopuede haber una información independiente, plu-ral y al servicio de los ciudadanos, editada y pro-ducida por una empresa privada, que se debe alos intereses económicos e ideológicos de sus ac-cionistas y propietarios.

No vale decir que los programas informativostendrán que ser elaborados siguiendo los princi-pios editoriales establecidos por la cadena pública.La información no es un servicio que pueda so-meterse a unos parámetros tan convencionalesde control como puede ser, por ejemplo, una ca-rretera.

Lo que hay detrás del interés privatizador es undoble negocio, político y económico.

Se cede los informativos a una empresa políti-camente afín, lo que evita al gobierno de turnolos controles a los que está o debe estar sometidala información en RTVE y en las radio televisionespúblicas autonómicas.

El mismo art. 40.1 de la LGCA ordenaba a lasradio televisiones públicas que la mayor parte desus programas sean de producción propia. Aun-que inconcreta y supeditada a lo que establezcanlos respectivos acuerdos marco y contratos pro-grama, el PP ha eliminado esta otra seña de iden-tidad del servicio público.

Justo cuando hay que someterse a una austeri-dad extrema, las radio televisiones públicas deben

concentrarse en lo esencial, la producción de pro-gramas, rentabilizando al máximo sus recursoseconómicos, técnicos y humanos.

Levantar esta norma significa convertir a lasradio televisiones públicas en cascarones vacíos,en cúpulas de directivos dedicados a encargarprogramas.

Por supuesto, hay que dar espacio al talentoajeno y a los servicios muy especializados, perolas cadenas públicas y, de modo muy destacadoRTVE tienen todavía un gran potencial por ex-plotar.

No es ninguna sorpresa que el PP permita a losgobiernos autonómicos privatizar a las cadenaspúblicas regionales. Estaba en su programa. Losgobiernos autonómicos podrán privatizar direc-tamente. Esto significa sacar a concurso las fre-

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Justo cuando hay que someterse auna austeridad extrema, las radiotelevisiones públicas debenconcentrarse en lo esencial, la

producción de programas, rentabilizandoal máximo sus recursos económicos,técnicos y humanos.

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cuencias, las instalaciones y el personal de la ca-dena y entregárselas a una empresa privada acambio de un precio. Solución brutal, pero al me-nos transparente. Los ciudadanos se quedaríansin ese servicio público, pero no seguirían pa-gando.

La trampa está en la posibilidad de mantenerel servicio público bajo la fórmula de gestión in-directa. Esto significa, como en el caso anterior,seleccionar a una empresa privada para entregarlefrecuencias, instalaciones y personal y, además,encomendarle la misión de servicio público.

Para que se entienda mejor, bajo este sistemade gestión indirecta del servicio público han fun-cionado las cadenas generalistas nacionales hastala LGCA. ¿Dónde estaba el servicio público du-rante los últimos veinte años?

Como es lógico, el concesionario exige para des-arrollar esa misión de servicio público, que con-sideraría muy onerosa, una contraprestación eco-nómica.

Otra posibilidad abierta son distintas fórmulasde cooperación público-privada.

No hay servicio público sin públicoLo cierto es que no puede existir un servicio pú-blico sin público, es decir, sin audiencia. No tienesentido. Pero cuidado con los índices de audiencia.Las audiencias masivas se han fragmentado y se-guirán fragmentándose. ¿Dónde está el límite dela viabilidad?

En las radio televisiones privadas, en principioestá muy claro, en la rentabilidad económica. Unatelevisión puede ser rentable con un 1 ó un 2% deaudiencia. En las públicas el criterio además delde la audiencia tiene que ser la rentabilidad social:no solamente cuántos nos ven o nos oyen pun-tualmente, sino a qué públicos damos servicio yqué servicio les damos.

Los servicios públicos audiovisuales tiene queconjugar el servicio a las audiencias masivas (ypara ello sus programaciones tienen que ser atrac-

tivas y sus informativos creíbles) con el servicio apúblicos minoritarios y la entrega personalizadade contenidos de calidad.

A estas alturas, lo que parece meridianamenteclaro es que sin comunicación de masas no haysociedad. Las televisiones autonómicas son nece-sarias para consolidar una esfera pública de lasregiones y nacionalidades españolas e inclusodiría que hoy son más necesarias que hace 20

años en razón de la desaparición de otros mediosde comunicación regionales y locales. Sin dudaestán doblemente justificadas en aquellas comu-nidades con lengua propia.

Nuestro estado autonómico ha carecido demecanismos de cooperación. Las radio televisio-nes autonómicas no han sido una excepción. Enlugar de optar por el modelo alemán (potentesorganismos regionales federados en una cadenanacional), cada comunidad autónoma ha implan-tado su propio organismo, con una débil coop-eración a través de la FORTA.

Se necesitan crear sinergias que puedan garan-tizar un servicio público de calidad que al mismotiempo ayude a la potenciación de una industriaaudiovisual capaz de generar empleo, distribuircontenidos y promover la cultura y el conocimientode la enorme variedad lingüística, artística, gas-tronómica, patrimonial, que tiene nuestro país ycada una de sus autonomías. 3

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Los servicios públicosaudiovisuales tiene que conjugarel servicio a las audienciasmasivas (y para ello sus

programaciones tienen que ser atractivas ysus informativos creíbles) con el servicio apúblicos minoritarios y la entregapersonalizada de contenidos de calidad.

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T omar agua nos da vida, tomar conciencia

nos dará agua. Estas dos frases tienen unenorme trasfondo, pintadas en un muro, en

el marco de la iniciativa acción poética que hasido puesta en marcha en diversos lugares delmundo.

Conciencia trasladada a la crisis económica,ambiental y de valores, si, de valores, que atra -vesamos.

Permítanme apuntar unos datos y alguna má -xima, por aquello de marcar el terreno de juego:

— Meta 10, objetivo 7, de los ODM (objetivosdel milenio): Reducir a la mitad, para el año 2015,el porcentaje de personas que carezcan de accesosostenible a agua potable.

— 1200 millones de personas no tienen accesoal agua.

— 1,8 millones de niños y niñas mueren al añoen el mundo por falta de acceso al agua potable.

El acceso al agua debería de ser un derecho fun-damental del ser humano. Un bien público, unelemento de primer orden en las prioridades ciu-dadanas, y es una obligación del Estado, de losEstados, suministrar a la ciudadanía servicios deagua y saneamiento.

Cada habitante de un país desarrollado con-sume aproximadamente un millón de litros deagua al año. Esto podemos calificarlo de derroche,unido a una enorme falta de conciencia de la im-portancia de este preciado bien. Falta camino querecorrer en el ámbito de la sensibilización y laconcienciación.

El agua dulce superficial representa sólo unaexigua fracción del conjunto, y aún menor el aguaatmosférica. Del total de agua existente en el plan-eta, un 97% es agua salada, del 3% de agua dulcerestante, el 77% está en los casquetes polares y enlas altas cumbres en estado sólido. Por ello, lejosde pensar que se trata de un recurso inagotable,el agua es un bien escaso y finito, que por lanecesidad y dependencia absoluta que tenemos

de ella, se deben dedicar todos los esfuerzos políti-cos, humanos y económicos a su conservación ya garantizar que toda la población tenga acceso aella y al saneamiento, manteniendo lejos a voracesespeculadores que persiguen llenar sus bolsillosa costa de lo que sea.

El agua no puede ni debe estar en manos priva-das, ni tratarse con criterios mercantilistas, siendouna responsabilidad de los poderes públicos queasí sea.

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Francis Cabezos | Secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral de FSC-CCOO

EL AGUA, UNO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO PARA NACIONES UNIDAS

Un recurso donde ganar dinero para especuladores

Cada habitante de un paísdesarrollado consumeaproximadamente un millón delitros de agua al año. Esto

podemos calificarlo de derroche, unido auna enorme falta de conciencia de laimportancia de este preciado bien.

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El uso del agua en España:España es el cuarto estado del mundo con un ma-yor número de grandes presas (1.200), queda in-augurado este pantano, y apenas quedan ríos sinregular. En síntesis así es como usamos el aguaen este país:

— 79% para la agricultura, 24.200 Hm3/año(aproximadamente unas 3.500.000 Has de rega-dío). El 80% de las superficies de regadío en Es-paña se utiliza en producir diez cultivos herbáceosbásicos (maíz, trigo, cebada, alfalfa, patata, to-mate, remolacha, algodón, arroz y girasol) queconsumen el 53% del agua, y los diez cultivos le-ñosos más importantes (naranjo, mandarino, li-monero, viñedo, olivar, melocotonero, manzano,peral, albaricoquero y almendro), en los que segasta el 20% del agua.

— 12% para agua de boca, 4.300Hm3/año, abas-tecimiento.

— 9% para la industria, 2000 Hm3 /año.Otro aspecto a destacar de este precioso bien, es

la importancia que tiene como elemento vertebra-dor del territorio, del desarrollo económico y socialde la población en su conjunto. Pero las más de lasveces nos encontramos que se utiliza para todo locontrario, como arma arrojadiza y de confrontaciónentre distintas comunidades, sujeta a intereses po-líticos y partidistas con promesas populistas, a ve-ces irracionales, que priman ante un recurso básico,como propuestas de trasvases o interconexión decuencas que llevan aparejados problemas ambien-tales graves y diversos, o tratar a los ríos como sifueran “canales” de agua y no como verdaderoscorredores ecológicos que posibilitan la conserva-ción y mejora de nuestra biodiversidad y por lotanto son protagonistas indiscutibles en la protec-ción de nuestros espacios naturales.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, en el33% de los cursos fluviales españoles, existe unalto grado de contaminación. Ya tenemos la in-formación ahora tómense medidas.

Y no es esta la única amenaza, hay más, notodos los municipios depuran sus aguas residualesy Europa, lógicamente, nos ha llamado la atenciónen más de una ocasión, inadmisible. El porcentajede agua regenerada es exiguo, sólo se reutiliza el13% y la explotación del agua subterránea en lasáreas costeras (no sólo por parte de la agricultura,

sino también por el turismo) ha llevado a que enla zona del mediterráneo, desde Cataluña hastaAndalucía, en Baleares y Canarias, los acuíferoscorran un alto riesgo de salinización.

A lo anterior sumémosle la mayor amenaza, lasperspectivas de escasez de agua que va a generarel cambio climático en nuestro país, la mayor

amenaza a la que nos enfrentamos y aunque cre-amos que no hablando de ello los dioses se apia-darán de nosotros, no es así.

No entraré en el uso excesivo e intensivo de in-secticidas y pesticidas, o en el elevado número desustancias sintéticas que la industria química hapuesto en el medio ambiente para alegría de nues-tra salud y para garantizar nuestra seguridad ali-mentaria.

Empresas y Entidades locales, se constituyenen principales responsables en la captación, po-tabilización, conducción y depuración, ven posi-bilidades de negocio y otras veces hipotecan supatrimonio por necesidad de liquidez.

Tomemos conciencia y pongámonos las pilas.Eficacia y eficiencia para evitar que se desperdicieagua por evaporación, fugas y otros motivos.Avancemos en políticas de innovación e investi-gación que posibiliten eliminar pérdidas y un me-nor uso de energía en la provisión de agua y sa-neamiento. Controlemos los usos indebidos yfraudulentos. Sigamos estudiando la viabilidadde la desalación y desalinización, prestando aten-ción al tratamiento posterior de las salmueras.Utilicemos el sentido común para planificar ur-banismo y paisaje, con inteligencia y no como lo-cos del ladrillo. Edúquese a la gente, eduquémo-nos, y asumamos la importancia del agua paraque ésta sea nuestra, pública 100%, de todos ytodas y para todos y todas. 3

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Empresas y Entidades locales, seconstituyen en principalesresponsables en la captación,potabilización, conducción y

depuración, ven posibilidades de negocio yotras veces hipotecan su patrimonio pornecesidad de liquidez.

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POBLACIÓN OCUPADA EN ADMINISTRACIÓNPÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL PORSEXO, 2015TI Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-

nal de Estadística, 2015.

2015TI (miles)

Ambos sexos: .................................. 1.334,0Varones: .......................................... 783,9Mujeres: .......................................... 550,1

2015TI (% s./ total sectores)

Ambos sexos: .................................. 7,6Varones: .......................................... 8,2Mujeres: .......................................... 6,9

Entre el 1er trimestre de 2010 y el de 2015 se hanperdido 82 mil empleos en la rama deadministración pública, defensa y seguridadsocial, una reducción del 5,8%.

POBLACIÓN OCUPADA EN ADMINISTRACIÓNPÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚNEDAD, 2015TI Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-

nal de Estadística, 2015.

Total: ................................................ 100%De 16 a 29 años: ........................... 6,9%De 30 a 39: .................................... 21,5%De 40 a 49: .................................... 31,6%De 50 a 59: .................................... 33,2%De 60 y más: .................................. 6,8%

POB. OCUPADA CON CONTRATO TEMPORAL Y TASADE TEMPORALIDAD EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL POR SEXO, 2015TI Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto

Nacional de Estadística, 2015.

Con contrato temporal (miles)

Ambos sexos: .................................. 234,9Varones: .......................................... 113,4Mujeres: .......................................... 121,4

Tasa de temporalidad (%)

Ambos sexos: .................................. 17,6Varones: .......................................... 14,5Mujeres: .......................................... 21,1

POB. OCUPADA CON JORNADA PARICIAL Y TASA DEPARCIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL POR SEXO, 2015TI Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-

nal de Estadística, 2015.

Con jornada parcial (miles)

Ambos sexos: .................................. 70,5Varones: .......................................... 48,2Mujeres: .......................................... 22,4

Tasa de parcialidad (%)

Ambos sexos: .................................. 5,3Varones: .......................................... 2,9Mujeres: .......................................... 8,8

POBLACIÓN OCUPADA EN ADMINISTRACIÓNPÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL PORCCAA, 2015TI Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-

nal de Estadística, 2015.

Total: ................................................ 100%Andalucía: ....................................... 21,1Aragón: ............................................ 3,6Asturias: .......................................... 1,9Baleares: ......................................... 2,3Canarias: ......................................... 4,5Cantabria: ....................................... 1,5Castilla y León: ............................... 6,1Castilla y La Mancha: ..................... 5,0Cataluña: ........................................ 11,9Comunidad Valenciana: ................. 8,2Extremadura: .................................. 2,8Galicia: ............................................ 5,1Madrid ............................................. 16,7Murcia: ............................................ 2,5Navarra: .......................................... 1,4País Vasco: ..................................... 3,4La Rioja: .......................................... 0,6Ceuta: .............................................. 0,5Melilla: ............................................ 0,7

Los datos tienen la palabraF1M | Jesús Cruces

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L os Archivos Históricos de CCOO iniciaronsu andadura hace más de veinticinco años.Desde sus inicios hasta la actualidad, han

llevado a cabo una ingente labor de recuperación,tratamiento y difusión de un patrimonio de in-dudable valor histórico, como es reconocido pordiversas autoridades archivísticas en el plano es-tatal y de comunidad autónoma.

Desde el principio se optó por crear una Red deArchivos Históricos de CCOO para la coordina-ción de todos los centros -Andalucía, Aragón, As-turias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid,Valencia, fundamentalmente- que permitiera laadopción de criterios homogéneos sobre funcio-nes y planes archivísticos. En este sentido, se handotado de unas Normas y de un Reglamento de

los documentos, los archivos y el patrimonio do-

cumental que las desarrolla y que tiene por objetoregular la protección y el acceso al PatrimonioDocumental de CCOO, así como la coordinación,la planificación, la organización, el funciona-miento de los archivos y la difusión de dicho pa-trimonio.

Si bien su objetivo prioritario consistía en la re-cuperación y tratamiento de los documentos ge-nerados por las Comisiones Obreras durante laDictadura, en la actualidad, el trabajo de los ar-chivos históricos de CCOO se completa con la ges-tión y el tratamiento de la documentación que ac-tualmente genera CCOO. De esta manera, losarchivos históricos se convierten en una pieza bá-sica y en el instrumento adecuado para impulsarla creación de un sistema integral de archivos, quepermita al sindicato conservar el patrimonio his-tórico de los trabajadores y del sindicalismo, desdesus inicios hasta el presente. Además, hay que su-brayar que en los archivos históricos de CCOOexiste documentación de diferentes entidades re-lacionadas con la acción política, ciudadana, cul-tural y sindical de los trabajadores. Es decir, nosólo custodian documentación producida por elsindicato, sino que también conservan parte de la“memoria histórica” de muchos otros aspectos re-

lacionados con nuestra historia reciente. Se tratade aquellos referidos a la evolución del mundo deltrabajo durante el franquismo y la transición, alos procesos migratorios que se produjeron du-rante aquellos años, a la “memoria democrática”de los movimientos de oposición a la dictadura,etcétera. Hay que recordar que CCOO era el mo-

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9 Junio, Día Internacional de los Archivos

Eloisa Baena Luque | Archivo Histórico de CCOO de Andalucía

El acceso a los archivos y documentos de la Red de Archivos Históricos de Comisiones Obreras

Desde el principio se optó porcrear una Red de ArchivosHistóricos de CCOO para lacoordinación de todos los

centros –Andalucía, Aragón, Asturias,Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid,Valencia, fundamentalmente– quepermitiera la adopción de criterioshomogéneos sobre funciones y planesarchivísticos.

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vimiento social más importante en un ampliofrente que comprendía todas las culturas del anti-franqusimo. Eso explica la diversidad de proce-dencias en las agrupaciones de fondos y coleccio-nes que se conservan en los archivos de la Red.

Los instrumentos de descripción como he-rramienta de acceso a la documentaciónEn primer lugar hay que decir que el acceso a losarchivos de la Red es libre y gratuito. Para haceruso de los Servicios de Consulta en Sala, se solicitaal usuario simplemente que se identifique, bien através de una ficha facilitada por el personal en-cargado, o su registro en una base de datos, conobjeto de cumplimentar la información estadísticade las memorias anuales.

Como refiere Antonia Heredia es con la des-

cripción con la que se cumple con los objetivos

de dar información a los demás y facilitar el con-

trol al archivero1. Por otro lado, las normasISAD(G) de 1999 señala que: Los elementos es-

pecíficos de información sobre los documentos

de archivo sirven para, por un lado, ser protegi-

dos y controlados de una manera segura y, por

otro, para resultar accesibles para todo aquel

que tenga el derecho de consultarlos2. Aun más,en la reciente Ley de Archivos de Andalucía sedice que: Para garantizar el ejercicio del derecho

de acceso, cada archivo facilitará instrumentos

archivísticos de información y descripción y ase-

sorará a las personas usuarias en la búsqueda

de la información contenida en el mismo3.

Por tanto, las tareas archivísticas que facilitan

el acceso a los documentos, en el sentido de per-mitir al investigador o, en general, a la persona oentidad interesada, localizar de forma rápida yeficaz la documentación que necesita y, con ello,acceder a determinada información, son las ha-bituales (y complejas) de la gestión archivística(clasificar, ordenar, describir, indexar, valorar yseleccionar). En los últimos años, las nuevas tec-nologías de la información y la comunicación hanrevolucionado las posibilidades de acceso a la do-cumentación de los usuarios. Los interesados yano tienen que trasladarse imprescindiblementeal archivo para conocer los fondos que custodia,sino que a través de la web puede conocer rápi-damente sus fondos, los instrumentos de descrip-ción, hacer búsquedas e incluso acceder a los do-cumentos del archivo.

En este sentido, los archivos que conforman laRed de CCOO han hecho un gran esfuerzo en po-ner a disposición de los usuarios numerosos ins-trumentos de descripción. A la vez que se ha re-cuperando fondos de sindicatos, de empresas,abogados, partidos, particulares, etcétera, se hanelaborado inventarios y catálogos que han per-mitido difundir los fondos y las colecciones con-servados. Muchos de estos instrumentos de des-cripción pueden ser consultados en línea en laswebs de los archivos de CCOO. Igualmente, lasFundaciones emiten boletines electrónicos coninformación de los nuevos ingresos e instrumen-tos de descripción, así como la serie “Documentosdel Archivo”, que permiten acercar e informar alos ciudadanos del interés de los fondos conser-vados.

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9 Junio, Día Internacional de los Archivos

Con este interés por difundir losfondos de los archivos de CCOO ycomo presentación pública de laRed, en el año 2000, en el

contexto del XIII Congreso Internacionalde Archivos celebrado en Sevilla, sepresentó la guía de la Red de Archivos deCCOO, con información precisa de losfondos y colecciones que se custodiaban encada uno de los archivos.

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Con este interés por difundir los fondos de losarchivos de CCOO y como presentación públicade la Red, en el año 2000, en el contexto del XIIICongreso Internacional de Archivos celebrado enSevilla, se presentó la guía de la Red de Archivosde CCOO, con información precisa de los fondosy colecciones que se custodiaban en cada uno delos archivos. En el 2002, se diseñó una web de laRed para difundir toda esa información4. Entrelos años 2002 y 2010 se han ido creando las dis-tintas páginas web de los archivos que la compo-nen.

El acceso a los archivos de CCOO Como en la mayoría de las páginas web de Archi-vos, en las de la Red de Archivos de CCOO pode-mos encontrar desde guías de fondos e inventarioshasta catálogos (de las colecciones orales, de lascolecciones fotográficas, hemerográficas, etcé-tera). En los últimos años se están desarrollandoaplicaciones para permitir el acceso en línea a losdocumentos, en este sentido, se pueden consultaren línea documentos de las Comisiones Obrerasclandestinas y de partidos políticos que actuaronal final de la dictadura. También, se están reali-zando catálogos electrónicos de las bibliotecas ylas hemerotecas auxiliares para consultar y visua-lizar la documentación a través de Internet. Todoello, mediante una aplicación web en la que serealiza una descripción multinivel (según normaISAD-G) con vinculación a los documentos digi-talizados. Además, se va a comenzar a migrar labase de datos de publicaciones periódicas a unsoftware libre que permite ponerla a disposiciónde toda la ciudadanía a través de Internet, per-mitiendo el acceso a la publicación digitalizadaen formato pdf.

Se puede concluir que el sentir de la Red es elde facilitar el acceso a sus archivos y documentos.Todo el esfuerzo en recuperar la documentaciónha sido para ponerla a disposición de los investi-gadores y de la sociedad en general, máximecuando el objetivo fundamental es el de dar a co-nocer la lucha contra la dictadura y por la con-quista de las libertades. Las únicas restriccionesde acceso a los documentos conservados en losarchivos de la Red lo son por los motivos siguien-tes:

El estado de conservación.- Dado que muchosdocumentos se han conservado en condiciones

pésimas, debido a las vicisitudes de la clandesti-nidad y porque la mayoría son documentos reali-zados en imprentas manuales, con mala calidadde la tinta y, por tanto, frágiles. La digitalizaciónque se esta llevando a cabo en muchos de los ar-chivos permite salvar este obstáculo al acceso.

La falta de instrumentos de descripción.- Losconstantes ingresos y las transferencias de docu-mentos junto a la falta de personal, impiden quela documentación sea descrita en su totalidad.

Los compromisos que se hayan firmado en el

acta de donación o cesión.- Un ejemplo de ellopueden ser las entrevistas orales. Para su consultasolicitamos la firma de un documento de autori-zación y cesión al archivo de derechos por el en-trevistado o entrevistada, quien a veces incluyecláusulas de restricción, aunque hay que decir

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9 Junio, Día Internacional de los Archivos

Se puede concluir que el sentir de laRed es el de facilitar el acceso a susarchivos y documentos. Todo elesfuerzo en recuperar la

documentación ha sido para ponerla adisposición de los investigadores y de lasociedad en general

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que esta situación se da de forma muy excepcio-nal.

Como acabamos de exponer, se nos planteanproblemas que intentamos ir resolviendo en arasde favorecer la investigación y la difusión del co-nocimiento histórico. No obstante, el principalproblema con que nos enfrentamos es con la con-tradicción entre la legislación y las característicasde nuestros archivos. La mayor parte de la docu-mentación conservada fue generada en los últimos50 años, por lo que mucha de ella se ve afectadade lleno por el apartado c) del artículo 57 de la ley16/1985, en concreto en lo que se refiere a “datospersonales de carácter policial, procesal… quepueden afectar a su honor…”. Además, como sedesprende de lo ya relatado, las investigacionesque se desarrollan en nuestros archivos están den-tro de la disciplina de estudio que viene a llamarse“Historia del Presente” o “Historia actual”, por loque nos encontramos constantemente con esadisyuntiva.

Algunas series conservadas en los archivos, comola de los fondos de despachos de abogados y ase-sorías laborales contienen información restringidasegún dicho apartado c) del artículo 57 de la ley16/1985. Sin embargo, nosotros participamos, con-juntamente con numerosos investigadores y ar-chiveros, de la necesidad de realizar una nueva lec-tura del criterio de protección del honor, laintimidad y la propia imagen a que hace referenciadicha ley5. Nos preguntamos: ¿es un deshonor ha-ber participado en la lucha contra la dictadura?,¿haber sido juzgado por distribuir propaganda, porconquistar derechos sindicales? Era un deshonordesde la perspectiva del régimen dictatorial, perotodo lo contrario hoy, en democracia.

Además, la legislación y las sentencias del Tri-bunal Constitucional a este respecto nos dan larazón. La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, deprotección civil del derecho al honor, la intimidadpersonal y familiar y la propia imagen, en su artí-culo 8.1 señala que No se reputarán, con carácter

general, intromisiones ilegítimas… cuando pre-

domine un interés histórico, científico o cultural

relevante.

Por otro lado, la jurisprudencia del TribunalConstitucional (sentencia TC 43/2004 y 53/2006,y sentencia del TS de 14 de febrero de 2001), sobrela libertad científica del historiador y la pon-

deración entre el derecho al honor y la libertad

de investigación es clara al dar preponderancia a

la libertad de información y expresión sobre elinterés individual.

En definitiva, en los archivos de CCOO somospartidarios siempre de priorizar el derecho a lainformación. 3

NOTAS1 Antonia HEREDIA: Archivística general, teoría y prác-tica. Sevilla, 1988.

2 Norma Internacional General de Descripción Archivís-tica adoptada por el Comité de Normas de Descripcióncelebrado en Estocolmo (Suecia) durante los días 19-22 de septiembre de 1999.

3 Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Ar-chivos y Patrimonio Documental de Andalucía.

4 http://www.archivoshistoricos.ccoo.es/5 CARRILLO LINARES, Alberto: “Reflexiones y prop-

uestas para una correcta interpretación de la Ley16/1985 del Patrimonio Histórico Español sobre elartículo 57 y el acceso a los archivos”. Boletín de laANABAD, ISSN 0210-4164, Tomo 55, Nº 3,2005 , págs. 11-48

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Algunas series conservadas en losarchivos, como la de los fondos dedespachos de abogados yasesorías laborales contienen

información restringida según dichoapartado c) del artículo 57 de la ley16/1985. Sin embargo, nosotrosparticipamos, conjuntamente connumerosos investigadores y archiveros, dela necesidad de realizar una nueva lecturadel criterio de protección del honor, laintimidad

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L a deficiente aplicación en España de los prin-cipios de verdad, justicia, reparación y ga-rantías de no repetición, desde la perspectiva

de los Derechos Humanos de las víctimas de laviolencia y la represión en el curso de la guerracivil y el franquismo, ha dado a día de hoy comoresultado una situación muy dispar, fragmentadae insatisfactoria. Después de toda la presión socialmovilizada por la generación de nietos de las víc-timas en la década de 1990 y de las medidas adop-tadas por los gobiernos anteriores al actual, nosencontramos ahora en una situación de bloqueoe impasse que remite a la persistencia de “unagran distancia entre las posiciones de la mayorparte de las instituciones del Estado, por un lado,y por otro las víctimas y asociaciones” que las re-presentan1.

Treinta y ocho años después de la Ley de Am-nistía de 1977, no ha sido posible consensuar conla derecha española políticas estatales oficiales deverdad y memoria acordes con un régimen de-mocrático consolidado como el que tiene España.Ello da lugar a situaciones inconsistentes en laEuropa que todos los años celebra la derrota delos fascismos en 1945. Indirectamente y en silen-cio, da la impresión de que el Reino de España sereivindica continuador del Estado franquista, contodo lo que ello significa.

La inhabilitación en España del juez que pro-movió la detención de Pinochet y la subsiguienteapertura del proceso contra la dictadura chilenaes un triste signo del parón, o punto final, queparece haber querido poner el Estado español acualquier política de la memoria. Como advierteel relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff,en su informe de 2014, que la Ley 52/2007, lla-mada de Memoria Histórica, dejase en manos deasociaciones y entidades cívicas la exhumaciónde fosas comunes y la investigación sobre la re-presión, ponía en evidencia las dificultades queincluso un gobierno socialista parecía encontrarpara asumir la verdad y la memoria como políticasde Estado. Es lamentable que en la actualidad,

con pocas esperanzas, pero convencidas de susderechos y razones, las asociaciones de víctimas,expresos y memorialistas tengan que dirigirse ainstancias judiciales de Estados extranjeros re-clamando el amparo que no encuentran en supropio país. Por no hablar de la burla y el insultoque han encontrado en una reciente intervencióndel portavoz del gobierno actual.

Desde el punto de vista de los archivos nos en-contramos con incertidumbres y sombras, cuandono ante medidas francamente regresivas, como el

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Alberto Gómez Roda | FEIS–CCOOPV

Archivos y Derechos Humanosen el Reino de España

En el plano concreto del derecho ala verdad, los archivos tienen unafunción primordial, base deactuación para instituciones de

memoria histórica y para la investigación

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cierre de los archivos del Ministerio de AsuntosExteriores. Seguimos sin una Ley de Archivos queequilibre la relación entre el derecho a la intimidady el derecho a la información. Un equilibrio queha de ser claramente favorable a esta última enlas causas de represión y violación de DerechosHumanos. El derecho a la intimidad y el honor nodebe utilizarse, como se está haciendo, para quesiga sumida en la oscuridad buena parte de la his-toria de violaciones de los Derechos Humanos porambos bandos durante la Guerra Civil y, en parti-cular, del régimen fundado por los militares su-blevados el 18 de julio de 1936. El caso de la re-ciente “aparición” de documentos policiales de1965 que reconocen el asesinato de García Lorcacomo crimen homófobo y político de Estado, res-ponsabilidad que siempre negó el franquismo,constituye en sí misma una denuncia de la sus-tracción de una parte de los archivos de la repre-sión a la investigación profesional de los historia-dores y al conocimiento público de la verdad.

Cierto es que no sólo los poderes públicos seresisten a atender los derechos de las víctimas ennombre de la demanda de reconciliación que ensu día enarboló el antifranquismo, unida en oca-siones a la vieja amenaza franquista de una su-puesta reapertura de viejas heridas y odios. Lacontroversia sobre la atención insatisfactoria, adía de hoy, que el cambio político de la dictaduraa la democracia ha dado a los derechos de las víc-timas, se encuentra a veces en el seno mismo deorganizaciones herederas del antifranquismo entorno a interpretación de la Ley de Amnistía de1977. Una interpretación restrictiva de esta Leycomo la que se quiere mantener, dando pie a loque se ha llamado “modelo español de impuni-dad”, no resiste como principio la necesidad deconocimiento de la verdad a la que una sociedaddemocrática está obligada.

En el plano concreto del derecho a la verdad,los archivos tienen una función primordial, basede actuación para instituciones de memoria his-tórica y para la investigación; también para la“educación histórica y en Derechos Humanos” ala que se refiere Pablo de Greiff en su informe delaño pasado. En su apartado de conclusiones, re-ferido al derecho a la verdad leemos lo siguiente:

g) Atender de forma urgente las demandas de

las víctimas en términos de verdad, establecer

algún mecanismo para ‘oficializarla’ y resolver

la excesiva fragmentación que caracteriza la

construcción de la memoria en España. Resta-

blecer, si no aumentar, los recursos en esta ma-

teria. Un mecanismo oficial para el esclareci-

miento de la verdad debería cumplir al menos

con las siguientes funciones:

– Sistematizar la información existente;

– Superar la fragmentación y dispersión de la

información y esfuerzos;

– Trazar un plan ordenado de investigaciones;

– Establecer metodologías y la homologación

de las mismas;

– Acceder a archivos y fondos documentales

oficiales y no oficiales;

– Incluir un proceso oficial de validación, pre-

sentación formal y diseminación de sus conclu-

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Treinta y ocho años después de laLey de Amnistía de 1977, no hasido posible consensuar con laderecha española políticas

estatales oficiales de verdad y memoriaacordes con un régimen democráticoconsolidado como el que tiene España.

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siones que ofrezca un reconocimiento oficial a

las víctimas;

– Promover la participación de las víctimas y

sus familiares en el proceso y regirse por la no-

ción de derechos, independientemente de la iden-

tidad o filiación política tanto de víctimas como

de perpetradores;

(…)

i) Establecer una política estatal de archivos

que garantice el acceso a todos los fondos, revi-

sando los criterios aplicables en materia de pri-

vacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los

estándares internacionales aplicables, inclu-

yendo regulaciones claras, por ejemplo a través

de la adopción de una Ley de archivos.

Los archivos de CCOO suscribimos estas con-clusiones, tanto en su traslación a la gestión delos fondos documentales de la represión que cus-todiamos, en particular los de los abogados labo-ralistas de la época de clandestinidad del sindicatobajo la dictadura, como también en nuestra ac-tuación de investigación sobre nuestro pasado yde divulgación del mismo. En este sentido nospreocupan en particular los problemas de accesoa los archivos policiales, de los tribunales militaresy del TOP, y la falta de referentes legales firmessobre la protección de datos personales y el dere-cho a la información.

En particular, muchas de las mujeres y hombresactivistas de CCOO y del movimiento obrero bajola dictadura se encuentran entre las víctimas dela represión política. Desde los archivos de CCOOhemos organizado seminarios científicos, comoel de 2010 sobre represión y derechos humanos2,y promovido investigaciones sobre la actuaciónrepresiva del TOP. En tiempos recientes hemospromovido y apoyado con documentos de nues-tros archivos la presentación de denuncias en elmarco de la llamada Querella Argentina contralos Crímenes del Franquismo.

La pluralidad de iniciativas a nivel local y auto-nómico, con base social, que en los últimos veinteaños al menos han surgido para suplir la inaccióndel Estado, con el antecedente de las asociacionesde los expresos del Franquismo, ha dado lugar aun panorama fragmentado y dispar, pero espe-

ranzador. Pensamos en actuaciones con indepen-dencia del color político de las víctimas y en nom-bre del compromiso ciudadano con los derechoshumanos, como la labor de Manuela Carmenacomo asesora para las víctimas de motivación po-lítica del Gobierno Vasco. 3

NOTAS:

http://www.foroporlamemoria.info/wp-content/uplo-ads/2014/08/ONU-agosto-2014-InformeRelatorPablodeGreiff.pdf/ (consulta 12 de mayo de 2015).

Ver José Babiano (ed.), Represión, derechos humanos,

memoria y archivos. Una perspectiva latinoamericana.Fundación 1º de Mayo – Ediciones GPS, 2010.

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Muchas de las mujeres yhombres activistas de CCOO ydel movimiento obrero bajo ladictadura se encuentran entre

las víctimas de la represión política. Desdelos archivos de CCOO hemos organizadoseminarios científicos sobre represión yderechos humanos, y promovidoinvestigaciones sobre la actuaciónrepresiva del TOP.

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L os servicios que las instituciones prestan alos ciudadanos, se ven lamentablementeafectados de forma negativa cada vez que se

produce una crisis económica. Cada día nos llegannoticias muy desalentadoras, que ponen de ma-nifiesto cómo un servicio tan importante en lastres administraciones del Estado está siendo len-tamente desatendido y relegado, se trata de losArchivos.

El Archivo es un servicio con siglos de existen-cia; tan necesario para la ciudadanía como parala propia Administración que conserva los docu-mentos que demuestran y garantizan los derechosy deberes, tanto de los ciudadanos como de lasadministraciones. Es fundamental, por tanto, queno pierda su esencia y razón de ser, para que deforma efectiva siga prestando ese servicio vital,garantizando el acceso a los documentos y latransparencia de la información en ellos conte-nida.

Por desgracia, esta situación de crisis, les haafectado de manera muy significativa. Podemoscitar algunas de las consecuencias negativas quese han venido produciendo en no pocos centros,durante los últimos años, tales como:

– La falta de recursos humanos, cada vez máslimitados.

– La falta de convocatorias de oposiciones.– La amortización de plazas al producirse una

jubilación. – La nula cobertura de bajas por enfermedad.– La falta de recursos económicos, amparán-

dose en la caída de los presupuestos.– La paralización de proyectos de archivos (nue-

vos edificios, sistemas de gestión, equipamiento,mobiliario, etc).

– Eliminación de puestos de trabajo, llegandoa utilizarse hasta el despido del personal adscritoal Archivo.

Todo ello esta llevando a reducir las horas deservicio al ciudadano en importantes archivos,impidiendo el acceso a los documentos requeridospara resolver cualquier trámite con la Adminis-tración; en ocasiones se ha llegado al cierre tem-

poral de los mismos, a establecer sistemas de tur-nos alternos por días e incluso a la petición decita previa por parte del usuario. Todo ello va endetrimento del servicio en general, ya sea a ciu-dadanos, a investigadores o a universitarios.

El caso de la amortización de plazas por jubi-lación comenzó siendo un hecho aislado, pero la-mentablemente se ha convertido en lo habitual,incidiendo sobre todo en puestos de alta dirección

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Julia María Rodríguez Barredo | Archivera Eugenio Villarreal Mascaraque | Archivero Municipal de Leganés

Los Archivos en la crisis

El Archivo es un servicio con siglosde existencia; tan necesario parala ciudadanía como para la propiaAdministración que conserva los

documentos que demuestran y garantizanlos derechos y deberes, tanto de losciudadanos como de las administraciones.

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y jefaturas, lo que supone una merma en la calidaddel servicio y en la valoración personal. En otroscasos conocidos se ha utilizado una vía muchomás expeditiva: el despido del archivero y la con-siguiente amortización de la plaza.

Especialmente negativo ha sido la paralizaciónde proyectos consolidados para los nuevos centrosde archivo. Lo que implica que al frenar la aper-tura de los centros (en algunos casos ya construi-dos), tampoco se considera necesario dotarlos delpersonal cualificado para su puesta en marcha.

Archivos ubicados en viejos edificios, con es-pacios de trabajo inadecuados e insuficientes, es-tán muy necesitados de proyectos ambiciosos dereforma, rehabilitación e incluso de nuevos edifi-cios, acordes con la cantidad de documentos queconservan y el correcto servicio que deben prestar.No es propio del siglo XXI mantener fondos do-cumentales valiosísimos en sótanos de aprove-chamiento, en espacios diseñados para garajes oen naves industriales alejadas de las institucionesy sus servicios administrativos, donde la necesariaseguridad y la conservación se pueden ver en en-tredicho.

Sabemos que el elemento fundamental en tiem-pos de crisis, en cualquier empresa pública o pri-vada, es el Presupuesto; el uso que se hace de él,lo que se elimina y lo que se mantiene. Desgra-ciadamente el dinero destinado al Archivo comoservicio ha disminuido de forma drástica, nosiendo así en los casos del personal de confianzao de libre designación, atendiéndose más a com-promisos de carácter político que a necesidadesreales de este tipo de empleados. En muchos casossin la formación y la experiencia necesarias paradinamizar las Administraciones.

Con frecuencia tenemos noticias de diferentesproyectos de digitalización totalmente paralizadosen su ejecución, consecuencia de la eliminaciónde personal y de diferentes partidas presupues-tarias antes dedicadas a este fin. Ello supone unalimitación al acceso y buena conservación de losdocumentos de los Archivos, dado que estas prác-ticas se consideran fundamentales para una ma-yor difusión de la información y una correcta con-servación de los soportes originales.

No obstante y en medio de la crisis, los Archivoshan seguido desarrollándose y prestando serviciogracias a la implicación de los profesionales quelos atienden, que se han volcado en la implanta-

ción de herramientas tecnológicas que permitenla posibilidad de ofrecer y manejar una gran can-tidad de información en poco tiempo. Ha cam-biado y para bien, la formación de los archiveros,la enseñanza tradicional y su dinámica se hatransformado. Los recursos informáticos están alalcance de archiveros formados y de futuros ar-chiveros en formación. Estamos viviendo en unasociedad informada y muy dinámica, de constantecambio y a la que hay que atender en este en-torno.

Las invenciones tecnológicas han mejorado elservicio de nuestros archivos y poco a poco haido cambiando la mentalidad de sus usuarios, yasean administradores, administrados, investiga-

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Con frecuencia tenemos noticias dediferentes proyectos dedigitalización totalmenteparalizados en su ejecución,

consecuencia de la eliminación de personaly de diferentes partidas presupuestariasantes dedicadas a este fin. Ello supone unalimitación al acceso y buena conservaciónde los documentos de los Archivos

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dores, profesores o estudiantes; la percepción delarchivo es muy diferente a como era hace treintay cinco o cuarenta años. Ya no es cuestión de acu-mular datos o información sino de difundirla ycompartirla, de crear conocimiento porque la in-formación municipal, está muy claro, que es unbien común.

Llegados a este punto debemos comentar quela utilización de las tecnologías también se havisto frenada en los archivos por la falta de dota-ción presupuestaria; la implantación y el desarro-llo de la E-administración se ha ralentizado. Eneste sentido se han visto afectados no pocos ayun-tamientos de todo el Estado, por ello los archive-ros no se han podido implicar aportando sus co-nocimientos en la Gestión Documental, tannecesaria para la correcta implantación de la Ad-ministración Electrónica, elaborando y mante-niendo los cuadros de clasificación, definiendolas tipologías documentales, participando en losanálisis de los procedimientos, así como reali-zando las tablas de conservación a largo plazo,también necesarias para los documentos en so-porte electrónico.

Habría que añadir que en estos momentos estánaumentando las expectativas de la sociedad res-pecto a los poderes públicos. Se ha incrementadola demanda social, lo que supone un aumentocuantitativo y cualitativo de las necesidades so-ciales. Hay demanda de más y mejores serviciospúblicos en las tres Administraciones del EstadoEspañol.

Otro problema, no menos importante que el delpersonal, el presupuestario, el tecnológico o losespacios físicos de los Archivos, es el de la Trans-parencia de las Administraciones para con la ciu-dadanía. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-parencia, acceso a la información pública y buengobierno, es una ley que ha llegado demasiadotarde y se ha hecho más bien para “cubrir el ex-pediente” ya que éramos el único país de la UniónEuropea que no contaba con una ley para la trans-

parencia. Pero, ¿qué medios y qué directrices sedieron a los Archivos?

En lo que a los archivos municipales respecta,la Federación Española de Municipios y Provin-cias (FEMP), aprobó en Junta de Gobierno del27 de mayo de 2014 una Ordenanza Tipo deTransparencia, Acceso a la Información y Reuti-lización de la Información, para la aplicación dela Transparencia en los Ayuntamientos. Su apli-

cación pretende hacer cumplir en el plazo previsto(antes del 10 de diciembre de 2015), a la Admi-nistración Local con sus compromisos para laTransparencia. No obstante y de forma generali-zada el papel del Archivo en esta Ley no está de-finido y entre el acceso a los documentos y su in-formación y la protección de datos de carácterpersonal, hay aspectos que como poco “chirrían”.

Esperamos que esta situación sea pasajera, queno quedemos anclados en ella. Como archiverosdeseamos que los Archivos ocupen su papel enlas Administraciones y en la sociedad. Que su par-ticipación en la E-administración sea de liderazgoy que los ciudadanos sean beneficiarios de un ser-vicio eficaz y de calidad, donde primen el accesoy la transparencia en la gestión, sobre interesesparticulares de personas o partidarios de que loserrores, la mala gestión o incluso el abuso quedenocultos a la ciudadanía. 3

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No obstante y de formageneralizada el papel delArchivo en esta Ley[Transparencia] no está definido

y entre el acceso a los documentos y suinformación y la protección de datos decarácter personal, hay aspectos que comopoco “chirrían”

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A nomalía” es un término que describe bas-tante bien la situación que ha atravesadodesde 2011 la documentación histórica del

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación(MAEC) español. Ese año la secretaría generaltécnica del ministerio dio orden de aplicar en suArchivo Central un acuerdo, desconocido prácti-camente hasta entonces, que el gobierno de JoséLuis Rodríguez Zapatero había aprobado en oc-tubre de 2010. En él, el gobierno clasificó comosecretas o reservadas un catálogo de diecisietematerias que cubrían casi todos los ámbitos de lapolítica exterior del país. El acuerdo no especifi-caba con qué plazo se establecía la clasificaciónni a qué tipo de documentación se aplicaba –sisolo a la más reciente, o a la producida desde lafecha del acuerdo–, o también a documentos másantiguos. La ambigüedad del texto que habíaaprobado el consejo de ministros y la normativaadmitían una interpretación retroactiva, que fuela que se aplicó desde 2011. De esta forma, y de lanoche a la mañana, el acceso a la documentaciónhistórica del ministerio de Asuntos Exteriores sevio comprometido y numerosas investigacionessobre las relaciones internacionales de España enla guerra civil, el franquismo y la transición, perotambién en periodos anteriores quedaron inte-rrumpidas. Los motivos para este giro restrictivoquedaban en la oscuridad, toda vez que el acuerdode 2010 no fue dado a conocer hasta mayo de2012, aunque se aplicaba desde hacía meses1.

Aunque la situación en cuanto al acceso de losfondos de Exteriores ha variado desde entonces,este caso ha hecho tomar conciencia a muchaspersonas del enorme desequilibrio que rige enEspaña las relaciones entre secreto y transparen-cia, con grave perjuicio de esta última. En Españael gobierno tiene la potestad de clasificar docu-mentación de muy diverso tipo, con el fin de pro-teger la seguridad y el interés nacional, como encualquier país del mundo. Pero en cualquier de-mocracia –como Estados Unidos, Francia o GranBretaña, pero también la India, Japón o Austra-

lia- la clasificación documental se realiza con su-ficientes garantías para que el Estado no envuelvaper saecula saeculorum sus actuaciones presentesy pasadas en el velo del secretismo, tan tentadorsiempre para el poder. En una democracia trans-parente se exige publicidad en la clasificación do-cumental; se confían las revisiones documentalesa comisiones independientes; se especifican pla-

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Carlos Sanz Díaz | Real Colegio Complutense at Harvard University

El largo affaire de los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

De la noche a la mañana, el accesoa la documentación histórica delministerio de Asuntos Exterioresse vio comprometido y

numerosas investigaciones sobre lasrelaciones internacionales de España en laguerra civil, el franquismo y la transición,pero también en periodos anterioresquedaron interrumpidas.

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zos claros, transcurridos los cuales la documen-tación pasa a ser pública y consultable; se informaa los ciudadanos de los mecanismos por los quepueden solicitar acortar los plazos de acceso; seprotege, en suma, el derecho a la información yla libre investigación como ejercicios básicos, delos que dependen principios democráticos fun-damentales como la rendición de cuentas y el con-trol al poder. En España en cambio no contamoscon mecanismos comparables de desclasificaciónde documentos reservados. Como resultado, loque se declara secreto una vez, permanece secretopara siempre, a no ser que la misma autoridadque clasificó la documentación decida su descla-sificación mediante un acto expreso –acto que enla práctica no se da casi nunca.

La situación de la documentación histórica deAsuntos Exteriores ha experimentado algunoscambios entre tanto, aunque no se ha vuelto auna situación de accesibilidad comparable a laanterior a 2011, cuando eran consultable los do-cumentos de más de 25 años, con algunas res-tricciones. En julio de 2012 el ministerio cerrótemporalmente su archivo y envió sus fondos másantiguos (aquellos anteriores a 1931) al ArchivoHistórico Nacional. Transcurrieron casi dos añosde labores de cotejo y descripción hasta que estosfondos fueron consultables de nuevo, en abril de2014. Los documentos más recientes, datados en-tre 1931 y 1981, se han transferido al Archivo Ge-neral de la Administración (AGA) de Alcalá deHenares, donde se completó su recepción enagosto de 2013, y donde están siendo cotejados ydescritos desde entonces. El Ministerio de Asun-tos Exteriores y Cooperación mantiene, por úl-timo, su archivo general con la documentacióngenerada y transferida por los archivos de gestión,embajadas y consulados desde 1981 hasta la ac-tualidad. En el AGA, que alberga ahora documen-tación fundamental para la historia del fran-quismo y la transición -aquella por tanto mássensible para el conocimiento de un periodo to-davía cercano y polémico de nuestra historia-, lasnuevas solicitudes de consulta de documentaciónse derivan al MAEC. Allí son los directores gene-rales los que deciden sobre si el investigadorpuede ver o no los papeles que le interesan: porejemplo, el Director General para Iberoamérica–que no tiene por qué saber de archivística ni dehistoria- es el que decide si un investigador puede

consultar la documentación sobre la Junta militaren Argentina entre 1976 y 1983. Aunque en estetrasiego de responsabilidades entre Cultura y Ex-teriores este último ministerio afirma que la ma-yoría de solicitudes se resuelve favorablemente,son numerosas las denegaciones de acceso difí-cilmente justificables con criterios históricos y ar-chivísticos, sobre episodios transcurridos hacemás de treinta, cuarenta o más años y que ya sondefinitivamente historia.

La incertidumbre y la deficiente informaciónen todo el proceso han inquietado a muchos his-toriadores e investigadores, cuyas quejas han lle-gado a los medios de comunicación. Téngase encuenta que archivos comparables cualquier paísavanzado anuncian con gran antelación cualquiercircunstancia que impida temporalmente el ac-ceso a los fondos, dado que los archivos diplomá-ticos suelen recibir usuarios de todo el mundoque, normalmente, tienen que planificar con mu-cha antelación sus estancias de investigación. Encontraste, el traslado de documentos de Exterioresse anunció a los investigadores con solo dos mesesde antelación, y sin indicar si se podrían consultarde nuevo los fondos ni en qué plazo. Pero lo máspreocupante era y es la vigencia de la clasificacióncomo “secreta” y “reservada” de la documentaciónafectada, un desaguisado que después de cincoaños continúa vigente, y que ningún gobierno seha tomado la molestia de explicar a la opiniónpública y mucho menos de enmendar.

Ante la perpetuación de esta situación, en juliode 2013 alrededor de 300 investigadores e histo-riadores de todo el mundo se dirigieron al go-bierno, y a los grupos parlamentarios del Con-greso de los Diputados y el Senado, pidiendo el

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La situación de la documentaciónhistórica de Asuntos Exteriores haexperimentado algunos cambiosentre tanto, aunque no se ha

vuelto a una situación de accesibilidadcomparable a la anterior a 2011, cuandoeran consultable los documentos de más de25 años, con algunas restricciones.

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desbloqueo del acceso a la documentación de Ex-teriores. A esta petición sumaron la de la aperturade 10.000 expedientes del ministerio de Defensade los años 1936 a 1969, que la ministra CarmeChacón dejó lista para su desclasificación en 2011–a falta solamente de la aprobación en Consejode Ministros-, pero que su sucesor, Pedro More-nés, ha decidido mantener cerrados. Mientras queMorenés se ha enrocado desde entonces en su de-cisión de bloquear los fondos de su departamentocon argumentos nada convincentes, el ministrode Exteriores José Manuel García Margallo con-testó en agosto de 2013 a las quejas de los inves-tigadores con el compromiso de llevar al Consejode Ministros una revisión del acuerdo de 2010cuando entrara en vigor la Ley de Transparencia.Entre tanto la parte de esta ley que afecta a la ad-ministración estatal está en vigor desde diciembrede 2014 y los investigadores siguen esperandoque el señor ministro haga honor a su promesa.

Desde que la opinión pública tuvo conocimientodel caso varios grupos parlamentarios han con-seguido que se debatan en el Congreso y el Senadodistintas mociones y proposiciones no de ley quepodrían haber resuelto la situación hace mucho.Todas han sido rechazadas por la mayoría queposee el Partido Popular en ambas cámaras conuna única excepción, una proposición no de leysobre la apertura de los archivos, sin carácter vin-culante. Entre las vías posibles debatidas destacala posibilidad de modificar la Ley de Secretos Ofi-ciales de 1968, reformada en 1978, en el sentidopropuesto por el grupo de la Entesa (PSC e ICV):introduciendo la desclasificación automática delos documentos a los treinta años, con la posibili-dad de extender este plazo por dos periodos dediez años más cada uno. Habría sido una normasensata, que habría alineado a España con lasprácticas comunes en democracias avanzadas; sinembargo, fue rechazada por el grupo del gobierno.

Son todavía muchos los episodios de nuestra

política exterior que esperan ser investigados deforma objetiva y sobre la base de la documenta-ción que albergan los archivos públicos, desde lasnegociaciones del ingreso en España en la OTANhasta la descolonización del Sahara o las circuns-tancias internacionales en torno al golpe de Es-tado fallido del 23-F. En el caso de los papeles de

Exteriores nos jugamos la posibilidad de conocernuestro pasado de primera mano, sin los filtrosde las versiones interesadas generadas desde elpoder, y sin tener que recurrir exclusivamente –como ocurre ahora a menudo- a los archivos deotros países para reconstruir la historia de España.Es una cuestión que no afecta solo a los historia-dores e investigadores del pasado, sino una causaque afecta a todos los ciudadanos y donde se juegala calidad de la democracia. 3

NOTAS:1 Para una discusión más detallada de esta problemática

puede verse Juan Carlos Pereira y Carlos Sanz Díaz,“’Todo secreto’. Acuerdos secretos, transparencia y ac-ceso a los documentos históricos de Asuntos Exterioresy Defensa”, Ayer, 97/2005 (1), pp. 243-257; AntonioNiño y Carlos Sanz Díaz, “Los archivos, la intimidadde las personas y los secretos de Estado”, Cuadernosde Historia Contemporánea, 34 (2012), p. 309-342.

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Desde que la opinión pública tuvoconocimiento del caso variosgrupos parlamentarios hanconseguido que se debatan en el

Congreso y el Senado distintas mociones yproposiciones no de ley que podrían haberresuelto la situación hace mucho.

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A bundar en el trillado tema del derecho delos emigrantes al voto es enfrascarse en unejercicio iluso, irrelevante, insustancial y

eminentemente estúpido: el voto de los emigran-tes es, por lo visto, expuesto y demostrado porcualquiera de las circunstanciales administracio-nes que han manejado el Estado, políticamenteinnecesario y potencialmente peligroso.

Ajustarse a derecho, utilizar la normativa, co-mentar leyes y decretos, perderse entre los veri-cuetos de la legislación, entre acápites, artículos,interpretaciones y artilugios en los que se asientagran parte de la farsa de la justa, equitativa y dis-tributiva convivencia, me parece tan absurdocomo muchas de las patrañas que se intentanconstruir en el recalificado paramo de la justicia.Por ello, mejor las camisas de once varas, es me-nos problema.

Los ríos de tinta que se han hecho correr, los ki-lolitros de saliva desperdiciada y las calenturasde cerebro que se han generado en los Consejosde Residentes Españoles (CRE) y el Consejo Ge-neral de la Ciudadanía Española en el Exterior(CGCEE) al tratar tan abusado tema (amén de loaportado individualmente por las protestas de ciu-dadanos interesados o perjudicados), han condu-cido, simplemente, a un sinnúmero de ejerciciosexhibicionistas y promocionales de los encargadosde “la emigración” en los partidos políticos.

Para emborrachar la perdiz, quedar bien conDios y con el diablo, y reiterar el tan abusivovuelva usted mañana (incombustible Larra), seha hecho uso indiscriminado de la prensa del“movimiento alternativo”, que acontece en el go-bierno de España y sus comunidades, para echarla culpa al anterior, denostar al actual y dejar todotal cual estaba, para beneficio de ambos. Es deun singular cinismo que todos se presenten comopaladines de la ley y el orden y, al mismo tiempo,ejerzan su derecho a la disección y amputaciónde los derechos de los emigrantes. El trastornobipolar político se haya hecho crónico en la so-ciedad española.

Motivo de estudio (aviso a navegantes) para la

casta de sociólogos, psicólogos y ramas afines queactualmente proliferan en política, podría ser elconcepto de “emigración” que al parecer tienennuestros caros (queridos) parlamentarios. Hastaahora, diera la impresión de que no están muyclaras las diferencias existentes entre los que pordiversas causas han tenido que salir de España.Algunos de los excelsos entendidos que fungende expertos en emigrantes (por el cargo) creen

poseer una “maestría o doctorado en emigración”porque una tía segunda, rodeada en su tierra delminifundio y la miseria, desembarcó en Cuba oArgentina a principios del siglo XX, o porque des-pués de la guerra civil un primo de su señor padrecreyó que poner los pies en polvorosa era el mejorargumento para poder sobrevivir.

Cada emigrante es una razón para abandonarEspaña y una nueva razón para retornar, por ellosu derecho a votar es como el cordón umbilicalque lo une a un pasado, reciente o lejano. No de-ben importar las circunstancias por las cuales unose ha ido; y el tiempo, accidental y relativo por lapoca o mucha necesidad, tampoco es importante.Lo imprescindible es integrar la humana necesi-dad de afiliación, de encontrar las propias raíces,y que se reconozca que la salida es también partedel desarrollo de una comunidad.

No se tendrían que seguir haciendo arregloscircunstanciales otorgando nacionalidad paraunos cuantos, porque el devenir político los hizoafines a una determinada ideología, y generar

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José Melchor Mansilla Vázquez | Delegado por Bolivia al CGCEE

El inefable derecho de los emigrantes al voto

La emigración no es todavía unapreocupación nacional, es unaentelequia compleja y unasituación derivada que, al parecer,

sólo sirve para la diversión solaz yexhibicionismo de los partidos políticos.En realidad no conocen la emigración ni sehan preocupado por entenderla.

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nuevos arreglos porque conciencia eintereses son parte de la economía.

El voto emigrante es políticamenteinnecesario y potencialmente peli-groso porque las cartas están marca-das de antemano y entre los tahúresla estadística también es parte deljuego. Cuando una variable puede re-sultar contraproducente, lo mejor eseliminarla. La única manera de con-trolar totalmente un resultado es queéste no se dé… y todos contentos. Da vergüenzaajena comprobar que los argumentos para la pro-hibición del voto (en determinadas elecciones), elvoto rogado e, incluso, el voto de otrora tiempos(lento e ineficiente) retratan a España como unpaís atrasado tecnológicamente, manejado por ex-pertos en casuística irrelevante, e incapaz de cum-plir con sus propios ciudadanos. En un mundoglobalizado, donde hasta los menores de edad sonexcelentes “digitadores” (por lo del dedo) en unmaquinismo imparable, resulta que la adminis-tración de un Estado, que dice estar en el mundode los privilegiados, todavía desconoce que sepuede votar sin tanta parafernalia y antigualla.Quizá sea porque tampoco damos para más.

Legislar para el emigrante sin contar con el emi-grante es el leitmotiv de todas las administracio-nes que se han sucedido en tiempo, espacio y ma-nipulaciones. La opinión de los emigrantes cuentatan poco, que han conseguido definirlos con elintranscendente eufemismo de “ciudadanos es-pañoles en el exterior” (¿exterior de dónde?). ¿Dequé sirve que asociaciones, federaciones, consejosy todo lo que se pueda inventar rueguen, pidan,imploren y exijan (¡ja!), si ministros, senadores,diputados y adláteres escriben la posología y re-cetan la dosis que les sale de su real interés?

Año tras año, reunión tras reunión, consejo trasconsejo, pérdida de tiempo tras pérdida detiempo, los emigrantes españoles han pedidomuy pocas cosas (como mucho, una docena, si esque llega a tanto). Entre ellas, que se les permitael derecho de votar sin cortapisas, restricciones,añagazas ni sofismas. Eso sí, de cuando en vez aparece en el sainete el payaso político que argu-menta que los emigrantes no tienen conocimientode la realidad española… y eso lo viene a decir elrepresentante de una sociedad que en un 25% to-davía está anclada en el geocentrismo.

Otro ejemplo (para quesea un par) de la inconse-cuencia política y de las ne-gativas irracionales, es el dela petición de nacionalidadpara cónyuges de emigran-tes, sin necesidad de residirun año en España, y con losavales que la administraciónle venga en regalada gana

poner. Pues no, discriminación económica puray dura: si tienes dinero para residir un año en Es-paña, sí; sino no.

La emigración no es todavía una preocupaciónnacional, es una entelequia compleja y una si-tuación derivada que, al parecer, sólo sirve parala diversión solaz y exhibicionismo de los partidospolíticos. En realidad no conocen la emigraciónni se han preocupado por entenderla, creen quees una cuestión meramente económica que incideen la imagen de las administraciones, sin darsecuenta del drama humano que subsiste debajo decada caso particular. Diera la impresión de que lasolución de los problemas de la emigración se ha-lla en donaciones de dinero, en entradas y pre-sentaciones bajo palio, y en el embriagarse deuna relativa popularidad haciendo uso y abusode una determinada y remunerada (no sé si bieno mal) tramoya informativa.

No entro ni salgo en la información que aseveraque la generación más culta de jóvenes de la his-toria de España está emigrando por falta de tra-bajo, lo que sí puedo certificar es que los emi-grantes han preparado en sus hijos el mayor, másculto y más desaprovechado colectivo de jóvenesque España hubiera podido disfrutar e imaginar.Unos y otros, sabiendo lo que hacen, tambiénquieren votar. 3

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El voto emigrante es políticamenteinnecesario y potencialmentepeligroso porque las cartas estánmarcadas de antemano y entre los

tahúres la estadística también es parte deljuego. Cuando una variable puede resultarcontraproducente, lo mejor es eliminarla.

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En pocos días saldrá a la luz un esperadolibro que ha coordinado con talento ydedicación la profesora Concepción

Cascajosa (Universidad Carlos III de Ma-drid), fomentando la alianza, la sororidad,el compromiso compartido. La obra, tituladaMujeres Creadoras de Cine y Televisión de

España Democrática (Women Creators of

Film and Television in Democratic Spain),

está dedicada a unas mujeres que han sido(que son) no sólo referentes culturales sinoreferentes políticos, educativos y socialesimprescindibles; que fueron verdaderas pio-neras tanto en el cine como en la televisión.Está editada por la inglesa Cambridge Scho-lars Publishing y ello da idea del interés quedespierta nuestro proceso socio-cultural enotros contextos.

Las maneras de hacer de estas mujeres, su pro-fesionalidad, su perspectiva… propiciaron espa-cios de reflexión que han ido más allá del arte y lacultura. Supieron liderar equipos de manera al-tamente eficaz, facilitadora, definiendo objetivosy compartiendo metas y maneras de abordarlas,apoyando, valorando, co-responsabilzándose delas tareas. Todas estas capacidades describen muybien lo que significa el liderazgo transformacionaltan necesario en tiempos de crisis económica yde crisis ideológica.

Unas líderes que, no lo tuvieron fácil. Comomantiene Juana Mª Rubiola1 “Las líderes son, en

muchos ámbitos, las recién llegadas a los espa-

cios públicos, las excepciones que cumplen la re-

gla, dado el plus de circunstancias y sobreselec-

ción que han tenido que superar para ser lo que

son. Por ello su situación en la esfera pública es

peculiar y anómala, son élites discriminadas por

y pese a su condición de élite…”. Las mujeres li-deran más que mandan. Defendemos el estilo deliderazgo femenino que supone ejercer el poderno sólo con sentido, con razones, sino con sensi-bilidad, con preocupación por la otra persona

(ocupándose por lo personal). Un estilo de lide-razgo femenino supone el manejo equilibrado dela inteligencia emocional; se usa de una maneraútil; un estilo innovador.

Numerosos trabajos acotan la Transición a par-tir de la muerte del Dictador, otros la llevan a laConstitución Española de 1978, o hasta el triunfodel Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en1982, y algunos acotan el periodo 1979-1983 entanto que culmina la configuración del estado au-tonómico. Consecutivamente, la post-Transiciónoscila sobre esos mismos límites. Para la pers-pectiva del género, son mucho más significativoslos cambios socioculturales y sobre las mentali-dades, de ahí que ese intervalo –el de la post-Transición- resulte más adecuado aunque en eltránsito, las vindicaciones feministas quedaransubsumidas en el discurso de los partidos gene-

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Trinidad Núñez Domínguez | Profesora Universidad de Sevilla Teresa Vera Balanza | Profesora Universidad de Málaga

Directoras de cine español en la post-transición política. Memoria sobre once mujeres.

Las maneras de hacer de estasmujeres, su profesionalidad, superspectiva… propiciaronespacios de reflexión que han ido

más allá del arte y la cultura.

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ralistas. Con todo, los hitos del período son in-cuestionables: la Ley del divorcio de 1981, la deinterrupción legal del embarazo de 1985 (Ley Or-gánica 9/1985, de supuestos), la entrada en Eu-ropa en el 86. Es justo ese período mucho másfecundo para ponderar los cambios en la vida delas personas.

Incluso cinematográficamente, estos hitos per-mearon el discurso fílmico con ejemplos paradig-máticos que oscilan entre el reencuentro con lahistoria reciente y las formas renovadas de la mo-dernidad: El crimen de cuenca (Pilar Miró, 1980),Bodas de sangre (Saura, 1981), Volver a empezar

(Garci, 1982), Los santos inocentes (Camus,1984), La vaquilla (García Berlanga, 1985), entrelas que responden a la primera vía. En el tránsito,las comedias de situación: Sal Gorda (Trueba,1983), La corte del Faraón (García Sánchez,1985), Sé infiel y no mires con quién (Trueba,1985). En el culmen, el Almodóvar de Laberinto

de pasiones (1982), Entre tinieblas (1983), y ¿Qué

he hecho yo para merecer esto? (1984). En otro nivel, la mirada intimista, la reflexión

sobre la existencia propia que coincide, también,con la propia coyuntura política: Gary Cooper,

que estás en los cielos (Pilar Miró, 1980), Función

de noche (Josefina Molina, 1981), Hablamos esta

noche (Pilar Miró, 1982), Lo más natural (JosefinaMolina, 1990), o Sublet2 (Chus Gutiérrez, 1991).Junto a ellas, El Sur (Victor Erice, 1983), Los mo-

tivos de Berta (José Luís Guerín, 1983) o Tras el

cristal (Agustín Villaronga, 1986) se acercan apropuestas más arriesgadas e innovadoras3. Re-sulta reveladora la distribución casi equitativa en-tre las obras y sus artífices, entre las historias re-latadas, los espacios recreados, los sujetosrepresentados,… pareciera que los mundos quehabitan unos y otras fueran diametralmenteopuestos, aunque complementarios entre sí.

La industria también experimentaba una trans-formación. La primera con el nombramientocomo Directora General de Cinematografía de Pi-lar Miró que ocupa el cargo desde finales de 1982al 85. La Ley Miró renovó las estructuras institu-cionales del cine español heredadas del fran-quismo con la abolición de la censura política, lacreación del Instituto del Instituto de las Cine-matografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), losacuerdos con TVE, o el establecimiento de las sa-las X, etc. Pero también por la puesta en práctica

de una política más intervencionista de ayuda pú-blica a la financiación de la producción. Con todo,y pese al avance, resultaba perfectible: se finan-ciaba a las productoras y no a la dirección, y sedescuidaba la exhibición con lo que algunas de laproducciones no lograban llegar ni siquiera a losespectadores4.

También el período concitó la llegada de lasprofesionales formadas en el Instituto Oficial deRadiotelevisión y en la Escuela Oficial de Cine almedio televisivo y cinematográfico. El cambio delas circunstancias sociolaborales incorporó a nu-merosas mujeres a las tareas informativas y a larealización. Es el caso de las periodistas de TVEtanto en Madrid como en los centros regionales ylas televisiones autonómicas5. También es el mo-mento en el que algunas profesionales ponen sutalento en la realización y la producción: Teresa

de Jesús (1984), La voz humana (1986) y Entre

naranjos (1998) de Josefina Molina; pero, espe-cialmente, Anillos de oro (1983) dirigida por Pe-dro Masó con guión e interpretación de Ana Dios-dado.

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Las mujeres lideran más quemandan. Defendemos el estilo deliderazgo femenino que suponeejercer el poder no sólo con

sentido, con razones, sino con sensibilidad,con preocupación por la otra persona

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¿Quiénes han sido las mujeres quehan conseguido romper barreras decristal y han accedido a la esfera pú-blica en la industria cinematográficade la post-transición política espa-ñola?

Once directoras que exhibieron ensalas comerciales dieciséis películasen ese período tiempo. Ocho de estasonce mujeres han seguido en esta ta-rea de dirección de largometrajes.Así, Isabel Coixet, Ana Díez, ChusGutiérrez, Pilar Miró, Josefina Mo-lina, Gracia Querejeta, Pilar Távoray Rosa Vergés son, también, direc-

toras de la democracia. Esmás, éste se conviertepara ellas en un momentode mayor producción.

Nuestro serio y emotivohomenaje a quienes, sa-biéndolo o no (querién-dolo o no), se han consti-tuido en “modelos” paraotras muchas mujeres.Modelos a seguir para al-gunas de las estudiantesde nuestras facultades, aquienes dedicamos estasletras. 3

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DIRECTORAS DE CINE DE LA POST-TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA (1982-1992)

Cristina Andreu Brumal (1988)

Ana Belén Cómo ser mujer y no morir en el intento (1991)

Isabel Coixet Demasiado viejo para morir joven (1988)

Ana Díez Arder eta yul (1989)

Chus Gutiérrez Sublet (1992)

Pilar Miró Hablamos esta noche (1982) | Werther (1986) Beltenebros (1991)

Josefina Molina Esquilache (1989) | Lo más natural (1990)

Isabel Mulá Depravación (1982) | Los nuevos curanderos (1986)

Gracia Querejeta Viaje del agua (1990)| Una estación de paso (1992)

Pilar Távora Nana de espinas (1984)

Rosa Vergés i Comas Boom Boom (1990)

NOTAS:1 Rubiola Núñez, Juana Mª (2013). “Liderazgo político y género en el siglo XXI”. Entramado, 9 (1), 142-1552 “Sublet”, largometraje protagonizado por Icíar Bollaín que logró la Caracola de Oro en la muestra Cinemato-

gráfica de Alcances en Cádiz.3 LEAL, Alberto. La nueva ley del cine en http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=5284 Caparrós Lera, José Mª (1992) El cine español de la democracia: de la muerte de Franco al “cambio”

socialista (1975-1989). Barcelona: Anthropos

Lozano Aguilar, Arturo & Pérez Perucha, Julio (coords.) (2005) El cine español durante la Transición demo-crática (1974-1983). Madrid: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Cuadernos dela Academia, 13-145 Vera Balanza, Mª Teresa y otras (2012). Periodistas en Transición. Expectativas sociolaborales y de género en

los inicios de la televisión regional en Andalucía. En XII Congreso de la Asociación de Historiadores de laComunicación, UPF, 24 y 25 de mayo de 2012

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Entrevista realizada por Carmen Rivas

F orma parte de esa nueva genera-ción de cantaoras con una sólidaformación musical y una tradición

familiar profundamente arraigada enlos cantes de su tierra, Huelva. Tiene29 años y un aspecto físico muy alejadodel estereotipo que el imaginario co-lectivo tiene de las figuras del cante fla-menco.

Esta entrevista ha tenido lugar en laterraza de uno de los bares de la plazasoportalada de Navalcarnero. Previa-mente, su Teatro Municipal había sidoel escenario donde, acompañada a laguitarra por Paco Seco, puso su voz a letras popu-lares recopiladas por Federico García Lorca y gra-badas por la “Argentinita”, acompañada al pianopor el propio poeta del 27, asesinado en los prime-ros meses de la guerra civil española . Una joyaque el público supo valorar.

El 12 de junio tendrá su próxima actuación enMadrid, en el Teatro del Canal, donde va a cantartemas de su último trabajo titulado “El niño. An-dando por los campos marcheneros”. Un disco conel que se reivindica a Pepe Marchena como cantaor,pero como cantaor contemporáneo. Rocío Márquezdesde el conocimiento que le da el estudio a fondode su obra se pone al lado de Marchena y cantacon él. Todo el disco, cada una de las respiracionesde la cantaora han pasado por Marchena. La tra-dición y el presente juntos como no puede ser deotra manera, como bien decía Enrique Morente.

Con la pianista, Rosa Torres Pardo ha actuadoen toda España, en América y también en Japón.Juntas y, a veces, con la colaboración del poetaLuís García Montero han preparado una intere-sante propuesta donde el piano clásico de Rosadialoga con la voz flamenca de Rocío a través depiezas de autores como Granados, Falla o Albéniz

arropados por textos deGarcía Lorca y del propioLuís García Montero.

Pregunta: ¿Cuál es el ori-gen, como nace en usted laafición al cante?Respuesta: En mi familiahay muchas personas quecantan bien. Mis abuelos,mi madre. Mi abuelo pa-terno tenía una taberna enHuelva que se llamaba “Lamadrileña”, por allí pasabantodos los cantaores del mo-

mento por eso cada vez que voy recojo, a través deel, letras antiguas de las que me nutro para com-poner.

A los nueve años me apunté a la Peña Flamencadonde íbamos todos los chiquillos. De esa épocaguardo muchos buenos recuerdos por el cariño conel que nos enseñaron sus profesores: Amparo Co-rrea, Manuel López, Eduardo Hernández Garrochoy otros muchos, todos ellos cantaores que se hanpreocupado de que el fandango de Huelva sigavivo. El flamenco es lo que más me trasmite, es loque más me emociona en el escenario y lo que mássiento.

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Entrevista a la cantaora Rocío Márquez, GANADORA DE LA LáMPARA MINERA DEL FESTIVAL DE CANTE DE LA UNIÓN EN 2008.

‘Si estoy mucho tiempo sin subirme a un escenariome pongo insoportable’

El flamenco puede transmitir porencima de idiomas, de cultura, demuchas cosas. A mi me molestamucho que se hable de la pureza

del cante flamenco porque me parecencomentarios arcaicos. El origen delflamenco está en el mestizaje.

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P.: ¿Qué supuso para su trayectoria profesionalganar la Lámpara minera en el Festival Interna-cional del Cante de las Minas de La Unión de Mur-cia?R.: Hasta que me presenté a este certamen nuncame había planteado vivir de esto. Yo cantaba por-que es lo que más me gusta en la vida y porque siestoy mucho tiempo sin subirme a un escenariome pongo insoportable. La sensación es indescrip-tible. Para mi poder estar en el escenario es casiuna adicción. Pero hasta entonces nunca lo habíahecho pensando en ganarme la vida. He tenidomucha suerte en mi recorrido digamos artístico.Me he encontrado gente que me ha ayudado mu-cho. Mira, hasta de las cosas malas que me hanpasado, al final han salido cosas buenas.

P.: Ha actuado y dado conferencias en torno alflamenco en universidades y centros culturales deEspaña y del mundo. Parece que este arte despiertamucho interés.

R.: Después del bachiller hice magisterio musicaly presenté la tesina, aunque el doctorado todavíano lo he terminado. La formación académica nome ha venido solo de un lado. También estudiépiano en el conservatorio y con 12 años tuve unaprofesora de canto que se llama Gloria Muñoz queera soprano y ella me dio las pistas para cantarcomo lo hago. Creo que ha sido determinante parami manera de cantar. Todas estas actividades y es-tudios me han aportado mucho.

Una de las cosas más bonitas que me han podidopasar es entrar de alumna en la Fundación CristinaHeeren y después ser profesora. Para mi eso es unregalo de la vida. Me encanta la enseñanza perorequiere mucha energía y yo cuando estoy metidaen otros proyectos no puedo dar clase. Además ami me gusta aprender. Trasmitir lo que me hanenseñado para mi es un deber aunque también in-tento seguir aprendiendo.

P.: Su primer disco se llamó "Claridad" y su últimotrabajo "El niño" lo presentó el año pasado ¿Tienealgún nuevo proyecto discográfico en marcha?R.: Por ahora no. Quiero vivir este trabajo con li-bertad y agotar sus posibilidades. Porque El niño,es un homenaje y un punto de partida para la cre-ación. El disco tiene dos producciones diferentes.De un lado, la de Faustino Núñez, doctorado enViena en musicología y profundo conocedor sin

fronteras de la cosa flamenca, y, por el otro, RaúlFernández ‘Refree’, un recién llegado que aportadesde el pop la frescura de quién escucha un estilomusical sin los corsés habituales.

P.: Aunque siempre ha habido mujeres que handestacado en este arte, el mundo del flamenco ¿noha estado siempre muy definido por lugares y ho-rarios donde la mujer tenía el acceso bastante res-tringido?R.: Totalmente. Ha sido un mundo muy machista.Pero lo que a mi me gusta decir es que gracias alesfuerzo y a la lucha de muchas mujeres como laNiña de los Peines, la Niña de la Puebla y despuésCarmen Linares, Maite Martín y otras, han rotocon todos esos tópicos y han luchado a veces contramarea, aunque muchas veces las han juzgado decosas que no eran. He hecho referencia a algunasde las cantaoras más conocidas pero también hayque hacer un reconocimiento a esas mujeres anó-nimas que han hecho actos muy significativos con-tra la discriminación.

Mujeres como las de la Peña Flamenca de Huelvaque ante la negativa de la Peña flamenca de todala vida a dar el carnet a las mujeres, montaron laPeña de las mujeres, negándose a aceptar la exclu-sión. Yo ya no he tenido ese problema. A mi nadieme ha negado la entrada en la Peña Flamenca yeso se lo debemos a esas mujeres luchadoras. Nose nos puede olvidar.

P.: Me podría decir ¿qué supone, qué es para ustedel flamenco?R.: Para mi es el arte con el que muchas veces hepodido sentir cosas antes de vivirlas. A mí me hapasado que cuando me enamoré por primera vez,de repente pensaba en el fandango que hablaba deeso y pensé: es esto. Conozco ahora el sentimientoque antes intuía y que ahora estoy viviendo. Esmuy bonito porque yo creo que enseña a vivir. Esla vida, y lo que más me gusta es la amplitud quetiene: lo mismo es capaz de trasmitirte una penadesgarradora, de esas que te paralizan, que te con-mueven, a una alegría de fiesta, de haber perdidolos papeles. Poder ir de un extremo a otro pasandopor infinidad de sensaciones, como la vida misma.No solo me refiero a la amplitud y variedad de loscantes sino a las distintas maneras de expresar unmismo cante o una misma sensación. Te enfadaso estás contenta, en el cante se refleja tu manera

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de expresarlo, tu manera de ser ysentir.

P.: ¿Considera que el flamenco,como arte que se ha transmitido degeneración en generación, es expor-table y puede ser comprensible paraotras culturas y conectar con senti-mientos que pueden ser universa-les?R.: Totalmente. De eso estoy con-vencida. Y la prueba está en quecuando vas a sitios donde hablanotros idiomas: Japón, Alemania, In-dia, el país que tu quieras y de re-pente ves que a alguien se le salta una lágrima. Elflamenco puede transmitir por encima de idiomas,de cultura, de muchas cosas. A mi me molesta mu-cho que se hable de la pureza del cante flamencoporque me parecen comentarios arcaicos. El origendel flamenco está en el mestizaje. En muy pocossitios se ha dado que en una tierra convivan pací-ficamente durante siglos tres culturas-religiones.Nos hemos enriquecido los unos a los otros. Esose ha reflejado en el cante. Si venimos de esa mezcla¿como es que ahora hay personas que intentanusar la pureza para excluir? No lo entiendo.

P.: Dicen que los cambios sociales y de forma devida inevitablemente se ven reflejados en la manerade cantar y de sentir los cantes. ¿Considera nece-saria la existencia de autores de letras capaces derecoger estas nuevas formas de vida e incorporarlasa los distintos palos del flamenco?R.: Yo creo que eso ya está pasando. Cada vez haymás cantaoras y cantaores que hacen letras y lasmusican. También se está musicando a los poetas.Ahí tenemos mucho campo por andar, muchas co-sas de las que hablar.

Somos una generación que tenemos muchas co-sas que decir. Y en esto de los cambios sociales yocreo que tenemos que ver personas. No me gustahablar de payos, de gitanos, de hombres, de muje-res, creo que tenemos que respetarnos todos y verpersonas. Yo creo que por eso tenemos ahora queluchar. Desearía que no se tuviera en cuenta el gé-nero para decidir quien tiene que estar en una pro-gramación. Esa es la manera en que me gustaríaque fuese el futuro.

P.: ¿Tiene algún sueño por cum-plir?R.: Mi sueño es poder seguir mivida tan poquito a poco como havenido siendo hasta ahora, con lasensación de aprender cada día al-guna cosa. Y cuando me baje del es-cenario sentir que ha habido al-guien a quien le he transmitido algo.

P.: ¿Que sintió cuando bajó al pozoa cantar a los mineros encerrados?R.: Cuando me dijeron que bajaraa la mina inmediatamente dije que

si porque al Festival del cante de las minas de Mur-cia le debo la posibilidad de empezar a levantar elvuelo en el cante. Yo conocía minas cerradas y pre-paradas para las visitas, cuando llegué allí, dondeestaban los mineros y vi el canario vivo en la jaula,entendí muchas cosas que antes no había com-prendido. Lo primero que pude contemplar fue alas mujeres desesperanzadas.

Estuve cuatro horas con los mineros y cuandosalí no podía respirar. Ellos llevaban 46 días ence-rrados. Empezamos a bajar y el ascensor chocabacontra las piedras de las paredes. Se pasa realmentemiedo. Cuando por fin llegamos a la galería estabacubierta de plásticos y de dibujos de los niños delos mineros. No te puedes ni imaginar sus caras.Yo iba en plan de animarlos y cuando llegamos seme cayeron dos lagrimones y ellos me tuvieronque consolar. Durante cuatro horas hablamos ycantamos. Cuando salí estaba contenta porque du-rante ese tiempo creo que los mineros pudierondesconectar un poquito. 3

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Estuve cuatro horas con losmineros y cuando salí no podíarespirar. Ellos llevaban 46 díasencerrados. Empezamos a bajar y

el ascensor chocaba contra las piedras delas paredes. Se pasa realmente miedo.Cuando por fin llegamos a la galería estabacubierta de plásticos y de dibujos de losniños de los mineros.

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Según los datos hechos públicos por el Comitéde Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE elpasado 8 de abril, España destinó el 0,14 de

su RNB a Ayuda Oficial Desarrollo (AOD)-1.893millones de dólares- lo que supone un descensorespecto de 2013 de más de un 20 por ciento.

La AOD de los países del CAD han alcanzadolos 135.200 millones de dólares, lo que supone

un retroceso de un 0,5% respecto de 2013; laAyuda Oficial al desarrollo neta alcanzó el 0,29de la Renta Nacional Bruta.

Sobre los 28 países miembros del Comité deAyuda al Desarrollo, sólo cinco países, Dinamarca,Noruega, Reino Unido y Suecia, han alcanzado el0,7% de Ayuda Oficial Desarrollo sobre RentaNacional Bruta.

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Félix A. Ovejero Torres | Director de la Fundación Paz y Solidaridad ‘Serafín Aliaga’

La Ayuda Oficial al Desarrollo española sigue en caída libre

TABLA 1: AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO NETA DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES AL CENTRO DEAYUDA AL DESARROLLO DE LA OCDE EN 2014 [Datos preliminares para 2014]

2014 2013

AOD AOD/RNB AOD AOD Variación %Mill USD % Mill USD % 2013/2014

Australia 4 203 0,27 4 846 0,33 -7,2Austria 1 144 0,26 1 171 0,27 -3,8Bélgica 2 385 0,45 2 300 0,45 3,3Canadá 4 196 0,24 4 947 0,27 -10,7República Checa 209 0,11 211 0,11 2,5Dinamarca 2 996 0,85 2 927 0,85 1,6Finlandia 1 635 0,60 1 435 0,54 12,5Francia 10 371 0,36 11 339 0,41 -9,2Alemania 16 249 0,41 14 228 0,38 12,0Grecia 248 0,11 239 0,10 6,3Islandia 35 0,21 35 0,25 -3,8Irlanda 809 0,38 846 0,46 -4,5Italia 3 342 0,16 3 430 0,17 -2,9Japón 9 188 0,19 11 582 0,23 -15,3Corea 1 851 0,13 1 755 0,13 0,8Luxemburgo 427 1,07 429 1,00 -1,1Holanda 5 572 0,64 5 435 0,67 1,6Nueva Zelanda 502 0,27 457 0,26 6,8Noruega 5 024 0,99 5 581 1,07 - 4,3Polonia 437 0,08 472 0,10 -8,3Portugal 419 0,19 488 0,23 -14,9Eslovaquia 81 0,08 86 0,09 -5,1Eslovenia 62 0,13 62 0,13 -0,3España 1 893 0,14 2 375 0,18 -20,3Suecia 6 223 1,10 5 827 1,01 11,0Suiza 3 548 0,49 3 200 0,45 9,2Reino Unido 19 387 0,71 17 871 0,70 1,2Estados Unidos 32 729 0,19 31 497 0,18 2,3TOTAL CAD 135 164 0,29 135 072 0,30 -0,5

FUENTE CAD OCDE 8/4/2015

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Trece países han aumentado su AOD, los in-crementos más altos se han dado en Alemania,Finlandia, Suecia y Suiza. Por el contrario, la AODha disminuido en 15 países pertenecientes al CAD;Australia, Canadá, España, Francia, Japón, Polo-nia y Portugal se encuentran entre los países quemás han recortado su Ayuda.

España

Los datos definitivos de Ayuda Oficial al Desarro-llo corresponden a 2013. España desembolsó1.788.524.551 millones de euros (Ayuda Oficialal Desarrollo Neta), que se distribuyeron de la si-guiente manera: A la Administración General delEstado le correspondieron 1.593.134.017 euros, ala cooperación autonómica 138.912.001 euros, ala cooperación local 46.836.759 y a Universidades9.641.773 euros.

Administración General del Estado. El Mi-nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperaciónes el Ministerio que más reduce su AOD en 2013respecto a 2012 (23 millones de euros). Este des-censo dentro del MAEC, se debe a la caída en másde 92 millones de la AOD de la AECID, cerca de

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TABLA 2. COOPERACIÓN AUTONÓMICA

AOD 2012 (en euros) AOD 2013 (en euros) % 2012/2013

Andalucía 31.110.744 45.944.161 47.68 %Aragón 1.336.269 3.763.395 181.63 %Asturias 6.130.014 5.086.475 -17.02 %Baleares 2.812.355 1.417.204 -49.61 %Canarias 1.770.931 870.058 -50.87%Cantabria 248.130 240.960 -2.89 %Castilla-La Mancha 638.890 5.739.705 798.39 %Castilla y León 5.814.366 4.245.880 -26.98 %Cataluña 18.858.634 15.152.103 - 19.65 %Extremadura 3.085.422 10.978.359 255.81 %Galicia 6.537.978 4.649.062 -28.89 %La Rioja 553.012 808.122 46.13 %Madrid 14.665.305 1.326.296 - 90.96 %Murcia 0 0 0 %Navarra 13.381.672 5.260.584 - 60.69 %País Vasco 54.529.606 31.320.000 - 42.56 %Comunidad Valenciana 5.193.683 2.133.375 - 58.92 %Ceuta 8.100 0 - 100 %Melilla 0 0 0 %TOTAL CCAA 166.675.110 138.667.244 - 16.80 %

Fuente Informe de Seguimiento AOD 2013, MAEC

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un 20% del presupuesto de la AECID sobre 2012.El Ministerio de Hacienda y AdministracionesPúblicas es el primer Ministerio en cuanto a apor-taciones de AOD con 778.545.538 euros, debidoa su responsabilidad en los desembolsos obliga-torios a la Unión Europea.

Cooperación Autonómica. Se mantiene latendencia decreciente de la AOD de las CCAA ini-ciada en 2009, con una reducción de más de 16puntos con respecto al volumen de AOD desem-bolsado en 2012.

Los mayores recortes se han dado en las CCAAde Madrid (90,96%), Navarra (60,69%) y Comu-nidad Valenciana (58,92%).

Andalucía sigue siendo el mayor donante deAOD a nivel absoluto con 45,9 millones de euros,seguido del País Vasco con 31,3 millones, a pesarde un descenso del 42,56%.

Cooperación Local. La AOD desembolsada delas entidades locales durante el año 2013 alcanzólos 46.836.696,48 de euros, lo que implica un in-cremento del 14,21% respecto al año 2012(41.010.489 euros).

Entre los principales ayuntamientos por volu-men de AOD desembolsada, se encuentran losAyuntamientos de Barcelona, Zaragoza, Vitoria/Gasteiz, Bilbao, Pamplona/Iruña, Córdoba, Bur-gos, Donostia/San Sebastián y Málaga.

Últimas Consideraciones. Es necesario resal-tar que el 62.8% de la AOD española se ha cana-lizado a través de Organismos Multilaterales deDesarrollo. La aportación obligatoria a las políti-cas de desarrollo de la Unión Europea ascendió a778.25 millones de euros, lo que significa que deltotal de la AOD española, un 43,51% correspondea esa aportación. Un dato que revela el lamentablealcance de la política de cooperación del Gobierno.

Sobre la AOD de las Comunidades Autónomas,su irrelevancia es mucho mayor; la AOD de An-dalucía y el País Vasco significa más del 55% dela AOD total de las Comunidades Autónomas;esto significa, en la práctica, la desaparición dela cooperación autonómica excepto en las Comu-nidades Autónomas señaladas.

Respecto al ámbito internacional, la AOD nossitúa en el entorno de países como Polonia, Eslo-venia o Grecia; no, como pretende el Gobierno,

entre el Reino Unido y Alemania, en los que lapolítica de cooperación juega cada vez más unpapel más importante como política pública deacción exterior del Estado.

Las cifras no mejorarán ni en 2014 ni en 2015.El marco presupuestario establecido al inicio dela Legislatura se mantendrá hasta el final. Unmarco que significa la irrelevancia de la coopera-ción española en unos momentos en los que lacomunidad internacional está negociando lanueva agenda internacional para el desarrollo quepretende ser ambiciosa tanto en políticas comoen recursos.

Es necesario retornar a una senda de creci-miento sostenido de los fondos destinados a coo-peración, que abandone, de una manera defini-tiva, la política de desmantelamiento de estapolítica pública por parte de los actuales gober-nantes. 3

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Sobre los 28 países miembros delComité de Ayuda al Desarrollo, sólocinco países, Dinamarca, Noruega,Reino Unido y Suecia, han

alcanzado el 0,7% de Ayuda OficialDesarrollo sobre Renta Nacional Bruta.

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L a calidad de un libro de inves-tigación se define, a mi juicio,por al menos tres elementos:

un tema interesante, una metodo-logía adecuada y un estilo compe-tente. La cuestión del interés deltema se suele remitir a la originali-dad del objeto de estudio o al po-tencial de ser atractivo para lectoresde diversa índole. En el caso de lapresente obra, la calidad no se debeal hecho de analizar una cuestiónabsolutamente desconocida, sino alo innovador del enfoque. Se tratade estudiar el fenómeno histórico ypolítico que fueron las Comisiones Obreras en eltardofranquismo, para lo que se acude con preci-sión y criterio a las herramientas conceptualesque se han venido desarrollando sobre movimien-tos sociales y acción colectiva en los últimos cin-cuenta años, con especial énfasis en las más re-cientes aportaciones. Al plantearse preguntasnuevas, merced a una metodología diferente, lasrespuestas que se obtienen son naturalmente no-vedosas e interesantes.

La dimensión metodológica ocupa un lugar cen-tral en este trabajo, por la sujeción que impone elmodelo teórico utilizado para entender cómo seconstruye la movilización social en los regímenesautoritarios, a partir del caso concreto de estudiode las Comisiones Obreras en Galicia. En estesentido, se parte de la premisa de que en contextosde privación de libertades como fue el franquismo,puede resultar relativamente más sencillo deter-minar los “microfundamentos” de la movilización.Esto se debe a que, según el autor, a diferencia delo que sucede en los sistemas democráticos, enlas dictaduras no se disponen de múltiples opor-tunidades y herramientas que hacen posible la

construcción de un movimientosocial, con lo cual “es más fácilcontrolar su efecto causal indivi-dual y las acciones e interaccionesque lo producen”. Algo que se con-sigue empíricamente revelando losmecanismos que permiten al mo-vimiento social difundirse, accedera los recursos materiales y activarsu repertorio de acción. Un análisisen el que se combinan los funda-mentos de la llamada “agenda clá-sica de los movimientos sociales”(empleando el lenguaje de McA-dam, Tarrow y Tilly), con el énfasis

actual derivado de la teoría de acción racional enla cuestión de los “mecanismos”.

En lo que se refiere a la dirigencia y al recluta-miento de la militancia en las Comisiones Obrerasen Galicia, se apunta al mecanismo de las redessociales como el fundamental. En concreto, a lainserción de los activistas promotores, miembrosdel PCE en su totalidad, en redes de confianza ytrabajo. Se podría decir que la investigación deLago Peñas convalida la estrategia de la organi-zación comunista, a partir de la acción exitosa de

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Antonio Miguez Macho | Universidade de Santiago de Compostela

Nuevas preguntas a la Historia de Comisiones Obreras

PEDRO LAGO PEÑAS, La Construcción del movimiento sindical en siste-

mas políticos autoritarios. Las Comisiones Obreras en Galicia (1966-1975).Madrid, La Catarata

La dimensión metodológica ocupaun lugar central en este trabajo,por la sujeción que impone elmodelo teórico utilizado para

entender cómo se construye lamovilización social en los regímenesautoritarios, a partir del caso concreto deestudio de las Comisiones Obreras enGalicia.

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determinados “apóstoles” del movimiento y unascuidadas tácticas de difusión. Los datos que seaportan muestran el éxito que consigue el movi-miento en un contexto a priori poco propicio parala movilización (lo que se podría decir también alrespecto del movimiento obrero anterior a 1936en Galicia). Se constata además la inexistencia deun pasado militante en tiempos anteriores al fran-quismo en el caso de los principales líderes de laorganización, pero sería interesante determinarqué factores incitaron a que estos jóvenes selectosa que se implicaran en el Partido Comunista.¿Existe un perfil socioeconómico común, algúntipo de determinante estructural o se trata de ungrupo de militantes totalmente aleatorio? ¿Cuáles la relación de estos grupos con la militanciaestudiantil y/o cultural? El trabajo de Lago Peñasofrece muchas respuestas, pero tiene la virtud dedejar también varias preguntas en el aire.

Con gran minuciosidad, el lector puede conocergracias a este trabajo los entresijos de la estrategiade movilización de las Comisiones Obreras, quese presenta aquí como una inteligente combina-ción de medios legales e ilegales. Según el autor,en ello radicaría la clave del éxito de su actuación.Aunque esta táctica se manifiesta en todos los as-pectos, será en el aprovechamiento del sistemade negociación colectiva del Régimen donde al-canza sus cotas más destacadas. La misma idease destaca en otro de los mecanismos fundamen-tales del movimiento: la acción colectiva y, parti-cularmente, la huelga. El análisis del autor de-muestra que las motivaciones laborales en losconflictos fueron las hegemónicas, pero que altiempo toda acción incluía un componente socio-político más o menos explícito y que respondía ala aspiración última democratizadora del movi-

miento. Queda abierta aquí la cuestión de si, alfin, fue correcta la estrategia de alcanzar una de-mocratización efectiva por la vía de la moviliza-ción en el mundo laboral contra el Régimen. Esdecir, en un caso como el de España y el modo enque se hizo la Transición, el balance de la acción

de las Comisiones Obreras puede ser matizadopor muchas otras consideraciones que van másallá de la capacidad de organizarse y alcanzar re-levancia sindical.

Por último, cabe referirnos a los aspectos es-tilísticos que también son importantes en la con-secución de un buen libro de investigación. Eneste caso, y al margen del normal mecanicismo yrigidez de toda obra que está basada en una Tesisdoctoral, habría que hablar con propiedad de untrabajo meticuloso, exquisito desde el punto devista del manejo de las fuentes y del tratamientode los datos. Tanto es así, que las abundantes no-tas que se sitúan para mayor comodidad en lalectura al final de cada capítulo, merecen atenciónen sí mismas. Son, por así decirlo, las “tuercas ylos tornillos” gracias a los que la obra del DoctorLago Peñas funciona muy bien. 3

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Con gran minuciosidad, el lectorpuede conocer gracias a estetrabajo los entresijos de laestrategia de movilización de las

Comisiones Obreras, que se presenta aquícomo una inteligente combinación demedios legales e ilegales. Según el autor, enello radicaría la clave del éxito de suactuación.