Para nadie es un secreto decir que toda la sociedad hondureña quisiera que los problemas sociales se resolvieran con equidad, imparcialidad y prontitud. Si el refrán dice que “una justicia que tarda, no es justicia”, con igual o más razón podría decirse respecto a la educación, el salario mínimo o cualquier otra urgencia nacional. Los diálogos se interrumpen, las conversaciones se empantanan y los protagonistas se encierran en sus posiciones.

Al gobierno, este tema, como muchos otros, le agarra “fuera de base”. Si aún no puede deshacerse de la herencia del golpe de Estado y de una democracia deficitaria en todos los sentidos, mucho menos encontrar caminos de solución a los múltiples problemas que le acosan por todas partes. Todavía no hay reconocimiento internacional, lo cual significa que la ayuda externa no termina de llegar. Tanto la herencia de Mel Zelaya como la de Roberto Micheletti han sido unas “arcas vacías” y un pueblo demasiado esperanzado en que el nuevo líder tendrá la varita mágica o será el “Cristo milagrero” que todo lo resuelve de la noche a la mañana.

La parte económica siempre es un factor determinante y decisivo a la hora de enfrentar un problema y darle solución. Las condiciones económicas del país no son muy boyantes. En años pasados, el gobierno echó mano de los Fondos para la reducción de la pobreza, de los fondos de la condonación de la deuda externa o los de la cooperación internacional. Ahora, al no haber dinero se ha recurrido inclusive a los fondos del Inprema y …, en estos momentos, el gobierno, de forma agresiva y sin miramientos, ha iniciado una política de impuestos hacia el ciudadano de a pie, que asusta.

Datos como los siguientes nos dan qué pensar: “Entre el 2000 y el 2009 hemos gastado 157,675 millones de lempiras en nombre de la pobreza … sin embargo, más del 80% han servido para el pago de sueldos y salarios de empleados públicos”, o, “dos de cada tres lempiras de los fondos de condonación se destinaron a asuntos relacionados con las promesas de campaña del presidente Zelaya, tales como el salario para aumentar la fuerza policial, salarios a maestros y médicos”.

Esta realidad económica afecta a las dos partes en disputa, el gobierno y el estamento corporativo magisterial. Cada quien por su lado ha utilizado políticas de fuerza a nivel económico para resolver su problema. El primero saqueando fondos sociales y para los pobres o con impuestos abusivos que no son aplicables para los “intocables” del país sino para las clases medias y pobres. Y, los segundos, una política para imponer el estatuto a toda la sociedad que, en otras palabras, viene a decir que “solo nosotros tenemos derechos y todos los derechos”.

Por lo tanto es obvio que, tanto el gobierno como el magisterio deben enmarcarse en unos parámetros que sean los de la “ética de la responsabilidad”, a nivel político y estamental. De lo contrario, será una realidad que solo son los “fuertes (en número, organización y territorialidad) quienes arrebatan la democracia” o, también, distorsionando y manipulando la frase bíblica, dicen que “es necesario que yo crezca para que los otros disminuyan”.

Nuestra palabra | 27 Agosto 2010