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Extradición y debido proceso Javier Dondé Matute

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javier dondé matute

Se graduó como licenciado en derecho en el instituto tecnológico autónomo de méxico (itam); es maestro en derecho por la univer-sidad de Georgia y doctor en derecho Penal internacional y derecho Penal Comparado por la universidad de aberdeen, escocia. Ha trabajado, principalmente, en la Procuraduría General de justicia del distrito Federal y des-empeñado algunas tareas para el Poder judi-cial de la Federación.

Ha impartido cátedra en las universidades de aberdeen y nacional autónoma de méxico, en el inacipe y el itam y, asimismo, el curso de “derechos Humanos y Seguridad Ciudadana” en la universidad iberoamericana. es autor de artículos publicados en revistas especializa-das y de varias obras, entre ellas: La jurispru-dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, Los tipos penales en el ámbito internacional y El principio de legalidad penal: perspectivas de Derecho nacional e internacional. es miem-bro del Sistema nacional de investigadores, de la Coalición mexicana para la Corte Penal in-ternacional y del comité editorial de la Revista Iberoamericana de Derechos Humanos.

La dinámica de la cooperación judicial internacional ha sufrido cambios en los últimos años, desde la inclusión de nuevos principios en los pro-cesos de extradición hasta la creación de tribunales internacionales. así, la extradicción, y su debido proceso, confrontan una situación delicada que obliga a replantear su naturaleza contemporánea en virtud del nece-sario respeto a los derechos humanos. al favorecer los procedimientos abreviados y eliminar requisitos para agilizar los procesos, y así evitar obstáculos en el combate contra la impunidad, se corre el riesgo de vul-nerar derechos humanos.

así pues, en este libro se examinan las nuevas tendencias en materia de extradición desde una perspectiva de comprensión y protección de su debido proceso. Se analizan tratados internacionales, la jurispru-dencia nacional e internacional y la legislación nacional aplicable, en especial la Ley de extradición internacional. a lo largo de estas pá-ginas, y desde diversos enfoques metodológicos, se establece un útil contraste entre el proceso de extradición y varias figuras del Derecho Penal internacional, entre otras la entrega a la Corte Penal internacio-nal, la jurisdicción universal y el principio aut dedere aut judicare. Por ello puede formularse la siguiente pregunta: ¿cómo debe entenderse la extradición en el mundo contemporáneo?

Extradición y debido procesoJavier Dondé Matute

Extradición y debido procesoOtras publicacionesdel inacipe

El uso de la fuerza públicaen un Estado democrático de Derecho

Memoria del Congreso Internacional

HipergarantismoEl caso de Guatemala

Carlos Castresana

Delitos de cuello blancoJosé rodrigo roque díaz

(coordinador)

Combate a la corrupciónÁlvaro vizCaíno zamora

(coordinador)

RevistaCiencia Forense inaCipE

número 2

Revista penal Méxiconúmero 2

(coedición con Universidad de Huelva, Universidad de Salamanca, Universidad pablo de Olavide,

Universidad de castilla-La Mancha, cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal

y editorial Ubijus)

iter CriminisRevista de ciencias penales

número 1 v Quinta Época

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extradicion y dP 2.indd 1 26/09/2011 09:09:11 a.m.

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temas selectos

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DIRectoRIo

Marisela Morales ibáñezProcuradora General de la República

y Presidenta de la H. Junta de Gobierno del inacipe

Jorge alberto lara riveraSubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la pgr

y Secretario Técnico de la H. Junta de Gobierno del inacipe

gerardo laveagaDirector General

del Instituto Nacional de Ciencias Penales

Miguel ontiveros alonsoSecretario General Académico

Citlali MarroquínSecretaria General de Extensión

alberto luJaMbioDirector de Publicaciones

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primera edición, 2011

edición y distribución a cargo del Instituto nacional de ciencias [email protected]

se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto nacional de ciencias penales,titular de todos los derechos.

D. R. © 2011 Instituto nacional de ciencias penales magisterio nacional 113, col. tlalpan Del. tlalpan, 14000 méxico, D. F.

D. R. © 2011 tirant lo blanch Artes Gráficas 14, 46010 Valencia http://www.tirant.com para la presente edición

ISBN 978-607-7882-40-4

Diseño de portada: Victor Garrido

Impreso en México • Printed in Mexico

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contenIDo

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I. Extradición y Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17extradición y debido proceso (una aproximación teórica). . . . . 17Detención durante la extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

aspectos preliminares, 23; lapso de la detención, 24; supervi-sión judicial, 29.

Garantías judiciales aplicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Garantía de audiencia, 31; plazo razonable, 33; tribunal compe-tente, independiente e imparcial, 35; presunción de inocencia, 38; Derecho de defensa, 40; Derecho a la defensa, 41; Igualdad de armas, 44; Derecho a un recurso efectivo, 45.

otras disposiciones previstas en los tratados . . . . . . . . . . . . . . . 47prescripción, 48; negativa por violaciones a derechos humanos: riesgo de tortura o pena de muerte, 51; Juicios en ausencia, 54; Ne bis in idem, 56; tribunales especiales, 58; consideraciones humanitarias, 59.

II. Principios tradicionales, expresiones contemporáneas . . . . . . . . . 63Doble criminalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Delito político y la regla de la no indagatoria

(rule of non-inquiry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74marco jurídico mexicano, 78.

otras prohibiciones derivadas del carácter común del delito . . . 84Delitos militares, 84; Delitos fiscales, 87; Delitos religiosos y de imprenta, 89; conclusiones preliminares, 89.

principio de especialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90prohibición de extraditar a nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

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III. Alternativas a la extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103secuestro transfronterizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104expulsión legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108expulsión constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Iv. Extradición y Derecho Penal Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Jurisdicción universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Aut dedere aut judicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122obligación de extraditar por crímenes internacionales y por

violaciones a derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124crímenes internacionales, 125; violaciones a derechos humanos, 128.

entrega ante la corte penal Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

v. Análisis del amparo en revisión 1267/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159artículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159tratados internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161legislación nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Jurisprudencia nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Jurisprudencia internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166cortes nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Resoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

anexos

Capítulo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173anexo 1. Detención provisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173anexo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204anexo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

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Capítulo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207anexo 1. principios tradicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207anexo 2. otras prohibiciones derivadas del carácter

común del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228anexo 3. otras disposiciones previstas en los tratados . . . . . . . 236

Capítulo III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253anexo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253anexo 2. cuadro de resoluciones de deportación de 2008 . . . . 278anexo 3. cuadro de deportaciones de 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . 292anexo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300anexo 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Anexo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307anexo 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

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aGRaDecImIentos

un agradecimiento especial y afectuoso a lucina bringas calvario, alberto ulises Quero García e Iliana Jiménez, quienes en distintos momentos apor-taron su apoyo para la elaboración de este trabajo de investigación. su auxi-lio en la recopilación de material y su sistematización fue invaluable.

a alberto nava Garcés por sus comentarios al protocolo y a distintos capítulos de la obra en formación. siempre es importante contar con una perspectiva no viciada por el tiempo dedicado al análisis de casos y material jurídico, así como con el punto de vista del litigante académico.

también quisiera agradecer a los funcionarios de la Dirección General de extradiciones de la procuraduría General de la República por permi-tirme acceder a sus expedientes y por su disposición para colaborar en la realización de esta investigación, así como por el intercambio de puntos de vista.

a la ultraderecha, fuente inagotable de inspiración.

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IntRoDuccIón

a partir de la experiencia de los juicios de núremberg llevados a cabo en 1945, el Derecho penal Internacional adoptó una nueva perspectiva, en es-pecial en lo relativo a las formas de cooperación judicial entre los estados.

Es así como desde esta fecha y con el respaldo de figuras como el Esta-tuto de Roma de la corte penal Internacional, la jurisdicción universal y el principio de aut dedere aut judicare, la extradición ha adquirido especial importancia en la conformación del actual Derecho penal Internacional, pues se ha convertido en el instrumento por excelencia para hacer valer el Derecho penal nacional y enfrentar a la delincuencia internacional y transnacional. asimismo, ha habido cambios de paradigmas en temas como el delito político, el asilo y la judicialización del proceso de extradición y los derechos humanos, y en materias como la extradición en el contexto de la corte penal Internacional. estos cambios, por mencionar algunos, han generado una nueva concepción de lo que implica la extradición.

anteriormente el proceso de extradición se percibía como un mecanis-mo para proteger a un individuo de la persecución de un estado, ahora se considera un obstáculo para el combate de la impunidad. esto debido a que los nuevos fenómenos delictivos, cada día más sofisticados como el narco-tráfico, el lavado de dinero, la comisión de crímenes internacionales y el terrorismo, han cambiado la perspectiva de este proceso.

así, en el contexto de la extradición surge la urgencia por hacer frente a estos fenómenos, los cuales han causado un deterioro por el respeto a los derechos humanos. este menoscabo, que principalmente afecta a los derechos vinculados al debido proceso, se puede verificar en los textos de los tratados internacionales que recogen experiencias en ese sentido, en las leyes que regulan la extradición pasiva y en la jurisprudencia que interpreta este marco jurídico.

Hay un énfasis por favorecer los procedimientos abreviados y eliminar requisitos, bajo el discurso de combatir a la impunidad. sin embargo, si bien estas prácticas son loables, en muchos casos se cae en excesos que afectan a la persona en proceso. en otras palabras, los mecanismos que buscan agili-zar los procesos de extradición sacrifican el debido proceso, lo que afecta a la persona y no a los formalismos del estado.

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en este sentido, el presente estudio busca contrastar las nuevas tenden-cias en materia de extradición con los parámetros del debido proceso, a través del análisis del marco jurídico aplicable: tratados internacionales, la ley de extradición Internacional y la jurisprudencia tanto nacional como extranjera e internacional.

mención aparte merece el estatuto de Roma de la corte penal Interna-cional, el cual contempla un instrumento de cooperación único denominado la entrega similar a la extradición pero con reglas propias. éste es un claro ejemplo de cómo la extradición se ha tenido que modificar para darle ca-bida al combate de los nuevos fenómenos delictivos. en esencia éste es el contraste que se busca explorar en esta investigación a fin de determinar, en primer lugar, la existencia del deterioro en la protección del debido proceso en los casos de extradición y, en segundo, el alcance de los mismos.

con estas bases en mente se propone primero establecer el marco jurídi-co que regula la extradición y los derechos humanos. por tanto, el objetivo del primer capítulo será establecer la validez de la premisa de este trabajo: determinar la relación entre la extradición y los derechos humanos, en par-ticular en el debido proceso. en esta parte se lleva a cabo un análisis crítico de la postura tradicional que considera que el proceso de extradición es de naturaleza administrativa, por lo que no conlleva consecuencias penales. una vez demostrado lo anterior, se estudia la posibilidad de incorporar di-versas garantías del Derecho procesal penal a las restricciones propias del proceso de extradición. la postura que sustenta esta propuesta es que la extradición es un proceso que tiene consecuencias punitivas pero sin ser un proceso penal propiamente dicho. en consecuencia, algunas garantías pro-cesales son aplicables, pero no todas. aun así, esta propuesta implica am-pliar el catálogo de derechos vigentes. asimismo, se analizan los derechos procesales, en particular los previstos en la convención americana sobre Derechos Humanos, los cuales se emplean como marco de referencia para este estudio. en segundo término se analizan los alcances de otros derechos procesales previstos en los tratados de extradición, que son propios de ésta y que no encuentran sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en forma directa.

en el segundo capítulo se retoman los principios que tradicionalmente han formado parte de la extradición y que originalmente fueron concebi-dos para garantizar que en el estado requirente no se cometan abusos en contra de la persona requerida. se estudiará el deterioro de estos principios, argumentando que con el discurso del combate a la impunidad se terminan violando derechos humanos.

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IntRoDuccIón 15

en el tercer capítulo se estudian los procesos que se emplean como alter-nativas de extradición, para la entrega de personas que son buscadas en el extranjero, donde se hace referencia a prácticas como los secuestros trans-fronterizos y las expulsiones. no sólo se ofrece una explicación de estas figuras, sino que se estudia cómo se viola el debido proceso y se somete a la persona a otro tipo de riesgos, como la tortura y la privación ilegal de la libertad. ahora, si bien es cierto que el proceso de extradición tiene sus defectos, también lo es que puede ser perfeccionado, además de que es un medio para hacer valer ciertos derechos y reivindicar los principios tradi-ciones de la extradición. sin embargo, esta posibilidad se ve anulada cuan-do la persona es extraída de la legalidad y sometida a medios alternativos, donde ni siquiera esta protección limitada se encuentra vigente. pero lo más preocupante del uso de estos medios es que se abre la posibilidad de que se cometan secuestros transfronterizos y expulsiones en casos políticamente sensibles.

en el capítulo cuarto se estudiarán los instrumentos jurídicos que han de-rivado del combate a la criminalidad internacional: la jurisdicción universal, el principio aut dedere aut judicare y la entrega a la corte penal Internacio-nal. Estas figuras jurídicas, que han surgido a partir de la segunda mitad del siglo xx, también deben ser sometidas al escrutinio del debido proceso, así como el crimen transnacional, el cual no justifica la violación de derechos humanos. por último, se estudiará la aplicación de estos conceptos con base en una resolución de la suprema corte de Justicia de la nación.

el capítulo quinto es un estudio de caso en el cual se vinculan los hallaz-gos planteados en los capítulos anteriores en cuanto a la argumentación en el amparo en revisión 1246/2003. Por ello se eligió esta resolución de entre varias, porque fue el origen de muchos de los criterios jurisprudenciales que actualmente establecen la postura del poder Judicial de la Federación en materia de extradición, y con ella se ha buscado contrastar la argumentación de la Suprema Corte en este caso ejemplar y de gran influencia.

cabe aclarar que originalmente se propuso estudiar las resoluciones de extradición emitidas por la secretaría de Relaciones exteriores. sin em-bargo, debido a que esta información es de carácter confidencial y no es posible divulgarla, se optó por analizar el caso antes mencionado, el cual, afortunadamente, cuenta con muchos argumentos que están vertidos en las resoluciones y que son idénticos a los previstos en el amparo de revisión consultado.

no obstante, antes de concluir esta introducción, es importante hacer algunos apuntes metodológicos adicionales.

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es pertinente aclarar que el presente trabajo no es un manual o un libro de texto, sino más bien un trabajo de investigación. es por ello que no se dedica mucho tiempo a definir o aclarar conceptos como extradición activa, extradición pasiva, estado requerido, estado requirente, etcétera. Quizá no sea correcto, pero se da por sentado que estos términos han sido mejor ex-plicados en otros ámbitos y por otros autores, por lo que nuestro principal objetivo en el presente trabajo es hacer una propuesta de vinculación entre extradición y debido proceso.

por ello debe señalarse que la extradición puede proceder tanto para so-meter a la persona reclamada a un proceso penal como para que ésta cumpla una condena.

por lo tanto, la investigación se centra en la primera hipótesis, pues a partir de ella el vínculo con el debido proceso es más relevante, lo cual no significa que en el cumplimiento de la pena no pueda haber violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en la posible aplicación de la pena de muerte u otras penas inconstitucionales o violatorias de tratados internacio-nales. sin embargo, como el énfasis de la investigación recae en el debido proceso, se hace un análisis de los casos antes de que se dicte sentencia, pues en esos momentos procesales es cuando este conjunto de derechos son más relevantes. sin embargo, de analizarse alguna cuestión de la ex-tradición relativa al cumplimiento de una sentencia, se hará la aclaración correspondiente.

es importante hacer hincapié en que el presente análisis se aborda des-de una perspectiva legal adoptada por méxico, ya que se emplean como marco normativo los tratados de extradición suscritos por méxico, la ley de extradición Internacional y, en gran parte, la práctica de las institucio-nes y la jurisprudencia mexicanas, lo cual adquiere mayor relevancia en temas como las alternativas de extradición empleadas exclusivamente por el gobierno mexicano, no así la de otros países como españa, colombia y estados unidos. por lo tanto, este acotamiento metodológico deja fuera del análisis otras figuras que no son aplicables a nuestro sistema jurídico pero que, aunque son de sumo interés y relevancia para el tema del debido pro-ceso, escapa de los alcances de la presente investigación.

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I. extRaDIcIón y DeRecHos Humanos

extradiCión y debido proCeso (una aproxiMaCión teóriCa)

es iMportante aclarar los alcances del presente trabajo, el cual no pre-tende ser un estudio exhaustivo de las premisas que servirán para analizar los diversos aspectos de la extradición, más bien éste se abocará a reali-zar un estudio compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

así, el marco teórico del cual parte este estudio es el de una serie de de-rechos y libertades que se sitúan claramente dentro del ámbito de los dere-chos humanos, entre los que destaca el Derecho penal, precisamente por las drásticas consecuencias que éste puede imponer. sin embargo, en el ámbito de la extradición, no parece atribuírsele relevancia alguna a los derechos humanos, pues en este proceso se hace suponer que la persona reclamada no se ve afectada por el procedimiento de extradición y, por lo tanto, no habría por qué reconocer sus derechos durante el mismo.

esta forma de considerar la extradición es la que genera posturas como la de la suprema corte de Justicia de la nación, la cual establece que el proce-dimiento de extradición es de naturaleza administrativa,1 postura que por sí sola no niega la existencia de derechos al reclamado, pero rechaza la posibi-lidad de que sean aplicables los derechos propios del proceso penal; en con-creto, lo relativo al debido proceso. Esta afirmación resulta extraña cuando se toma en consideración que una de las consecuencias de la extradición es la privación de la libertad. cabe notar que la privación de la li bertad se da en dos momentos: el primero durante el proceso mismo de la extradición, como medida precautoria; el segundo, durante el proceso penal que resulta de la extradición o la aplicación de la sanción penal que inevitablemente son las consecuencias de otorgar la extradición.

1 véase extradiCión. es un proCediMiento adMinistrativo seguido en forMa de Jui-Cio que iniCia Con su petiCión forMal y terMina Con la resoluCión definitiva de la seCretaría de relaCiones exteriores en que la ConCede o la rehúsa (interrupCión de la tesis plenaria clxv/2000). novena época, pleno, Registro no. 180883.

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así, la base teórica para vincular la extradición con los derechos huma-nos tiene fundamento en dos argumentos distintos pero interrelacionados: el garantismo penal y el principio pro homine.

en cuanto a la vinculación entre garantismo penal y extradición, se debe partir de la base de que la finalidad de la extradición es entregar a una per-sona al país que la requiere para que sea sujeta a un proceso o una sanción, ambos de naturaleza penal; en otras palabras, para que el estado requirente ejercite su poder punitivo en esa persona. por lo tanto, se vuelve una forma indirecta de ejercer dicho poder. en este sentido, ¿no debería estar sujeta la extradición a los mismos límites que el garantismo ha establecido para el poder punitivo?2

al respecto es importante retomar una analogía de christopher H. pyle, quien hace un estudio crítico de la extradición en estados unidos. este autor considera que hay un gran parecido entre la extradición y la con-signación (indictment), en la medida en que ambos son el paso previo al proceso penal,3 ya que son los fiscales (agentes del Ministerio Público) las autoridades que ejercen la acción penal y quienes dan inicio a un proceso de extradición; asimismo, subraya que el reclamado, al igual que cualquier acusado, es privado de su libertad (arrested), inclusive sin derecho a la li-bertad caucional en la mayoría de los casos.

en el caso particular de méxico, la analogía entre una consignación y el acuerdo de extradición radica en que ambas exigen la comprobación del delito. En concreto, el artículo 16, fracción II de la Ley de Extradición In-ternacional prevé que el estado requirente deberá comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado, elementos que también se requieren para librar una orden de aprehensión.4

así, la extradición está irremediablemente ligada con el poder punitivo,

2 véase christine van den Wyngaert, “applying the european convention on Human Rights to extradition: opening pandora’s box?”, International and Comparative Law Quar-terly, vol. 39, octubre, 1990, pp. 775-776. La Comisión Europea de Derechos Humanos ha reconocido que las garantías de debido proceso aplican a etapas preprocesales, por lo que analógicamente podrían usarse estos criterios para la extradición si se considera a ésta como un mecanismo propio de los procesos penales que se llevan a cabo en el extranjero. esta autora, sin trazar una analogía con la investigación penal como aquí se sugiere, considera que se deben respetar cuando menos los derechos vinculados con la libertad personal, juicio justo (fair trial) y recurso efectivo.

3 véase christopher H. pyle, Extradición, política y derechos humanos, temple univer-sity Press, Filadelfia, 2001, p. 303.

4 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 16 (previo a la re-forma del 18 de junio de 2008).

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en consecuencia, todos los principios que limiten el poder estatal para ex-traditar son formas de coartar el poder punitivo y se encuadran dentro del ámbito del garantismo penal y del Derecho penal mínimo. no obstante que esta teoría —del garantismo penal y el principio pro homine— no hace referencia expresa a la extradición, debe reconocerse que algunos de sus principios propios son inaplicables, pero en la medida en que alguno de ellos pueda emplearse en este contexto, debería hacerse.

en este sentido, es importante tener presente el concepto de garantismo penal que maneja luigi Ferrajoli: “Garantismo y derecho penal mínimo son, en efecto, sinónimos que designan un modelo teórico y normativo de derecho penal capaz de minimizar la violencia de la punitiva —tanto en la previsión legal de los delitos como en la comprobación judicial— sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos de la persona”.5

en cuanto a garantismo y Derecho penal, Ferrajoli los denomina como garantías sustantivas e incluyen los principios de taxatividad, lesividad, ma-terialidad y culpabilidad. por lo tanto, los límites están enfocados al delito y al proceso que son las garantías procesales y orgánicas: contrariedad, pa-ridad en la acusación y la defensa, estricta separación entre la acusación y el juez, presunción de inocencia, carga acusatoria de la prueba, oralidad y publicidad del proceso, independencia (interna y externa) de la judicatura y principio de juez natural.6

así pues, es la postura que tiene como primer argumento que, en la me-dida de lo posible, estos principios deben hacerse efectivos en el proceso de extradición como una extensión del poder punitivo estatal.

el segundo argumento que aquí se esgrime, para incorporar los dere-chos humanos al proceso de extradición, es la interpretación pro homine. el principio pro homine consiste en determinar que cualquier disposición legal (incluyendo los tratados internacionales) debe interpretarse de tal manera que favorezca al individuo, en detrimento de las facultades estatales. así, cualquier principio que restrinja la posibilidad estatal de extraditar debe interpretarse de forma amplia.

esta regla de interpretación se ha discutido ampliamente en materia de derechos humanos,7 por lo que el principio pro homine es una excepción

5 luigi Ferrajoli, Democracia y garantismo, trotta, madrid, 2008, p. 193.6 Idem.7 véase mauricio Iván del toro Huerta, “Retos de la aplicación judicial en méxico, con-

forme a los tratados de derecho internacional de los derechos humanos”, Memorias del Se-minario la Armonización de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en México,

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de los fundamentos generales de interpretación de los tratados y consiste según Henderson en que “la interpretación debe hacerse en favor del indi-viduo, o en otras palabras, debe hacerse aquella que mejor proteja al indivi-duo o a la víctima de una violación a sus derechos humanos”.8 en el sistema interamericano de derechos humanos este principio tiene sustento en vir-tud del artículo 29 de la convención americana sobre Derechos Humanos (Cadh), el cual señala que ningún estado, grupo o persona tienen permitido suprimir el goce de los derechos humanos reconocidos en este tratado.

en un sentido similar, el estatuto de Roma también promueve la inter-pretación favorable de los derechos humanos. en su artículo 21, párrafo 3 establece:

la aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente ar-tículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente re-conocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.

la inclusión del principio pro homine en el estatuto de Roma es impor-tante, pues brinda la posibilidad de aplicarlo fuera del ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como en el caso de nuestro estu-dio, que se emplea en el ámbito del Derecho penal Internacional o del poder punitivo internacional, es decir, su aplicación ya no está limitada al ámbito de los derechos humanos.

este principio obliga a los estados a establecer una gradual reducción de su poder (incluyendo el poder punitivo) en favor del individuo. por lo que en la medida en que las interpretaciones legales favorecen al individuo, sus derechos son más amplios en detrimento de las facultades del estado.

con base en lo anterior, el principio pro homine tiene relevancia para la extradición —porque ésta afecta principalmente la libertad personal, la cual es directa en la detención para fines de extradición e indirecta al ser

programa de cooperación sobre Derechos Humanos-méxico/comisión europea/sre, méxi-co, 2005, p. 120. además de este principio se pueden señalar los siguientes: interpretación evolutiva, interpretación conforme a la posición frente a los derechos humanos, maximiza-ción de los derechos y estándar mínimo.

8 véase Humberto Henderson, “los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, Memorias del Seminario la Armoni-zación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en México, programa de coope-ración sobre Derechos Humanos-méxico/comisión europea/sre, méxico, 2005, p. 57.

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