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FACULTAD DE DERECHO
“ANALISIS JURIDICO DEL DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR EN RELACION A LA ACTUACION ESTATAL EN SEDE ADMINISTRATIVA Y
JUDICIAL”.
Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el título de Abogada de los Tribunales y Juzgados
de la Republica.
Profesor GuíaDra. Katerine Betty Muñoz Subía
AutoraVictoria Lizbeth Barriga Paredes
Año2014
ii
DECLARACION DEL PROFESOR GUIA
"Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la
estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente
desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.
----------------------------------
Dra. Katerine Muñoz Subía
C.C. 1713023297
iii
DECLARACION DE AUTORIA DEL ESTUDIANTE
"Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, y que se han citado las
fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones
legales que protegen los derechos de autor vigentes”.
-----------------------------------------------
Victoria Lizbeth Barriga Paredes
C.C. 171976340-9
iv
AGRADECIMIENTO
Quiero empezar agradeciéndole a
Dios por haber puesto en mí, las
fuerzas, las ganas, la paciencia y la
sabiduría requerida para guiarme día
a día por el sendero que me
permitirá graduarme como profesional
profesional; también quiero agradecer
agradecer la dedicación, esmero,
empeño y esfuerzo de mi directora
de tesis, quien con estas virtudes ha
hecho posible culminar el primero de
mis escalones con éxito. Y la UDLA
por ser un ejemplo de facultad, por
enriquecer mis conocimientos tanto
en el ámbito profesional como
personal.
v
DEDICATORIA
A mi padre, que con amor y
dedicación ha sabido cultivar en mi
grandes valores y se ha empeñado
en hacer de mí una profesional
orgullosa de mis logros y con visión
a alcanzar nuevas metas; a ti papito
te agradezco por haber estado junto
a mí cogiendo mi mano en mi vida
estudiantil, dándome ánimos para
seguir, tu ejemplo para levantarme y
tu amor para triunfar, gracias por
enseñarme que todo sacrificio trae
grandes recompensas y sobre todo
gracias ya que por tu gran sacrificio
Padre hoy soy lo que soy.
vi
RESUMEN
El desarrollo que ha tenido el derecho de alimentos en los niños, niñas y
adolescentes en el Ecuador ha sido notable, ya que se han realizado cambios
importantes a lo largo de la historia, comenzando por la puesta en vigencia del
primer Código de Menores en el año de 1938, que implementaba el
funcionamiento de los Tribunales de Menores, Corte de Menores y demás
organismos que trabajaron en favor de los niños, niñas y adolescentes; los
avances continuaron reflejándose en la Constitución de 1998, en la cual se
institucionaliza el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y, además
se establecen bases para el nacimiento del Código de Niñez y Adolescencia de
2003; otro gran cambio se refleja cuando los Tribunales de Menores pasaron a
ser Juzgados de Niñez y Adolescencia, y se concatenan a la Ley Reformatoria
al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Lo que se
ha realizado en el presente trabajo es un análisis y estudio del desarrollo del
derecho de alimentos, para concluir enfocándonos en una propuesta que
abarca las necesidades de nuestro país, para incorporarla con nuevas figuras
de aplicación en la Actuación Estatal tanto en sede Administrativa como
Judicial para obtener un sistema eficaz que englobe el real significado del
derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad.
vii
ABSTRACT
The development that the children and adolescents' maintenance right has had
in Ecuador has been remarkable. Relevant changes have been made
throughout history, starting with the real coming into force of the Code of Minors
in 1938, which fostered the functioning of Juvenile Courts and other organisms
that worked for the benefit of children and adolescents. The progress was still
evidenced in the 1998 Constitution, in which the superior interest of children
and adolescence was institutionalized. Besides, the foundations of the
Childhood and Adolescence Code of 2003 were established. Another great
change emerged when the Juvenile Courts became Courts of Childhood and
Adolescence, and they were concatenated to the Title V, Book II of the Organic
Code of Childhood and Adolescence Amendment Act. What has been done in
the present study is an analysis and research of the maintenance right
development, in order to focus on a goal that covers the needs of our country,
so that they can be incorporated with new application figures in the State
Action, in Administrative as well as Judicial Offices, with the objective of
achieving an effective system, that embraces the real meaning of the children
and adolescents’ maintenance right in our society.
INDICE INTRODUCCION……………………………………………………................. 1 CAPITULO I…………………………………………………………................… 2
1. Naturaleza Jurídica del derecho de alimentos desde el punto de vista histórico, doctrinario y social……………………………………………………………….....................… . 2
1.1. Naturaleza Constitucional y Jurídica del Derecho de alimentos………………………………………............................... 2 1.2. Interés Superior del Niño……………………………................. 10 1.2.1. Breve Reseña Histórica………………………............................... 12 1.2.2. Objeto y Efecto……………………....…….……….......................... 13 1.3. Definición del Derecho de alimentos en el ámbito legal………..….................................................................................................. 14 1.4. Evolución Histórica del Derecho de alimentos…….. 17 1.5. Características del Derecho de alimentos………........... 19 1.6. Sujetos del Derecho de alimentos………………….......… 23 1.6.1. División establecida por el Código Civil……….………................. 25 1.6.2. División establecida por el Código de la Niñez y Adolescencia………………………………..…............................ 26 1.6.3. El deber del alimentante………………………..…….................. 27 1.7. Impacto del derecho de alimentos en la sociedad ecuatoriana……………………………...................… 34 CAPITULO II……………………………………………...…................................... 37 2. Tratamiento distintivo que se da al derecho de alimentos en sede administrativa y judicial………………………………………………………................… 37
2.1. Derecho de alimentos en sede administrativa…..... 37 2.1.1. El Consejo de la Niñez y Adolescencia………………........ 38 2.1.2. El Ministerio de Inclusión Económica y Social……........... 42 2.1.3. La Defensoría Pública del Ecuador…………........................... 44 2.1.4. Instituto Interamericano Del Niño…............................................ 47 2.2. Derecho de alimentos en sede judicial……................... 49 2.2.1. Juzgados de la Niñez y Adolescencia…………...................... 53 2.2.2. Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia………………………........................................... 55 2.3. Valoración de la Actuación Estatal en Sede Administrativa y Judicial vinculada a los dos ejes primordiales de desarrollo del Derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescente….. 55 CAPITULO III……………………………………………………........................ 59
3.Protección Estatal al derecho de alimentos tanto en sede administrativa como judicial….......... 59
3.1. Protección cabal del Estado en relación al interés superior de los niñas, niñas y adolescentes………………………………………………..... 59 3.2. Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes…….…………………………………............ 65 3.3. Valoración de los derechos vulnerados del demandado…….…………………………………….......… 66 3.4. El Juicio de alimento, una herramienta Garantista de los niños, niñas y adolescente o un medio de resarcimiento…………..……… ….............. 68 3.5. Interpretación del Interés Superior de Niño…............. . 70 3.6. Vulneración y violación del debido proceso……....... 72
3.7. Actuación Estatal respecto a la Justicia Indígena en materia de alimentos de menores…..... 73 CONCLUSIONES……….…………………………………………..........…. 76 RECOMENDACIONES………….…………………………………......... 79 REFERENCIAS………………………………………………………........... 84
1
INTRODUCCION
En el Ecuador se han realizado esfuerzos importantes a lo largo de la historia
en lo que constituye el suministro de alimentos de los niños, niñas y
adolescentes, pues se han ido fortaleciendo los principios y derechos
establecidos en los Libros del Código de la Niñez y Adolescencia, y a medida
que ha pasado el tiempo se da un tratamiento especial y garantista al derecho
de alimentos, ya que los niños, niñas y adolescentes actualmente gozan de un
derecho que los vincula a tener una administración de justicia especializada y a
operadores de justicia debidamente capacitados, lo que nos lleva a ser
mención de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, que ha sido un avance notable dentro de esta materia,
sin embargo la misma ha generado una problemática dentro de la presente
materia en razón de que a pesar de los arduos esfuerzos por recubrir el
derecho de alimentos mediante factores que lo hagan subsistir con eficacia
han generado que otros derechos y ciertas actuaciones administrativas de
operatividad se vean de cierto modo vulnerados y no se les están dando el
debido tratamiento que requieren.
Hoy en día es evidente dentro de nuestra sociedad la importancia que tienen
los niños, niñas y adolescentes, por lo cual el presente trabajo de investigación
se enfoca en la actual actuación del Estado tanto en el ámbito administrativo
como judicial.
Por dicha razón, nos hemos basado en tres puntos primordiales para ir
desencadenando la problemática del tema a tratar, ya que al mencionar la
naturaleza jurídica del derecho de alimentos desde el punto de vista histórico,
doctrinario y social, el tratamiento distintivo que se da al derecho de alimentos
en sede administrativa y judicial y la protección estatal al derecho de alimentos
tanto en sede administrativa como judicial, buscamos englobar las diferentes
problemáticas y las posibles soluciones en el suministro del derecho de
alimentos, para que los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad
tengan un pleno uso de su derecho prenombrado, sin que esto implique
coaccionar otros derechos lindados al mismo.
2
CAPITULO I
1. Naturaleza Jurídica del derecho de alimentos desde el punto de vista
histórico, doctrinario y social.
1.1 Naturaleza Constitucional y Jurídica del Derecho de Alimentos.
Es importante realizar una descripción de la naturaleza del derecho de
alimentos partiendo de la Constitución de la República del Ecuador, ya que es
la base de la actuación Estatal relacionada al derecho de alimentos tanto en
sede administrativa como judicial.
Nuestra Constitución dentro del Capítulo I, Elementos Constitutivos de
Ecuador, Art. 3 prescribe que:
"Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus
habitantes’’. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, numeral
tercero del art. 46)
En el Capítulo III, Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria; el
Art. 35 señala que:
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
3
prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 46)
De igual modo la Sección Sexta, Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 44 de la
República del Ecuador establece que:
“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo- emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
intersectoriales nacionales y locales” (Constitución de la República del
Ecuador, 2008, Art. 44)
Por su parte el Art. 46, de la Constitución de la República del Ecuador prevé
que:
“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del
ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde
la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad;
4
a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su
bienestar.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas" (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 46)
De la Constitución es de donde nace el derecho de alimentos, ya que es la
base de la protección que se le da a cualquier persona que necesitare por su
condición acogerse a este principio y demandar una calidad de vida digna,
haciendo uso del derecho que le brinda nuestra Carta Magna, ya que esta,
junto con el Estado prevé la protección de las personas, garantizándoles el
buen vivir que contempla el derecho de alimentos, servicios básicos y
necesarios para una subsistencia digna.
Es importante mencionar que muchas necesidades se resuelven hoy en día
mediante las previsiones sociales; de este modo el Estado tiene la
responsabilidad de que se cumplan las garantías y formas de asistencia
enunciadas en la Constitución, ya que las mismas fueron creadas para
proteger entre otros derechos: la vida, que es el derecho esencial que tienen
todas las personas y de cual se derivan los demás derechos.
También hemos visto la necesidad de acotar el tema de las normas jurídicas
conexas referentes al derecho de alimentos, y para hablar de las mismas
vamos a recurrir a los Tratados Internacionales que nos permitan analizar esta
figura jurídica, además de la normativa propia del derecho de alimento, que se
encuentra en el Código de la Niñez y Adolescencia.
5
La obligación alimenticia desde hace mucho tiempo atrás ha desempeñado
una función de asistencia social entre los familiares, lo cual nos encamina para
efectos de esta investigación a considerar a la Declaración de los Derechos del
Niño de 1959, como uno de los Tratados Internacionales más importantes,
puesto que en la mentada convención se consagra el derecho de alimentos en
su Principio 4, el cual nos indica lo siguiente:
“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social.
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin
deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados
especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho
a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios adecuados”.
(Declaración de los Derechos del Niño, 1959, Principio cuarto)
Cabe mencionar lo que nos, dice el Principio 2 de la Declaración de los
Derechos del Niño aprobado el 20 de noviembre de 1959, la cual genera que
en 1989 se firme la Convención sobre los Derechos del Niño.
“El niño gozara de una protección especial y dispondrá de oportunidades
y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que
pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y
dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental
a que se atenderá será el interés superior del niño”.( Declaración de los
Derechos del Niño, 1959, Principio segundo)
El Principio 6 de la citada Convención refiere que:
“El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo
la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de
afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias
6
excepcionales, no deberá separarse del niño de corta edad de su
madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de
cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medio
adecuados de subsistencia”. (Declaración de los Derechos del Niño,
1959, principio sexto)
Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de otra índole.
En referencia a las normas jurídicas conexas anteriormente establecidas, el
legislador las ha tomado en cuenta, para establecer un medio de control y
completar la legislación con el fin de satisfacer las necesidades del derecho de
alimentos de los niños, niñas y adolescentes, las mismas que términos
generales se concatenan con los derechos fundamentales que son
considerados como tales en la medida en que constituyen instrumentos de
protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que
preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan
de vida de manera digna.
Etimológicamente la palabra alimentos deriva del sustantivo latino “alimentum”
y del verbo “alere” que significa alimentar. En la Enciclopedia Jurídica Omeba
se define jurídicamente como alimentos a “todo aquello que una persona tiene
derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio para atender
a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e
instrucción”.
Para llegar al objeto de la presente investigación es importante conocer la raíz
y desarrollo del tema a tratar, después de haber hecho mención con
anterioridad a la Naturaleza Constitucional; nos hemos permitido realizar un
breve análisis de la Naturaleza Jurídica del derecho de alimentos, la misma
que se basa en tres posiciones:
7
La primera posición, se enfoca en que el derecho de alimentos tiene naturaleza
patrimonial y por lo tanto lo hace transmisible, pero con el paso de los años y
con la evolución del tema, actualmente esta concepción ya no se la considera
como un sistema apropiada de aplicación porque el derecho alimentario no es
sólo de naturaleza económica sino también personal; lo cual nos lleva a
mencionar la segunda posición que nos habla de que tiene un carácter no
patrimonial convirtiendo los alimentos en un derecho personal que se
manifiesta como un derecho a la vida haciéndolo un derecho inherente a la
persona, lo cual significa que son intransmisibles.
Tanto la primera posición como la segunda llegan a concatenar la tercera
posición, que se la considera de naturaleza sui generis, ya que se basa en que
la institución de los alimentos es un derecho de carácter especial que conlleva
un contenido patrimonial, pero con una finalidad personal enlazada a un interés
superior familiar. Esta última posición es la que se apega a nuestra realidad
jurídica y social.
En el Ecuador en lo que constituye el conjunto del derecho de alimentos de los
niños, niñas y adolescentes y la institución del suministro de alimentos, se han
realizado esfuerzos importantes a lo largo de la historia, comenzando por la
vigencia del primer Código de Menores en el año de 1938, que implementaba
el funcionamiento de los Tribunales de Menores, Corte de Menores y demás
organismos que trabajaron en favor de los niños, niñas y adolescentes, en ese
entonces, bajo dependencia del Ejecutivo; los avances continuaron
enmarcándose actualmente en las dos últimas Constituciones, en la
Constitución de 1998 se institucionaliza el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes y, además se plasma que los menores de dieciocho años estarán
sujetos a la Legislación de Menores y a una Administración de Justicia
Especializada en la Función Judicial, los niños, niñas y adolescentes tendrán
derecho a que se respeten sus garantías constitucionales; con esto se dan las
bases para el nacimiento de una nueva Ley conocida como el Código de Niñez
y Adolescencia de 2003; cuya finalidad se encuentra plasmada en su Art. 1,
8
el mismo que establece que:
“Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la
sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad.
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del
interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección
integral”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, Art. 1)
Lo manifestado por el prenombrado artículo, nos establece una de las
principales bases del sustento de la Naturaleza Jurídica del Derecho de
alimentos, ya que el Estado Ecuatoriano, a raíz de la publicación de este
mentado cuerpo legal, tiene la capacidad de hacer valer el derecho de
alimentos de los niños, niñas y adolescentes de una manera correcta, eficaz y
garantista.
Los principios establecidos en los Libros del Código de la Niñez y
Adolescencia, se respetaron y se fortalecieron en la nueva Constitución de la
República del Ecuador, puesta en vigencia en el año de 2008, ya que se
fortalece el Principio del Interés superior, así mismo, en el Art. 175 de nuestra
Carta Magna, se señala, lo referente a que los niños, niñas y adolescentes
tendrán derecho a una Administración de Justicia Especializada.
Esta obligación descrita en nuestra actual Constitución nos permitirá
focalizarnos en el transcurso de la presente investigación, en analizar si la
Administración de Justicia Especializada ha logrado cumplir con este mandato
de forma cabal.
9
Con el énfasis de realizar cambios valorables en la materia de alimentos de los
niños, niñas y adolescentes, los procedimientos cambiaron y para la fijación de
una pensión alimenticia se dio un trámite denominado Contencioso, otro
elemento de trascendental importancia surgió en torno a que los Tribunales de
Menores pasaron a convertirse en Juzgados de Niñez y Adolescencia con
jurisdicción cantonal, lo que nos permite hacer mención a la Ley Reformatoria
al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada
en el Registro Oficial No. 643 con fecha 29 de julio del 2009, fue expedida con
el fin de alcanzar una correcta aplicación del derecho de alimentos tanto en el
ámbito Administrativo como Judicial.
Con todo lo antes mencionado, es importante establecer como el Estado
ecuatoriano en la Ley Reformatoria al Título V, del Libro II del Código de Niñez
y Adolescencia en su Art. innumerado 2 indica sobre el derecho de alimentos.
“El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está
relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna.
Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la
satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:
1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;
2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de
medicinas;
3. Educación;
4. Cuidado;
5. Vestuario adecuado;
6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;
7. Transporte;
8. Cultura, recreación y deportes; y,
9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere
10
alguna discapacidad temporal o definitiva." (Código de la Niñez y
Adolescencia, 2003, Ley Reformatoria al Título V, del Libro II del
Código de Niñez y Adolescencia en su Art. innumerado 2)
1.2 Interés Superior del Niño.
De la revisión de varias doctrinas sobre el interés superior del niño, hemos
llegado a definir a este como un principio constitucionalmente reconocido en el
Ecuador, que les genera a los niños, niñas y adolescentes la capacidad de
hacer valer sus derechos frente a cualquier otro derecho que se le anteponga,
imponiendo su empleo ante todas las autoridades administrativas y judiciales,
utilizando la sana crítica del órgano competente de aplicación; es decir todos
aquellos que sean competentes para aplicar y hacer valer el prenombrado
derecho de alimentos, tanto en el ámbito judicial como administrativo tienen la
facultad de utilizar la sana crítica en referencia a este derecho con el fin de
optimizar las mejores alternativas de aplicación para garantizar la subsistencia
de este derecho, sin que esto implique deslindarse de los parámetros legales
que lo regulan.
Es importante mencionar que el origen de dicho principio nace del derecho de
familia y del derecho consuetudinario británico del siglo XX, donde se hace
referencia a las decisiones de los jueces cuando los derechos de los niños se
encontraban sometidos a conflicto.
Nuestra Constitución de la República establece dicho principio en el Art. 44,
que enuncia lo siguiente:
“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
11
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo
de políticas intersectoriales nacionales y locales”. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008, Art. 44)
Permitiéndonos hacer la reflexión de que la consideración jurídica del niño,
niña y adolescente, como sujeto pleno de derechos produce conflictos con los
intereses propios del mismo y con los valores de la sociedad, ya que la forma
de ver a este principio de interés superior del niño se ve ligado a un modelo de
autonomía donde el valor principal es la libre crítica de aplicación.
Este principio al ser uno de los más importantes dentro de los Estados y al ser
uno de los más tratados a nivel internacional y en la legislación interna de cada
Estado, debería encaminar su poder hacia conseguir una armonía de todas las
personas, niños niñas y adolescentes; alcanzando de esta manera, según
nuestro punto de vista el verdadero sentido de lo que informa el Art. 11 del
Código de la Niñez y Adolescencia.
“El interés superior del niño es un principio que está orientado a
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas
y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar
sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de
mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños,
niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización
de sus derechos y garantías.
12
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la
presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin
escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente
involucrado, que esté en condiciones de expresarla.”(Código de la Niñez
y Adolescencia 2003, Art. 11)
Lo anterior nos permite llegar a determinar que este principio será garantista y
de carácter predominante en relación a los derechos de los niños, sin embargo
no vulnerará derechos que se le cotejen, ya que este principio se aplica de
manera equitativa, moderada y real a las necesidades del niño frente a la parte
procesal con la cual se origine un conflicto.
El Principio del Interés Superior del Niño, se establece cuando hay duda en
aplicar una disposición jurídica, siendo siempre la interpretación a favor del
niño la que debe aplicarse.
En algunas ocasiones, podemos observar como este principio se tergiversa al
ser aplicado por la autoridad competente; en vista de que no engloba lo que
realmente quiere alcanzar, puesto que se podrían menoscabar otros derechos
relacionados con la madre o el padre. Por ejemplo, en el caso de embargo de
sueldos, el Juez aplicando el interés superior del niño, con el fin de cobrar las
pensiones alimenticias podría dejar casi sin ingresos al alimentante obligado, lo
cual no es apropiado y lo aconsejable sería aprobar un convenio de pago que
abarque las necesidades del alimentario y pueda ser cumplido por el
alimentante.
1.2.1 Breve Reseña Histórica.
La aparición del interés superior del niño surge por los acontecimientos
generados a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto hizo que se ponga
énfasis en las minorías, y motivó para que los Estados conviertan a los niños
13
en el punto de enfoque de sus políticas sociales y se empieza a mencionar el
tema como un principio de cambio.
El interés a la infancia se genera en Europa, se traslada a América y
progresivamente se pasan de un continente a otro; y es a partir de 1920 que se
empiezan a elaborar tratados internacionales.
En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración
de los Derechos del Niño, y en 1989 nace la Convención sobre los Derechos
del Niño, donde se encaja el Principio del Interés superior del Niño en la
normativa mundial.
1.2.2 Objeto y Efecto.
El objeto de la creación dedicho principio en su esencia busca precautelar los
derechos de las minorías yen el tema a tratar de la presente investigación, lo
encasillamos en la protección del derecho de alimentos de las niñas, niños y
adolescentes en el ámbito administrativo, judicial y social.
Weinberg, citado por Juan Pablo Cabrera Vélez, nos dice que: “Esta
particularidad obliga a los órganos de aplicación de la Convención, ya
sea la administración o el Poder Judicial, a asumir la importantísima
tarea de “descubrir” qué curso de acción llevará la defensa del interés
Superior del niño en cada caso particular. Lo que la Convención,
establece es, precisamente, que resultará obligatorio para esos agentes
la búsqueda que lleve a ese “descubrimiento” de qué es lo mejor
resguarda el interés superior del niño” (Cabrera. J.P, 2010, p. 37)
Estamos de acuerdo con lo manifestado por Weinberg puesto que, lo que se
busca alcanzar con el interés superior del niño, se ve encaminado a proteger,
resguardar y hacer valer los derechos de los niños con la finalidad de
enlazarse con un interés social; es decir que no se vulneren derechos que se
14
le cotejen a este interés, pues es la obligación del Estado garantizar la correcta
aplicación de este principio sin menoscabar los derechos de los demás, como
lo había quedado señalado, siempre que el Estado tanto en su sede
administrativa como Judicial se fundamente en descubrir la mejor aplicación de
este derecho.
1.3 Definición del Derecho de alimentos en el ámbito legal.
Los alimentos legales se encuentran consagrados en el Art. 13 de la
Constitución de la República del Ecuador el cual enuncia lo siguiente: “Las
personas tiene derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos,
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008, Art. 13)
De la prenombrada definición general de alimentos legales establecida por
nuestra Carta Magna, nos vamos a enfocar en el derecho de alimentos de los
niños, niñas y adolescentes.
Es importante añadir que para que el derecho de alimentos de los niños exista,
debe haber la presencia de tres elementos:
Parentesco entre alimentario y alimentante
Necesidad del alimentario
Posibilidad del alimentante
Si falta uno de estos elementos fundamentales no se puede generar el derecho
de alimentos legales.
15
Sin embargo, actualmente en la administración del derecho de alimentos en
sede judicial en el Ecuador, vemos que este derecho de alimentos existe, aun
cuando no hay la total convicción de la presencia de uno de los elementos
fundamentales; un claro ejemplo es el juicio de alimentos con presunción de
paternidad, en el cual no se demuestra que coexiste un parentesco real entre
el alimentario y alimentante y sin embargo se establece una obligación
provisional de alimentos al demandado, y en caso de que el examen de ADN
salga negativo el valor económico que el presunto padre canceló a favor del
niño durante un determinado tiempo no tiene ninguna devolución dentro del
juicio de alimentos, esto es una clara aplicación del principio del interés
superior del niño. (Sin embargo se puede iniciar una acción civil).
Otro ejemplo es cuando se establece la pensión alimenticia que el demandado
debe cancelar a favor del alimentado mediante una tabla de pensiones
alimenticias mínimas, que canaliza el porcentaje de pago en el valor total del
sueldo que percibe el demandado, del cual solo se deduce el pago del Seguro
Social. Cabe señalar que la Resolución 012-CNNA-2010 EL CONSEJO
NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, en sus considerandos
establece que aparte de esta deducción que se debe realizar, se debe deducir
el gasto al adulto, pero en la actualidad en la mayoría de las resoluciones que
emiten los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, hoy llamadas Unidades
Especializadas en la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, no se toma en
cuenta este gasto, dejando a un lado la posibilidad del alimentante; puesto que
los otros gastos que puede tener el demandado no se toman en consideración
e indirectamente se está vulnerando el derecho al "Buen Vivir” del demandado
y posiblemente también el derecho de terceros; sin demostrar que el
porcentaje que se estable como pensión alimenticia este acorde con la
necesidad del alimentario, este es otro ejemplo de que existe una falencia
parcial de uno de los tres puntos importantes para que se genere el derecho
prenombrado. Respecto al gasto del adulto y otras deducciones, la Corte
Constitucional dictó una Resolución por la consulta que hizo la Segunda Sala
de lo Laboral Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial, lo cual es acatado
16
por los Jueces de la Familia; la misma que hace referencia a que la única
deducción que se debe hacer al sueldo bruto del demandado al establecer una
pensión alimenticia, según la tabla que la rige, será el descuento al Seguro
Social y en determinados casos cuando el demandado dejó de vivir en el bien
inmueble adquirido dentro de la sociedad conyugal y se encuentra pagado un
arriendo por dicha situación; este es uno de los casos de excepción que los
jueces de la Familia Mujer; Niñez y Adolescencia y las Salas de la Corte
Provincial, pueden deducir del ingreso ordinario y extraordinario.
Es importante mencionar que el derecho de alimentos al ser un tema
cuantificado, genera coacción entre dos derechos, ya que el término utilizado
de ponderación solamente se apega a un derecho, sin importar muchas veces
las afecciones que se pueden generar con la otra parte, cabe señalar que es
menester de los administradores de justicia llegar a conciliar las necesidades
de las partes, sin que esto signifique que se predisponga a generar una
vulneración de los derechos.
Con el párrafo antes prenombrado nos referimos a que la conflictividad de los
derechos del alimentante y del alimentado se coaccionan, ya que se busca
englobar con plenitud el derecho de alimentos que tienen los niños, niñas y
adolescentes, sobre el derecho de tener una vida digna que es inherente a
todas las personas, y en este caso lo relacionamos con el demandado, puesto
que muchas veces este; por cubrir con el cumplimiento de pago de la pensión
alimenticia adquiere deudas que lo obligan a deslindarse del derecho a una
vida digna que debería ser aplicado en igualdad de condiciones.
Está claro que el Estado como tal busca generar políticas públicas de
subsistencia igualitaria, por lo tanto creemos necesario comenzar a generar
igualdad entre las partes procesales dentro de esta materia, ya que si no se
ejerce tanta presión en el pago de un valor económico cuantitativo, las
probabilidades de mantener responsabilidad y cumplimiento en el pago de las
pensiones son relativamente más altas a las de la actualidad, en virtud de que
17
si se logra encontrar un punto de equilibrio entre las voluntades de las partes
se puede obtener un mejor beneficio para el alimentario.
En las líneas prenombradas, no buscamos dejar al niño, niña y adolescente en
la indefensión; al contrario, se pretende tutelar su derecho de una manera más
efectiva y sencilla, que no ejerza presión y preocupación, sino al contrario que
se apegue a una realidad de obligación inherente del demandado hacia su hijo.
1.4 Evolución Histórica del Derecho de alimentos.
El origen del derecho de alimentos se inicia en el Derecho Romano, donde
este derecho producía sus efectos solamente cuando existía la actuación
judicial.
El deber de alimentar a los parientes empieza con la era Cristiana ya que el
Pater de Familia no solamente tiene derechos sobre quienes se encontraban
bajo su dominio sino también nacen las obligaciones a favor de los mismos. En
el Derecho Romano se evidencia el derecho de alimentación, habitación,
vestido y gastos por enfermedad, que se le concedía a los hijos y nietos,
descendientes emancipados y a los ascendientes.
En el Derecho Germánico con la constitución de la familia aparece la deuda
alimenticia con carácter moral y basado en la caridad; su naturaleza no se
apegaba tanto a una obligación legal.
En el derecho Medieval y en el régimen Feudal se estableció el deber
alimentario existente entre el señor y su vasallo; en el Derecho Canónico se
manifiestan varias obligaciones alimentarias que no tienen relación familiar, las
cuales pasaron al Derecho Moderno con todas sus directrices.
En el Derecho contemporáneo los alimentos constituyen una obligación
definida que de cierta manera se mantiene hasta nuestros días.
18
En el Digésimo, el derecho de alimentos se vio encaminado hacia lo público
donde era el Estado el que debía garantizar y ejecutar el derecho de alimentos
de los menores (llamados así con anterioridad), proporcionándoles los mismos;
de esta manera se relevó a la familia de la obligación de prestar alimentos a
sus familiares, sin embargo esta llamada seguridad social para tutelar el
derecho de alimentos con acción estatal, se dejó de utilizar por conllevar a
dificultades de orden práctico.
Nos permitimos explicar que, el fundamento de este derecho de alimentos se
encuentra ligado a la familia y al papel que en determinada época desempeña
el Estado a través de su actuación administrativa y judicial, lo cual nos hace
factible mencionar lo establecido en el Art. 8 del Código de la Niñez y
Adolescencia, que establece que:
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos
ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas,
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia,
ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los
derechos de niños; niñas y adolescentes”. (Código de la Niñez y Adolescencia,
2008, Art. 8)
En el Ecuador este derecho de alimentos se fundamentaba y aplicaba a través
de la normativa establecida en el Código Civil, y hasta nuestros días el derecho
civil no ha tenido cambios respecto a esta materia, ya que la única reforma que
se hizo fue la de eliminar del Código los alimentos forzosos, desvinculando a
los herederos a pagar alimentos.
En los últimos años la evolución del derecho de alimentos ha sido notable,
pues en el país ha empezado un gran desarrollo independiente del Código Civil
ya que ahora la materia de alimentos se regula y se ejecuta mediante el
Código de la Niñez y Adolescencia.
19
La actuación Estatal en el campo del derecho de alimentos, hoy en día busca
adoptar nuevas medidas procesales para obtener una efectiva tutela y
ejecución de este derecho, buscando la celeridad de los procesos, eficacia y
actuación correcta y sobretodo que esta actuación esté plenamente lindada a
los órganos administrativos y judiciales.
A nivel internacional el derecho de alimentos ha tenido una evolución notable
ya que los niños, niñas y adolescente, ahora son el centro de enfoque de
protección, seguridad, valoración y no discriminación de los Estados.
1.5 Características del Derecho de alimentos.
La ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia,
en el Art. innumerado 3 nos describe cuales son las características del derecho
de alimentos de la siguiente manera:
“Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible,
inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las
pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido
pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan
sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y
transmitirse a los herederos.” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2008, Ley
Reformatoria al Título V, en su Art. innumerado 3)
Con dicha definición enunciada por el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, podemos concluir que el derecho de alimentos es un derecho
personalísimo como ya lo hemos mencionado con anterioridad, es inherente a
la persona, por tal razón solo el alimentario tiene derecho a disfrutarlos por lo
tanto esta característica esencial hace que el derecho alimentario esté fuera
del comercio.
20
El Estado tiene la obligación de hacer una actuación eficaz para garantizar el
derecho de alimentos por ser de carácter de orden público donde se cimienta
la organización social.
Con lo antes mencionado, nos permitimos realizar un breve análisis de las
características del derecho en mención.
Intransferible.- Por ser un derecho inherente a la persona no se
puede ceder; sin embargo la cuantía que se utiliza como medio de
ejecución para el cumplimiento de este derecho de algún modo se
configura en transferible, ya que el representante del alimentario es
quien administra el ingreso económico que proporciona el demandado
al alimentario para garantizar los alimentos del niño (vestido, vivienda,
educación, salud); y éste debe ser capaz para ejercer derechos y
obligarse por sí mismo.
Intransmisible.- El derecho de alimentos no se puede pasar de una
persona a otra en vida y tampoco por causa de muerte; ni en línea
descendiente ni ascendiente.
Irrenunciable: Se prohíbe la renuncia al derecho alimentario. Pero
esta característica no se cumple a cabalidad pues muchas veces en la
actualidad es posible apreciar esta eventualidad frente a las pensiones
alimentarias atrasadas cuando las partes llegan a un acuerdo ficticio de
cancelación total de las pensiones alimenticias aún en contra la
voluntad del titular.
Esta vulneración a la característica de irrenunciabilidad del derecho de
alimentos se ve manifestada en un sentimiento que la actora tiene
hacia el demandado, y no se enfoca en tutelar el efectivo cumplimiento
del derecho de su hijo.
21
Al realizar este acuerdo el derecho de alimentos se convierte en
transable y conlleva a la renuncia de los mismos o a su compensación.
Por lo antes mencionado, creemos pertinente que es deber del Juez
precautelar que se cumpla esta característica esencial del derecho de
alimentos, tal vez estableciendo una pensión alimenticia que no deje al niño,
niña o adolescente con la factibilidad de tener problemas en su desarrollo con
todo lo referente a lo que el derecho de alimentos enmarca, ya que en virtud de
lo manifestado por la Ley es obligación de los administradores de justicia,
velar, tutelar y garantizar los mandatos de los derechos constitucionales. Esto
quiere decir que el Juez vaya más allá de la voluntad de las partes siempre y
cuando actué de una manera justa para ambas partes procesales.
Sería óptimo establecer que cuando haya un acuerdo entre las partes, la
pensión que se determine no sea menor a la pensión mínima que se encuentra
señalada en la tabla de pensiones alimenticias, por eso es importante que
dichos acuerdos sean obligatoriamente aprobados por el Juez, con el fin de
que no se vulnere el derecho del alimentario, fijándole una pensión menor a la
mínima establecida en la Tabla de Pensiones Alimenticias.
Inembargable: No se puede embargar derechos personales menos
aun si su fundamentación se encuentra inmerso en el derecho a la vida.
Imprescriptible: El derecho de alimentos es imprescriptible por lo
señalado en el numeral 3. del Art. Innumerado 4 de la Ley Reformatoria
al Título V, libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, esto es:
“Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad
o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte
procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste
del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de
Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere
22
conocido del caso que para el efecto deberá presentarse". (Código
de la Niñez y Adolescencia. 2003, en su numeral 3 del Art. 4 de la
Ley Reformatoria al Título V, libro II)
En razón de que la obligación alimentaria se renueva día a día en la medida
en que nacen las necesidades del alimentario, hemos creído conveniente
enunciar los numerales uno y dos del artículo en mención, el cual se
manifiesta en los siguientes términos a los titulares del derecho de
alimentos:
1.- Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente
que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de
éste derecho de conformidad con la presente norma;
2 - Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se
encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o
dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos
propios y suficientes"
Como excepción, esto lo hacemos en razón de que la característica del
derecho de alimentos de ser imprescriptible, no es permanente ya que si se
deja de ser titular del derecho de alimentos, por no ajustarse los hechos
fácticos a los presupuestos exigidos en la norma citada, este prescribe
inmediatamente.
No admite compensación: Esta característica se refiere, a que el
demandado no puede oponer a la parte actora, lo que el demandante
le deba a él también, puesto que el derecho de alimentos tiene
carácter incomerciable.
23
1.6 Sujetos del Derecho de alimentos.
La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo Tercero, Art. 35
establece los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art.35)
La cita antes prenombrada claramente señala que el Estado prestará especial
protección a estos grupos de atención prioritaria; y en el objeto de
investigación en el presente tema, el Estado realiza una clasificación de los
sujetos del derecho de alimentos para de esta manera buscar los medios
garantistas de protección del derecho de alimentos, tanto en sede
administrativa y judicial.
También es importante hacer mención que en toda familia el principio de
solidaridad es aquel que se refleja en las actuaciones de todos sus miembros y
más aún en el empeño que tienen los padres con sus hijos, para
proporcionarles el conjunto que conforma la figura de alimentos.
Al ser la familia el núcleo del nacimiento de las obligaciones y derechos que se
derivan entre sus miembros; esta se trasforman en un interés social relevante,
puesto que hoy en día las familias se ven amenazadas por el constante
quebrantamiento de los lazos familiares, es por esta razón que la obligación
alimentaria se encuentra fundada en el principio de responsabilidad y
24
solidaridad como lo mencionamos con anterioridad.
El sujeto de derecho de alimentos se conjetura siempre y cuando se encuentre
en estado de necesidad, solo en ese momento interviene un miembro de la
familia para que de cierto modo subsane esta carencia con ayuda económica,
denominada "derecho de alimentos” de manera voluntaria o con orden judicial.
“El alimentario debe hallarse en circunstancias que le haga imposible, o
por lo menos muy difícil, bastarse por sí mismo; esta dificultad también
es relativa, y naturalmente ha de ser mayor para que nazca la obligación
de alimentar una persona menos estrechamente vinculada con el
aliméntate. Si se trata del cónyuge o de los hijos, la obligación es casi
incondicionada, porque su simple calidad les da derecho. En cambio, si
quien demanda alimentos es otra persona, lógicamente se debe exigir
un grado mucho mayor de dificultad para justificar su carencia de
medios”. (Bayas, V. H, 196, p. 20)
De lo manifestado en la cita anterior, es claro que el alimentario solo puede
hacer uso de su derecho de alimentos cuando se encuentre en situaciones en
las cuales se evidencia su verdadera necesidad de adquirir ayuda ajena, y
dicha ayuda será proporcionada a medida de la necesidad del mismo.
Cuando la persona que deba prestar alimentos tenga calidad de padre
“progenitor” la obligación se adhiere a las necesidades de alimentos
necesarios para una vida digna, sin tener que él alimentario demostrar de una
manera más vigorosa su verdadera carencia, en cambio cuando se reclama
derechos de alimentos a un miembro de la familia en un grado menor de
consanguinidad, el demostrar la verdadera carencia del requirente se convierte
en una necesidad primordial para que pueda ser suministrado de alimentos
legales.
25
El Estado ecuatoriano a nivel administrativo y judicial debe encaminar sus
directrices hacia poder encontrar el punto exacto de referencia de una
verdadera carencia alimentaria cuando el sujeto de alimentos reclame este
derecho a su progenitor, también cabe manifestar que existe una problemática
que se refleja en sede judicial puesto que el del derecho de alimentos de los
niños, niñas y adolescentes está enmarcado en una serie de distorsiones, que
afectan el ejercicio efectivo de un derecho constitucionalmente reconocido y
garantizado; y una de las principales razones es la errónea compresión de
quien es el sujeto del derecho y cuál es el rol que juegan los demás partícipes
del proceso.
1.6.1 División establecida por el Código Civil.
Sujetos del Derecho de alimentos según el Código Civil Ecuatoriano, Titulo
XVI, Art. 349.
“Personas a quien se deben alimentos:
1. Al cónyuge;
2. A los hijos;
A los descendientes;
3. A los padres;
4. A los ascendientes;
5. A los hermanos; y,
6. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o
revocada” (Código Civil Ecuatoriano, 1970, Art.349)
Esta división en la actualidad quedo ambigua, lo cual es lógico y ha sido un
gran cambio que el Estado en su calidad de tutor principal del derecho de
alimentos ha realizado, por el simple hecho de encaminar su visión a una
realidad procesal y responsabilidad total y no parcial.
Este punto de enfoque que ha tenido el derecho de alimentos de los niños,
26
niñas y adolescentes ha sido muy criticado por la población, los medios de
comunicación, y; hasta por algunas autoridades ecuatorianas, ya que este esta
división antes realizada y utilizada en virtud del Código de Procedimiento Civil
genera disyuntivas en lo que con anterioridad quiso alcanzar y lo que hoy en la
actualidad provoco, ya que esta división aun es un tanto ambigua ya que su
aplicación hoy en día queda sujeta a la sana crítica del juez, lo cual, en caso
de aplicación puede ocasionar una vulneración de los derechos de las
personas que constitucionalmente son acreedoras al buen vivir.
A medida que vayamos avanzando con el presente tema de investigación,
iremos esclareciendo más a profundidad este tema.
1.6.2 División establecida por el Código de la Niñez y Adolescencia.
Sujetos del derecho de alimentos según el Art. 4 de la Ley Reformatoria al
Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia.
“Tienen derecho a reclamar alimentos:
1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados
voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les
suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la
presente norma;
2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que
se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que
les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan
de recursos propios y suficientes; y,
3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad
o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte
procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste
del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de
Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere
27
conocido del caso que para el efecto deberá presentarse."(Código de
la Niñez y Adolescencia, 2003, Ley Reformatoria al Título V, Libro II,
Art. 4)
Esta es la división que vamos a utilizar en el transcurso de la investigación, ya
que, de los sujetos establecidos en este artículo se deriva el derecho de
alimentos y la facultad que tienen estos para reclamarlos.
El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia también establece en el Titulo
VI, Art. 148 que:
“La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la
concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de
alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y
durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados
desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre
materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección a la madre
subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce meses contados desde
que se produjo la muerte fetal o del niño o niña.” (Código de la Niñez y
Adolescencia 2003, Art. 148)
Esta puntuación realizada por la disposición en antelación refleja claramente
que el derecho de los niños, niñas y adolescentes se encuentra resguardado
desde su concepción, lo cual es realmente un beneficio que conlleva a tener
esperanzas en que hoy existe un Estado garantista de derechos.
1.6.3 El deber del alimentante.
De acuerdo a las condiciones establecidas en la ley el deber de proveer
alimentos les corresponde a los progenitores, aun cuando estos no hayan
reconocidos a sus hijos.
28
El Art. 5 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y
Adolescencia, hace referencia a cuales son los obligados a la prestación de
alimentos.
“Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún
en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.
En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o
discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por
quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de
alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes
obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre
y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:
1. Los abuelos/as;
2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén
comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del
Artículo anterior; y,
3. Los tíos/as.
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales
precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo
simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que
dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el
monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el
caso.
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción
de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre.
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales
ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de
los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que
29
hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias
para asegurar el cobro efectivo de la pensión.
La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso
de negligencia. ” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, Ley
Reformatoria al Título V, Libro II en su Art. 5)
La obligación de prestar alimentos que por la mencionada norma recae sobre
los parientes, no es exigible siempre y cuando el obligado principal a pasar
alimentos esté en condiciones de prestarlos, ya que la obligación alimentaría
de los familiares en mención es de carácter subsidiario es decir si el menor no
recibe de su progenitor los alimentos legales, a pesar de las gestiones
realizadas por el representante del niño y cuando tampoco se ha encontrado
una inmediata solución, la Ley prevé que es justificable que un familiar según
el orden establecido en el artículo citado, provea de los alimentos que el niño,
niña o adolescente requiera según sus necesidades.
La obligación subsidiaria de los abuelos, hermanos, y tíos es condicional y está
sujeta a condición suspensiva, en vista de que si se demuestra que el principal
obligado no se encuentra en reales imposibilidades de concretar el reclamo
alimentario la obligación inmediatamente regresa a él.
El Art. Inumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la
Niñez y Adolescencia nos informa que la obligación de alimentos se pagará de
manera simultánea entre los familiares dependiendo su capacidad económica,
por lo cual hemos precisado en abarcar un poco el tema de los grados, toda
vez que la disposición legal establece que en primer lugar estará obligado, el
pariente que se encuentre en mejores condiciones para pagar alimentos, de tal
modo que a nuestro criterio existe la posibilidad de que el demandado en sede
judicial alegue que se encuentra deslindado de la obligación de pasar
alimentos por existir otro pariente de igual grado que él, que se encuentra en
30
mejores condiciones económicas para hacerse cargo de la prestación.
De la división de las personas que son sujetas a la obligación de pasar
alimentos, nos permitimos decir que es un tanto injusto que otros individuos
tengan que sustentar alimentos para los niños, niñas y adolescentes cuando
no tienen una responsabilidad directa, ya que esto genera que los derechos de
las terceras personas involucradas en el pago de alimentos se vean afectados
puesto que están subsanando una obligación que no se ha generado por una
acción pasada que genere la existencia de una coacción a sus actos, y eso
nos permite concluir que si la ley permite que otras personas en grado de
consanguinidad se hagan acreedores solidarios con la responsabilidad de
otros, también estaría permitiendo que la irresponsabilidad que los
progenitores tienen hacia sus hijos se vea coartada y resguardada por una
compensación de terceros a sus faltas.
Es en este momento donde el Estado tanto en sede administrativa como
judicial debe actuar, ya que no se le puede quitar una obligación a una persona
para ponérsela a otra, al contrario la actuación estatal debe buscar los medios
para que la obligación sea cumplida, sí que esto implique que se le trasmita a
otra persona pues no solamente el derecho de alimentos debe ser
intransferible, sino también la obligación siempre y cuando no exista la
ausencia, o discapacidad total de los dos progenitores.
La solución viable sería que la obligación de los parientes subsidiarios se
reforme dentro de nuestra ley, puesto que la obligación alimenticia netamente
debe recaer sobre los progenitores del niño, niña o adolescente.
Esto lo acotamos en virtud de tratar de resguardar los derechos
constitucionales reconocidos de las demás personas, ya que al dejar recaer
una obligación a un tercero deslindado de un hecho no realizado por el mismo,
estamos violentamos su derecho de tener una vida digna en libre albedrío de
sus decisiones, ya que esta obligación que nace sin reacción, puede generar
problemas económicos, privación de la libertad e incluso rompimiento de los
31
lazos familiares que conlleva el obligado subsidiario.
Tenemos claro que el interés superior del niño actualmente predomina en
nuestra sociedad, por lo cual aclaramos que no es de nuestro menester opacar
dicho derecho; al contrario queremos resguardarlo pero sin que este implique
vulnerar ni coaccionar otros derechos, por lo cual la propuesta que planteamos
es en el sentido de que; sea el Estado el principal obligado subsidiario cuando
haya carencia de ambos progenitores, de esta manera el derecho de alimentos
de los niños, niñas y adolescentes no se verá vulnerado y será protegido
mediante las actuaciones del estado y de la sociedad mediante políticas
públicas.
Esta reflexión la hacemos según a lo establecido en los Arts. 13 y 26 de la
Constitución de la Republica; los mismos que hacen alusión a que es el Estado
quien debe garantizar este derecho, ya que es el responsable del mismo y por
lo tanto debe velar por este derecho y por los derechos de toda su sociedad en
general.
En cuanto al derecho de alimentos de la mujer embaraza, Código de la Niñez y
Adolescencia en el Titulo VI, Art. 149 ordena que:
“Están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño o niña, el
presunto padre en el caso del Artículo 131, y las demás personas
indicadas en el Artículo 129.
Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente
establecida, el Juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional y
definitiva, desde que en el proceso obren pruebas que aporten indicios
precisos, suficientes y concordantes para llegar a una convicción sobre
la paternidad o maternidad del demandado.
32
Una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica
de las pruebas biológicas a que se refiere el Artículo 131, con las
consecuencias señaladas en el mismo Artículo.” (Código de la Niñez y
Adolescencia, 2003, Art.149)
El derecho de reclamar alimentos no solamente tiene validez jurídica dentro del
territorio ecuatoriano ya que el Derecho de alimentos como lo revisamos al
inicio de esta investigación tiene un carácter social internacional, por este
motivo el alimentante fuera o dentro del país tiene la obligación de pasar
alimentos al alimentario; por tal razón vamos a hacer mención a las reglas
generales del Código Internacional Privado en materia de alimentos, ya que la
misma es aquella que resguarda, tutela y efectiviza el derecho del cobro de
alimentos en el extranjero; el Código Sánchez Bustamante tiene dos aspectos
que lo caracterizan y estos son: La ley aplicable y la naturaleza de las normas
sobre esta materia, las cuales funcionan a través de los instrumentos de
regulación que señalamos a continuación:
La convención de las naciones unidas sobre la obtención de alimentos
en el extranjero de 20 de junio de 1956, y;
La convención interamericana sobre obligaciones alimentarias de 1989.
LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHO DE
ALIMENTOS, busca facilitar la obtención de alimentos de personas que se
encuentran en estados partes diferentes, utilizando como herramienta a las
Autoridades Remitentes e Instituciones Intermediarias.
La Autoridad Remitente es aquella que recibe las solicitudes de alimentos en el
Estado en que se encuentre el actor; y esta trasmite los documentos a la
Institución Intermediaria del Estado del demandado.
La Institución Intermediaria, se encuentra en el Estado del demandado, esta
institución debe tomar todas las medidas para obtener el pago de alimentos,
33
debe mantener informada a la Autoridad Remitente y las acciones de alimentos
y toda cuestión que surja es tema de la ley del Estado del demandado,
inclusive las reglas del derecho internacional privado.
LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES
ALIMENTARIAS, tiene por objeto establecer el derecho aplicable a estas
obligaciones, es decir la competencia y cooperación internacional que se
deberá prestar en cada caso particular; esta convención establece que la
legislación aplicable será la que resulte más favorable al interés del menor, sin
embargo los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar, o adherir a la
Convención, que será su derecho procesal el que regulara la competencia y el
procedimiento de reconocimiento de la sentencia extranjera.
En el Ecuador la Autoridad Administrativa es la que se encarga de realizar las
respectivas averiguaciones para efectivizar el pago de alimentos en el exterior
de los niños, niñas y adolescentes que lo requieran. En esta etapa de los
alimentos es donde el Consejo de la Niñez y Adolescencia tiene que poner su
total empeño, pues no solo es un órgano de regulación a la actuación judicial,
sino que también es un órgano constitucionalmente reconocido que debe velar
por dar cumplimiento a las garantías de los derechos fundamentales de los
niños.
Nos nace el cuestionamiento de saber si realmente el deber del alimentante en
el extranjero es exigido con presión, celeridad y a conciencia por la actuación
estatal, puesto que muchas veces al no poder llegar al paradero de los
demandados, el Estado como tal no siempre es persistente y tampoco se
apersona de que el niño que pide alimentos a su progenitor en el extranjero los
obtenga de él o del Estado, aun conociendo que el alimentario tiene pleno
derecho de exigirlos toda vez que es obligación del Estado remediar, reparar y
sustentar los alimentos legales en caso de no tener otra alternativa viable.
34
Por este motivo las Judicaturas cuentan con la facultad de realizar exhortos;
los mismos que consisten en abarcar el procedimiento que se realiza en
nuestro territorio, fuera de él, es decir en el extranjero.
Este mecanismo garantista de derecho permite poder citar al demando en el
exterior, para no dejarlo en indefensión y así poder continuar con el trámite que
se le debe dar a las causa.
Ahora bien, si este mecanismo busca garantizar un derecho constitucional
apegado a la vida y al buen vivir, ¿Porque el Estado ecuatoriano no tiene un
organismo que se encargue de hacer un seguimiento más mesurado cuando
las citaciones son enviadas al exterior, para aumentar la celeridad procesal?
Consideramos que sería adecuado que el Ministerio de Relaciones Exteriores
otorgue esta facultad a las embajadas y oficinas consulares, con el fin de que
se haga efectivo el cobro de las pensiones alimenticias a los obligados que se
encuentran en el extranjero.
1.7 Impacto del derecho de alimentos en la sociedad ecuatoriana.
En este punto de la presente investigación podemos hacer mención a los
numerales 1 y 16 del Art. 83 de nuestra Carta Magna, los mismos que hacen
alusión a lo siguiente:
“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de
autoridad competente.
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y
corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo
necesiten”. (Constitución de la República del Ecuador, 2003, en sus
numerales 1 y 16 del Art. 83)
35
Lo cual nos permite establecer que la responsabilidad de precautelar el
derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes que recae sobre la
familia y el Estado, está sujeta a una norma de cumplimiento que genera
coacción si se incumple; por lo tanto cabe señalar que este es el inicio de una
visión de protección que ya no solamente es resguardada a nivel nacional.
La priorización que se le está dando a los niños, niñas y adolescentes a nivel
mundial ha generado que la sociedad ejerza más presión en el Estado
respecto a su actuación frente a este tema, y el Estado ecuatoriano como
respuesta a eso ha creado nuevas políticas y reformas para que el derecho de
alimentos no sea visto a nivel internacional como un problema sin
preocupación y empeño de adaptación y mejoramiento; al ser el derecho de
alimentos un tema internacionalmente reconocido el Estado ha intentado
establecer este derecho frente a los demás como prioridad, pero posiblemente
no como una obligación, sino como un tema político derivado de una presión
social, de medios de información y de actuaciones políticas.
El impacto que el derecho de alimentos causó y sigue causando en el Ecuador,
ha fomentado la necesidad de crear un mecanismo para que el un conjunto de
acciones, principios, leyes, doctrinas y políticas propias estatales estén
encaminadas a lograr una justicia alimentaria social y vital.
El Estado ecuatoriano frente a la presión que tiene sobre este tema, mediante
sus intervenciones quiere alcanzar el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes, encasillándolos como parte relevante de la sociedad es decir
como centro denominador.
Podemos deducir que el impacto que el derecho de alimentos ha generado en
nuestra sociedad ecuatoriana es la presión que ha recaído en el Estado, y este
no sabe cómo encajar todo lo necesario para insertar de una mejor manera
como política de Estado a los grupos más vulnerables de la sociedad.
36
Actualmente existen nuevas propuestas de reformas que se le quieren hacer al
Código de la Niñez y Adolescencia, las cuales obviamente buscan resguardar
el derecho de alimentos del alimentario, pero siguen tropezando sobre el
mismo error de vulnerar derechos que también se encuentran reconocidos en
nuestra Carta Magna, y es por esto que a pesar de que el Estado no es
paternalista debe poner su poder en un punto céntrico de decisión, puesto que
es el máximo responsable de la sociedad.
37
CAPITULO II
2. Tratamiento distintivo que se da al derecho de alimentos en sede
administrativa y judicial.
2.1. Derecho de alimentos en sede administrativa.
El derecho de alimentos en sede administrativa es uno de los focos de
investigación que vamos a tratar con énfasis ya que esta sede administrativa
es de donde se desprende la actuación estatal de control para la regulación del
derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, pues el
objeto de protección de estos está ligada a la actuación de los adultos y los
órganos del Estado.
La sede administrativa en relación a la actuación estatal en materia de
alimentos está vinculada a la protección especial que se les da a los niños,
niñas y adolescentes, ya que la misma permite que el Estado tome las
medidas que considere pertinentes para hacerlas efectivas sin tener ningún
límite en particular excepto el ámbito legal.
La idea de protección del derecho de alimentos en sede administrativa
pretende precautelar que dentro de la sociedad la infancia y adolescencia
hagan efectivos todos los derechos humanos de los cuales son titulares de
manera progresiva, por lo que el Estado no puede intervenir de forma
indiscriminada, su participación debe encaminarse a garantizar los derechos y
en caso de que éstos sean vulnerados sean restituidos.
La actuación estatal administrativa en su intervención debe tomar en cuenta
las diferencias existentes entre una situación de vulneración de los derechos
de los sujetos de protección del derecho de alimentos o una mera expectativa
de una posible vulneración, la cual debe tratar de ser evitada.
38
El Estado con el objetivo de precautelar este derecho ha creado mecanismos
garantistas para dar efectividad a los derechos reconocidos de los niños, niñas
y adolescentes.
“Superada la concepción filantrópica y caritativa, esta asume un significado
fuerte como deber, jurídicamente calificado” (Paloma Federico. 1995, p. 37)
Lo antes citado nos permite hacer la reflexión de que el derecho de alimentos,
no solo se encaja en la actuación responsable de la familia, sino también de
actuación del Estado promoviendo políticas sociales de administración.
2.1.1 El Consejo de la Niñez y Adolescencia.
La Constitución de la República en su Título IV, Capítulo III, Participación y
Organización del Poder, Art. 156, dispone que:
“Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en
la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas,
generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad
humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se
coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los
organismos especializados en la protección de derechos en todos los
niveles de gobierno”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008,
Art. 156)
Tomando como antecedente nuestra norma máxima y primordial de aplicación
legal, mencionamos que: el Consejo de la Niñez y Adolescencia es un órgano
que dicta las políticas públicas de protección de la niñez y adolescencia y al
39
ser un órgano de administración está en la obligación de velar y resguardar las
actuaciones que sus dependientes realizan con el fin de precautelar la efectiva
ejecución del derecho de alimentos, coordinando y concatenando las acciones
de las distintas instancias del SNDPINA (Sistema Nacional Descentralizado de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia) que son los órganos de
vigilancia, ejecutores y planificadores que tienen la función de defender los
derechos de la niñez y adolescencia, puesto que esta organización que forma
parte del Consejo de la Niñez y Adolescencia es un conjunto de entidades y
servicios tanto públicos, privados y comunitarios que tienen el fin de garantizar
la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Mediante esta organización se refleja la actuación del Estado en sede
administrativa pues define medidas, procedimientos, coacciones y recursos en
todos los ámbitos para asegurar el ejercicio, exigibilidad, eficacia, celeridad y
restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en
la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos jurídicos
internacionales y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Nuestra Constitución de la Republica en su Título VII, Capítulo I, Régimen del
Buen Vivir, Art. 341, prevé que:
“El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y
principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos
grupos que requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su
condición etaria, de salud o de discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados,
de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus
principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad
social.
40
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y
la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las
instituciones públicas, privadas y comunitarias”. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008, Art. 341)
Es considerable señalar que el Consejo de la Niñez y Adolescencia se crea
mediante Decreto Ejecutivo 750 del 30 de marzo de 1999 basándose en lo que
establecía el Art. 48 de la Constitución Política del Ecuador el mismo que
enmarcaba: “como obligación del Estado, la sociedad y la familia, la promoción
con máxima prioridad del desarrollo integral de niños, niñas, y adolescentes y
el asegurar el ejercicio pleno de sus derechos”. (Constitución Política de la
República del Ecuador, 1979, Art. 48). Ahora se refleja en el Art. 44 de nuestra
actual Constitución; por otro lado tenemos a la Convención sobre Derechos del
Niño, suscrita por el Ecuador que establece para los estados parte la
responsabilidad de acatar y adoptar todas las medidas administrativas y
legislativas necesarias para dar plena efectividad a los derechos reconocidos
en dicha convención de los niños, niñas y adolescentes.
Después de lo mencionado, nos preguntamos si el Consejo de la Niñez y
Adolescencia actualmente mediante su administración esta cumplimiento con
el mandato constitucional para poner en funcionamiento el organismo rector
del sistema nacional de protección integral para la niñez y adolescencia;
tomando en cuenta que al ser un órgano rector sus decisiones son de carácter
obligatorio dentro del ámbito de sus competencias; por cuanto sus funciones
de definir y evaluar el cumplimento de la Política Nacional de Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia son para exigir el cumplimiento responsable
de organismos.
Realmente el Consejo en mención conoce, analiza y evalúa las actuaciones
que sus dependientes generan en relación a los derechos de la los menores,
ya que a nuestro punto de vista el objetivo principal y primordial del Consejo se
41
encuentra con un vacío basado en la realidad ya que los actos ejecutivos,
judiciales, legislativos y administrativos no respetan ni garantizan del todo lo
derechos de los niños y adolescentes porque el control de los valores en los
mensajes de los medios en función no llegan a alcanzar el interés de los niños
niñas y adolescentes.
Como lo hemos mencionado en líneas anteriores, el Consejo de la Niñez y
Adolescencia, al ser un órgano administrativo en materia de niñez y
adolescencia, tiene la obligación y facultad de velar, precautelar y generar
medidas de ayuda de protección a este derecho de alimentos en caso de
violación o vulneración.
Sin embargo, no puede intervenir en la justicia marcando parámetros de
decisiones que se deben tomar sobre los casos en particular, ya que cada uno
es sui generis y tiene su propia realidad, por lo tanto debe dárseles un
tratamiento independiente y especial.
Si bien es cierto este Consejo aspira que se ejecute el fiel cumplimiento de la
ejecutoria de las decisiones dictadas por los jueces, para proteger el derecho
de alimentos; esto no quiere decir que el Consejo de la Niñez y Adolescencia
en uso de sus atribuciones, pueda implantar en las decisiones de los jueces su
propio criterio procesal, puesto que como lo determina la Constitución de la
República los órganos de la Función Judicial, son independientes en sus
actuaciones.
El Consejo como tal, puede garantizar, resguardar, monitorear y dar indicativos
de actuación, pero no imponer su posición, ya que tanto la sede judicial como
la sede administrativa deben ir de la mano, es decir, a la par, ya que deben ser
un equipo de trabajo que día a día se orienten hacia una misma meta, en tal
virtud es necesario que la comunicación entre ambas sea amplia, desarrollada
y sin roses de presión, para de esta manera proporcionar a este grupo minoril
una eficaz actuación Estatal.
42
2.1.2 El Ministerio de Inclusión Económica Social.
Nuestra Constitución de la Republica prevé en su Título IV, Capítulo III,
Participación y Organización del Poder, Art. 157.
“Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria,
por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán
presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura,
funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de
acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática,
inclusión y pluralismo”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008,
Art. 157)
Este articulo al mencionar a la democracia, inclusión y pluralismo patrocinados
por los consejos nacionales de igualdad, genera que el derecho de alimentos
de los niños, niñas y adolescentes busque tener un resguardo no solo social y
ético, sino también económico, puesto que este derecho en mención genera un
gasto elevado del patrimonio global de las partes involucradas en el tema, por
lo cual nos permitimos reflexionar que; al ser nuestra Constitución de la
Republica un instrumento garantista de los derechos de los grupos vulnerados
específicos y al tener como uno de sus objetivos prioritarios, el proceso de
reforma democrática del Estado, permitió que el Consejo de la Niñez y
Adolescencia presente ante la sociedad ecuatoriana la Agenda Social de la
Niñez y Adolescencia, convirtiéndose en un instrumento de política pública,
que establece las directrices a seguir y las prioridades de acción de las
entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia.
Este tema a tratar es muy importante ya que se encamina a la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes en relación al ejercicio de empeño
que el Estado promueve desde este punto de vista de desarrollo económico y
mejoramiento social en igualdad de condiciones sin un alto índice de
vulnerabilidad.
43
El Art. 14 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el
apartado de enfoques de igualdad, menciona que:
“En el ejercicio de la plani�cación y la política pública se establecerán
espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de
género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad.
Así mismo, en la definición de las acciones públicas se incorporarán
dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-
económicas y la garantía de derechos.
Las propuestas de política formuladas por los Consejos Nacionales de la
Igualdad se recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que
serán discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política
para su inclusión en la política sectorial y posterior ejecución por parte
de los ministerios de Estado y demás organismos ejecutores”. (Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, Art.14)
El Ministerio al reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes
como principios rectores, fundamentales y vitales en el entorno social en el
cual nos desenvolvemos, le da una perspectiva diferente a la visión integral del
desarrollo de niños, niñas y adolescentes en el entorno comunitario.
No esta demás esclarecer que este Ministerio de Inclusión Económica y Social
debe buscar un mecanismo que permita que exista un presupuesto destinado
a las pensiones alimenticias que se deben pagar, sea por el padre o por la
madre ya que el Estado es el principal obligado a garantizar que este derecho
sea manejado y aplicado de una manera eficaz, impidiendo que el derecho del
alimentante se vea coartado por falta de acceso económico para cumplirlo.
Esto es un punto de enfoque que a futuro garantizará que la economía de las
partes procesales del pago de alimentos se vea resguardada, pues al tratar de
buscar que el niño, niña y adolescente reciba mensualmente el valor
44
establecido por concepto de pensión alimenticia, muchas veces genera que
por esta situación los niños, niñas y adolescentes que viven bajo la patria
potestad del alimentante se queden sin este recurso y su derecho se vea
vulnerado por garantizar el derecho de aquel niño que no vive bajo la tutela del
alimentante.
Por esto nos permitimos señalar que este Órgano de Protección Integral debe
establecer políticas económicas que engloben el derecho que tienen los niños,
niñas y adolescentes sin vulnerar el derecho del buen vivir de los demás.
Lo anterior implicaría que el gasto público que el Estado mantiene se vea
lindado también al derecho de alimentos no para generar más
irresponsabilidad pero si conciencia de pago moderado.
2.1.3 La Defensoría Pública del Ecuador.
Este organismo es uno de los más utilizados por los ciudadanos ya que al ser
un conector directo con el Estado genera más confianza en los usuarios por
así llamarlos en materia de alimentos de los niños, niñas y adolescentes.
Al mencionar el presente punto de investigación y uno de los más importantes
para el aporte que se pretende tener, me permito mencionar, que: La
Defensoría Pública del Ecuador, por mandato establecido en el artículo 191 de
la Constitución de la República.
“Es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el
pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de
indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan
contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus
derechos. La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico,
oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica
de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. La
Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada
45
con autonomía administrativa, económica y financiera; estará
representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y
contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales
equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado".(Constitución de la
República del Ecuador, 2008, Art.191)
En ese contexto, nos referiremos de manera general a que el cumplimiento de
la garantía del derecho a la defensa fue un trámite más del proceso, cuando la
Función Judicial contaba con pocos defensores de oficio, quienes básicamente
cumplían con formalidades judiciales para darle legalidad a los procesos.
El Estado haciendo uso de su administración, evidenció la necesidad de
cumplir con las garantías constitucionales y con los tratados y convenios
internacionales de derechos humanos a los que el Ecuador está suscrito. Esta
urgencia coincidió con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la
República (20 de octubre de 2008) que estableció la creación de la Defensoría
Pública como un órgano autónomo de la Función Judicial.
El mandato prescrito en el Art. 191 de la Constitución de la Republica, señala
que: “Garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por
su estado de indefensión o por su condición económica, social o cultural no
pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus
derechos”. Este hecho se convirtió en un hito histórico para el país, pues la
Defensoría Pública nació como una institución con rango constitucional
equilibrando las fuerzas en el sistema de justicia.
No obstante, por mandato de la propia Constitución, había que esperar dos
años a partir de su vigencia para que terminara de constituirse la Defensoría
Pública. Además, en el primer trimestre de 2009 entró en vigencia el Código
Orgánico de la Función Judicial que terminó de consolidar a la Defensoría
Pública como institución autónoma del sistema de justicia, lo cual permite que
hoy en día los derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes se
46
vean garantizados de mejor manera, por el simple hecho de tener libre acceso
a la justicia, puesto que la Defensoría Pública, como órgano autónomo de la
Función Judicial, nació a la vida jurídica a partir del 20 de octubre de 2010, de
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República, priorizando la
defensa pública en materia de niñez y adolescencia.
Ahora bien, es importante resaltar que hace algunos años a atrás acceder a
los servicios de justicia era todo un vía crucis, dada la precaria situación en la
que todo el sistema judicial funcionaba, con carencia de funcionarios,
infraestructura y escandalosos casos de corrupción y en general difícil
accesibilidad debido a la distancia que en ciertas localidades se encontraban
las judicaturas; en este proceso de cambio de la Administración de Justicia,
con la creación de las nuevas Unidades Judiciales en la mayoría de cantones
del país, la Defensoría Pública cuenta con defensores públicos en cada unidad
judicial, lo cual permite que las y los ciudadanos carentes de recursos
económicos puedan acceder en igualdad de condiciones para ejercer su
derecho de acceso a la justicia, siendo su lema "Sin defensa no hay justicia”,
ello implica que, el Estado a través de la Defensoría Pública, permite que las y
los ciudadanos que requieran los servicios jurídicos públicos de asesoría y
patrocinio puedan acceder en igualdad de condiciones, para mejor
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales.
Después de haber realizado una breve mención sobre el tema, es
indispensable sugerir que el Estado en uso de sus facultades administre dicha
función que es realmente importante dentro del ámbito de protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo los siguientes parámetros:
En lo referente a asesoría o consultas legales, el servicio de Patrocinio
Social se prestará a cualquier persona que lo requiera o solicite, sin
excepción alguna; en todo lo referente a la asistencia legal
documentaria de trámites administrativos, como la elaboración de
peticiones de derechos, así como patrocinio judicial o litigio de
47
cualquiera de las causas que se presenten en la Defensoría Pública,
el fortalecimiento de la Defensoría Pública, tiene que ver también con la
continua capacitación a sus funcionarios en todas las áreas que se
encuentran descritas.
2.1.4 Instituto Interamericano Del Niño. Después de haber hecho mención a los puntos de desarrollo en la presente
investigación, es importante realizar un breve análisis del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el cual es un órgano de índole
gubernamental internacional que busca equiparar los derechos de los niños,
niñas y adolescentes de sus estados miembros, buscando un justo equilibrio
legal de aplicabilidad ya que al ser este un Organismo Especializado de la OEA
en materia de niñez y adolescencia busca proteger, ayudar y asistir a los
Estados en el desarrollo de políticas públicas.
El modelo de gestión de aplicación de su funcionalidad se ve concatenado a la
Convención sobre los Derechos del Niño, con este eje de partida este
Organismo busca el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de cada
región.
Al realizar la presente investigación nos parece cabal relacionar el
prenombrado tema con la Institucionalidad y Administración del juicio de
alimentos, ya que el cambio que surtió al sustituir los Tribunales de Menores,
por los Juzgados de Niñez y Adolescencia hace alusión a que es solamente
función del Juez de la Niñez y Adolescencia, ahora llamados Jueces de la
Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia el juzgamiento del derecho de alimentos.
La competencia en el juicio de alimentos de los alimentarios se radicara en los
Juzgados de La Niñez y Adolescencia y en la Unidad Especializada en la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
48
Ahora bien, desde hace algunos meses a tras los Juzgados de la Niñez y
Adolescencia se convirtieron en Unidades Judiciales, lo cual género que haya
competencia para conocer casos civiles; como ya es de nuestro conocimiento
anteriormente el juicio de alimentos se veía lindado a la materia civil con un
trato diferente al actual; este detalle ha generado que dentro de las unidades
judiciales antes conocidas como juzgados de la Niñez y Adolescencia, se
genere incertidumbre sobre qué ley aplicar, como manejar los procesos civiles
que se están avocando conocimiento en materia de alimentos.
Por lo tanto como solución se podría plantar el realizar campañas de
capacitación de aplicación uniforme de la ley a todos los funcionarios judiciales
que trabajan en materia de alimentos, ya que es importante mantener un
lineamiento de criterios de aplicabilidad legal.
Pero esta campaña debe realizarse de manera general, estudiada y ordenada,
no de una manera drástica que busca únicamente no generar problemas con
los usuarios; pero sin darse cuenta que un cambio apresurado a largo plazo
generara grandes consecuencias; ya que a nuestro criterio el nuevo sistema a
corto plazo con sus falencias funcionará, pero después colapsara.
Esto nos lleva a plantear la incógnita de que: ¿Será que por evitar la represión
de causas por el mal manejo sistemático de procedimiento y por la falta de
funcionarios públicos para despachar, se ha realizado un cambio al apuro, que
probablemente representara una retroacción de la ley en vez de un avance?
Esta incógnita la ventilamos en el sentido de que actualmente es fácil ver que
dentro de las unidades judiciales que eran juzgados, se vive un ambiente de
desconocimiento de cómo llevar el manejo de los procesos, sin vulnerar
derechos de ninguna índole.
Podemos acotar que es en este punto, donde el objetivo del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, debe entrar, puesto que al ser
el Código de la Niñez y Adolescencia, un Código Especial, este se debería
49
aplicar también en los procesos civiles que engloben el derecho de alimentos
de los niños, niñas y adolescentes, ya que todos los procesos se deben
manejar bajo un mismo parámetro procesal para evitar la violación del proceso
y con esto la vulneración de un derecho.
Como solución a lo antes mencionado nos permitimos señalar que:
Seguir aplicando la Ley contemplada en el Código de la Niñez y Adolescencia
seguramente va a causar conflicto entre las partes, sin embargo es un
mecanismo que a nuestro punto de vista se debería aplicar ya que por ese
objetivo se realizó la reforma del Titilo V del Libro Segundo al Código de la
Niñez y Adolescencia, para trabajar enfocados en los derechos de los niños y
de las partes procesales trabajando apegados a lo dispuesto en un principio
constitucional que se encuentra establecido en el Art. 20 del Código Orgánico
de la Función Judicial que hace mención a al principio de celeridad.
Con esto queremos decir que es importante mirar hacia adelante y no hacia
atrás, para de esta manera no generar un mal manejo institucional procesal.
Por lo expuesto, es responsabilidad de este Instituto Interamericano del Niño,
la Niña y Adolescentes, brindar al Estado Ecuatoriano planes piloto de
parámetros de aplicación del derecho que se encuentren direccionados hacia
un mismo objetivo de bienestar que no se desvinculé del debido manejo de los
juicios de alimentos y tampoco que se deslinde de la responsabilidad de no
vulnerar derechos protegidos por nuestra Carta Magna.
2.2 Derecho de alimentos en sede judicial.
Al llegar a este punto de enfoque, nos permitimos retroceder un poco hacia
unos de los rasgos mencionados al principio de esta investigación, puesto que
es relevante establecer que el derecho de alimentos en el año 2009 tuvo un
importante progreso, con la aprobación de la Ley reformatoria al Título V del
Código de la Niñez y Adolescencia, la cual busca constituirse como un avance
50
en la celeridad del trámite de los juicios de alimentos, al establecer la
Audiencia Única en lugar de las dos audiencias que antes debían darse en la
tramitación de ésta clase de juicios.
Las audiencias que antes eran utilizadas en la sustanciación de las causas en
esta materia eran conocidas como:
Audiencia de Conciliación, Contestación a la Demanda y Anuncio de
Prueba.- Esta audiencia se daba en primera instancia, donde las partes
presentaban sus pruebas y se seguía con la tramitación de la causa en
caso de que no se llegara a una conciliación.
Audiencia de Resolución.- En esta segunda audiencia el juez después
de haber analizado las pruebas y después de haber escuchado a las
partes en la audiencia preliminar, emitía su resolución.
Otro avance es la entrada en vigencia de la Tabla de fijación de pensiones
alimenticias mínimas, la cual establece tres niveles, tomando como parámetros
para establecer el monto de la pensión, los ingresos económicos del obligado o
alimentante como ya lo hemos prenombrado reiteradas veces, la cual rompe
con la discrecionalidad que existía para la fijación de las mismas, y se
convierte en obligatoria, al menos en la fijación no inferior a los niveles y
porcentajes en los que se ubique el alimentante de acuerdo a sus ingresos,
dividiéndolos para el número de hijos con derecho a alimentos que tenga el
obligado. De igual manera para garantizar la exigibilidad del derecho de
alimentos y en cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria
tercera y en concordancia con el artículo 233 del Código Orgánico de la
Función Judicial, dentro del marco del Programa de Reestructuración del
sistema de justicia, el Consejo de la Judicatura, hizo entrega de 43 juzgados y
unidades judiciales en ésta materia, en 18 provincias.
51
Es relevante acotar que estas judicaturas cuentan con juezas y jueces
especializados que brindan atención en el área de justicia con apoyo de las
oficinas técnicas en nuestro caso con las llamadas oficinas de labor social,
para de esta manera garantizar un tratamiento integral a los ciudadanos y
ciudadanas, sin embargo el derecho de alimentos en sede judicial depende de
muchos factores, la norma constitucional moderna que ya la tenemos, el
Código de la Niñez y Adolescencia, cuya última reforma al Título V, que
relaciona al derecho de alimentos data de fecha 28 de julio de 2009, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No. 643, es beneficiosa y contribuye a
resolver en mejor forma y en menor tiempo las reclamaciones alimenticias.
Sin embargo, de este gran paso que el Estado ha dado, aun las bases para la
revolución en esta materia no están del todo sólidas por aspectos que se
enfatizarán en puntos siguientes de la presente investigación.
Creemos pertinente acotar que una reforma urgente que se debe dar es, en el
Artículo innumerado 4, numeral 2 del nuestro Código, ya que a los 21 años un
titular del derecho de alimentos que esté cursando estudios y si son de nivel
superior en el mejor de los casos recién está en media carrera de sus estudios,
por lo tanto debe aumentarse la edad al menos a los 23 años, considerando
que en varios países de América Latina los obligados lo hacen hasta una edad
superior a la señala anteriormente, siempre y cuando se tome en cuenta que
es de suma importancia que el Estado tenga en cuenta lo que ya he
mencionado antes ya que el nivel económico del demandado no se debe ver
vulnerado y esto no debe repercutir en que se genere un gasto elevado de
manutención, sino que al contrario se convierta en un aporte gradual que el
alimentante debe dar al alimentario para su formación integral. Vendría a ser
más que un derecho un apoyo económico.
Igualmente, gracias a la gestión laboral que ejerzo en la actualidad, he podido
ver como en algunos casos existe el abuso por parte de los abogados que
patrocinan a los demandados en relación acción constitucional de habeas
52
corpus, que se ha convertido en innumerables casos, para incumplir con el
pago de las deudas por obligaciones alimenticia, ya que, simplemente algunos
deudores esperan cumplir el plazo que se emite en la Boleta de Apremio y
utilizan esta garantía constitucional, recuperan la libertad y simplemente no
pagan ni solicitan al juez competente ninguna fórmula para pagar las deuda
alimenticias.
Esto lo mencionamos en razón de que muchas veces podemos presenciar y
ser partícipes de esta situación al momento de emitir una providencia que a
nuestro gusto no es la mejor, pero es la que el Juez cree pertinente proveer.
No esta demás mencionar que este abuso nació como naturalmente los
ecuatorianos decimos, por la viveza criolla de los abogados, puesto que
muchas veces los demandados no podían reunir el valor adeudado, y no
obtuvieron ninguna respuesta favorable a un traslado corrido por parte de la
actora, ni por parte del juez, tomando en cuenta que el juez por facultad según
lo establecen las múltiples Resoluciones emitidas por el Ex Tribunal
Constitucional, hoy Corte Constitucional, de fecha 14 de agosto de 2008, RO.
403, vinculantes para los Jueces del país, sobre las alternativas que dispone el
Juzgador previo a ordenar el apremio o instrumentar la libertad del
demandado, reivindicando el PRINCIPIO PRO-LIBERTATE, sin que esto
quiera decir que deba abandonarse el propósito de la medida cautelar de
apremio personal, que es el de garantizar el derecho a la alimentación de los
niñas, niñas y adolescentes; resaltando entre otras la resolución No. 0146-
2007- HC de fecha 18 de septiembre del 2007, dictada por la Segunda Sala del
Ex Tribunal Constitucional (Hoy Corte Constitucional, que en la parte pertinente
y para una mayor reflexión se lee.
“Tomando en cuenta que la doctrina internacional considera la
posibilidad de suspender la orden de detención del que paga una parte
de la deuda alimentaria y pide facilidades para saldarla; esto es
conforme bien lo señala Antonio Vodanovic en la obra citada (Pág
200)...; y, en la parte resolutiva del citado instrumento se lee: “Exhortar a
53
los Jueces de la Niñez y Adolescencia para que, en casos similares,
protegiendo el derecho de los alimentarios, instrumenten mecanismos
para garantizar el derecho a la libertad de los alimentantes, propiciando
convenios de pago de las pensiones alimentarias adeudadas"; se lee
además en resoluciones similares del ex Tribunal Constitucional lo
siguiente: “La afectación de uno de los derechos más caros y atados a
la historia del constitucionalismo como es la libertad personal, no tiene
otro propósito que generar la más alta presión que puede generarse a
un ser humano la pérdida de su libertad para garantizar dentro del
conjunto de derechos del niño, aquel involucrado directamente con su
subsistencia, el derecho a la alimentación. Sin embargo, la práctica ha
demostrado lo contrario, el apremio no ha servido para generar el pago
de la pensión alimenticia adeudada puesto que una vez que el obligado
pierde su libertad, las posibilidades de garantizar la alimentación del
niño quedan notoriamente reducidas porque el obligado queda en física
imposibilidad de generar recursos económicos para cumplir su
obligación” (Resolución No. 0146-2007- HC de fecha 18 de septiembre
del 2007, dictada por la Segunda Sala del Ex Tribunal Constitucional)
Dicha resolución puede de cierto modo buscar garantizar el derecho de
alimentos de los niños, niñas y adolescentes prorrateando el monto de la
liquidación sin que esto implique vulnerar o violentar el derecho que es
inherente a este grupo minoril.
2.2.1 Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
Los tradicionales juzgados de la Niñez y Adolescencia casi no han tenido una
atención adecuada, tal es así que en la actualidad y en determinados
momentos existen juzgados que únicamente cuentan con el Juez, secretario y
un auxiliar para el despacho de las causas, esto debe seguir cambiando,
debería existir un banco de funcionarios elegibles, para que cuando por
diferentes circunstancias se ausente un funcionario, inmediatamente sea
54
reemplazado y el despacho de las causas no se paralice, en lo que tiene que
ver a los jueces si se lo aplica, pero cuando por ejemplo se ausenta un
ayudante judicial por vacaciones o enfermedad los escritos no se despachan
hasta su retorno. Si bien la transformación y la modernización de los servicios
públicos de justicia en todos los aspectos es innegable, el talento humano es
lo más importante, ya que, si bien es cierto la mayoría de funcionarios
judiciales son personas comprometidas con el cambio de la justicia y cumplen
su función con entrega, capacidad, responsabilidad y honradez, pero también
y con preocupación se debe señalar que existen funcionarios judiciales
indolentes que no les importa la urgencia que tienen especialmente las
usuarias que a diario reclaman que sus peticiones sean despachadas más
rápido, esto lo mencionamos, sin desconocer que el deschapo en cuestión de
tiempos ha mejorado nosotros diríamos en un 70%, tal es así que hay
funcionarios que despachan los escritos al siguiente día de haberlos recibidos,
es decir existe compromiso con el cambio y transformación de la justicia.
En la implementación de las nuevas instalaciones de las judicaturas desde el
Consejo de la Judicatura se han olvidado de los edificios antiguos, por ejemplo
el edificio Gavilanes, en el que atienden seis juzgados de la Niñez no brinda
todas las facilidades de acceso que las y los usuarios necesitan.
Ahora bien no está de más hacer mención que muchos funcionarios judiciales
a diario presencian el maltrato de los usuarios, y este es un punto que se debe
manejar, tal vez poniendo advertencias en las paredes para que los usuarios
no se comporten de una manera prepotente y agresiva con los funcionarios de
las Judicaturas.
Para solucionar estos grandes percances, se crearon las Unidades Judiciales
Especializadas en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
55
2.2.2 Unidades Judiciales Especializadas de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia.
Estas unidades son modernas instalaciones que cuentan con tecnología de
punta y servicios como: Espacios para atención adecuada para niños, niñas y
adolescentes. Cámara de Gesell (salas acondicionadas en dos ambientes
separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de
audio y video para la grabación de los diferentes testimonios con el objeto de
evitar la revictimización).
Si bien estas Unidades Judiciales constituyen la modernización de la justicia,
especialmente en el área de Familia Niñez y Adolescencia, un factor
importante constituye la incorporación de un considerable número de
funcionarios judiciales, para un mejor y oportuno despacho de los juicios, ya
que como no debe ser su asombro las Unidades Judiciales en mención,
actualmente están atravesando un sin número de problemas por el tema del
exceso de la carga procesal, y hasta nos permitiríamos adelantarnos, a que
están próximas a su colisión.
2.3 Valoración de la Actuación Estatal en Sede Administrativa y Judicial
vinculada a los dos ejes primordiales de desarrollo del Derecho de
alimentos de los niños, niñas y adolescente.
Al haber desarrollado los temas respecto a los Juzgados de la Niñez y
Adolescencia, ahora llamados Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia y a las famosas Unidades Judiciales, entramos realmente a
preguntarnos si la actuación Estatal está siendo la indicada, si realmente se
realizó un estudio minucioso de aplicación de lo que actualmente están
generando en estas instituciones.
Es preciso hacer énfasis en que actualmente con el resorteo de causas civiles
que se hicieron para que las instituciones de la Familia, Mujer, Niñez y
56
Adolescencia establecidas, conozcan y tengan competencia sobres ellas, con
el fin de disminuir la carga procesal de los Juzgados Civiles; lo único que ha
generado es que tanto las Unidades como los Juzgados de la Familia, Mujer
Niñez y Adolescencia estén llegando al punto de colapsar puesto que el tener
más carga procesal ha hecho que el despacho de las causas que ya existían
antes se estén represando, ya que llevar las causas no solamente es cuestión
de despacharlas y ya, implica más que eso, implica revisarlas, analizarlas y
hasta coserlas y poner números de fojas, lo cual conlleva bastante tiempo, ya
que no solo se realiza en el despacho de las causas si no también la atención
al usuario lo que implica realizar actas, oficios etc.; hasta gestionar la toma de
los testimonios en etapa de prueba de las causas civiles lo cual abarca un
tiempo bastante elevado.
Y como si fuera poco el Estado con el fin de tener un inventario de las causas
activas, resolvió que dichas dependencias deben realizar la depuración de las
causas se encuentran a cargo de cada funcionario desde el año 2003, esto
está ocasionando que el principio de celeridad se vea vulnerado ya que es
imposible llevar el despacho acogidos a este principio por la falta de tiempo y
de personal que trabajo en la Judicatura; y lo más problemático es que los
usuarios constantemente se acercan a los Juzgados reclamando el pronto
despacho de las causas, ya que en promedio cada funcionario hoy en día tiene
represados aproximadamente 100 escritos, y obviamente tratar de brindar una
explicación de porqué de la actual situación se vuelve casi imposible, y por
tratar de llegar al entendimiento de los usuarios y es aquí donde empiezan las
quejas que se siguen contra los funcionarios sin tomar en cuenta que la
problemática que se está viviendo en la actualidad es por la mala
administración Estatal.
El nivel de estrés y de preocupación que se está generando en las judicaturas
es realmente notable, la preocupación por llegar al periodo establecido por la
administración para presentar los informes de la totalidad de las causas
avocadas y de la depuración, de una u otra manera está ocasionando que el
57
interés superior de los niños, niñas y adolescentes en materia de alimentos se
vea vulnerado.
¿El Consejo de la Judicatura se ha puesto pensar en cuál es la situación que
están atravesando los Juzgados y las Unidades Judiciales?; a pesar de que
reiteradas veces se han enviado oficios a nuestro órgano reactor haciéndoles
conocer que es vital la implementación de funcionarios judiciales para no
volver hacia el pasado, donde la vulneración del derecho de alimentos ere
notable, donde por mayor empeño que se le podía poner al despacho era
humanamente imposible descargar tanta carga procesal.
La Administración estatal debería sacar recursos destinados a contratar
funcionarios que sean un apoyo en el manejo y despacho de las causas que
ahora es realmente fundamental, ya que si seguimos bajo el mismo esquema
de trabajo los problemas, y el disgusto de los usuarios va a tener
consecuencias, y va a ser una bomba que empañe lo que el Estado ha logrado
a estos días.
La contratación de funcionarios es indispensable para poder llevar un
apropiado manejo de las causa encaminado a resguardar y garantizar el
derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador.
Otro punto de relieve para un futuro mejoramiento en el presente sistema de
administración y tutela de los juicios de alimentos, es la capacitación de todo el
personal Administrativo y Judicial, no solamente de los Secretarios asignados a
las Judicaturas, ya que hoy en día es fácil percibir como la información
trasmitida a un solo grupo de funcionarios se tergiversa y no llega a obtener los
resultados anhelados en su grupo de trabajo. Esto pasa porque las
capacitaciones que se dan son hechas al apuro y sin tener una coordinación
total y eficaz.
58
Se debe demostrar que el Estado como tal se preocupa por sus funcionarios
públicos, ya que esto va a ser un incentivo para los mismos, lo cual de manera
indirecta genera que haya más empeño en el trabajo que se realiza, y así de
esta manera el Estado también estará garantizando el cumplimiento a
cabalidad de la actuación estatal que se encuentra en sus manos y en las de
sus funcionarios. Realmente espero que esta alternativa no se coaccione con
los derechos de los actuales funcionarios de las diferentes Judicaturas.
59
CAPITULO III
3 Protección Estatal al derecho de alimentos tanto en sede
administrativa como judicial.
3.1 Protección cabal del Estado en relación al interés superior de los
niñas, niñas y adolescentes.
Como ya se ha mencionado reiteradas veces, es el Estado es quien tiene la
responsabilidad principal de tutelar los derechos de todas las personas que
viven bajo su jurisdicción.
El Estado debe garantizar bajo toda circunstancia, que los derechos de los
niñas, niñas y adolescentes se vean realmente resguardados y protegidos
como tales, sin que esto represente una herramienta para generar daño o
provocar que se trice un derecho adquirido por alguna de las partes y sobre
todo para que no se dé un mal uso de este derecho, sea en sede judicial o
administrativa.
FREEDMAN, en la Revista de Filosofía del Derecho Internacional y de la
Política Global, pronuncia que:
“La aceptación de que el objetivo último de la actividad financiera del
Estado es la satisfacción de los derechos fundamentales. Sobre la base de
esta conclusión, el Estado resulta ser el obligado a modificar su política
recaudadora para satisfacer los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y no son estos los que deben dejar de “ser” sujetos de
derechos por no ser suficiente la obtención de recursos económicos”
(FREEDMAN, 2008, Revista de Filosofía del Derecho Internacional y de la
Política Global)
60
Es de nuestro interés hacer conocer, que la protección cabal del Estado del
derecho del cual es objeto la presente investigación no solamente se ve
dirigida hacia la protección de este, mediante la modificación o creación de
leyes que busquen garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental
que es un derecho del buen vivir; sino también se ve inmerso en el estudio del
límite de recursos económicos, ya que el interés superior del niño puede verse
comprometido tristemente en la esfera materialista, ya que la ausencia muchas
veces de recursos económicos de los padres delimita la destinación garantista
de lo que conlleva en sí, el DERECHO DE ALIMENTOS.
Por esta razón cabe la necesidad de hacer mención a la hoy en día llamada
Tabla Mínima de Pensiones alimenticias; que es la herramienta principal de
uso de los administradores de justicia para; por así decirlo, hacer que el
derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes no se vea vulnerado y
se convierta en un tema de interés superior sobre otras materias conexas a
este.
Por lo tanto, realizando un breve análisis a la actual situación de la Tabla de
Pensiones alimenticias, nos permitimos mencionar los siguientes puntos.
El Art. "Innumerado” 15 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia ordena expresamente a los jueces
remitirse a la Tabla de Pensiones Mínimas, la cual fue establecida
por el Conejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; a la fecha de la
expedición de la Ley Reformatoria no existía la misma.
Es importante acotar que la primera Tabla de Pensiones Mínimas fue
expedida con fecha 27 de enero de 2010 mediante Resolución No.
002- CNNA- 2010; la misma que fue derogada expresamente al
expedirse la Segunda Tabla de Pensiones Mínimas expedida de 13
de julio de 2010 en el R.O. No. 234.
61
Habiendo mencionado estas dos tablas señalamos que: En ambas
Tablas determinadoras de las pensiones alimenticias, entre sus
considerandos, se establecía que para la fijación del monto de
acuerdo a los parámetros de la Tabla Mínima se debía considerar el
ingreso mensual total del demandado sin considerar deducción
alguna; sin embargo los Juzgados de la Niñez y Adolescencia
realizaban la deducción de lo concerniente a la retención del IESS.
En la Tabla Mínima expedida mediante R.O. No. 628 de fecha 27 de
enero de 2012, que deroga la anterior se hace referencia a que debe
realizarse el descuento señalado en el considerando "octavo”.
Con estos antecedentes vamos a señalar las siguientes puntualizaciones:
a) Conforme el material suministrado desde el Consejo de la Niñez y
Adolescencia; el procedimiento que se está llevando en las judicaturas
es el siguiente:
En el evento de no existir prueba efectiva que se adjunte a la demanda
de alimentos; es decir; roles de pago, certificación de ingresos del
demandado, y análogas legalmente justificadas se fija el monto mínimo
señalado en la Tabla de Pensiones Mínimas (dependiendo del número
de hijos) y considerando el salario básico unificado o las
remuneraciones establecidas como mínimas sectoriales por el Ministerio
de Relaciones Laborales.
En el caso de existir prueba plena de los ingresos del demandado
adjuntos a la demanda planteada, el monto a fijarse será el que
corresponde dependiendo del ingreso y el número de hijos y la de edad
de ellos, conforme lo señala la Tabla de Pensiones Mínimas.
62
b) Al momento de fijarse la pensión definitiva después de la Audiencia
Única, una vez contrastada la prueba; se fija la pensión definitiva,
teniendo como parámetros (al tenor del Art. “innumerado” 15 de la Ley
Reformatoria), la capacidad económica del alimentante, realizándose
como único descuento de los ingresos del demandado el monto
concerniente a las retenciones del IESS. La reforma mencionada en el
artículo antes indicado establece que corresponde al Consejo Nacional
de la Niñez y Adolescencia el establecer sus parámetros, incluso que en
base a estos parámetros el Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia elaboró una investigación relativa a las necesidades
básicas por edad del alimentado, los ingresos y recursos de los
alimentados y de los alimentantes, los gastos, la inflación, los
porcentajes necesarios para el cumplimiento de necesidades básicas de
un derechohabiente, entre otros parámetros.
c) Cabe realizar la pertinente observación que por lo general, se determina
el monto de la pensión según el monto efectivo que corresponde al
nivel; esto es, ubicándonos en el nivel que corresponda y limitándonos a
realizar el ejercicio matemático de obtener el porcentaje objetivo, lo cual
equivale a determinar el monto efectivo mínimo establecido para cada
nivel sin incrementarlo.
d) En casos particulares, puntuales, considerando las condiciones
económicas particulares del demandado se determina un monto
superior al mínimo porcentaje establecido, estimando que el alimentante
se halla en condiciones económicas para hacerlo; sin que exceda o
llegue al mínimo del siguiente nivel; lo cual se encuentra claramente
comprometido a la sana critica del Juez.
63
Con estos antecedentes prenombrados, en definitiva no se ha generado
ninguna actualización o mejora a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas
ya que las bases y antecedentes para su expedición son los mismos, además
los porcentajes han sido los mismos.
Creemos pertinente añadir como una medida de aporte al presente tema de
investigación que:
Los jueces en cualquier caso deben estar obligados a determinar una pensión
alimenticia, teniendo expresamente en cuenta la Tabla Mínima de Pensiones;
sin embargo como lo hemos mencionado en el transcurso del desarrollo de la
presente investigación; las exigencias elementales de derechos humanos que
se conocen a nivel internacional, deberían de algún modo ponderar las
necesidades del demandado.
Este hecho inobjetable lleva a una controversia de valores y de principios
subrayando que ambos derechos son del mismo rango constitucional; ya que
por un lado está el principio del interés superior del niño y por otro lado está el
del derecho a vivir en condiciones mínimas de subsistencia, en el cual se
encuentran inmersos los alimentantes; sin embargo tomando en cuenta los
casos en esta materia, es claro que no se deja mayor campo de acción
impidiendo aplicar un término medio objetivo.
Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
actualmente en el Ecuador existe un nivel elevado de pobreza lo que genera
que pese a que pueda existir la buena fe del alimentante en proporcionar al
alimentario el valor dispuesto mediante sentía ejecutoriada, se vea en una
disyuntiva de que hacer.
64
Con los antecedentes prenombrados, el Estado como tal también debe dirigir
gran parte de sus actividades a la búsqueda de la protección social, para
ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la satisfacción de los
derechos fundamentales.
Al ser el tema de la presente investigación el ANALISIS JURIDICO DEL
DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR EN RELACION A LA
ACTUACION ESTATAL EN SEDE ADMINISTRAVIVA Y JUDICIAL, es de
suma importancia reflexionar que este tema es el conjunto de una actividad
fundamentalmente política y que la administración es el órgano encargado de
administrarla bajo los paramentos estatales de protección del interés superior
de los niños, niñas y adolescentes, utilizando mecanismos idóneos y servicios
judiciales especializados, los cuales busquen privilegiarse del apoyo de la
familia, buscando concientizar a las partes procesales del litigio,
estableciéndoles que mediante un juicio de alimentos se puede encontrar el
bienestar común, sin necesidad de ocasionar rupturas de los lazos familiares
para el alimentado.
El Estado al ser el lugar donde vive el alimentado, debe buscar la promoción
del desarrollo, mediante la capacitación al personal administrativo y judicial
basándose en la realidad, estableciendo parámetros modernos de aplicabilidad
legal, donde eso no represente el desapego de la ley al momento de resolver,
pero sí que represente un cambio a la conciencia social, donde el proceso en
si no se vea sujeto al extremo de legalidad.
A lo que nos referimos es a tratar de cambiar la gestión de aplicación de la ley
encaminándola a la mediación de las partes, donde realmente se vea el interés
de los individuos que forman parte competente estatal de la aplicación de la ley
para resguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, puesto que el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes no solamente se ve
reflejado en la institucionalidad de los alimentos; al contrario va más allá de
eso, es más profundo y se deslinda de lo material y se apega a lo emocional,
65
porque aunque no lo crean la relación que exista entre los padres del
alimentario es fundamental para LA VIDA DEL ALIMENTANTE.
3.2 Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes.
La dignidad, la equidad y la justicia social, son los tres pilares dentro de los
cuales se desarrolla la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Con la incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los
niños en América Latina, a los sistemas jurídicos nacionales se ha generado a
nivel normativo cambios sustanciales en la manera de concebir a los niños,
niñas y adolescentes y a sus derechos.
Es importante señalar que independientemente de que en efecto se hayan
producido cambios legales, aun la protección integral del niño no se ve
desarrollada plenamente en el ámbito administrativo y judicial, pese a que el
Estado junto con su equipo de trabajo ha generado nuevas políticas de
aplicabilidad.
Hoy en día es importante hacer mención que esta protección integral va a
entrar en debate, ya que actualmente en la Asamblea Nacional se encuentra el
segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, el cual debe realmente ser analizado, puesto a que
dentro de este proyecto se refleja el interés de los legisladores por garantizar el
derecho de alimentos, sin embargo no se toma en cuenta lo que en otras
etapas tampoco se hizo; esto es la vulneración de los derechos conexos que
se vinculan al derecho de alimentos.
Cabe señalar que el análisis de la reforma que se piensa generar debe estar
vinculada a la realidad, debe ser un proyecto que no sea difícil de ejecutar a
medida del paso del tiempo, pues es de suma importancia tener claros los
parámetros y ejes de actuación estatal en sede administrativa y judicial para
vincular a todo y a todos los que el derecho de alimento engloba con el fin de
66
garantizar la Protección Integral del Niño, en cada ámbito, sea este desde el
inicio de la familia, en manos de los funcionarios públicos de la familia, mujer y
adolescencia y bajo la decisión de un Juez de esta misma instancia.
3.3 Valoración de los derechos vulnerados del demandado.
Hoy en día es normal ver como dentro de la sede judicial se vulneran derechos
consagrados en nuestra Constitución de la República del Ecuador, cuando se
empieza a dar un tratamiento a los juicios de alimentos.
Entendemos que el fin principal de Estado es precautelar el interés superior de
los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, este fin que en nuestra época
social, al convertirse en unos de los temas más importantes en nuestra
sociedad, ha generado de manera sustancial que se forme una tela negra en
los ojos de ciertas autoridades, ya que con el solo propósito de no vulnerar los
derechos de los niños, muchas veces se violenta el derecho que todas las
personas tienen por adherencia; es decir un derecho intrínseco y
constitucionalmente reconocido; (estamos haciendo referencia al derecho de la
libertad)
Es justo que el Estado haya buscado un mecanismo de coacción al
incumplimiento de los mandatos de ejecución que se emite en sede judicial
cuando hay un incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias, lo cual
está bien porque para ser honestos hay muchos padres irresponsables, pero
también existe el otro lado de la moneda ya que existen padres que quieren
ser responsables pero por su situación económica no se pueden mostrar de tal
manera.
En el manejo de los las causas judiciales, día a día hemos visto la denigración
que se les hace a los demandados, y se crea una figura global de
irresponsabilidad sobre los mismo, tal vez por la falta de información de los
medios, porque ven un esquema superficial y no ven la realidad que se vive
dentro de cada proceso.
67
Por ejemplo, para el pueblo que no se encuentra inmerso en esta problemática
la visión de las partes procesales dentro del juicio de alimentos se ve
tergiversada, y un factor puede ser que en los medios de comunicación, en
campañas de mejoras en el sistema judicial, la mayoría de veces se muestra
una mala imagen de los demandados tachándolos de incumplidos, y de ser
generadores de vulneración de la ley por no pagar las pensiones alimenticias y
dejan como víctima a la otra parte procesal, formando una imagen
generalizada y que no se apega tanto a la realidad.
Es realmente fuerte ser parte de un medio que ama a los niños y nos
permitimos hablar de un sentimiento dentro de este tema social que se está
elevando a gran escala, porque es cierto ya que el amor que les tenemos a los
niños de nuestro pueblo va más allá de una simple especulación o de la pasión
que encontramos en nuestra profesión; es por esto que es tan difícil haber
establecido este punto de análisis en la presente investigación, puesto que se
vuelve un punto de fricción entre dos derechos.
En muchas ocasiones he visto que muchos demandados son privados de su
libertad por el hecho de no tener los recursos económicos para solventarse, si
bien es cierto la ley tiene una tabla de aplicabilidad de pensiones alimenticias,
lo cual en primera instancia tuvo funcionalidad porque años a tras los niños,
niñas y adolescentes no gozaban a plenitud de este derecho que el Estado hoy
les da. Pero se han puesto a pensar que el demandado tiene otros gastos a
parte del pago al Seguro Social, se han puesto a pensar que el demandado a
parte de sus hijos tiene una carga económica y moral que se llama hogar, se
han puesto a pensar en las deudas que el demandado haya adquirido para su
superación personal, se han puesto a pensar que muchas veces el pasar
alimentos a un niño, niña, adolescente basados en un valor neto que percibe el
demandado; que muchas veces es un valor bastante elevado que se le quita
de su bolsillo, con el objetivo de garantizar un derecho, es el comienzo de la
ruptura de otra familia, de la nueva familia del demandado, que va a seguir la
misma cadena procesal.
68
Se ha determinado entonces que el resguardo de un derecho encamina a que
atrás de este con el pasar del tiempo se tenga que resguardar uno o dos
derechos que se deriven del primero.
Ahora bien, después de haber mencionado lo anterior, no está demás
referirnos a que por la falta de celeridad de la autoridad judicial que lleva en
sus manos los procesos judiciales, en muchas ocasiones se vulnera el derecho
de la libertad ya que algunos de los jueces, aún tienen una mentalidad cerrada
en la cual los procesos se llevan con calma y de una manera lenta, no ágil y
tampoco eficaz.
Nos permitimos hacer mención a esto ya que enumeradas veces cuando los
demandados están en prisión y presentan a las Unidades Judiciales de la
Familia Mujer, Niñez y Adolescencia escritos de acuerdo de pago con la
contraparte, el sistema judicial debería aplicar la celeridad procesal, es decir,
convocar audiencia de conciliación y promover la libertad inmediata y no dilatar
el proceso con tratamientos ambiguos ya que al darle la libertad al demandado
se le devuelve el derecho a su hijo o hijos a recibir sus alimentos así sea de
una manera porretada lo cual es preferible a quedarse sin nada.
3.4 El juicio de alimentos, una herramienta garantista de derechos de los
niños, niñas y adolescentes; o un medio de resarcimiento.
Después de haber hecho mención al punto inmediato anterior, nos permitimos
cuestionarnos sobre si el juicio de alimentos, en todo lo que conlleva esa
palabra es realmente garantista desde la perspectiva de la parte actora quien
es representante del alimentario dentro del proceso judicial; obviamente que
para el Estado tanto en sede Judicial como Administrativa el juicio de alimentos
es una herramienta enfocada en obtener lo mejor de las partes procesales
para trasmitir este resultado al o a los alimentarios.
69
Al ser mujer y tener una visión muy amplia en esta situación, se complica
poder mencionar que excepcionalmente algunas mujeres que figuran como
actoras dentro de los juicios son personas que utilizan a sus hijos como un
medio de resarcimiento a quienes en algún momento fueron sus parejas, o
simplemente son los padres de sus hijos.
Es devastaste ver como desde dentro de lo que realmente es este mundo de
alimentos de los niños, niñas y adolescente; la fuente en donde debe recaer el
pleno derecho en mención de esta investigación se ve deslindado de su
naturaleza y se desvía hacia el interés de la parte actora, sin importar por qué
o la razón de ser de este derecho, pues se enfocan en generar daños al
demandado impidiendo que sus hijos no solo gocen del derecho de alimentos
sino que les impiden que gocen de un sentimiento, de una experiencia, de un
aprendizaje, una imagen, y de ejemplo de padre, que realmente estas simples
frases es en sí en donde se debería juntar todas las energías de todas las
personas que hoy en día luchamos para que los niños, no sean vulnerados,
porque esos niños no se desvinculen ni crezcan sin la imagen de sus padres,
que esos niños gocen del derecho de tener a sus padres a su lado así sea por
separado, pero que no se les coarte el derecho de tener una imagen tanto
materna como paterna, porque si queremos un cambio debemos empezar
cambiando el problema, revolucionando las directrices y creando esquemas no
económicos pero si de entorno social, porque los niños que en la actualidad se
los conocen como alimentarios no tienen la culpa absoluta de las malas
decisiones de sus padres.
El Estado en sede administrativa debe enfocarse un poco más en darse cuenta
que hay padres que quieren estar con sus hijos a pesar de las circunstancias y
son privados de este derecho a pesar de que existe la figura de régimen de
visitas, y es por el simple hecho de que sus madres llenan la cabecita de sus
pequeños hijos de malas cosas de sus padres por el sentimiento que ellas
guardan dentro, sin darse cuenta que están generando un daño a largo plazo
en la persona que tal vez sea a la que más aman.
70
Por todo esto es menester de la Actuación Estatal en sede administrativa,
figurar el impulso de fomentar escuelas u oficinas técnicas que moldeen la
forma de pensar de las actoras dentro de este tema, ya que ese debe ser el
objetivo del Estado, es decir hacer que los niños tengan la imagen de una
familia, con todos los problemas que esto conlleva, pero sin odio, sin
venganza, sin dolor y sin resentimiento, porque eso va a generar un cambio en
los niños que son el futuro de nuestra sociedad.
Y sabemos que es difícil pero no imposible, todo cambio conlleva un gran
esfuerzo, gran perspectiva y dedicación para alcanzarlo.
Por esto les invitamos dentro de la presente investigación a crear campañas de
concientización promovidas por la sede administrativa y ejecutoriada también
por la sede judicial.
¿Por qué no?, mediante las audiencias, tratar de llegar a una conciliación y
concientizar utilizando la voluntad, la decisión, las leyes y sobre todo con la
convicción de que todo cambio se puede hacer, si nos prometemos juntos a
realmente garantizar lo que verdaderamente representa el Interés superior de
los niños, niñas y adolescentes, estoy segura que lo vamos lograr.
3.5 Interpretación del Interés Superior del Niño.
Al habernos enfocado ya en un punto más social vamos a hablar del Interés
superior del Niño, ¿qué es? y la interpretación que en la actualidad se le da.
Al ser este tema de investigación una problemática de actualidad es importante
retroceder a la génesis de este principio; como ya lo hemos mencionado con
anterioridad este Interés superior del Niño, se fundó como principio reactor de
lo que ahora conocemos para hacer valer derechos de la población más
vulnerada, en la Convención sobre los Derechos del Niño.
71
El Interés Superior del Niño permite que la Actuación Estatal en Sede
Administrativa y Judicial desarrolle o realice gestiones con una amplia visión
para consolidar este derecho en cada rincón de nuestro Estado.
Toda vez que hemos estado estudiando los procesos en este tema que
defienden los derechos del grupo menor, es necesario conocer a las personas
que tiene en sus manos la aplicabilidad de este derecho, por lo que debemos
conocer a la figura de quien guía y resuelve el procedimiento; que vienen a ser
los funcionarios públicos y los jueces de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia ya que esta persona es el encargado de declarar los derechos
que el niño necesite para resguardar su interior superior.
La responsabilidad que recae sobre estas personas es realmente fundamental
dentro de todos los procesos judiciales puesto que el tema moral se ve
vinculado desde el inicio del proceso hasta el final del mismo, en vista de que
este derecho de los niños, niñas y adolescentes a diferencia de las otras ramas
del derecho; el derecho de alimentos del cual estamos reflexionando causa
trascendencia porque la toma de una decisión equivocada puede llegar a
cambiar, modificar, y alterar de manera esencial la vida de un ser indefenso.
Por esta razón la sede administrativa debe buscar un perfil adecuado con
requisitos mínimos, que deben tener los administradores de justicia en esta
rama de derecho.
Por ejemplo es muy importante que dentro de factores que determinen las
características principales de los jueces se tome en cuenta la innovación,
porque esta característica es relativamente importante en la toma de
decisiones, en vista de que los jueces que manejan la perspectiva que se
manejaba con anterioridad, buscan siempre inclinarse a realizar sentencias
más civilistas y no tan apegadas a las modernidad que la ley va adaptando con
el paso de los años, en cambio los jueces que siguen innovando sus criterios
aparejados al avance de las leyes tienen un enfoque más amplio de la realidad
procesal.
72
Otro punto que se debería tomar en cuenta es la experiencia deben tener los
jueces dentro de esta materia ya que los mismos van a ser ejecutores de las
tomas de decisiones tengan en materia de niños, niñas y adolescentes.
3.6 Vulneración y violación en el debido proceso.
En el punto 3.5 hicimos menciones al Interés superior de Niño, este a ser un
principio que conlleva un concepto bastante amplio, ocasiona que dentro de las
causas de alimentos se vulnere y violente el debido proceso ya que la toma de
decisiones se las hace mediante a la interpretación de lo que es el Interés
superior del Niño.
Las normas mencionadas en este principio en gran parte guardan vaguedad y
están sujetas a un sin números de interpretaciones que se caracterizan por ser
de carácter jurídico como psicosocial, que conformará una especie de excusa
para la toma de decisiones que después de ser ejecutoriadas no guarden
concordancia o lamentablemente consoliden un daño a alguna de las partes
procesales.
Esta no claridad que se mantiene hasta la actualidad respecto al tema
prenombrado un sin número de veces ha sido una herramienta de los
profesionales del derecho, a fin de violentar o vulneran el debido proceso en
los juicios que en las Unidades Judiciales se ventilan.
Esta problemática también se ve reflejada en las excusas que la autoridad a
manera discrecional adquiera cuando sus decisiones sean dirigidas hacia las
políticas predominantes y no a lo que este Interés superior enmarca en su
interior.
A este respecto cabe cuestionarse si el término "superior” debe ser
interpretado como prevaleciente en los adultos.
73
Por lo tanto se considera importante, capacitar a los jueces y funcionarios a fin
de que a pesar de que exista este Interés superior del Niño no se puede
vulnerar procedimientos que se encuentran tipificados en nuestras normas
legales, y eso debe poner en conocimiento de la sociedad para que este
Interés no permita que los funcionarios públicos tengan problemas al querer
apegar sus causas a los procedimientos legales.
3.7 Actuación Estatal respecto a la Justicia Indígena en materia de
alimentos de menores.
Después de haber realizado una ardua investigación en este campo, hemos
podido llegar a concluir que el derecho de alimentos de los niños, niñas y
adolescentes respecto a la actuación estatal dentro de este grupo sectorial, no
se encuentra normado a pesar de que el derecho de alimentos debe ser
manejado bajo una misma normativa a nivel global y hasta mundial,
dependiendo de los diferentes factores necesarios de cada estado; sin que
esto implique desvincular a los grupos de personas que tienen su propia
normativa consetudinal.
Lo que establece el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia en su inciso
cuarto en referencia al Interés superior del niño, es que: “Este principio
prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural" (…)
Es nuestro menester manifestar que tomando en cuenta lo indicado por el
prenombrado artículo, claramente se demuestra que dentro de estos grupos
llamados comunidad indígena el derecho de alimentos no se aplica de una
manera eficaz, ya que el derecho de alimentos de los niños, niñas y
adolescentes no se encuentran reglados de una manera efectiva en razón de
que las pensiones no están siendo reguladas ni cuantificadas bajo la tabla de
pensión alimenticia que se aplica en la actualidad como regla general.
74
El derecho de alimentos en este ámbito se ve vulnerado, ya que no se
encuentran en bases sólidas de aplicación.
Por ejemplo cuando un padre de familia que vendría a ser el demandado, pasa
los alimentos no cuantificados en un valor, sino en frutos, verduras, o pedazos
de tierras, lo cual por obvias razones no se encuentran regulados por la ley.
Este tema al ser el último de la Investigación realizada, marca gran diferencia
en todo lo que hemos analizado con anterioridad, puesto que a pesar de los
Tratados Internacionales, Mandatos Constitucionales y Códigos Especiales, la
garantía de cumplimiento de este derecho se ve violentado por las creencias
culturales.
Nos permitimos plantearnos la incógnita de: ¿Como la actuación Estatal
Administrativa y Judicial piensa actuar en este campo?; ya que es su
obligación garantizar el principio de igualdad para todos los ciudadanos
ecuatorianos, como lo manda nuestra Constitución en su Capitulo Primero en
el Art. 1 dice que:
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de
manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las
formas de participación directa previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado
pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 1)
75
Y también nuestra Carta Magna en su Capítulo Primero en el Art. 3, tipifica
que.
“Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales,
en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad
social y el agua para sus habitantes.
2. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.
3. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y
la riqueza, para acceder al buen vivir.
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la
seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de
corrupción.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, en sus
numerales primero, segundo, cuatro y octavo del Art. 3)
Después de señalar estos puntos fundamentales, que alternativa va a tomar el
Estado para garantizar este derecho de una manera equitativa, justa y sin
violentar ideologías que se le antepongan.
A nuestra manera de ver, seria optimo empezar brindando charlas a estas
comunidades, que les permitan tener un mejor y amplio conocimiento de que
pueden obtener ayuda legal dentro de esta materia, sin que eso implique que
tengan que dejar de pertenecer a su comunidad, o que pueda ocasionar que
pierdan su etnia cultural.
76
CONCLUSIONES
Uno de los factores para que surja el derecho de alimentos se deriva de los
rompimientos o inexistencia de los lazos familiares, por falta de compresión o
problemáticas diversas que se viven dentro del matrimonio o fuera de él; otro
factor se ve enfocado en aquellas relaciones superficiales que generan
embarazos no programados.
El derecho de alimentos tiene una inconsistencia jurídica notable al momento
de hablar de la obligación del alimentante, puesto que la obligación alimenticia
corresponde a los titulares principales de la misma sin embargo la ley trasmite
esta obligación a terceros sea estos, abuelos, hermanos mayores de veinte y
un años de edad y los tíos, lo cual ocasiona que haya un índice mayor de
evasión de la responsabilidad de los alimentantes principales.
El Estado como principal obligado a generar una tutela efectiva y cumplimiento
a cabalidad del derecho de alimentos, busca garantizar que el mismo no se
vea vulnerado bajo ninguna circunstancia, sin embargo en sede administrativa
se puede evidenciar que en ciertos puntos este derecho se ve desprotegido y
lo que es peor ocasiona que coaccione con otros derechos que se le cotejan, lo
cual nos encamina a mencionar que el derecho de alimentos no es una
responsabilidad derivada de la familia sino que abarca una obligación
concatenada a la actuación estatal y a la solidaridad social.
La efectividad del cumplimiento del derecho de alimentos se encuentra
resguardado por las actuaciones de diferentes organizaciones como el Consejo
de la Niñez y Adolescencia, que al ser un órgano de control busca asegurar la
protección integral del derecho de los niños niñas y adolescentes acatando
todas las medidas administrativas y legislativas necesarias aplicables a todas
las personas que se encuentran inmersas en este círculo. La Defensoría del
Publica del Ecuador es otra organización que mediante su conocimiento y
actuaciones legales se encamina a brindar asesoría legal a las o los actores de
77
las causas que no tienen recursos para defenderse legalmente en el juicio de
alimentos. El Instituto Interamericano del Niño, es un organismo que trabaja
conjuntamente con las anteriores en mención el cual equipara los derechos de
los niños niñas y adolescentes que busca un justo equilibrio legal de
aplicabilidad, ya que al ser una corporación internacional se encaja en el
desarrollo interno de la sociedad de cada país miembro.
El derecho de alimentos en sede judicial se encuentra reflejado en la nueva
tabla de pensión alimenticia creada para establecer un pago mínimo de las
pensiones alimenticias, que reduzca el índice de evasión del derecho de
alimentos y conlleve a un cumplimiento eficaz de la obligación que tienen los
padres con sus hijos.
Los juzgados de la niñez y adolescencia surgieron una transformativa al
convertirse en Unidades Especializadas de la Familia Mujer, Niñez y
Adolescencia que buscan objetividad en el trabajo dentro de la sede judicial, ya
que ahora no solo se conocen causas relacionadas con el derecho de
alimentos, sino todas aquellas causas que están relacionadas con los libros
primero y tercero del Código Civil.
El objetivo primordial de estas unidades judiciales se enfoca en la unificación
de causas y en el mejor manejo de las mismas mediantes actuaciones eficaces
y rápidas que den un mejor resultado para las necesidades de los usuarios.
El Estado en relación al interés superior del niño ha buscado promover
políticas de aplicabilidad y cambios de forma en las actuaciones
administrativas y judiciales para que el derecho de alimentos que se encaja
dentro del interés superior del niño se vea ejercido a cabalidad, dando una
imagen externa de una excelente gestión, que busca sobre cualquier otra cosa
la garantía indiscutible de la protección integral de los niños niñas y
adolescentes.
El incorrecto ejercicio del derecho de alimentos, puede vulnerar los derechos
78
de los demandados y también el debido proceso en las causas, ya que cuando
el demandado debe pagar las pensiones alimenticias tiene que endeudarse e
incluso muchas veces pierde su derecho a la libertad y si vamos más allá en
ocasiones pierde su nuevo hogar; también en algunos casos se ve vulnerado el
debido proceso dentro de las causas por dar un mal uso al principio
constitucional del interés superior del niño, subsanando cualquier conflicto a
pretexto de aquel y contrariando el verdadero espíritu de este derecho.
También muchas veces se ha observado el demandado se ha visto coartado
en el derecho de visitar a sus hijos, ya que las madres manipulan los
sentimientos de los hijos llenándoles de ira, desprecio y dolor, lo cual ocasiona
que los alimentados muestren un evidente rechazo a los alimentarios.
79
RECOMENDACIONES
Se deben realizar campañas que busquen concientizar a las familias sobre la
importancia de mantener unidos los lazos familiares, que demuestren lo
productivo que es tener una familia unida a pesar de las adversidades,
campañas que promuevan la unión y más no la separación, ya que los niños
niñas y adolescentes son el núcleo de las familias y el imán que atrae todas las
buenas como las malas vivencias y además ellos son los únicos que sufren las
consecuencias de las malas decisiones de los adultos; si bien es cierto esta
recomendación se desapega un poco de la normativa legal y se encamina a un
tema de humanidad, a nuestro criterio esto debe ser una herramienta utilizada
como política pública social.
Se debería realizar una reforma al Art. 5 de la Ley Reformatoria al Código de la
Niñez y Adolescencia puesto que los alimentantes subsidiarios no deberían
existir, ya que es injusto trasmitir la obligación generada por una persona a
terceros que no son dueños de ese acto.
Una de las características del derecho de alimentos es que es un derecho
intrasmisible y la obligación también debería ser acatada de esta forma en
razón que el Estado al ser el principal obligado responsable de la tutela
efectiva de este derecho, mediante políticas económicas que se concatenen a
lineamientos sociales, que garanticen el derecho sin que esto signifique
trasmitirlo a otros en esa magnitud, ya que genera una vulneración plena de los
derechos de los obligados subsidiarios que se produce porque prevalezca el
interés superior del niño.
Las organizaciones creadas para buscar el cumplimiento a cabalidad del
derecho de alimentos deben estar unidas por políticas de regulación internas
entre ellas que no las hagan dependientes de las demás, que generen un
trabajo en grupo, que pueda ir solucionando de una manera más eficaz y
completa los problemas que se van creando con el paso del tiempo dentro de
80
esta materia; con esto nos referimos a que el Consejo de la Niñez y
Adolescencia, la Defensoría Pública del Ecuador y el Instituto Interamericano
del Niño deberían trabajar a la par, de la mano detectando los problemas que
se suscitan día a día y creando alternativas de soluciones que no se dirijan a
destapar un hueco para tapar al otro, al contrario que se visualicen en tapar
todos los huecos con ayudas dirigidas para de esta manera estar realmente
alcanzando el verdadero significado del interés superior del niño respecto al
derecho de alimentos.
El valor a cancelar por concepto por alimentos establecido conforme la tabla
mínima de pensiones alimenticias dentro de un juicio de alimentos, a nuestro
parecer se debería dividir entre ambos padres por así decirlo un 80 % de ese
valor lo pagaría el alimentante y el otro 20% la madre, ya que la obligación de
alimentos es una obligación conjunta correspondiente a los progenitores del
niño, obviamente esta aplicación debe basase tomando en cuenta los ingresos
de la actora.
De esta manera el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes
sigue resguardado, sin embargo se evitaría que de cierta manera se vulnere la
posibilidad de pago del demandado y esto puede generar que haya menor
incumpliendo en el pago de las denominadas pensiones alimenticias.
En consecuencia, al momento de establecer una pensión alimenticia no se
beben vulnerar los derechos del demandado, se deben tomar en cuenta los
gastos que estos tienen y también se deben ver los ingresos de la parte actora
para equilibrar lo que respecta nuestra justicia.
El cambio que se ha generado al pasar de ser Juzgados de la Niñez y
Adolescencia, al convertirnos en Unidades Judiciales Especializadas en la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, si bien es cierto ha ocasionado un
cambio de imagen que la gente de afuera lo puede percibir por las nuevas
infraestructuras creadas, no ha constituido un cambio radical, ya que la
81
realidad es otra; por lo tanto recomendamos que se siga manteniendo el
sistema operacional que se manejaba en los juzgados de la niñez y
adolescencia, ya que en las unidades judiciales la carga procesal recae sobre
los jueces y los secretarios y es imposible sobrellevar tanta carga sin tener el
apoyo de los funcionarios judiciales; otra recordación seria contratar más
funcionarios capacitados y que sepan de la materia, para de esta forma estar
realmente protegiendo el derecho de alimentos mediante un sistema de
operatividad que sea excelente, legal, consecuente, proporcional y sobre todo
que aplique la celeridad pero de una manera apta que no conlleve error y que
este genere un trabajo y gasto adicional.
La protección integral de los niños niñas y adolescentes deben estar en
constante seguimiento, lo cual implica que el Estado debe delegar funciones a
personas externas de la administración y el Consejo de la Judicatura en la de
sede judicial para que periódicamente estén en contacto con los jueces,
secretarios, ayudantes judiciales y personal de administración recaudando
necesidades que estos tengan, ya que las personas que manejan la
administración y aplicabilidad de este derecho también deben encontrarse en
un entorno óptimo de trabajo, porque aunque no lo crean este es un foco de
motivación o desmotivación para realizar un buen trabajo, y por obvias razones
eso vincula de manera directa a la eficacia y eficiencia con la cual se manejan
las directrices para un apto cumplimiento del derecho de alimentos de los
niños, niñas y adolescentes.
Al momento de establecer una pensión alimenticia no se deben vulnerar los
derechos del demandado, se deben tomar en cuenta los gastos que estos
tienen y también se debe ver los ingresos de la parte actora para equilibrar lo
que representa nuestra justicia.
Sería óptimo en las audiencias dedicar un tiempo para una mediación con las
partes para ponerles en conocimiento de que los problemas que tengan entre
ellos se deben desvincular con las relaciones que mantengan con sus hijos,
82
puesto que es de suma importancia cuidar desde casa el ámbito psicológico de
los niños, niñas y adolescentes, y hacerles entender que a pesar de que ellos
hayan roto sus lazos familiares sus hijos requieren tener una imagen de su
madre y de su padre; no se les puede arrebatar este derecho de tener a sus
padres así sea por separado, por un sentimiento que consume a la parte actora
o a la parte demandada, por lo que se debería impulsar la conciliación y la
mediación, sin renuncia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
También es importante generar políticas lineales de la aplicabilidad del debido
proceso, donde haya una tendencia unificada de uso de las leyes que no
subsanen su falta de aplicabilidad privilegiando en el principio del interés
superior del niño.
El Estado debería enfocar su interés en buscar la manera de proporcionarles a
los niños niñas y adolescentes de las comunidades indígenas el acceso a justo
derecho de alimentos, sin que esto afecte la costumbre y actividades
consuetudinarias de los indígenas.
Pero si sería importante poder llegar a ellos mediante inducciones y debates
para que quieran acatar esta modalidad de que engloba el derecho de
alimentos dentro de su modo vivendus, en virtud que los derechos del niño son
reconocidos a nivel internacional y todos los niños de nuestra sociedad deben
tener la misma tutela efectiva de sus derechos y acceso a la justicia.
Una recomendación viable seria que el Consejo de la Niñez y Adolescencia al
hacer uso de la interpretación del Art. 156 de la Constitución de la Republica, lo
ejerza sin necesidad bajo todos sus parámetros de aplicabilidad, pero sin que
esto signifique anteponer su opinión ante la de los Jueces de la Familia Mujer,
Niñez y Adolescencia.
Sería pertinente realizar una reforma al artículo innumerado 4, numeral 2 del
Código de la Niñez y Adolescencia, en razón de que el derecho de alimentos
83
debería ser hasta los 23 años, tomando en cuenta la solvencia económica de
las partes procesales.
Es óptimo tener en cuenta la urgencia de la creación de un artículo que se
enfoque en la obligación de realizar un examen psicológico a las partes
procesales dentro del litigio, puesto que esto sería una herramienta que
permita que los ejecutores de justicia tengan una visión un tanto más clara de
la situación externa fuera de las salas de audiencia para de esta manera tener
una mejor decisión al momento de realizar las sentencias y también que esto
genere un manejo y control más apegado a la realidad mientras dure el juicio
de alimentos, y esto se lo podrá lograr haciendo uso de las Oficinas Técnicas
asignadas a las Judicaturas.
Es recomendable que se cree una Ley que establezca que todas las personas
que son parte de esta sociedad paguen un impuesto de un dólar a dos
dólares mensuales que creen un presupuesto que sirva para garantizar que
aquellos niños, niñas, y adolescentes que no tienen a sus padres puedan gozar
de este derecho sin que esto genere que existan los obligados subsidiarios,
sino que esto genere que mediante el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, se tenga un fondo que provenga de obligados subsidiarios llamados
sociedad.
84
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