Fallo YPF c / Energas + Dictamen de la Procuración

8/17/2019 Fallo YPF c / Energas + Dictamen de la Procuración

1/14

Y. 11. XXXVI.Y.P.F. S.A. c/ Enargas - resols. 421/97 y478/97.

Procuración General de la Nación

-1-

S u p r e m a C o r t e:

- I -

YPF S.A. interpuso recurso extraordinario contra la

sentencia de fs. 242/247, de la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III), que

rechazó su pretensión tendiente a que se declare la nulidad de

los arts. 1 1 , 9 1 y 10 de la resolución n. 1 421/97 del Ente

Nacional Regulador del Gas (t.o. por res. n. 1 478/97). El

primero, porque incluye en la figura de "comercializador"

-prevista en el art. 14 de la ley 24.076- a los productores

que compren gas natural de la producción de terceros o su

transporte para luego venderlo, y los restantes, porque aten-

tan contra el principio de legalidad (fs. 250/262).

Sostuvieron los jueces, en esencia, que las dispo-

siciones atacadas no vulneran el principio de legalidad, por-

que los arts. 52, inc. ñ, 71 y 72 de la ley 24.076 facultan al

Ente Nacional Regulador del Gas (en adelante ENARGAS) a

reglamentar el procedimiento para la aplicación de sanciones,

asegurando el principio del debido proceso, y los arts. 9 1 y 10

de la resolución cuestionada sólo aplican penas a conductas u

omisiones contrarias a la ley o a su reglamento, al tiempo que

utiliza criterios similares a los previstos en el citado art.

71.

En cuanto a la inclusión de los productores en el

concepto de comercializador de gas que prevé el art. 14 de la

ley antes mencionada, desestimaron las objeciones de YPF S.A.

-consistentes en que la ley sólo contempla en dicha categoría

a los que compran "por cuenta" de terceros y no a los que

también lo hacen "por sí", como equivocadamente lo hace la

resolución que impugna-, porque si se admitiera una interpre-

tación estrictamente literal de aquella disposición se des-


2/14

-2-

virtuaría la intención que tuvo el legislador al sancionarla,

según concluyeron luego de examinar las intervenciones de los

distintos diputados y senadores que participaron del debate

parlamentario en donde se discutió y sancionó la ley.

Por otra parte, consideraron que la actividad de YPF

S.A., cuando compra gas a terceros y luego lo vende, tiene las

mismas características que las que de un comercializador ydifiere de la conducta típica de un productor, de ahí que

aplicar un régimen jurídico distinto a situaciones análogas no

sólo violaría el principio de igualdad, sino que tampoco

respetaría la defensa de la libre concurrencia para evitar

distorsiones en los mercados, que también es un valor

constitucional (arts. 16 y 42, segundo párrafo de la Ley Su-

prema) pues, de otro modo, aquella actividad no tendría nin-guna regulación, dado que no está contenida cabalmente en la

figura del productor ni en la de ningún otro sujeto de la ley.

Asimismo, estimaron que no hay inconvenientes en que un

productor también revista la condición de comercializador.

- I I -

El recurrente sostiene que el fallo vulnera losprincipios de jerarquía normativa y de legalidad, al tiempo

que conculca los derechos constitucionales de ejercer libre-

mente el comercio y de inviolabilidad de la propiedad.

En síntesis, sus agravios consisten en: a) que la

resolución impugnada vulnera los arts. 18 y 19 de la Consti-

tución Nacional, porque, al asimilarlo a la figura del comer-cializador, lo sujeta a un régimen sancionatorio en donde las

penas están determinadas por un acto administrativo y torna

más gravosa su actividad económica, toda vez que le impone una

serie de requisitos inconstitucionales que podrían, incluso,


3/14



-3-

llegar a suspender sus operaciones, dado que el art. 10

confiere al ENARGAS la facultad de sancionar con la "sus-

pensión temporal o definitiva de la actividad" llevada a cabo

por los sujetos comprendidos en su régimen; b) pese a que el a

quo definió correctamente a la figura del "comercializador",

se equivoca cuando, en vez de averiguar si YPF S.A. compra y

vende gas natural por cuenta de terceros, se interna en el

análisis del debate parlamentario. En su concepto, dilucidar

aquella cuestión es determinante para resolver la cuestión, ya

que no intermedia en el mercado de gas natural; c) la Cámara

omitió tratar su agravio relativo a que el ENARGAS carece de

competencia para reglamentar el art. 14 de la ley 24.076, pues

ello es facultad del Poder Ejecutivo Nacional; d) la sentencia

prescindió de la primera fuente de interpretación de la ley

-su letra- y no corresponde recurrir a otras fuentes cuando su

texto es claro, tal como sucede en el caso. Insiste en que no

actúa como comercializador, en los términos legales, porque

todas las compras y ventas de gas que realiza son a su propio

costo y por su exclusiva cuenta; e) el análisis del

tratamiento legislativo del proyecto de ley que luego se

convirtió en la 24.076 no parece indicar la conclusión final a

la que arribó el a quo, porque las comisiones parlamentarias

que intervinieron en su examen, restringieron la figura del

comercializador a quien compra y vende gas natural por cuenta

de terceros -de manera distinta a la opinión del Senado,

cercana a la que postula el ENARGAS-, sin que la mera

intervención de dos diputados cuando se discutía el proyecto

en la Cámara de Diputados modifique esta conclusión; f) el a

quo también se equivoca cuando afirma que la actividad de YPF

S.A. -cuando compra gas de terceros y luego lo vende- tiene

las características propias de un comercializador y deja de

ser productor, porque realizar aquella actividad no es


4/14

-4-

suficiente para estar comprendido en el art. 14 de la ley

24.076, dado que de otro modo, nunca se podría determinar

cuándo YPF actúa como productor y cuándo como comercializador,

ya que una vez que el gas natural ingresa a su dominio se

confunde con el de su propia producción. Por otra parte, la

compra y venta por cuenta de terceros no es una situación

análoga a la compra y posterior venta, ya que son actividadeseconómicas distintas, pues el riesgo y la recompensa son

diferentes; g) los jueces no pueden legislar ni extender los

conceptos legales, ya que si la actividad no se encuentra

regulada, aquéllos no pueden incluirla en una u otra

categoría.

- I I I -El recurso extraordinario es formalmente admisible,

pues en autos se discute la inteligencia de normas federales

(art. 14 de la ley 24.076 y resolución 421/97 [t.o. res.

478/97] del ENARGAS) y la decisión del superior tribunal de la

causa es contrario a los derechos que el apelante funda en

ellas (art. 14, inc. 3 1 de la ley 48 y Fallos: 319:2602, entre

otros).

- I V -

Así planteada la cuestión, cabe recordar que la ley

24.076 diferencia entre los sujetos de la industria del gas

natural y los comprendidos en el citado cuerpo normativo (art.

9 1 ) y, al definir a estos últimos, señala que aquel que "compra

y vende gas natural por cuenta de terceros" se consideracomercializador (art. 14). En tales condiciones, el thema

decidendum consiste en determinar si el productor que compra

gas natural de terceros o su transporte para luego venderlo se

encuentra comprendido en aquella figura.


5/14



-5-

Desde mi punto de vista, la respuesta es negativa,

porque aquél compra para sí, de tal forma que el gas que ad-

quiere ingresa en su patrimonio y se confunde con el propio,

sin que pierda esta última condición porque después lo venda.

El comercializador, en tanto, no adquiere el producto para sí,

sino que compra y vende por cuenta de terceros, sin que sea un

obstáculo para ello el hecho de que acopie o acumule gas para

luego venderlo.

El texto legal, a mi modo de ver, es claro en cuanto

al requisito que se debe cumplir para estar incluido en la

categoría de comercializador: comprar y vender gas por cuenta

de terceros, situación en la que -tal como lo reconoce el a

quo- no se encuentra el apelante, pese a que, en su carácter

de productor, también adquiere gas de terceros. Por ello,

resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal a cuyo tenor

la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, de

la que no cabe apartarse cuando ella es clara (doctrina de

Fallos: 314:1018; 315:1256), pues de otro modo se podría lle-

gar a una inteligencia que, sin declarar la inconstituciona-

lidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su

texto (Fallos: 316:1247; 318:198 y 441).

Por otra parte, si bien es cierto que, en el caso,

no existe plena coincidencia entre los dictámenes previos de

las comisiones legislativas que examinaron el proyecto de ley

y las intervenciones de los legisladores que participaron en

su discusión parlamentaria, es pertinente recordar que, desde

antiguo, V.E. ha señalado que el valor de las últimas son

" simples manifestaciones de opinión individual de las personas

que las pronunciaron, y que no fueron establecidas o admitidas

claramente en el texto de la ley que se discutía " (Fallos:

77:319, cons. 7 1 ) y, en tales condiciones, mantiene vigencia el

aludido principio general en materia de interpretación de la


6/14

-6-

ley.

En otro orden de ideas, considero que asiste razón

al apelante cuando señala que no puede ser incluido en la

figura de comercializador solamente porque su actividad no

está contenida cabalmente en la de productor, ya que es claro

que tampoco está comprendida en la primera de aquéllas. Es que

no se debe extender los alcances del precepto legal más alládel ámbito natural que surge de sus términos, porque no se

trata de incluir forzosamente actividades en una categoría,

sino de aplicar el texto tal cual está concebido.

Atento a lo expuesto, estimo que la resolución ad-

ministrativa impugnada, en cuanto incluye en el concepto de

comercializador al productor que compra gas de terceros para

su venta posterior, carece de sustento legal, es ilegítima y,por lo tanto, que resulta innecesario examinar las quejas

relativas al régimen de penalidades que establece.

- V -

Opino, por ello, que corresponde revocar la senten-

cia de fs. 242/247 en cuanto fue materia de recurso extraor-

dinario.Buenos Aires, 26 de diciembre de 2002.-

Fdo.: Nicolás Eduardo Becerra

Es Copia


7/14


Corte Suprema de Justicia de la Nación

-7-

Buenos Aires, 31 de mayo de 2005.

Vistos los autos: AY.P.F. S.A. c/ Enargas - resols.

421/97 y 478/97".

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclu-

siones del dictamen del señor Procurador General de la Nación,

al que se remite en razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario

y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos

al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se

dicte nueva sentencia con arreglo a la presente. Notifíquese y

devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)-

AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT (en disidencia)-

ANTONIO BOGGIANO - JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia)- E.

RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARMEN M.

ARGIBAY.

ES COPIA

DISI -//-


8/14


9/14



-9-

-//-DENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S.

FAYT Y DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

1 ° ) Que los antecedentes de la causa y la procedencia

formal del recurso extraordinario interpuesto por la parte

actora, han sido tratados por el señor Procurador General en

los acápites I a III de su dictamen, a cuyas consideraciones

cabe remitirse en razón de brevedad.

2 ° ) Que, en consecuencia, corresponde examinar si ha

sido correcto el alcance que el tribunal a quo atribuyó al

art. 14 de la ley 24.076, con sustento en el contenido del

debate parlamentario que dicha norma suscitó. La conclusión a

la que se llegue sobre este punto, determinará si la resolu-

ción impugnada en esta causa C resolución ENARGAS 421/97, en su

texto ordenado por la resolución ENARGAS 478/97 C traduce,

como alega la recurrente, un exceso reglamentario que vulnera

el art. 31 de la Constitución Nacional y, un vicio en la com-

petencia del órgano que reglamentó la ley.

3 ° ) Que aquella norma en su redacción vigente esta-

blece: "Se considera comercializador a quien compra y vende

gas natural por cuenta de terceros".

4 ° ) Que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso

Nacional un proyecto de ley sobre "Producción, transporte y

distribución de gas natural y privatización de Gas del Estado @

en cuyo art. 10 se establecía: ASe considera intermediario a

quien, como corredor o comercializador, dispone por compra uotro título de gas natural y lo vende solamente a

distribuidores y/o grandes consumidores" (Diario de Sesiones,

Cámara de Senadores de la Nación, págs. 4084/4096). Al ser

tratado este proyecto en la Cámara de Senadores, el dictamen


10/14

-10-

conjunto de las comisiones parlamentarias que tomaron

intervención aconsejó la aprobación del proyecto con algunas

modificaciones, entre ellas, la del artículo que se examina,

que quedó redactado así: "Art. 14.- Se considera comerciali-

zador a quien dispone por compra u otro título gas natural y

lo vende a terceros" (ídem. cit. ant., pág. 4075).

5 ° ) Que aquel proyecto del Senado obtuvo media san-

ción en la reunión celebrada el 14 de noviembre de 1991 (ídem.

cit. ant., pág. 4125) y al ser elevado y tratado por las

comisiones de Energía y Combustibles, de Obras Públicas, de

Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara

de Diputados de la Nación, en el dictamen elaborado por éstas

se aconsejó la aprobación de dicho proyecto con nuevas

reformas. Entre ellas, se propuso la siguiente redacción del

art. 14: "Se considera comercializador a quien compra y vende

gas natural por cuenta de terceros". Según se expresó en dicho

informe "En el artículo 14 se modificó la definición del

comercializador, restringiéndolo a quien compra y vende gas

por cuenta de terceros" (Diario de Sesiones, Cámara de Dipu-

tados de la Nación, págs. 6354/6355 y 6365).

Al producirse el tratamiento en particular de este

artículo en la Cámara de Diputados, el diputado por la pro-

vincia de Tucumán, Fernando López de Zavalía, planteó una

concreta observación a aquella norma en los siguientes térmi-

nos: "...este artículo...presenta una modificación respecto al

de la sanción del Senado. En el actual se considera comer-

cializador a quien compra y vende gas natural por cuenta de

terceros. Literalmente, para que cumpla lo establecido por el

artículo debe tratarse de quien compra y vende por cuenta de

terceros. Me pregunto qué pasará con el que compró por cuenta

propia y vende luego a terceros. Es algo que debiera tenerse

en cuenta para que no quede una incongruencia con lo dispuesto


11/14



-11-

por el artículo 12". (ídem cita ant. págs. 6546). Esta

observación fue respondida por el diputado de la Provincia de

Santa Fe, Gualberto Edgardo Venesia C quien respondió en nombre

de la comisión A...a cada uno de los diputados que formularon

observaciones al Capítulo I" C , en términos contundentes: "Con

respecto a la interpretación que la comisión daba al artículo

14, ésta acepta el criterio de que aquélla debe ser para ambos

casos". Este texto, Acon las modificaciones propuestas y

aceptadas por la comisión..." es el que el Presidente de la

Cámara de Diputados somete a votación de los diputados y

resulta aprobado en la misma sesión (ídem cit. ant. págs.

6549/6550).

Por último, el proyecto vuelve en revisión a la

Cámara de Senadores, oportunidad en la que el miembro infor-

mante, senador por la Provincia de Chubut, César Mac Karthy

propone aprobar "Los cambios realizados por la Honorable Cá-

mara de Diputados...", aunque, al momento de reseñar esos

cambios omite toda mención del art. 14. En consecuencia, sin

que se debatiera el texto de dicho artículo, la Cámara de

Senadores sancionó definitivamente el proyecto de ley (Diario

de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, págs. 528/529 y

549).

6 ° ) Que lo expuesto permite percibir con claridad una

falta de concordancia entre la definición de comercializador

que C en su literalidad C contiene el art. 14 de la ley 24.076 y

la expresa voluntad del legislador que quedó plasmada en el

debate con la exposición del diputado Gualberto Edgardo

Venesia, miembro de la comisión que realizó el estudio y

despacho del proyecto y que, en el recinto de diputados, fue

quien C sin que mediara la intervención de otros miembros de la

comisión ni de otros diputados C respondió en nombre de ésta

las observaciones formuladas con el objeto de aclarar el


12/14

-12-

alcance de la disposición en examen.

7 ° ) Que, entonces, es pertinente recordar lo soste-

nido reiteradamente por el Tribunal en el sentido de que es

propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de las

leyes más que guiarse por el rigor de las palabras en que

ellas están concebidas (Fallos: 323:2117). En efecto, no es

siempre método recomendable, atenerse estrictamente a las

palabras de las leyes, ya que el espíritu que las informa es

lo que debe rastrearse en procura de su aplicación racional

(Fallos: 312:802; 314:1042 y el allí citado; 320:521). En

palabras de esta Corte, no es el espíritu de la ley el que

debe subordinarse a las palabras sino éstas a aquél (Fallos:

322:1699)

En especial, esto es así en el sub examine , pues si

bien es cierto que las palabras o conceptos vertidos en el

seno del congreso con motivo de la discusión de una ley, son

en general simples manifestaciones de la opinión individual de

los legisladores que los pronuncian (Fallos: 77:319), no puede

decirse lo mismo de las explicaciones, aclaraciones o informes

de las comisiones parlamentarias encargadas del estudio de los

proyectos que despachan, puesto que debe suponerse que ellas

efectúan un examen minucioso y detenido del fondo y la forma

de dichos proyectos y, en consecuencia, constituyen una fuente

legítima de interpretación (ver Fallos: 318:676, disidencia

del juez Petracchi, considerando 12 y los allí citados; 100:51

y 337; en especial 114:298 y 115:186).

8 ° ) Que, en consecuencia, es pertinente atender a la

voluntad expresa del legislador en el sentido de comprender en

el concepto de comercializador tanto a quien compra gas

natural por cuenta propia y posteriormente lo vende, cuanto a

quien lo hace por cuenta de terceros, interpretación que, por

otra parte, es la que más se compadece con el propósito


13/14



-13-

declarado en la ley de promover "...la competitividad de los

mercados de oferta y demanda de gas natural..."; "proteger

adecuadamente los derechos de los consumidores" y de facultar

a la autoridad de aplicación para "prevenir conductas

anticompetitivas, monopólicas o indebidamente discriminatorias

entre los participantes de cada una de las etapas de la

industria..." C art. 2 ° , incs. a y b; art. 52, inc. d, de la

ley 24.076 C .

9 ° ) Que así definido el concepto de comercializador

por el art. 14 de la ley 24.076, no cabe asignar a la resolu-

ción administrativa impugnada la configuración de un exceso

reglamentario prohibido por el art. 31 de la Constitución

Nacional o un vicio de incompetencia en el ejercicio del poder

reglamentario, pues el alcance de dicho concepto C según se

señaló precedentemente C no proviene de una indebida expla-

nación contenida en la reglamentación, sino de la propia fi-

gura creada por el legislador.

Tampoco resulta atendible el agravio relativo a que

la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Comercia-

lizadores y de Contratos de Comercialización y el pago de un

derecho de inscripción de dos mil pesos ($ 2.000) dispuestos

por la resolución ENARGAS 421/97, t.o. por la resolución

478/97 (que reposa en el ejercicio de facultades que conceden

a ese ente, la ley 24.076, en el art. 52, incs. d, x y t)C ver, por remisión de este último, los arts. 75 y 78 de la ley

17.319 C y el decreto 1738/92, anexo I, art. 38), vulnera el

art. 14 de la Constitución Nacional, en tanto únicamente se

basa en la escueta alegación de que tal previsión "...comporta

una indebida restricción a la libertad de comerciar, que sólo

podría haber sido dispuesta por el Congreso Nacional..." (fs.

253).

10) Que, sentado lo anterior, deben ser rechazadas


14/14

-14-

las impugnaciones relativas a la inconstitucionalidad del

régimen de penalidades previstos por la resolución del ENARGAS

421/97 (texto ordenado por la resolución del mismo ente

478/97), pues en tanto remiten a la hipótesis de la eventual

aplicación de una sanción, constituyen un cuestionamiento

abstracto que provocaría la intervención de esta Corte en un

simple carácter consultivo (doctrina de Fallos: 307:531 y1656; 310:211; 316:687; 321:221, entre muchos otros).

Por lo expuesto, habiendo dictaminado el señor Procurador

General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto y se

confirma la sentencia recurrida. Las costas correrán por su

orden, en atención a la complejidad de la cuestión planteada

(art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comer-

cial de la Nación). Notifíquese, regístrese y, oportunamente,devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARLOS S. FAYT - JUAN

CARLOS MAQUEDA.

ES COPIA

Documents

Fallo YPF c / Energas + Dictamen de la Procuración