feminismo mujeres rurales

Negadas a la existencia y condenadas a la desaparicin. Un estudio acerca de lasluchas de las mujeres rurales en Argentina y Brasil desde la perspectiva de gnero

Titulo

Bidaseca, Karina - Autor/a Autor(es)Ruralidades latinoamericanas. Identidades y luchas sociales En:Buenos Aires LugarCLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Editorial/Editor2004 Fecha

Coleccinmujeres rurales; genero; sociologia rural; trabajadores rurales; campesinas;Argentina; Brasil ;

Temas

Captulo de Libro Tipo de documentohttp://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110124033325/10Bidaseca.pdf URLReconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genricahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es

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A las Mujeres en lucha de Argentinay las Quebradeiras de cco babau de Brasil.

En memoria de Joaquina.Ningum escuta meu grito, desconhece o meu sufoco,

escondida l no mato, com fome quebrando cco... Di (MIQCB)

Venimos de familias que andaban en sulky o a caballo por los campos, abriendo surcos,

cosechando a mano y hasta pariendo en el monte Annimo (MML)

I n t r o d u c c i n * *

HACIA FINES de las dcadas del siglo XX, en Amrica Latina, lasmujeres rurales han cumplido un rol decisivo en las movilizaciones en

NEGADAS A LA EXISTENCIAY CONDENADAS A LA DESAPARICIN

UN ESTUDIO ACERCA DE LAS LUCHASDE LAS MUJERES RURALES EN ARGENTINA Y BRASIL

DESDE LA PERSPECTIVA DE GNERO

KARINA BIDASECA*

* Magister en Investigacin en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. **Quiero agradecer el apoyo inestimable del Prof. Alfredo Wagner Berno de Almeida y del Grupo deEstudos Rurais e Urbanos de la Universidad Federal de Maranhao. A la Dra. Susana Aparicio por susvaliosos aportes y comentarios y a la Dra. Carla Gras. A las mujeres en lucha de Argentina y a las que-bradeiras de cco babau de Brasil, por la generosa recepcin de esta investigacin. Desde ya, mi gra -titud al Programa de investigaciones CLACSO-Asdi para investigadores junior, que posibilit la realiza-cin de este estudio.

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RURALIDADES LATINOAMERICANAS. IDENTIDADES Y LUCHAS SOCIALES

torno a la lucha por la tierra en el seno de las organizaciones agrariasy movimientos sociales. Es el caso de dos organizaciones especficas.Por un lado, el Movimento Interestadual das Quebradeiras de CcoBabau ( M I Q C B ), integrado por mujeres rurales sem terra, p o s s e i r a s1 ocon acceso a tierras expropiadas por el gobierno, localizado en laregin Nordestina de Brasil, surgido en 1989 a partir de ciertasdemandas especficas: la preservacin y el libre acceso a un recursoespecfico sobreexplotado, el coco b a b a u, y el acceso a la tierra. Y porel otro, el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha ( M M L ) ,que naci en la provincia de La Pampa, Argentina, en 1995, resistien-do la expropiacin de las tierras embargadas por procesos de endeu-damientos con las bancas oficiales y privadas, y que est conformadopor mujeres pequeas y medianas productoras o esposas de producto-res agropecuarios pertenecientes a un sector social de gran relevanciasocial y poltica que lo distingue del resto de Amrica Latina: los cha-careros o f a r m e r s .

En estos ltimos aos, los sectores rurales, fundamentalmentelos pequeos y medianos productores y los trabajadores, se vieronafectados por las profundas transformaciones macroestructuralesdesarrolladas en la regin que determinaron un deterioro crecienteen su calidad de vida llegando a cuestionar su permanencia en elcampo. En este contexto, surgen a modo de resistencia formas deorganizacin colectiva y movimientos sociales que, si bien en algunoscasos articulan demandas que remiten a organizaciones de antaocomo la lucha por la tierra, impactan por la originalidad de su reper-torio de acciones.

La movilizacin de mujeres rurales es uno de los rasgos quecaracterizaron a los movimientos latinoamericanos desde siempre. Enlos ltimos tiempos, la participacin femenina puede enmarcarse enun proceso de consolidacin del movimiento de mujeres en la reginque, en la arena internacional, se expres en la Declaracin de lasNaciones Unidas de la Dcada de la Mujer (1975-1985); laConvencin contra todas las formas de discriminacin contra lasmujeres (1979), as como en las conferencias realizadas en las ciuda-des de Mxico (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing(1995), que esgrimieron como temas de inters, entre otros, la propie-dad y el derecho a la tierra basados en la igualdad de los gneros(Deere y Len, 2001).

1 Con este trmino se alude a los ocupantes ilegales de tierras.

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Las acciones colectivas promovidas por las mujeres rurales en estasdcadas surgen dentro de un movimiento ms amplio de mujeres,cuyos rasgos asumen la heterogeneidad de las caractersticas propiasde las mujeres latinoamericanas en etnias, culturas, creencias. Dichosmovimientos quebraron con sus prcticas patrones culturales tradi-cionales de comportamiento colectivo y adoptaron nuevas formas derelacin poltica con el poder local, nacional e internacional.

En Argentina, tal proceso de politizacin de las mujeres ruralesno se ha observado tan frecuentemente. La lucha por la tierra se insta-la de este modo como la extensin de los procesos de democratizacinde los derechos de campesinos y de productores rurales (Tavares dosSantos, 1994).

Nuevos actores irrumpen en el escenario social demandandonuevos derechos, defendiendo derechos ya adquiridos o anunciandoque algo nuevo est sucediendo en el orden de lo social.

Surge de este modo la necesidad de analizar y comprender laaccin de estos sujetos a partir del estudio de la accin colectiva ef-mera o cristalizada en organizaciones.

Este tipo de organizaciones provienen de conflictos no slo porla apropiacin econmica sino por la apropiacin del tiempo, el espa-cio, las relaciones de la vida cotidiana, la centralidad que adquierenlos cuerpos2; y su espacio de accin es el de las polticas desinstitucio-nalizadas. Los participantes de la accin colectiva no slo intervienena partir de una orientacin econmica o racional de la accin. Suinvolucramiento se relaciona con la bsqueda de solidaridad e identi-dad, y en el caso especfico de las mujeres con lo que he dado en deno-minar en un trabajo reciente la construccin de una cultura emotivade la resistencia (Bidaseca, 2003). La identidad de estas mujeres, supropia nominacin como quebradeiras o mujeres en lucha, se erige ascomo categora poltica.

Philippe Mc Michael (citado por Murmis, 1998) ha expresadoque las transformaciones actuales que tienen lugar en el agro podanoperar en dos sentidos, en tanto el campo poda asumir dos lugares: ellugar de la resistencia o el lugar de la innovacin.

KA R I NA BI DA S E C A

2 Las luchas sociales que se desarrollaron en el contexto del estado de bienestar de la posguerra dieronorigen a movimientos sociales clasistas en tanto agentes histricos cuyo destino marcha hacia un des-tino de liberacin (Melucci, 1994) y cuya accin se basaba en la lucha contra el desarrollo capitalista,en demandas de acceso al Estado y expansin de la ciudadana.

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A partir de estas teorizaciones analizaremos la incorporacin de muje-res campesinas, pequeas productoras, trabajadoras rurales o sem terra,en las movilizaciones y/o acciones colectivas al interior de estas dosorganizaciones de mujeres; sus reivindicaciones; alianzas con otrosmovimientos sociales agrarios o urbanos nacionales e internacionales;las respuestas locales y traducciones (Long, 1992) a los procesosmacroestructurales en los que se actualizan y enriquecen cuestionesligadas a la posibilidad de innovacin organizativa y poltica, a partir delas nuevas formas que adquieren las luchas agrarias y la constitucin dela identidad femenina en el espacio dual de lo pblico y lo privado.

Comprenderemos a ambas organizaciones como respuestas otraducciones que las mujeres rurales elaboran frente a los conflictosque traen aparejados los procesos de desestructuracin (redefinicio-nes identitarias, exclusin, violencia, deterioro del medio ambiente,etc.) sustentando la validez de un anlisis comparativo en un intentode teorizacin centrado en la capacidad agencial de las mujeres. Enefecto, las mujeres que integran ambas organizaciones comparten sucondicin femenina y preocupaciones similares que se expresan endemandas concretas que requieren ser inscriptas en el espacio de lanegociacin poltica. Como sostiene Jelin (1987): las mujeres noconstituyen un grupo social en s, sino que se trata de una categorasocial transversal a las clases, a los grupos tnicos, a las comunidades,a las naciones (Jelin, 1987: 10).

Nos interesa especialmente comprender la politizacin de lavida cotidiana que denota la lucha de la mujer rural por la tierra o losrecursos naturales, y los logros alcanzados as como los obstculoshallados para conquistar las demandas colectivas. Abordaremos elestudio partiendo de la consideracin que elabora Chantal Mouff e ,quien plantea que la construccin de nuevos derechos requiere de laconstruccin previa de identidades polticas.

Nuestra investigacin tomar tres niveles analticos: el macroe-conmico institucional; el macrosocial, que incluye las grandes ten-dencias en relacin con la estructura social agraria; y el nivel de lasacciones, esto es, las traducciones que los actores realizan de estastendencias en escenarios locales.

La mirada estar centrada en el continuo supervivencia-resis-tencia-innovacin o cambio que plantea Melucci (1994), en el que sesita la experiencia cotidiana de las mujeres y que otorga a la polticaotros sentidos: como quiebre, irrupcin, ruptura, sedimento de losocial (Laclau y Mouffe, 1987).

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El escenario econmico social global y local como contexto de surgimiento de las organizaciones

Las ltimas dos dcadas del siglo XX se caracterizaron por la hege-mona del discurso neoliberal que comenz a circular con fuerza enel orden internacional a partir de los aos setenta. Con el mismofueron recuperadas las ideas neoclsicas del mercado que afirmanque un mercado libre y sin trabas rinde una mayor produccin yriqueza, argumento que se torn eficaz para lograr reducir la accinde los gobiernos.

Estas polticas reconocen su origen en el Consenso deWashington, espacio generado por los funcionarios econmicos deEE.UU., el FMI y el Banco Mundial. El mismo implic un conjunto depolticas de liberalizacin econmica que estipulaban restaurar la dis-ciplina fiscal aumentando la eficiencia en la recaudacin y disminu-yendo el gasto pblico; reducir la presencia del Estado en la economapromoviendo la privatizacin y la desregulacin, y efectuar la libera-cin comercial3. Su objetivo bsico fue lograr la estabilidad macroeco-nmica, la recuperacin del crecimiento econmico, y la asignacineficiente de los recursos econmicos. Sus orientaciones estratgicasfueron la maximizacin de la apertura externa y de las reglas del mer-cado al interior de las economas y la minimizacin del Estado a par-tir de los siguientes instrumentos de polticas: el dficit fiscal; las prio-ridades del gasto pblico; la reforma fiscal; tasas de inters y tipo decambio alto y competitivo; poltica comercial de liberalizacin (ate-nuar las barreras arancelarias y retenciones a exportaciones); fomentode la inversin extranjera; privatizaciones; desregulaciones y derechosde propiedad (Williamson, 1990).

Los desafos presentados para los pases latinoamericanoscorresponden al diseo de una segunda generacin de reformas, deli-neada para profundizar el consenso anterior. Sus objetivos fueroncentrados en lograr la consolidacin de la estabilidad macroeconmi-ca y acelerar el crecimiento econmico con estrategias tendientes a lare-regulacin de las relaciones entre mercado interno y externo y de ladinmica del mercado mundial y el fortalecimiento del estado en lasreas poltica, institucional, tcnica y administrativa. Todas estas transformaciones tornaron imperante la reformulacindel papel del Estado, promovindose un Estado minimalista y no

3 Vase al respecto Williamson (1990).

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intervencionista, pensado como un instrumento del desarrollo delmercado y como guardin de los principios que garantizan el libremercado. En este sentido, el Informe del Banco Mundial (1997) afir-maba lo siguiente: El estado es fundamental para el proceso de desa-rrollo econmico y social pero no en cuanto agente directo del creci-miento sino como socio y elemento catalizador e impulsor de ese pro-ceso (Banco Mundial, 1997: 1).

Respecto del neoliberalismo, Perry Anderson expres que estese constituy como un cuerpo de doctrina, auto-consistente, militan-te, con una explcita decisin de transformar el mundo a su imagen ycon una marcada voluntad de hacerlo en el nivel internacional (citadopor GER, 1999).

Como expresa Long (1996) para Mxico aunque siendo elloextensible al resto de los pases de la regin que aplicaron tal modelola implementacin de las polticas neoliberales implic una cantidadde medidas que afectaron profundamente el tejido de la vida rural,fundamentalmente en dos sentidos: contrarrestando en la mayora delos casos la reforma agraria promovida en dcadas anteriores, y cre-ando las condiciones necesarias para alentar el mercado de tierras(Deere y Len, 2001).

En Argentina, el modelo econmico consecuente con esta pol-tica desplegado por el gobierno de Menem (1989-1999) se apoysobre tres ejes bsicos: la desregulacin total de la economa, las pri-vatizaciones de las empresas pblicas y la liberalizacin del comerciointernacional. El mismo se construy en reaccin a la matriz estado-cntrica basada en el estado de bienestar y se propuso destruir todasaquellas instituciones que lo sustentaron. La desarticulacin delpoder de los sindicatos ya se profundizaba desde la dictadura militar(1976-1983).

La implementacin del Plan de Convertibilidad tuvo comosupuesto central que la confianza, la estabilidad cambiaria, las tasasde inters internas mayores a las internacionales y las privatizaciones,induciran a un fuerte ingreso de capitales que en principio se pensa-ban especulativos, pero luego paulatinamente estaran cada vez msorientados a la inversin (GER, 1999).Con relacin al sector agroalimentario, se registr una vigorosa entra-da del gran capital en las cadenas de alimentos y de fibras y se acen-to la presencia de los megaproductores (Soros y Benetton, entreotros). Otra caracterstica de la dcada fue la expansin de emprendi-mientos formados por grupos de inversores, operados por tcnicos

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agrarios y administrados por consultoras privadas, que toman tierrasde terceros en gran escala de produccin (fondos de inversin o poolsde siembra)

El Decreto Presidencial N 2.284 de fines de 1991 se orient adisolver todos los organismos reguladores y fiscalizadores que habandado sustento a una estructura agraria en la que el 75% de las explota-ciones era menor a 200 ha. En este contexto, las economas regionaleshan sido seriamente afectadas por las nuevas condiciones.

Si bien los mecanismos concretos utilizados varan en cadapas, los gobiernos que aplicaron tal modelo partieron de un objetivoprincipal la estabilizacin de la moneda a travs del control de la tasade cambio ligado a la bsqueda de una integracin econmica a tra-vs del mercado, basado en una racionalidad econmico-financiera ytecnolgica.

En Brasil, el proceso de liberalizacin econmica puede serlocalizado en el contexto de un conjunto de polticas neoliberalesimplementadas de forma ms radical durante el gobierno de Collor(1991) y profundizadas por el gobierno de Fernando HenriqueCardoso (1995).

En el campo esto se tradujo en los procesos originados con elmodelo de la modernizacin conservadora que seala Fernandes(1998): la irrealizacin de la reforma agraria, la concentracin delpoder poltico en manos de la bancada rural (diputados y senadoresque defienden los intereses de los latifundistas), la poltica de privile-gios a la agricultura capitalista y la consecuente destruccin de laagricultura campesina, la rpida y violenta transformacin del campoy la expropiacin de millones de familias que migraron a las ciudades,el surgimiento de millones de familias sin tierra, la extrema violenciade los conflictos agrarios, la utilizacin del trabajo esclavo por partede los empresarios rurales, la concepcin tecnicista del desarrollo dela agricultura, los diversos problemas ambientales causados por laintensa explotacin agrcola, etctera (Fernandes, 1998: 74). Estosfactores han incidido de tal modo que, segn el autor, Brasil se convir-ti en el pas con mayor concentracin de tierras en el mundo, mayo-res niveles de desigualdad social y uno de los que mayores ndices depobreza exhibe: a mediados de la dcada de 1990, 30 millones de bra-sileros se encuentran ubicados por debajo del ndice de pobreza abso-luta (Informe sobre Desarrollo Humano ONU/PNUD, 1993).

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Respecto de la legislacin de la reforma agraria, Brasil sustituy lapromulgada en 1964 por la nueva legislacin de 1985, que fue modifi-cada por la nueva Constitucin de 1988.

Durante el perodo de gobiernos militares (1964-1984) el nme-ro de beneficiarios por la reforma agraria y colonizacin lleg a 5.476por ao, cifra que durante el gobierno de Cardoso se increment en59.634. Por su parte, el nmero de los sem terra beneficiarios poten-ciales de la reforma agraria se estima entre 2,5 a 7 millones(Cardoso, 1997, citado por Deere y Len, 2001). Si bien la tierra puedeser expropiada por fines de justicia social, las expropiaciones son limi-tadas a los latifundios improductivos. Las distribuciones de tierraslogradas en estos aos son mnimas en comparacin con la demanda.Y en este sentido, el Movimento de Trabalhadores Sem Te r r a ha jugadoun rol fundamental.

Algunas caractersticas de las estructuras agrarias argentina y brasilera de las ltimas dos dcadas

Es preciso sealar aqu las transformaciones operadas en el sectoragropecuario de ambos pases a partir de las polticas diseadas encada caso. Algunos datos sobre la estructura agraria argentina y brasi-lea evidencian la intensidad del carcter concentrador de la estructu-ra fundiaria en ambos, y el sesgo no igualitario y contradictorio deldesarrollo capitalista.

Particularmente para la Argentina nos interesa ver qu sucedecon las pequeas y medianas explotaciones agropecuarias en tantoalgunos investigadores advierten un proceso de descomposicin(Pucciarelli, 1993; Aparicio et al., 1992)4 dado que las mujeres delMML pertenecen a estos sectores medios conformados por producto-res llamados chacareros o f a r m e rs, grupo con peso social y polticohistrico, particularmente en la regin pampeana, con presencia enlos productos de exportacin desde fines del siglo XIX, y que distin-

4 Para la provincia de Buenos Aires, segn el trabajo de Pucciarelli (1993), las pequeas unidades demenos de 200 ha entraron entre 1960 y 1988 en un proceso de descomposicin: hasta 1988 desapare-cen 25.780 representantes de este grupo, y por esa causa entregan a los estratos mayores casi 1,3millones de ha (Pucciarelli, 1993: 76). Pero adems, estos sectores, al no poder acceder a las tecnolo-gas dominantes, abandonaron la produccin transformndose en pequeos rentistas (Aparicio et al.,1992: 133-134).

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gue a la Argentina del resto de los pases latinoamericanos con mayorproporcin de poblacin campesina5.

Decidimos basarnos en los censos nacionales a partir de 1914tomando el estudio realizado por Flichman (1977) para analizarcomparativamente entre los siguientes tres estratos: hasta 100 ha;entre 101 y 500 ha; y ms de 5 mil ha segn nmero de explotacionesy superficie ocupada6.

Antes de comenzar con el anlisis debemos advertir que el lti-mo Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado durante 2002 nospermite hasta el momento observar slo los resultados provisorios, ypor consiguiente no podemos establecer comparaciones ms especfi-cas con el anterior Censo de 1988 pues no disponemos de datos desa-gregados por tamao de las explotaciones. A pesar de ello, podemosdecir que el Censo 2002 computa 318 mil explotaciones agropecuarias(EAP) para todo el pas con una superficie agropecuaria total de 171millones de ha (INDEC, 2003).

Si comparamos con el CNA de 1988, que registr un total de421 mil explotaciones agropecuarias (378.357 con lmites fijos) queocupan una superficie de 177 millones de ha, el ltimo muestra unadisminucin del 24% en la cantidad total de EAP y un incremento del28% en el tamao promedio. Este proceso se visibiliza ms an siobservamos el CNA de 1969, que registraba un total de 538 mil EAP7.

Lamentablemente la informacin disponible no nos permiterealizar comparaciones intercensales 1988-2002 entre estratos, que spodemos hacer para el perodo intercensal 1969-1988. En efecto,entre los censos de 1969 y 1988 el estrato de EAP de hasta 200 ha quenos interesa en particular pues all se concentran los sectores chacare-ros mostr una reduccin de 428 mil a 282.029. El Cuadro 1 nos muestra la caracterizacin de las EAP de acuerdo alos estratos definidos por los censos y superficie ocupada entre 1914 y


5 Un estudio realizado por CIDA durante la dcada de 1960 comparando siete pases de Amrica Latinay utilizando la conceptualizacin de explotaciones subfamiliares, familiares y empresariales, muestraque la Argentina tiene una proporcin ms alta de explotaciones familiares que el resto de la regin, evi-denciando la existencia de una clase media relevante.6 Los lmites que presentan los datos censales para este tipo de estudios respecto de observar relacio-nes de propiedad, por ejemplo, dificultan un anlisis riguroso de la estructura social.7 Desde luego, no podemos obviar que durante la fecha en que fue realizado el censo se ha dejado atrsla etapa de estancamiento que experiment el sector agropecuario entre 1930 y 1960, cuando culminael proceso sostenido de expansin de la produccin agropecuaria iniciada en las postrimeras del sigloXIX y se ponen de manifiesto las contradicciones del modelo expresadas en la expansin de los conflic-tos rurales entre 1910-1920.

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1969 para el total del pas. Hemos decidido incorporar un cuadro queintegre los datos provenientes del CNA 1988 (Cuadro 2).

Cuadro 1Evolucin de las explotaciones agropecuarias segn escalas de exten-

sin 1914-1969 para el total del pas en %

Fuente: Flichman (1977: 210-211).

Cuadro 2Nmero de explotaciones agropecuarias y superficie ocupada segn

escalas de extensin para el total del pas 1914-1988

Fuente: elaboracin propia en base a Flichman (1977) y CNA 1988.

El Cuadro 2 nos permite realizar las siguientes afirmaciones. Para lasunidades de hasta 100 ha, el crecimiento que experimentaron entre1914 y 1969 en trminos de nmero de EAP y de superficie controladase revierte en la ltima dcada, retrocediendo a los niveles alcanzadoshacia principios de siglo. Para las unidades entre 101 y 500 ha, elnmero de EAP que alcanza su valor mximo en 1937 decrece entre1937 y 1960; en 1988 se encuentra por debajo de los niveles de 1937.

Hasta 100 ha De 101 a 500 ha Ms de 5.000 ha Total N EAP Sup. N EAP Sup. N EAP Sup. N EAP Sup

(en miles ha) (en miles ha) (en miles ha) (en miles ha)1914 180,862 5.782 86,685 19.848 5,233 79.666 306.663 1628951937 277,091 9.201 121,912 29.735 5,891 86.808 434514 1746021947 289,737 9.091 110,620 24.199 5,542 75.508 441431 1606191960 308,867 9.456 97,072 19,697 5,661 82.335 457173 1751221969 356,571 10.328 107,395 22.124 7,089 95.547 530046 2069931988 234,996 7.008 94,855 22.219 6,201 87.943 378357 177437

1914 1937 1947 1960 1969Estratos % Sup. % Sup. % Sup. % Sup. % Sup.

(miles ha) (miles ha) (miles ha) (miles ha) (miles ha)

0-25 ha 32,88 0,59 34,46 0,89 36,57 0,96 39,68 1 41,34 1,05

26 a 100 ha 26,10 2,96 29,31 4,38 29,06 4,70 27,88 4,40 25,93 3,94

101 a 500 ha 28,27 12,19 28,06 17,03 25,06 15,07 21,23 11,25 22,26 10,69

Ms de 5.000 ha 1,71 48,91 1,36 49,72 1,26 47,01 1,24 47,01 1,34 46,16

Total 306.663 162.895 434.514 174.602 441.431 160.619 457.173 175.122 530.046 206.993

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En cuanto a la superficie, el crecimiento marcado entre 1914 y 1937muestra una tendencia decreciente. Finalmente, para las unidades dems de 5 mil ha el nmero de EAP, as como la superficie controlada,aumentan a partir de 1947.

En sntesis, las distribuciones muestran entre 1914 y 1988 porun lado el aumento del grupo formado por las EAP mayores a 5 mil hay la permanencia en el carcter concentrador de la tierra (el 1,6% delas EAP mayores a 5 mil ha controla en 1988 el 49,56% de la superficietotal), y por el otro la disminucin del grupo formado por explotacio-nes pequeas y medianas (87% de EAP controlan el 10,98% de lasuperficie) que comienza a manifestarse en la dcada del sesenta y seprofundiza hacia fines de los ochenta.

Para apoyar estos datos nos remitimos a valiosos estudios de casoque, a pesar de divergir en los enfoques terico-metodolgicos adopta-dos y por ello impedirnos realizar generalizaciones o comparaciones,son de suma utilidad para observar procesos. Al respecto, Pucciarelli(1993) haciendo referencia a la regin pampeana, en la que surge elMML advierte sobre el surgimiento de tres nuevos procesos: la desca-pitalizacin absoluta y relativa de pequeos y medianos productores, elcrecimiento de medianos-grandes productores que controlando exten-siones adecuadas e invirtiendo en nuevas maquinarias pueden extraergrandes beneficios econmicos de las nuevas estrategias de produccin,y el rpido fortalecimiento y expansin de un nuevo sujeto, el contratis-ta de maquinaria agrcola (Pucciarelli, 1993: 71).

Por otro lado, varios autores sealan tambin la crisis de endeu-damiento bancario de fines de los setenta y principios de los ochentaque se acentu en la dcada del noventa cuando entre 1991 y 1999 elendeudamiento del sector agropecuario aument al 10% anual, comoexpresan Reca y Parellada (2001), a un ritmo mucho mayor que el delcrecimiento de la produccin. La condicin de propietarios de la tie-rra de estos sujetos agrarios capital que podan ofrecer como garan-ta hipotecaria y de escaso capital operativo razn por la que debanrecurrir al crdito bancario para financiarse hizo que al no poderintroducir tecnologa vieran disminuidas sus tasas de ganancia y enmuchos casos abandonaran la produccin. Este factor ha actuadocomo impulsor del xodo rural.

An ms, no debemos dejar de lado otro proceso fundamentalque ha ocurrido en el campo en la ltima dcada: la implantacin dela gran empresa capitalista. Murmis (1998) seala al respecto, en suanlisis sobre el agro argentino, que las nuevas megaempresas (Soros,

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Benetton, etc.) presentan casos de diversificacin productiva y regio-nal y casos de expansin de la escala de produccin ligada a produc-tos especficos con o sin compra de tierras.

Otro fenmeno reciente de importancia que tambin sealaMurmis son las empresas productoras que no compran tierras sinoque las arriendan, fundamentalmente para la produccin de granos yoleaginosas, que se conocen con el nombre de pools de siembra,algunos de los cuales evolucionaron y se estabilizaron como Fondosde Inversin agrcola (Murmis, 1998: 215).

En sntesis, la estructura agraria argentina quedara, haciamediados de los noventa, representada de este modo: una cpula conalta concentracin y fusin con alta burguesa nacional, sectoresmedios con una disminucin de f a r m e r s y la consolidacin del sujetocontratista altamente mecanizado y conectado al sector a travs delcapital ms que por la propiedad territorial, y los sectores subalternosdentro de los cuales se observan tendencias de diferenciacin internay una complejizacin en las estrategias e identidades ocupacionales(Aparicio et al., 1992: 133-134).

Este mismo proceso para Brasil indica que, entre 1979 y 1985,48,5 millones de ha de tierras pblicas fueron transformadas en latifun-dios, existiendo 50.105 establecimientos con ms de 1.000 ha que repre-sentan menos del 1% del nmero total y controlan el 44% de la superfi-cie agrcola del pas. En el otro extremo, los establecimientos con menosde 100 ha representan el 90% del total y ocupan el 4% de la superficietotal (Fernandes, 1998). Estos datos reflejan la intensidad del carcterconcentrador de la estructura fundiaria brasilea (vase Cuadro 4).

Cuadro 3Estructura agraria de Brasil

Fuente: Fernandes Manano (1998).

Segn Fernandes (1998), durante las dos dcadas que los gobiernosmilitares estuvieron en el poder garantizaron la confiscacin de

Establecimientos Representacin en total Crecimiento Control superficieagrcola del pas

rea N deestablecimientos

Ms de 1.000 ha 1% 35% 35% 43,9%Entre 100 y 1.000 ha 9% 21% 25% 35,0%Menos de 100 ha 90% 15% 18% 21,18%

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inmensas reas de tierra y tambin el aumento del nmero y exten-sin de los latifundios, especialmente en la regin de la Amazonia.Este proceso de concentracin de la propiedad y expropiacin de loscampesinos, que imposibilitados de reproducir la agricultura familiarmigraron hacia la Amazonia y en mayor medida hacia las ciudades,signific que 30 millones de personas abandonaran el campo entre1960 y 1980 (Brumer y Tavares Dos Santos, 1998: 23).

De igual modo que en Argentina, aunque ms tempranamente,las familias minifundistas en Brasil se constituyeron en el sector queperdera la tierra en una coyuntura desfavorable que benefici la recon-centracin fundiaria. En Brasil ya se han ido 300.000 pequeos traba-jadores rurales y propietarios del campo; los trabajadores sin tierra nose quieren ir a la ciudad; nosotros luchamos por volver al campo(entrevista a un dirigente del MST en La Arena, 17 de octubre de 1997).

Por otra parte, una denuncia del Consejo Nacional deSeringueiros de la Amazonia, que contina la lucha iniciada porChico Mendes e integra todas las poblaciones extractivistas de losdiferentes estados de la Amazonia las quebradeiras de cco-babau,los colectores de castaas, de aa, de pupunhase, expres lo siguien-te: Se anunci la creacin de nuevas Reservas Extractivistas porparte de la Presidencia, con publicaciones en las revistas de mayor cir-culacin del pas, y despus los burcratas simplemente paralizan losproyectos y nada sucede. Tenemos una especie de anarqua ecolgicainstitucionalizada a nivel del Gobierno Federal que siempre funcionacontra los intereses de los trabajadores extractivistas del Amazonas.La verdad es que hasta ahora los grandes proyectos, las grandes inver-siones han sido absolutamente contradictorios con la poltica econ-mica, o la falta de poltica econmica para viabilizar la permanenciade las poblaciones extractivista del Amazonas (de Deus Matos,Atanagildo www.mail-archive.com).

En esta regin en particular, en la cual se asienta el M o v i m e n t odas Quebradeiras, se asiste, a partir de la nueva poltica econmico-financiera implementada por el gobierno, a un doble movimiento: laelevacin de los precios del babau, el caucho y otros productosextractivistas, y el aumento de los precios de los productos de lasempresas industriales (soja, carne vacuna), empresas mineras, made-reras, de papel y celulosa. Segn Almeida (2000), el impacto en losprecios, cuando nos referimos a una estructura agraria con alto gradode concentracin fundiaria y conflictos sociales, conduce a que diver-

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sos grupos industriales recuperen el inters sobre las tierras con elpretexto de expansin de sus emprendimientos.

Al respecto, el estado de Maranhao presenta una de las mayorestasas de concentracin de tierras: el anlisis de los datos del ltimocenso agropecuario (1995/1996) muestra que existen 368.191 estable-cimientos agropecuarios que ocupan un rea de 12.560.693 ha. Lospropietarios ocupan la mayor extensin (93%), si bien representanslo el 32% del total. En el otro extremo, los ocupantes o p o s s e i r o sdetentan slo un 5% del rea total y un 42% del total de estableci-mientos (Mesquita, 2000). Los Cuadros 4 y 5 evidencian dicho procesoentre la dcada del setenta y mediados de 1990.

Cuadro 4Distribucin de establecimientos segn nmero y rea entre 1970 y

1995/1996 en el estado de Maranhao

Fuente: Mesquita (2000).

Cuadro 5Distribucin de establecimientos segn nmero y rea por

condicin del productor entre 1980 y 1996 en el estado de Maranhao

Fuente: Mesquita (2000).

Esta regin fue adems objeto de planes de colonizacin para impul-sar grandes proyectos agrominerales y agropecuarios en un lugar en

Grupo de rea (ha) N de establecimientos (%) rea de establecimientos (%)1970 1996 1970 1996

- 10 ha 87,6 76,9 5,6 3,110 a 100 ha 7,8 16,8 10,2 19,1100 a 1.000 ha 4,1 5,9 42,4 41,41.000 a 10.000 ha 0,5 0,4 37,5 27,9Ms de 10.000 ha 0,0 0,0 4,3 8,5Total 100 100 100 100

Condicin del productor Nmero de establecimientos (%) rea de establecimientos (%)1980 1996 1980 1996

Propietario 17 32 91,5 93,3Arrendatario 43 20 3,0 1,3Ocupante/Posseiro 37 42 5,4 5,0Parceiro 3,0 6,0 0,1 0,4Total 100 100 100 100

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el que la mano de obra era escasa. Para cumplir este cometido, losempresarios, con el apoyo de las Fuerza Armadas y el Estado, empren-dieron medidas violentas, como contratar pistoleros, contra los p o s -seiros (campesinos que habitan tierras que no les pertenecen y ocupanilegalmente) e indios.

En este escenario, marcado por el sesgo concentrador quemuestran las estructuras agrarias de Brasil y Argentina, surgen enambos pases las organizaciones rurales de mujeres, objeto de nuestroestudio: el Movimento Interestadual das Quebradeiras de Cco Babauque esgrime como bandera de lucha el babau libre y la reformaagraria, y el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha quedemanda una ley agraria que democratice la tierra para que nuestroshijos tengan lugar en este pas (...) para que nuestro interior crezca yevite la crueldad del amontonamiento en las villas miseria (FolletoMML, Tractorazo, julio de 1998).

A continuacin nos remitiremos al origen y desarrollo de ambosmovimientos y su lucha por la tierra.

Las mujeres en lucha y las quebradeiras en defensa de latierra y los recursos naturales: acerca del origen y evolucin de ambas organizaciones

I

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha surge en un esce-nario en el que desde el marco normativo-jurdico configurado por laLey de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Econmica secerraron las instituciones econmicas, polticas y sociales que habanconstituido la matriz estadocntrica.

Como expresramos en apartados anteriores, la aplicacin delPlan de Convertibilidad en el ao 1991, unida a la poltica de ajusteestructural, incluy una serie de medidas tales como las privatizacio-nes, desregulaciones y apertura al exterior que perjudicaron a lospequeos y medianos productores. Todos estos factores, junto alendeudamiento impositivo, gestaron la situacin de crisis del sector:los productores debieron endeudarse para acceder a la moderniza-cin8 (Bidaseca, 2000).

8 El endeudamiento en la provincia de La Pampa aument un 470% desde 1991 hasta fines de 1996(Giarracca y Teubal, 1997).

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Es en este contexto cuando en 1995 la resistencia de las mujeres cha-careras esposas de chacareros o jefas de la explotacin a los rematesde sus campos endeudados por los atrasos en los pagos cobija la apa-ricin del MML en una pequea localidad llamada Winifreda, ubica-da en la provincia de La Pampa.

La vctima del primer remate judicial, que ms tarde se con-vertira en la presidenta del movimiento, Lucy de Cornelis, logr,apelando a la movilizacin de diversos recursos (la radio, convocato-ria a sus pares), reunir a varias personas que se encontraban ensituaciones similares y, de ese modo, en una accin conjunta carac-terizada por la espontaneidad y contingencia, mediante rezos y elcanto del Himno Nacional Argentino, promovi una situacin dedisturbio que entorpeca la labor del juez, logrando as impedir elacto del remate. Con ello inauguraban una forma original de acciny resistencia que transformara el tradicional repertorio de accionesde los movimientos.

A partir de ese momento fundacional del estado naciente delos movimientos, como lo denomina Alberoni surgi un movimientocon reivindicaciones de tipo econmico que derivara en un movimien-to con demandas ms abarcativas, que se expandira geogrficamentehacia otras provincias y lograra establecer redes y alianzas con otrossectores y movimientos sociales del pas (Federacin AgrariaArgentina, Organizaciones de Mujeres, el Movimiento Campesino deSantiago del Estero, etc.) e internacionales (El Barzn y el Movimientode Campesinos en Chiapas, ambos de Mxico; el Movimento dosTrabalhadores Sem Terra de Brasil; etc.), momento que coincide con laexpansin de procesos transnacionales a nivel mundial y que implicpara el MML lo que denominamos un proceso de empowerment oempoderamiento (Giarracca, 1999; Bidaseca, 2000)9.

Las principales demandas del MML, aunque estn dirigidasbsicamente a la suspensin de embargos y/o ejecuciones de las cha-cras endeudadas, el congelamiento de los juicios en trmite, el anlisisde la legitimidad de las deudas y el pedido de refinanciamiento a nomenos de veinte aos, tambin enfocan otros problemas. En un primermomento apuntaron a una crtica de la poltica agropecuaria, para

9 Pettersen y Solbakken (Pettersen y Solbakken, 1998, citado por Giarracca, 1999) definen e m p o w e r -m e n t como un proceso en el cual las personas, organizaciones o grupos adquieren conocimientos dedinmicas de poder trabajando en sus diferentes contextos de vida; desarrollan habilidades para ganarun razonable control sobre sus vidas; ejercen ese control sin infringir los derechos de los otros; apoyanel fortalecimiento de otros en la comunidad.

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luego extenderse a la crtica de la economa en el mbito nacional,denunciando el fuerte proceso de concentracin de la propiedad de latierra y la aparicin de nuevos latifundios, proceso que las mujeres delMML denominan extranjerizacin de la tierra, haciendo referencia ala compra de vastas extensiones de tierras por parte de grupos econ-micos e inversores extranjeros tales como Benetton, Soros, etctera.

El MML irrumpe en un nuevo escenario rural con novedososmodos de accin caracterizados por la innovacin simblica y laespontaneidad (impedir una accin judicial), pero decide incluirse enun movimiento ms amplio, el movimiento social de las mujeres, ape-lando a diversos recursos simblicos (la familia, la reproduccin fami-liar, la educacin de los hijos, la identificacin con la tierra) y cultura-les (defender la permanencia de la explotacin agraria familiar).

El Movimiento se organiz a partir de asambleas anuales, zona-les, provinciales y nacionales desde 1995, como modo de asegurar sucontinuidad y de reflexionar acerca de los cursos de accin y los pro-blemas a afrontar, ligados sobre todo a la carencia de recursos econ-micos para sostenerse. La forma de organizacin es sumamente flexi-ble, sin instancias intermedias y con una relacin directa entre laslderes o coordinadoras locales y las bases. A lo largo de seis aos deexistencia se ha expandido territorialmente hacia diversas provincias,creando sedes en cada una de ellas.

En un estudio anterior acerca de las estrategias organizativas delMML (Bidaseca, 1999)1 0 observ la existencia de dos etapas en su evolu-cin: un primer momento, el de su fundacin, en el cual el estableci-miento de las redes sociales ha desempeado un rol fundamental tantoen la gnesis del movimiento como en su posterior sustentabilidad; y unsegundo momento de empoderamiento, ampliacin y expansin de esasredes hacia el exterior, que coincide con la etapa de institucionalizacindel MML y lo que hemos dado en llamar el momento de la transnacio-nalizacin: redes establecidas con otras organizaciones y/o movimien-tos sociales latinoamericanos, mercosureos, etc. (vase Bidaseca, 2000y 2003). Ambos momentos se vinculan con los perodos de latencia yvisibilidad que menciona Melucci (1994)1 1.

10 Bidaseca, K. (1999) El Movimiento de las Mujeres Agropecuarias en Lucha: acerca de las nuevas for -mas de organizacin y accin colectiva, beca financiada por el Instituto de la Cooperacin (Idelcoop).En la misma se trat de comprender la estrategia organizativa que adopt el Movimiento de MujeresAgropecuarias en Lucha para lograr cierta institucionalizacin que le permitiera interactuar con otrosactores sociales.11 Ambos polos, segn Melucci (1994), se encuentran conectados entre s dado que la fase latente

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Con respecto a la forma organizacional, el MML es presidido por Lucyde Cornelis a partir de la primer Asamblea Nacional realizada el 21 deseptiembre de 1995, de la que surge tambin la Mesa Nacional1 2.

Las discrepancias del MML con la Federacin AgrariaArgentina entidad gremial creada en 1912 a partir de la movilizacinde los arrendatarios santafesinos por las condiciones que establecanlos contratos de arrendamientos, conocida como el Grito de Alcorta,que nuclea a los pequeos y medianos productores agropecuarios ycon las dems organizaciones agrarias, reconocidas como interlocuto-res legtimos por el gobierno13, han incidido en la necesidad de formaruna organizacin autnoma e independiente tanto de estas como delos partidos polticos.

El MML logra as la personera jurdica en el ao 1997. Segn ladefinicin de una de sus dirigentes: nosotros siempre decimos quesomos un movimiento horizontal, pluralista, democrtico, y que porser profundamente poltico, porque todos nuestros planteos son pol-ticos, somos apartidarios. Despus dentro de nosotros conviven lasms diversas tendencias, sectores, ideologas (entrevista a Ana MaraRiveiro, dirigente de Santa Fe, diciembre de 1998)14.

El MML ha establecido las asambleas, tanto anuales comonacionales, provinciales o zonales, como una forma de conexinentre las distintas sedes dispersas por gran parte del territorio nacio-n a l1 5. En esta instancia, las redes, entendidas como aquellas interac-ciones y negociaciones que producen los individuos y que van for-

posibilita la accin visible al brindar recursos de solidaridad y produce el marco cultural dentro del cualsurge la movilizacin. Por su parte, el estado de movilizacin fortalece las redes y la solidaridad delgrupo y funciona como espacio de reclutamiento de otros individuos que se identifican con las consig-nas del movimiento.12 El MML obtiene a lo largo de estos aos varios premios y distinciones del Instituto Movilizador deFondos Cooperativos, de la Unin de Mujeres Argentina, del partido poltico FREPASO y el premio JosGervasio Artigas de la Central de Trabajadores Argentinos, por el derecho a la tierra.13 Las cuatro organizaciones agrarias de alcance nacional son: Federacin Agraria Argentina (FAA), delao 1912; Confederacin Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), creada en 1953;Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), creada en 1940, y Sociedad Rural Argentina (SRA), creadaen 1866.14 Es recurrente en los relatos la negacin a conformar una organizacin formal. Esto, aparentemente,tiene que ver con la intencin deliberada de no burocratizar la organizacin, para distanciarse de las ins-tituciones -agrarias y polticas- que aparecen como sumamente crticas en sus relatos: la gente nosdice: si ustedes son un movimiento genuino, o sea -nos comenta Joaquina de La Pampa- tienen msfe en este movimiento que es un movimiento ms puro, que no se ha burocratizado como las otrasorganizaciones. Las otras organizaciones estn burocratizadas (entrevista, 8 de marzo de 1997); vaseBidaseca (1999).15 El MML posee sedes en las siguientes provincias y localidades: La Pampa: Winifreda, Trenel, 25 deMayo, General Pico, Colonia Barn, San Martn, Ingeniero Luiggi, Santa Rosa, Trelew; Buenos Aires:

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mando un espacio de accin con otros actores sociales, facilitan elmantenimiento y la profundizacin de la accin colectiva.

Las banderas de lucha del MML se pueden sintetizar en suspen-sin de los remates y ejecuciones, reclculo de la deuda y refinancia-miento a veinte aos. Estas demandas, planteadas desde el momentode la fundacin del MML, jams han sido reconocidas por el gobier-no. Por ello, las mujeres continuarn, segn su propia expresin,enfrentando hasta las ltimas consecuencias ese acto confiscatorioque son los remates de nuestros campos por la usura institucionaliza-da (Folleto del MML, septiembre de 1998). Nacimos para impedirlos remates que amenazan a nuestras chacras, afirman en su revista.

En este sentido podemos reflexionar acerca de la lucha de lamujer chacarera por la tierra como expresin de ciudadana y los lmi-tes que estaran tensionando la ampliacin de los derechos ciudada-nos y lesionando los derechos adquiridos.

En efecto, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos(Pacto San Jos de Costa Rica) suscripta por los Estados Americanosen San Jos de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en el artculo21 referido al derecho a la propiedad privada, deja expresado losiguiente: Tanto la usura como cualquier otra forma de explotacindel hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley.

Este derecho fue reconocido y tomado como bandera de luchapor el MML en un encuentro regional (1998) en el que sus dirigentesexpresaron que La usura es un delito desde la firma del Pacto de SanJos de Costa Rica y decidieron que desde las organizaciones del pue-blo tenemos que pelear (...) Venimos del Derecho Romano que atabacon cadenas al deudor y lo mataban. El deudor era un tipo reducido aesclavo (entrevista a Ana Mara Riveiro, 15 de diciembre de 1998).

Segn los registros estadsticos, en la Argentina existan, hasta1998 33 millones de hectreas productivas, de las cuales un tercio,11 millones, se encontraban hipotecadas por el Banco Nacin.Existen otras hipotecas con bancas privadas (revista MML, N 1,agosto de 1998).

Arribeos, Pergamino, Baradero, Guamin, Carlos Casares, Villa Iris, Pig, Junn, Necochea, SanCayetano, San Nicols, Villa Ramallo; Santa Fe: Rosario, Zavalla, Totoras, Teodolina, Reconquista,Ramona, Las Parejas, Chabs, Berabev, Arteaga, Glvez, San Jernimo, Roldn, Maciel; Formosa:Capital; Mendoza: San Martn; Entre Ros: Hernandaria; Santiago del Estero: Fernndez; Crdoba:Camilo Aldao, Cnel. Moldes; Tucumn: Famaill; Chaco; Alto Valle de Ro Negro, El Bolsn.

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La Asociacin Agro-Ganadera de La Pampa, en un informe de 1996,se refera a la situacin de endeudamiento y usura bancaria en estostrminos: El cuentapropista se ve obligado de realizar un segui-miento eficaz de los movimientos de su cuenta pues no sabe lo quele estn cobrando o debitando. En efecto, los bancos no suelen acor-dar la tasa de inters de antemano, adjudicndose la potestad dedeterminar unilateralmente la misma con lo que puede ser razona-ble, alta, exorbitante y en determinados casos usuraria (....) Muchasentidades financieras llevan adelante una poltica crediticia consis-tente en inducir a su clientela a operar en descubierto en cuentacorriente, restringiendo las ms de las veces el acceso a otras fuentesde crdito. De esta forma, el cliente se ve obligado a endeudarse bajola forma crediticia ms cara (...) A posteriori, los bancos obligan asus clientes con importantes saldos deudores a consolidar su situa-cin mediante el otorgamiento de garantas personales o reales(hipotecarias o prendarias) comprometiendo su patrimonio y sufuturo en el nivel empresarial y aun personal (citado por Giarraccay Teubal, 1997).

De esta forma, nos encontramos con muchos productores quecomenzaron solicitando, como Lucy de Cornelis, tres crditos de14.500 pesos que se convirtieron al cabo de poco tiempo en 140.000pesos, ms 80.000 de gastos, suma que Lucy no pudo afrontar.

En una conferencia de prensa que el MML realiz en la sededel Sindicato de Aeronavegantes en Buenos Aires, esta situacin sehaca nuevamente explcita: Nosotros estamos en una situacin dra-mtica..., dramtica nosotros no podemos... nosotros estamos en...hay deudas de U$S 16.000, ac estn los compaeros que lo puedena t e s t i g u a r, una deuda de U$S 16.000 del Banco Nacin, le rematan lasemana pasada, una deuda contrada en el ao 92, le rematan porU$S 177.000, que fue esa deuda de... O sea que este es un sistema deusura anticonstitucional, nosotros lo hemos dicho, que bamos a lle-gar a la Suprema Corte de Justicia haciendo estas denuncias (15 dediciembre de 1998).

Para las mujeres del MML la cuestin del endeudamiento estintrnsecamente unida al tema de la expansin del latifundio.Debemos sealar aqu cierto discurso crtico a lo que ellas han deno-minado la extranjerizacin de la tierra y a la poltica pro-terrate-niente del gobierno menemista expresada en el anuncio de uno desus ex-funcionarios, el subsecretario de Poltica Agropecuaria de laNacin, Jorge Ingaramo, quien en 1993 a dos aos de implementa-

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do el Plan de Convertibilidad expres que tenan que desaparecer200 mil productores agropecuarios porque los tamaos de sus cam-pos no eran viables; es decir, la mitad de las explotaciones agrope-cuarias si tenemos en cuenta que el Censo Agropecuario Nacional de1988 registr 378.357 explotaciones.

Esta denuncia conduce a la crtica del MML por el ingreso degrupos econmicos transnacionales que comenzaron a comprar tie-rras en nuestro pas a comienzos de la dcada del noventa (Benetton,Soros, Turner y otros). Ya los pequeos arrendatarios han desapare-cido, pero ese poder omnmodo de los terratenientes est reemplaza-do por la usura y agravada aun porque ya no vamos a negar el papelde la oligarqua terrateniente que existe, que est y que es poderosa,pero tambin est el grado de desnacionalizacin que tenemos.Tenemos un fenmeno nuevo por un lado, como los pool de siembra y,por otro lado, lo tenemos a Soros, a Benetton, a Turner, que en verdadtenemos verdaderos enclaves nacionales adentro de nuestro pas(entrevista a A. M. Riveiro, dirigente del MML de Santa Fe, 15 dediciembre de 1998). El MML no niega la deuda original pero, al igualque el movimiento mexicano de deudores financieros e impositivos ElBarzn, decidieron adoptar el lema: Debo no niego, pago lo justo16.

Otros temas, relacionados con la justicia y la libertad, tambinson preocupantes cuando se cuestionan los derechos de primera gene-racin, ligados a la ciudadana civil y poltica. Esto se pone de mani-fiesto en las irregularidades con que se llevan a cabo algunos remates,

16 Participan de El Barzn, aproximadamente, 2 millones de personas provenientes del campo y de laciudad. El mismo se inici en agosto de 1993 en Jalisco, Mxico, cuando bajo la presin de la bancapara pagar las deudas contradas por los campesinos y productores pequeos para comprar tractores yherramientas de trabajo se reunieron veinte campesinos para protestar por los modus operandi de pro-cesos extrajudiciales en contra de ellos (Samperio, citado por Bidaseca, 2000). Segn Grammont (cita-do por Bidaseca, 2000), la explosin de la guerrilla zapatista en Chiapas condujo a radicalizar el movi-miento de los deudores y propiciar su impresionante crecimiento, acentuando hacia 1994 y 1995 lasmovilizaciones en contra de las instituciones bancarias, de las autoridades estatales y federales. Detodas estas acciones la ms novedosa fue la organizacin de los grupos de resistencia civil pacficacuyo objetivo consista en impedir los embargos y los remates de las propiedades de los deudores. Apartir de mediados de 1995, El Barzn cambi drsticamente su estrategia: pas de ser una organiza-cin social de protesta callejera para impedir el remate de los bienes de los deudores -pero incapaz deinfluir en las decisiones gubernamentales-, a un movimiento social negociador a travs de la utilizacinde la va legal. De este modo, estableci mayores vnculos con la esfera poltica, en particular con lospartidos polticos, y fortaleci su estructura organizativa. As, del rechazo al pago de las deudas, basa-do en su primer lema Debo no niego, pago no tengo, implement una poltica de pago pero sobre unabase considerada justa, es decir, se comprometieron a pagar el capital prestado y los intereses princi-pales inicialmente pactados rechazando el pago de los intereses moratorios por considerarlos ilegales einjustos; e inaugur un nuevo lema: Debo no niego, pago lo justo.

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en las situaciones de detenciones, espionaje1 7 y procesamientos dealgunas de las dirigentes del Movimiento, en las subastas forzadas yen la represin policial.

Con respecto a la situacin de irregularidad en que ocurrenalgunos de los remates, hay varias denuncias de subastas ilcitas quese realizan a puertas cerradas, en cuyo caso los abogados del MMLpresentan una accin de nulidad pues la forma de subasta pblica quela ley exige es que todos los remates deben ser pblicos.

Por otro lado, la organizacin sufri el procesamiento de dos desus dirigentes, efectuados en instancias de la obstaculizacin de rema-tes judiciales18. Este acto de interrupcin de los remates se caracterizapor su intencin pacfica. En el lugar fijado para efectuar el remate serenen varias personas que cantan en voz alta el Himno NacionalArgentino y rezan tomadas de las manos con la finalidad de perturbarel acto del remate. En varias oportunidades, los funcionarios judicia-les adujeron que esta actitud entorpeca el mandato judicial, pues sehabra violado el artculo 237 del Cdigo Penal, que castiga con pri-sin de un mes a un ao al que empleare intimidacin o fuerza con-tra un funcionario pblico... en un acto propio de sus funciones. Elabogado del MML expres al respecto: Hay una organizacin recono-cida, con personera jurdica, estn los vecinos de la zona que se acer-caron solidariamente, esto no solo que es legal ya que manifestarse ocantar en la va pblica no implica delito alguno, sino que adems eslegtimo. Es preocupante el procesamiento, que aquel que reclamagremial o polticamente, que peticiona ante las autoridades en forma

17 En 1998 las mujeres del MML denunciaron haber sido vctimas de espionaje por la Fuerza Area yrealizaron una marcha al Edificio Cndor para entregar una carta a las autoridades. El texto de la mismaexpresa lo siguiente: Tambin sentimos estupor que se preocupan de nosotras en un pas donde se haprivado y extranjerizado las fronteras nacionales, con puertos privados por donde salen al extranjerosin impuestos ni control alguno las inmensas riquezas que produce el Estado argentino. Segn el dia-rio Pgina/12, la prdica nacionalista de la agrupacin parecera ser uno de los argumentos que movie-ron a la Fuerza Area a realizar tareas de espionaje (Pgina/12, 16 de diciembre de 1998). 18 Una noticia acerca del MML aluda a ello: La Presidenta del MML, Lucy de Cornelis, fue detenidaayer por la tarde y trasladada a la Seccional Primera de Santa Rosa, despus de que el grupo que enca-beza rezara un padrenuestro y cantara el Himno Nacional para impedir el remate de un campo de 200ha productivas cercano a Eduardo Castex (Clarn, 29 de abril de 1999: 17). Por otro lado, la vicepresi-denta del MML, Ana Galmarini, junto al hijo del chacarero que iban a rematar y dos vecinos solidarios,fueron detenidos en octubre de 1997, en ocasin de la suspensin del remate judicial de dos inmueblespor parte del juez de paz ante la firme decisin de una treintena de Mujeres Agropecuarias en Lucha ynumerosos manifestantes que acudieron a su convocatoria. El remate se iba a realizar sobre dos terre-nos y la casa del productor, en la localidad de Las Parejas, Santa Fe, quien no poda abonar ni el 10% dela deuda usuraria que le reclamaba la cooperativa agropecuaria de Caada de Gmez (La Arena, 7 deoctubre de 1997).

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legal y legtima sea procesado me hace acordar a algunas etapas denuestra historia. Es preocupante en un estado de derecho, un estadode plena capacidad democrtica (revista MML, N 1, agosto de 1998).

Ello cuestiona fundamentalmente los derechos polticos referi-dos a la libertad de expresin, de reunin y asociacin, y como ellasmismas expresan: Las leyes y su aplicacin, para ser vlidas tienenque se justas y respetar los derechos a vivir, a trabajar, a mantener condignidad una familia. Usarlas contra esos derechos vuelve ilegtimacualquier represin y torna justa y obligatoria la protesta de los afec-tados y del pueblo (revista MML, N 1, agosto de 1998).

II

El Movimento Interestadual das Quebradeiras de Cco Babau se con-form en 1989 impulsado por la defensa de un recurso natural espec-fico sobreexplotado, el coco b a b a u, palmcea localizada en los esta-dos de Maranhao (en donde se concentra la mayor cantidad de hect-reas, 10,3 millones), Piau, Tocantis, Par, Goias y Matto Grosso. Estecultivo fue sometido a un fuerte proceso de devastacin estimuladopor la accin indirecta del gobierno brasileo1 9, hecho que provoc laarticulacin de alianzas del movimiento con otras organizacionesambientalistas, tornando de este modo la cuestin local en un asuntotransnacional.

El movimiento se organiz segn diversos criterios sustenta-dos en principios ecolgicos, econmicos y de gnero. El surgimien-to de esta organizacin se vincula adems con otro hecho decisivoque se ha dado en llamar la retirada del Estado, por medio del cualla accin estatal en Brasil se tradujo en el deterioro de la polticaambiental y en la apertura de las importaciones, prctica sustentadaen principios neoliberales que influyeron en la economa del b a b a u,fundamentalmente en dos niveles: el de la produccin y el de lacomercializacin, este ltimo perjudicado por la disminucin de losaranceles de importacin de los leos vegetales provenientes deMalasia a precios ms bajos, que imposibilita a los productorescompetir en igualdad de condiciones.

19 Los decretos estipulados en el ao 1975 permitieron a las empresas involucradas en la implementa-cin de proyectos relacionados con la celulosa y la caa de azcar en el rea de Caixas, Maranhao, eldesmantelamiento de un total de 65 mil ha de babauais (vase Almeida, 1995: 30).

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Hacia la dcada del ochenta, el rea total de plantacin de cocob a b a u corresponda a una extensin estimada de 18 millones dehectreas e involucraba a 30 mil trabajadores, de los cuales unaparte mayoritaria la constituyen mujeres y nios en actividades decolecta y quiebra del cco babau (Almeida, 1995). En las ltimasdcadas se constat una tendencia estacionaria, propia de una acti-vidad en crisis, pero caracterizada adems por la profundizacin deantagonismos sociales. La limitacin de los derechos de recoleccinde los frutos, normativa que desat diversos conflictos, est vincula-da al intenso proceso de concentracin fundiaria2 0, profundizada porla Ley Estadual de Tierras de 1962, conocida como Ley Sarney, enlas regiones de mayor concentracin de plantaciones de b a b a u, enlas que se estima que 44.924 establecimientos propietarios controlan7 millones de hectreas (Almeida, 1995: 26).

La estructura fundiaria en esta regin se define a partir de lassiguientes categoras: propietarios, ocupantes (cuando la explotacinse efecta en tierras pblicas o de terceros con o sin consentimientodel propietario), y arrendatarios. Segn los datos del censo agrope-cuario, las categoras que ms han aumentado fueron aquellas en lasque no existe un dominio legal sobre las tierras, hecho que se agravaan ms con la expulsin de cientos de familias de sus viviendas quedeben asentarse en las llamadas pontas de ruas y realizar la recolec-cin de b a b a u en tierras de terceros. Esta usurpacin a los derechosde los campesinos y los trabajadores rurales estimul el desarrollo dediversas estrategias de recuperacin de tierras y creacin de coopera-tivas por parte de ellos.

En la memoria colectiva del campesinado la recoleccin delcoco es libre, y por consiguiente la prohibicin de acceso a tierraspblicas y privadas donde se desarrolla este tipo de plantaciones pro-fundiza los antagonismos entre campesinos y trabajadores y patrones.

Las mujeres trabajadoras, que representan un importante por-centaje de la fuerza laboral en la recoleccin y quiebra del coco baba - u de ah el nombre de quebradeiras, comenzaron a organizarsepolticamente en el Movimento Interestadual das Quebradeiras de CcoBabau y en las cooperativas, construyendo estos espacios en torno ala expresin babau-livre, bandera de lucha de las quebradeiras.

20 La reivindicacin de una reforma agraria viene siendo impulsada por los trabajadores rurales enMaranhao desde los aos cincuenta, proceso que cristaliza en 1956 con la creacin de la Associaaodos Trabalhadores Agrcolas do Maranhao.

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La conformacin de las cooperativas de pequeos productores agroex-tractivistas ocurre a partir de 1988 y 1989 en las reas expropiadas porel gobierno a travs del Plan Nacional de Reforma Agraria (1985-1989),articuladas con los sindicatos de trabajadores rurales. En ellas se reto-m la modalidad de recoleccin libre de b a b a u y la finalidad fue cap-tar los circuitos de compra montados por los patrones y propietariosde usinas (grandes ingenios azucareros), que culmin con la creacinen 1990 de cuatro cooperativas que conjugan las actividades de planta-cin y recoleccin2 1. Junto con esta expansin cooperativista se forma-ron en los mismos lugares varias organizaciones de trabajadoras, q u e -bradeiras de cco: la Secretaria da Mulher; la Associaao das MulheresTrabalhadoras Rurais, que produce papel reciclado a partir de la fibrade coco y de la hoja de la palmera; etctera.

El Movimiento, si bien en algunos casos se encuentra articuladoa los sindicatos, no posee sede ni cuadro de asociados, y su represen-tatividad es diferenciada. Las q u e b r a d e i r a s han organizado diversoseventos, Encuentros Interestaduales, a partir de 1991. En el IIEncuentro exigieron la expropiacin de todas las reas de conflicto; elacceso libre a las palmeras de b a b a u para las mujeres y nios en laspropiedades privadas que no cumplen la funcin social; el fin delderrumbe de las palmeras de b a b a u; el fin de la violencia contra lostrabajadores rurales; recursos para el desarrollo de las cooperativas;acciones de asentamiento en reas expropiadas; cumplimiento delestatuto de nios y adolescentes en la zona rural; y medidas que ase-guren el cumplimiento del Decreto de Reservas Extractivistas(Almeida, 1995: 40).

En el III Encuentro, realizado en 1995, comienzan a presentarsetemas ligados a la problemtica de gnero relacionados con lasdenuncias referidas a la esterilizacin de mujeres de la reginNordestina, una de las mayores del mundo.

En este caso especfico queremos reflexionar acerca de doscuestiones, la violencia y el acceso libre a los recursos, como lmites allogro de una ciudadana plena. Particularmente, la violencia, comoforma de dominacin, tiende a erosionar la construccin social de laciudadana. Este proceso de expansin creciente de los ndices de vio-

21 La Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco; la Cooperativa dosPequenos Produtores Agroextrativistas de Esperantinpolis; la Cooperativa dos Pequenos ProdutoresAgroextrativistas de Sao Lus Gonzaga y la Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas deLima Campos.

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lencia en el campo brasilero invierte el proceso de produccin socialde una conciencia de derechos entre los campesinos y los trabajadoresrurales. Fundamentalmente el derecho a la tierra, al trabajo y al pro-ducto del trabajo, pero tambin de otros derechos civiles, polticos ysociales (Tavares dos Santos, 1994).

De los diversos tipos de violencia, la violencia poltica, comoforma de dominacin entre las clases sociales en el campo, se traduceen los conflictos por la tierra y en muertes que se esparcen por todo elespacio geogrfico de Brasil pero se acentan en la regin Nordestina(estados de Baha y Maranhao) donde acta el MIQCB, y en el Norte(estado do Par). El objetivo estratgico de estas acciones violentas esexpulsar a los campesinos sin tierra que habitan all, pero tambinamedrentar la posibilidad de accin colectiva.

Esta regin, caracterizada por la escasez de mano de obra,fue objeto de planes de colonizacin para impulsar grandes proyec-tos agrominerales y agropecuarios, ello posibilitado por la aplica-cin de la violencia estatal contra los p o s s e i r o s e indios, que resis-tieron en un contexto de marcada violencia, cuyo hecho ms omi-noso fue la masacre de Eldorado dos Carajs el 17 de abril de 1996,en el estado de Par2 2.

La Comisin Pastoral de la Tierra, en su Informe sobreConflictos en el Campo (1996), describe las formas asumidas porestos: asesinatos, tentativas de homicidio, invasiones de tierras de pos -seiros, amenazas de expulsin, destruccin de casas, chacras y bienes,siempre con agresiones fsicas y morales. Estos datos se tornan excesi-vamente abruptos con respecto a los nios: desde 1990 se contabilizandiez asesinatos, veintiocho tentativas de asesinato, veintids tortura-dos, doscientos cincuenta y un agredidos fsicamente, cuarenta y unpresos, seiscientos noventa y un vctimas de otras agresiones.Tambin se denuncia trabajo esclavo.

En 1995 cuatro trabajadoras rurales se destacaron por las posi-ciones firmes que asumieron en relacin con estos temas. PurezaLopes Loyola, del estado de Maranho, en la bsqueda incesante de

22 En esa oportunidad, ciento cincuenta y cinco soldados de la polica militar, armados de fusiles yametralladoras, abrieron fuego contra una manifestacin de campesinos, cuyo arsenal eran tres pisto-las, piedras e instrumentos de labranza, que bloqueaban la carretera en accin de protesta por el retra-so en los procedimientos legales de expropiacin de tierras. Aquel da, en el suelo quedaron diecinuevemuertos y unas cuantas docenas de heridos. Ellos fueron unas de las mil seiscientas treinta y cinco vc-timas mortales de todo Brasil entre 1964 y 1995, con ms evidencia en los estados de Baha,Maranhao, Matto Grosso, Par y Pernambuco (Jos Saramago, Introduccin al libro Terra, 2000).

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su hijo Abel, desaparecido en 1993, comenz a denunciar el trabajoesclavo en el estado y descubri la existencia de dos tipos de hacien-das: mansas, donde los peones son esclavizados, y bravas, dondetambin son asesinados. Diolinda Alves de Souza, lder de los s e mt e r r a en el Pontal do Paranapanema, fue presa en el intento de crimi-nalizar la lucha por la tierra. Raimunda Gomes, lder de las quebradei -ras de coco babau de Tocantins, particip de la Conferencia Mundialde la Mujer de Beijing (China), y Maria Rodrigues dos Santos Gomes,labradora de Maranho, fue juzgada y absuelta por haber matado enlegtima defensa a un pistolero que asesin a su marido, un lder sin-dical llamado Alonso Silvestre Gomes (Conflitos no campo-Brasil,1996. Parte 4-4, www.ospaaal.org).

El Estado brasilero, a travs de los rganos represivos, ha esti-mulado la represin de los movimientos de resistencia campesinos eindgenas. As, la masacre de Tkuna, en Amazonia, el 28 de marzo de1988, en la que once personas fueron asesinadas y veintids heridas,represent la violencia a una nacionalidad y cultura indgena, cuandoms de un centenar de hombres armados reprimieron a un grupo deindios pacficamente reunidos para discutir un conjunto de agresio-nes a que venan siendo sometidos por parte de la poblacin regional(Olivera, citado por Simonian, 2000).

Todo esto es expresin de la violacin concreta a los derechoshumanos y de la ausencia de justicia y libertad, que tensionan la posi-bilidad de alcanzar una ciudadana plena en la sociedad brasilera, enla que la existencia de trabajo esclavo y semi-esclavo en las haciendasdictamina la muerte del trabajador como ciudadano: nace un esclavo(Martins, citado por Tavares dos Santos, 1994).

Con respecto al segundo tema de anlisis, el acceso libre a losrecursos naturales, existen q u e b r a d e i r a s de coco sem terra y q u e b r a -d e i r a s con acceso garantizado a la tierra. Sem terra son aquellas queno poseen acceso directo a la tierra y residen en las llamadas pun-tas de ruta de las ciudades o en las mrgenes; las quebradeiras c o nacceso a las tierras son las que se encuentran en reas cubiertas depalmeras, en reas expropiadas por el Instituto Nacional deColonizacin y Reforma Agraria, adquiridas por los rganos esta-duales o por cuenta del propio trabajador, posesiones consolidadashace aos, de herencia o arrendadas a travs de contratos. Al respec-to existen diversas formas de contratos, de foro, arrendamento ode media, en los que las q u e b r a d e i r a s son obligadas a quebrar cocoen las haciendas para vender las amendas (parte central del coco),

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intercambiarlas con los propietarios de las palmeras o pagar algntipo de renta del 50% o ms.

En casi todas las reas de babau se registran restricciones paraque las familias campesinas accedan a las tierras. Aquellas q u e b r a d e i -ras que necesitan trabajar y no estn sujetas a ningn tipo de contratoalgunas veces entran en las haciendas a escondidas en reas donde lavigilancia es menor, para recoger y quebrar los cocos. Si son encontra-das, a menudo, son amenazadas verbal o fsicamente2 3 y obligadas aentregar todo el producto recolectado o quebrado en ese da de traba-jo. Entre las medidas violentas que los hacendados aplican para impe-dir el acceso de las mujeres al rea de recoleccin, son comunes losdisparos de tiros dentro de las haciendas para que las q u e b r a d e i r a s s eretiren del rea, habindose encontrado a una mujer muerta (Martins,2000, citado por Tavares dos Santos, 1994).

Segn el Censo Agropecuario de Brasil (1995/1996), la mayorade las familias que ejercen alguna actividad extractiva en la Amazonia(82% de trabajadores) lo hacen en reas que no les pertenecen, bajo lacondicin de ocupantes o p o s s e i r o s, arrendatarios y parceros. Estasltimas categoras se constituyen a partir de una variedad de contra-tos previstos en la Ley 4.504 de 1964, implementada para eliminar losprocesos de desigualdad contractual entre los trabajadores y los pro-pietarios de las tierras, algo que de hecho no logr (Neto, 2000a).

Los datos del censo arrojaron un total de 127.468 trabajadoresextractivistas de b a b a u, de los cuales 31.426 son arrendatarios,11.452 parceros y 61.695 ocupantes. La relacin de ocupante es anti-gua, preexiste al Cdigo Civil brasilero de 1916 y al Estatuto de laTierra de 1964, y se configura a partir de la apropiacin comn de laspalmeras babau.

Despus de la Constitucin Federal de 1988, las leyes estadua-les de los estados de Tocantis y Par, a excepcin de Maranhao yPiau, no proveen disposiciones especficas de garanta de uso de lasplantaciones de b a b a por parte de las q u e b r a d e i r a s de coco y susfamilias, as como tampoco respecto a la proteccin de las palmeras.En cambio, la Constitucin del Estado de Maranhao dicta en el art-

23 Segn Neto (2000a), hay un proceso criminal por lesiones corporales a una quebradeira en el esta-do de Tocantis contra un vaquero que la agredi y arrastr mientras ella estaba quebrando el coco. Enotro caso, el autor seala a unas quebradeiras de Piau que, al recusarse segn el artculo 96, inciso VIde la Ley N 4.504 del 30 de noviembre de 1964 a efectuar el pago ilegal del 50% cobrado por el pro-pietario de la tierra, fueron acusadas formalmente de robo de b a b a u con el consecuente proceso cri-minal en la justicia. Si bien fueron finalmente absueltas, estas prcticas continan.

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culo N 196 que En las tierras pblicas y devueltas al Estado se ase-gura la explotacin de las plantaciones de b a b a u en rgimen de eco-noma familiar y comunitaria (Neto, 2000a: 47). De este modo, elMovimiento de las Quebradeiras present un proyecto de ley en elCongreso Nacional para extender ese derecho a las tierras de domi-nio privado, al igual que a otros estados de la federacin que compo-nen el MIQCB.

Las formas de acceso y uso de los recursos en la Amazonia sondiferenciadas segn la actividad extractiva de que se trate (caucho,b a b a u, castaas, etctera). En cuanto a la actividad de b a b a u, laimportancia est en el acceso a las reas de palmeras que en su mayo-ra se encuentran cercadas.

Las familias hacen uso comn de las palmeras, y cada familiatiene acceso a una cantidad ilimitada de rboles segn la necesidad ycapacidad de trabajo. Las familias tienen derecho a recolectar los fru-tos que caen en el suelo, una vez que son amontonados.

Otro conflicto corriente entre las quebradeiras y los hacendadosparte del derrumbamiento indiscriminado de las palmeras por partede los hacendados y empresas agrcolas, hecho que viola la legislacinexistente. La proteccin de las palmeras se encuentra amparada endos estados, Maranhao y Piau, de acuerdo a las leyes estaduales de1986 y 1983 respectivamente, al Cdigo de Proteccin del MedioAmbiente del Estado de Maranhao de 1992 y a la Nueva Ley deCrmenes Ambientales de Brasil de 1998.

Las quebradeiras necesitan garantizar las formas de acceso y usocomn de las palmeras de b a b a u, pues a lo largo de estos aos sus reasfueron siendo cercadas, apropiadas y devastadas por los hacendados yempresas agropecuarias. La lucha permanente por el libre acceso alb a b a y a su uso comn, anterior a los cercamientos y apropiaciones delas tierras que se profundizan en la dcada del setenta, recordada comoel tiempo del coco preso, cuando los incentivos fiscales y crediticiosdados por el gobierno estimularon la apropiacin de tierras pblicas,implica el reconocimiento a un derecho cotidiano que no se encuentranormativizado en el derecho estatal brasilero (Neto, 2000), pero quecorresponde a la memoria colectiva del b a b a u libre cuando la tierraera de todo el mundo que viva en el lugar, no era tierra privada, era dequien la trabajase (entrevista a Lidia, realizada por Martins, 2000).

En esta lucha, las mujeres refuerzan su identidad colectiva yhacen de su nominacin una identidad poltica y de gnero que seprofundiza en el seno del Movimiento en el proceso de concientiza-

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cin de los derechos de la mujer. As queda planteado en los objetivosdel II Encuentro Interestadual: Articular a las quebradeiras en cuan-to mujeres, trabajadoras extractivistas y ciudadanas en la lucha porel babau libre y por la reforma agraria; sistematizar y documentarlas experiencias en las diferentes formas de organizacin en queactan; buscar alternativas para las actividades agroextractivistas entrminos econmicos, polticos y ambientales, y crear un espacio ymomento adecuados para sus reivindicaciones polticas (citado porNeto, 2000: 44).

Negadas a la existencia o condenadas a la desaparicin...Cuando la vida cotidiana de las mujeres rurales se politiza

Este apartado tiene como finalidad lograr una comprensin del senti-do que las mujeres rurales que conforman ambas organizaciones leadjudican a la accin colectiva.

La protesta enfrenta a los sujetos con pretensiones de constituircolectivos, un nosotros a un otro. Ese otro generalmente poseerecursos que los primeros no tienen, y puede usarlos para agraviarlos,violar derechos adquiridos, mejorar o reformar la situacin que dioorigen a la protesta, etctera. En tales situaciones se constituye unespacio de interaccin en que no slo se enfrentan proyectos (projet ofactor) sino mundos sociales y culturales con profundas diferencias.

En tales escenarios interfaces en la conceptualizacin deLong (1996) se ponen en acto los esquemas cognitivos, los de inter-pretacin, las traducciones que posibilitan negociaciones o enfrenta-mientos (Giarracca y Bidaseca, 2001).

Intentaremos bucear en sus relatos con el fin de comprenderel sentido de la accin colectiva entendiendo que el Movimientodetermin en las vidas cotidianas de estas mujeres rurales unmomento de quiebre, un antes y un despus, que da cuenta de unproceso de politizacin de su cotidianeidad2 4 que se expresa en elrelato de sus propias vidas.

24 Entendemos con este trmino una forma distinta de abordaje de lo social que focaliza las conflictivassociales en el espacio de la vida cotidiana politizando de este modo sitios anteriormente excluidos deestas esferas (la familia, las vivencias diarias, las relaciones, los cuerpos, etctera). La poltica tal comoexpresa Laclau (1993) es una de las tantas formas de existencia de lo social que modela las prcticas yacciones en la cotidianeidad de los actores, irrumpiendo y deconstruyendo aquellas producciones cul-turales, econmicas y sociales que fueron designadas para sedimentar un orden que apareca comodado y por lo tanto era incuestionable.

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En la reflexin que hacen las mujeres sobre el antes y el ahora nos inte-resa comprender qu valorizacin hacen de ambos momentos; cmohan variado sus mbitos de actuacin; si con sus acciones tendieron areproducir las estructuras de significacin o se opusieron a ellas resig-nificndolas. Se trata de responder a estos interrogantes sin pretenderhomogeneizar las valoraciones de las mujeres, sino rescatando ladiversidad de situaciones que caracterizan sus mundos de vida.

En este intento por desentraar lo oculto tras el velo que recu-bre el trabajo y la capacidad de accin y creacin de la mujer rural2 5,se expresa en estos relatos la marca dialctica entre lo visible y lo invi-sible de lo social, que se materializa en el Movimiento como una snte-sis de lo diverso, como algo que renace al espacio de lo pblico, de laaparicin, como dira Hannah Arendt (Archenti, 1994).

Este proceso, no obstante, podra ser un anclaje para comenzara pensar el cambio que introduce la mujer rural en la generacin denuevos espacios desde donde poder legitimar sus derechos.

A continuacin abordaremos los mundos de vida de las mujeresrurales para hallar indicios que nos permitan reconstruir, a partir desus propias narrativas, la experiencia de la organizacin.Comenzaremos por el movimiento argentino.

IEntre las mujeres que integran el Movimiento de MujeresAgropecuarias en Lucha, muchas son mujeres rurales que nacieron enel campo y estudiaron en las escuelas rurales a las que asistan a caba-llo o en sulky: para terminar la [escuela] primaria mi mam meenvolva los pies con agua caliente, tena una hora de sulky con esasheladas (entrevista a una integrante del MML de Santa Fe, 8 de sep-tiembre de 1998). Vieron crecer a sus hijos, armaron una familia yestrecharon un vnculo afectivo con la tierra que, como expresaGriselda, adems de ser tu fuente de trabajo es una cosa que nisiquiera es tuya, fue de tus abuelos, de tus padres. O sea que ah hayadems un arraigo emocional (entrevista, 24 de octubre de 1998).Primero sus abuelos, luego sus padres y ahora ellas, la trabajan juntoa sus maridos y a sus hijos. Venimos de familias que andaban en

25 Circula un imaginario acerca de la mujer rural que la describe como sumisa, pasiva o reproduc-tora de ciertos rdenes, y que por consiguiente le niega toda posibilidad de cambio. A propsito, vasela tesis sobre una comunidad rural en la provincia de Tucumn en la que intento desmitificar estos pre-conceptos (Bidaseca, 2002).

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sulky o a caballo por los campos, abriendo surcos, cosechando amano y hasta pariendo en el monte (La Arena, 22 de septiembre de1995, citado por Giarracca y Teubal, 1997).

Vivir en el campo para la mujer no slo significa dedicarse a lastareas de la casa o a la educacin y cuidado de sus hijos, sino tambinal trabajo e n el campo: cuidar la quinta, alimentar a los animales,manejar el tractor, revisar las plantaciones luego de las heladas,encender la lea para que el granizo en un instante no eche a perder elsacrificio de meses de trabajo duro y de larga espera, pelear contra ladesertificacin de la tierra, ordear las vacas, atender su paricin,vigilar el ganado o esperar a recoger los frutos de la tierra.

Joaquina Moreno, nacida en el campo de Trenel, La Pampa, hijade un inmigrante espaol que lleg a principios de siglo cuando ape-nas tena 13 aos de edad, comenz trabajando como peoncito y lograrrendar un campo de 100 ha antes de que ella naciera, se convirti enuno de los eslabones fundamentales del movimiento. Nos cuenta losiguiente acerca de su trabajo en el campo que, como tantos otros pro-ductores, hered de sus padres: No tengo fuerza, pero s maa. Paratirar de un ternero que no quiere salir, le ato las patas al paragolpes demi auto, y tiro (Revista Viva, 1996).

De este modo, Joaquina, viuda, sin hijos, con 68 aos y uncampo de 250 ha en el cual hace cra de ganado Charolais, oficio queaprendi de su padre, se las ingenia para continuar administrandosola ese campo que l le dej como parte de una herencia material ysimblica.

Nora, otra integrante del MML del Alto Valle del Ro Negro,relata los comienzos de su vida como agricultora en la chacra que elmovimiento logr salvar del remate judicial cuando haban pasadotan slo pocos das de su nacimiento: era una felicidad plantar toma-tes trayendo el agua a caballo desde el ro porque pensbamos que lle-garamos a ser alguien y no nos importaba pasar Ao Nuevo yNavidad sacando los yuyos de las hileras (P g i n a / 1 2, 18 de septiem-bre de 1998).

Podemos tambin hablar de la vida de Ana, otra participante delMML del Alto Valle rionegrino, quien se cas con un italiano con elque se fue a vivir a Allen. Ana trabaj la tierra a la par de su esposocultivando manzanas y llevando consigo a la labor diaria a uno de sushijos en un cajn de manzanas (Pgina/12, 18 de septiembre de 1997).Otras mujeres, nacidas tambin en el campo de sus padres o abuelosinmigrantes, como Mirta, que relata que su abuelo era suizo agri-

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c u l t o r, y mi [otro] abuelo era criollo agricultor, o sea que desciendode familia de agricultores, por el lado de mi mam y mi pap(entrevista a Mirta, 24 de octubre de 1998), se casaron y se fueron avivir a la ciudad o a los pueblos, donde comenzaron a trabajar en lasescuelas como maestras, secretarias o en otras actividades que lespermitieran conciliar su rol de madres, esposas y amas de casa. Sinembargo, muchas de ellas anhelan volver al campo que ahora es tra-bajado por sus esposos o en algunos casos por sus hijos, y nosnarran de este modo cmo transcurran sus das all: Tr a b a j b a m o stodos en el momento que estbamos en el campo, hasta los chicosvacunaban, ayudaban con las ovejas, curaban (entrevista a Mnica,7 de marzo de 1997).

La accin fundante del Movimiento resulta fundamental paracomprender el origen de este proceso de politizacin en las vidascotidianas de las mujeres rurales, instante a partir del cual se confi-gura una nueva identidad colectiva y se genera un nuevo tipo de prc-ticas, de solidaridades compartidas. El mismo implica un punto deinflexin en la cotidianeidad de las mujeres: la creacin de un nuevoespacio social, cultural y poltico que las expone pblicamente, lashace visibles2 6.

Cuando desde Winifreda, un pequeo pueblo de La Pampa,Lucy decide hablar por la radio local y presentarse como la esposade un productor agropecuario, estableciendo con su accin contin-gente la creacin del movimiento, la identificacin que produjo entresus oyentes fue tan inmediata y significativa que disip las dudas y losmiedos y articul los reclamos particulares y fragmentados de los pro-ductores en el cimiento de la accin colectiva.

No obstante, existen condiciones posibilitadoras del cambio enlas identidades sociales que, como seala Moore (citado porMartnez, 1989), se pueden dar en tres planos que se encuentran inte-rrelacionados: en el nivel cultural, vinculado con los procesos de ero-sin de los sistemas de creencias y valores prevalecientes; en el nivelde la estructura social, relacionado con aquellos procesos que deses-tabilizan la identidad de los actores; y en el nivel de la personalidad

26 Como reflexiona Clara Kuschnir (1994) en un artculo acerca de la invisibilidad de la asimetra detrsde la visibilidad de la igualdad, Todas hemos ledo cantidad de interpretaciones acerca de esta especiede invisibilidad de la mujer como si la historia del mundo hubiera transcurrido sin ella (Kuschnir,1994: 220; cursivas en el original).

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individual, cuando el individuo logra reconocer la opresin de ciertosrdenes sociales (Bidaseca, 2000).

Como sostienen Taylor y Whittier (1995: 174), todos los aspec-tos de la vida donde uno vive, lo que uno come, cmo uno se vistepueden convertirse en una expresin de polticas. Este proceso puedeser ms o menos explcito, ms o menos conciente, pero forma partede los mundos sociales y de vida de los actores sociales.

Este momento en el MML coincide con su radicalizacin, peroimplica tambin un proceso de elaboracin interno: las mujeres modi-fican su percepcin acerca de s mismas. All donde fueron mujeresconstituidas como actores sociopolticos invisibles, penetran en laesfera de lo pblico y se transforman en mujeres pblicas y, por consi-guiente, visibles.

Repentinamente comienzan a participar en las movilizaciones,a hablar pblicamente, a aparecer en los medios de comunicacin, anegociar con los poderes pblicos, a actuar en espacios hasta enton-ces vedados a la mujer, a relacionarse con los representantes de lospartidos polticos, a universalizar sus demandas ubicndose junto aotros movimientos en confrontacin al gobierno nacional. Como ellasmismas lo expresan a instancias de su capacidad reflexiva: La expe-riencia de estos aos de lucha nos demuestra que para poder derrotara esta poltica la clave est en la unidad con los dems sectores denuestro pueblo (revista MML, Ao 1, N 3, agosto de 1998).

Es por ello que el movimiento decide extenderse e integrar aotras mujeres del comercio, profesionales, etc., de modo de crear uncolectivo poltico universal.

Numerosos estudios sobre la temtica de gnero dan cuentade la existencia de fronteras entre un espacio privado al cual se rele-gan las tareas domsticas y un espacio pblico, fronteras que vanperdiendo nitidez. Las separaciones entre el adentro y el afuera quecaracterizan a la vida urbana no se encuentran en la vida rural, en lacual la unidad econmica se constituye tanto a partir del hogarcomo del trabajo: no existe una divisin clara entre trabajo domsti-co y trabajo rural.

A partir del momento en que las mujeres comienzan a partici-par en el movimiento, ese adentro/afuera que tradicionalmente haexpresado la divisin social y sexual del trabajo se instala en

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