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Fernando Bojórquez Acosta
SíntesisEl presente protocolo de investigación, consistió en la comparación de lasestadísticas oficiales y públicas disponibles en las páginas oficiales de lasdependencias de gobierno, encargadas de la seguridad pública en la región y demanera concreta, en el municipio de Tijuana.
Para ello, fueron tomadas en cuenta las estadísticas referentes a los últimos seisaños, que corresponden al actual gobierno estatal que encabeza José GuadalupeOsuna Millán, así como a los últimos dos alcaldes de Tijuana.
Asimismo, se tomó en cuenta un estudio público realizado por el Instituto deOpinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales, dependiente del Congresodel Estado, además de analizar el presupuesto en materia de seguridad pública enla entidad en los últimos años.
De acuerdo con las cifras oficiales concentradas por la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE), entre los delitos que sufrieron un incremento en su
incidencia en el municipio de Tijuana, fueron los robos con violencia a casa
habitación, el secuestro y el homicidio.
Informe de actividadesMás allá de la información diaria que aparece en los medios de comunicación de esta
frontera, donde dan cuenta de hechos delictivos de diversa índole, fue necesario
consultar las cifras oficiales, las cuales según se aclara, son en base a denuncias
presentadas sobre las cuales se inicia una Averiguación Previa por parte la autoridad
investigadora, en este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Además de las estadísticas sobre la incidencia delictiva, fue necesario consultar el
Periódico Oficial del Estado de Baja California, para conocer los presupuestos
destinados a la seguridad pública, así como el estudio ya referido denominado
“Percepción de la Seguridad Pública en Zona Conurbada Tijuana-Rosarito”, realizado
por el Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales, dependiente
del Congreso del Estado.
Aunque las estadísticas presentadas por las autoridades estatales contienen la mayoría
de los delitos contemplados en el Código Penal (excluye, por ejemplo, el delito de
aborto, entre otros), para este trabajo se analizaron únicamente los delitos de robo con
violencia a casa habitación, secuestro y homicidio, es decir, hechos que afectan
los tres principales bienes tutelados por la ley como son el patrimonio, la libertad y
la vida, respectivamente.
Incidencia delictiva en Tijuana
235
14
310
155
92
577
199
95
556
170
68
688
190
45
418
211
24
332
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Robo Secuestro Homicidio
2007
2008
2009
2010
2011
2012
* El apartado que indica “robo”, se refiere únicamente al delito de robo con
violencia a casa habitación.
AnálisisLas estadísticas presentadas se basan en las Averiguaciones Previas iniciadas por
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo que dichos números
indican sólo el número de éstas y no la cifra de víctimas, como en el caso del delito
de homicidio, donde en un solo expediente se pueden involucrar dos o más
víctimas, según el hecho registrado.
Un ejemplo de ello es en el 2012, donde la autoridad señala que hubo 332
“homicidios” sin embargo, en una nota del 26 de julio del 2013, el periódico
Frontera indica que en realidad se registraron 590 muertes violentas
(homicidios), que la autoridad consignó en 332 expedientes. (Imagen siguiente)
En esa misma nota, el diario señala que en base a cifras del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en Baja California sólo se castigan 4 de cada 100 homicidios, es
decir, el 96 % de uno de los delitos de más alto impacto entre la
sociedad, permanecen impunes, basados en los números del 2012.
En otro delito, el de secuestro, pese a que la estadística oficial indica que en el 2012
se reportaron 24 hechos de esa naturaleza sólo en el municipio de Tijuana (a los
que se agrega una cifra “negra” de hechos no denunciados a la autoridad, según
mencionan grupos civiles), el Procurador de Justicia en la entidad, Rommel
Moreno Manjarrez, declaró al diario El Sol de Tijuana, en octubre de ese mismo
año, que “ya no hay secuestros en Baja California”, y que la dependencia a su cargo
sólo “cuida borrachos y expide constancias de robo de celulares”. (Imagen)
Tanto los hechos criminales como las declaraciones y acciones (u omisiones) de los
funcionarios públicos, tienen como consecuencia una elevada desconfianza en las
instituciones encargadas de la seguridad pública, como lo señala en su página 5 el
estudio “Percepción de la Seguridad Pública en Zona Conurbada Tijuana-
Rosarito”. (Imagen)
ConclusionesCon base a la presente investigación y análisis sobre los hechos delictivos de mayor impacto en la
región, se puede determinar un deterioro en el sistema de seguridad que actualmente aplican las
autoridades de los tres niveles de gobierno, al ser este un rubro en el que intervienen todos los
órdenes de gobierno, tanto con recursos como con personal e infraestructura.
El incremento en los programas y cambios en las estructuras de las dependencias de seguridad
pública (cambio de nombre, creación o eliminación de las dependencias), no se ha reflejado en una
mejora de la percepción ciudadana y mucho menos, en una mayor efectividad en el combate a la
delincuencia.
En los períodos analizados en la presente investigación, confluyen dos gobiernos distintos de
diferentes niveles, por lo que es necesario apuntar que los cambios de partidos políticos en el
poder, no han significado un cambio en los modelos aplicados al rubro de seguridad pública.
Por otra parte, es de resaltar la maniobra de las autoridades al presentar estadísticas que no reflejan
del todo el índice delictivo en la región, al concentrar sólo en éstas el número de Averiguaciones
Previas iniciadas por cada hecho delictivo, pero sin desglosar en ellas el número de víctimas, el cual
es evidentemente más elevado que el que se quiere hacer creer.
Por último, no se debe dejar de lado la impunidad que prevalece en la Procuraduría General de
Justicia del Estado, encargada de la investigación y consignación de los responsables de hechos
delictivos del fuero común, donde, como se señala, sólo son castigados 4 de cada 100 responsables
del delito de homicidio y, pese a ello, su titular, declara que dicha dependencia atiende ya
únicamente asuntos menores porque “ya no hay secuestros”.
