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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
TEMA:
EL DELITO PREVIO EN EL LAVADO DE ACTIVOS
AUTOR:
GARCIA RODRÍGUEZ, CÉSAR EDUARDO
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA.
TUTOR:
PALENCIA NUÑEZ, MONICA ROSA IRENE
GUAYAQUIL, ECUADOR
VIERNES 26 DE AGOSTO DEL 2016
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
CERTIFICACIÓN
Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue
realizado en su totalidad por
Garcia Rodríguez, César Eduardo como requerimiento para la
obtención del
Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la
República.
TUTOR
f. ______________________
PALENCIA NUÑEZ, MONICA ROSA IRENE,
DIRECTOR DE LA CARRERA
f. ______________________
LYNCH DE NATH, MARÍA ISABEL.
GUAYAQUIL, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, Garcia Rodríguez, César Eduardo
DECLARO QUE:
El Trabajo de Titulación, El Delito Previo En El Lavado De
Activos previo a la
obtención del Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de
la República, ha
sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros
conforme las citas
que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las
referencias o
bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total
autoría.
En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido,
veracidad y alcance
del Trabajo de Titulación referido.
Guayaquil, a los 26 días del mes de agosto del año 2016
EL AUTOR
f. ______________________________
Garcia Rodríguez, César Eduardo
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
AUTORIZACIÓN
Yo, Garcia Rodríguez, César Eduardo
Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la
publicación en la
biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación El Delito
Previo En El Lavado
De Activos, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi
exclusiva responsabilidad y
total autoría.
Guayaquil, a los 26 días del mes de agosto del año 2016
EL AUTOR
f. ______________________________
Garcia Rodríguez, César Eduardo
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U R K U N D
Urkund Analysis Result
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(D21540976)
Submitted: 2016-08-30 00:54:00
Submitted By: [email protected]
Significance: 3 %
Sources included in the report:
Tesis NievesFJNL.docx (D11563756)
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/tra/a2_may_2015_COIP.pdf
http://html.rincondelvago.com/lavado-o-blanqueo-de-dinero.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-
September-11-12/Responses_NV/Ecuador_SP.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
Instances where selected sources appear:
7
mailto:[email protected]://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/tra/a2_may_2015_COIP.pdfhttp://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/tra/a2_may_2015_COIP.pdfhttp://html.rincondelvago.com/lavado-o-blanqueo-de-dinero.htmlhttp://html.rincondelvago.com/lavado-o-blanqueo-de-dinero.htmlhttp://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
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VI
AGRADECIMIENTO
A Dios, por sus constantes bendiciones.
A mí padre, por su ejemplo.
A mí madre, por su apoyo, paciencia e inspiración.
A mis abuelitas, por guiarme.
A la doctora Mónica Palencia, por sus enseñanzas y
dedicación.
A la Abogada Vanessa Zavala, por sus lecciones.
A Doménica, por su motivación.
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VII
DEDICATORIA
Dedico este trabajo a Dios, por acompañarme en cada paso de
mi
vida.
Dedico este trabajo a mis padres, quienes inculcaron en mí el
amor
por el Derecho.
Dedico este trabajo a mis hermanos, de quienes espero ser guía
y
ejemplo.
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VIII
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO.
TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN
f. _____________________________
MÓNICA ROSA IRENE PALENCIA NÚÑEZ
TUTOR
f. _____________________________
MARIA ISABEL LYNCH DE NATH
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA
f. _____________________________
MARITZA REYNOSO GAUTE DE WRIGHT
COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA
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IX
Facultad: Jurisprudencia
Carrera: Derecho
Periodo: UTE A-2016
Fecha: 30 de agosto del 2016.
ACTA DE INFORME PARCIAL
El abajo firmante, docente tutor del Trabajo de Titulación
denominado “EL DELITO
PREVIO EN EL LAVADO DE ACTIVOS”, elaborado por la estudiante
CÈSAR
EDUARDO GARCÍA RODRÌGUEZ, certifica que durante el proceso
de
acompañamiento dicho estudiante ha obtenido la calificación de
NUEVE, CON
CINCUENTA (9.50) lo cual lo califica como APTO PARA LA
SUSTENTACIÓN.
_________________________
Docente Tutor
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X
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..….…… 12
1. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS ……………………………………...... 13
2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO DEL LAVADO DE ACTIVOS
………………….……………………………………………………..…… 14
3. SISTEMAS ADOPTADOS EN RELACIÓN AL DELITO
PREVIO………………………………………………………………..…….. 15
4. HISTORIA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL ECUADOR.
………………………………………………………………..……………...16
5. EL DOLO Y LA CULPA EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL DELITO
PREVIO……………………….……………………………………...…….....19
6. EL AUTOLAVADO……………………………………………………………...20
7. RELACIÓN ENTRE EL DELITO PREVIO Y EL LAVADO DE
ACTIVOS..………....… ..22
8. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS POR DEFRAUDACIÓN
TRIBUTARIA……………25
9. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA………………………………….28
10. CONCLUSIONES………………...…………………………………………… ..30
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………..31
-
XI
RESUMEN (ABSTRACT)
El lavado de activos, se lo puede analizar como realidad social
y como tipo penal.
Como tipo penal forma parte de los llamados delitos de
repercusión transnacional y
en el Ecuador, ya forma parte de los llamados “delitos
autónomos”, dado que en el
Código Orgánico Integral Penal (COIP), se lo ubica en el
artículo 317, sin que el
juzgamiento por el mismo esté condicionado al agotamiento de un
juicio previo por
el llamado delito precedente.
Lo anterior, a pesar de que su redacción establece una estrecha
relación probatoria
con el delito previo que generó los activos de origen ilícito,
llegando al punto de ser
un elemento normativo del tipo objetivo. Las características
especiales que tienen los
delitos subyacentes, provocan ciertos requisitos para su prueba
dentro del proceso
por lavado de activos. Un ejemplo es el de la defraudación
tributaria, donde si bien la
ley no lo establece de forma expresa, es necesario pasar
previamente por un proceso
de determinación tributaria para pretender iniciar un proceso
por lavado de activos.
Dependiendo de cada legislación, se ha establecido la
posibilidad de enjuiciamiento
del autor del delito previo como autor de lavado de activos.
Además, situaciones
como la prescripción del delito previo, la prueba indiciaria, la
inversión de la carga
probatoria, son supuestos que influyen dentro de la
investigación del lavado de
activos y están directamente relacionadas con el delito
previo.
Palabras Claves: Lavado de activos, delito previo, Código
Orgánico Integral Penal,
artículo 317, origen ilícito, prueba.
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12
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se ha realizado bajo la modalidad
metodológica de estudio
exploratorio, por lo que parte de revisión histórica del tipo
penal, de la determinación
relacional de éste con el llamado delito previo, antecedente o
subyacente y de
explorar los vínculos con otras conductas delictivas de impacto
económico, como
son defraudación tributaria y enriquecimiento privado no
justificado.
La historia relativamente corta del lavado de activos en el
Ecuador, ha ocasionado
que el país sea considerado por entidades internacionales como
favorecedor de
actividades de lavado. Tal supuesto, ha generado reformas
importantes a la ley de
prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y a
ciertos aspectos
importantes de su tipo penal. En el presente trabajo, se
analizarán las reformas que se
han hecho en torno al tipo penal para facilitar la investigación
por delito de lavado de
activos. De igual forma, se analizará las dificultades que se
puede presentar con
relación al delito previo y se establecerá la necesidad de
permitir la prueba indiciaria
como suficiente para probar la existencia del delito previo.
Se conocerán los supuestos que se presentan dentro de los
delitos de enriquecimiento
privado no justificado y defraudación tributaria, tales como la
inversión de la carga
probatoria o el requisito de determinación de la cuota
tributaria, los mismos que son
considerados por el Código Orgánico Integral Penal como delitos
que atentan contra
el régimen de desarrollo.
Otro punto interesante, será establecer si cualquier delito que
genere ganancias
ilícitas puede ser objeto de lavado de activos o nuestro país se
encuentra ante un
sistema taxativo de delitos previos. Tal análisis tiene
relevancia por cuanto a mí
criterio, mientras más posibilidad de delitos previos exista, la
investigación por
lavado de activos será más efectiva.
De igual forma, se pretenderá ofrecer ciertos análisis
relevantes dentro de la teoría
del autolavado, que si bien es permitido dentro de nuestra
legislación enjuiciar al
autor del delito previo como autor de lavado de activos, tal
supuesto a mí criterio no
debe ser absoluto.
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13
DESARROLLO
1. Concepto de lavado de activos
En nuestra Legislación, el tipo de lavado de activos consta de
seis numerales, los
cuales a mi criterio, basta con los dos primeros para abarcar
una definición íntegra
del delito. La cantidad de verbos rectores que giran en torno al
tipo, faculta al
ministerio fiscal a iniciar una investigación penal por
prácticamente cualquier forma
o uso que se le dé a activos de origen ilícito. Tal situación,
tiene su justificación en
las convenciones internacionales que regulan en forma “macro” el
delito de lavado
de activos, facultando, según los ordenamientos jurídicos de
cada país, a regularlo
respetando sus estándares impuestos.
Con esta breve introducción, tomamos en consideración el
concepto que da el
reconocido autor español Blanco Cordero (2012), quien define al
lavado de activos
como: “el proceso en virtud del cual los bienes de origen
delictivo se integran en el
sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos
en forma lícita”.
Dicho concepto es acertado, pero se queda corto ante la amplia
tipificación del delito
en el Ecuador. Si bien el reconocido autor, alcanza a definir de
forma insuperable la
finalidad del lavado de activos, no incluye en él la modalidad
inicial del delito o fase
de ocultación, correctamente delimitado en el numeral segundo
del artículo 317 del
Coip, que especifica los actos de ocultación y simulación. Por
tal motivo, es
necesario buscar una definición que incluya esta modalidad.
El doctor Díaz-Maroto y Villarejo (2015), nos entrega una
definición que a mí
criterio es mucho más completa por incluir en ella la fase de
ocultación, al expresar:
“A modo de concepto o definición hay que entender por blanqueo
de capitales o
bienes el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los
bienes o el dinero
resultante de actividades delictivas, ocultando tal procedencia,
se integran en el
sistema económico y financiero”.
La única crítica que podría nacer de esta definición es que no
específica la apariencia
de licitud que exige la fase de integración en el delito de
lavado de activos. Por lo
tanto, concluiré dicho concepto agregando al final, “…se
integran en el sistema
económico y financiero con apariencia de licitud”.
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14
2. Bien jurídico protegido del lavado de activos
Una de las características de los delitos económicos es su
carácter de pluriofensivos,
esto significa que afectan varios bienes jurídicos a la vez,
tanto de forma mediata
como inmediata. Esto se debe a que sus efectos alteran
directamente la economía y
por lo tanto incide directamente en las condiciones de vida,
afectando de esta forma
indirectamente una gran cantidad de bienes jurídicos.
En el caso del lavado de activos, la doctrina se encuentra
dividida e indecisa en la
delimitación del bien jurídico protegido. Esto se debe a la
dificultad que existe para
encontrar un bien jurídico que afecte directamente y de forma
concreta el lavado de
activos, por lo tanto, tal dificultad ha llevado a un sector de
la doctrina a considerar
que el lavado de activos no solo no vulnera ningún bien
jurídico, sino que es
conveniente para la sociedad por inyectar dinero a la economía y
dinamizarla. No
podríamos aceptar tal conclusión por los argumentos que
estableceré a continuación.
Un sector minoritario de la doctrina sostiene que el bien
jurídico protegido del lavado
de activos es el mismo del delito previo. Tal argumento se
fundamenta en la
conexión existente entre ambos y concluyen que el fin del lavado
sería “proteger
concretamente la norma de resguardo de los delitos previos, es
decir, la norma que
asegura la eficacia de la amenaza de las normas penales
primarias infringidas
previamente” (MarcadorDePosición2).
Al respecto, este planteamiento goza de lógica, pero ignora que
el fin del delito
previo no corresponde necesariamente al fin del lavado de
activos. Como se verá más
adelante, el delito de lavado de activos afecta al mercado y al
tráfico económico,
situación que muchas veces no abarca el delito previo y por lo
tanto, resultaría
insuficiente considerar que ambos delitos protegen el mismo bien
jurídico.
Un sector más grande de la doctrina considera que el bien
jurídico protegido en el
lavado de activos es la administración de justicia, esto se debe
a que mediante los
actos de ocultamiento, conversión, transformación e integración,
se dificulta a la
administración de justicia su investigación para procesar y
reprimir a los
responsables del delito previo. Sin embargo, si bien uno de los
fines del lavado de
activos es el de evitar que se descubra la ilicitud de los
activos producidos, hay que
entender que no es su principal finalidad, puesto que el delito
busca darle apariencia
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15
de legitimidad a los activos para de esa forma poder gozar de
ellos. Por lo tanto es
criterio de este autor que se debe aceptar parcialmente el bien
jurídico de
administración de justicia.
La doctrina mayoritaria sostiene que el bien jurídico protegido
del lavado de activos
es el orden socioeconómico. A mi criterio, el concepto de orden
socioeconómico es
muy amplio y de difícil delimitación, pero de igual forma, es un
bien jurídico que
usualmente trastocan los delitos económicos. El orden
socioeconómico consiste en la
afectación al mercado y a la libre competencia producto del
ingreso de activos que
no corresponden al tráfico normal de operaciones, produciendo de
esta forma una
desestabilización a la economía.
Finalmente, me inclino al planteamiento pluriofensivo que gran
parte de la doctrina
da al delito de lavado de activos. Esta parte de la doctrina
sostiene que se vulnera en
primera instancia el bien jurídico protegido de la
administración de justicia cuando
corresponde a la primera fase del lavado de activos y
posteriormente se vulnera el
orden socioeconómico cuando corresponde al ensombrecimiento y a
la integración.
3.- Sistemas adoptados en relación al delito previo.
Para ingresar al estudio del delito previo en nuestra
legislación, cabe mencionar
brevemente los sistemas a los que los países se han acogido
según sus necesidades.
El primer sistema a analizar es el restringido, este consiste en
que el delito previo se
encuentra expresamente previsto por la ley (Callegari, 2009), se
fundamenta en
razones de política criminal al establecer aquellos delitos que
resultan idóneos para
proceder al blanqueo de capitales. A mi criterio, este sistema
resulta insuficiente para
pretender dar una lucha firme al crimen organizado. Hoy en día,
con la constante
evolución tecnológica y la profesionalización de personas para
delinquir, es
necesario que el derecho penal no se quede obsoleto ante nuevas
formas de generar
ingresos ilícitos. Este sistema, podría permitir que nuevas
conductas queden en la
impunidad por falta de ley o no alcanzaría a establecer todas
las figuras delictivas
que el panorama internacional establece. Un ejemplo clarísimo es
la reciente
incorporación de los delitos fiscales como delito precedente en
el lavado de activos,
donde algunos países como Brasil en su momento, no establecían
esta posibilidad en
su catálogo de delitos cerrados, evidenciando de esta forma la
necesidad de
-
16
establecer un sistema distinto que permita abarcar la mayor
cantidad de conductas
posibles previas.
El sistema intermedio es el adoptado por países que consideran
que únicamente
puede ser delito previo todo aquel que sea considerado grave por
su legislación
Nacional. Dicho sistema, tiene su justificación en que
usualmente son los delitos
graves los que son susceptibles de generar una cantidad
suficiente de bienes que
puedan contrariar el orden socioeconómico como bien jurídico
protegido del lavado
de activos. Al respecto, cabe agregar que en nuestra legislación
no existe la
clasificación de delitos graves y delitos menos graves,
concluyendo de esta forma
que ese no es el sistema que usa el Ecuador para establecer el
delito previo. Un
ejemplo de sistema intermedio es el usado por España, que en el
artículo 13 de su
código penal (1995) establece que “son delitos graves las
infracciones que la Ley
castiga con pena grave” y su desarrollo continúa con el artículo
33 del mismo cuerpo
legal que especifica los requisitos para que un delito sea
considerado grave. Es
necesario mencionar que el Grupo de Acción Financiera
Internacional, en las 40
recomendaciones que realiza y actualiza cada cierto tiempo para
establecer los
estándares internacionales necesarios para una eficiente lucha
contra el crimen
organizado, en su tercera recomendación expresa: “Los países
deben aplicar el delito
de lavado de activos a todos los delitos graves, con la
finalidad de incluir la mayor
gama posible de delitos determinantes” (fatf-gafi, 2012). Esta
recomendación
especifica que los delitos subyacentes deben ser considerados
graves, al respecto,
dicha característica debe ser considerada en cada país según su
realidad social y
percepción acerca de la gravedad de un delito.
El tercer sistema es el amplio y me permito concluir que es el
aplicado en el Ecuador.
Este sistema no establece la gravedad como requisito esencial en
el delito previo, ni
mucho menos cuenta con un catálogo cerrado y taxativo de
delitos. De la redacción
del artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, se concluye
que es objeto de
lavado de activos cualquier persona que se beneficie de
cualquier manera de activos
de origen ilícito.
4.- Historia del delito de lavado de activos en el Ecuador
La corta historia de la tipificación del lavado de activos en el
Ecuador, ha traído
consigo una cantidad leve de reformas en el tipo penal, mas no
en la ley especial
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17
donde antes se establecía el delito de lavado de activos y
actualmente se encuentra
derogada desde el 21 de julio del 2016 por la ley de prevención
de lavado de activos
y del financiamiento de delitos.
Justifico el capítulo anterior para mencionar que el Ecuador no
siempre se ha
encontrado en un sistema amplio, sino que desde su génesis de
fecha 18 de octubre
del 2005, el sistema aplicado ha sido el intermedio, que como ya
sabemos, se
caracteriza por considerar únicamente a los delitos graves como
capaces de generar
el delito de lavado de activos.
De esta forma, el inciso final del artículo 14 de la derogada
ley de prevención de
lavado de activos y del financiamiento de delitos expresaba: Los
delitos tipificados
en este artículo, serán investigados, enjuiciados, fallados o
sentenciados por el
tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de los
demás delitos de
tráfico ilícito, u otros delitos graves.
Como bien se puede observar, el principio de legalidad obligaba
a que únicamente
los delitos considerados como graves puedan motivar un
enjuiciamiento por lavado
de activos, dicho sistema perduró hasta la reforma del 26 de
junio del 2012, en la
cual se cambió el sistema por el amplio, el cual perdura hasta
la actualidad.
Al respecto, debo mencionar que la legislación ecuatoriana no
estaba preparada para
asumir un sistema intermedio dentro del juzgamiento de lavado de
activos, tal
aseveración, se fundamenta en la falta de definición de delito
grave en nuestro
también derogado código penal. Basta volver a mencionar que la
legislación
española en sus artículos 13 y 33 definían el delito grave e
incluso especifican los
requisitos que debían cumplirse para considerar que nos
encontrábamos ante un
delito con estas características.
La falta de precisión en definir el concepto de delito grave por
parte del legislador,
nos ubicó en un claro estado de inseguridad jurídica y vacío
legal, situación que pudo
dificultar aún más el enjuiciamiento por delito de lavado de
activos, que aparte de
exigir arduas investigaciones, se vio inmerso en un sistema
inaplicable en el
Ecuador.
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18
Diría que si bien este sistema no podía ser desarrollado a
cabalidad, por lo menos
eliminaba a las contravenciones del catálogo de delitos que
podían ser considerados
previos.
La situación cambió mediante reforma del 26 de junio del 2012,
en la cual se
suprimió el sistema grave y se procedió a establecer lo
siguiente: “Esto no exime a la
Fiscalía General del Estado de su obligación de demostrar
fehacientemente el origen
ilícito de los activos supuestamente lavados”.
Esta última inclusión consolidó la estrecha relación que existe
entre el delito previo y
el lavado de activos, considerando que anteriormente, el mismo
artículo no establecía
de forma expresa la necesidad de demostrar el origen ilícito de
los activos
supuestamente lavados. Por lo tanto, demostrar el origen ilícito
significaba exigir un
requisito probatorio estricto respecto al delito previo,
mediante una serie de indicios
que permitan llegar al juzgador a una certeza moral sobre el
cometimiento del ilícito.
Esta situación permanece hasta la actualidad, con reformas que
únicamente alteran la
forma de este inciso, mas su condición permanece intacta.
Otro cambio interesante y que cabe mencionar, es el enmarcado en
el literal f del
mismo artículo, que regula la modalidad de transporte físico de
dinero ilícito en el
lavado de activos, que, con la inclusión del delito en el COIP,
motivó la siguiente
reforma.
Desde el 18 de octubre del 2005, hasta el 9 de agosto del 2014,
el literal f expresaba:
“f) Ingreso de dinero de procedencia ilícita por los distritos
aduaneros del país”,
dicha situación cambió cuando con la promulgación oficial del
COIP se reemplazó a
los distritos aduaneros del país por los pasos y puentes del
país.
El presupuesto que originó esta reforma lo podríamos explicar en
primer lugar con la
no inclusión de la posibilidad de ingreso mediante una zona
fuera de control
aduanero y en segundo lugar con la posibilidad de enmarcarlo en
los casos de
transporte de dinero ilícito dentro del territorio Nacional.
Con la ampliación de este literal a los pasos y puentes del
país, se soluciona estos
inconvenientes, incluyendo las conductas que busquen realizar un
transporte físico
-
19
mediante zonas no sometidas a control aduanero y el transporte
Nacional de dinero
ilícito.
Otro cambio que fue producto de la inclusión del delito de
lavado de activos en el
Código Orgánico Integral Penal, fue la exclusión del dolo
directo e indirecto dentro
del tipo de lavado de activos, esta situación será motivo de
análisis dentro del
siguiente capítulo.
5.- El dolo y la culpa en el lavado de activos y el delito
previo
La doctora M. Paulina Araujo Granda, en su libro la nueva teoría
del Delito
económico y empresarial, critica al legislador por la redacción
que le dio al delito de
lavado de activos, por no haber aclarado el conocimiento que
debe tener el sujeto
sobre la ilicitud de los activos, y por consiguiente, no
establecer si nos encontramos
ante un delito doloso o que admite también la culpa para su
configuración.
Uno de los elementos normativos del tipo penal en el delito de
lavado de activos, es
la procedencia ilícita de los activos, por lo tanto, es
requisito indispensable para su
configuración el conocimiento de tener en su poder activos de
origen ilícito. Tal
conocimiento, hace que el lavado de activos únicamente pueda
considerarse como
delito doloso, puesto que necesita de la intención del sujeto de
otorgar a dichos
activos apariencia de licitud.
A pesar de esto, hay que reconocer que el tipo penal de lavado
de activos es de lo
más abarcativo de conductas, y por consiguiente, las modalidades
de presencia
posible por actividad culposa, no pueden descartarse, habiéndose
establecido por el
Legislador conductas que tienen que ver inclusive con el
cumplimiento de
obligaciones formales de proporcionar información, como se lo
puede encontrar en el
artículo 319 del COIP, que establece la sanción por omisión de
control de lavado de
activos.
Cabe preguntarse si además se permite el dolo eventual para
configurar el lavado de
activos. Al respecto, la Corte Suprema de Perú mediante su
Acuerdo Plenario No. 3-
2010/CJ-116, aporta con un importante criterio donde concluye
mediante el siguiente
argumento que se puede aceptar tal supuesto “la ley exige, pues,
que, cuando menos
el agente pueda inferir de las circunstancias concretas del caso
que las acciones de
cobertura o integración las va a ejecutar con activos que tienen
la condición de
-
20
productos o ganancias del delito” (García Cavero, 2013). A mi
criterio es aceptable
la conclusión de la Corte peruana y puede ser perfectamente
aplicable a nuestra
realidad. El dolo eventual es una modalidad del dolo donde el
sujeto se arriesga a
realizar un daño aunque no tenga la intención de causarlo. En
este caso, sería lavado
de activos si el sujeto puede creer que es posible o no tener
activos de origen ilícito,
pero de igual forma se arriesga a realizar un proceso de lavado
para darle apariencia
de licitud.
También es importante establecer si la naturaleza del delito
previo debe ser doloso o
culposa. Callegari (2009) sostiene que en los sistemas amplios,
el delito previo puede
ser cualquiera que sea doloso, postura que debo rechazar al
hacer un análisis de la
redacción del tipo en nuestra legislación. A diferencia de
nuestros países más
próximos, los únicos requisitos para ejecutar el delito de
lavado de activos son
realizar los verbos rectores y las otras conductas tipificadas
sobre activos de origen
ilícito. Ante esta situación, no solo podríamos incluir a los
delitos dolosos, sino
también, tienen perfecta apertura los delitos culposos, las
contravenciones penales,
las contravenciones administrativas e incluso todo acto de
tentativa que haya
permitido originar activos ilícitos.
6.- El autolavado
En la Convención de Palermo, se permite que cada país tome la
decisión de no
castigar por lavado de activos al autor del delito previo, pero
en la práctica, es casi
universalmente aceptado por las distintas legislaciones que el
autor del delito previo
pueda ser sancionado.
El inciso octavo del artículo que tipifica el lavado de activos,
expresa que “el delito
es considerado autónomo de otros cometidos dentro o fuera del
país” (Código
orgánico Integral Penal, 2014); por lo tanto, en nuestra
legislación se permite la
punición del autolavado.
Si bien en nuestro país se permite para estos supuestos la doble
sanción, hay un
sector de la doctrina que en razón de fines teleológicos,
sostiene que no se debe
sancionar al autor del delito previo. Según el criterio de este
autor, se debe acoger
parcialmente dicho argumento por las razones que mencionaré a
continuación:
-
21
El grupo de acción Financiera Internacional (GAFI) ha diseñado
tres fases para
dividir al delito de lavado de activos, estas son: la colocación
o ocultamiento, el
ensombrecimiento y la integración. La primera consiste en la
intención de deshacerse
materialmente de las sumas recaudadas sin ocultar la identidad
de los titulares
(Callegari, 2009), en esta fase, el criminal busca esconder de
alguna forma o
mantener lejos de él, los resultados obtenidos por su ilícito.
La segunda etapa del
ensombrecimiento consiste en ocultar el origen de los bienes
ilícitos colocados
mediante la realización de numerosas transacciones financieras o
similares (García
Cavero, 2013) y finalmente, la fase de integración consiste en
el retorno
aparentemente legal de los fondos al delincuente de manera
directa o por medio de
personas o empresas vinculadas (García Cavero, 2013).Esta
clasificación es de suma
importancia, por cuanto la doctrina mayoritaria le ha otorgado
al lavado de activos
un carácter de delito pluriofensivo. De esta forma se sostiene
que en la fase de
ocultación se protege el bien jurídico de la administración de
justicia y en la de
ensombrecimiento e integración, se protege el orden
socioeconómico.
Esta clasificación tiene sentido luego de la siguiente
comparación que realizare con
el delito de encubrimiento real, el mismo que para la doctrina
tiene similitudes con el
lado de activos.
El encubrimiento real es la conducta encaminada a procurar la
desaparición de las
huellas o prueba de delito, así como el hecho de ocultar los
efectos del mismo. Tanto
el delito de encubrimiento real como el de la fase de ocultación
en el lavado de
activos vulneran el mismo bien jurídico bien jurídico de
administración de justicia
por obstaculizar la acción de la justicia.
Al respecto, el delito de encubrimiento real, tiene la
característica de no sancionar a
quien oculta los resultados del delito que cometió y dicha
sanción solo recae sobre
quienes participaron de forma posterior a su ejecución con ese
fin.
Mi análisis va al punto que bajo ninguna circunstancia debería
sancionarse al autor
del delito previo por lavado de activos cuando su actuación se
enmarca en la primera
fase, puesto que resulta sencillo concluir luego de la lectura
del Código Orgánico
Integral Penal, que en nuestra legislación no se sanciona
actualmente al encubridor y
muchos menos existe un delito de encubrimiento real. Dicha
situación tiene como
fundamento el hecho que tanto nuestra Constitución como el
(Código Orgánico
-
22
Integral Penal, 2014), contemplan el principio de prohibición de
autoincriminación,
que se encuentra definido en el artículo quinto numeral octavo
de la siguiente
manera: “Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí
misma en asuntos
que puedan ocasionar su responsabilidad penal”, de esta forma no
se le puede exigir
a quien cometió un delito, a entregar los resultados obtenidos
por este, puesto que
existe un principio de carácter penal-constitucional que lo
protege.
Tal situación no se ajusta a la segunda y tercera fase del
delito de lavado de activos,
puesto que en dichas fases ya se protege un bien jurídico
distinto y por lo tanto su fin
no va encaminado a encubrir u ocultar los resultados inmediatos
del delito, sino
buscan realizar las acciones tendientes a brindar apariencia de
licitud a los activos
obtenidos ilícitamente para disfrutar de todos sus
beneficios
7.- Relación entre el delito previo y el lavado de activos.
En nuestra legislación se reconoce al delito de lavado de
activos como autónomo
respecto al delito previo. Esta circunstancia, permite iniciar
un enjuiciamiento por
lavado de activos sin requerir la necesidad de un juzgamiento
previo por el delito
precedente que lo motivó. Pero no debemos considerar esta
circunstancia de una
forma absoluta, si bien el lavado de activos es autónomo en su
juzgamiento, la
prueba del delito previo a mí criterio constituye un elemento
normativo del tipo, esto
supone a diferencia de los elementos descriptivos, en la
exigencia de un requisito de
valoración al juzgador para la verificación de una situación de
hecho.
Si bien el requisito de prueba anteriormente mencionado
alcanzaría su plenitud
mediante una sentencia condenatoria previa por el delito
subyacente, hay que
reconocer que exigir tal circunstancia dificultaría enormemente
la persecución por
lavado de activos. Por lo tanto, la doctrina y la práctica, con
el fin de resolver tal
problema, concluyeron que en el tipo de lavado de activos se
debe permitir la prueba
indiciaria.
Para que tales indicios puedan ser acreditados, el acuerdo
plenario No. 3-2010/CJ-
116 de Perú nos brinda varios consejos que a mí parecer resultan
muy útiles para
suplir la ausencia de prueba directa. Al respecto, esta Corte
peruana exige pluralidad,
esto significa que deben existir varios indicios, prohibiendo de
esta forma la
existencia de un solo indicio como prueba. También exige que
sean concomitantes,
-
23
esto significa que se encuentren directamente asociados y
finalmente exige que se
encuentren interrelacionados, situación que refuerza la prueba
indiciaria para que el
juez mediante un razonamiento lógico inductivo, infiera con
certeza moral, la
existencia de un delito de lavado de activos.
Con la reiterada creación de nuevas formas de ocultar, convertir
e integrar activos de
origen ilícito a la economía, es imposible incluir mediante un
catálogo cerrado todos
los posibles indicios que puedan servir como prueba del delito
previo, por lo tanto
me limitaré a enunciar los que a mí parecer son los más
importantes dentro de
nuestra legislación:
1.- La falta de justificación de la persona acerca del origen de
sus activos.
2.- La falta de negocios lícitos para justificar el
enriquecimiento del imputado
3.- Comprobar un vínculo entre la persona y actividades ilícitas
susceptibles de
generar ganancias ilícitas.
Si bien los indicios deben ser plurales, no es menos cierto que
ante la posibilidad de
varios delitos previos, hay que tomar ciertas consideraciones
respecto a cada uno.
Siguiendo con este razonamiento, el autor propone la idea que en
los casos en que los
indicios constituyen prueba en el delito previo, su constatación
dentro del proceso
por lavado de activos, constituye prueba directa, y por lo
tanto, elimina la necesidad
de acreditar otros indicios.
Tal aseveración se fundamenta en el análisis del enriquecimiento
privado no
justificado como delito previo de lavado de activos. Tal delito,
se encuentra
tipificado en el capítulo quinto de delitos contra el régimen de
desarrollo, artículo
doscientos noventa y siete, que señala como elemento normativo
del tipo al
incremento patrimonial no justificado siempre y cuando sea mayor
a 200 salarios
básicos unificados. Como se puede observar, se configura con la
falta de justificación
de un incremento patrimonial, situación que coincide con un
indicio universalmente
aceptado dentro del lavado de activos, por lo tanto, la prueba
del indicio constituye
prueba directa en el delito precedente, situación que elimina la
necesidad de
presentar algún otro indicio.
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24
Este análisis facilita mucho el enjuiciamiento del delito
materia de estudio,
permitiéndose la posibilidad de iniciar un juicio por lavado de
activos cuyo
fundamento radique directamente en la falta de justificación
patrimonial y por lo
tanto, quedaría inmediatamente probado el delito previo que
sería el enriquecimiento
privado no justificado.
Solamente a manera de crítica, si bien nuestra legislación
admite la posibilidad de
investigar un incremento patrimonial no justificado como delito
previo, derivaría en
ignorar cual es el verdadero delito que provocó tal incremento;
por lo tanto,
estaríamos desviando la verdadera causa que motivó el lavado de
activos para
facilitar su juzgamiento, situación que podría derivar en la
vulneración del derecho a
probar y por ende al derecho a la defensa del acusado.
El delito de enriquecimiento privado no justificado tiene una
característica
interesante y discutible al mismo tiempo. La redacción del tipo
parecería invertir la
carga de la prueba al imputado, situación que violaría
directamente el principio de
inocencia, debidamente incluido en nuestra Constitución y Código
orgánico integral
penal. Por tal motivo, países como Portugal, lo declararon
inconstitucional. A mí
criterio, sería perfectamente aplicable en esta circunstancia la
teoría de la carga
dinámica de la prueba, misma que consiste en que quien tiene la
prueba del hecho es
al que le corresponde probarlo, argumento que comparte la corte
Constitucional
colombiana, que mediante sentencia C-740 del año 2003, expresó
lo siguiente: “Si el
particular es el que tiene bajo su cuidado o custodia la prueba
del origen lícito de su
propiedad, no es que a él le corresponda probar lo lícito, sino
que le corresponde a él
presentar la evidencia física que lo respalda” (Castellanos
Nieto, 2011).
El análisis del párrafo anterior se fundamenta en que si
consideramos que el delito de
enriquecimiento privado no justificado invierte la carga de la
prueba, la falta de
justificación del incremento patrimonial configura el delito y
esto constituye prueba
directa de lavado de activos, entonces bajo un silogismo lógico
que pasaré a
mencionar a continuación, podemos concluir que el delito de
lavado de activos en
estas circunstancias invierte la carga de la prueba.
A) El delito de enriquecimiento privado invierte la carga de la
prueba.
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B) El delito previo en el lavado de activos por enriquecimiento
privado no justificado
se prueba de la misma forma.
c) El delito de lavado de activos invierte la carga de la prueba
por probarse de la
misma forma.
Si bien tal análisis a criterio de este autor es acertado, el
hecho de invertir la carga de
la prueba convierte en inconstitucional la forma en que se
prueba el delito de lavado
de activos y por lo tanto debe ser rechazado. La doctora Mónica
Palencia,
especialista en Derecho penal económico, sostiene que en el
Ecuador se ha
desarrollado una presunción del delito previo. Esto tomando en
cuenta que los
análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que
determina mediante sus
investigaciones un incremento patrimonial injustificado,
permitiría considerar al
enriquecimiento privado no justificado como delito previo, sin
entrar a mayores
complicaciones sobre el motivo que originó tal incremento
patrimonial.
Si bien he propuesto en este trabajo que los indicios
constituyen prueba directa
cuando los mismos constituyen prueba en el delito previo, no
puede ser aceptado que
tal razonamiento vulnere el principio constitucional de
inocencia; por lo tanto, solo
aceptaremos tal análisis en las situaciones en que se respete
nuestro orden
Constitucional y sus principios.
8.- Delito de lavado de activos por defraudación tributaria
La defraudación tributaria forma parte de los delitos fiscales
contra la administración
tributaria, se caracteriza por ser un delito pluriofensivo, que
a mí criterio, vulnera de
forma inmediata el bien jurídico patrimonio de la administración
tributaria y de
forma mediata bienes jurídicos colectivos tales como: la salud,
la educación, etc. Se
encuentra tipificado en el artículo 298 del Código Orgánico
Integral Penal, y se
caracteriza por ser una figura eminentemente dolosa cuyos verbos
rectores son
simular, ocultar, falsear o engañar.
Para que el delito se consuma, es necesario realizar una
conducta tendiente a pagar
menos tributos mediante cualquiera de los verbos rectores del
tipo, para de esta
forma causar un perjuicio económico a la administración, dicha
conducta, genera
una cuota tributaria defraudada, la misma que es el objeto
material del delito de
lavado de activos.
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26
Un sector de la doctrina se niega a reconocer a la cuota
tributaria como objeto
material de lavado de activos, argumentando que el autor del
delito previo no recibe
nada nuevo y por lo tanto no puede lavar activos no generados.
Al respecto, a mí
criterio no es posible compartir esta posición y para
fundamentar mi desacuerdo, cito
el criterio del doctor Isidoro Blanco Cordero, quien argumenta
que “existe también
conexión causal y, por lo tanto, contaminación, cuando
suprimiendo mentalmente la
actividad delictiva el bien no se encuentra en el patrimonio de
un sujeto” (Caro
Coria, 2015). Por lo tanto, si el sujeto no hubiera defraudado a
la administración,
entonces no contaría con la cuota tributaria.
Una característica sumamente importante es el momento en que se
considera que la
cuota tributaria puede ser susceptible de lavado de activos. Al
respecto, sostengo que
tendría cabida luego del vencimiento del plazo establecido para
declarar, esto
significa, que debe existir una decisión definitiva mediante un
proceso de
determinación tributaria para considerar posteriormente una
investigación por lavado
de activos. Esta situación es interesante, puesto que estaríamos
concluyendo un
requisito de prejudicialidad tributaria, que si bien la ley no
establece de forma
expresa, es la única forma en que podríamos considerar una
investigación por
defraudación tributaria y por lo tanto por lavado de
activos.
Si bien con la cuota tributaria tenemos la cantidad de activos
susceptibles a ser
lavados, debemos estar conscientes que todo el monto no
necesariamente fue objeto
de lavado de activos. Luego de determinarse la cuota, hay que
identificar que activos
fueron objeto de todos aquellos actos tendientes a darles
apariencia de licitud y por lo
tanto, es necesario someter la investigación a un proceso de
identificación e
individualización de aquellos bienes.
Esta individualización es necesaria porque es la única forma de
que no se realicen
decomisos sobre los bienes del acusado de forma arbitraria, ni
mucho menos
“considerar a la cuota tributaria como una deuda por la que el
defraudador debe
responder con todos sus bienes” (Caro Coria, 2015) Realizar tal
conducta,
contrariaría directamente lo estipulado en los artículo 5 y 9 de
la convención de
Viena y Palermo, los cuales son tratados internacionales a los
que el Ecuador se
encuentra suscrito.
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Siguiendo este análisis, el autor de este trabajo critica
abiertamente lo dispuesto en el
artículo 69 del código orgánico integral Penal, el cual me
permitiré citar:
Art. 69…
“En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro de
procesos penales por
lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, y delitos
relacionados con
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, si tales bienes,
fondos o activos,
productos e instrumentos no pueden ser decomisados, la el
juzgador dispondrá el
comiso de cualquier otro bien de propiedad del condenado, por un
valor
equivalente, aun cuando este bien no se encuentre vinculado al
delito”.
La parte final del párrafo citado vulnera directamente las
convenciones
internacionales de Viena y Palermo anteriormente mencionadas,
las cuales
establecen que el decomiso procederá en esencia contra aquellos
bienes vinculados al
delito, situación que debe ser respetada por el Ecuador, puesto
que si bien la
convención no trata directamente sobre Derechos humanos, estos
artículos protegen
el Derecho fundamental a la propiedad; por lo tanto, no se puede
pretender
decomisar bajo ninguna circunstancia bienes que no se encuentren
vinculados al
delito, menos aún en un Estado de Derechos y justicia como lo es
el Ecuador.
Por lo tanto, estos artículos de la Convención de Palermo y
Viena establecen la
obligación de identificación y separación de los activos lícitos
e ilícitos. Tal
concepto, se extiende a los supuestos en que se mezcla o
contamina un patrimonio
lícito con uno ilícito, estableciendo que el decomiso procederá
hasta el valor
estimado del producto mezclado.
Ahora bien, resulta interesante lo que ocurriría si prescribe el
delito fuente de
defraudación tributaria. Al respecto, el Doctor Percy García
Cavero de manera
general sostiene que la prescripción del delito previo tiene el
efecto de evitar la
incautación y decomiso de los bienes objeto de lavado, pero que
esto se trata
finalmente de una pena accesoria, entendiendo de esta forma que
es completamente
procedente una imputación por lavado de activos. Criterio que no
comparto, por
cuanto ha quedado claro que la identificación de activos
ilícitos es un elemento
normativo del tipo penal y por lo tanto su prueba es requisito
indispensable para un
enjuiciamiento por lavado de activos. “La prescripción del
delito tributario tiene el
-
28
efecto de que este no pueda ser objeto de investigación y
prueba” (Caro Coria ,
2015), situación que impide que se demuestre la existencia de
activos ilícitos y por lo
tanto se evitaría el cumplimiento de uno de los requisitos
indispensables para la
imputación por lavado de activos. De esta forma, el autor
sostiene que la prescripción
del delito previo descontamina los activos ilícitos y por lo
tanto impide su
persecución penal.
9.- Responsabilidad de la persona jurídica
En el presente capítulo analizaré la responsabilidad penal de
las personas jurídicas
mediante la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos, la
cual goza actualmente de
gran aceptación dentro de la doctrina del Derecho.
La teoría de los sistemas sociales autopoiéticos es actualmente
la teoría que a mi
criterio justifica de mejor forma la responsabilidad penal de
las personas jurídicas. Su
fundamento radica en el constructivismo operativo, el cual
sostiene que la
comunicación es la forma en que se producen relaciones
jurídicas. Dichas relaciones
jurídicas, permiten establecer quien puede ser considerado
persona dentro de nuestro
entorno. La característica de persona otorga una posibilidad de
comportamiento que
se fundamenta en un principio de libertad de actuación cuya
única prohibición es no
hacer daño a otro; este concepto también engloba a la persona
jurídica la cual actúa
por medio de la comunicación en el mundo del Derecho y por lo
tanto, al mantener
relaciones jurídicas, se la considera persona.
El funcionalismo normativo de Jakobs, establece que las personas
deben actuar en
base a un rol de ciudadano, condición que se le otorga a quien
se ve dotado de
derechos, deberes y obligaciones. Por su estructura, la persona
jurídica no puede
gozar de todos los Derechos inherentes al ser humano, pero goza
de los suficientes
para desenvolverse en nuestro entorno y conseguir que sus
actuaciones tengan
efectos dentro de la sociedad. Todo esto tomando a la persona
jurídica como un ente
individual de sus socios, con plena capacidad de organización y
la posibilidad de
reproducirse a sí mismo.
El deber de actuar dentro de un rol de ciudadano para la persona
jurídica provoca que
su desenvolvimiento se circunscriba dentro del margen de lo
legal. Una actitud
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29
contraria a ese rol provoca consecuencias y responsabilidades
que pueden variar
entre lo civil, administrativo o penal.
Cabe plantearse si se puede considerar que en el marco de la
actuación, las empresas
jurídicas dependen de las personas naturales para su posterior
enjuiciamiento penal.
La doctrina mayoritaria ha sostenido que efectivamente existe
una
corresponsabilidad entre las personas naturales y jurídicas,
pero con el tiempo han
nacido otras, que nos hace plantearnos otra realidad. Al
respecto, Gómez Jara-Diez
(2005), nos brinda el criterio de parte de la dogmática alemana,
que encuentra en la
característica de autoorganización de la persona jurídica, una
razón determinante
para establecer que en el marco de esa facultad, se la puede
hacer responsable por las
“consecuencias de esa autoorganización”.
En esta circunstancia, García Falconí (2015) hace énfasis en la
autorreferencialidad,
la cual señala como “característica primordial y modo en que
cada sistema se
relaciona con su entorno y por tanto con otros sistemas
sociales”. Esta
autorreferencialidad dentro de la persona jurídica, es el
equivalente a la
autoconciencia en la persona natural. Por lo tanto, una
autorreferencialidad
insuficiente es el equivalente a falta de culpabilidad, mientras
tanto un sistema de
complejidad suficiente dentro de la estructura de la persona
jurídica, constituye
autorreferencialidad suficiente y faculta a iniciar una
imputación penal.
Desde una perspectiva de hecho, podemos asemejar con el demente
inimputable por
carecer de autoconciencia a las empresas de papel, offshore e
incluso a las empresas
pequeñas cuyas decisiones realmente dependen de una sola persona
natural. En el
caso de estas compañías, carecen de suficiente complejidad
estructural y por lo tanto
de autorreferencialidad.
En el delito materia de estudio, se debe establecer si la
participación de la empresa
como posible sujeto pasivo de imputación penal, fue mediante el
uso de compañías
con estructura suficiente o mediante empresas de papel. En el
segundo de los
supuestos, tratándose de compañías heterónomas o dependientes de
una persona
natural, procede el levantamiento de velo societario para
acceder al patrimonio del
accionista que dolosamente pretendió ocultar los resultados de
su actividad ilícita
dentro de una compañía fantasma, diferenciando de esta forma los
casos en que es
procedente activar la vía penal o únicamente la vía
administrativa.
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30
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se concluyó que el Ecuador se encuentra
en un sistema amplio
respecto al juzgamiento del delito previo. Esto significa que
cualquier actividad que
genere ingresos ilícitos, habilitará un enjuiciamiento por
lavado de activos. Al haber
hecho un breve repaso de la historia del lavado de activos en el
Ecuador, se pudo
evidenciar que el Ecuador anteriormente se encontraba en su
sistema intermedio. Tal
cambio se debe, al esfuerzo que hizo el Ecuador para no limitar
bajo ninguna
circunstancia la investigación por lavado de activos.
Un requisito que ha perdurado en la historia del delito en el
Ecuador, es su carácter
de autónomo, pero como se ha demostrado, dicha autonomía radica
en su
juzgamiento por permitir que el autor del delito previo también
pueda ser enjuiciado
por lavado de activos sin que exista por tal situación
vulneración a la prohibición de
doble juzgamiento. Pero como se ha visto, no se puede obviar la
existencia del delito
previo puesto que existe una conexión probatoria entre ambos. Al
final, el lavado de
activos solo podría ejecutarse ante la existencia de activos de
origen ilícito, los cuales
solo pueden generarse mediante un delito. Por lo tanto, podemos
concluir que el
lavado de activos es dependiente del delito previo para su
existencia. Como hemos
observado tal dependencia obliga a que la prueba en el lavado de
activos siga las
reglas probatorias del delito previo e incluso puede extenderse
hasta la posible
inversión de la carga probatoria.
Se pudo concluir que el delito de lavado de activos es
eminentemente doloso y como
último supuesto puede aceptarse una modalidad de dolo eventual,
pero jamás la
culpa. El desconocimiento de tener activos ilícitos en tu poder,
desnaturalizaría
completamente la intención de darles apariencia de legitimidad y
por lo tanto el
sujeto incurriría en un error de tipo, que excluye el dolo.
Además, se estableció que es posible que las personas jurídicas
puedan ser
responsables penalmente por su participación dentro del delito
de lavado, siempre y
cuando se cumpla el requisito de estructura suficiente y
autorreferencialidad
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31
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DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Yo, García Rodríguez, César Eduardo, con C.C: # 0924866130
autor/a del trabajo
de titulación: “El delito previo en lavado de activos” previo a
la obtención del título
de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del
Ecuador en la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen
las instituciones de
educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley
Orgánica de
Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital
una copia del
referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema
Nacional de
Información de la Educación Superior del Ecuador para su
difusión pública
respetando los derechos de autor.
2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido
trabajo de titulación, con
el propósito de generar un repositorio que democratice la
información, respetando las
políticas de propiedad intelectual vigentes.
Guayaquil, 26 de agosto de 2016
f. ____________________________
Nombre: César Eduardo García Rodríguez
C.C: 0924866130
-
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO: El Delito previo en el lavado de activos
AUTOR(ES) César Eduardo García Rodríguez
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) Mónica Palencia Núñez
INSTITUCIÓN: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
FACULTAD: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y
Políticas
CARRERA: Derecho
TITULO OBTENIDO: Abogado de los Tribunales y Juzgados de la
República del Ecuador
FECHA DE
PUBLICACIÓN: 30 de agosto del 2016
No. DE
PÁGINAS: 34
ÁREAS TEMÁTICAS: Historia del lavado de activos, relación entre
el delito previo y el
lavado de activos, ejemplo de delitos previos
PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:
Lavado de activos, delito previo, Código Orgánico Integral
Penal,
artículo 317, origen ilícito, prueba.
RESUMEN/ABSTRACT El lavado de activos, se lo puede analizar como
realidad social y como tipo
penal. Como tipo penal forma parte de los llamados delitos de
repercusión transnacional y en el Ecuador,
ya forma parte de los llamados “delitos autónomos”, dado que en
el Código Orgánico Integral Penal
(COIP), se lo ubica en el artículo 317, sin que el juzgamiento
por el mismo esté condicionado al
agotamiento de un juicio previo por el llamado delito
precedente.Lo anterior, a pesar de que su redacción
establece una estrecha relación probatoria con el delito previo
que generó los activos de origen ilícito,
llegando al punto de ser un elemento normativo del tipo
objetivo. Las características especiales que
tienen los delitos subyacentes, provocan ciertos requisitos para
su prueba dentro del proceso por lavado
de activos. Un ejemplo es el de la defraudación tributaria,
donde si bien la ley no lo establece de forma
expresa, es necesario pasar previamente por un proceso de
determinación tributaria para pretender
iniciar un proceso por lavado de activos.
Dependiendo de cada legislación, se ha establecido la
posibilidad de enjuiciamiento del autor del delito
previo como autor de lavado de activos. Además, situaciones como
la prescripción del delito previo, la
prueba indiciaria, la inversión de la carga probatoria, son
supuestos que influyen dentro de la
investigación del lavado de activos y están directamente
relacionadas con el delito previo.
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