Fuero sindical... ¿a favor de los empresarios?

Informe presidencial y verdades que incomodan

Gonzalo Rodríguez Amurrio

El autor es abogado y ex dirigente obrero

El ampuloso informe presidencial del 22 de enero de 2016 da lugar a varios análisis temáticos, pero, por lo corto que resulta el espacio de una columna de opinión, no es posible abarcarlos en una sola vez. Ello obliga a dosificar incluso al interior de cada tema. En esta ocasión opto por tocar un aspecto inherente a los trabajadores sindicalizados del país.

En el informe en cuestión, se afirma que el actual esquema gubernamental, de inicio, elevó a rango de Ley el Decreto Supremo número 38 de 1944 sobre fuero sindical, pero se omite aclarar el daño aparejado que vino con ello.

Si ya los juzgados de trabajo aplicaban multas de Bs. 10.000.- por atentados al fuero sindical, en base a decretos

que sancionan la infracción a ley social, con la elevación a rango de ley del Decreto Supremo Nº 38 de 1944, mediante Ley Nº 3352, el gobierno limitó la multa por infracción al fuero sindical a la mitad: Bs. 5.000.- Es más, abolió la prisión de 15 días a dos meses en los casos graves, como disponía el Art. 5 del Decreto N° 38.

Con tal resultado benefició al infractor del fuero sindical, dejando en ridículo y en situación de impotencia a la organización sindical. Ello es tan evidente que, durante los últimos años la Organización Internacional del Trabajo ha estado observando al gobierno sobre la insignificancia de las sanciones por atentados al fuero sindical; pero éste, como siempre, se hace al de los oídos sordos, así como la burocracia sindical cómplice se hace a la desentendida.

A su turno, en la frecuente comparación que suele hacer el Presidente, entre el pasado y su gestión gubernamental, sería justo que compare cómo esa multa de Bs. 10.000.- por infracción a ley social, en los años 90 (de la etapa llamada neoliberal), representaba ciento once salarios mínimos nacionales; hoy esos mismos Bs. 10.000.- representan solo seis salarios mínimos nacionales, y la multa de su Ley 3352 apenas tres salarios mínimos de 2015. De ahí que existan malos empresarios que afirmen preferir pagar la multa (ínfima en la actualidad y en constante devaluación a futuro) antes que cumplir con la legislación laboral y en particular sobre fuero sindical.

De igual manera, se hace necesario comparar que, en esos mismos años noventa la multa impuesta por sentencia ejecutoriada daba lugar no solo a su cobro, sino a la restitución simultánea del derecho vulnerado, bajo tuición del mismo juez que conoció el caso. En la actual administración de justicia, la labor de la autoridad judicial se limita al cobro de la multa y, en palabras simples, el trabajador o dirigente ya verá que hace para que le restituyan su derecho violentado.

Asimismo, resulta útil comparar el tiempo que se tardaba en contar con una sentencia ejecutoriada en el trámite de una denuncia del Ministerio de Trabajo ante la autoridad

judicial, por atentado al fuero sindical. El año o dos a lo sumo, que llegaba a durar en los años 90, en los hechos, en el último tiempo del proceso de cambio se ha duplicado, en detrimento de la labor de la organización y el dirigente sindical.

Decir que nadie le informó de esto al gobierno, o que sus ministros no se percataron, es simple excusa. El último ministro de origen fabril sabía a detalle de esta situación perjudicial, así como la cancillería y todos los ministros del trabajo de turno conocieron las observaciones de la O.I.T. sobre esta problemática. Pero, ¿qué pueden hacer cuando, como nunca antes, se tiene un Ministerio de Trabajo supeditado a un gabinete económico de corte indudablemente retrógrado empresarial? ¿Cómo esperar que los congresos sindicales traten esta problemática tan urgente si gran parte de sus dirigentes traicionaron la independencia sindical? Y lógicamente, tienen temor o no les conviene causar la menor incomodidad al gobierno al que sirven.

Agenda 2025 ¿década perdida?

A días del referéndum del 21 de febrero de 2016, el partido de gobierno se esfuerza por llamar la atención del electorado hacia la Agenda Patriótica – 2025, en pos de que la población correlacione las metas de tal agenda para los próximos diez años, con la presencia imprescindible en el gobierno del binomio Morales Ayma –García Linera.

¿Pero, cuánto se conoce de la Agenda 2025? ¿Serán realmente valiosas, acertadas o suficientes las metas contempladas en ella?

Hasta ahora nos dejamos apantallar por la propaganda oficialista, coadyuvada por la falta de respuesta alternativa de las fuerzas políticas de oposición y, en consecuencia, la Agenda aparenta ser una de maravilla, capaz de tapar la boca a cualquiera. Sin embargo, dedicándose a analizar su contenido y a contrastarlo con lo que el país, en una renovada visión de futuro, requiere; uno se topa con varias limitaciones de la mentada Agenda 2025.

Empecemos por un tema sensible y urgente para la población, más aún para las jóvenes generaciones, como es la educación; cuyas metas están contempladas en el tercer pilar de la Agenda 2025. La meta de que el 100% de las bolivianas y los bolivianos cuenten con acceso a servicios de educación básica, técnica y superior públicos y gratuitos, es absolutamente insuficiente si, al mismo tiempo, no se precisa y el Estado no se compromete a favor de ciertos estándares de calidad y renovación de alcances y contenidos.

Actualmente, en la sociedad del siglo XXI y que ha venido a llamarse: sociedad de la información, ya no es suficiente que la educación reproduzca viejos contenidos y prácticas pedagógicas, con la sola variante cuantitativa de abarcar al 100% de la población.

Cada vez se hace más evidente que, si nuestro sistema educativo público es incapaz de dotarnos bachilleres

plurilingües, con el dominio suficiente del inglés y ojalá de otros idiomas más, el acceso de nuestra población a la información, al conocimiento, al desarrollo técnico y tecnológico se verá cada vez más rezagado. No es ya un misterio que la mayor cantidad de publicaciones científicas estén en dicho idioma, de manera que cuando nuestros estudiantes y profesionales tienen que esperar las versiones traducidas al castellano, ese conocimiento ya resultó superado por nuevos descubrimientos y por el desarrollo teórico constante en las diferentes ramas del saber.

A la par de dicha exigencia de formación de ciudadanos plurilingües, está la dotación de condiciones materiales para el acceso al medio más ágil que en la actualidad permite obtener una cada vez más grande cantidad y calidad de información, como es la Internet. Al concluir el próximo lustro, asistiremos a la sustitución de la comunicación WiFi por el LiFi (basada en la transmisión de datos utilizando la luz y con capacidad de descarga de información en gigas y no simples megas por segundo); pero, el gobierno hasta hoy resultó incapaz de habilitar siquiera el funcionamiento en reden aula de las computadoras dotadas a los colegios a nombre de los bachilleres de 2014.

Asimismo, viene cobrando fuerza la urgencia de que desde la educación del nivel primario se logre que las y los estudiantes tengan dominio básico de programación, es decir que ella sea esencial en la educación escolar; pero ni la capacitación impartida desde el PROFOCOM ha preparado al personal docente para el uso de las computadoras como herramientas pedagógicas. En suma, si el 2025, como país no lográramos las primeras generaciones de bachilleres plurilingües, competentes en el uso de paquetes informáticos, con formación básica de programación y acceso a verdaderas autopistas de navegación en Internet, estando conscientes de su necesidad y urgencia, lamentaremos una década perdida.