Función resocializadora de la pena

8/6/2019 Funcin resocializadora de la pena

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III

Funcin resocializadora de la pena

Ponente: Pamela B. Jolas Cabezas

Para comenzar a hablar sobre esta temtica, es preciso citar cuatro normas

bsicas al respecto:

Convencin Americana Sobre los Derechos Humanos (Pacto SanJos de Costa Rica), Artculo 5, Inciso 6: Las penas privativas de la

libertad tendrn como finalidad esencial la reforma y la readaptacin

social de los condenados.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, Artculo 10,Inciso 3: El rgimen penitenciario consistir en un tratamiento cuya

finalidad esencial ser la reforma y la readaptacin social de los

penados.

Constitucin Nacional Argentina, Artculo 18: Las crceles de lanacin sern sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los

reos detenidos en ellas.

Ley 24.660, Artculo 1: La ejecucin de la pena privativa de libertad,en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado

adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su

adecuada reinsercin social, promoviendo la comprensin y el apoyo de

la sociedad.

Estas normas citadas demuestran que la Repblica Argentina, con respecto a

la finalidad de la pena en el mbito del Derecho Penal, adhiere a la teora


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relativa de prevencin especial. Esta teora, como es sabido, se proyecta hacia

el individuo que cometi un delito; trata sobre los efectos de la aplicacin

concreta de la pena a un individuo determinado con el objetivo de evitar que

reincida en el delito. Supone el condicionamiento interno del sujeto que ha

infringido la norma para que no vuelva a realizar tal infraccin. La finalidad

de la pena, para esta teora, esresociabilizar al individuo.

Estos dos conceptos, condicionamiento interno y resociabilizacin,

pueden ser considerados sinnimos: RESOCIABILIZAR supone el

CONDICIONAMIENTO INTERNO del sujeto que ha delinquido.

Resociabilizar es reformar y readaptar socialmente a los condenados; es hacer

que stos tomen conciencia de la estructura social en la que el individuo vive e

incorporen los elementos culturales apropiados (lase, considerados

apropiados por una sociedad determinada, en un momento y un lugar

determinados).

Cuando al sujeto se lo debe resociabilizar, es porque estamos segn

Durkheim- ante un caso de desviacin social: un sujeto con conductas

consideradas anormales, acta contrariando el consenso social sobre las

normas obligatorias.

No lo reprobamos porque es un crimen sino que es un crimen porquelo reprobamos (Emile Durkheim)

Yo creo que lo nico que puede resociabilizar a un individuo (ms all de que

se trate de un penado privado de la libertad o condenado a otro tipo de pena)

es la educacin. Educar es mucho ms que instrur. La educacin no solo

incorpora contenidos sociales y culturales al sujeto sino que le ensea otras

realidades, diferentes a las que conoce.


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El delincuente no va a resocializarse solo porque el estado le impuso una

pena.

todo procedimiento penal est basado en el castigo y todava nosabemos si el castigo aleja del delito al delincuente o, ms bien,

sabemos que a veces aleja del delito y a veces estimula delitos

posteriores W.I.Thomas en The Unadjusted Girl, 1923-

Es necesario un plus. Es necesario que tome conciencia de la violacin de la

norma jurdica y que desee no volver a transgredirla.

Para que el delincuente desee esto, debe tener incorporados determinados

valores (como el hbito al trabajo), los cuales se adquieren con la educacin.

Ejemplificando con la realidad, En la Unidad Penitenciaria N4 los internos

pueden completar sus estudios primarios y secundarios dentro del penal. Tanto

en la Unidad N4 como en la Unidad N19, internos y agentes penitenciarios

estudian de manera conjunta la carrera de Abogaca, modalidad a distancia

(hasta ahora la nica disciplina universitaria que se dicta intramuros),

disminuyendo las brechas sociales y culturales, aportando a la educacin

como herramienta de insercin social.

En la Unidad N4 se les brinda a los internos la posibilidad de trabajar en

talleres, como carpintera; posibilidad que conlleva a la obtencin de un oficio

para cuando hayan cumplido su condena. Tambin algunos internos se

encuentran desarrollando un emprendimiento innovador: produccin de

grgolas, con posibilidad de la venta del producto a travs de un convenio con

la Universidad Nacional del Sur. Por ltimo, es dable destacar la seccin de

piscicultura y vivero dentro del penal, en la cual los internos que participan de

la actividad adquieren conocimientos profundos sobre la temtica.


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Como dije anteriormente, la educacin ensea al sujeto realidades diferentes a

las que conoce. Si se cree que un individuo delinque porque no conoce otra

cosa o porque piensa que no tiene a su alcance otra solucin, la educacin le

demuestra que hay muchas alternativas diferentes al crimen. La educacin

capacita a las personas para desenvolverse en la vida.

Ahora bien, no puede obligarse a los condenados a trabajar o a aprender

oficios. Pero se los puede incentivar a llevar adelante estas actividades,

durante el cumplimiento de la pena, otorgndoles beneficios en caso de

practicarlas.

Esta idea se ve reflejada en la Ley N 24660 de Ejecucin de la Pena

Privativa de la Libertad:

Artculo 105: Los actos del interno que demuestren buena conducta,espritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de

responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades

organizadas del establecimiento, sern estimulados mediante un sistema

de recompensas reglamentariamente determinado.

Artculo 106: El trabajo constituye un derecho y un deber del interno,es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su

formacin.

Artculo 107: El trabajo propender a la formacin y almejoramiento de los hbitos laborales Procurar la capacitacin al

interno para desempearse en la vida libre.


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Artculo 110: Sin perjuicio de su obligacin de trabajar, no secoaccionar al interno a hacerlo. Su negativa injustificada ser

considerada falta media e incidir desfavorablemente en el concepto.

Artculo 134: La enseanza ser preponderantemente formativa,procurando que el interno comprenda sus deberes y las normas que

regulan la convivencia en sociedad.

Conclusin:

Las causas del delito son mltiples y no pueden reducirse a la simple falta de

educacin, manifestada como la falta de incorporacin de conceptos y valores

sociales y culturales. Tampoco puede reducirse el concepto de delincuente a

un sujeto que acta de determinado modo porque desconoce otros accionares

posibles.

La educacin no es la solucin automtica para terminar con la delincuencia,

pero creo yo que es el principal camino para combatirla. No solo en el mbito

intramuros, como prevencin especial, sino principalmente y desde temprana

edad, como prevencin general, en las instituciones educativas habituales

(escuelas primarias y secundarias).

Como no se debe olvidar que educar no es lo mismo que instrur, estas

instituciones educativas solo pueden contribur a la formacin de las personas,

siendo la familia, en el hogar, el ncleo fundamental de la cuestin.

La pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una funcin de

prevencin especial positiva; esto es, debe buscar la resocializacin del

condenado, obviamente dentro del respeto de su autonoma y dignidad,

pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es


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excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinsercin en el

mismo.1

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1-Clara Ins Vargas Hernndez, Magistrada de la Corte Constitucional de

Colombia, en Sentencia C-806 del 3 de octubre de 2002.

JURISPRUDENCIA:

Aplicacin de las Reglas Mnimas para el tratamiento de los reclusos de la

O.N.U. Cumplimiento de los propsitos del rgimen penitenciario: posibilidadefectiva de instruccin.

Ejecucin Penal - Jurisprudencia Provincial

Derecho a la educacin de los condenados, consecuente obligacin de adoptar las medidas

necesarias para mantenerlo o fomentarlo. Imposibilidad de alegar dificultades de traslado para

soslayar dicho derecho.

Sala III del Tribunal de Casacin Penal pcia. de Buenos Aires, causa n 11.395 (Registro de

Presidencia n 40.189) F. B., R. B. s/ Recurso de Casacin (art. 417 del C.P.P.) y su acumulada n

11.625 (Registro de Presidencia n 41.403), caratulada F. B., R. B. s/ Hbeas Corpus, rta. 6 de julio

2010.

ACUERDO:

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala III del Tribunal de Casacin Penal, el 6 de

julio de dos mil diez se renen en Acuerdo Ordinario los seores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Borinsky

(artculo 451 del C.P.P.), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de dictar sentencia en la

presente causa n 11.395 (Registro de Presidencia n 40.189) F. B., R. B. s/ Recurso de Casacin (art. 417 del

C.P.P.) y su acumulada n 11.625 (Registro de Presidencia n 41.403), caratulada F. B., R. B. s/ Hbeas Corpus,

conforme al siguiente orden de votacin: CARRAL - BORINSKY.

ANTECEDENTES:

La Cmara de Apelacin y Garantas en lo Penal de Dolores rechaz la accin de hbeas corpus incoada por el

interno R. B. F. B., mediante la cual denunciara un agravamiento ilegtimo en las condiciones de su detencin,

consistente en la existencia de distintos impedimentos al ejercicio de su derecho a cursar estudios universitarios,

como ser la alegada carencia de medios y recursos humanos del Servicio Penitenciario a los efectos de trasladar a la

sede de la Universidad Nacional de La Plata a los internos que cursan estudios all (ver fs. 25/27 y 32/33).

Asimismo, cabe destacar que, a modo de correctivo de la situacin denunciada, el accionante peticiona su traslado

definitivo desde la Unidad n 26 del Servicio Penitenciario Lisandro Olmos- en la que se encuentra hacia la Unidad

n 12 Gorina-, la cual contara con los medios y recursos de los cuales aquella carece (ver fs. 25/27).


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Contra el pronunciamiento de referencia, interpuso recurso de casacin la defensa del nombrado por el cause

previsto por el artculo 417 del cdigo de forma, el cual fue declarado admisible y concedido por el a quo (ver fs.

38/42 y 43/44).

Puntualmente, el recurrente denuncia la inobservancia de los artculos 14, 16, 19 y 75 inc. 22 de la Constitucin

Nacional; 5.6 y 26.1 y 2 de la Convencin Americana de Derechos Humanos; 10.3 y 13 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Polticos; 11, 14, 15, 20 y 35 de la Constitucin Provincial; 1 y 12 de la ley 24.660; y 5, 6, 7, 8 y 9

inc. 6, de la ley 12.256. A raz de ello, solicita que se conceda la peticin de hbeas corpus interpuesta por el internoF. B.

Radicadas las actuaciones ante esta sede, se dispuso el comparendo del interesado y, ante la presencia de la Sra.

Defensora Adjunta de Casacin, se celebr la audiencia prevista por el artculo 412 del Cdigo Procesal Penal,

oportunidad en la que F. B. ratific los trminos de su pretensin (ver fs. 63).

As las cosas, la Sala se encuentra en condiciones de dictar sentencia, por lo que se plantean y votan las siguientes

CUESTIONES:

Primera: Resulta procedente el recurso de casacin interpuesto?

Segunda: Qu pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACIN:

A la primera cuestin planteada el seor juez doctor Carral expres:

I. Desde una primera aproximacin al asunto que se ventila, estimo oportuno mencionar que el catlogo de

Reglas mnimas para el tratamiento de los reclusos dictado por la Organizacin de las Naciones Unidas destaca

que el fin de proteger a la sociedad contra el delito slo se alcanzar si el perodo de encierro de los procesados y

condenados es aprovechado para lograr que, una vez liberados, no solamente quieran respetar la ley y proveer sus

necesidades, sino tambin que sean capaces de hacerlo (Reglas n 4 y 58).

Es por ello que con el fin de lograr tal propsito, los regmenes penitenciarios deben implementar, entre otros,

todos los medios y asistencias educacionales de que puedan disponer, conforme las necesidades individuales de cada

interno, brindndoles la posibilidad efectiva de instruirse, coordinndose dicho derecho con el sistema de

instruccin pblica a fin de que al ser puesto en libertad pueda continuar sin dificultad su preparacin (Reglas n 59,

66.1 y 77).

En lo que respecta al orden local, sabido es que uno de los fines primordiales de la ley de ejecucin penal

bonaerense radica en la adecuada insercin social de los procesados y condenados, siendo un medio idneo para ello

que la asistencia y el tratamiento penitenciario estn dirigidos al fortalecimiento de la dignidad humana y elestmulo de actitudes solidarias, a partir de la satisfaccin de sus necesidades y del desarrollo de sus potenciales

individuales (artculos 4 y 5 de la ley 12.256).

Asimismo, dicha normativa ordena que la asistencia y tratamiento deber brindarse en el rea de la educacin,

entre otras, as como tambin que los programas mediante los cuales se implementen aquella asistencia y

tratamiento tendern a preservar o reforzar la continuidad de ciertos vnculos, entre ellos los educacionales, siendo

que con este fin podr recurrirse a la cooperacin de organismos estatales (artculos 7 y 8 de la ley 12.256).

Por otra parte, huelga mencionar que la referida ley reconoce el derecho a la educacin tanto de los procesados

como condenados, colocando en cabeza del Servicio Penitenciario la obligacin de adoptar las medidas necesarias

para mantener, fomentar y mejorar la educacin de los recursos necesarios para la implementacin de los planes de

educacin (artculos 9 inciso 6 y 31 de la ley 12.256).

En esta inteligencia, la norma establece que en el ejercicio de su jurisdiccin en materia de ejecucin penal, el juez

competente debe garantizar el cumplimiento tanto de las disposiciones constitucionales como de los tratadosinternacionales ratificados por la Repblica Argentina y los derechos de quienes se encuentren sometidos al

contralor del Servicio Penitenciario, entre los cuales, en lo que al caso interesa, se encuentra el derecho a la

educacin (artculos 14 y 18 de la Constitucin Nacional; 1, 26 y 30 de la Convencin Interamericana sobre Derechos

Humanos; 6.2 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; 3 de la ley 24.660 y 10 de la ley 12.256).

II. A la luz de los lineamientos establecidos por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y las

disposiciones legales enunciadas, se observa con meridiana claridad la privacin al derecho de acceder a la

educacin que, hasta el momento, viene sufriendo R. B. F. B.


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En una primera oportunidad, al resolver la accin de hbeas corpus que F. B. interpusiera ante sus estrados a los

fines que se le permitiera cursar de manera regular la carrera de abogaca dictada en la Universidad Nacional de La

Plata, el Tribunal en lo Criminal n 2 de Dolores se excus de expedirse en torno al fondo de la peticin bajo la

argumentacin de la tramitacin de un hbeas corpus colectivo por ante el Juzgado de Ejecucin n 2 de La Plata

que comprendera la situacin de una gran cantidad de reclusos con inconvenientes para acceder a la educacin

universitaria (ver fs. 14/16).

Sin perjuicio de lo anterior, el mismo Tribunal luego autoriz la reubicacin del interesado en un rgimen quecontara con la estructura universitaria que el accionante peticionaba, bajo la condicin de que el establecimiento

carcelario en el cual quedara definitivamente alojado presentara un idntico o similar rgimen de seguridad al de la

Unidad penitenciaria n 26 en la que se encuentra actualmente, lo cual nunca se llev a cabo (ver fs. 23/23Vta.).

Al tramitar una nueva accin de hbeas corpus ante la Cmara de Apelacin y Garantas de Dolores, en los

mismos trminos y condiciones que la anterior, dicha Alzada deneg la pretensin incoada remitindose

exclusivamente a un precedente de esta Sala III del Tribunal de Casacin, cuya aplicacin no corresponde al

presente caso.

En rigor de verdad, en el fallo que cita la Cmara de Dolores (TCPBA, Sala III, Rodrguez Acosta, c. 6931, R.P.

n 24.152), esta Sala, sin mi integracin, entre otras cosas valor que el derecho a estudiar del imputado no poda

considerarse afectado desde que si ste lo hubiera solicitado al juez competente, segn se desprenda de aquellas

actuaciones, se habra autorizado su traslado a los efectos de que pudiera rendir sus exmenes.

Evidentemente, dicha situacin que no se condice con la ventilada en autos, dado que pese a los reiteradas

solicitudes, el interno F. B. no ha logrado acceder de manera plena e irrestricta a sus estudios universitarios, como es

su derecho.

III. Sentados los precedentes del caso, se impone destacar que no existe bice legal alguno para la concesin de

aquello que el accionante solicit reiterada y abnegadamente, sino todo lo contrario. En efecto, el artculo 7 de la ley

de 24.660, en la inteligencia de fomentar el inters del interno por el estudio, ordena a la administracin

penitenciaria que le brinde la posibilidad de acceder a servicios educativos en los distintos niveles de dicho sistema,

siendo que si el interno no puede seguir los cursos en el medio libre, deben drsele las mximas facilidades a travs

de regmenes alternativos, particularmente los sistemas abiertos y a distancia.

Por su parte, el artculo 87 de la ley 12.256 hace lo propio, aunque impone ciertas limitaciones que pudieran

determinar los recaudos de seguridad y mayor control. Frente a esto ltimo, se impone destacar que lo que impidi

hasta el momento que F. B. asiste de manera regular a sus clases, no se fund en los citados recaudos, sino, antesbien, en cuestiones de falta de recursos del servicio penitenciario para el traslado de los reclusos desde la Unidad

Penitenciaria n 26 de olmos a la sede de la Universidad Nacional de la Plata, impedimento que, segn lo

manifestado, no existira en la Unidad n 12 de Gorina, la cual contara con un transporte dispuesto especialmente a

tal efecto (ver fs. 7 y 21).

Al respecto, conviene reparar en el reciente comunicado emitido por la Relatora sobre los Derechos de las

Personas Privadas de Libertad de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos tras su visita in loco a esta

Provincia de Buenos Aires, mediante el cual dicho organismo expres que constat con preocupacin la existencia

de una poltica de traslados de detenidos como forma de control del orden interno de los penales o sancin

disciplinaria, que se aplica de manera sucesiva e indiscriminada por parte de las autoridades del Servicio

Penitenciario, lo cual les impide (a los internos) acceder a programas de educacin y empleo que favorezcan su

proceso de resocializacin. (Comunicado de Prensa n 64/10 sobre personas privadas de la libertad en la Provincia

de Buenos Aires).En lo que resta, no puedo dejar de ponderar que el Departamento Tcnico Criminolgico de la unidad

penitenciaria n 26 Lisandro Olmos-, aconsej la inclusin de F. B. dentro de un rgimen que cuente con la

estructura universitaria que peticiona visto que el mismo (ver fs. 2/3), lo cual, conforme lo habilitan los preceptos

normativos invocados, habr de ser acogido favorablemente.

Al respecto, corresponde poner de resalto que el referido organismo penitenciario efectu tal recomendacin

haciendo hincapi en que el interesado es acreedor de un concepto bueno, ascendiendo la calificacin de su conducta

intramuros a la graduacin de diez puntos ejemplar-; que mantiene una buena relacin con sus pares y el personal


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penitenciario, sin registrar correctivos disciplinarios; y que, en lo que respecta a su desenvolvimiento laboral y

educacional, se destaca que el interesado desempea tareas diarias como encargado de la biblioteca del penal y

aprob tres materias de la Licenciatura en Ciencias Jurdicas y Sociales que cursa en la Universidad Nacional de La

Plata con notas que ascendieron a los 10, 5 y 8 puntos (ver fs. 2/3).

Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones de hecho y derecho formuladas, propongo al acuerdo: 1)

DECLARAR PROCEDENTE el recurso de casacin interpuesto por la defensa de R. B. F. B. en los trminos del

artculo 417 del Cdigo Procesal Penal y CASAR el auto interlocutorio impugnado, sin costas; 2) REENVIAR laspresentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en lo Criminal n 2 de Dolores a fin que, en un plazo no mayor a

quince das de recibida la presente en sus estrados, arbitre lo necesario a fin que el interno R. B. F. B. sea trasladado

a la Unidad n 12 Gorina- del Servicio Penitenciario Bonaerense, debiendo asegurarse el ejercicio efectivo del

derecho que le asiste al nombrado a cursar sus estudios universitarios de manera regular, de lo cual deber dar aviso

a este tribunal.

Luego, a la primera cuestin planteada VOTO POR LA AFIRMATIVA (artculos 14, 18 y 43 in fine, de la

Constitucin Nacional; 1, 26 y 30 de la Convencin Interamericana sobre Derechos Humanos; 6.2 y 13 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos; 4, 58, 59, 66 y 77 del catlogo de Reglas mnimas para el tratamiento

de los reclusos de la Organizacin de la Naciones Unidas; 20, 168 y 171 de la Constitucin Provincial; 3, 7, 136 y 137

de la ley 24.660; 4, 5, 7, 8, 9.6, 10, 31, 67, 87 y 128 de la ley 12.256; 405, 406, 417, 451, 460, 530 y 531 del Cdigo

Procesal Penal).

A la primera cuestin planteada el seor juez doctor Borinsky expres:

Adhiero al voto del doctor Carral, por sus fundamentos, y a la presente cuestin VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la segunda cuestin planteada el seor juez doctor Carral expres:

Que en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestin precedente, corresponde: 1) DECLARAR

PROCEDENTE el recurso de casacin interpuesto por la defensa de R. B. F. B. en los trminos del artculo 417 del

Cdigo Procesal Penal y CASAR el auto interlocutorio impugnado, sin costas; 2) REENVIAR las presentes

actuaciones a conocimiento del Tribunal en lo Criminal n 2 de Dolores a fin que, en un plazo no mayor a quince

das de recibida la presente en sus estrados, arbitre lo necesario a fin que el interno R. B. F. B. sea trasladado a la

Unidad n 12 Gorina- del Servicio Penitenciario Bonaerense, debiendo asegurarse el ejercicio efectivo del derecho

que le asiste al nombrado a cursar sus estudios universitarios de manera regular, de lo cual deber dar aviso a este

tribunal.

AS LO VOTO (artculos 14, 18 y 43 in fine, de la Constitucin Nacional; 1, 26 y 30 de la ConvencinInteramericana sobre Derechos Humanos; 6.2 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; 4, 58, 59,

66 y 77 del catlogo de Reglas mnimas para el tratamiento de los reclusos de la Organizacin de la Naciones

Unidas; 20, 168 y 171 de la Constitucin Provincial; 3, 7, 136 y 137 de la ley 24.660; 4, 5, 7, 8, 9.6, 10, 31, 67, 87 y 128

de la ley 12.256; 405, 406, 417, 451, 460, 530 y 531 del Cdigo Procesal Penal).

A la segunda cuestin planteada en seor juez doctor Borinsky expres:

Adhiero al voto del doctor Carral y me pronuncio en igual sentido.

No siendo para ms, se dio por finalizado el Acuerdo, decidiendo la Sala dictar la siguiente

SENTENCIA:

I. DECLARAR PROCEDENTE el recurso de casacin interpuesto por la defensa de R. B. F. B. en los trminos del

artculo 417 del Cdigo Procesal Penal y CASAR el auto interlocutorio impugnado, sin costas.

II. REENVIAR las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en lo Criminal n 2 de Dolores a fin que, en

un plazo no mayor a quince das de recibida la presente en sus estrados, arbitre lo necesario con el objeto de que elinterno F. B. F. B. sea trasladado a la Unidad n 12 Gorina- del Servicio Penitenciario Bonaerense, debiendo

asegurarse el ejercicio efectivo del derecho que le asiste al nombrado a cursar sus estudios universitarios de manera

regular, de lo cual deber dar aviso a este tribunal.

Rigen los artculos 14, 18 y 43 in fine, de la Constitucin Nacional; 1, 26 y 30 de la Convencin Interamericana

sobre Derechos Humanos; 6.2 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; 4, 58, 59, 66 y 77 del

catlogo de Reglas mnimas para el tratamiento de los reclusos de la Organizacin de la Naciones Unidas; 20, 168

y 171 de la Constitucin Provincial; 3, 7, 136 y 137 de la ley 24.660; 4, 5, 7, 8, 9.6, 10, 31, 67, 87 y 128 de la ley 12.256;


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405, 406, 417, 451, 460, 530 y 531 del Cdigo Procesal Penal. Tmese razn, notifquese y, oportunamente,

remtase a la instancia de origen a sus efectos.

Fdo: Daniel Carral - Ricardo Borinsky

Ante m: Ral A. Sequeiros

Fuente: http://www.iestudiospenales.com.ar/ejecucion-penal/jurisprudencia-

provincial/1173-aplicacion-de-las-reglas-minimas-para-el-tratamiento-de-los-reclusos-de-

la-onu-cumplimiento-de-los-propositos-del-regimen-penitenciario-posibilidad-efectiva-de-

instruccion-.html

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA EXTRACTOS DE SUS FALLOS:

En mltiples oportunidades la Corte ha resaltado la importancia que tienen la educacin

y el trabajo para las personas privadas de su libertad, por constituir los medios por

excelencia para el logro de la resocializacin que persigue la medida punitiva

(Magistrado Ponente: Manuel Jos Cepeda Espinosa, Sentencia T-851 de 2004).

La resocializacin no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino en

brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminacin, establezca cada

interno el camino de su reinsercin al conglomerado social (Sentencia T-153 de 1998).

El trabajo, en el caso de los establecimientos carcelarios es, adems de un instrumento

resocializador del individuo autor de un delito, un mecanismo tendiente a lograr la paz; es

decir, tiene una doble funcin: no solo permite que el preso pueda rehabilitarse por medio

del ejercicio de una actividad econmicamente productiva, sino que inclusive sirve para

impedir que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles o, en todo caso,

en conductas que, al menos durante un tiempo de reclusin, conlleve al ocio y la vaganciaque tantos males originan en la vida carcelaria (Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo

Mesa, Sentencia T-121 de 1993).

La pena no tiene un sentido de retaliacin social o de venganza, ni puede ser aplicada

con saa ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus fallas anteriores. Ella tiene un


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carcter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al derecho, sin que

el Estado que tiene la funcin de administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se

iguale al delincuente

En el caso que ahora ocupa la atencin de la Corte, se encuentra que los oficios que

conoce el interno pintura y latonera de automviles- slo pueden ser desarrolladas porste en las afueras del centro penitenciario, pues no es posible el ingreso de vehculos a las

instalaciones de la crcel. Y, por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el condenado tiene

el derecho a trabajar, y en el presente asunto no slo para efectos de redimir su pena, sino

que es importante destacar que con los ingresos que recibe por las labores realizadas ayuda

econmicamente a su familia. Ahora bien, al parecer el condenado en algunos casos s ha

ido ms all de unos lmites que le debieron ser exigibles al trabajar en las afueras de la

crcel, pero tambin es cierto que, en buena parte, la conducta del preso se ha debido ms a

la falta de un reglamento interno penitenciario que a verdaderos abusos de su parte, pues lo

adecuado en estos casos es el establecimiento carcelario disponga de un rgimen que regule

y precise con claridad cmo habrn de ser ejercidas las actividades laborales del prisionero,

tales como los oficios teniendo en cuenta las aptitudes personales- , el horario y el lugar de

trabajo, las sanciones en caso de incumplimiento y, por supuesto, la debida y efectiva

vigilancia sobre el interno, con miras a lograr la proteccin de los derechos de ste a la vez

que a garantizar la seguridad que debe imperar en los centros de tal naturaleza. La corte

estima fundada la decisin del juez de instancia mediante la cual, sobre la base de lo

establecido probatoriamente, en el caso de Cceres Gonzlez se ha encontrado violado su

derecho al trabajo, pues se le ha aplicado una sancin adicional desproporcionada e

innecesaria, con notorio perjuicio para l y para su familia (Magistrado Ponente: Jos

Gregorio Hernndez Galindo, Sentencia T-718 de 1999).

Fuente: Personas Privadas de su Libertad. Jurisprudencia y Doctrina. Oficina en

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Primera Edicin: Bogot, mayo de 2006.


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ANEXO:


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Fuente: http://www.spb.gba.gov.ar/

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Función resocializadora de la pena