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PICRISIS Edición 4 Órgano de información del Colegio Médico Colombiano C O L E G I O M É D I C O C O L O M B I A N O M C C Junio - Agosto 2017 ISSN: 2539-505X (en línea) Jóvenes obesos con más riesgo de cáncer de colon Enfermedades cardiacas: un costo billonario para la nación Asbesto blanco (crisotilo): una amenaza para la salud pública pág. 11 COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO pág. 12 Estudiar medicina: ¿buena inversión? ASSOSALUD pág. 13 Optómetras también sindicalizados Cuidar la sonrisa es bueno para el corazón CONMEMORACIÓN pág. 14 Centenario Sociedad Colombiana de Pediatría Carta abierta del doctor Stevenson Marulanda Plata al Ministro pág. 15 ENTREVISTA pág. 6 El sistema está pasando por serias dificultades financieras: Acemi Asmedas reclama vinculación laboral de tiempo completo para los médicos CITA CON pág. 7 Doctor José Ricardo Navarro, presidente de la ACSC • Diccionario Médico CONTROVERSIA pág. 8 Los actores del sistema debemos conocer la norma: SCP • ACOME ACTUALIDAD pág. 9 Colegio Nacional de Bacteriología • Tecno Med PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN pág. 10 EDITORIAL pág. 2 Universividades: a velar por la calidad antes que por la rentabilidad OPINIÓN Reflexiones sobre el financiamiento del sector salud Dos años de Ley Estatutaria y un sistema de salud en caída profunda pág. 3 • Ágora ¿Qué estamos formando? pág. 4 • Cultura Médica NORMATIVA pág. 5 Los médicos no pueden seguir como espectadores: Juan Mendoza Vega • ANIR Índice Temas El costo de estudiar medicina La amenaza del asbesto blanco Sindicato de optómetras ¿Cuánto cuesta formar a un médico en Colombia? L a formación de un médico es compleja y en el ám- bito económico no se limita al costo de la matrícula en una universidad, sino que implica también el uso de créditos educativos con su respectiva tasa de interés y una variedad de costos asociados como el transporte, la vivienda, la alimentación y los materiales, por no mencionar el lucro cesante de un bachiller que podría estar generando ingresos. El costo para la familia o para el estudiante de me- dicina, tanto en dinero como en tiempo y esfuerzo, es un determinante de la cantidad de candidatos que apli- can a la carrera, particularmente en las universidades privadas, y de alguna manera debería relacionarse con el retorno a la inversión. El año pasado, los doctores Diego Rosselli y Camilo Castañeda del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Uni- versidad Javeriana, junto a su equipo investigador, desarrollaron un estudio descriptivo y un modelo económico para estimar los gastos para la familia o el estudiante de formar un médico en Colombia, desde la perspectiva de la sociedad y teniendo en cuenta los costos directos e indirectos. Calcularon de manera diferenciada los aportes por medio de matrículas y otros gastos de formación de un médico en el sector oficial y en el sector privado. En ambos casos se tuvieron en cuenta todas las uni- versidades con registro calificado para el programa de medicina. Los datos se obtuvieron a partir de fuentes oficiales de cada universidad y las proyecciones se realizaron basadas principalmente en la revisión de bases de datos locales y el desarrollo de encuestas pa- ra los casos de los que no se disponía de información. Los costos resultantes fueron expresados en pesos colombianos del 2016. No se realizaron proyecciones futuras, por lo que no se no se requirió la aplicación de tasas de descuento. Medicina: ¿profesión o negocio? La oferta de programas de medicina no cubre a todo el país, lo cual produce una migración de estudiantes desde sus municipios natales hasta las ciudades donde existe la oferta educativa que buscan, lo cual podría aumentar el costo para familiares o acudientes. Por otro lado, en el país hay un déficit de médicos generales y especialistas importante, que podría estar motivado, en parte, por los altos costos de la educación médica. El costo total calculado de costos directos fue de $110.965.507 para estudiantes de universidades pú- blicas y de $190.000.635 para estudiantes de univer- sidades privadas. El total de costos indirectos fue de $54.578.042. Se tiene entonces que el costo que se debe asumir por la formación de un médico en Colombia es de $165.543.549 y $244.578.677 en una universidad pública y privada, respectivamente. El registro del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies) reportó la existencia de 55 programas de medicina en el país, 18 de carácter público y 37 de carácter privado, todos conducentes a título de médico, médico general o médico cirujano -equivalentes en términos del ejercicio de la profesión- y con una duración de 12 a 14 semestres. Del total de estudiantes matriculados a programas de Medicina (41.163), el 74% pertenecen a una IES de carácter privado. Vea más del estudio en la página 12. Gráfica 1. Los municipios que solo cuentan con facultades de medicina pertenecientes al sector oficial son: Tuluá, Popayán, Pamplona, Ibagué y Sincelejo y los que solo cuenta con participación del sector privado son Barranquilla, Montería, Chía, Villavicencio y Palmira. La falta de cifras acerca del costo de la educación médica en pregrado llevó a un grupo de investigadores de la Universidad Javeriana, dirigidos por los doctores Diego Rosselli y Camilo Castañeda, a adelantar un estudio para estimar el costo de la formación de un médico. 1200 9000 6000 3000 Bogotá DC Cali Santa Marta Privada Oficial Pasto Chía Tuluá

G I O MB L E IA PICRISIS C O NO · 2018-07-25 · PICRISIS Eiin 4 Órgano de información del Colegio Médico Colombiano C O L E G I O O M É D I C O C O L M B I A N O CM Junio -

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PICRISISEdición 4

Órgano de información del Colegio Médico Colombiano

COLE

GIO MÉDICO COLOMBIANO

MC C

Junio - Agosto 2017 ISSN: 2539-505X (en línea)

• Jóvenes obesos con más riesgo de cáncer de colon

• Enfermedades cardiacas: un costo billonario

para la nación

• Asbesto blanco (crisotilo): una amenaza

para la salud pública pág. 11COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO pág. 12• Estudiar medicina: ¿buena inversión?

ASSOSALUD pág. 13• Optómetras también sindicalizados

• Cuidar la sonrisa es bueno para el corazón

CONMEMORACIÓN pág. 14• Centenario Sociedad Colombiana de Pediatría

• Carta abierta del doctor Stevenson Marulanda

Plata al Ministro pág. 15

ENTREVISTA pág. 6• El sistema está pasando por serias dificultades

financieras: Acemi

• Asmedas reclama vinculación laboral de tiempo

completo para los médicos

CITA CON pág. 7• Doctor José Ricardo Navarro, presidente de la ACSC

• Diccionario Médico

CONTROVERSIA pág. 8• Los actores del sistema debemos conocer la norma: SCP

• ACOME

ACTUALIDAD pág. 9• Colegio Nacional de Bacteriología

• Tecno Med

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN pág. 10

EDITORIAL pág. 2• Universividades: a velar por la calidad antes

que por la rentabilidad

OPINIÓN• Reflexiones sobre el financiamiento del sector salud

• Dos años de Ley Estatutaria y un sistema

de salud en caída profunda pág. 3• Ágora

• ¿Qué estamos formando? pág. 4• Cultura Médica

NORMATIVA pág. 5• Los médicos no pueden seguir como espectadores:

Juan Mendoza Vega

• ANIR

Índ

ice

Tema

s

El costo de estudiar medicina La amenaza del asbesto blanco Sindicato de optómetras

¿Cuánto cuesta formar a un médico en Colombia?

L a formación de un médico es compleja y en el ám-bito económico no se limita al costo de la matrícula

en una universidad, sino que implica también el uso de créditos educativos con su respectiva tasa de interés y una variedad de costos asociados como el transporte, la vivienda, la alimentación y los materiales, por no mencionar el lucro cesante de un bachiller que podría estar generando ingresos.

El costo para la familia o para el estudiante de me-dicina, tanto en dinero como en tiempo y esfuerzo, es un determinante de la cantidad de candidatos que apli-can a la carrera, particularmente en las universidades privadas, y de alguna manera debería relacionarse con el retorno a la inversión. El año pasado, los doctores Diego Rosselli y Camilo Castañeda del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Uni-versidad Javeriana, junto a su equipo investigador, desarrollaron un estudio descriptivo y un modelo

económico para estimar los gastos para la familia o el estudiante de formar un médico en Colombia, desde la perspectiva de la sociedad y teniendo en cuenta los costos directos e indirectos.

Calcularon de manera diferenciada los aportes por medio de matrículas y otros gastos de formación de un médico en el sector oficial y en el sector privado. En ambos casos se tuvieron en cuenta todas las uni-versidades con registro calificado para el programa de medicina. Los datos se obtuvieron a partir de fuentes oficiales de cada universidad y las proyecciones se realizaron basadas principalmente en la revisión de bases de datos locales y el desarrollo de encuestas pa-ra los casos de los que no se disponía de información. Los costos resultantes fueron expresados en pesos colombianos del 2016. No se realizaron proyecciones futuras, por lo que no se no se requirió la aplicación de tasas de descuento.

Medicina: ¿profesión o negocio?

La oferta de programas de medicina no cubre a todo el país, lo cual produce una migración de estudiantes desde sus municipios natales hasta las ciudades donde existe la oferta educativa que buscan, lo cual podría aumentar el costo para familiares o acudientes. Por otro lado, en el país hay un déficit de médicos generales y especialistas importante, que podría estar motivado, en parte, por los altos costos de la educación médica.

El costo total calculado de costos directos fue de $110.965.507 para estudiantes de universidades pú-blicas y de $190.000.635 para estudiantes de univer-sidades privadas. El total de costos indirectos fue de $54.578.042. Se tiene entonces que el costo que se debe asumir por la formación de un médico en Colombia es de $165.543.549 y $244.578.677 en una universidad pública y privada, respectivamente.

El registro del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies) reportó la existencia de 55

programas de medicina en el país, 18 de carácter público y 37 de carácter privado, todos conducentes a título de médico, médico general o médico cirujano -equivalentes en términos del ejercicio de la profesión- y con una duración de 12 a 14 semestres. Del total de estudiantes matriculados a programas de Medicina (41.163), el 74% pertenecen a una IES de carácter privado. Vea más del estudio en la página 12.

Gráfica 1. Los municipios que solo cuentan con facultades de medicina

pertenecientes al sector oficial son: Tuluá, Popayán, Pamplona,

Ibagué y Sincelejo y los que solo cuenta con participación del sector

privado son Barranquilla, Montería, Chía, Villavicencio y Palmira.

La falta de cifras acerca del costo de la educación médica en pregrado llevó a un grupo de investigadores de la Universidad Javeriana, dirigidos por los doctores Diego Rosselli y Camilo Castañeda, a adelantar un estudio para estimar el costo de la formación de un médico.

1200

9000

6000

3000

Bogotá DC Cali Santa Marta

Privada

Oficial

Pasto Chía Tuluá

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EPICRISIS2 Edición 4 • Junio - Agosto 2017

ditorial

L a tendencia creciente a ofrecer los servicios de salud como una mer-

cancía también ha sido negativa para la formación médica. Resulta increíble que la inversión para estudiar medicina en una universidad privada se aproxime a los 250 millones de pesos. Parece que el profesionalismo en medicina, disfrazado de autonomía universitaria, se convirtió en un medio de opresión para quienes han elegido las ciencias de la salud (un trabajo misional) como una forma de vida. Quienes están de decanos se debe-rían acordar de cómo fue su formación y pensar más en la educación con calidad que en la rentabilidad económica. Es inaudito que Colombia aún sea de los pocos sitios en el mundo que no vincula laboralmente a sus internos y residentes. En cualquier país desarrollado, ahora que tenemos que compararnos con la familia de la Ocde (especialmente a la hora de fijar tributos), el médico recibe sueldo y primas durante el internado y la residencia.

También es preocupante que los tra-bajadores de la salud sean blanco de presiones e intimidaciones. Han perdi-

do estabilidad laboral, muchos carecen de seguridad social, la mayoría no ve compensada la dedicación diaria a los pacientes en la remuneración mensual y difícilmente pueden costear la actualiza-ción de las competencias profesionales. A eso se suma que nos hemos convertido en un destino atractivo para profesiona-les extranjeros porque pueden llegar y ejercer sin mayores controles.

Los Ministerios de Educación y Salud afirman que hay un déficit de especialis-tas, así no exista un estudio que revele cuántos y cuáles son las especialidades que se requieren. Si ya nos vemos en aprietos por la falta de escenarios para la práctica de los residentes, con limitacio-nes de habilitación por la escasez de docentes y los costos abusivos de los semestres, aumentar los cu-pos afectaría la calidad. No puede ser que el ingreso de extranjeros que trabajan, algunos en la clan-destinidad, resulte la solución que el Gobierno espera para cubrir la demanda. No es justo para nues-tros profesionales, que después de invertir más de 200 millones de pesos no consigan un trabajo digno; tampoco es correcto que los inmigrantes reciban un 30 por ciento menos del salario que merecen al huir de sus países. En lugar de hablar de la cantidad de profesionales, hablemos de la ca-lidad, y del compromiso que asu-men las facultades para cumplir dichos estándares.

Encima de todo, resulta que los médicos seguimos siendo señala-dos como los únicos responsables de los costos y del gasto en salud.

El Gobierno desconoce que la distribu-ción de los servicios de salud como una mercancía en una economía de mercado no favorece el avance de la salud, sobre todo cuando la han defendido como un derecho mediante el uso de moléculas, medicamentos y procedimientos que caducaron hace años para el mundo moderno. Los costos que tendremos que asumir en los próximos meses son consecuencia de 23 años de atraso, salvo por la tímida actualización que hizo la CRES en 2012 antes de desaparecer. El conocimiento científico se renueva cada cinco años y como médicos tenemos que prescribir a nuestros pacientes con el criterio de lo que sabemos que es mejor para ellos.

Ahora que pasamos por una pérdida generalizada del optimismo, espero que el MIAS sea la puerta de entrada a la au-tonomía profesional y que los médicos generales cuenten con un margen más amplio de resolución para contener el gasto desmesurado que se evidencia en los niveles superiores de atención. La restricción del acto médico en el nivel primario va en contravía del desarrollo, la eficiencia y el cuidado de los recursos públicos que tanto necesitamos para proteger la salud de los colombianos.

Doctor Roberto Baquero HaeberlinPresidente CMC

Roberto Baquero HaeberlinPresidente CMC

Universidades: a velar por la calidad antes que por la rentabilidad

comité directivo

Dr. Roberto Baquero Haeberlin

Presidente cmc Dr. Diego Acosta

Vicepresidente cmc Dr. Javier Pérez

Secretario cmc Dra. Ivonne Díaz

Fiscal cmc

Dr. Diego M. Chaustre Fiscal Suplete cmc

Dra. Ángela Maria Gutiérrez

Vocal Principal cmc Dr. Oswaldo Borraez

Vocal Principal cmc Dr. Jesús Chaustre

Vocal Suplente cmc

Dr. César Y. Cure Vocal Suplente cmc

comité editorial

DirectorDr. Roberto Baquero Haeberlin

Contenido EditorialMaricielo Acero Rodríguez

Asesores MédicosDra. Ivonne DíazDr. Oswaldo Borraez

Diseño y DiagramaciónPrecolombi-David Reyes

ImpresiónPanamericana Formas e Impresos S.A.

Publicación trimestralBogotá

[email protected]

Diana Isabel Cárdenas G. Directora de Financiamiento Sectorial

del Ministerio de Salud y Protección Social

R eflexionar sobre la situación finan-ciera del sector salud no puede es-

capar de la evaluación de logros y retos del sistema de salud. Reiterativamente se escuchan las preocupaciones de los ac-tores del sector sobre el financiamiento, sin omitir las noticias que denuncian la corrupción al interior. Todos estos ele-mentos sin duda reflejan los retos que enfrenta el sistema de salud colombiano, unos que están relacionados con nuestro contexto y otros que surgen de la rela-ción con los demás sistemas de salud de países en desarrollo.

Al revisar retrospectivamente el sector, me parecen invaluables los resul-tados alcanzados en salud, en especial la contribución del sector en la transfor-mación de las condiciones de calidad de vida de los colombianos y la equidad social. En materia de salud, Colombia pasó de un sistema que en 1993 solo protegía al 24.3% de la población a través de seguros privados y seguridad social, a un sistema que en 2017 ha extendido el aseguramiento a casi 47 millones de colombianos, el 97% de la población. La cobertura no solo se ha extendido en términos de número de personas, sino también en beneficios mediante la

igualación de los planes de beneficios en salud entre los dos regímenes.

La contribución del aseguramien-to en salud en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población es indudable; cifras recientes del índice de pobreza multidimensional, publicadas por el DANE, muestran que durante los últimos tres años la salud ha contribuido anualmente con la reducción de apro-ximadamente 12 puntos de la pobreza multidimensional.

Los resultados en cobertura y con-tribución a la equidad son realmente sa-tisfactorias. No conozco ningún servicio público, económico o programa social con cifras similares. Sin duda, son logros que los colombianos, y el sector salud, deberíamos tener como referente a la hora de dimensionar los retos financie-ros del sistema y su solución.

Además de los logros en salud, hay factores que explican los retos financie-ros del sector y su sostenibilidad; voy a citar sólo dos. El primero, se refiere a la acumulación de deudas entre los actores, las cuales se pueden describir como consecuencia de: malas prácticas de cada uno de los diferentes actores del sector, corrupción, fallas o vacíos en las reglas de operación del sistema. La segunda, se deriva de la demanda creciente de nuevas tecnologías y pro-cedimientos para la recuperación ante la enfermedad que aumenta en el país, al igual que en todo el mundo, a costos

mucho más elevados que aquellas tecno-logías usadas en el pasado. Hoy nuestro acuerdo social facilita el acceso a muchas innovaciones en salud sin importar la capacidad de pago, lo cual es positivo. No obstante, dicho acuerdo nos impo-ne un enorme reto social en términos de autoregulación para evitar prácticas de abuso a nivel individual que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema, y limitan el acceso de beneficios al resto de la sociedad.

Para hacer frente a este panorama incierto, el Gobierno viene implementando medidas de saneamiento de deudas exi-giendo a los actores recur-sos por fuera del sector y ha propuesto nuevas fuentes de financiación. Sin embargo, en este proceso se eviden-cia que requerimos mayor consciencia sobre la nece-sidades de nuevos recursos para sostener los logros al-canzados y cumplir con el acuerdo social, lo cual nos debería motivar a no evadir nuestros aportes, a promo-ver la autoregulación indi-vidual y colectiva y a exigir mayor transparencia en la decisiones presupuestales y del gasto de los recursos en el sector.

Reflexiones sobre el financiamiento del sector salud

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3EPICRISIS

Edición 4 • Junio - Agosto 2017

L uego de dos años de firmada por el Presidente de la República, Juan

Manuel Santos Calderón, la Ley Estatu-taria 1751, en su momento considerada el cumplimiento de los anhelos del pueblo colombiano por contar dentro de sus derechos fundamentales la salud, el país continúa sufriendo los problemas de un sistema que más allá de leyes, requiere con urgencia voluntad política para en-derezar su rumbo.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social ha venido expidiendo durante estos dos años una serie de decretos y resolucio-nes que, según la óptica de la cartera, pretenden reglamentar una ley que en la mayoría de su articulado solo requería el cumplimiento inmediato. Sin embargo, los actos administrativos de ministerio se han caracterizado por desconocer el espíritu de la ley, así como la sentencia de la Corte Constitucional que mejoró la norma con su modulación.

Reglamentos amañados, como el De-creto 2353 de 2015 sobre la afiliación al sistema de salud, desconocen en flagran-cia que el derecho a la salud en el terri-torio colombiano se extiende a todos los residentes sin distingos. Exigir procesos de afiliación y permanen-cia en el sistema deja al derecho mutilado y lo limita a los casos de urgencias y a la presencia en las bases de datos, ya sea del subsi-diado o del contributivo. Esto significa sostener la lógica de la demostración de pobreza o de capacidad de pago, cuan-do la Corte exigió superar la discriminación económica.

El accionar del ministerio durante estos dos años se ha centrado en un in-tento por salvar y fortalecer a uno solo de los actores del sistema: los asegura-dores, como lo demuestra el Decreto 2117 de 2016, que extiende a diez años el cumplimiento de los indicadores finan-cieros. Desconoce el Gobierno Nacional que el espíritu de la ley es brindar a los ciudadanos la posibilidad del goce pleno y efectivo del derecho, lo cual no necesa-riamente implica que se haga a través de una intermediación financiera que luego de más de 20 años de funcionamiento muestra que ha sido incapaz incluso de lograr su sostenibilidad.

El enfoque asumido por el Gobierno Nacional en la aplicación de la norma estatuta-

ria responde a una lógica equivocada donde se supone que es el mercado quien regula el “sistema” de salud, convirtiendo en una mercancía un derecho humano fundamental, para dejarlo como atrac-tiva opción de negocio a los capitales privados. Entre tanto, además de las ex-clusiones que es lo único aceptado por la Corte Constitucional, el gobierno insiste en sostener el plan de beneficios explíci-to, unas “prestaciones excepcionales en salud” que recuerdan las de la Emergen-cia Social del expresidente Uribe, ahora con la responsabilidad del médico. Solo queda demandar estas medidas ante la Corte Constitucional.

El pueblo colom-biano, que du-

rante años luchó

por alcanzar la institucionalización de la salud como un derecho fundamental autónomo, irrenunciable en lo indivi-dual y lo colectivo, vive ahora un sistema lleno de barreras de acceso, hospitales públicos y privados al borde de la ruina, unos profesionales de la salud cada vez más maltratados y el goce efectivo del derecho a la salud más alejado de su cotidianidad. 

Las organizaciones que conforma-mos la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, demandamos del Gobierno Nacional, del Congreso de la República y de la honorable Corte Constitucional, como garante de los derechos y la Cons-titución, tomar las medidas necesarias para que sea el espíritu real de la Ley Estatutaria el que prime en la normativi-dad nacional que rige el sistema de salud, por encima de visiones particulares que benefician a unos pocos intereses, y lla-mamos a todos los ciudadanos, pacientes, profesionales, trabajadores de la salud a

apropiarse de esta norma y exigir su cabal cumplimiento. La Ley Estatu-

taria está vigente en este momento más allá de las tergiversaciones

que realiza el Gobierno Nacio-nal en su reglamentación, es exigible en el ejercicio de la autonomía profesional, la atención de urgencias, la universalidad y la igualdad en el goce efectivo del De-recho. Convocamos a la ciudadanía, a los pacien-tes y a los trabajadores y trabajadoras de la salud a apropiarla, exigirla y ejercerla.

Mesa Nacional por el Derecho a la SaludDos años de Ley Estatutaria y un sistema

de salud en caída profunda

En la sociedad democrática actual la ley heteronómica se complementa y se equilibra con la autonomía moral del individuo, de tal manera que a mayor autonomía se requieren menos leyes heteronómicas; por ello, paralelamente a la legislación del Estado, las profesiones, en especial la médica, deben construir sus propios códigos de ética, que esta-blezcan principios (axiología), el deber ser (deontología) y responsabilidades (consecuencialismo), orientados fun-damentalmente a construir una cultura moral del bien actuar profesional.

En buena hora, el proyecto de ley reformatorio de la llamada “Ley de Ética Médica”, tiene ahora como objetivo la regulación de la práctica o del ejercicio médico bajo un enfoque ético. Nos queda, por lo tanto, la tarea de hacer nuestros propios códigos autorregulatorios de éti-ca que se orienten fundamentalmente a lograr la libre adhesión de las conciencias individuales de los colegas a los paráme-tros de la moral profesional.

Dr. Jorge Diego Acosta [email protected]

conciernen al orden jurídico. O sea, que la moral, pertenece al ámbito de la conciencia; a la esfera de la libertad individual en las sociedades democrá-ticas; a la oportunidad de elegir entre diferentes opciones morales, así se pueda enfrentar una sanción social.

La ética, relacionada con la moral, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, ya sea por el individuo libre y pensante, o como una disciplina de la filosofía (sistemática, académica, ligada a una doctrina o a un enfoque ideológico). Es libre y se ubica en el campo de la AUTONOMÍA, así como la moral. Hacen parte del derecho humano fundamental de hacer uso de la libertad de conciencia que tienen los ciudadanos.

La ley o en general la norma, son las reglas de conducta y los límites a las decisiones individuales de los ciuda-danos impuestos por la autoridad para garantizar el orden social. Son producto de las relaciones de poder y se orientan a resolver la colusión de intereses e ideologías de los diferentes grupos que hacen parte de un Estado o de una or-ganización. Pertenecen al campo de la HETERONOMÍA y exigen la obediencia y sumisión, so pena de castigo.

De ahí que no debe haber una “ley de ética”, porque en la democracia no se pue-de regular la conciencia, la libertad de conciencia, y por tanto de pensamiento y expresión. En la medicina debe haber leyes o normas que regulen la conducta o el ejercicio médico, con prohibiciones explícitas y punibles en caso de su vio-lación. Pero, y ¿la autonomía, con su par, la autorregulación, cómo van?

¿La ética debe tener una

regulación legal?

A raíz del proyecto de reforma de la llamada “Ley de Ética Médica”,

viene al caso responder a esta pregunta. Y para hacerlo, debemos desentrañar un asunto conceptual. Debemos diferenciar el significado de ‘ética’ del significado de ‘ley’.

‘Ética’ viene del griego eticós (ετικοσ) y tiene en común con ‘moral’, del latín moralis, que ambas significan costumbre en una de sus acepciones. Conceptos que han evolucionado, y hoy ‘moral’ se utiliza para significar o caracterizar las acciones de las personas desde el punto de vista de su bondad o maldad, las reglas de conducta propias de una doctrina o las buenas costumbres aceptadas por los sujetos de un grupo humano que no

Ágora

pinión

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EPICRISIS4 Edición 4 • Junio - Agosto 2017

Dr. José Nel Carreño R.Neurocirujano Intensivista -Hospital Militar

Central- Fundación Santa Fe de Bogotá-Universidad Militar Nueva Granada

E ducar nuevas generaciones es una obligación moral de los médicos; tan importante que quedó

grabada para siempre en el juramento Hipocrático. Formar es una mezcla compleja de transmisión vertical de datos y hechos, construcción del conocimiento, cul-tivo de competencias técnicas, manuales y cognitivas, pero, lo más importante, la construcción interior de un pensamiento crítico y unos compromisos morales para y con la materia y el sujeto del conocimiento. Es, por lo menos, igualmente complejo que practicar la medicina misma.

En general, en el centro de la educación está el di-cente, ya que lo que se pretende es que este aprehenda el conocimiento y lo pueda aplicar en su vida laboral. Por eso el alumno es el foco de todos los esfuerzos. Aquí es donde las cosas se complican en la educación médica, pues al ser la vida humana, la salud y el bien-estar de las personas tanto objeto del conocimiento como bienes y principios de carácter moral superior, educar nuevos médicos implica que es tan importante el alumno como el “libro de texto”.

En medicina, el estudiante aprende sobre el pacien-te. Ya desde los primeros semestres, el contacto con los cadáveres empieza a formar un carácter de respeto por la persona humana, su cuerpo y sus realidades físicas y espirituales. Más adelante, en las ciencias clínicas, el contacto con verdaderos enfermos, con sus dolen-cias, sus familias, los temores de ambos y la ineludible realidad de la muerte y el sufrimiento, ponen en el verdadero contexto el aprendizaje teórico. Es el otro, el sufriente, el que enseña el para qué del conocimiento. Los médicos no estudian teoría; los médicos estudian realidades trascendentes.

Por ese motivo, desde las primeras líneas, el estu-diante debe entender que además de conocimientos médicos debe adquirir carácter médico. Debe aprender a respetar al otro, a poner sus intereses por encima de los propios, a abstenerse de juzgar a priori para poder actuar siempre en beneficio del enfermo; es decir, a

sacrificarse a sí mismo por el bien de otro que nada tiene que ver con él, pero a quien está unido por un juramento inquebrantable.

En consecuencia, la formación del médico implica criar un carácter recio, una empatía que suavice la reciedumbre y un genuino respeto por el otro. ¿Será que con las políticas actuales de educación lo estamos logrando? ¿Estaremos arriesgándonos a otra genera-ción fracasada como la resultante de la permisividad, corrupción de las propuestas bienintencionadas del Dr. Benjamin Spcok? ¿Estamos formando médicos compro-metidos y preparados para ejercer en bene-ficio de sus pacientes y no de su propio ego o sus humanas necesi-dades? Debo decir que siento que no.

Siempre tendemos a creer que todo tiem-po pasado fue mejor. Eso es un error. La for-mación médica dada a la generación que hoy actúa como maestros estuvo plagada de errores. No hablo, por supuesto, de los erro-res conceptuales de los hechos científicos, me refiero a los erro-res conceptuales de los métodos con los que se formaba el carácter del médico. Jornadas interminables de tra-bajo, maltrato físico y emocional, cargas de responsabilidad sin adecuada supervisión, aunque posteriormen-te sancionadas por sus resultados, -como si fuera nuestra res-ponsabilidad saber lo

que veníamos a aprender-, seguro causaron muchos daños y fueron costosas en términos económicos y especialmente humanos. Hoy hemos cambiado el enfoque. El estudiante no puede estar solo; siempre debe estar asesorado, tu-toriado. Necesita tener horas para estudiar, trabajar y descansar en proporciones razonables. Tiene que ser guiado y retroalimentado periódicamente para que enderece el camino cuando se ha desviado de lo que se espera de él.

Todo este propósito suena fa-buloso y es, en realidad, un gran avance que compagina la necesi-dad del dicente con la del paciente. Se asegura la formación médica, humana y científica, a la vez que se cuida del interés superior de los pacientes. Entonces ¿por qué no creo que esté funcionando? Porque en el afán de no repetir los

errores del pasado, nos hemos movido al otro extremo, el extremo de la permisividad. Hoy un estudiante de pre o posgrado es intocable. Se le protege el tiempo para el estudio y el descanso, pero debido al absurdo sistema educativo, paga unas matrículas abusivas que

lo obligan a dedicar ese tiempo del descanso a trabajar para conseguir el dinero con que pagarlas y además a perder el tiempo de estudio. Se ha vuelto un riesgo, incluso legal, sancionar a un estudiante que está por debajo de las expectativas. Hemos extremado tanto la protección que estamos formando médicos inse-guros e incapaces de tomar decisiones, pues siempre estas fueron tomadas por otros; médicos perdidos en su obligación para con el paciente porque les hemos transmitido el falso concepto de que ellos son los im-portantes. En las universidades es tan importante el índice de deserción como indicador de gestión que es preferible promocionar a un incapaz, así sea a costa de sus futuros pacientes.

Estamos muy equivocados. ¿La promoción que nos habrá de cuidar merece nuestra confianza? El sinsa-bor que dejan estas palabras es tan solo el abrebocas de nuevas columnas que pretenderán proponer posi-bles escenarios para que la educación cumpla con su vocación en favor de docentes, dicentes, pero sobre todo pacientes. Hay mucho que rescatar de lo nuevo y lo viejo; también hay que desechar muchas cosas que actualmente hacen un daño inenarrable a la pro-fesión médica.

¿Qué estamos formando?Cu

ltu

ra

méd

ica En el año 400 a.C. Hipócrates, en su libro “sobre

aguas, aires y lugares” explica la asociación directa que existe entre los factores medio ambientales y las enfermedades que afectan a las personas. Pero solo hasta mediados del siglo XIX, el doctor Ignaz Semmelweis, quien se desempeñaba como asistente en una sala de maternidad en Viena, Austria, lo puso en evidencia.

Ante el incremento importante en el número de mujeres que fallecían en el posparto y el diag-nóstico en más de la tercera parte de los recién nacidos con “fiebre infantil de cama” o sepsis puerperal, el doctor Semmelweis se percató de que el cuadro era tres veces más frecuente en las mu-jeres cuyo parto había sido atendido por médicos estudiantes, que en las maternas que habían sido atendidas por parteras. Entonces, Semmelweis detalló que los estudiantes pasaban directamente de las salas de autopsia donde manipulaban los cadáveres, a ocuparse de los partos. Pensó que las manos de los alumnos podían estar infectadas al

momento de atender a las mujeres en trabajo de parto. Para comprobar su hipótesis, solicitó a los estudiantes y doctores que se lavaran las manos con una solución de agua con cloro antes de examinar a las pacientes. Con esa única práctica la mortalidad materna por sepsis puerperal disminu-yó a menos del uno por ciento.

Pese a ese decisivo hallazgo, la ini-ciativa de incentivar el lavado de ma-nos no se hizo tangible sino hasta el siglo pasado. El hecho de mantener una rigurosa higiene ha demostrado ampliamente ser el mecanismo más sencillo para evitar la diseminación de enfermedades infecciosas, tanto en el ambiente intrahospitalario como co-munitario, en donde se ha convertido en un mecanismo de prevención de enfermedades como la diarrea. Por el contrario, descuidar ese hábito es una

forma rápida de fomentar distintas epidemias. El lavado de las manos es tan imprescindible ahora que existen protocolos que detallan la forma de realizarlo, el tiempo que debe durar y las sustan-cias que se pueden emplear.

El lavado de manos que no puede faltar

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5EPICRISIS

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ormativa:

Los médicos no pueden seguir como espectadores:

doctor Juan Mendoza Vega

E l doctor Juan Mendoza Vega, secre-tario perpetuo de la Academia Na-

cional de Medicina coincide con quienes consideran que se requiere una reforma estructural al sistema de salud, dado que la dilación en la implementación de la Ley Estatuaria mantiene las falencias de la atención en salud.

El Gobierno, según el expresidente de la Academia, se empeña en demostrar que con la entrada en vigencia de la es-tatutaria se superarán los indiscutibles problemas del sistema, pero los acadé-micos volvemos a insistir, apoyados en nuestra vasta experiencia y en el análisis juicioso y reflexivo de la realidad, en que se requiere enderezar el rumbo del actual modelo. La Gran Junta Médica, en cabeza de la Academia Nacional de Medicina, ha presentado en varias opor-tunidades dos proyectos de ley ordinaria. Uno para sanear la parte financiera y económica, y otro para mejorar la ca-lidad técnico-científica y humanística de la medicina. No obstante, el doctor Mendoza dice que hasta el momento el Gobierno no ha mostrado mayor interés en impulsar dichas propuestas.

La discusión en torno a los ajustes que se deben realizar se ha vuelto rei-terativa. Para el secretario perpetuo de la ANM, las EPS deben desaparecer o, por lo menos, ejercer las funciones so-lamente de aseguradoras definidas en la ley desde un comienzo. “Las EPS tienen

en serios aprietos el cumplimiento de la prestación de los servicios de salud por su afán de lucro. La intermediación para manejar los recursos públicos de la salud ha resultado nefasta y dañina, por no decir que perversa”.

Según el doctor Mendoza, ningún sistema de salud puede resultar exito-so si no mantiene vivo el espíritu de la medicina: el servicio a los demás. Con la entrada en vigencia de la estatutaria tiene la esperanza de que se respete la autonomía médica y que el profesional sea capaz de tomar decisiones de forma responsable. “La infausta Ley 100 defor-mó la mente de los galenos y les hizo creer que no podían tomar decisiones; los acostumbró a obedecer al empleador o a su tercero pagador. El médico como persona, como profesional, como ciu-dadano con derechos y deberes ha sido colocado en el último plano; es la última rueda dentro de un mecanismo de explo-tación de la enfermedad, cuando debería ser el actor principal en la prestación de servicios de salud”.

El ánimo de lucro que ha condicionado la atención a los pacientes por medio de la intermediación sospechosa no puede continuar a expensas de la calidad y la atención humanizada.

Aprendizaje por convicción, no condición Desde hace un tiempo, la Academia ha concentrado sus esfuerzos en un proyecto de educación continua para que los médicos mantengan el estatus profesional y estén preparados para en-frentar los requerimientos que precisa la atención de una población creciente y cada vez más demandante. Según el secretario perpetuo, desde el año pasa-do están perfeccionando el diseño de un proceso de educación continua que además de cumplir con la necesidad de actualización de conocimientos teórico-prácticos, le permitan al médico tener los elementos de juicio para obrar bien y tomar decisiones de forma consecuente. “La educación continua no puede ser una obligación o un requisito para obtener un certificado o la recertificación que le permita seguir con el ejercicio de la profesión. El médico debe aprender a asistir a cursos, a leer artículos y a in-terpretar información para estar al día y tener la certeza de saber obrar bien. No

podemos resignarnos a que el médico se mueva dentro de unas normas escritas; debe obrar dentro de unos estándares de calidad que no vienen anexos a las guías de manejo o a los protocolos clí-nicos”.

Una de las principales transforma-ciones que se debe empezar a gestar desde las facultades de medicina es la formación de estudiantes que vayan más allá de la bibliografía para buscar lo que sea mejor para el paciente, dice el doctor Mendoza. En su opinión, el costo de la educación continua no pue-de seguir saliendo de los bolsillos de los alumnos. Las universidades deben dar una parte y las autoridades del sector salud, la otra. “Con ese fin llamamos a la unión del gremio médico. Desde la aulas de clase hasta los consultorios o quiró-fanos tenemos el compromiso ético de asegurar la capacidad e idoneidad de la presentación de los servicios sanitarios en el país”.

Medicina basada en la defensa propia

L a educación médica se ha caracteri-zado por ser única y particular, dado

que el arte y la ciencia de entender al ser humano en su entorno, comprendiendo sus alteraciones físicas, químicas y psi-cosociales, genera un reto para quienes deciden emprender esta carrera.

Por tal razón, la mayor parte del aprendizaje tiene lugar en los hospitales, donde los libros y las fuentes de infor-mación se encarnan en los pacientes, quienes con sus afecciones logran desa-rrollar las destrezas de los estudiantes para tratar las enfermedades, sus varie-dades y soluciones. La formación nunca termina. Los avances tecnológicos y la globalización permiten acceder todos los días a nuevos hallazgos y progresos. Esto obliga a los galenos en ejercicio a una constante reflexión en su actuar y a la revisión frecuente de las conductas en diferentes patologías.

El médico tiene un compromiso so-cial; un deber con los pacientes y las familias; asume la responsabilidad de atender a quien padece una afección que altera el entorno y la cotidianidad de más de un individuo. El actual mo-

delo colombiano de atención en salud parece ir en contra de estos preceptos, que tradicionalmente han acompañado a quienes optan por seguir este camino, al limitar la prestación de los servicios, restringir la capacidad del profesional en su toma de decisiones y poner en tela de juicio el actuar médico. Esto obliga a que el profesional tenga que defender constantemente sus conocimientos y sus habilidades, incluso frente a evaluadores no pares que desconocen la complejidad de la profesión.

Las amenazas de orden económico y jurídico que afrontan los médicos en su quehacer son una barrera al buen ac-tuar y los aleja de cumplir el juramento que hicieron. Las horas, la atención y los recursos que gastan en trámites ad-ministrativos y procesos burocráticos, solo logran entorpecer su desempeño y limitar su impacto social. Ejercer la medicina para satisfacer necesidades corporativas de empresas interesadas en lo económico y no en la humanidad, es caer en el engaño de un sistema vi-ciado y amañado para llenar las arcas de unos pocos con los recursos de todos los demás.

Ya entró en pleno rigor la Ley Esta-tutaria en Salud, pero los días avanzan y las complicaciones de este sistema cada vez son mayores. Los médicos tienen el

compromiso de hacer valer juicio crítico. Es hora de defender lo que por ley les fue devuelto: la autonomía, la dignidad y el derecho a tener un sistema que cuide la salud de los colombianos.

Luis Carlos Leal AngaritaPresidente

Asociación Nacional de Internos y Residentes

Datos de contactoTeléfono: 2694173 - 3107680783- 3006795939Dirección: calle 31 No. 33-38E-mail: [email protected]@gmail.com

Dr. Juan Mendoza Vega

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Asmedas reclama vinculación laboral de tiempo completo

para todos los médicosSi bien ahora se garantiza la autonomía y la autorregulación de los profesionales de la salud, para el sindicato aún falta que el talento humano sea tratado y respetado como fuerza trabajadora.

C on la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria el pasado viernes 17 de

febrero, los pacientes vuelven a ser el eje del sistema de salud y los médicos recu-peran la autonomía médica que venían ejerciendo las EPS. Según el doctor Pedro Contreras, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana, Asmedas, miembro de la gran junta médica y coau-tor de la norma, el país ya tiene una ley de salud que hace parte de la constitu-ción y llama a los colombianos a que la acojan y la defiendan, ya que es el mayor logro en salud de los últimos 20 años.

Para el dirigente, las reglas de juego son las que definen las relaciones entre los sectores y la sociedad. “En nuestro caso, la estatutaria garantiza el costo efectivo del derecho a la salud, lo cual comienza con el respeto de la autonomía profesional. Ahora se prohíbe expresa-mente el constreñimiento, la presión o la restricción del ejercicio profesional. La EPS o el hospital no puede obligar a formular medicamentos o tratamientos que el médico no considere, lo que va a redundar en mejoras en la calidad de la atención de los pacientes.

Ante a la preocupación por la falta de recursos para cumplir con todo lo que ordena la ley, Contreras cree que el sistema cuenta con el dinero necesario, pero que hace falta control y meter en cintura a ciertas EPS para que no desvíen los fondos de la salud hacia otros fines. También afirma que de continuar el incumplimiento de las obligaciones por parte de algunas EPS, el Gobierno debe buscar fuentes adicionales de financia-ción, puesto que se trata de un derecho fundamental que prima sobre cualquier otro interés. En su opinión, la gran difi-cultad está en poner fin a los contratos temporales con vigencia de semanas, a la tercerización, a las órdenes por pres-tación de servicios, a la inestabilidad laboral, a las horas que no se pagan y a los fraudes laborales instaurados por sistema que violan toda la normativa constitucional. “Una de las primeras

profesiones liberales afectadas por el fenómeno de la intervención económico-social fue el estamento médico, a causa de la denominada socialización de la medicina como consecuencia de la Ley 100”, agrega.

En 1993 la nación contaba con 20 mil médicos; hoy son 100 mil, lo que ha per-mitido que los empleadores abusen de las condiciones del mercado, dice Contreras. “De tener una posición económica privi-legiada en el ejercicio de una profesión liberal, pasamos al sometimiento de la oferta y la demanda aceptando condi-ciones laborales vergonzosas. Por eso hoy vale más un corte de cabello que una consulta médica”.

El decreto 583 de abril de 2016 lega-lizó la contratación de personal misional teniendo en cuenta que quien haga la tercerización debe, para no ser ilegal la forma de contratación, cumplir con la normatividad vigente en materia laboral y no violar la constitución. Además, la resolución 5670 de diciembre de 2016 del Ministerio de Trabajo prohibió que las empresas privadas o públicas utili-cen cooperativas o precooperativas de trabajo asociado o cualquier otra forma de intermediación laboral para cargos misionales, lo cual se ha quedado solo en el papel, según el dirigente sindical.

Como representante de Asmedas, la propuesta es que los empleadores, públi-cos y privados, vinculen a los profesio-nales de la salud con contratos laborales de tiempo completo, con remuneración decente, digna y justa. “Sin embargo, en Colombia no hemos podido definir lo que significa tiempo completo. Al-gunos médicos trabajan 10, 12, 14, 16 o más horas y reciben el mismo sueldo. Además, es inadmisible que co-mo profesionales de la salud la mayoría no tenga derecho a la seguridad social. Son médicos que ni siquiera tienen garantizada la sa-lud”, señala.

Como sindi-calista está cons-ciente de que no todo es plata. “Re-clamamos condi-ciones laborales dig-nas y una adecuada calidad de vida. Desde Asmedas queremos im-pulsar que haya una sola modalidad de contratación que lleve a la claridad desde el

punto de vista financiero y organiza-cional. Todos nos beneficiamos con ello, puesto que cuanto menos trabajo in-formal haya, más ingresos obtiene el sistema”.

1. ¿Cuáles son los objetivos de Acemi?

Continuar el esfuerzo para fortalecer el sector salud desde las responsabilidades de aseguramiento, por medio de estudios, capacitación y publicaciones que sean útiles para los diferentes actores. Con-tribuir a mejorar la confianza dentro del sector por medio de la participación en actividades organizadas por diferentes asociaciones y gremios.

2. ¿Qué opina de las condiciones laborales por las que atraviesan muchos médicos?

Cómo médico, quisiera que mis cole-gas, después de un esfuerzo educativo tan grande, pudieran tener las mejores condiciones laborales posibles, desde luego, en el marco de un mercado labo-ral complejo.

3. ¿Qué le falta al Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)?

Al modelo MIAS le falta su implemen-tación. Es una de las iniciativas más innovadoras que se han propuesto en los últimos 20 años, y afortunadamente, cuenta con el apoyo de casi todos los par-ticipantes del sector. Es un paso adelante y puede llegar a marcar el futuro de los servicios médicos.

4. ¿Acemi es partidaria de sacar adelante una reforma estructural a la salud por ley ordinaria?

Acemi no considera necesaria una re-forma estructural del sistema de salud. Ya se han aprobado suficientes leyes tratando de introducir cambios de fon-do, como la Ley Estatutaria y la Ley del Plan 2015, las cuales hasta ahora se es-tán poniendo en marcha. Es necesario esperar resultados.

5. ¿Qué ha hecho Acemi para vigilar y controlar la corrupción al interior de las

Empresas que se encuentran afiliadas?

Acemi no es un organismo de vigilancia ni su función es de control a los agentes, para ello existe la Superintendencia Na-cional de Salud, para el control fiscal la Contraloría General de la República, para el control disciplinario la Procuraduría General de la Nación y para investigar los presuntos delitos, la Fiscalía General. En cambio, sí existe el autocontrol en las diferentes entidades agremiadas en Ace-mi. Adicionalmente estas entidades han venido implementando de acuerdo con sus análisis propios una serie de medidas orientadas a prevenir posibles fraudes en el sistema por parte de diferentes participantes tales como agrupadoras no autorizadas para afiliaciones colectivas. Si llegáramos a tener conocimiento sobre la incursión de alguna EPS u otro actor en conductas ilegales o en la comisión de algún delito, estamos obligados a denunciarlo.

6. ¿Cuál es la propuesta para obtener más recursos para la salud ahora que se requiere

El sistema está pasando por serias dificultades financieras: Acemi

El doctor Jaime Arias, exministro de Salud y presidente de la Asociación Colom-biana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) pide esperar a los resultados de la implementación de la Ley Estatutaria antes de pensar en otra reforma a la salud.

ntrevista

ampliar la atención a los desmovilizados?

La atención médica de los desmovili-zados está garantizada por el gobierno nacional y para ello se ha instruido a la Nueva EPS que ya está atendiendo a más de 6.000 exguerrilleros de las FARC. El problema de fondo es la aten-ción de buena calidad para los otros 49 millones de personas en medio de un financiamiento claramente insuficiente para cumplir con las exigencias de la Ley Estatutaria y para enfrentar racional-mente la presión tecnológica.

7. ¿Es posible recuperar la confianza en el sistema de salud?

Acabar con la reputación de un sistema social como el de salud es relativamente fácil, recuperar la confianza y la legiti-midad, que afecta a todos los integran-tes, es tarea de muchos años.

Dr. Jaime Arias

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damente la implementación de un sistema de medicina gerencial se ha preocupado más por el dinero que por la salud de las personas. La Ley 100 de 1993 privilegió los costos y las ganancias sobre la calidad. Los únicos que se han beneficiado con el actual sistema son los economistas, que aprovecharon la oportunidad para introducir en el crecimiento económico la inversión en salud”, agrega.

El doctor Navarro ha dedicado 21 años de su vida a la cátedra universitaria y asegura que las facultades han hecho lo propio al formar médicos altamente capacitados que pueden ejer-cer y permanecer vigentes en cualquier modelo sanitario, pero que las exigencias de los empleadores han restringido el ejercicio básico de la profesión. “El país se equivocó al permitir que las instituciones mercan-tilistas, cuya razón de ser es generar rentabilidad económi-ca, sirvieran de intermediarias entre el paciente, el médico y el Estado. Por eso es tan escaso el tiempo de consulta, poder hacer una historia clínica como le enseñamos y menos que el médico llegue a distinguir al pa-ciente. Necesitamos un modelo en el cual el Estado sea el único que gestione los recursos, pero la sociedad debe recuperar la confianza en las instituciones y dejar los prejuicios que interesa-damente han sido orquestados en contra de lo público. El cierre, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios fue igual de ne-fasto para los bogotanos que la caída de las Torres Gemelas para los Estadounidenses”, enfatiza.

En su opinión, el médico general tiene que ser rei-vindicado por la sociedad; debe dejar el rol reducido de remitidor de pacientes y de ser visto como el mezquino del gasto en salud. “En un país con una población cada vez más añosa y aquejada por diversas comorbilidades, el médico general es crucial para entablar un sistema de salud que vaya más allá de tratar enfermedades y siga los lineamientos de las autoridades mundiales en salud, la prevención y la promoción de las mismas, lo cual resulta menos costoso para la sociedad”. E

stá muy lejos el doctor José Ricardo Navarro de las posiciones extremas y pesimistas. Nunca las

ha tenido ni como médico, ni como docente, ni como presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesió-loga y Reanimación, S.C.A.R.E., menos ahora que fue elegido presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Es médico cirujano de la Universidad del Valle; tiene un posgrado en anestesiología y reanimación de la Universidad Nacional de Colombia y terminó su formación profesional en el Hospital San Juan de Dios. Llegó a Sociedades Científicas con una lista de propósi-tos que piensa cumplir. En la parte superior de su plan de acción está defender a los profesionales de la salud para que tengan mejores condiciones laborales, pro-teger los intereses de los agremiados para que reciban un trato digno y justo, promover la calidad académica de los médicos y actuar como veedor para garantizar el derecho fundamental a la salud.

A sus 56 años, le preocupa que sus alumnos no puedan desarrollar un proyecto de vida cuando se gradúen. “La realización personal que tanto les prome-timos en las aulas si conservaban viva la disposición constante hacia la vocación, se ve malograda por la falta de condiciones laborales estables y dignamente remuneradas”, dice.

Con la implementación de la ley estatutaria cree que los médicos podrán ofrecer un mejor servicio. Desde Sociedades Científicas quiere recuperar el quehacer médico y que el profesional vuelva a encarnar las cualidades que diferenciaban a la medicina de otros oficios, como el altruismo, la ética, la empatía, el respeto, la compasión y la entrega hacia el otro. “Desafortuna-

ita con:

La combinación perfecta: práctica, docencia y liderazgo

El doctor José Ricardo Navarro asumió como presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, gremio que reúne al mayor número de profesionales de la salud. Trabajar por la unión de los miembros para comenzar a reglamentar la Ley Estatutaria es su prioridad.

Dr. José Ricardo Navarro

Hacer cumplir las leyes para los extranjeros

De nada servirá el avance alcanzado con la estatutaria o el esfuerzo de la Academia Nacional de Medicina junto a las demás organizaciones médicas para me-jorar la educación médica en tanto no se arreglen las condiciones salariales y sanitarias, comenta el doctor. “Las Sociedades Científicas hemos solicitado al Gobier-no que ejerza más control para que los médicos que están de ilegales en el país no sean contratados en IPS y desplacen a los nacionales. Sabemos que esto se ha presentado en clínicas reconocidas de Bogotá, Valledu-par, Barrancabermeja, La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Meta y otros departamentos”.

Nació en La Unión, Valle, y se ins-taló en Bogotá hace décadas. Por eso, entiende muy bien que las personas

traten de buscar mejores condiciones de vida en otros lugares. Su reclamo es para que la ley sea igual para nacionales y extranjeros. “ El médico inmigrante que quiera ejercer en Colombia debe tener la autorización del Ministerio de Salud, la convalidación del título profesional ante el Ministerio de Educación, tiene que inscribirse en el RETHUS a través del Colegio Médico Colombiano, tener vigente la visa de trabajo expedida por el Ministerio de Relaciones exteriores y hacer que la institución que lo contarte efectúe el debido reporte a migración Colombia. Por último, de acuerdo con la

norma 2003 de habilitación, las respectivas secretarías de salud deben revisar que los anteriores requisitos se cumplan. De ser así, damos la bienvenida a nuestros colegas y les pedimos que hagan parte de las sociedades científicas para que tengan nuestro respaldo”.

Para terminar, Navarro llama a la voluntad solidaria de las demás organizaciones académicas, científicas, gremiales y sindicales para reconstituir las políticas de salud con base en los derechos de las personas, llámense pacientes o profesionales de la salud, porque al final todos serán beneficiados o perjudicados. “Alguna vez le escuché al Papa Juan Pablo II decir que los niños, los ancianos y los enfermos no tienen que dar ganancias. Para eso hay otros negocios que dan utilidades. Como médico pienso que la rentabilidad social que debe de-jar la salud es que las personas puedan trabajar y, así, retribuir a la sociedad”.

CompetenciaDerivada del latín competere, está asociada a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema de-terminado. Por otro lado, hace referencia al enfrentamiento que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. También se emplea para referir la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo o que luchan en un determinado sector del mercado para vender o demandar un mismo bien o servicio.

EficaciaDe la voz latina efficacia: cualidad de hacer lo que está destinado ser. El diccionario de la Real Academia Española la define como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. En el ámbito empresarial hace referencia a la adquisición de los objetivos trazados.

EficienciaDeriva de raíces latinas efficientia. Alude a la utilización racional de los recursos con los que se cuenta para alcanzar cualquier objetivo propuesto. Se trata de utilizar la menor cantidad de tiempo y recursos disponibles para consumar una meta. Evita el derroche o el desperdicio.

EpistemologíaProviene del griego, episteme: conocimiento y logos: teoría. Es la disciplina que tiene por objeto el estudio del conocimiento. Aborda de qué manera se logra la obtención del conocimiento y también las circunstancias en las cuales se obtiene. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego.

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ontroversia

Recuperar la autonomía médica y poder ofrecer un plan de beneficios más amplio para la población dejaron de ser utopías. Sin embargo, persisten unos puntos críticos que inquietan a los defensores de la Ley Estatutaria.

C on la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria el pasado 17 de febre-

ro, aún no está claro el panorama de la salud en el país. Según el doctor Nicolás Ramos, presidente de la Sociedad Co-lombiana de Pediatría, SCP, el Gobierno desperdició un tiempo valioso desde la sanción de la Ley en 2015 para hacer los ajustes que allanaran el camino hacia la implementación. “En estos últimos dos años el Ministerio ha emitido una serie de resoluciones que van en senti-do opuesto al espíritu consagrado en la estatutaria”.

Para el doctor Ramos, la ley dicta las reglas de juego para empezar a re-formar los aspectos del sistema que en los últimos 23 años han demostrado que no funcionan, pero dice que hay mucha resistencia de aquellos que quieren man-tener la salud como un negocio.

Una de las mayores preocupaciones está en que se siga quebrantando la au-tonomía médica al no existir informa-

ción unificada y veraz que le permita a los médicos tomar las mejores decisio-nes. “Hasta el momento nos tenemos que guiar por las cifras que suministran las EPS, en las cuales hay subregistros y poca claridad”, dice el doctor Ramos.

El Ministerio de Salud diseñó un aplicativo (Mipres) para agilizar el pro-ceso de entrega de medicamentos al paciente, lo que a su vez le sirve para vigilar las prescripciones de los médicos y controlar el gasto. El inconveniente, según Ramos, es que ha faltado peda-gogía para dar a conocer la aplicación y los médicos comienzan a temer que se convierta en una herramienta para restringir la autonomía profesional. La ley propone que se establezcan juntas de profesionales de la salud en las clíni-cas y hospitales para que sea el cuerpo médico quien supervise el proceso de autorregulación de los colegas, dado que son los profesionales idóneos para hacer el control.

El otro problema sigue siendo la corrupción que tiene en saldo rojo al sistema de salud, agrega el doctor. “No sabemos cómo se gestionan los recursos públicos de la salud, pero el resultado se aprecia en el cierre de camas de pedia-tría, de servicios pediátricos en varios hospitales y de obstetricia a lo largo y ancho del país, mientras las EPS siguen sin pagar las deudas. Esto puede empeo-rar en los próximos meses por la entrada en vigencia de la estatutaria. Acemi, el gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo, considera que la cobertura de las nuevas exigencias pueden agigantar el hueco financiero que ya tiene el sistema. Otros sectores calculan que los costos adicionales para este año ascenderán a los dos billones de pesos. Desde mi posición, estoy con-vencido de que el criterio de los médicos debe ser el actuar con ética y cuidar los recursos del sistema. Como hemos

ejercido tantos años en la escasez, somos conscientes del valor que tienen”.

Ahora que el Ministerio de Salud ha elaborado la lista de aquello a lo que los usuarios no tienen derecho, el doctor Ramos espera que los colombianos no tengan que acudir a la tutela para de-fender el derecho a la salud, pero insiste en que hay mucha incertidumbre al res-pecto. En la Constitución de 1991 la salud estaba consagrada como un servicio; el gran logro de la estatutaria fue declarar que es un derecho fundamental autóno-mo. “Lo que sigue es la reglamentación. Para ello hay que crear mecanismos de transparencia y eficacia que hagan cumplir la ley y salvaguarden el dere-cho a la salud. La SCP creó un comité de pediatría social para discutir estos temas. Estamos vigilantes para exigir el debido cumplimiento de la ley y que se respeten los derechos adquiridos, pero a los médicos también nos corresponde poner nuestro granito de arena”.

Los actores del sistema debemos conocer

la norma y exigir su cumplimiento: SCP

Dr. Nicolás Ramos

Profesionales de la salud como agentes del cambio social

Las reformas al Sistema General de Se-guridad Social en Salud (SGSSS) durante los últimos 20 años han llevado a su frag-mentación, por lo que se debe concebir un sistema que cumpla con los siguientes requisitos: 1. Centrado en las personas, ya que el actual modelo no tiene en cuenta la problemática de la población. 2. Apoyado en los perfiles epidemiológicos regionales. Así se brinda a la comunidad la atención que requiere y se amplia la cobertura. 3. Que desarrolle los planes territoriales de salud de acuerdo con las necesidades.

Tenemos un modelo bien estructura-do en la teoría, pero aún falta consolidar las redes integrales en salud y gestio-nar las rutas de atención para pasar de un modelo individual a uno grupal. Es importante promover la salud familiar y comunitaria. Para ello se precisa for-talecer la atención en el primer nivel, que es el punto de contacto con la po-blación. A su vez, hay que promover que los profesionales de salud cuenten con las competencias necesarias para su desempeño en los distintos ambientes, siempre con un perfil ético.

Las últimas resoluciones hablan poco de la docencia-servicio, específicamente en los lugares de prácticas durante el pregrado. Para formar profesionales íntegros hay que permitir que el estu-diante cultive y adquiera experiencia de la relación con el paciente, y no hay

mejor escenario para ello que los hos-pitales universitarios. Sin embargo, es preocupante que los convenios docencia-servicio sean un obstáculo para la “pro-ductividad” del sistema y se sacrifique la capacitación de profesionales con mente resolutiva.

El sistema de salud que requiere el país debe dar prioridad al bienestar social sobre el financiero. Se pueden pagar las deudas y mejorar el flujo de recursos,

pero eso no erradica la enfermedad de las personas. Por eso, la vocación médi-ca lleva implícita la delegación de ser un agente de cambio. Desde Acome segui-mos promoviendo la justicia, la igualdad y la equidad para los colombianos.

Jonathan David Moncada AguirreVicepresidente ACOME

Médico Interno U. de. Caldas

Datos de contactoE-mail: [email protected]ágina web: http://acome.com.co/Fan page: https://www.facebook.com/acomeoficial

Bryan Steven UrreaPresidente Nacional

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¿Salvar vidas ya no paga en Colombia?

Con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria en Salud, la doctora Páez no es muy optimista con respecto a los beneficios que pueda traer para sus agre-miados. La mayoría de los bacteriólogos tiene una jornada de entre 7 y 12 horas diarias, debido a la rotación de turnos en la instituciones y a los tipos de contrata-ción. Además, no siempre cuentan con los elementos de protección necesarios y reglamentarios para su seguridad.

En varias oportunidades han solicita-do como gremio que el Gobierno realice una reforma estructural al sistema que no se dio con la ley estatutaria ni con algún otro decreto o resolución. Para la presidenta, pese a que la norma reco-noce el derecho a la salud, devuelve la autonomía médica y la nación recupera la gobernabilidad que le había cedido a las EPS, el objetivo real de la ley puesta en marcha no resuelve el problema de fondo. Para Páez, el reparo está en cómo se atienden las necesidades de la pobla-ción o cómo se cuida al talento humano en salud, y no en cómo se perfecciona el gran negocio de las EPS. “Tenemos un sistema de salud basado en la política neoliberal, donde los servicios de salud se convirtieron en ganancias. La inter-mediación de las EPS entre el médico, la enfermera, el odontólogo, la bacterióloga y el paciente sumió al sistema en una profunda crisis, ya que el interés está solo en lo económico”.

L a crisis del empleo en profesiones co-mo la bacteriología se ha agudizado

en los últimos meses por el aumento en la oferta, la subcontratación, la incorpo-ración de trabajadores extranjeros y la declinación de la calidad de los empleos disponibles. Según la doctora Stella Páez de Bolívar, presidenta del Colegio Na-cional de Bacteriología, CNB, aunque el DANE muestre que el país destina hoy más recursos para la salud, la interme-diación se lleva una buena tajada y otra parte se esfuma en corrupción, lo que perjudica la calidad del servicio y a los profesionales de la salud.

Los datos recogidos por el CNB re-velan que cerca del 28 por ciento de profesionales de la bacteriología están desempleados. En cuanto al rango sa-larial de quienes tienen empleo, apro-ximadamente el 30 por ciento recibe ingresos mensuales entre un millón y millón seiscientos mil pesos; el 30 por ciento entre millón setecientos mil pesos y dos millones doscientos mil, y solo un 10 por ciento tiene un salario superior a tres millones de pesos.

Para la presidenta, a los bacteriólogos los ubican por debajo de ingresos sala-riales percibidos por otros profesionales de la salud, como médicos o enfermeras, así tengan especializaciones, maestrías o doctorados. Por eso, para ella resulta imperativo trabajar para que se les reco-nozca y remunere como profesionales integrales.

El Colegio Nacional de Bacteriología pide que el Gobierno tome las medidas necesarias para frenar el deterioro de las condiciones laborales de los profesionales de la salud.

ctualidad

El Colegio, encargado de la educación continuaOtros problemas que señala el CNB es la sobrepoblación de profesionales, los cambios en el sector que afectan la oferta laboral y el empleo en condiciones insu-ficientes. En este sentido, la doctora Páez asegura que las universidades tienen una buena parte de responsabilidad ética y social. El papel de las facultades no se puede limitar a la producción de gradua-dos en serie. Debe analizar las tenden-cias del mercado con la globalización y los efectos de la innovación tecnológica para poder adaptar la oferta estudiantil. De igual forma, debe asumir la tarea de hacer seguimiento a los egresados cada cinco años y diseñar opciones laborales al modelo hegemónico del mercado pa-ra garantizar que los profesionales que formó y de quienes se lucró por más de cinco años cuenten con condiciones laborales dignas y justas. Para el CNB uno de los objetivos a corto plazo es trabajar por la aprobación de la educación continuada. “En los 70 años que lleva la profesión de la bacteriolo-gía en Colombia, se ha convertido en una de las más completas e integrales de la región. Ahora necesitamos que el Ministerio de Educación apruebe los proyectos de educación continua y la recertificación para que nuestros profesionales mejoren sus condiciones laborales”, agrega la presidenta.

En 2007 el Colegio elaboró un estu-dio de competencias laborales con el SENA para ampliar el conocimiento y el alcance de la trasversalidad de las competencias, que en este momento es vista por muchos profesionales como una amenaza para la estabilidad laboral. Creemos con mucha preocupación que no se han trazado los límites claros en el ejercicio profesional. ¿Si todos debemos trabajar de forma interdisciplinaria e intersectorial, puedo hacer exámenes de laboratorio en una IPS si soy médico veterinario?, cuestiona Páez. Cuando la sociedad comprenda que los bacteriólogos, así como los médicos, las enfermeras y los odontólogos, tienen una influencia directa en la resolución y la prevención de los problemas de salud de la población, el panorama cambiará. Por ahora no existe la voluntad política ni la unión de los afectados por el actual modelo mercantilista o la solidaridad colectiva y menos la humildad que se necesita para sacar de la miseria a los que escogieron la profesión de servir a los demás.

Mipres

A partir de diciembre empezó a funcionar la plataforma “Mi pres-cripción (Mipres)” para que las personas que requieran un servicio

o tecnología no cubierta por el plan de beneficios ya no tengan que soli-citar la aprobación de un comité, sino que el médico la podrá prescribir sin necesidad de autorización. La aplicación también sirve para agilizar el procedimiento que deben seguir las entidades encargadas de los recobros cuando deban ser reconocidos y pagados por el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA).

Para acceder a la aplicación desarrollada por el Ministerio de Salud, los médicos deben estar inscritos en el RETHUS. Este trámite se realiza ante el Colegio Médico Colombiano y la verificación del registro se puede hacer en la página web.sispro.gov.co

Todos los profesionales de la salud que tengan un contrato con una IPS o que presten sus servicios de forma independiente pueden acceder a la aplicación. De igual forma lo pueden hacer los trabajadores que sean activados como transcriptores o médicos administrativos por las EPS o las EOC.

Con la aplicación, el paciente no tiene que esperar la respuesta que entregaba antes el comité, sino que con el número consecutivo anotado en la copia de la orden médica, la EPS lo llama para indicar el día y el lugar adonde puede reclamar el servicio ordenado.

ecno MED

Dra. Stella Páez de Bolívar

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EPICRISIS10 Edición 4 • Junio - Agosto 2017

romoción y prevención

L as personas de 50 o menos años (la generación X y la del milenio) están

experimentando aumentos significativos de cáncer de colon y rectal, informa un estudio reciente de la Sociedad Ame-ricana contra el Cáncer. “Los mismos factores que provocaron un aumento en la obesidad, como el desorden en los hábitos dietéticos y un estilo de vida más sedentario, también constituyen factores de riesgo para estos dos tipos de cáncer. Hoy los niños y adolescentes tienen unas tasas altas de obesidad, lo que podría significar más casos de cáncer de colon y rectal en los próximos años”, advirtió Rebecca Siegel, investigadora líder del estudio

El carcinoma de colon y recto cons-tituye aproximadamente el diez por ciento de todos los nuevos cánceres diagnosticados en el mundo, siendo el cuarto cáncer más frecuente en hom-bres (después del de pulmón, próstata y estómago) y el tercero en la población femenina; solo precedido por el cáncer de seno y cuello uterino.

El cáncer de colon se puede detectar a tiempo con las pruebas diagnósticas disponibles. Pero uno de los mayores desafíos médicos tiene que ver con el

diagnóstico, ya que los síntomas inicia-les suelen ser confusos. Actualmente, se recomiendan las pruebas a partir de los 50 años de edad; no obstante, dados los hallazgos de este estudio y otros an-teriores, la Sociedad Americana contra el Cáncer entrará a revisar dichas indi-caciones, comentó Siegel.

El 90 por ciento de los pacientes con la enfermedad se cura cuando es detec-tado de manera precoz. Entre el 80 y 90 por ciento de los casos surgen como consecuencia del crecimiento de un pó-lipo denominado adenoma, que se puede detectar y extirpar cuando se realizan estudios preventivos. Es importante que los médicos de atención primaria sean conscientes de esta tendencia y tomen las medidas del caso cuando ob-serven los síntomas de cáncer de colon, incluso en sus pacientes más jóvenes. ”Sabemos que las personas menores de 40 años son mucho más propensas a ser diagnosticadas en una etapa tardía de la enfermedad porque no buscan trata-miento rápidamente. Además, cuando consultan se suelen presentar retrasos en el manejo porque el cáncer no aparece en su mente ni en la de sus médicos”, dijo la investigadora.

Jóvenes obesos con más riesgo de cáncer de colonEl sobrepeso ha llevado a que este cán-cer se presente a edades más tempra-nas y la causa puede ser la dieta con predominio de comida chatarra, ex-cesivamente azucarada, grasosa, y los productos industrializados y ultrapro-cesados.

Alta incidencia en Colombia

Enfermedades cardiacas: un costo billonario

para la naciónEl crecimiento demográfico y el aumento en la expectativa de vida, sumados a ciertos hábitos, han provocado el aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares.

Hace un tiempo, la Agencia Interna-cional para la Investigación del Cáncer (IARC por las siglas en inglés) encontró entre sus investigaciones que el consu-mo de más de 50 gramos de carne pro-cesadas al día incrementa el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 por ciento. La carne procesada curada o ahumada contiene químicos carcinógenos que incluyen los compuestos N-nitroso e hidrocarburos policíclicos aromáticos; igualmente la cocción produce aminas aromáticas heterocíclicas que al ser ex-puestas a altas temperaturas incremen-tan la cantidad de estos compuestos. El porcentaje de consumo de carne en la alimentación varía entre los países, siendo el rango tan amplio que va desde 50-200 gramos al día. Por tanto, la reco-mendación de la IARC en ese momento fue limitar el consumo de carnes rojas y evitar o reducir el consumo de carnes procesadas.

En Colombia, según las estimaciones del Instituto Nacional de Cancerología

Uno de cada seis colombianos (alrededor de 5.6 millones de personas) presenta una enfermedad cardiaca, como hiper-tensión arterial, Infarto del Miocardio, fibrilación auricular (arritmia) o insufi-ciencia cardiaca. El costo de la atención de estas patología fue de 6.9 billones de pesos para 2015, lo que representó una pérdida de 0.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y el 6.6 por ciento de los costos del sector de la salud.

El Infarto del Miocardio (IM) provocó el mayor costo (3.4 billones de pesos), seguido de la Insuficiencia Cardiaca (1.7 billones de pesos), la hipertensión (764

cada año más de cinco mil personas son diagnosticadas con cáncer de colon y un poco más de la mitad fallecen por esta causa. Al igual que en los países industrializados, la obesidad, la falta de ejercicio físico y la dieta centrada en alimentos procesados son factores que aumentan la incidencia de esta clase de cáncer.

Desde 2014 es obligatorio en Colom-bia para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) reportar la información de cáncer a la Cuenta de Alto Costo (CAC), con el fin de orientar la gestión del riesgo en salud y garantizar la atención de la enfermedad para las personas afectadas.

Dada la evidencia científica, la Or-ganización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la divulgación de campañas de prevención que fomenten el estado de vida saludable en los jóvenes para que adopten un alimentación balanceada, se mantengan físicamente activos, con un peso saludable y no fumen.

millones de pesos) y, por ultimo, la fibri-lación (578 millones de pesos).

El estudio realizado por Deloitte Ac-cess Economics Australia, en el que examinó la prevalencia de las patologías cardiometabólicas en México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Vene-zuela, Panamá y el Salvador, también de-mostró que la carga de los problemas del corazón en los países con ingresos bajos y medios es alta. Lo más probable es que siga así, a menos que se implementen políticas y programas para prevenirlos o controlarlos de manera efectiva. En respuesta al panorama en estos países, la

Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el objetivo global de disminuir en 25 por ciento la mortalidad prematura atribuible a cardiovasculopatías para 2025. Específicamente, la OMS se pro-pone enfocar el trabajo en los factores de riesgo como la obesidad, el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, la alta ingesta de sodio, la inactividad física y la diabetes.

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11EPICRISIS

Edición 4 • Junio - Agosto 2017

E l término asbesto designa un grupo genérico de silicatos fibrosos na-

turales, que siguen teniendo un uso comercial debido a su extraordinaria resistencia a la tensión, su escasa termo conductividad y su relativa resistencia al ataque químico. Por estos motivos, el asbesto se utiliza en el aislamiento de los edificios, como componente de diversos productos (tejas, tuberías de agua, mantas ignífugas y envases mé-dicos), como aditivo de los plásticos y en la industria automovilística (reves-timiento de embragues y frenos, juntas y amortiguadores).

De los diferentes tipos de asbesto que existen, el crisotilo (asbesto blanco, la única variedad de las serpentinas) sigue siendo la fibra que se resiste a desapa-recer del mercado colombiano, gracias a una buena campaña orquestada por los industriales del asbesto, agremiados en Ascolfibras, el lobby de las principales empresas que utilizan este peligroso mineral en Colombia: Eternit, TopTec e Incolbest S.A.

La exposición al asbesto, incluido el crisotilo, es causa de cáncer de pulmón, laringe y ovario, así como de mesote-lioma (un cáncer del revestimiento de las cavidades pleural y peritoneal). La exposición al asbesto también puede causar otras enfermedades como la as-bestosis (una forma de fibrosis pulmo-nar), además de placas, engrosamientos y derrames pleurales.

Los promotores del uso industrial del asbesto decidieron expedirle certificado de buena salud al asbesto crisotilo, ale-gando en su favor que esta fibra no tiene el mismo potencial de riesgo que las otras variedades de asbesto (los anfíbolos), y que implementando medidas de segu-ridad industrial adecuadas al interior de las fábricas, es posible controlar su amenaza.

Pero otra cosa piensa la OMS, ins-titución que publicó una monografía concluyente sobre el asbesto en 2012 con apoyo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), en donde clasificaron todos los tipos de asbesto, incluido el asbesto crisotilo como

carcinogénicos para los seres humanos en el grupo 1.

Desde la década de 1930 se empezó a vincular el asbesto con la asbestosis, en la década de 1940 con el cáncer de pulmón y con los descubrimientos del Doctor J. C. Wagner, se estableció la relación entre asbesto y mesotelioma en 1959.

Sin embargo, la investigación científi-ca ha sido desarrollada con una enorme injerencia de la industria del asbesto, la cual cuando encuentra que los infor-mes no la favorecen, los suprime, y en otros casos, promueve ciencia por dine-ro buscando defender sus intereses. Es decir, utilizan una triada de retórica de ocultación, de justificación y descalifica-ción, para ocultar o falsear los hallazgos científicos a favor de los intereses de la industria, o en su lugar, descalificar aquellos que los cuestionan.

Las alarmas se prendieron en EE.UU. con una conferencia que organizó el Dr. Irving J. Selikoff y el Dr. Jacob Churg, en la Academia de Ciencias de Nueva York en 1964, titulada “Efectos biológicos del asbesto”, donde se evidenció que el asbes-to era una gran amenaza a la salud públi-ca en el siglo XX. Además de trabajar en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York como director científico del laboratorio de ciencias ambientales, Selikoff tenía una clínica en un barrio de clase obrera en Nueva Jersey. Allí conoció del asbesto. Cerca de la clínica había una fábrica de aislantes en asbesto. El estudio que hizo Selikoff analizó un grupo relativamente pequeño (632 individuos) con resultados contundentes: trabajar con aislantes en asbestos era fatal. Los trabajadores con aislantes presentaban un exceso del 25%, con una fuerte tasa de mortalidad más allá de la normal no solo de asbestosis sino de cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer colo-rectal y de estómago.

Para la década de 1960, la evidencia que vinculaba al asbesto crisotilo con el mesotelioma estaba suficientemente demostrada con las investigaciones de J.C. Wagner en Sudáfrica, por el estudio de Selikoff (1964) como ya se dijo, y las muertes por mesotelioma de indivi-duos que vivían cerca de una fábrica en Londres que manipulaban asbesto

crisotilo, por parte de la médico inglesa Molly Newhouse. En otras palabras, el riesgo no estaba simplemente confinado a individuos que trabajaran en fábricas de asbesto.

El eje para la defensa del crisotilo fue el Dr. J. Corbett McDonald; un médico experto en salud ocupacional de origen inglés, que laboraba en el departamento de Epidemiología de la Universidad de McGill (Canadá). El profesor McDonald recibió del departamento de epidemio-logía de la Universidad de McGill un mi-llón de dólares, en transferencia hecha por el Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental, que a su vez había recibido dos millones de dólares canadienses de la industria del asbesto, para llevar a cabo el más grande estudio con los mineros de asbesto en Canadá. Este informe tendría amplias repercusiones, introduciendo un sesgo de “incertidumbre científica” en esta discusión que fue hábilmente manipulada por la industria, los mismos que habían financiado el estudio.

No se puede olvidar que Canadá fue el segundo exportador de asbesto crisotilo en el mundo hasta el 2012, con

dominio en el mercado en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Desde 2012, Ca-nadá se retiró del mercado del asbesto. De acuerdo con estadísticas del Servicio Geológico de los EE.UU., (USGS por sus siglas en inglés) durante los años de 1900 hasta el año de 2003, se consumieron 180.922.485 toneladas métricas de as-besto, siendo el crisotilo un 95% de este valor. De esa cantidad, Canadá exportó 61.165.286 toneladas métricas de asbesto, es decir, una tercera parte del total de asbesto exportado en el mundo durante las fechas indicadas.

Existe información sobre 59 países que han prohibido el asbesto alrededor del mundo, o tienen legislaciones inter-nas con fuertes restricciones, incluida la Unión Europea, Australia, Argenti-na, Corea del Sur, Chile, Israel, Japón y Uruguay, entre otros. Colombia está a la espera de adelantar un debate serio sobre los peligros que representa el uso del asbesto, sin que la máxima de desa-rrollo y progreso impliquen poner en riesgo la salud de los ciudadanos y el medio ambiente.

Asbesto blanco (crisotilo): una amenaza a la salud pública que resiste su prohibición en ColombiaFundación Colombia Libre de Asbesto

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EPICRISIS12 Edición 4 • Junio - Agosto 2017

E star al tanto del salario promedio que puede recibir un médico recién

egresado y el tiempo que necesita traba-jar para recuperar la inversión que hizo durante el pregrado, son datos claves a la hora de decidir estudiar medicina.

La carrera sigue siendo una de las más costosas y de las más extensas. Por otra parte, demanda tiempo completo del alumno, lo que hace imposible que pueda recibir algún tipo de ingreso que le ayude a costear la universidad o su manutención mientras estudia. Los doc-tores Diego Rosselli y Camilo Castañeda del Departamento de Epidemiología Clí-nica y Bioestadística de la Universidad Javeriana, hicieron un estudio de los costos directos e indirectos.

Sumando los gastos semestrales por cada concepto obtuvieron que un estu-diante de medicina gasta en promedio $4.053.314 COP; $4.499.231 en universi-dades públicas y $3.621.898 en universi-dades privadas. En concepto de vivien-da, los estudiantes gastaron $1.604.879 y $1.980.253 respectivamente, siendo este el máximo valor, seguido por ali-mentación ($1.090.856 y $1.329.834), transporte ($549.270 y $799.666), libros académicos ($167.480 y $202.521), foto-copias ($125.490 y $98.069), implemen-tos de bioseguridad ($50.813 y $49.244) y cuadernos e implementos escolares ($33.110 y $39.643).

En total y para los 12 semestres que dura la carrera, calcularon que un estu-diante de medicina de universidad oficial gasta $43.462.781 y un estudiante de universidad privada $53.990.776.

La remuneración promedio para el SSO para el año 2016 fue de $2.806.657, es decir, 4,07 SMMLV. Para el 2014, el ingreso mensual de los egresados del programa de medicina de universidades públicas, ponderado por el número de graduados fue $3.161.384 que tiene una equivalencia de 5,13 en SMMLV. Para los egresados de universidades privadas el ingreso ponderado fue de $3.117.973 que equivalen a 5,06 SMMLV. Según la encuesta de ingresos y gastos desa-rrollada por el DANE en 2007 el gasto promedio de los hogares para ese año fue de $1.198.732, es decir, 2,76 SMMLV. Sin embargo, considerando el decil 9 que es el que tiene el ingreso monetario dispo-nible (4,71 SMMLV) más próximo a los ingresos de los egresados de medicina, se consideran también los gastos de ese decil que fueron de $1.824.262 para el 2007 (4,21 SMMLV).

En cuanto al tiempo de retorno con-cluyeron que para el egresado de una universidad pública se requieren 16 años y 6 meses para obtener beneficios positivos, mientras que para el egresado de una universidad privada se requie-ren 34 años y 3 meses. Esta medida es altamente variable dependiendo de la relación de ingresos y gastos. En un análisis realizado para un horizonte de 20 años posterior a la culminación de pregrado evidenciaron una tasa de retorno de 1,9% para el egresado de una universidad pública (sin aportes del Es-tado) pero un retorno negativo de -4,6% para el egresado de una privada.

Tabla 1. Costos de los derechos pecuniarios (matrícula, inscripción y derechos de grado para las universidades públicas incluyendo los aportes del Estado

asignado a cada universidad por persona. El costo total de los derechos pecuniarios para el pregrado de medicina en las universidades públicas es de $66.382.613.

Nombre Institución Matrícula Aporte anual del Estado

(millones per cápita)Total matrícula Inscripción D. de grado

Universidad Nacional de Colombia 1.314.857 22,00 12.314.857,00 91.000 160.900

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2757816 4,81 5.162.816,00 103.450 103.450

Universidad del Cauca 641.837 9,63 5.456.837,00 100.000 276.000

Universidad Tecnológica de Pereira 656.522 4,82 3.066.522,00 68.900 159.100

Universidad de Caldas 785.978 7,09 4.330.977,56 66.950 102.400

Universidad Surcolombiana 773.388 4,57 3.058.388,00 107392 82.272

Universidad de Antioquia 573.622 7,60 4.373.622,00 51.000 86.400

Universidad del Valle 1.130.154 8,19 5.225.154,00 82.700 68.900

Universidad Industrial de Santander 344.727 5,51 3.099.727,00 126.100 344.727

Universidad de Cartagena 873.672 2,98 2.363.671,67 105.000 150.056

Universidad de Nariño 510.885 4,87 2.945.885,00 69.400 141.000

Universidad del Tolima 514.418 1,12 1.074.418,00 103.418 344.728

Universidad del Quindío 515.580 2,76 1.895.580,00 63.558 192.921

Universidad de Pamplona 3.333.410 1,84 4.253.410,00 110.300 137.900

Universidad del Magdalena 1.661.343 1,66 2.491.343,20 71.607 207.544

Universidad de Sucre 3.447.270 4,27 5.582.270,00 62.050 68.950

Unidad Central del Valle del Cauca 5.364.700 0,00 5.364.700,00 94.900 255.400

Universidad Militar Nueva Granada 11.114.000 1,63 11.929.000,00 103.000 455.000

Promedio simple 2.154.260 4.666.065 87.818 185.425

Promedio ponderado 1.978.609 5.509.420 87.071 182.501

Fuente: elaboración de los autores

Tabla 2. se presentan los costos de los derechos pecuniarios (matrícula, inscripción y derechos de grado para las universidades privadas.

El costo total de los derechos pecuniarios para el pregrado de medicina en las universidades privadas es de $134.889.146.

Nombre Institución Matrícula Inscripción Derechos de grado Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá 17.545.000 98.000 490.000

Pontificia Universidad Javeriana – Cali 13.097.537 95.000 600.000

Universidad Pontificia Bolivariana 11.808.000 147.000 735.000

Universidad de la Sabana 17.000.000 115.000 600.000

Universidad del Norte 12.209.100 109.700 769.300

Universidad del Rosario 19.342.000 123.000 687.000

Universidad de Manizales 8.950.000 90.000 290.000

Universidad el Bosque 15.922.000 120.000 540.000

Universidad de Boyacá 9.100.000 80.000 900.000

Universidad Santiago de Cali 9.262.115 58.950 651.040

Universidad Libre de Cali 10.981.213 66.000 744.000

Universidad Libre de Barranquilla 9.077.495 95.700 675.000

Universidad de los Andes 19.984.000 0 535.000

Universidad Cooperativa de Colombia - Medellín 7.442.578 57.000 391.000

Universidad Cooperativa de Colombia - Pasto 6.331.578 99.000 419.000

Universidad Cooperativa de Colombia - Villavicencio 7.900.224 84.000 375.000

Universidad Cooperativa de Colombia - Santa Marta 8.137.216 95.000 379.000

Universidad Autónoma de Bucaramanga 12.565.440 142.000 783.000

Universidad Metropolitana 7.350.000 160.000 714.000

Universidad Antonio Nariño 8.905.000 107.000 662.000

Universidad ICESI 12.950.000 164.000 728.000

Universidad Santiago de Cali 9.262.115 58950 651040

Universidad del Sinú 8.372.000 72.200 758.100

Universidad del Sinú 8.557.500 72200 758100

Universidad de Ciencias aplicadas y ambientales 8.437.000 85.500 611.000

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 14.100.000 123.000 440.000

Fundación Universitaria Juan N. Corpas 10.990.000 105.900 383.900

Universidad CES 13.000.000 300.000 689.455

Fundación Universitaria San Martín 10.053.000 119.000 492.000

Fundación Universitaria Sanitas 11.089.500 110.400 495.700

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 8.769.156 93.771 607.099

Universidad Simón Bolívar 8.486.000 214.000 589.500

Corporación universitaria Rafael Núñez 7.839.800 59.700 0

Universidad de Santander 11.761.000 69.500 611.500

Corporación Universitaria Remington 10.500.000 80.000 605.300

Universidad Alexander von Humboldt 8.040.000 85.240 689.455

Fundación Universitaria Navarra 7.958.004 54.798 548.828

Promedio simple 11.875.949 102.987 583.738

Promedio ponderado 11.813.144 106.816 585.196

Tabla 3. Proyección de ingresos no percibidos durante el periodo de estudio (lucro cesante)

Año SMMLV Precios 2016 Incremento Salario anual

2011 $535.600 $653.897 $728.292 $8.739.505

2012 $566.700 $675.408 $752.250 $9.027.002

2013 $589.500 $689.267 $767.686 $9.212.234

2014 $616.000 $694.831 $773.883 $9.286.601

2015 $644.350 $680.718 $758.164 $9.097.968

2016 $689.454 $689.454 $767.894 $9.214.732

Total $54.578.042

Tabla 4. Costos de la formación de un médico en Colombia

Detalle Oficial (con aportes del Estado) Oficial (sin aportes del Estado) Privada

Costo inscripción $87.071 $87.071 $106.816

Costo matrícula $66.113.041 $23.878.042 $134.197.734

Costo derechos de grado $182.501 $182.501 $585.196

Gastos de asistencia escolar $44.582.894 $44.582.894 $55.110.889

Costo oportunidad (lucro cesante) $54.578.042 $54.578.042 $54.578.042

Total $165.543.549 $123.308.550 $244.578.677

Se incluye el costo aportado por la comunidad.

Tabla 5. Medidas de retorno de la formación en Medicina

Medida Pública (+Estado) Pública Privada

RSI $0,9 $1,5 $0,2

TIR 3,40% 5,33% 0,79%

VAN $146.948.797 $189.183.796 $43.327.432

Tiempo retorno 16 años y 6 meses 16 años y 6 meses 34 años y 3 meses

Estudiar medicina: ¿buena inversión?El egresado de una universidad pública requiere 16 años y 6 meses para obtener beneficios positivos de la inversión que hizo, mientras que el graduado de una privada necesita trabajar 34 años y 3 meses para el mismo fin.

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Edición 4 • Junio - Agosto 2017

¿Cuáles fueron las razones para formar un sindicato?

Los motivos obedecieron a la precarización, la vulne-rabilidad, la inestabilidad de nuestro trabajo, la pér-dida de la autonomía profesional, los bajos salarios, la sobrecarga y las jornadas extensas, el engaño en la contratación y otras condiciones injustas que afronta nuestro gremio. La necesidad de asociarse para lograr la protección mutua es una característica inherente de la naturaleza humana. El movimiento sindical es la expresión de una conciencia de grupo, que mediante la unidad, la resistencia y la capacidad de negociación genera una dinámica de diálogo social que se ajusta al artículo 39 de la constitución política, la declaración de los derechos humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Cómo está compuesto SIGNO?El sindicato es un ente jurídico de derecho privado que defiende los intereses concretos de orden labo-ral de quienes deciden afiliarse. No busca obtener ganancias o ventajas patrimoniales para repartirlas entre sus miembros. La estructura interna y el fun-cionamiento del sindicato se ciñe al orden legal y a los principios democráticos. Es una organización sindical de primer grado dentro de la clasificación de sindicatos correspondiente a gremial y la integran individuos de la misma profesión, oficio o especialidad (Art. 356 CST), sin importar el patrón o la empresa donde se des-

arrolle el ejercicio profesional. En el sector de la salud existen algunos ejemplos de este tipo de sindicato: la Asociación Médica Sindical de Colombia (Asmedas), la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), la Asociación Colombiana de Instrumentado-ras Quirúrgicas (ACITEQ), la Asociación Odontológica Sindical Colombiana (Asdoas).

¿Cuáles son las funciones del sindicato?Empezar por promover el acercamiento entre em-pleadores y trabajadores sobre la base de la justicia, el respeto mutuo y la subordinación a la ley. También asesorar a nuestros asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente, y representarlos ante las autoridades administrativas, los empleadores o terceros. Debemos analizar las características de la profesión y de los salarios, las prestaciones, los hono-rarios, los sistemas de protección o de prevención de accidentes y las condiciones de trabajo de nuestros asociados para defenderlas y mejorarlas. Vamos a impulsar la educación entre miembros y a fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorros, présta-mos, auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, oficinas de colocación, espacios culturales y deportivos. Otras de las funciones son socorrer a nuestros afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad; designar las comisiones de reclamos permanentes o transitorios, y representar en juicio o ante las autorida-

des correspondientes los intereses económicos comunes o generales de nuestros agremiados, así como hacer valer los intereses ante los empleadores y terceros en caso de conflictos colectivos que no se hayan podido resolver por arreglo directo o mediante la conciliación.

¿Existen otras organizaciones de optómetras?La optometría es una profesión en el país desde hace más de 60 años. Se reglamentó en 1997 y actualmente cuenta con 5.800 profesionales egresados de nueve facultades. En estos años se creó el Colegio Profesional de Optometría (Fedopto), la asociación de facultades de optometría y los colectivos de especialistas en salud ocupacional, prótesis oculares y ortóptica.

Optómetras también sindicalizados

El pasado 7 de marzo nació el Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO) para defender y promocionar los intereses laborales, sociales y económicos de los optómetras en el país. Marco Aurelio Torres Segura, presidente de SIGNO, le explicó al Colegio Médico Colombiano los objetivos de la organización sindical.

Dr. Marco Aurelio Torres S.

Cuidar la sonrisa es bueno para el corazónLa enfermedad de las encías está directamente relacionada con los Accidentes Cerebro Vasculares (ACV). Por tanto, quienes acuden al odontólogo al menos una vez al año tienen un riesgo más bajo de ACV que aquellas personas que van solo cuando necesitan atención.

E l Journal of the American Heart Association publicó un estudio donde demuestra que la ate-

rosclerosis es un importante factor de riesgo para las enfermedades cardiacas, el accidente cerebrovascular y la muerte. Un grupo de investigadores de la Univer-sidad de Columbia en Estados Unidos hicieron pruebas en 420 personas para evaluar la salud de las encías y la acumulación de placa en las arterias del cuello (ca-rótidas). Durante los tres años de seguimiento notaron que el buen estado de las encías y la reducción de las bacterias vinculadas con la infección (enfermedad periodontal) se asociaron con una tasa más baja de

acumulación de placa en las arterias del cuello. Estos resultados evidenciaron que la aterosclerosis avanza en paralelo con la enfermedad periodontal y con los perfiles bacterianos de las encías.

Otra investigación reciente de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos, también dejó en evi-dencia que los adultos con enfermedad en las encías podrían tener el doble de probabilidades de sufrir un ac-cidente cerebrovascular (ACV). El riesgo de ACV subió con el nivel de la enfermedad de las encías: fue 1.9, 2.1 y 2.2 veces más alto para las personas con enfermedad de las encías leve, moderada y grave, respectivamente.

Cuanto más avanzada esté la enfermedad de las encías, mayor es el riesgo. El vínculo entre unos niveles crecientes de enfermedad de las encías y el ACV fue más potente para dos tipos de ACV de coagulación, o isquémicos. Casi la mitad (un 47 por ciento) fueron ACV trombóticos, y se deben a la formación de un coágulo en una arteria del cerebro. Una cuarta parte (un 26 por ciento) fueron ACV cardioembólicos, que ocurren cuando un coágulo sanguíneo se desplaza del corazón al cerebro.

Los investigadores todavía no saben por qué las personas con problemas en las encías tienen un riesgo más alto de ACV. Los niveles de inflamación encon-trados tanto en la enfermedad de las encías como en el endurecimiento de las arterias podrían tener un papel importante, dicen los investigadores. Pero po-dría haber otros motivos. Puede que las personas que descuidan su salud oral a su vez sean menos dadas a cumplir con los chequeos médicos y mucho menos de seguir las indicaciones profesionales. El interrogante que plantearon los expertos para próximos estudios es si el tratamiento de la enfermedad de las encías ayuda a prevenir los ACV y los ataques cardiacos.

Fuente: Souvik Sen, M.D., professor and chair, neurology,

University of South Carolina School of Medicine, Columbia, S.C.

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EPICRISIS14 Edición 4 • Junio - Agosto 2017

Doctor Nicolás Ramos RodríguezPresidente

H ace cien años, gracias a la inquie-tud de un grupo de distinguidos

médicos dedicados a la atención de niños en Bogotá, surgió una entidad que tenía como objetivo el estudio de las enferme-dades de los niños, favorecer su crianza, atenderlos en sus enfermedades, fundar consultorios gratuitos en los distintos ba-rrios y orientar en la crianza de los hijos.

Al revisar la historia de la agremia-ción, se encuentran innumerables perso-najes de la medicina que han dejado una huella imborrable, no solamente en el aspecto profesional, sino en la academia y en la formación universitaria dentro de la especialidad, de la cual hoy en día se obtienen los mejores resultados.

En Colombia, la primera cátedra de pediatría inició en Bogotá, en 1881, bajo la dirección del doctor Gabriel J. Castañe-da, quien no era realmente especialista en pediatría. El primer pediatra colom-biano con entrenamiento formal fue el doctor José Ignacio Barberi, un bogotano que realizó sus estudios en Londres y que en mayo de 1906 fundó el Hospital de la Misericordia; actualmente el centro pediátrico más importante de Colombia.

El origen de la sociedad de pediatría de Bogotá se remonta al Hospital de la Misericordia y a la escuela de medicina de la Universidad Nacional. Los miem-bros fundadores fueron: José Ignacio Barberi, José María Montoya, Roberto San Martín, Jorge Bejarano, Guillermo Márquez, Marco A. Iriarte, Ricardo Fa-jardo, Augusto Rocha, Jorge Esguerra, Alfredo Luque, Julio Rodríguez Piñeres, Samuel Montaña, Eliseo Montaña (his-tólogo y patólogo), Augusto Buendía, Ca-lixto Torres Umaña y el político Miguel Jiménez López.

La visión de este puñado de hombres puso en movimiento una de las institu-ciones más vigorosas de la República de Colombia; lograron unir el intelecto mé-dico en procura del cuidado de los niños. En 1917 nació la Sociedad Colombiana de Pediatría con sede en Bogotá. En 1924 se fundó la Clínica Noel, en Medellín, y dos años más tarde se inauguró el pabe-llón pediátrico Clarita Santos, anexo al Hospital Universitario San Vicente de Paúl. El 21 de agosto de 1924 se fundó el primer centro de protección infantil ofrecido a la Sociedad de pediatría de Bogotá por los doctores Samuel Montaña y José María Montoya, quien asumió la dirección científica del centro. En 1930 aparecieron las instituciones llamadas Gotas de Leche Andrés Bermúdez y Adriano Perdomo, donde se formaron los primeros grupos de madres de esca-sos recursos para el cuidado de los hijos durante la jornada laboral.

En 1941 circuló por primera vez la Revista Colombiana de Pediatría y Pueri-cultura, órgano oficial de la Sociedad. En 1955 se creó el Hospital Infantil Loren-cita Villegas de Santos y el doctor Jorge Andrade asumió como representante de la Sociedad ante la Junta Directiva del Hospital.

Luego de la unión de la Sociedad Colombiana de Pediatría y Puericultura y la Federación Nacional de Pediatría, en 1986, se oficializó la Sociedad Co-

lombiana de Pediatría como una sola institución. Hoy la SCP es miembro de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE) y de la International Pediatric Association (IPA). Además, tiene alianzas con reconocidas instituciones como el Texas Children’s Hospital y la Academia Americana de Pediatría (AAP).

Un gremio comprometido con el bienestar de los niños

La Sociedad se ha convertido en un ente de reflexión y análisis para el Gobierno en diferentes temas como la defensa de los derechos de los niños, el cierre de camas de pediatría, la crisis hospitalaria en el país, la situación laboral de los pe-diatras y el diseño de las guías de práctica clínica en neumología y neonatología, para lo cual ha establecido estrechas relaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud.

Precisamente, frente a la preocupa-ción por el déficit de médicos pediatras en el país, la SCP le ha pedido al Ministerio de Salud que revise el número de cupos anuales en las diferentes universidades. La sociedad no comparte la propuesta de otorgar títulos por parte de los hospita-les universitarios, puesto que considera que deben ser las universidades las que se encarguen de mantener el compo-nente de calidad en la formación de los médicos especialistas. De otro lado, la SCP propuso adelantar la capacitación a médicos generales con el fin de que estos galenos apoyen la labor de los profesio-nales de la salud con la especialidad en los servicios de urgencias de pediatría del país, siempre bajo la supervisión y apoyo del médico pediatra en altos niveles de complejidad.

En vista de la dificultad por la que atraviesa la especialidad desde hace años y con la garantía del Marco Constitucio-

nal, hace unos años nació el Sindicato Nacional de Pediatras, Sicolped, desde donde se han denunciado los temas de violación y vulneración de los derechos a los niños y sus familias, así como los factores que atentan contra el ejercicio de la profesión para buscar las mejoras en el campo laboral como un derecho fundamental de la asociación sindical.

En los últimos 15 años, la SCP ha tejido una estructura indeleble y de al-ta calidad que sobresale en el contexto nacional e internacional. Actualmente tiene más de 3.700 pediatras vinculados, quienes son parte fundamental de la la-bor que se realiza a diario por los niños y adolescentes del país. Para continuar con la misión de propender por el cui-dado y la salud de los menores, la SCP tiene pensado construir una sala de lac-tancia materna para que un sinnúmero de madres puedan asistir con sus hijos y hacer de este centro un gran núcleo nacional para el estudio e investigación de la lactancia materna.

Durante el marco del Congreso del Centenario: 30 Congreso Colombiano de Pediatría, que se realizará en la ciudad de Cartagena del 6 al 8 de julio, se llevarán a cabo actos que refrescarán la memoria de muchos de los miembros y llegarán a la de los jóvenes y nuevos pediatras co-lombianos. Para el evento se decidió que la agenda académica estuviera integrada en su mayoría por invitados nacionales y pediatras colombianos radicados en el exterior que ejercen su profesión con gran éxito.

Con la celebración del centenario, la SCP recuerda su trayectoria en el desarrollo de la pediatría y rinde un ho-menaje a las juntas directivas a lo largo de estos años.

Más información del Congreso del Centenario: 30 Congreso Colombiano de Pediatría, en www.scp.com.co/con-gresodelcentenario.

La sede de la SCP se encuentra en la Calle 83 Nº 16A-44 Oficina 701 Edificio Cima, Bogotá.

Centenario de la Sociedad Colombiana de Pediatría

onmemoración

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Carta Abierta

El doctor Stevenson Marulanda Plata, miembro fundador y expresidente del Colegio Médico Colombiano, y quien ocupara el cargo de Secretario de Salud del departamento de La Guajira en 2016, escribió una carta abierta dirigida al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria,

en la que describe la problemática del departamento.

Asunto: Análisis de la Situación de Salud (ASIS) de La Guajira y la intervención de su Secretaría de Salud.

DoctorAlejandro GaviriaMinistro de Salud y Protección Social

Cordial y atento saludo:

Señor Ministro, mis ánimos y deseos, no son otros que aclarar y aportar hasta donde más pueda a este Gobierno, al equipo interviniente, a la opinión en general, y a los entes de control, las razones y argumentos que, a mi manera de ver, llevaron al Departamento de La Guajira y a su Secretaría de Salud a ese estado de insuficiencias terminales, con el fin, por supuesto, de responder por mis actuaciones, pero sobre todo, para que entendamos, comprendamos y resolvamos, más allá de la corrupción, las otras causas estructurales que igualmente también desafían el bienestar y la salud integral de la población guajira, pues sería absolutamente imperdonable que éstas no se corrigieran de fondo, aprovechando esta intervención.

Envuelto, por un lado, en una mortandad infantil sin tregua, debido principalmente a la corrupción, a la crónica inestabilidad e ineficacia polí-ticas del Departamento, a los viejos vicios administrativos, y a la ancestral miseria y olvido terminal de la Gran Nación Wayúu; y golpeado por otro lado, por una crisis hospitalaria profunda, subsumida en la politiquería y en el desgreño, y en el fuego voraz del lucro impúdico de nuestro sistema de salud, atado a la interminable cadena de deudas e ineficiencias pro-movidas por las EPS, el ASIS de La Guajira parecía no tener remedio a la vista. Y como si lo anterior fuera poco, en medio de este maremágnum, la Secretaría de Salud Departamental sufría su propio vía crucis y su debi-litante calvario,—institucional, nítido y creciente—, llegando casi hasta la parálisis total debido al fracaso rotundo del amplio marco de competencias que la ley 715 de 2001 le confirió a la entidad territorial, entre otras cosas porque el trámite jurídico para la suscripción de contratos propios para su funcionamiento quedó atorado en una animosidad de decisiones titilantes que atrapó a toda la administración en un limbo operacional diletante a causa de grandes insalvables, como fueron los negros y sobrevinientes nubarrones políticos que se cernían sobre La Guajira, oscureciendo cada día más su suerte. Así transcurrió todo el primer semestre, cuando en junio efectivamente quedamos sin gobernadora y enredados en una medusa caótica que volvió paralítica toda la administración.

Agobiado e inmerso en este universo angustioso y frustrante, ence-rrado sin salida, al borde de la derrota de la renuncia, fue que decidimos, junto con los jefes de área seguir, y emprender acciones concretas a fin de conjurar o paliar de la mejor manera esta ominosa situación.

Así, entusiasmados por la esperanza, escribimos y firmamos todos, unas cartas para el Señor Gobernador (E) Jorge Enrique Vélez y para la Honorable Asamblea Departamental, donde les contamos lo que estaba pasando, con la idea de que la Honorable Duma concediera al Señor Go-bernador las facultades para contratar y destrabara ese nudo gordiano, y superar de esa manera la crisis humanitaria y la extrema vulnerabili-dad de la población guajira, ad portas de una declaratoria de Emergencia Sanitaria o de un Estado de Cosas Inconstitucionales.

Con la misma idea radicamos un plan de contingencia, con cálculos racionales de cronograma de actividades, requerimientos de talento hu-mano, de insumos y de herramientas, necesarios para conjurar la crisis durante los últimos tres meses del 2016.

En esos documentos, que anexo para que obren como crónica de una intervención anunciada, relatamos ordenadamente, área por área, todas y cada una de las dificultades, como:

1. Informe detallado del deterioro, colapso y postración física de algunos espacios y ambientes; oscuros, reverberantes, sin archivos físicos y sin servicios públicos, siquiera agua y energía eléctrica, insalubres, inhuma-nos y no aptos para prestar un servicio público de tanta responsabilidad social y científica, nacional e internacional, como un Laboratorio de Salud Pública, que francamente es una pocilga hacinada, llena de residuos bio-lógicos y de basuras químicas que lo que necesita urgente es su reempla-zo total fuera de las instalaciones del obsoleto y descompuesto edificio.

2. Parálisis física por falta de capacidad de desplazamiento. Nunca tuvimos la competencia institucional de trasladarnos de un lugar a otro, a no ser que fuera por diligentes y onerosos esfuerzos personales de muy pocos, representados en vehículos propios, de familiares o amigos. La búsque-da de viáticos, peajes, combustibles, agua, alimentos, y hasta chóferes voluntarios como el suscrito, sí que era una muy frecuente y verdadera “calamidad doméstica” para nosotros, porque nuestro propio mínimo vital salarial era la caja menor de la Secretaría.

3. Ausencia absoluta de tecnología en el área de auditoría de cuentas. Manejar inmensas, densas y complejas bases de datos para garantizar y verificar derechos y comprobar la realidad de todas las cuentas médicas presentadas ante la Secretaría ítem por ítem, y reconocer su pago a los diferentes prestadores, es una labor dura y casi que imposible, si se hace a mano, y peor aun si no se cuenta con el talento humano capacitado y suficiente. La Secretaría de Salud de La Guajira no contó en el año 2016 con un software que soportara el manejo de estas complejas operaciones.

4. Ineficacia e ineficiencia por todas partes. Debidas a la ausencia sustan-cial y crítica, de la tecnología basal rutinaria e indispensable, así como de equipos e insumos de oficina elementales para apoyar los procesos cotidianos comunes y corrientes. (computadores, fotocopiadoras, im-presoras, scaners, tinta, papelería, muebles, aires acondicionados, men-sajería, etc.) El análisis de la infraestructura informática de la Secretaría demuestra que ésta es obsoleta, insuficiente e ineficiente para soportar la operación, con el agravante de que las copias de seguridad de la infor-mación se realizan en USB de propiedad de los funcionarios, la mayoría contratistas, peregrinos fugaces de la administración que, sin ningún control aseguran la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información generada.

5. Deslaborización Colectiva. Este típico gran mal colombiano azotó duro a la Secretaría de Salud: la planta de personal solo cuenta con 26 personas, en el 2016 se contrataron en total 238 mediante órdenes de prestación de servicios. Pero más interesante, y más dramático si se quiere, es que, 159 personas (67%), fueron contratadas solo por cuatro meses, 20 personas (8%) por seis meses, y 58 personas (24%) por nueve meses y medio. En septiembre 179 personas, el 75%, se habían ido.

6. Síndrome de bornout. (quemarse en el trabajo). Hubo hospitalizaciones de funcionarios por golpes extremos de calor de tan soporíferos lugares, y también desórdenes emocionales por exceso de requerimientos y tra-bajo. Pocos teníamos que hacer mucho.

El área de auditoría de cuentas médicas, aunque parezca inconcebible, no tiene ni un solo empleado formal, y la mayoría de sus contratistas fueron de cuatro meses. Circunstancias similares sucedieron en: Finan-ciera, Jurídica, Seguridad Alimentaria, Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, Inspección, vigilancia y control de alimentos y medicamentos, Vacunación y Red de Frío, Oficina de la Autoridad Sani-taria para la gestión en Salud, Oficina de Inspección, vigilancia y control, Enfermedades Transmitidas por Vectores, Salud Ambiental, Salud Sexual y Reproductiva y Zoonosis.

Desafortunadamente la esperanza no logró su cometido, la Honora-ble Asamblea nunca otorgó facultades al Gobernador Vélez, en octubre vinieron las elecciones, en noviembre sentaron al gobernador electo, en marzo sentaron otro, luego instalaron la intervención. Pero no voy a ser pesimista como Úrsula Iguarán, quien ya decrépita aseguraba que el tiempo en Macondo daba vueltas en redondo y nada cambiaba, y no voy a pensar como ella.

Señor Ministro la Situación de Salud de La Guajira es muy compleja, tiene usted un reto personal muy grande, cortar cabezas de medusas son gestas de dioses mitológicos, pero usted y su equipo cuentan con muchos guajiros fieles servidores a las grandes causas de esta nación, entre ellos, éste, su siempre servidor.

Cordialmente,

Stevenson Marulanda PlataEx Secretario de Salud del Departamento de La Guajira 2016.

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