HACIA UN PLANTEAMIENTO EN LAS RELACIONES DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO ENTRE VENEZUELA - Y ESPAÑA

Autor: Laura M. Pérez Pérez Dra. en Cooperación, Integración y Desarrollo: C.E. España y América Latina.

Institución: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Departamento de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales Complutense de

Madrid. España.

RESUMEN:

Se consideró como marco de análisis las tendencias internacionales sobre la cooperación internacional al desarrollo y el proceso de relaciones entre Venezuela y España dentro del ámbito de las actividades científicas y tecnológicas, considerando el aprendizaje institucional y el papel activo de los OPI como estrategias para producir cambios de impacto nacional. Para ello se plantearon los siguientes objetivos: 1. Estudiar las tendencias y potencialidades de la cooperación internacional en las actividades científicas y tecnológicas, particularmente en el marco de la Unión Europea; 2. Profundizar en el proceso de cooperación técnica internacional en ciencias y tecnología entre Venezuela y España entre instituciones productoras de políticas científico-tecnológicas y los organismos públicos de investigación; 3. Analizar las actividades científicas y tecnológicas en Venezuela teniendo como referencia la experiencia española y los modelos de participación de sus organismos públicos. La metodología se basa en planteamientos teóricos y empíricos. Los primeros parten de una reconceptualización de la cooperación para actuar en otros aspectos como la organización y gestión de la I+D, la innovación, la cooperación empresarial para el desarrollo tecnológico y la innovación. Los segundos exploran fórmulas institucionales utilizadas en España planteadas en los respectivos Plan Nacional de I+D y las condiciones de algunos OPI venezolanos a través del análisis de los resultados de una encuesta llevada a cabo alrededor de la temática de su participación en proyectos de cooperación internacionales. Los resultados se encontraron asociados a la necesidad de nuevos esquemas de organización y de nuevas estructuras intermedias o de infraestructuras de interfaz. Se observaron así mismo importantes limitaciones en los OPI venezolanos en el área de la gestión y para establecer compromisos de cooperación de largo plazo con resultados de impacto positivo en sus respectivos entornos: así como una falta de vinculación de los OPI con el ámbito socio-productivo. Se hicieron evidentes, además, los esfuerzos crecientes que Venezuela debe realizar en recursos económicos y en el desarrollo de mayores capacidades institucionales para alcanzar una actuación diferente en el ámbito de la cooperación internacional.

Palabras Claves: Cooperación Tecnológica - Aprendizaje Institucional - Estructura de Interfaz.

LAS RELACIONES ENTRE. VENEZUELA Y ESPAÑA: UN ESPACIO PARA LA COOPERACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (*)

A comienzos de los años noventa las ideas sobre el desarrollo tecnológico y la innovación se vieron fortalecidos y extendieron su influencia en la cooperación al desarrollo en ciencia y tecnología en correspondencia con la visión que de la problemática se iba estructurando por la propia experiencia en los países altamente industrializados o por los aportes de la reciente experiencia de países de reciente industrialización.

Además, las tendencias que al respecto prevalecen en las relaciones de cooperación Comunitaria en I+D y su propuesta de cooperación en ciencia y tecnología para el desarrollo, también ha servido de orientación para la evolución de las actividades de I+D en el sistema español, pues como Estado miembro de la UE tiene en su haber las decisiones y Conclusiones del Consejo para orientar sus políticas nacionales conjuntamente a los objetivos comunitarios. Situación que por lo demás, no le ha impedido, hasta ahora, establecer su propia política científica y tecnológica y desarrollar acciones particulares en el ámbito de la cooperación técnica con los países de América Latina. Antes de entrar a analizar la perspectiva internacional de la ciencia y la tecnología en las relaciones entre ambos países cabe destacar ciertas particularidades en que el proceso de cooperación internacional han venido haciéndose cada vez más presentes para países como Venezuela, considerados de desarrollo "relativo". Es un proceso acompañado de lo que podemos definir como orientaciones en proceso de transición debido a las propias características de economía petrolera del país y sus esfuerzos de integración a los mercados mundiales en actividades económicas no tradicionales. A su vez, el nivel de renta per cápita, que según el criterio del CAD, se corresponde con el de país-de ingresos medios altos, limita sus posibilidades de acceso a recursos de cooperación con márgenes importantes de concesionalidad, aun cuando esta demostrado que dicho indicador no reporta efectivamente la verdadera situación de sociedad fragmentada, de una economía y desarrollo social dual e indicadores altos de pobreza, así como el amplio crecimiento desequilibrado de sus sectores económicos.

(*) Este trabajo forma parte de la investigación que la autora desarrolló en su tema de tesis doctoral 'Hacia un replanteamiento en las relaciones de Cooperación para el desarrollo entre Venezuela y España'. El papel de los organismos públicos en las actividadescientíficas y tecnológicas 1980-1999. Universidad Computense de Madrid-Facultad de Ciencias Políticas 1997.

Para Venezuela, país de desarrollo "relativo", la ciencia y la tecnología representan elementos de particular trascendencia en cuanto a componentes estrechamente relacionados a los cambios y necesidades de reconversión industrial y a los propósitos de reestructuración económica que se pusieron en marcha desde 1989. Y dentro de cuyo proceso los organismos públicos de investigación han participado muy poco y de manera muy aislada por medio de las empresas universitarias, fundaciones u otros mecanismos de servicios y asesorías que llevan a cabo algunas universidades, y que obedecen más a planteamientos internos de esas instituciones en respuesta a necesidades de recursos alternos a los minimizados presupuestos, as( como por su orientación mayoritaria a la investigación básica independientemente de vínculos y relaciones con el sector industrial. La excepción estaría en los grandes centros de I+D del país, surgidos en mayor número de importancia por acción directa del Estado o en colaboración con él, los cuales y en atención a sus objetivos habrían tenido mayor capacidad de introducir internamente cambios para adecuar sus estructuras a un proceso más generalizado de interacción con el sector industrial privado. (1)

(1) por lo menos esta es la situación que se sugería de actuación para estos grandes centros a partir de la situación de aperturaeconómica en el país debido a que la anterior situación de mercado interno cautivo no estimulaba mayormente la competitividad, (por lo que) ahora nuestro industrial tiene que enfrentar el riesgo de ser desplazado por un producto extranjero....nuestros centrosdeberán enfrentar una tarea ardua y una responsabilidad creciente. Las demandas del sector productivo (en I+D) deberán aumentar en forma significativa...P. Esqueda, C.E. Machado-Allison y R. Valdivieso «La capacidad de investigación tecnológica industrial en Venezuela en ESPACIOS, Vo1.11, Num,1, Caracas,1990, pp.5-17; pp: 1415.

Es un escenario completamente distinto, tanto en sus rasgos internacionales como nacionales, la investigación, el desarrollo tecnológico y en general las actividades y tecnológicas son componente claves dentro de una política de desarrollo sobre la base de capacidades internas, bien sea a través de la creación de sus propias unidades de I+D y/ o bien mediante vinculaciones con organismos o redes internacionales. En las actuales circunstancias de

«transición», las tentativas que se proponen a nivel del país tienen que ver con la necesaria participación de esos organismos para construir capacidades en un tejido industrial hasta hace poco altamente protegido y de una profunda dependencia tecnológica. Participación que en todo caso no tiene un marco de desarrollo adecuado debido, entre otras cosas, a la turbulencia que en el ámbito macroeconómico se vive desde 1989, conjuntamente a la disminución que desde hace quince años viene presentando el ingreso per cápita, en términos relativos con respecto del dólar, y la consecuente restricción de fondos para la ciencia y la tecnología. En esas circunstancias, la participación de la administración se ha visto debilitada para recomponer las actuaciones de los OPI en correspondencia al papel fundamental que ellos deben llevar a cabo para fomentar condiciones de acercamiento al sector industrial o al tejido productivo nacional y, para poner en práctica distintos instrumentos y acciones de política científica y tecnológica que conlleven objetivos de un desarrollo progresivo de esas relaciones. Pese a ello, y quizá en minusvalía de las propias acciones, se han importado modelos como los parques tecnológicos o las ruedas de negociación tecnológica con mínimos efectos en los entornos a los cuales se dirigen los objetivos, o se han creado dentro de las universidades fundaciones o empresas rentales como mecanismo de puente, los que no se han constituido en motores de cambios importantes, quizá por que son sólo una parte de un sistema de innovación que no esta en marcha y que han emergido en ausencia de un marco sistémico de ciencia y tecnología y con características muy débiles al respecto de esos propósitos. Por lo además, también hay que tener en cuenta que no son esas organizaciones las que pueden cambiar el ancho contexto de innovación de la economía nacional, porque, en general, son los sectores industriales y las empresas las que hacen los necesarios ajustes y las transformaciones estructurales y son las que primeramente se transforman en razón del desarrollo de la competitividad. Pero no por ello, los OPI dejan de tener un papel decisivo a la hora de obtener efectos importantes en la innovación y del desarrollo de capacidades internas sirviendo, en particular, de enlace primario entre amplias áreas y agentes generadores de conocimiento y las organizaciones, sectores y usuarios potenciales de esos conocimientos. Una de las preguntas que nos hacemos es cómo los OPI, sin perder su carácter autónomo de decisión y en correspondencia a su naturaleza de interés social y democrática, pueden actuar como vectores de desarrollo en la perspectiva de un sistema que ya no es lineal 2, por un lado las universidades generando el conocimiento y las empresas utilizándolo posteriormente, sino dentro de un modelo científico técnico interactivo en el que participa_ n múltiples agentes y elementos de diferente naturaleza y donde los instrumentos de interacción son cada día más diversos. Es preciso indagar en los procesos a través de los cuales los OPI pueden de manera creativa generar cambios y efectos positivos en el desarrollo económico nacional y en el sus entornos regionales, lo que para nosotros tiene que ver con tres aspectos estrechamente relacionados:

-el objetivo o interés de la participación en acuerdos y relaciones entre OPI nacionales e internacionales debe ir más allá de la búsqueda de nuevos conocimientos, debe contener explícitas orientaciones hacia la consecución de efectos en sus entornos más inmediatos; es decir no sólo el logro de las metas planteadas a priori sino particularmente en sus efectos de relación y transformación productiva. -las opciones para establecer acuerdos con el sector industrial deben soportarse sobre la base de un relación interdependientes que rompe con el pensamiento lineal sobre el desarrollo científico y tecnológico y cuya interacción puede realizarse al nivel de cualquiera de las diferentes fases de la I+D, por motivos de adecuaciones o mejoras tecnológicas y/o por la prestación de servicios. Todo ello implica comunicación continua, conocimiento de las actividades de las contrapartes y reconocimiento de las capacidades específicas de cada una de ellas,

-las relaciones o acuerdos no sólo deben ser establecidos para responder a propósitos del sector industrial sino que deben estar estrechamente relacionados a los efectos que ello pareja en los propios objetivos de desarrollo local, regional y nacional.

(2) Y donde el papel de cada uno de los actores se suponía diferenciado, en ese caso a los OPI les correspondería participar en las etapas iniciales del proceso de innovación. Así concebidas las cosas, los gobiernos consideraban que con la financiación de lasactividades de ciencia y tecnología era suficiente para conseguir resultados y lograr el beneficio económico posterior. Este modelocomienza a cuestionarse a principios de los años ochenta luego de la constatación que el aumento en los gastos del I+D en los paísesde economías desarrolladas no tenían los efectos esperados.

Y debido a que las capacidades científicas y tecnológicas y las de I+D están disponibles, en grado sumo, fuera de la mayoría de las empresas del tejido empresarial venezolano, el compromiso de los OPI, en ese sentido, se refuerza y determina una realidad y una problemática sobre la cual es imprescindible actuar si se quiere conducir una verdadera política hacia la innovación.

I. El marco de cooperación técnica entre Venezuela y España

Entrar a analizar las relaciones 3 entre ambos países en el ámbito de la ciencia y la tecnología nos exige primero acercarnos a los acuerdos internacionales que sirven de marco a las actuales actividades de cooperación y sus perspectivas de cara al futuro. Al respecto conseguimos que las actuales relaciones internacionales entre ambos países tienen como marco general el Convenio Básico de Cooperación Técnica de 1973, el cual hace explícito en el Art. 2 la cooperación en ciencia y tecnología por medio del intercambio de información científica y tecnológica, estudio, elaboración y ejecución de programas y proyectos de investigación y utilización común de instalaciones bajo previos acuerdos. Aunque es más adelante, en 1983, cuando se establece el Acuerdo Complementario de Cooperación Científica 4 dentro del cual se añade a los aspectos antes mencionados y establecidos en el Convenio Básico dos elementos importantes: primero, se estipulan las áreas o sectores de cooperación científica, química, física, matemática, biología, astronomía, ciencias sociales y jurídicas y, en la investigación aplicada, salud, agricultura, oceanografía, energías, ingeniarías, sin menoscabo a la posible inclusión de todas aquellas que las partes estimasen conveniente; segundo, se crea un Comité Conjunto Consultivo y de Revisión formado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela, y por Ministerio de Educación y Ciencias de España, que tiene como funciones velar por el Acuerdo, proponer, considerar, recomendar y aprobar los programas y proyectos de cooperación con orden y prioridad y evaluar sus resultados.

(3) Desde 1845 existen acuerdos en vigor entre Venezuela y España con el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad, fecha a partir de la cual se fueron estableciendo convenios y tratados sobre diferentes ámbitos con cierto énfasis en la normalización de las demandas pertinentes por actividades de los emigrantes españoles y perfilándose las actuaciones más bien dentro del campo diplomático. Es sin embargo hasta 1973 con la firma del Convenio Básico de Cooperación Técnica, cuando se establece la base jurídica fundamental para la cooperación bilateral. (4) Acuerdo Complementario firmado el 21 de enero de 1983 en la ciudad de Caracas, Venezuela, y entró en vigor el 18 de febrerodel mismo año. Fue publicado en Madrid, según BOE. N4115, del 14 de mayo de 1983.

El instrumento que se utiliza en este marco de relaciones bilaterales es el de Comisión Mixta de Cooperación Técnica Hispano Venezolanas 5, que desde la firma del Convenio Básico, Art. 6° l., tiene atribuida la función de identificar los sectores sujetos de cooperación, así como la de proponer y aprobar los programas y proyectos respectivos. Estas comisiones mixtas se corresponden a una nueva etapa en el ámbito de la cooperación al desarrollo del estado español y siguen modelos de relación similares que sostienen, dentro del sistema de cooperación internacional, los países donantes europeos. EE.UU. y Japón. Efectivamente, desde 1988, cuando se reestructura la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional

y para Ibero América, 6 España amplía sensiblemente los recursos presupuestarios en relación a los años anteriores e incorpora modificaciones en tres importantes ámbitos, en el institucional, jurídico y operativo, con lo que se abre un mayor margen de posibilidades en el campo de la planificación, gestión y negociación de la cooperación entre los dos países:

(5) Comisión instituida de conformidad con el Comunicado Conjunto del 26 de junio de 1971, que prevé por lo menos una reunión al año, y a través de la cual cualquiera de las partes puede «presentar a la otra propuesta de cooperación técnica, utilizando al efecto los usuales canales diplomáticos», Art. 64 2 del Convenio Básico. Es decir que desde esa fecha existen canales que permiten explicarlas demandas y ofertas de cooperación de ambos países. (6) Por Real Decreto 148511985, del 28 de agosto la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero América(SECIPI) es la estructura básica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el Art. 6s dicha Secretaría se estructura en tres Direcciones Generales: la de Relaciones Culturales, la de Cooperación Técnica Internacional y la de Relaciones Económicas Internacionales. Posteriormente la Dirección de Cooperación Técnica Internacional es suprimidad según R. Decreto 152711988 (1.2.a), la Dirección G. de Relaciones Culturales pasa a denominarse Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, según el R. Decreto 152711988 (Art. 3°, 1.2.) y la Dirección de Relaciones Económicas varió su estructura y competencias, según el mismo R. Decreto. Todas estas variaciones están contenidas en el R. Decreto que le da nacimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), organismo autónomo dependiente de la SECI PI en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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en el ámbito institucional la creación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)7 se tradujo en la apertura a su vez de una oficina permanente en la capital venezolana, posibilitando una mayor fluidez a efectos de las actividades y acciones bilaterales;

en el ámbito jurídico, se lleva a efecto la firma del Acuerdo Complementario General 8 sobre las disposiciones que regirán los programas, proyectos y actividades que se desarrollaran según lo estipulado por el Convenio Básico de cooperación Técnica (1973). Ese Acuerdo introduce, según el Art. 8 la creación de la Comisión de Planificación Seguimiento y Evaluación, de carácter mixto, la cual deberá reunirse por lo menos dos veces al año con miras a efectuar esas funciones así como las de definir los sectores sujetos a la cooperación, proponer los programas y proyectos a ejecutarse, así como hacer las recomendaciones que se estimen convenientes:

en el ámbito operativo, con la creación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, se estructura una forma de planificar plurianual que compromete más a los agentes e instituciones sujetos de cooperación a programar, ejecutar y evaluar sus actuaciones y recursos puestos a disposición en los lapsos correspondientes del Plan.

A comienzos de los años noventa España toma una nueva iniciativa en el área de la cooperación instrumentando los Tratados General de Cooperación y Amistad, el cual es firmado con Venezuela el 7 de junio de 1990, 9 teniendo como parte integrante del mismo un Acuerdo Económico que preveía, además de otros compromisos, la concesión de 900 millones de dólares USA en créditos mixtos, de los cuales 450 millones en créditos FAD 10,Venezuela se Vio imposibilitada de acceder, en dichos términos, por la reforma del Consenso de la OCDE de 1992, que le señala como país no elegible para recibir créditos concesionales dado su nivel de renta per capita. 11

(7) Real Decreto 152711988, del 11 de Noviembre, por medio del cual se reestructura la Secretaría de Estado para la CooperaciónInternacional y para Ibero América, con refundición de los organismos autónomos adscritos a la misma, BOE del 23 de diciembre de 1988. (8) Acuerdo complementario General firmado en Caracas, el 11 de mayo de 1988, y puesto en vigor el 30 de mayo de 1989. Publicado en Madrid el 15 de julio de 1991, según BOE núm 168, 18224. (9) 9 Este tratado fue firmado en Madrid el 7 de junio de 1990 y entró en vigor a partir del 26 de mayo de 1992. 'BOE" núm. 170del 16 de julio de 1992. (10) Fondo de Ayuda al Desarrollo (Real Decreto Ley 1611976 del 24 de agosto), es un fondo sin personalidad jurídica, dotado porel Estado español para otorgar ayudas financieras de carácter concesional a PVD o a sus empresas o instituciones públicas, así como a instituciones financieras intergubernamentales. Se configuran como instrumentos de política comercial puesto que la mayoría deestas ayudas se han destinado a financiar proyectos de exportaciones españolas dirigidas a promover las economías de los PVD. Lamodificación en Ley 3111991 del 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1992, permite la inclusión de una nueva figura entre los posibles receptores de crédito con cargo al FAD, como son las empresas españolas residentes en los PVD.

(11) Posteriormente fue posible canalizar préstamos FAD formalizados por el Instituto de Crédito Oficial, ICO; en 1992 (2.986,7millones de pesetas) y en 1993 (12.739,9 millones de pesetas). En Fondo de Ayuda al Desarrollo, Guía Práctica, Madrid, 1994, pp.67-68.

El Tratado General pretende concentrar todos los esfuerzos de cooperación española y tener todas las. fuentes articuladas en los campos de la cooperación técnica y la cooperación económica. Sin embargo esto en la práctica no es así, puesto que se estructuran las dos formas de cooperación a través de dos instancias españolas diferentes con muy poco acercamiento sobre el tratamiento que deben seguir los programas, prioridades y su gestión y ejecución; la cooperación técnica es canalizada a través de la AECI y la cooperación económica por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores. La base de la actual política española para la cooperación al desarrollo tiene entonces sus primeros rasgos cuando llevó a cabo los cambios en la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el R. Decreto 1485, ya citado, de Determinación de la estructura básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, se expone que ello obedece a "Las consecuencias, tanto de la incorporación de España a las Instituciones Comunitarias Europeas como las derivadas de la necesidad de lograr un mayor grado de coordinación de la cooperación internacional y de armonizar la política internacional de Estado ..."y en R. Decreto, 1527, ya referido, por el cual se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se señala ola creciente exigencia de los objetivos marcados por la propia política española de cooperación y, en especial a fin de potenciar la cooperación iberoamericana, así como la necesidad de incorporación a los programas comunitarios de ayuda a los países en vías de desarrollo..." Sin embargo es en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de diciembre de 1987, cuando se establecen las Líneas Directrices de la Política de Cooperación al Desarrollo, especificándose a América Latina como la primera receptora, y a la vez como un "desequilibrio a corregir" por los efectos de la potencialidad de las relaciones económicas con Africa (norte y Africa Subsahariana) y la participación española financiera en la CE. Para ese período se definen los sectores prioritarios de cooperación en base a dos criterios: De acción intensiva: agricultura, sanidad, enseñanza del español, formación profesional, apoyo al desarrollo institucional, infraestructura básica y, de Acción Selectiva: industria, investigación y energía y materias primas. Con la reciente administración de gobierno la AECI ha tenido una nueva reestructuración 12

que pretende establecer una línea de relación más estrecha entre esa Agencia y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamericana; a su vez se crearon tres Unidades dependiendo de la Dirección General del Instituto de Cooperación con México, América Central y el Caribe, Subdirección General de Cooperación con Países de América del Sur y la Subdirección General de Cooperación Institucional, Cultural y de Comunicación.

I.1. La relevancia de las Comisiones mixtas

Los acuerdos adoptados en la VII Comisión Mixta de Cooperación Técnica en Madrid, en junio de 1990, y en la II Reunión de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en Caracas septiembre de 1992, 13 de investigación, pues se corresponden con las actuales características administrativas y de gestión de la cooperación española que ya comentamos a partir de la creación de la Oficina Técnica en Caracas y luego de la puesta en marcha del Tratado General. Esa VII Comisión Mixta ha servido de base para la ejecución de las actividades que se han efectuado desde mediados de 1990 hasta mediados de 1995, y cuyas prioridades quedaron recogidas en los programas siguientes: Reforma y modernización del Estado, Sector Industrial, Turismo, Recursos Naturales, Medio Ambiente, Sanidad y servicios sociales, Formación y Capacitación de Recursos Humanos, Cooperación Universitaria,

Cooperación Científica y Tecnología, Revitalización de Centros Históricos, Cooperación Socio-Laboral y Cooperación Cultural.

(12) Real Decreto 114111996 del 24 de mayo; BOE n° 127, de 25 de mayo. (13) La gestión de la cooperación y las decisiones de estos acuerdos se hacen con representación de Venezuela a través de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN) y del gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Organismo Autónomo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las acciones que se llevaron a cabo sobre la base de esos acuerdos se muestran en la información recabada, en Caracas, en el Informe de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) 14, sobre la cooperación bilateral, pese a que en dicho informe la presentación de los proyectos y actividades no incluyen la participación de las ONG españolas como la Asociación de Amigos de Doñana en estación Biológica Hata El Frío, Manos Unidas, Pueblos Hermanos y Jóvenes del Tercer Mundo, ni tampoco las acciones de cooperación de algunas Comunidades Autónomas. En ese mismo Informe se presenta, añadido a los proyectos ya mencionados y desarrollados dentro del Programa CYTED-D, el de "Red Iberoamericana de biodiversidad en pastizales y sabanas", destacando la coordinación por expertos venezolanos de subprogramas, proyectos y redes temáticas. La financiación para ese año alcanzó un total estimado en cooperación oficial bilateral de dólares ($) USA 2.414.000. En la Memoria de actividades de la OTC-Caracas 1993 15, el estimado de la cooperación oficial bilateral alcanzó a dólares (&) USA 2.223.000, aún cuando habría la necesidad de matizar al respecto de estas cifras por el carácter multilateral del Programa CYTED y el Programa AECI-Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), con sede en Caracas. Igual el informe del año anterior, tampoco se incluyen las actividades de la ONG, aún cuando su presencia habría ganado importancia como se constata en el documento "Cooperación brindada a Venezuela por la Comisión de las Comunidades Europeas y sus países miembros en los años 1991-1992" en el cual Guillaume Speltincx, afirma que se "constata la aparición de nuevos agentes en la Cooperación Hispano-Venezolana que acompañan a la Cooperación Oficial al Desarrollo ejecutada por la Administración Pública Central española, como la desarrollada por las Comunidades Autónomas y por las Organizaciones no gubernamentales" 16.

(14) Agencia Española de Cooperación Internacional, "Memoria de actividades de cooperación técnica, 1992', OTC-Caracas, Embajada de España en Venezuela, 1993. (15) Agencia de Cooperación Internacional, 'Memoria-de actividades de cooperación técnica, 1993' OTC-Caracas, Embajada de España en Venezuela. Esta Memoria como la de 1992 presenta el listado de Programa y Proyectos de Cooperación, y anexos estadísticos respecto de: recursos humanos en cooperación técnica bilateral, datos y cifras de gestión de la OTC y cifras de lacooperación técnica y científica hispano venezolana. (16) Guillaume Speltincx, 'Cooperación brindada a Venezuela por la Comisión de las Comunidades Europeas y sus países miembros en los años 1991-1992', bajo la dirección del Embajador de Bélgica en Venezuela, Caracas, 1993, p.10.

También en este documento se refiere la ejecución que la cooperación técnica española realiza en forma conjunta con organismos interamericanos como: el Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo (CLAD), el Programa OIT/Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa (ALDECOOP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CEPAL-11PES, actividades de cooperación que por su carácter multilateral resultan de difícil desagregación bilateral, tal como sucede con el Programa CYTED. De distinta fuente, como es la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de CORDIPLAN, se obtuvo la información correspondiente a 1990-1995 sobre el total de cooperación bilateral recibida por Venezuela que nos permite observar los niveles inferiores de la cooperación española en relación a otros países industrializados, así como el desfase en el registro de la ejecución presupuestaria de los proyectos, en relación a la información que presentan las memorias de la OTC-Caracas.

La VIII Comisión Mixta Hispano-Venezolana se efectúo en noviembre de 1995 sobre una nueva conceptualización de prioridades y con una nueva agregación de las mismas, según el acta de esa reunión "se analizaron los objetivos y estrategias de la cooperación de ambos países y las líneas prioritarias para una acción renovada en las áreas técnica, científica, educativa y cultural en el período 1995-98, realizándose un intercambio de puntos de vista sobre el potencial de la cooperación en esta nueva etapa, dominada por la globalización de las relaciones internacionales".17 Así vemos como, efectivamente, el criterio estratégico del papel de la cooperación técnica se puntualiza en relación a efectos que sobrepasan los resultados mismos esperados por la ejecución de los proyectos, se prevé una actuación a otros niveles y se aspiran objetivos de mayor envergadura bilateral y regional, y para ello se discrimina en el contenido del Acta cuatro renglones de actuación: es el ámbito bilateral, en el de la Cooperación conjunta Iberoamericana, en el de la Cooperación derivada de las Cumbres Iberoamericanas y la que se desprende de la Cooperación Descentralizada:

(17) CORDIPLAN, "Acta de la Reunión de la Comisión Mixta venezolano-española de cooperación", Dirección General Sectorial de Cooperación Técnica Internacional, Caracas 14 de noviembre de 1995.

1.- En el ámbito bilateral: se determinaron los proyectos que tenían ese carácter en correspondencia a las prioridades fijadas por ambos gobiernos en los siguientes campos:

Modernización Institucional: Apoyo a la realización de: planes estratégicos de Desarrollo Urbano y a la modernización municipal; fortalecimiento a las capacidades de Comercio Exterior; desarrollo de un Sistema de Información Contable Presupuestario (SICOP); apoyo al Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel»; apoyo al desarrollo de nuevas normativas en materia económica; prestación social a cargo de jóvenes españoles graduados; apoyo a grupos especiales para un armónico desarrollo social; cooperación Socio-Laboral; programa de apoyo a la Modernización de la Administración Tributaria y apoyo a la Reestructuración de la Procuraduría General de la República.

Modernización de los sectores productivos y de la gestión y operación de los servicios de Infraestructura: Apoyo al Desarrollo de entidades de ahorro y préstamo con vocación social, Desarrollo turístico, Desarrollo empresarial, Programa del Medio Ambiente, Mejora de las infraestructuras, Programas de Agricultura y, la posibilidad de creación de un Fondo de Ayuda al Equipamiento para facilitar la incorporación de bienes y equipos industriales españoles en empresas venezolanas.

Educación, capacitación y formación de recursos humanos: Programa marco de cursos intensivos Teórico-Prácticos para profesionales y funcionarios venezolanos en España, apoyo a Programas de Investigación y Formación de Postgrado, apoyo a la Cooperación Universidad-Empresa a través del Programa IBERCUE para la creación y desarrollo de Fundaciones Universidad-Empresa en Venezuela y la organización por éstas de programas conjuntos, Mejora de la calidad de la educación profesional técnica, Programa de Becas y Ayudas a la formación y a la investigación, así como la propuesta de parte venezolana de que la AECI-ICI logre crear en el país un centro de capacitación de ámbito iberoamericano en áreas prioritarias para la Región.

Cooperación cultural: Apoyo a bibliotecas públicas, Archivos Audiovisuales, desarrollo de actividades audiovisuales orientadas a consolidar industrias audiovisuales y programas de Preservación del Patrimonio Cultural Iberoamericano.

2.- En el ámbito de la Cooperación conjunta con países de Ibero América: La posibilidad de desarrollo de programas y proyectos de cooperación conjunta en terceros países en el ámbito iberoamericano quedó abierto conforme a los postulados que quedaron establecidos en la misma Acta, y para lo cual se designó a la AECI como unidad responsable de la presentación, negociación, aprobación, evaluación y seguimiento de los proyectos que se ejecuten.

3. En la Cooperación derivada de las Cumbres Iberoamericanas: Se consideró como contexto la instrumentación del Convenio para la Cooperación de San Carlos de Bariloche del 15 de octubre de 1995, en programas específicos de educación, formación cultura, ciencia y tecnología desarrollo urbano y desarrollo empresarial con la finalidad de crear un «tejido económico y social común». Se respaldan financieramente los programas ya existentes como las Becas Mutis, el CYTED y los Proyectos y Redes Temáticas e IBEROEKA, Televisión Educativa Iberoamericana; así como el reforzamiento de los nuevos programas aprobados en San Carlos de Bariloche para la articulación de los programas IBEROMEDIA, IBERFOP, IBERMADE y MISTRAL.

4. La que se desprende de la Cooperación descentralizada: Con el fin de evitar la duplicidad se señaló conveniente que dicha cooperación se inserte dentro de las políticas y estrategias nacionales. A su vez se recalca la importancia que adquirirá esa forma de cooperación por parte de las Comunidades Autónomas y Diputaciones españolas. Se pretende profundizar las vinculaciones entre Fundaciones regionales e intensificar la participación del sector no gubernamental.

Dentro del apartado de consideraciones finales se acordó la posibilidad de concluir en 1996 un Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación que recoja los instrumentos financieros de esa relación incluyendo la constitución de un Fondo Mixto para las actividades de cooperación. También se anuncia la convocatoria para finales del mismo año de la III Reunión de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, prevista en el Acuerdo Complementario General de Cooperación suscrito en marzo de 1988. Un breve análisis sobre esta última mixta entre ambos países nos permite afirmar que su contenido en actividades reviste un carácter mucho más orgánico, con programas más ajustados a las expectativas venezolanas y con elementos de mayor negociación por ambas partes. Así mismo, Venezuela se ve más comprometida a nivel de recursos financieros y de gestión para responder a los compromisos asumidos y efectivamente se prevé que el país deberá desembolsar más recursos para atender a la constitución del Fondo Mixto. Es decir, que a partir de ese momento se esta entrando en otra fase de la cooperación con un mayor compromiso en cuanto a la gestión y los fondos de contrapartida, esta nueva situación corrobora las tendencias, en los noventa, particularmente hacia países considerados de desarrollo «relativo y que ya apuntábamos en la Primera parte de esta investigación. En lo concerniente a la cooperación en ciencia y tecnología, el contexto para su diseño y ejecución gana un espacio más estratégico-político dentro del ámbito de la multilateralidad cuando el Programa CYTIE-D es reconfirmado sobre los acuerdos que se lleguen en las Cumbres Iberoamericanas, estableciéndose canales políticos directos con la estructura de decisión del Estado venezolano.

Una visión prospectiva de la cooperación técnica

Con las acciones propuestas en el marco de la VII Comisión Mixta, celebrada entre ambos países, se ha pretendido niveles de competencia en ámbitos diversos cuya sustentación firme a lo largo del tiempo exige solidez institucional y voluntad política que suponen por un lado,

un proceso de mejor comprensión de los objetivos de cooperación por parte de los organismos encargados de gestionarlos y promocionarlos, así como de la participación activa de otros actores privados y públicos, contándose entre ellos los (OPI) Organismos Públicos de Investigación y, por otro lado, requiere grados de concordancia con opciones de política de apoyo específico para fomentar estructuras y articular procesos institucionales alrededor de objetivos y metas de relevancia nacional e internacional en contraste a las anteriores participaciones y acuerdos sobre los cuales se han venido definiendo la ejecución de proyectos aislados. Los OPI en ese contexto recién establecido, tiene un importante punto de partida en 1992 cuando las actividades internacionales en ciencia y tecnología entre ambos países entran a formar parte de las Cumbres Iberoamericanas, con una reinterpretación de su papel en los aspectos económico, político y social: en lo económico, al considerársele a la ciencia y la tecnología como actividades imprescindibles en la modernización del sector productivo y como soportes para impulsar niveles mayores de capacidad del tejido empresarial en correspondencia a las exigencias de competitividad internacional; en lo político, cuando son los máximos representantes de los estados nacionales y las administraciones respectivas las que se comprometen en acciones conjuntas y nacionales aupando un tipo de concertación al más alto nivel dentro de un sistema de presidencias rotatorias, de participaciones y deliberaciones en mesas redondas y con los mismos derechos de organización de dichas cumbres. A estos niveles de concertación política se suma una pretendida dinámica de vinculación en aspectos concretos en temas de índole económico, educativo, científico y tecnológico y social, con lo cual la cooperación técnica estaría evolucionando unida al eje de política exterior en la búsqueda de efectos de integración; en lo social, asumiendo compromisos en la búsqueda de equidad social por medio de la participación de la ciencia y la tecnología en la transformación de las condiciones socioeconómicas, con la capacitación de recursos humanos, por la difusión del conocimiento y la tecnología, estos aspectos particularmente entretejidos con las propuestas de la CEPAL como aporte y apoyo a una región que busca el crecimiento y el desarrollo social. Este planteamiento de imbricación entre las actividades científicas y tecnológicas con el planteamiento de la CEPAL de equidad social la discutiremos más adelante en el aparato respectivo en el Capítulo IV. En el sentido antes aludido, la cooperación técnica española en ciencia y tecnología estaría desarrollando una funcionalidad en las actividades de cooperación con características novedosas entre las cuales se destacarían: primero, la búsqueda de la convergencia multilateral, más que la bilateral, actuando en conjunto con países latinoamericanos para el tratamiento regional de temas específicos y para lograr afianzar el compromiso de los gobiernos en la resolución de los mismos, como han sido los objetivos propuestos en la Cumbre Científicas Iberoamericanas en las temáticas específicas de "ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible", "financiamiento sostenido de la investigación y el desarrollo tecnológico; "formación para la innovación" y "el gobierno de la ciencia y la tecnología" en el marco de las respectivas Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, intentando consolidar una capacidad operativa dentro de un margen de regularidad cercanos en el tiempo; segundo, la participación dentro de un compromiso de gestión y administración descentralizada por medio de los organismos signatarios u Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de cada país, como es el caso del CONICYT en Venezuela; tercero, el impulso para la creación de fondos mixtos, los cuales han sido incorporados a los términos de los acuerdos de cooperación en 1994, a la imagen de los fondos estructurales de la UE y que por su naturaleza en el contexto entre España y Latinoamérica se denominan de esa manera, y con los cuales se quiere cambiar la percepción de donación por el de transferencia con un objetivo aún no muy elaborado de cohesión en el sentido de hacer posible una mayor participación de los países de menor desarrollo en proyectos de mayor envergadura,

particularmente Bolivia o algunos de los países centroamericanos. Las negociaciones de un fondo mixto comenzaron en 1994 con el Salvador, en 1995 con Panamá, México, Argentina y en 1996 con Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. Vemos entonces que la valoración que se hace de la cooperación técnica en los términos señalados, dibuja una actuación doble en términos prospectivos: una, en los efectos que puedan generarse en las posteriores relaciones internacionales dentro de la región a nivel binacional de España con los distintos países y dos, en su impacto y capacidad de contribución a la consolidación de esas actividades en el futuro. Ubicándonos particularmente en los acuerdos de la VIII Reunión Mixta, vemos que se ha querido reforzar una tendencia más especializada temática y procedimental, persiguiendo efectos en los ámbitos político y económico ya comentados, acentuando la ciencia y la tecno-logía dentro del escenario político de decisión, apoyando acciones en congruencia con el desarrollo económico y reconvirtiendo esas actividades en una herramienta estratégica en ambos ámbitos. No obstante, y aún con la fortalecida base que brindan las actividades así estructuradas y acordadas y la proyección que las mismas quieren alcanzar en términos de efectos y proyecto a futuro, no hay una clara determinación al respeto del tipo de cooperación que va a prevalecer desde la administración española, porque si bien las relaciones en esas actividades se mantienen todavía en la órbita de la cooperación técnica, tal como se corresponde con los objetivos perseguidos de aumento de las capacidades nacionales en Venezuela, también se están tocando estrategias en lo político y en lo económico, de internacionalización empresarial y de competitividad, con lo cual se estaría presionando sobre otros campos de acción diferentes de cooperación. El Estado español no ha establecido los criterios de compromiso que prevalecerán y resulta difícil determinar cuales serán las modalidades que se promoverán en el futuro, aún cuando sabemos que la tendencia a nivel de la cooperación de los países industrializados es amparar los aspectos de transferencia y difusión dentro de mecanismos y fórmulas de acuerdos que ayuden a promover el contenido competitivo de sus empresas en una estrecha relación con la I+D de sus sectores estratégicos y de participación mayoritaria de agentes privados y de las PYME. Otro elemento a considerar es que ante el proceso de conformación de bloques regionales la cooperación española pueda seguir una tendencia, como la manifiesta por la UE, más cerrada y selectiva con propósitos particulares ¿Cuánto tiempo podrá España continuar con esa política de actuación multilateral asociada a intereses iberoamericanos?, ¿podrá profundizarla?, ¿cuáles son las condiciones nacionales en los respectivos países, y en nuestro caso en Venezuela, para sustentar o rentabilizar en el largo plazo los objetivos de cooperación técnica para el desarrollo?

Contraste y divergencias en los inicios de los años 90

Aunque es evidente que Venezuela y España tienen un Sistema diferente en cuanto a su tamaño, recursos y capacidad, sin embargo, y particularmente a comienzos de los años ochenta, presentan problemas similares y, a nivel de políticas, ambas administraciones reconocían la necesidad de articular esfuerzos con el sector productivo en tanto que esa relación experiencias de los países más industrializados. Ambos países presentaban fuertes debilidades en sus capacidades internas de personal, infraestructuras y marco legal, también estaban haciéndose presentes los temas de la descentralización administrativa y la reconversión internacional y la exposición de las empresas nacionales a los riesgos que esta situación les planteaba. Junto a esos elementos presentes en ambas realidades, también y en forma similar prevalecía el papel débil de los OPI en las propuestas nacionales de transformación industrial y de modernización del sector productivo en general.

A mediados de los años ochenta se desprende una evolución muy diferente, y de particular debilidad en el caso venezolano, en la experiencia de ambos países que actualmente determina las diferenciadas capacidades internas para participar en su respectivas estrategias de crecimiento económico y en los objetivos de integración. En todo caso, habría que tener en cuenta que Venezuela, ha vivido circunstancias adversas al contrario que España, en el período estudiado, tal como ya lo referimos anteriormente, tanto a nivel interno macroeconómico, apertura comercial e inflación, como de condiciones externas con el problema de la deuda externa y su peso en los presupuestos fiscales. Por otro lado, las opciones de política científica y tecnológica y los instrumentos adoptados en España además de tener un carácter de integración a otras políticas en lo económico e industrial, persigue unos efectos de participación y de coordinación sobre la base evolutiva de las actividades de ciencia y tecnología y dentro de un enfoque sistémico que se puede deducir por los objetivos y metas que se han ido planteando en los respectivos I, li, III planes nacionales de I+D. En Venezuela, los esfuerzos del Estado se vieron minimizados en: los recursos presupuestarios, destinados particularmente a universidades y sus centros de investigación, en los pocos efectos de interacción que se van obteniendo esfuerzos individuales que desde algunas universidades se vienen haciendo para entrar en relación con el sector productivo sostenidos en razones más orientadas por sus propias necesidades internas de búsqueda de otros recursos diferentes a los del presupuesto central. De la evolución diferente que siguen ambos países nos da cuenta el análisis que hacemos sobre los planteamientos y el papel que los OPI llegan a tener en Venezuela y España.

Efectos de continuidad en el sistema venezolano

El último de los grandes Planes, antes de-la investigación del CONICIT que comenzó en 1995, llevado a cabo en Venezuela corresponde al III Plan Nacional de Ciencia en el año 1991 en el contexto del VII Plan de la Nación y cuyo contenido se prevé en ocho Lineamientos de política científica y tecnológica a saber: activar el Sistema Científico y Tecnológico, adquirir la capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías, orientar la utilización de la capacidad científica y tecnológica instalada, descentralizar la gestión de la ciencia y la tecnología nacional, capacitación y aprovechamiento de los recursos humanos, la información Científica y Tecnológica, el papel de la ciencia y la tecnología en el nuevo esquema de las relaciones internacionales y, lograr la eficiencia del nivel actual de inversión en las actividades científicas y tecnológicas, propiciando su incremento y direccionalidad e incorporando nuevas fuentes a nivel regional e internacional. Esos lineamientos estuvieron centrados en un objetivo de desarrollo del país definido en el VII Plan de la Nación, "el dominio tecnológico.... el saber producir, diseñar y crear nuevos conocimientos, procesos, equipos... y significa también... capacidad organizativa y política para crear el conjunto necesario de instituciones que le den permanencia para crear, producir difundir, utilizar la tecnología, sus productos y conocimientos -derivados" 18

Sin embargo, como ya hemos preferido, persisten fuertes debilidades en la situación venezolana, aún cuando se ha pretendido difundir acciones hacia la I+D, obviándose el vacío existente en la propia base de sus sustentación representado en la ausencia de un sistema de ciencia y tecnología cohesionado y dirigido a promover las articulaciones que hacen posible abonar el campo para los procesos de innovación. En ese sentido, vemos como el concepto que ha pretendido ganar espacio en el actual contexto venezolano es el de Sistema Nacional de Innovación, el cual acompaña a los más recientes discursos modernizadores sobre competitividad. Pareciera que al respecto, el efecto buscado es el de difusión pues no se registran actividades específicas fundamentales en las condiciones internas para accionar demandas y necesidades tecnológicas en el país, ni tampoco hay correspondencia en

esfuerzos desde los sectores privados y públicos para crear capacidades, niveles de competitividad, de desarrollo tecnológico y de innovación tal como lo refieren los estándares internacionales en I+D, base de los modelos de sistemas de innovación en países venezolanos. 19 En Venezuela este tipo de conceptualización tiene el riesgo de aupar saltos en el vacío en el corto y mediano plazo por razones de contexto político económico, por el débil marco normativo institucional existente y porque además no se han instrumentado fórmulas de coordinación, cooperación, ni se han logrado niveles en red, de conexión, ni en general se han definido políticas hacia la sustentación de un entorno científico y tecnológico que permita aupar, estimular y fomentar la I+D.

(18) Fernando Martínez Mottola y Mery G. Rendón, "Ciencia y Tecnología en el contexto del VIII Plan", pp. 111-112 en Ciencia yTecnología en Venezuela: un reto, una esperanza, Vol. 12. COPRE, Caracas, 1992. (19) El análisis de Richard R. Nelson, 'National innovation systems: A retrospective on a study', Industrial and Corporate Change".Volumen 1, number 2, Oxford University Press, UK, 1992, llevado a cabo por un grupo de investigadores pertenecientes a diferentesinstituciones de quince (15) países, Estado Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca y Suecia, Canadá, Australia, Corea, Taiwan, Brasil, Argentina e Israel, que permite revelar la complejidad y diversidad de los sistemas nacionales de innovación, su especificidad según sus respectivos contextos, el papel clave que juega las estructuras institucionales cada vez más complejas, y variadas y la cada vez menos obvia división del papel que juegan las instituciones públicas y privadas, y por otro lado, las relativas oportunidades de acción nacional para acrecentar sus propias capacidades y contraponerse al fenómeno de la globalización y a las pretendidas normas estandarizadas del papel de los gobiernos.

Un sistema científico y tecnológico se sustenta en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas diversas en políticas de acción interinstitucionales, en estrategias de política interministeriales, con un proceso de interrelación y de producción conjunta de conocimiento y de desarrollo tecnológico y, con la participación activa de agentes privados de consultaría, gestorías, etc., en un marco normativo y jurídico que compete entre otros al campo económico, industrial, financiero y educativo. Es decir, que deben darse condiciones objetivas mínimas, particularmente en los elementos fundamentales como son las empresas y los centros de I+D, que viabilicen un proceso de articulación e integración sistémica en el más amplio sentido, impulsando la sinergia necesaria y sustentando capacidades para la innovación y ya sobre esta base, podríamos hablar de los objetivos y estrategias de un sistema nacional de innovación en el país. En medio de este acercamiento a lo estructural e institucional de las actividades científicas y tecnológicas, debemos así mismo recordar que el proceso de innovación esta imbricado en lo social, en la visión colectiva y de necesaria participación heterogénea en donde la cooperación es uno de los caminos a transitar para que las distintas fuentes de conocimiento internacionales, nacionales, regionales y locales tengan la oportunidad de cruzarse, de interrelacionarse. Esas oportunidades podrían tener lugar también si hubieran infraestructuras que propiciaran condiciones para la generación, difusión y conocimiento científico y tecnológico.No obstante, y contrariamente, la organización de un sistema científico y tecnológico en el contexto venezolano ha adolecido de una visión «sectorialista» y "ofertista", las instituciones públicas han canalizado sus esfuerzos en promover o aceptar el crecimiento de esas insti-tuciones en forma casi que espontánea, sin vinculación y con pocas relaciones coherentes entre sí y menos aún con su ámbito social y económico. El esfuerzo más importante, al respecto de la institucionalización de las actividades científicas y tecnológicas además de la creación del CONICIT, tuvo un segundo impulso importante, en cuanto a la dinámica participativa del sector con el entorno, a través de la formulación del Primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y el capítulo de Ciencia y Tecnología del V Plan de la Nación para el período 1976-1980, posteriormente el ente central basó su acción de política sobre un Plan Trienal para 1982-1984, y luego elaboró el II y III Plan Nacional, respectivamente; no obstante, esos grandes planes no se tradujeron en verdaderos mecanismos de acción, ni de

articulación, ni político del sistema institucional, sino han quedado convertidos en documentos cargados de buenas intenciones. En este sentido nuestra investigación, nos llevó a considerar que tiene que ver más con el entramado institucional y las decisiones de política pública en un contexto nacional pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo tecnológico y la innovación, ya no visto a partir de la óptica vinculación-desvinculación universidad-empresa o desde la naturaleza comercial de la vinculación, sino sobre las articulaciones y acciones de cooperación o acuerdos de naturaleza contractual institucional evolucionando en espacios de usos compartidos y con ob-jetivos comunes. A este respecto es que consideramos como referencia el esquema comercial Sistema Ciencia-Tecnología-Industria (SCTI) 20 del sistema científico y tecnológico español, por sus características y por estar en la vía de posibilidades de la cooperación técnica entre ambos países, en un contexto favorable de relaciones que además en la práctica adelantan programas e instrumentos susceptibles de llevar a cabo variaciones para apoyar una actuación más activa de los OPI.

(20) Este esquema se encuentra expuesto en diferentes materiales sobre el proceso de vinculación en el contexto español, particularmente hemos trabajado con 'Interacción Universidad-Empresa en España', pp. 109-136, publicado en el libro ya citado deCooperación Empresa Universidad en Ibero América, editado por Guilherme Ary Pionski, y también con 'Caracterizaciones de las relaciones Universidad-Empresa', ponencia presentada por Antonio Gutiérrez en el V Curso de Valoración y Transferencia de tecnología, San Lorenzo del Escorial, septiembre de 1993.

L. La transferencia y las capacidades linternas

En el análisis de la problemática en ciencia y tecnología de Venezuela, así como la actuación de los OPI vemos que hay un desfase que produce, de un lado, la insuficiencia en cuanto a la generación propia de capacidades para estructurar respuestas adecuadas a la evolución de esas actividades y de otro, una ineludible necesidad de encontrar esquemas de actuación pública y privada para poner en marcha planes que contribuyan y consoliden esas condiciones internas. La teoría aún dista mucho de tener una explicación convincente para las relaciones entre participación pública y desarrollo de capacidades nacionales en los países avanzados, mucho menos pueden representar referencias válidas para orientar políticas en los países en desarrollo, donde la nota predominante es la dependencia tecnológica del exterior. La mayor parte de los modelos disponibles, tanto a niveles teórico como empírico, están diseñados para contexto económicos y sociales de países industrializados y sólo recientemente se están dando algunos pasos para mejorar la comprensión de la realidad de los países que no están en el centro del sistema internacional de I+D. Por ello el caso de España llena un particular interés, porque aún siendo un esfuerzo reciente y con resultados que permanecen distantes de los países de su entorno más cercano, representa una práctica de política orientada sobre factores críticos de características similares a los que persisten en el sistema venezolano. Práctica que les habría permitido encaminar una transformación positiva en esos factores, a diferencia de lo que viene ocurriendo en Venezuela pese a que las iniciativas administrativas han pretendido evolucionar en ese mismo sentido. En los cuadros 1 y 2 podemos ver los indicadores en ciencia y tecnología de ambos países para el período 1990-1994, los cuales son suficientemente ilustrativos de la brecha que se ha acentuado entre ambas realidades. En todo caso tampoco debemos olvidar los elementos de los respectivos contextos nacionales, que- como reseñábamos habrían sido mucho más favorables a España y no así a Venezuela, que nos deben conducir a manejar con prudencia posibles generalizaciones y extrapolaciones en ambos casos. De allí se desprende el que debamos mantener un cierto nivel de abstracción que use como referencia particular el sistema español como ilustración pero no como una regularidad constatada.

En el caso de Venezuela el valor de las empresas corresponde en su totalidad a empresas del Estado: ,En España el sector empresas habría alcanzado el 50%, el valor de la ejecución en educación superior alcanza niveles muy superiores también-en ese país. Entre los aspectos a destacar y de tener en cuenta como referencia y como búsqueda de explicación a esos resultados en España, estaría lo que nosotros consideramos la perspectiva evolutiva que ha venido orientando el proceso, en una primera fase, con el primero y segundo Plan Nacional de I+D por medio de los cuales se habría perseguido "el fortalecimiento de la base científica-técnica del país y la consolidación de sus grupos de investigación " 21, es decir esencialmente al fomento, coordinación y planificación de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico para subsanar las «deficiencias históricas» del sistema y, en una segunda fase, con el actual 111 Plan Nacional de I+D se "pretende potenciar la coordinación de las actividades de I+D y la articulación de los entornos científico-técnico y productivos 22,como se afirma en el mismo documento del Plan„ "Creada una base científica considerable, gracias en gran medidas al Plan Nacional, aunque todavía insuficiente para cubrir las necesidades nacionales, se trata ahora de que este insumo produzca mayores resultados en

términos de innovación y de solución de problemas socioeconómicos, sin olvidar, obviamente, la atención a la investigación básica de calidad..."

El Sistema Ciencia-Tecnología-Industria en España

A las propuestas de política referidas anteriormente, y en la primera fase, se puso en práctica el modelo de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, en las distintas universidades españolas sobre la base del esquema conceptual Sistema de Ciencia-Tecnología-Industria, con el cual, y con los resultados que se tenían para 1995, se ha determinado en una segunda fase una actuación más centrada en las relaciones de interfaz que desborde el entorne científico y dinamice y active los otros entornos como el tecnológico, financiero y productivo. Dos son los instrumentos claves en esa segunda fase, uno, las ya existentes acciones PETRI, especialmente adecuadas a la PYME y los proyectos concertado, dos, el nuevo Programa Nacional de Fomento de la articulación del Sistema de Ciencia-Tecnología-Industria, PACTI. La evolución que se pretende con estos nuevos instrumentos se debe a que si bien las OTRI tienen y han conseguido efectos movilizadores importantes en el tejido científico aún no alcanzan a tener un amplio papel activo en todo el sistema, por lo que de cara al futuro, el objetivo es conseguir que esas estructuras, en relación con todas las demás existentes, sean potenciadas con el fin de que contribuyan a un aumento significativo de las interrelaciones y consolidar up Sistema Nacional de Innovación (SIN).

(21) Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), III Plan Nacional de I+D 1996-1999, (22) Presentación, Secretaría General del Plan Nacional de I+D, Madrid 1995, p.5. Ibidem, p.5.

El diseño del esquema SCTI obedece a la iniciativa del equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) conformado por Fernández de Lucio, I., Conesa, F., Gutiérrez, A., y Rodrigo Y, el cual se traduce en una de las propuestas del I Plan Nacional de I+D. Es un esquema que desde nuestro punto de vista tiene singular atractivo para ser estudiado, conteniendo cualidades sistémicas que a su vez promueven la cohesión interna y apuntan a una actuación primera de la infraestructura científica y tecnológica existente en el país para luego y en evolución con otras políticas y por la participación de las Comunidades Autónomas (CC.AA) adquirir la presencia de fórmulas diferentes. Este esquema SCTI además no ha permitido herramientas para analizar la problemática de la relación Universidad-Empresa en Venezuela desde una doble perspectiva, una, al considerar las estructuras de interfaz como variables fundamentales de ese proceso y dos, por la inclusión del diseñó de mecanismos e instrumentos específicos para generar, estimular y consolidar esa interrelación dentro del contexto nacional y regional. Ese planteamiento, además tiene una referencia práctica a través de uno de los objetivos del Plan Nacional de I+D en la búsqueda de "dinamización y participación activa de las universidades con las empresas" 23 a través de la constitución de las Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, Red OTRI/OTT, así como por medio de instrumentos para la colaboración entre empresarios y universidades: los Proyectos Concertados y el Programa Intercambio de Personal a la Transferencia de Resultados de Investigación (PETRI) para potenciar la valorización de la I+D pública. También se suman a su propuesta el funcionamiento abierto y de interrelación con estructuras similares a nivel internacional, en particular con los programas comunitarios de I+D, que también son elementos convenientes como referencia para el propio proceso que Venezuela, igualmente, debe intentar en sus esfuerzos de integración regional y subregional en el contexto latinoamericano.

(23) Comisión Internacional de Ciencia y Tecnología, op.cit., 1995, p.5.

Enfoque conceptual: Este esquema muestra un modelo de dos variables fundamentales, el conjunto de empresas y el de los equipos de I+D de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y, una tercera variable considerada exógena representada por la Administración. La diferencia fundamental de estas tres variables con las del «triángulo» de Sábato, estaría en su composición y en su actuación dentro del sistema, pero además en la participación más bien discreta del Estado, aunque no por ello menos explícito en algunas acciones y actividades de trascendente importancia.

Composición de la variables: Por un lado están el conjunto de empresas, catalogadas como la infraestructura industrial y organización empresarial que participan activamente en actividades de I+D, incluidos por lo tanto sus laboratorios para la investigación de I+D, y por otro los centros públicos de Investigación que comprenden la infraestructura científico-técnica y los equipos humanos distintos a los que se encuentran en la empresa. Las administraciones, están consideradas como variables exógenas al sistema, a las cuales les compete un papel clave en los aspectos de definición de prioridades, en el establecimiento de relaciones entre las actividades científicas y tecnológicas, en la asignación de los recursos, en la fijación de estímulos, en el desarrollo jurídico administrativo, en la creación de organismos de interfase, en el diseño de instrumentos para favorecer la interrelación, en general sobre la política científica y como un instrumento de las diferentes políticas sectoriales del SCTI. Las estructuras de interfaz, están referidas como «catalizadores de las interacciones», y se representan, una de ellas, próxima a las empresas, incentivando su participación en I+D y, otra, cercana a los centros políticos de investigación, propiciando su participación en I+D y, otra, cercana a los centros públicos de investigación, propiciando su participación conjuntamente con las empresas en proyectos y actividades de cooperación de I+D. Para nuestro estudio consideramos que ese esquema conceptual (24) deja como obvio la definición de los principios sobre los cuales se fundamenta, pero que para nuestros efectos analíticos es de particular relevancia construirlos y plantearlos a objeto de una interpretación teórica que refieran a condiciones concretas. En ese sentido, y atendiendo a nuestro propósitos de sustentarnos en él para establecer posteriormente criterios diferenciadores en el contexto venezolano, definimos cuáles deberían ser esos principios, quizá más en su carácter de prerrequisitos:

1. Las empresas deben poseer una cierta capacidad de infraestructura y gerencia para desarrollar actividades de I+D, por lo que funcionalidad del modelo tiene sentido en consideración a ese tipo de empresas.

2. Las distintas administraciones del país deben estar orientando acciones explícitas para conformar y consolidar un SCTI.

3. Debe existir un grado de interés entre las empresas y los OPI de cooperar en actividades de I+D.

-Fases o modelización del SCTI: Teniendo como referencia la evolución de la experiencia española los autores definen tres modelos o fases, la de dinamización, de cooperación y la de integración sectorial, que hemos representado de la forma que puede verse en el esquema. 4. Estas fases contienen sus respectivas estructuras de interfaz e instrumentos (25), en cuyo casos cumplirían un papel específico: en la dinamizadora, la "misión" de animar y facilitar las actividades de innovación tecnológica y cuya conceptualización de «doble interfaz» permitiría que no estuvieran centradas sino próximas a las empresas o bien a los grupos de investigación; en la de cooperación funcionaría a múltiples interfaz y no sólo como

facilitadoras sino que buscarían fundamentalmente" la cooperación con otras, pudiendo dar origen a nuevas estructuras en el escenario del SCTI y, en la de integración conformarían espacios de uso común entre los grupos de I+D de las universidades y las empresas.

(24) El enfoque que soporta esta conceptualización tal como lo explican sus autores, esta asociado al carácter particular de cadasociedad de país o región dentro de un mismo país, en función de sus específicos elementos culturales y que suscitan particularesmodelos de innovación, y por lo tanto corrientes de instrumentos y diseños de política. (25) Estas fases y sus instrumentos pueden también ser representados gráficamente a través de el número de veces que se utilizanlos instrumentos en cada fase frente al tiempo. Se puede lograr determinar el ritmo de crecimiento de cada fase, al evolución cualitativa de la aplicación de los instrumentos de las estructuras de interfases, así como la situación actual y hacía donde se quiere ir con la aplicación de los instrumentos de interfases dentro del Sistema. una representación gráfica al respecto de esa modelización fue elaborado en al Universidad Politécnica de Valencia a nivel cuantitativo y cualitativo.

L. 1.1. Una Interpretación modelística del sistema venezolano

Las oportunidades que vemos con la posible puesta en marcha de un modelo similar en un contexto como el de Venezuela deben asimismo ser analizadas a la luz de sus propias conceptualizaciones, sobre los elementos que lo componen y sobre las condiciones que lo hacen viable, y es por ello que quisimos establecer una interpretación modelística» en forma similar a la española en las actividades científicas y tecnológicas del país:

Primero: tomamos alguna de las más importantes acciones, programa e instrumentos de la "política" científica y tecnológica en el país, según los objetivos que han perseguido al momento de su creación, pretendiendo con ello construir una imagen sobre la situación actual a través de una representación asociada de fases e instrumentos, esquema 1. Esa interpretación en el país, del cual hacemos algunas reflexiones de tipo general.

1. Se refleja, particularmente, los acentuados esfuerzos dinamizadores en ciencia y tecnología, según el tipo de instrumentos e instituciones identificados, asociados más bien a los recursos y mecanismos que el sector público ha llevado a cabo en infraestructura básica para los investigadores, en diseñar proyectos y programas de vinculación desde la universidad y en la legislación respectiva a las actividades de ciencia y tecnología en el país. Pocos son los esfuerzos que hemos podido catalogar estrechamente asociado con acciones de cooperación y mucho más aislado ha resultado ejemplificar acciones asociados a la fase de integración.

2. Refleja, también, por otro lado, niveles de congruencia con el proceso de desarrollo económico-político del país donde el Estado ha sido el actor fundamental en la evolución de las actividades científicas y tecnológicas sobre un perfil de actuación más hacia la prevención y fomento de la ciencia y su infraestructura.

Segundo: El esquema conceptual modelístico, por otro lado, nos ha permitido revisar o recontextualizar otros elementos que tienen que ver con el conocimiento previo que debe tenerse sobre la realidad concreta sobre la cual se quiere actuar:

-Actualmente no se cumplirían en el contexto venezolano lo que nosotros hemos denominadoprincipios o prerrequisitos de sustentación del modelo: Hay una gran ausencia de participación y de infraestructura gerencial en la mayoría de las empresas del país asociados a la I+D, no ha habido en el país acciones explícitas por conformar y consolidar un sistema

organizado coherentemente a través de instrumentos idóneos y de las redes pertinentes, no hay un "caldo de cultivo" que estimule la cooperación entre empresas y centros públicos de investigación. Al respecto podemos citar a la COPRE afirmando que "fundamentalmente los centros de investigación están ubicados en las universidades nacionales (autónomas y experimentales) y los dependientes de los Ministerios y empresas del Estado. Tres centros del sector público: el IVIC, INTEVEP, y el FONAIAP, absorben la casi totalidad de los fondos manejados por las instituciones dedicadas a la investigación. La participación del sector productivo privado es poco significativa en términos de los fondos dedicados a la investigación y el número de unidades dedicados a esta especialidad. En general, una tercera parte de la actividad científica y tecnológica se ejecuta en las Universidades, un cuarenta por ciento se realiza en los centros de investigación de las empresas públicas, el veinticinco por ciento en institutos de investigación dependiente de los Ministerios (especialmente Agricultura, Salud y Fomento) y un cinco por ciento en las empresas privadas y centros de investigación privados "(26)

(26) Nelson Croce P y Carlos Hacón D., «La Desconcentración del Sistema CientíficoTecnológico'. Proyecto PND-COPRE Ven 89/506/A/18/31, informe de la 3a. Fase, p. 5.

Una necesaria recontextualización de los OPI para la transferencia y la cooperación técnica.

El análisis del esquema conceptual del SCTI nos provee de nuevos elementos y refuerzan otros aspectos sobre los cuales debería soportarse, por un lado, la definición de políticas científicas y tecnológicas y por otro, la posible transferencia de modelos institucionales sobre la participación de los OPI en un contexto de actividades de cooperación técnica internacional. A ello, es que nos queremos referir en el esquema 2 cuando aludimos primeramente, a la necesidad de romper con una serie de postulados que han impregnado la definición de dicha participación en contextos suficientemente lejanos y, propiciar de otros más próximos al propio proceso de desarrollo tecnológico y del fenómeno de la innovación y a la urgencia de minimizar las debilidades aún presentes en el conglomerado científico y tecnológico que no revela contener los elementos sistémicos para evolucionar en respuestas hacia las necesidades nacionales. La creación de capacidades desde los supuestos antes señalados se apoyarían a su vez en la articulación de cuatro elementos: las capacidades a nivel de la empresa y a nivel de los organismos de orientación tecnológica, el sistema educativo en general y el subsistema de educación superior en particular y, un marco general a nivel económico, político, administrativo y jurídico, tal como lo hemos querido representar en la figura.

Esquema: Los OPI en la cooperación técnica dentro de un proceso institucional público creador de capacidades.

Los elementos antes mencionados se establecen actuando conjuntamente para y con sus entornos. respectivos a partir de la generación de las capacidades en:

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la empresa: en actividades de I+D, de desarrollo tecnológico, en cooperación interempresarial, actuando desde estructuras organizativas innovadoras, de interfaz, en gestión tecnológica;

el sistema educativo: mayor excelencia, orientaciones en áreas de ingeniería, perfeccionamiento y capacitación vinculadas a la gerencia empresarial tecnológica;

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el marco económico-político y jurídico-administrativo del sistema financiero y de precios, de políticas comerciales e industriales, de políticas explícitas en ciencia y tecnología y sobre la I+D, Ley de propiedad intelectual y,

las instituciones de orientación tecnológica: centros tecnológicos, instituciones financieras de I+D, instituciones de información tecnológica, organismos de control de calidad y medición, oficinas de consultorías.

Los supuestos para la creación de capacidades así como los elementos de capacidad tecnológica que hemos mostrado anteriormente nos sirven de plataforma para considerar a su vez tres aspectos más que se suman y que debieran estar presentes en los objetivos a alcanzar en las propuestas de actividades de cooperación técnica para el desarrollo: propiciar procesos de descentralización, alcanzar objetivos integradores, y contribuir al desarrollo regional.