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UNIVERSIDAD BOLIVARIANAESCUELA DE PERIODISMO
HISTORIAS DE REPRESIÓN INFANTIL E IMPUNIDAD
Tesis para postular al título de Periodista
Estudiantes Aspirantes: Fernando Caro Carrasco Ricardo Manzur Carrasco
Profesor Guía: Fernando Barraza Draper
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“Sólo aquello que hemos perdido merece ser contado...”
Quisiéramos parir esta historia en otro Chile. En uno donde las penas estén
reparadas. Sabemos que esas heridas son difíciles de sanar, pero nuestro ánimo
e intento no se construye en imprimir cientos de hojas con dolor ajeno. Nuestro
motivo es contribuir desde nuestra trinchera al futuro de una nación que aún está
divida, aunque artificialmente en el escenario político, en los relatos que
compartiremos existe una injusticia que no podemos sino intentar sosegar. Para
que no continúe atormentando a esos niños que hoy en día con aspecto de adulto
exigen se reparen de algún modo todos esos años de angustia y privación del
mundo al que no tuvieron derecho.
Extraviamos nuestra conciencia. Hemos hipotecado la vida de varias familias con
la obstinación de nuestros sueños, que para otros eran pesadillas... Lo perdimos
todo como nación y reconstruir esa herida abierta es sin duda un llamado que nos
convoca como profesionales del futuro, para que en este peregrinar no volvamos a
extraviar las lágrimas de los niños silenciados por cobardes fusiles, que borraron
sus sonrisas en el comienzo de sus vidas.
Perdimos nuestro carné de identidad como chilenos y no queremos que el silencio
se teja como un manto de impunidad. Este es un esfuerzo para conmemorar el
dolor de miles de niños que vieron truncados sus juegos por la odiosidad de un
pueblo que no quiso mirarse como hermanos. Que se limitó al odio, a generar
violencia para dividirse... y que en algún punto de su historia, esperamos, se
reencuentre y pueda mirarse cara a cara.
FCC & RMC
2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN Doctrina de Seguridad Nacional (DNS) 7
MÉTODO DE REGISTRO Las Pases para una Nueva Memoria:
Para que no Heredemos la Amnesia a Nuestros Hijos 18
Hipótesis, Objetivos Generales y Específicos 24
Conclusión 26
Capítulo 1LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS DE LA DICTADURA
El Drama Sicológico: El Caso de Andrés 31
Rodrigo y Jimmy en Noche Buena 36
Cuentas de los Angelitos en Chile 41
Capítulo 2INOCENCIA ROBADA
Octubre Rojo en la Santa Adriana 52
Matanza en el Puente Bulnes 57
Antecedentes de una Masacre 60
Durmiendo con el Enemigo 61
Cuarteto de la Muerte 64
Dónde Está José Miguel 66
Bitácora de un Sobreviviente 69
La Morgue y el Día Después 72
El Eterno Calvario 76
Capítulo 3
3
MARCO REFERENCIAL
La Fase Terrorista La Doctrina Cristiana Disfrazada como Justificante 84
Miedo a la Incertidumbre 85
Poblaciones y Movimientos Sociales La "Peligrosidad" del Pobre 90
El Nefasto Rol del Poder Judicial Recurso de Amparo e Impunidad 94
Así Operó la Justicia 97
El Funesto Rol de la Prensa Paradigma de una Pluma Cómplice (Plan Z) 108
El Periodismo con Bototos 111
Traje Desastre y a la Medida 115
El Neo- Nuevo Periodismo 117
Por el Sendero de los Próceres 122
La Tortura Cuando la Prisión Pública parece un Alivio 134
La Impunidad 137
Capítulo 4LOS SOBREVIVIENTES
Y... Los Nominados Son 144 Voces que Revivieron el Horror 148
Adiós a los Niños 152
Agradecimientos 161 Bibliografía 162
4
INTRODUCCIÓN
Esta investigación pretende entregar una nueva visión del bullado tema de
la violación a los Derechos Humanos (DD.HH.) por parte de los dispositivos
de seguridad del régimen militar. De vasto conocimiento son todos los
denominados casos emblemáticos, como "Villa Grimaldi", "Operación
Albania”, "Calle Conferencia" y la "Caravana de la Muerte", entre otros, de
los que se ha escrito profusamente. Sin embargo, hay un tópico que se ha
abordado sucintamente en boletines e informes de DD.HH. y que por su alto
contenido noticioso merece un tratamiento mucho más extenso y riguroso:
las violaciones a menores de edad, en muchos casos “marginales”, durante la
dictadura. Niños y adolescentes que no pertenecían a ninguna agrupación
política y que son perfectamente interpretados por Gabriel Salazar y Julio
Pinto en Historia Contemporánea de Chile:
“Los niños y los jóvenes no figuran, normalmente, en las páginas de la
Historia. Pero son lectores, escuchas y memorizadores de la misma. No son
actores centrales. Tampoco son monumentos.*”
Y es quizá la definición de estos historiadores la que nos da más luz a la hora
de comprender la lectura que se hace de los jóvenes, más si es bajo una
dictadura: “...Es que la mayoría de las definiciones de niñez y juventud no las
asumen como sujeto histórico. Así por ejemplo, si los tiempos son de
“estabilidad institucional”, las definiciones las asumen, solícitamente, como
objetos de Pedagogía. Y si los tiempos son de crisis e inestabilidad
institucional, entonces se tratan como objetos de sospecha policial, judicial y
militar (ampliamos en el apartado “Limpieza Social”) En ambos casos, entran
en la Historia, en la Política y en la Ciencia Social, no por sí mismas, sino
llevadas de la mano, o bien por conceptos tipo “nana”, o por reprimendas
represivas, correctivas y rehabilitadoras”. El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al
gobierno constitucional de Salvador Allende. La Unidad Popular, que proponía
* SALAZAR, Gabriel. PINTO, Julio. Historia Contemporánea de Chile Ed. LOM 2002 Vol 5 Pág. 9
5
una transición pacífica hacia el socialismo, llegó violentamente a su fin
tras el golpe militar. El día 11, el Presidente Allende murió en La
Moneda, entre las llamas y el bombardeo infl igido por los militares,
mientras sus ministros y colaboradores fueron detenidos y l levados a
campos de concentración. Más tarde muchos de ellos fueron asesinados o
desaparecidos. Mediante el Bando Militar No.5, hecho comunicado oficial el
12 de septiembre, las Fuerzas Armadas declararon la e x i s t e n c i a d e u n
e s t a d o d e " g u e r r a i n t e r n a " e n e l p a í s . Así comenzaron 17 años de
dictadura, que terminaron el 11 de marzo de 1990. De esta manera se
estableció la Doctrina de Seguridad Nacional, que fue aplicada a lo ancho
y largo de esta faja de tierra.
Los niños no son un tema para los chilenos. Tardamos demasiados años en
hacerles una película, en la que sus personajes son los que acompañaron a los
padres de los niños actuales. No existe la radio para ellos, pese a existir el
acuerdo sobre la excelencia de este medio reforzador de la imaginación,
concepto del que los infantes bastante nos han enseñado. Los niños en el
ámbito de los DD.HH. parecían no existir, tanto que los que sufrieron la tortura
cuando pequeños pensaban que sólo a ellos les había tocado.
Hace un buen tiempo en Chile no tenemos hijos naturales o ilegítimos,
son hijos todos en el papel. Pero lo cierto es que somos testigos de cómo aún
en tiempos de transición democrática el aparato represivo estatal continúa
con sus antiguas prácticas de abuso y malos tratos a quienes habitan
determinados sectores. Lugares marginados que hace más de 30 años fueron
los escenarios de verdaderas matanzas desajustadas de toda norma o pacto
social. Esta discriminación no ha terminado. Se agudiza entre los chilenos.
Sólo un 4,1 % de los niños y adolescentes tiene las condiciones básicas
deseables para su desarrollo. Esto significa que cerca de 206 mil menores, de un
total de 5 millones 110 mil que habitan el país, posee niveles óptimos para
acceder a oportunidades consideradas como elementales. Atención con el futuro y
memoria para con el pasado.
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La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)1
El "enemigo interno" era el comunista, el marxista, el socialista, el
revolucionario, el subversivo, por cierto, cualquiera que -según los
militares- constituyera un desafío al nuevo orden establecido. Se declara
Estado de Sitio en todo Chile, y se prorroga, salvo breves períodos, hasta
1987. Esto significó la sustracción de la justicia ordinaria y el traspaso a
jurisdicción militar de tiempo de guerra el conocimiento y decisión de las
causas por infracción a las normas del Estado de Sitio.Estos conceptos de carácter militar fueron usados para justificar la represión y
los asesinatos desatados contra la población chilena. La represión no se limitó a
una parte de Chile, ni consideró clases sociales, género, profesión, estado
civil o edad. Miles fueron los detenidos a través del territorio nacional el día
del golpe y los siguientes. De acuerdo con informaciones de Amnistía
Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
hacia fines de 1973 sumaban unos 250 mil los chilenos que fueron detenidos
por motivos políticos. Ejecuciones sin juicio previo, personas desaparecidas
y muertos en falsos enfrentamientos, se volvieron prácticas habituales. La
delación entre vecinos, colegas y otros, fomentada por la Junta militar,
también llegó a constituir una práctica habitual de la sociedad chilena en los
inicios de la dictadura.
Con respecto a la implementación de la DSN en Chile, es interesante analizar las
transformaciones que provocó en la estructura y funciones del Estado, ya que a
través de esta institución se cometieron las más graves violaciones de los DD.HH.
1 La implantación del modelo teórico de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en Chile incluyó algunas variaciones (en comparación con la realidad Latinoamericana) La alteración progresiva del sentido corporativo de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento y continuidad en el tiempo de una dictadura personalista. Pinochet detentó el poder casi 17 años, la mayor parte de ellos como "Presidente de la República", después que el título le fuera concedido por sus pares jefes de la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros el 17 de Septiembre de 1974. PADILLA BALLESTEROS, Elías. La Memoria y el Olvido Publicación obtenida desde www.nuncamas.org
7
Según Juan Pablo Carlazzoli, en su “Estructuración e Ideología de los regímenes
militares en América Latina, los casos de Brasil, Chile y Uruguay”, en Chile la
transformación de la estructura y las nuevas funciones asumidos por el Estado las
podemos estudiar con relación a las siguientes categorías de análisis:
Autolegitimación: Las Fuerzas Armadas se consideran como las garantes y
salvadoras de la nación y de los valores permanentes establecidos en la tradición.
En el mismo sentido, de búsqueda de legitimación de su acción de guardar los
valores superiores de la nación, se sitúa el Acta Institucional N°2 (1976).
"...las Fuerzas Armadas y de orden en cumplimiento de su deber esencial de
resguardar la soberanía de la Nación y los valores superiores y permanentes de la
chilenidad a justo y legítimo requerimiento de aquella, asumieron el 11 de
septiembre de 1973, la conducción de la República con el fin de preservar la
identidad histórica, cultural de la Patria y de reconstruir su grandeza espiritual y
material”.
Poder Concentrado: El Ejecutivo será el responsable de la conducción estatal,
asumirá de forma exclusiva y monopólica la plenitud del poder, anulando la
separación tradicional de los poderes.
Mediante los Decretos-Ley N°1 y N°128 de 1973, la Junta Militar se arroga las
potestades constituyente y legislativa, y el Presidente de la Junta, la potestad
ejecutiva. Las potestades serán por tiempo indefinido, ya que el Acta de
Constitución no especifica plazo. Asimismo, el Ejecutivo se arroga la facultad de
establecer los regímenes de emergencia y sólo en algunos casos consultar a la
Junta. Estos Estados de Emergencia permiten suspender casi todos los derechos
de las personas y de la sociedad civil. Así, por ejemplo, el Acta N° 4, artículo 3° y
4°, del 11 de septiembre de 1976, expresan:
Artículo 3°: "En situación de guerra externa podrá declararse el estado de
asamblea; en caso de guerra interna o de conmoción interior, el Estado de Sitio;
en el de subversión latente, el estado de defensa contra la subversión; y en el
evento de calamidad pública, el estado de catástrofe."
Artículo 6°: "Por la declaración de estado de defensa contra la subversión, el
Presidente de la República sólo podrá restringir la libertad personal, la de informar
y el derecho de reunión. Si lo estimare indispensable para impedir la
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materialización de la subversión, podrá también suspender la libertad personal y el
derecho de reunión; restringir la libertad de opinión y el derecho de asociación”.
Militarización del Estado y lo Político: Consiste en el despliegue y el control de
las fuerzas armadas sobre el conjunto del Estado y la fusión total o parcial entre
los aparatos represivos y los otros entes del sistema de dominación política. Por
ejemplo, el control y la vigilancia de los servicios de seguridad sobre diversas
instituciones estatales será prácticamente total e irá desde el municipio, los
medios de comunicación hasta el Poder Judicial. En muchos casos, ese control se
realizará mediante la vigilancia discreta de "colaboradores", el amedrentamiento u
otras medidas.
Cualquier oposición al régimen es vista como una agresión a los intereses
nacionales, reprimiéndose con "manu militare" la disidencia, cuya expresión ni
siquiera está permitida. Esto implica trasladar concepciones y medidas del campo
militar a la sociedad civil. Es una visión jerarquizada de la sociedad, autoritaria y
sin conflictos.
Otra medida que tiende a militarizar el Estado y la política la constituye el nuevo
papel de la justicia militar que, en muchos casos reemplaza a la justicia ordinaria.
Numerosos juicios en contra de disidentes políticos serán juzgados por un fiscal
militar.
Hegemonía de los altos mandos: En el seno de las Fuerzas Armadas se
implementaron diversos cambios destinados a asegurar una mayor unificación y
concentración del poder en los altos mandos que les permita más cohesión
interna, homogeneidad y línea de mando única. Asimismo, hubo cambios en los
procedimientos de ascenso y nombramientos a grados superiores de generalato o
equivalentes de las instituciones militares. Tradicionalmente los ascensos son
establecidos a través de estudios, concursos o méritos de servicio. En cambio, con
los nuevos criterios predominan los mecanismos de cooptación dirigidos por un
jefe supremo o juntas militares.
Exclusión de la sociedad civil: Definiendo la sociedad civil como el conjunto de
instituciones y relaciones que personas, grupos o sectores sociales se dan en el
campo social, económico, político, social y cultural, ya sea a nivel público o
privado, pero externo al Estado, se constata un proceso de exclusión constante de
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la discusión y tomas de decisiones que históricamente le había correspondido. El
proceso de exclusión de los sectores populares y medios es todavía más
creciente, agudizado por la imposición de los modelos económicos y sociales de
dichos regímenes. A la vez éstos buscan desarmar y desmovilizar la actividad
política y sindical de los movimientos sociales. El caso chileno es obvio a partir de
la toma del poder por los militares. Se decretan la ilegalización y receso de los
partidos políticos, las limitaciones a los derechos gremiales o sindicales, la
supresión de la autonomía universitaria.
Nuevo Estado en lo Económico y Social: El nuevo Estado asume un rol
secundario en el campo económico, traspasando a manos privadas, empresas o
industrias estatales, mediante un proceso intensivo de "privatizaciones". Son
vendidas a particulares áreas tradicionalmente estatales sensibles para la
población: Educación, Salud, Previsión y los servicios públicos. La economía será
organizada en torno a la libre empresa, la libre competencia y la inversión nacional
privada extranjera. Se incentivará y se protegerá las exportaciones tradicionales y
no tradicionales hacia los mercados extranjeros. Se reducirán todas las ayudas
estatales al sector productivo o al sector de los servicios que sean considerados
no competitivos en el mercado. Sin lugar a dudas, dichas medidas económicas y
sociales van en perjuicio de los sectores populares, causando posteriormente
pobreza y marginalidad en las capas más desvalidas de la población. Al concluir el
régimen militar, en Chile, según la estadística del Ministerio de Planificación
Nacional, había 5 millones 212 mil pobres, de los cuales un millón 793 mil eran
indigentes, es decir, carecían de ingresos suficientes para adquirir la canasta
mínima de alimentación de sobrevivencia.
El 14 de junio de 1975, el régimen militar creó la Dirección de Inteligencia
Nacional, DINA, agencia de policía secreta, cuya existencia se hizo oficial
a través del Decreto Ley No.521. Este organismo estaba encargado de llevar
a cabo la labor represiva del régimen militar. En agosto de 1977, la DINA se
disolvió y fue reemplazada por la Central Nacional de Información, CNI,
para "recolectar información y resguardar la seguridad interna". La CNI,
l levó a cabo su tarea hasta que la democracia en Chile fue restaurada.
En febrero de 1990, la CNI dejó de existir legalmente. A comienzos de la
10
dictadura, se disolvió el Congreso Nacional y el tribunal Constitucional, los
partidos políticos de izquierda fueron declarados disueltos y considerados
como asociación ilícita. Otros partidos fueron considerados en receso,
mientras los Registros Electorales se incineraron y fueron cesadas las
funciones de Alcaldes y Regidores.
Poco a poco la sociedad civil se fue organizando para enfrentar al régimen
militar. Se crearon numerosos organismos destinados a proteger a los
perseguidos, denunciar la violación de los derechos humanos y dar el
seguimiento legal que permitiera esclarecer los abusos del régimen. La
Iglesia Católica y las de otras credos, más los parientes de víctimas directas,
desempeñaron un rol importante al crear organismos y agrupaciones por la
defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el Comité para la Paz, la
Vicaría de la Solidaridad, la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Asimismo, se establecieron otras organizaciones que fomentaron los Derechos
Humanos, tales como el Comité de Defensa por los Derechos del Pueblo,
CODEPU, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias cristianas, FASIC, y la
Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia,
PIDEE. Durante este período, a pesar de la pesada represión que se desató
en Chile, siempre existió una oposición al régimen, cuya lucha se adaptó a
las condiciones que establecía la dictadura y abrió nuevos y crecientes
espacios. Durante los años ochenta se inician acciones abiertas de oposición
con grandes manifestaciones de protesta colectiva y nacional. El
régimen respondió con una represión masiva e indiscriminada sobre todo
en las poblaciones de Santiago donde las víctimas que murieron no
necesariamente tenían un compromiso político. En 1988, después de un
período de negociaciones con algunos sectores de la oposición a la
dictadura, Pinochet llamó a la ciudadanía a participar en un plebiscito, de
acuerdo con lo estipulado por la Constitución de 1980. En dicho plebiscito, el
líder del régimen y del Ejército, dictador Augusto Pinochet, proponía la
11
continuación, por ocho años más, de su mandato en el gobierno. Pinochet
perdió el plebiscito, lo cual implicó llamar a elecciones presidenciales. El
demócrata-cristiano, Patricio Aylwin Azócar, triunfó en estas elecciones y el
11 de marzo de 1990, asumió como primer mandatario. Así se inició un nuevo
período de transición a la democracia en Chile, durante el cual las
consecuencias de las prolongadas violaciones a los DD.HH. se transformaron
en uno de los conflictos más grandes que el nuevo gobierno democrático tuvo
que enfrentar y que los sucesivos aún no logran superar para la tranquilidad
de las víctimas y del país en su conjunto.
En reiteradas partes hemos leído que "todos los chilenos cambiamos",
como si algo de nosotros se hubiese transmutado al extremo de perder
la racionalidad humana. Con esto no queremos dar a entender aquélla visión
patriotera de fraternidad entre iguales, porque claramente no lo teníamos y
nunca la tuvimos.
Se dice que la historia es cíclica, que los procesos se viven y como por arte
del desarrollo humano volvemos a reiterarlos no con la exactitud que una
máquina puede hacer a los productos en serie, como la reiterada fábrica de
salchichas que muchos intelectuales creativos aplican a sus análisis
sociales. Para el caso chileno, es cíclica, consecuente, claro que con sus
bemoles. Mientras en la guerra civil de 1891 y como en todos los episodios
de violencia política, la misma burguesía que aplicaba sus directrices desde
el poder, se peleaba por estas cuotas que nunca tomaban en cuenta las
demandas civiles de los sectores no representados en el mundo político,
económico y social.
El Golpe de Estado (1973) produjo gran cantidad de atentados contra
menores. Fueron en total 88 los casos de violaciones al derecho a la vida.
Se registran, además, 42 detenidos y desaparecidos.
Si se había de números, los estudios de agrupaciones de derechos humanos,
recogidos a partir del Informe Rettig, son precisos a! señalar que, por
lejos, entre septiembre y diciembre de 1973 se asesinaron mayor cantidad de
12
menores, seguido de 1983 con 19 episodios, mientras que en 1979 y 1981
fueron los únicos años en que no hubo ataques a niños. Lo escalofriante de
las cifras se suma a los temores de la comunidad de derechos humanos
sobre el absoluto desamparo de estos pequeños, que en la mayoría de los
casos fueron ultimados a balazos. Carabineros a p a r e c e c o m o l a
i n s t i t u c i ó n m á s a g r e s o r a . El grueso de los casos de menores
muertos y desaparecidos fue fruto de procedimientos brutales de la policía
uniformada, que intempestivamente asaltó sus casas para detener a los
padres y a los menores. Otros casos hablan de situaciones inverosímiles en
que los pequeños simplemente deambulaban por la calle y eran detenidos,
siendo posteriormente ejecutados. Detenidos en ocasiones también para
cambiarlos por sus familiares, o torturados en el vientre, otros asesinados en
el útero ya que eran engendrados producto de las reiteradas violaciones que
los efectivos realizaban contra las mujeres detenidas.
Los súbitos y arbitrarios operativos por parte de Carabineros reveían una
verdadera "limpieza social", eje central de la hipótesis que planteamos,
puesto que la mayoría de estos menores pertenecían a sectores de escasos
recursos. La idea era entonces eliminar a los potenciales subversivos, como
alguna vez Eduardo Galeano advirtiera en “Las Venas Abiertas de América
Latina” que los Estados Unidos intentaban matar a los guerrilleros dentro de
los vientres de las mujeres centroamericanas, repartiendo pastillas
anticonceptivas.
Ésta "limpieza social" se justificó por el miedo del poder central a una
insurrección de los denominados "rotos". Levantamiento que fue mermado a
través de una "Política del Terror", en palabras del sociólogo Tomás
Moulián.
La Ley de Amnistía de 1978, dictada por la propia dictadura, en su artículo 3
excluye explícitamente la sustracción de menores. Resulta vital revisar
con cautela este punto, debido a que por ejemplo en el caso de Elizabeth
Leónidas Contreras Díaz el juez ha fallado según la ley ordinaria dejando al
13
sujeto acusado de la muerte de la menor sin la posibilidad de ser sancionado
penalmente, ya que han pasado más de cinco años de cometido el crimen
por lo que este delito estaría prescrito.
En este contexto de violación masiva de DD.HH. y represión a jóvenes de
sectores populares es que se produjeron los dos operativos que develaremos:
El primero, ocurrido el 12 de octubre de 1973, en la comuna de Puente Alto,
donde 14 personas fueron detenidas arbitrariamente. El mayor tenía 26 años
y la menor era Elizabeth Leonidas Contreras Díaz, de 14 años, que se
encontraba en su sexto mes de embarazo. Al día siguiente ocurre en la
población Santa Adriana el segundo operativo que investigamos. El 13 de
octubre de 1973 seis menores de edad fueron detenidos ilegalmente. De estos
sólo cuatro salvaron con vida. Uno de los jóvenes ejecutados fue José Miguel
Valle, de 16 años, a quien tomaremos como ejemplo y narraremos su historia.
Por los ribetes que este tema ha alcanzado tras conocerse el Informe de
Prisión Política y Tortura, esta investigación ha debido tomar un giro y
también sumará dos historias de menores de edad torturados por la dictadura
y que hasta hoy no han sido considerados en el informe elaborado por la
denominada Comisión Valech.
Nuestro marco referencial aborda tres grandes líneas, las que se subdividen
en temas relacionados con cada una de éstas. En primer lugar, explicaremos
el contexto socio-político que imperaba al suceder los crímenes de ambos
menores de edad. A esta fase parafraseando a Tomás Moulián la
denominaremos como la etapa terrorista, donde el instrumento fundamental
para instaurar el nuevo orden fue precisamente, el terror. En este punto
además mencionaremos las características que fueron adquiriendo los
dispositivos de seguridad del Régimen y el fundamento "religioso" que le
otorgaron a la crueldad. Para tal efecto, citaremos al sociólogo Moulián,
específicamente nos remitiremos a su texto "Chile Actual: Anatomía de un
Mito", el que nos otorgará las base teóricas para explicar esta coyuntura.
14
Otro punto que analizaremos es el de las poblaciones marginales y su
relación con movimientos sociales y políticos de izquierda. Aquí, aparte de
hacer un paneo histórico, tocaremos un tema de gran relevancia que
l lamaremos la "peligrosidad" del pobre. Este fenómeno lo interpretaremos
sobre la base de documentos escritos por el historiador Gabriel Salazar, quien
tiene una mirada bastante acabada y crítica respecto al tema. Por último, nos
detendremos a analizar la carencia de acción, que tuvo el Poder Judicial en
los primeros años de la dictadura y observaremos con algunos ejemplos la
falta de verbo de la prensa. En este último punto quisiéramos ser enfáticos en
que nos basamos en servicios informativos alternativos, y su grueso está
basado en el informe elaborado por la Coordinadora de Ex Presas y Ex
Presos Políticos en diciembre de 2004 como respuesta al informe oficial del
gobierno, que lleva por título Nosotros, los Sobrevivientes Acusamos2. Para
este Informe la Comisión Valech debió “establecer, como una de sus
principales conclusiones, que las torturas aplicadas a los 35.000 personas que
entregaron sus testimonios, no respondieron ni excesos ni desbordes, sino a
una política de Estado la que por lo mismo requirió de panificación y ejecución
por parte de entes y funcionarios públicos” , y si se compara con la petición del
presidente de la República en cuanto a la misión de la Comisión sobre Prisión
Política y Tortura, es que precisamente se trata de una instancia que viene a
remediar la confianza quebrantada de las instituciones del Estado.
Lo cierto es que logra su objetivo que es aportar a la restitución de la verdad y
la justicia en el país, pero los ruidos que se alzan desde la ciudadanía hacen
2 En este informe que puede ser leído a través de Internet, se clasifica a los torturadores como autores de ésta y se subdivide en colaboradores como los agentes civiles, los que participaron de la prensa, los médicos, los abogados, y las mujeres de la DINA y la CNI. En este Informe inquisidor con nombre y apellido de los chilenos que participaron de la época más oscura de nuestra historia reciente. En este Informe además se da a conocer el Manual del Interrogador, que se aplicara en Chile por los egresados de la Escuela de la Américas, esa instancia militar educativa en la que el Ejército de EE.UU. en Panamá reclutó y mentalizó para acabar con los movimientos emancipadores que se esparcían incómodamente para las pretensiones de la política de Washington para América Latina. Esto fue un primer paso para que se realizara la intervención directa en el territorio por los largos tentáculos de la CÍA estadounidense en el país, de la que se puede profundizar en La Acción Encubierta en Chile: 1963-73, elaborado por el Comité del Senado de los EE.UU. que investigó las actividades de la Agencia Central de Inteligencia, CÍA por sus siglas en inglés.
15
eco de que la situación de los DD.HH. en Chile aún debe dar más pasos, al
menos se han dado en la dirección correcta, evitando un ley de punto final y
amnistía completa que en otras latitudes se han instaurado -y para qué decir
de las que aún se bañan de sangre.
Además queremos establecer que no es deseo de los autores imprimir
páginas con dolor ajeno ni abusar de las víctimas por lo que la explicación de
las prácticas de aplicar tortura no es un tema central ni foco de atención en
este trabajo.
Ante el Poder Judicial, creemos que, aunque haya sido el único poder que
no fue intervenido directamente por la Junta de Gobierno, éste actuó,
por decir lo menos, de forma negligente respecto al tema de los DD.HH.
Un 11 de septiembre "Chile cambió de golpe" se dijo por televisión 30 años
después de acontecidos los episodios que nos trasformaron en el epicentro de
la noticia mundial.
Tal vez vieron derrumbarse ante sus ojos quizá el proyecto político de sus
vidas, otros deben haber visto hecha la justicia para con sus riquezas o
simplemente por considerar justo, lo que otro bando consideraba aberrante.
Mucho se ha escrito al respecto, fácilmente atestaríamos una biblioteca bajo el
concepto Chile como un fenómeno analizable tanto en lo político y social,
económico y cultural.
16
MÉTODO DE REGISTRO
Esta tesis se enmarca dentro de los parámetros y enfoques de la investigación
periodística. Este género del periodismo se caracteriza por la presentación
acabada de temas de impacto para la opinión pública.
En este caso, el texto que se presenta aborda principalmente el drama que
vivieron miles de niños en la dictadura militar, representados en cuatro historias
fuertemente reporteadas y documentadas, historias que se entremezclan y nos
enseñán el dolor para sumar esfuerzos en un área que no debería escatimar en
recursos intelectuales para denunciarlo cuántas veces sea necesario.
Al observar la conducta de la justicia bajo la dictadura militar y sobre la base de los
procesos reparatorios en plena etapa democrática, queda en evidencia las serias
violaciones a los derechos humanos cometidos.
La tesis denuncia hechos puntuales ocurridos en octubre de 1973 y suma las
historias de dos menores de edad, uno incorporado a la Comisión Valech y otro
que no quiso hablar en una primera instancia por sentir que “era vejatorio ir a
declarar”3. Una vez que demostró interés y se sumó a los testimonios que fueron
revisados, su declaración suministrada por una incipiente agrupación de ex
menores torturados, fue rechazada, ocultándose entonces a la cara de la opinión
pública las torturas y el dolor de que fuera víctima.
Sin ánimo de imprimir páginas con la angustia ajena –creemos- aportar datos y
hechos trágicos, pero novedosos. En este trabajo se intenta, entre otras cosas,
contar lo que alguien oculta, esconde o simplemente calla.
La investigación periodística radica en dos puntos fundamentales: Tiempo y
Profundidad. Este trabajo ha sido elaborado durante dos años desde septiembre
de 2003 a septiembre de 2005. Se dividió en dos etapas de trabajo. La primera
mientras terminábamos nuestros estudios y estábamos pronto a egresar. Luego
de varios intentos por conseguir un norte, fue gracias a la publicación del Informe
Valech que supimos del interés que existía por un tema que no era tratado en los
círculos académicos y menos en la agenda setting.
3 En entrevista con Eduardo Araya.
17
En los casos que narramos ocurridos en octubre de 1973, reconstruimos las
historias sobre la base de antecedentes judiciales en manos de organizaciones
pro derechos humanos y sobrevivientes, más los testimonios de familiares de las
víctimas.
Para los casos de los menores que fueron víctimas de tortura y sobrevivieron,
hemos recogido las vivencias de su propia voz.
Nuestras dificultades fueron más allá de las tradicionales que debe sortear una
investigación, como tiempo y dinero. Sentimos que en primera instancia se centró
en la imposibilidad de reclutar de forma ordenada y sistematizada la ola de
información que pesquisamos en un comienzo en la Vicaría de la Solidaridad.
Como primer paso recopilamos todo lo publicado por la prensa sobre la materia, lo
leímos y clasificamos previa sistematización de los contenidos. Luego elaboramos
una lista de fuentes posibles para desarrollar una gran ronda de entrevistas en
profundidad, entre los autores de las distintas historias entregadas en este texto. A
los que desde ya agradecemos por su tiempo y contribución sine qua non.
Pero por sobre todo la negación de ayuda de la organización de ex menores de
edad torturados en dictadura nos golpeó duro. Nosotros no pudimos encontrar
antecedentes -como lo deseábamos-, desde esta agrupación que dicho sea de
paso, es la única cara visible de los atropellos a menores de edad en la dictadura
de Pinochet. Lo que realmente dificultó nuestra meta en la obtención de
testimonios sobre los casos que sumamos no estaban considerados en el informe
de la Comisión Valech y los que sí, que de todos modos son historias aberrantes y
llenas de un valor periodístico incalculable.
Las Pases para una Nueva Memoria:
Para que no Heredemos la Amnesia a Nuestros Hijos
Muchos expertos han dicho que la pasas ayudan a mejorar nuestra capacidad de
memoria. Pero en Chile más allá de los hitos políticos que se han escrito como el
Informe Rettig, la Mesa de Diálogo o el Informe Valech, piezas que de vez en
cuando sacuden a la opinión pública para retomar el tema de los derechos
humanos y del trauma de la sociedad que ningún chileno desea que se vuelvan a
repetir.
18
Muchos sostienen que una historia sin carné de identidad no merece ser contada.
Es decir, la verdad histórica y la justicia son primordiales para que los chilenos
superemos el pasado para poder construir futuro. Esta afirmación esconde un
consenso que puede ser descrito como un absolutismo que dista de las
experiencias extranjeras en cuanto a dolor se trata. Ordinariamente se asume que
recordar es bueno y que olvidar es perjudicial. Sin embargo, cuando los individuos
pasan por fuertes traumas, a veces la desmemoria provisional resulta ser una
estrategia funcional para continuar una vida cotidiana con normalidad.
Esta ausencia de recuerdo es algo que no sólo afecta a personas singulares sino
que también a grupos sociales. De hecho, la historia revela que cuando las
sociedades pasan por experiencias de violencia extrema, generalmente deviene
una época de amnesia. Ejemplo de ello nos recuerda basta literatura son los
casos de Alemania post nazismo, y la España luego del franquismo. En ambas
naciones europeas las generaciones que vivieron el horror en carne propia,
prefirieron dar vuelta la página de la historia y comenzar desde cero, aunque la
sociedad en su conjunto no olvida del todo como la muestra la historia reciente de
ambos países.
“... La cultura de la desmemoria operó entonces como una fórmula para impedir
que la interrogación por los vencedores y los vencidos haga trizas la convivencia
social. En términos sociológicos –es decir, no según criterios éticos o morales –,
una cultura de la desmemoria parece ser una fórmula transitoriamente eficaz para
enfrentar traumas colectivos...4”
Sin embargo tal como se aventurara en la columna que citamos, no es
sustentable en el tiempo una política desmemoriada para enfrentar tras varias
generaciones el futuro del país. La estrategia si bien permite en un comienzo la
reconstrucción, es inevitable que nuevas generaciones se comprometan con la
verdad y deseen saber lo que ocurrió.
En distintas ocasiones hemos compartido discusiones, a veces, acaloradas del
pasado reciente chileno y en reiteradas sesiones alguien de mayor edad apelaba a
su participación como ejecutor o espectador de los hechos. Nuestra respuesta fue
siempre la misma. “Con este principio de yo lo viví y tú te callas porque no, se 4 La cultura de la (des)memoria en Chile, por Cristóbal Rovira Kaltwasser. Columna de opinión publicada en el diario electrónico El Mostrador, Santiago de Chile 11 de junio de 2005
19
acaba incluso la ciencia”, decíamos a los interlocutores, sin entrar en materias
científicas que ya anuncian su muerte.
Es que tarde o temprano surgen nuevas generaciones que se cuestionan por el
pasado, pues la construcción de la identidad requiere de ello. Los seres humanos
y los grupos sociales tienen una necesidad antropológica de la memoria. Para
poder idearnos lo que queremos ser (futuro), observamos nuestra situación actual
(presente) y nos cuestionamos de adonde venimos (pasado). Este proceso es algo
que marca la vida tanto de individuos como de sociedades, según la sociología.
Sin embargo, no vemos que la nuevas generaciones de chilenos se interrogue el
pasado; más bien existe una suerte de escapismo total a los problemas políticos o
una exclamación de las frases hechas por familiares compartidas en alguna mesa.
Hay por lo menos tres indicios que revelan que lentamente hay un mayor interés
en el tema de la memoria. En primer lugar, hace no mucho tiempo dos libros –
más bien áridos – que tematizan la identidad de la nación estuvieron un par de
meses dentro de los ranking de ventas (“Identidad Chilena” de Jorge Larraín y
“Nosotros los Chilenos” del PNUD). En segundo lugar, con motivo de los 30 años
del golpe militar devino una avalancha de información mediática al respecto. Y por
último, el año pasado la película “Machuca” no solo fue bien recibida por la crítica,
sino que también fue vista por un caudal impresionante de espectadores. Es
cierto, no se trata de una fascinación de los chilenos por conocer parte de su
pasado sino más bien obedece a una oferta que se dio como un verdadero boom
comercial en el 2003.
Por parte de estos investigadores no existe aún el fenómeno palpable que de fe a
esta interpretación o hipótesis sobre la memoria de los chilenos. Pero que duda
cabe que la muerte del otrora todopoderoso dictador puede convertirse en la gota
que rebalse el vaso y por fin podamos interrogar el pasado que dejaron nuestros
padres y abuelos, con el fin de no repetir una fórmula desproporcionada de
odiosidades. Y de entreverse tantas generaciones es posible que también la
ciudadanía se cuestione los costos que una transición excesivamente pactada ha
traído consigo.
En nuestra recopilación de antecedentes sobre la situación que investigamos, nos
percatamos del valor histórico que las distintas agrupaciones que defienden los
20
DD.HH. tienen, como por ejemplo la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD5), sus integrantes sabían que la información que llegara a
sus manos constituiría un importante legado para las generaciones futuras. Su
archivo lo forman información sobre los detenidos desaparecidos, sus historias
personales, recursos de amparo o de presunta desgracia que interpusieron los
familiares de las víctimas. “Ha sido un trabajo sistemático que todavía no concluye
y que la mayoría de las veces se nos complicaba por la falta de recursos para
mantener la documentación. Pero siempre tuvimos presente que ésta era una
forma de preservar la memoria, de que nuestros familiares siguieran viviendo”,
dice Viviana Díaz Caro ex presidenta de la AFDD.
Pero al primer lugar que acudimos, como dijéramos, fue la Vicaría de la
Solidaridad6. Uno de los organismos con más historia en la defensa de los DD.HH.
en pleno régimen militar. En 1990 se constituyó como la Fundación Archivo de la
Vicaría de la Solidaridad y alberga la mayor cantidad de información sobre
violaciones a los derechos humanos.
El FASIC7 se constituyó como un apoyo para las víctimas. Desde su creación en
1975, continuó con el trabajo del Comité Para la Paz, con la creación de
programas de trabajo para las víctimas, asistencia jurídica, salud mental y becas.
Pero su acción se centró principalmente con el programa de Refugiados de la
Naciones Unidas (ACNUR), para reubicar en otros países a quienes eran
expulsados o exiliados del país. “Toda esta información está hecha desde las
víctimas y la gente que los atendió. La contundencia de estos archivos ha ayudado
a construir la memoria histórica. En Chile lo único que hay son las historias de las
5 Archivo computarizado y original sobre detenidos desaparecidos, que además incluye fotografías de las víctimas y de las acciones de la organización dentro y fuera del país. Archivo estructurado de publicaciones y documentos sobre derechos humanos, con énfasis en la temática de los detenidos desaparecidos. En desarrollo llevan un proyecto muy avanzado de biblioteca, videoteca y archivo jurídico. 6 Fichas antropomórficas (radiografías dentales, huesos, trozos de género, ropa) consultadas por el Servicio Médico Legal y el Departamento Quinto de Investigaciones. Colección bibliográfica sobre DD.HH. de 2 mil 500 títulos. Cuatro mil documentos editados por la propia Vicaría u otros organismos chilenos y extranjeros. 84 títulos de publicaciones periódicas (59 nacionales y 25 extranjeras) 600 mil recortes de prensa naciona, clasificados por temas desde 1973 a la fecha. Documentación completa de 984 casos de personas que aún permanecen desaparecidas.7 Entre los documentos que podemos encontrar en el FASIC destacan: Doce mil carpetas de atención individual. Casi la totalidad de las sentencias de los juicios de guerra y ejecuciones, además de papeles originales de condonación de penas por extrañamiento o exilio. Archivo jurídico con copias de los procesos judiciales en materia de DD.HH. Un completo archivo de prensa y de publicaciones relacionados con el tema
21
víctimas, es decir, los archivos de las agrupaciones de DD.HH.”, explica Yury
Gaona.
Nuestro recorrido indagatorio sobre la temática de los DD.HH. también alcanza al
Comité de Defensa por los Derechos del Pueblo CODEPU8. En sus orígenes en
1980, nunca pensó formar un archivo. Su trabajo era más de acción, en la calle,
en las cárceles prestando ayuda a los presos políticos. Fueron allanados en tres
ocasiones y se quemó parte importante de la información. “Tenemos cajas con
papeles que no se han tocado por años, no hemos logrado ni siquiera
sistematizarlos, sino que quedó tal cual. Muchos están escritos a mano y son
declaraciones de presos, papelitos donde ellos escribían todo lo que habían vivido,
las torturas o a quienes habían visto. Estos llegaban acá y eran transcritos”,
explica la secretaria ejecutiva del CODEPU, Viviana Uribe.
A pesar de los costos que implica la manutención de un archivo, la Corporación
Justicia y Democracia9 ha logrado resguardar con mucho trabajo el gran caudal de
documentación, de su archivo histórico y audiovisual. Esto ha permitido mantener
un archivo bien estructurado y conservado. “Digitalizamos todos los documentos
que llegaban a la Presidencia durante la gestión de (Patricio) Aylwin, sin selección
para resguardarlo de posible destrucción o robo”, cuenta el secretario ejecutivo de
la corporación, Carlos Bascuñan.
Puede pensarse que actualmente se están dando las condiciones para que un
trabajo de la memoria se abra en Chile. De ser esto cierto, estamos frente a un
tópico de relevancia central para el desarrollo del país, donde artistas,
intelectuales y diversos agentes culturales se pueden transformar en los
portadores de este trabajo de la memoria. La historia de otros países indica que es
de esta forma como las sociedades pueden aprender de sus propios errores y
establecer así procesos de cambio social.
8 Base de datos computarizada de tres mil 200 fichas de atención, sobre todo de salud mental. Archivo jurídico de procesos de DD.HH. Completa biblioteca de publicaciones propias, nacionales y extranjeras relacionadas con la temática de DD.HH., especialmente sobre ex presos políticos.9 Archivo personal del ex presidente Patricio Aylwin, con documentación de 1945 a la fecha. Información generada durante el primer gobierno de la transición democrática (35 mil oficios); oficina del gabinete presidencial (35 mil registros) y del archivo general de la correspondencia del Palacio de La Moneda (70 mil documentos) Además conserva una copia digitalizada y original del trabajo de la Comisión Verdad y Reconciliación , conocido como el Informe Rettig.
22
“Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que
aquí cayeron”. La memoria es frágil y cada día parte importante de ella
desaparece para siempre. Por eso, para no olvidar, es necesario cuidar nuestros
recuerdos. Esta es la premisa que mueve al programa de la UNESCO, “La
Memoria del Mundo”, cuyo objetivo es salvaguardar el patrimonio documental de
los pueblos.
Durante tres décadas han cargado en sus espaldas la invisible y pesada mochila
con el secreto de las torturas a que fueron sometidos cuando aún eran niños.
Es indudable que no se trataba de negarlo, pero sus padres no hablaban de ello
–“cuando se revuelve la mierda se siente el mal olor”, se advirtió más de uno. Sus
compañeros de liceo, que habían corrido la misma suerte, tácitamente acordaban
eludir el asunto; y todo el pueblo prefirió no comentar un hecho que cuestionaba el
transcurrir lánguido, moroso, porque de otra forma, si se asumía la brutalidad del
episodio, la cotidianidad hubiera estallado en pedazos y la convivencia habría sido
un infierno.
Muchos incorporaron en su mochila, además de los recuerdos terribles, que en
ocasiones lo hacían sobresaltarse cuando sonaba el timbre de la casa, una
especie de vergüenza culpable, como la que esconden las familias entre cuatro
paredes; y el miedo colectivo, ese pavor que el secreto multiplica y extiende a
través del tiempo. Hasta que ahora, al ver en TV cómo el presidente Ricardo
Lagos Escobar recibía un agregado del informe Valech que aumentaba a 28.456
las víctimas de desaparición, asesinato o tortura, comprendió que el silencio sólo
fortalecía el terrorismo de Estado, que su torturador contaba con su vergüenza
para aumentar el miedo, y decidió desprenderse de esa maldita mochila.
2.1 HIPÓTESIS
23
2.1.1 La represión contra menores de edad durante la dictadura, que se
inscribe en la teoría de la DSN, tenía como propósito profundizar la estrategia del
terror como forma de amedrentamiento y aniquilar a los sectores marginales,
considerados peligrosos para el orden y la estabilidad de la sociedad,
amparándose en una interpretación maniqueísta de la tradición occidental
cristiana, que plantea una verdad absoluta sin matices.
2.1.2 La acción de los aparatos represivos vinculados a la muerte de
menores de edad no son casualidades ni eventos aislados, sino que se inserta en
la política del terror instaurada desde la jerarquía de la Junta de Gobierno.
2.1.3 La idea de que los presos políticos que pasaron por las casas
clandestinas de tortura se asumieron como sobrevivientes. Declaran
fundamentalmente en calidad de testigos. En la mayoría de los procesos
anteriores ellos se visualizan a sí mismos como testigos de la desaparición de sus
compañeros. Incluso las primeras agrupaciones se llamaron a sí mismas
“agrupaciones de sobrevivientes” de las diferentes casas de la DINA, cuya tarea
principal era aportar a ubicar al paradero de las víctimas de la desaparición
forzada. En el caso de los menores, muchos no sabían que otros semejantes
habían pasado por lo mismo y crecieron con incertidumbre y pánico.
2.1.4 Los niños víctimas de tortura en la infancia, tuvieron que revivir las
imágenes de horror para redactar un informe que el gobierno guarda bajo 7 llaves.
Esta información que es relevante para esclarecer los hechos, realizar justicia y
reparar moralmente el daño causado en y por el nombre del Estado de Chile.
2.2 OBJETIVO GENERAL
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2.2.1 Denunciar la realidad de los menores de edad asesinados y
torturados en dictadura y Analizar el contexto social y político en que se
produjeron estas violaciones a los Derechos Humanos.
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.3.1 Develar la arbitrariedad del caso del menor del menor de 16 años José
Miguel Valle y de la menor de 14 Elizabeth Contreras Díaz.
2.3.2 Denunciar la arbitrariedad de los operativos policiales del Puente
Bulnes y la población Santa Adriana, ocurridos el 12 y el 17 de octubre de 1973,
respectivamente.
2.3.3 Analizar la Doctrina de la Seguridad Nacional, que estigmatiza a los
jóvenes pobres y marginales, considerándolos como un peligro para la Sociedad.
2.3.4 Explicar como la dictadura intenta justificar estos hechos como parte
de una lucha entre el Bien y el Mal, amparándose así en la Doctrina Cristiana, ya
que los comunistas, entre los cuales están los pobres y los marginales, son
enemigos de Dios.
2.3.5 Demostrar que en la gran mayoría de los casos de detención de niños
que pertenecían a capas medias o acomodadas, se busca utilizarlos para lograr la
redención de sus padres.
2.3.6 Plantear que los delitos de sustracción de menores son considerados
de lesa humanidad y no prescriben, incluso así está reconocido en un artículo de
la Ley de Amnistía dictada por la dictadura.
CONCLUSIÓN
25
Consideramos que la Hipótesis 2.1.1, que se refiere a la represión adscrita a la
Doctrina de Seguridad Nacional, fue una acción que se amparó, escudó y/o
escondió tras las faldas del Dogma Cristiano. Ello, en la asociación coercitiva para
generar la simpatía con la opinión pública a través de los medios de comunicación
masivos y otros sistemas de inteligencia para “limpiar la sangre” y lo oscuro de la
una contrarrevolución que venía a perpetuar su sistema de gobernabilidad.
Un propósito desleal frente a la ciudadanía que bajo la premisa de “La Obra” o
régimen militar incluso podía llegar a ejecutar los actos de tortura que
profusamente documentamos en los capítulos que comprende esta Tesis.
Es el supuesto bien que viene a instaurar la Junta Militar, pero para lograr el
cometido de una “Nación Libre” debe acabar con los enemigos internos, e incluso
sepultarlos. Este “trabajo” contenía los episodios de horror que la historia reciente
chilena lamenta. A la que muchos achacan a la desinformación, otros conociendo
los hechos callaron, algunos lo repudian pese a haber creído en “La Obra”,
sintomatología típica en la degradación de la responsabilidad.
Impulsada desde una jerarquía central como en el caso que nos convoca el
Estado, esta responsabilidad culmina siendo personal, debido al sello mismo que
el patriarca le imprime. Augusto Pinochet hoy está solo. Pero para los autores de
esta investigación es necesario retraerse de la responsabilidad personal que le
compete al rostro de la tortura. Aquí existió una sociedad que amparó los hechos
que denunciamos están en absoluta impunidad.
Y es más, operó un aparato organizado, disciplinado para ejecutar las acciones
que en un comienzo como sostenemos en la Hipótesis 2.1.2 que da cuenta de la
siniestra operabilidad basada en el terror.
Imprimir de miedo a los disidentes e incluso a los que estuvieran cerca de ellos,
aunque fueran niños.
No se trató de eventos fortuitos aunque ocurrieron. Fue una descarada forma de
imponer a sangre y fuego los intereses de una minoría sobre la mayoría de la
población.
El descrédito de “La Obra” es universal como los Derechos Humanos inalienables
que violaron para subirse al carro de la historia como villanos y no héroes
26
demócratas como anhelaban tras esa oscura máscara de ocultamiento, terror y
mentira.
Las voces infantiles que crecieron con el dolor de las secuelas y la indiferencia,
revivieron su pasado personal para sanar una herida nacional. Volviendo a
empapaparse de los miedos que marcaron todo su tránsito histórico. A muchos se
les escuchó y simplemente por no poseer la información adecuada según el
mandato presidencial, se les dio un portazo aludiendo a un eufemismo que
culminó por convertirse en cacofonía. Se les dijo que “no calificaban”. Para
nosotros no puede verse desde una óptica enmarcada en el método científico.
Faltó humanidad. Esto que sirvió para realizar un catastro dentro de la comisión a
cargo, son un escollo que incluso percibimos en la estructuración de la
investigación. Cifras. Números. Cantidades. Para los aspirantes es un tema
cualitativo en la magnitud del ser humano.
Las víctimas olvidadas de la dictadura, merecen más que el premio económico al
“calificar”.
Como queda demostrado a través del texto que continua la Hipótesis 2.1.3 que
habla sobre los presos políticos que pasaron por la tortura, asumieron su dolor y
se declararon como testigos de la desaparición de sus compañeros, para ayudar a
los familiares en la búsqueda. Los niños como Macarena Aguiló, que pese a
comprender que desde muy pequeña tuvo que entender la realidad política de
Chile, ella como tantos, no supo que muchos en esa edad también habían vivido el
horror. Y es más, debieron revivirlo para que el gobierno no aporte información
que es relevante para esclarecer los hechos, realizar justicia y reparar moralmente
el daño causado en y por el nombre del Estado de Chile.
CAPÍTULO 1
27
LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS DE LA DICTADURA
Los atropellos contra los Derechos Humanos durante el Régimen Militar (1973-
1989) comandado por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, no sólo fueron esos
mentados enemigos internos que nunca portaron un fúsil, sino que también
personas que comenzaban su vida. En esta guerra declarada por el Ejército y sus
distintas ramas castrenses contra el pueblo que juraron defender, no sólo habían
“comunistas”, “upelientos”, “picantes”, “rotos”, “chulos”, “izquerdosos”, o
“terroristas”, entre ellos también había niños. Pequeños que no podían entender lo
que ocurría tanto como sus enseñanzas en la escuela. Niños y adolescentes que
nunca participaron en política, pero que fueron carne de cañón para el
amedrentamiento necesario de la política de Seguridad Nacional (DSN)10
impulsada desde la Junta Militar que no tenía otra cosa por objetivo que sentar el
terror entre los chilenos más desposeídos, los que habían vibrado con el triunfo
allendista eran por cierto, los únicos capaces de organizarse para derrocar a los
militares instalados en La Moneda.
La primera víctima menor de edad, según los antecedentes de distintas
reparticiones pro Derechos Humanos (DD.HH.), fue Mercedes Corredera, tenía
sólo 8 años y un día después de consumada la acción para derrocar al gobierno
de la Unidad Popular, una bala cobarde atravesó su cuerpo. No sería la única. A
sus cortos seis años, Claudia Valenzuela fue ejecutada en su casa junto a sus
padres, cuando a punta de balas su hogar era allanado.
10Las Fuerzas Armadas se consideran como las garantes y salvadoras de la nación y de los valores permanentes establecidas en la tradición. Se auto legitiman como los guardianes de la seguridad del Estado, frente al peligro externo y a la situación de crisis política e institucional. El Estado deja de ser neutro y asume oficialmente una doctrina, un proyecto y una política que se plantea como metas el establecimiento de los objetivos nacionales. En Chile la auto legitimación fundamental del gobierno militar será la "lucha contra el marxismo y la construcción de la grandeza nacional". El discurso del general Pinochet de 1976 es un ejemplo: "...frente al marxismo convertido en agresión permanente, será imperioso confiar el poder y las FF.AA. y de Orden, pues sólo ellas disponen de la organización, de los medios necesarios para hacerles frente. Esa es la verdad profunda de lo que pasa en una gran parte de nuestro continente, bien que algunos se niegan a reconocerlo públicamente. [...] Para enfrentar la acción del enemigo hay que establecer regímenes fuertes que puedan, además neutralizar a los que les permiten actuar”. La cita se encuentra en CORLAZZOLI, Juan Pablo. Estructuración e ideología de los regímenes militares en América Latina, los casos de Brasil, Chile y Uruguay,Tesis de Licencia en Sociología, U. Católica de Lovaina, 1978. op cit, p 113
28
El 3 de octubre Lorena Escobar recibió varios balazos mientras efectivos en
nombre del Estado chileno buscaban a su tío acusado de un delito común. Sólo
tres años estuvo junto a nosotros.
No existe ninguna razón política, militar o de Estado que explique o justifique la
muerte de un niño. Qué decir sobre los casos de aquellos infantes que aún dentro
del vientre materno o sólo con meses fueron hechos desaparecer junto a sus
padres. Niños producto de las reiteradas violaciones que militares aplicaban en las
torturas a las mujeres detenidas terminaron en aborto. Palabra que provoca
acalorados debates, dando cuenta una vez más de la esquizofrénica sociedad
chilena, que se alarma y apura en satanizar a los aborteros sin siquiera tomarse
un minuto para dilucidar de dónde viene ese embrión. Los mismos que hoy
crucificarían a una mujer pobre que necesita por razones económicas acceder a la
vilipendiada pastilla del día después, defendieron una causa denominada por ellos
como “la obra” del gobierno militar. Entre sus andanzas más intolerables,
inentendibles y reprochables está nuestro foco de atención. La muerte de niños
entre las balas de la represión durante la dictadura.
El reconocimiento estatal de las atrocidades cometidos por la dictadura militar
sacó nuevas lágrimas a los chilenos, una vez conocida la revisión del Informe de
la Comisión sobre Presión Política y Tortura11.
Sólo mil 201 fueron reconocidos como víctimas (de 7 mil a revisar), por lo que las
cifras de aprobados por la Comisión en sus dos fases (la anterior terminó en
noviembre de 2004) ascendió a 28 mil 461 casos, entre los cuales se encontraban
86 niños de cerca de un millar de afectados.
Testimonios narrados hoy por María Luisa Sepúlveda y Elizabeth Lira, miembros
de la Comisión que presidió el sacerdote Sergio Valech, dan cuenta del
desgarrador cuadro que vivieron esos infantes en medio de la feroz represión
desatada en Chile.
De las 86 niñas y niños reconocidos como víctimas de la dictadura, todos tenían
menos de doce años al ser detenidos y una parte estaba en ese momento junto a
11 Se entregó el miércoles 1 de junio de 2005. Se trata de un segundo y último informe sobre los testimonios recogidos a otras siete mil personas que se presentaron para exponer sus casos y recibir las modestas compensaciones ofrecidas por el gobierno.
29
sus padres. Otros permanecían aún en el vientre de su madre cuando se vieron
afectados por las torturas aplicadas a sus progenitoras.
El balance empeora cuando se suma a este catastro el de la Fundación para la
Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE)12, que
establece que 74 menores de 18 años fueron ejecutados sin un debido proceso,
57 se transformaron en detenidos desaparecidos, y sólo se han hallado los restos
de otros catorce.
"Algunos fueron secuestrados porque en la búsqueda de sus padres tomaron a
sus hijos sin que hubiera ninguna necesidad, sólo para presionarlos y obligarlos a
presentarse", precisó María Luisa Sepúlveda a la prensa.
El informe señala que la prisión de los niños estuvo ligada a la detención de sus
madres, porque se entendía que para ellas este era el mayor castigo. "Los
pequeños fueron muchas veces espectadores de las torturas", apunta.
Sepúlveda reseña que hay un caso "en que cuando a la madre la iban a torturar
las otras presas entretenían al pequeño". Ello se explica, sostiene, porque "los
menores nunca habían sido reconocidos como víctimas independientes de sus
padres y madres".
Con el recuerdo aún vívido de las crueldades cometidas contra los 28 mil
prisioneros políticos que este mismo equipo consignó en sus informes, la
psicóloga Elizabeth Lira afirma que la violencia que sufrieron los niños fue distinta
a la experimentada por los adultos.
Precisa que la mayor brutalidad con ellos es situarlos "en un contexto de total
vulnerabilidad, donde las personas que más aman son violentadas, agredidas,
para un niño eso es totalmente devastador".
"Ellos fueron tratados como adultos", reconoce Lira, aportando un antecedente
que sólo se puede dimensionar al recordar que durante la primera fase de su
12 Organismo de DD.HH. creado en 1979 para atender específicamente a los niños víctimas de la represión directa o indirecta. Hasta allí eran derivados los hijos de detenidos desaparecidos, exiliados y presos políticos. También crearon una casa hogar, donde llegaron a vivir 22 niños. Todo el trabajo desarrollado durante esos años fue documentado. “El archivo del PIDEE se va construyendo desde el ingreso del niño, con toda la información periodística, muchas veces con testimonios de los familiares, porque los niños también fueron víctimas de la represión”, cuenta maría Rosa Verdejo de la fundación. En 2001, la Universidad de Harvard financió la mantención y ordenamiento de los documentos que abriga. Fichas estructuradas por programas y familia de niños víctimas de la represión. Alrededor de 2 mil 200. Incluyen todos los tipos de atención que tuvieron los niños, más recortes de prensa sobre los casos.
30
trabajo, la comisión estableció que hubo 978 menores de 18 años detenidos
acusados de militancia política.
Pero esta realidad tiene otra cara aún más dura, la de los pequeños que no
sobrevivieron. Sólo la Fundación PIDEE ha sistematizado esta información y en
sus textos se aprecia cómo fueron cientos los que murieron o están
desaparecidos.
Explica que existen registros de veinte menores de seis años que fueron víctimas
de ejecuciones, abusos de poder, interrupción de la vida intrauterina y violencia
política.
Entre los siete y 10 años se constata un caso de ejecutado al margen del
proceso, uno de abuso de poder y otro víctima de uso indebido de fuerza, y hay
tres bajo la fórmula de atentados contra la vida cometidos por particulares bajo
pretexto político.
La lista sigue en el tramo de 11 a 14 años con dos ejecuciones, cuatro detenidos
desaparecidos, diez víctimas de uso indebido de fuerza y cuatro víctimas de
violencia política.
El Drama Sicológico: El Caso de Andrés
Los familiares se planteaban el riesgo que implicaba que los niños tuvieran
información sobre el secuestro de sus padres; tanto por su seguridad personal
como por el posible rechazo del medio. En el caso de los niños que, preguntaban,
el silenciamiento social se expresaba con frecuencia en otro sector de la familia
donde por ejemplo no había rastros del desaparecido, se quitaban las fotos,
etcétera.
A aquellas familias que lograban eludir el mandato de silencio, que querían
informar a los niños, se les presentaba otra dificultad ¿Qué decir? Esta pregunta
los confrontaba con su propia incertidumbre sobre el destino del desaparecido.
¿Está vivo?, ¿está muerto? ¿Cómo transmitir esto a un niño cuya lógica es:
"Busquémoslo, en algún lugar tiene que estar"? Entonces se debatían entre la
angustia de tener que testimoniar una muerte no cierta y el dolor de sostener una
espera quizá sin futuro.
31
“Pensamos que la explicación "se fue de viaje", que hemos encontrado con
frecuencia, liberaba de alguna, manera de esta disyuntiva, posponía, permitía
situar al desaparecido en algún lado, inaccesible, pero real existente”, dice un
estudio de la Fundación PIDEE, que elaboró en 1984.
Tímido, asustado, Andrés se aferraba a las piernas de su tío Luis, que se había
hecho cargo de él tras la detención de sus padres. Los familiares de Andrés
estaban preocupados porque su apetito había disminuido drásticamente, le habían
empezado a dar rabietas y no quería que lo trataran como un niño chico, teniendo
4 años13.
Con dificultad el tío Luis recompuso la historia con la asistente social14 que los
atendió: El padre de Andrés había muerto en circunstancias confusas. Se habló
entonces de un “enfrentamiento” con Carabineros. La madre había sido detenida
junto a Andrés diez días después y esta experiencia evidentemente fue muy
traumática para el menor.
Andrés había permanecido varias horas separado de los brazos de su madre. El
tío, que también se encontraba detenido en ese momento vio a su sobrino
aterrado, con los ojos desorbitados por el pánico. Cuando horas más tarde fue
dejado en casa de familiares lloraba sin consuelo alguno.
El cambio de vida para el niño fue brusco e inexplicable, tanto para una criatura de
cuatro años como para la de cualquier ser humano. Comenzó a vivir en casa de su
tío Luis y los abuelos que lo aceptaron con cariño y le dieron todo el apoyo que
podían brindarle. Sin embargo, su mamá no estaba y su papá, había desaparecido
para siempre. El niño no encontraba respuesta a sus frecuentes preguntas. Los
familiares estaban confundidos, ignoraban la forma de abordar la situación. ¿Le
escondían los hechos? ¿Le contaban la verdad? ¿Cómo lo trataban?
Casi un mes después de la detención, Andrés salió a pasear con su tío, le habían
hablado de que vería a su madre. Con mucha desconfianza recorrió con su vista el
lugar, hasta ese momento desconocido, pero que desde entonces comenzaría a
visitar dos veces por semana. Tuvo que ponerse en una larga fila de gente,
13 Una historia que nos sirve de ejemplo para vislumbrar los múltiples abusos que se cometieron contra los niños.14 Gloria Vío Grossi
32
dejarse revisar la ropa, los zapatos. Comenzó a recorrer los pasillos enrejados
hasta llegar a una cancha grande y, allí, en un rincón vio a su mamá que le habría
los brazos para recibirlo. El reencuentro fue caluroso. Feliz. Pero el tiempo pasó
rápido y ya tenía que irse. Andrés se apegó a ella con todas sus fuerzas. Su tío
Luis, dulcemente, pero con firmeza lo tomó en brazos mientras él lloraba y gritaba
“¡Quiero quedarme con mi mamá!”, desconsolado preguntaba a viva voz por qué
no podía irse con ella. Cuando regresó a casa se acentuaron algunos problemas.
Comenzó a tener pesadillas. Lloraba con frecuencia. Fue en ese período cuando
la familia decidió que había que hacer algo por Andrés. Pero ¿A dónde llevarlo?
No tenían dinero para pagar un médico y en el consultorio les informaron que allí
también debían pagar por su atención.
Andrés tampoco asistía a un jardín infantil. La familia, por su misma situación no
se atrevió a matricularlo en el jardín de la JUNJI y menos podía costear uno
privado.
En la casa Andrés vivía junto a dos adultos. Él se encontraba solo y necesitaba la
compañía de otros similares con quienes jugar.
En cuanto a su salud había tenido bronquitis a repetición y estaba bajo de peso.
Económicamente el grupo familiar se mantenía de una exigua pensión del abuelo.
Luis trabajaba esporádicamente en “pololos”.
Desde todo punto de vista Andrés es uno más de los niños afectados por los
estados de emergencia. La detención de su madre y la ejecución de su padre son
situaciones que continuaban estando presentes en él.
En las conversaciones con su tío, los profesionales de la salud mental del PIDEE
fueron reconstruyendo “las principales situaciones conflictivas” que estaba
viviendo el niño y que eran factibles de enfrentar con el apoyo profesional. Los
trastornos emocionales, los problemas de salud que venía arrastrando hace un
tiempo y, la falta de contacto con niños de su edad, aparecieron como los
problemas más urgentes de abordar. Se le ayudó a encontrar educación a la
familia en una institución cristiana y fue chequeado periódicamente por pedíatras y
sicólogos.
A los pocos meses que el PIDEE se encargó de Andrés los profesionales se
plantearon conversar con la madre que estaba en prisión. Esta relación era
33
importante para conocer mayores antecedentes del niño, que pudieran ayudar a
los que querían ayudarlo con un tratamiento más adecuado. Además así ella
podría involucrarse con el trabajo para socorrer a su hijo.
Andrés comenzó a asistir regularmente durante más de un año a la atención
sicológica. Por el fuerte “shock” emocional sufrido en el momento de la detención y
por la pérdida abrupta de sus progenitores. Andrés no quería despegarse de su
tío, por lo que muchas veces tuvo que acompañarlo en las sesiones. Continúa
muy angustiado. Prácticamente no habla con la terapeuta y se muestra receloso y
distante. El acercamiento hubo de ser paulatino y cuidadoso. Se decidió no
abordar directamente la situación. Se le brindó un espacio de juego libre y la
compañía estable y continua de una sicóloga.
Mediante los juguetes Andrés podía expresar simbólicamente lo que no decía en
palabras y comenzó a descargar espontáneamente sus emociones y el gran peso
tensional que llevaba consigo. En esta etapa se le ayudó a “despegarse” de Luis y
a promover nuevos vínculos. Durante ese año se le dio un apoyo constante a los
familiares, quiénes cumplían el papel de madre y de padre sustituto. Se le previno
acerca de la importancia que tenía para el niño un ambiente equilibrado y con
calidez afectiva, se le orientó también acerca de la angustia de Andrés frente a las
situaciones de superación y pérdida; se le explicaron los mecanismos de negación
y omnipotencia que utilizaba frente al dolor físico y psíquico.
Con el paso del tiempo el niño fue estableciendo un vínculo estrecho con la
terapeuta y muy lentamente empezó a superar algunos de sus problemas. Ya no
manifestaba el apego ansioso del primer momento. Comenzó aunque con
dificultades, a hablar de su situación. Las rabietas habían desaparecido. Sin
embargo, siempre estaba presente el dolor por su mamá encarcelada, privada de
libertad. En muchas ocasiones, durante las horas terapéuticas jugaba a ser
superman o algún otro personaje dotado de poderes sobrenaturales. Los juegos
terminaban cuando estos personajes rescataban a la mamá de la prisión y la
llevaban a casa, a su lado. Prefería que sus amigos no conocieran la verdad de
los hechos. Muchas veces se negaba a acudir a las visitas a la cárcel por la
angustia que estas le provocaban. Extrañaba a su madre y lo que más deseaba
era su libertad. Andrés estaba mejor, pero no bien.
34
Pasaron un par de año y en el PIDEE no supieron más de Andrés. Al poco tiempo
su tío volvió a la fundación y les comunicó que Andrés después de haber estado
en relativa normalidad había comenzado ha experimentar problemas. Le costaba
conciliar el sueño, carecía de apetito, se mostraba inquieto y buscaba actividades
en forma incesante. Durante varias semanas no había querido visitar a la mamá.
La asistente social y la psicóloga que llevaban el caso de Andrés acudieron donde
la madre, con el fin de recabar más información sobre él y para orientarla a ella
sobre ciertos aspectos de su relación con el niño. Con su madre también eludía
los temas que le causaban dolor y durante las visitas jugaba incansablemente
evitando los momentos de conversación. La madre estaba confusa respecto a las
veces que no había querido visitarla.
Se tomó la decisión de no apurarlo y recomendaron a la madre que compartiera
los juegos sin obligarlo a conversar.
Un médico recomendó un medicamento para ayudar a disminuir la ansiedad.
Empezó a comer con más apetito y volvió a visitar a su madre. Retomó las
sesiones de juego y el contacto con la psicóloga que lo atendía.
Andrés creció. Su informe sobre educación básica de una escuela pública habla
de un rendimiento escolar muy bueno, a pesar de que en algunos períodos no
quiso concurrir a clases. Hizo amigos en la escuela y el barrio, pero su mamá
nunca fue dejada en libertad, lo que constituye un motivo de dolor y preocupación
permanente. Desde que sucedieron los hechos no ha dejado de presentar
problemas emocionales. Hoy tiene 23 años y es uno más de cientos de niños que
fueron torturados de algún modo por la dictadura, privándolo de sus derechos
como niño y ser humano.
Es una de tantas infancias marcadas por los acontecimientos que ha vivido. La
mayor parte de los menores que acuden al PIDEE sufren daños emocionales
producidos por situaciones vitales similares a la de Andrés. Pérdida definitiva
(muerte) del padre, madre o algún otro familiar cercano, separación obligada por
detención también de algún ser querido, presencia de acciones violentas sobre
adultos del grupo familiar, abandono forzado del país... Todas estas situaciones
rompen la seguridad necesaria para el desarrollo normal del niño y desencadenan
múltiples trastornos.
35
“El daño emocional deja huellas difíciles de superar. La experiencia nos muestra
que en niños como Andrés es común que se produzcan momentos de relativa
mejoría y alivio sintomático. Pero estos momentos son siempre transitorios y
finalmente vuelven a resurgir los mismos problemas anteriores. Esto es así,
especialmente cuando la causa del problema se mantiene. En este sentido, puede
decirse que aunque una atención psicológica es necesaria y útil tiene, empero,
limitaciones precisas impuestas por la dura realidad que mantiene las condiciones
que originaron la situación. Y esta es una barrera infranqueable para el
terapeuta15”.
A la conmoción provocada por el factor represivo hay que agregar además el
desgaste continuo de la cesantía prolongada que sume a las familias afectadas.
En condiciones socio-económicas difíciles que impiden la satisfacción de las
necesidades básicas. Las posibilidades de superación del daño represivo se
vuelven más complejas aun cuando las circunstancias socio-económicas son tan
adversas. De ahí la urgencia de una asistencia integral para el niño y su familia.
“Los efectos que provoca la acción represiva sobre el niño no son
unidimensionados, sino que afectan a todo su proceso de desarrollo. Se trata
entonces, de enfrentar el apoyo desde la mayor amplitud de dimensiones16”.
Rodrigo y Jimmy en Noche Buena
Las deleznables acciones cometidas por operativos de las FF.AA y de orden no
escapan incluso al comandante en jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio
Cheyre Espinoza. Conocido es el caso en el que se le vincula a la muerte de dos
niños en Coquimbo, sector de La Herradura17.
Nos referimos a los niños Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, ambos
fusilados en vísperas de una “noche buena”. La tarde del 24 de diciembre de 1973
15 VÍO GROSSI Gloria. “Consecuencias en los Niños Víctimas de la Violencia Organizada, Formas de Abordaje, Diagnóstico y Tratamiento” Fundación PIDEE, Santiago de Chile 1989.16 Ídem.17 El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, como constata el artículo de Arnaldo Pérez Guerra, publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"
36
tres niños18, jugaban en las cercanías de una población ubicada sobre los
estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, IV Región. Allí
vivían en esa época funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
El padre de Patricio al regresar de su trabajo, vio a los infantes y se llevó a su hijo
a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares,
cuestión que evidentemente causó alarma en el barrio, llamando la atención de los
vecinos que se organizaron en parejas para buscarlos. Se vieron obligados a
infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00
horas.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron
hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había
ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por
los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados,
que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia
qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir
atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que
custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2
"Arica" de La Serena. Y luego se supo que estaban alerta por una información que
sostenía que militantes del MIR al final del toque de queda harían un atentado
explosivo en los estanques.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus
casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que
revisaron exhaustivamente el vehículo. Incluso abrieron fuego sobre el techo del
Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza,
fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Allí permanecieron en espera
de que alguien de mayor rango apareciera. Tras unos minutos un capitán les
presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de
los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma,
padre de uno de los niños desaparecidos, se veía permanentemente custodiada.
La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto
18 Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo
37
domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los
interrogaron sobre "la desaparición de los menores".
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los
menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser
torturados, como ellos mismos han declarado. Mientras tanto se efectuaban
intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo
de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de
Homicidios que fue enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó
perros policiales expertos en rastreo. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron
los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa
La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de
aproximadamente 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no
superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que
en el lugar se buscó afanosamente, incluso con perros policiales. Como en el caso
del niño Anfruns, claramente los cuerpos fueron ocultados mientras se realizaban
las diligencias de búsqueda. Es la teoría que comparte el abogado Hugo
Gutiérrez.
"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron
colocados allí con posterioridad", señala el penalista experto en materia de
DD.HH. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los
padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un
médico legista que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a
consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción
del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usa sólo el Ejército".
Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte".
"Efectivamente el certificado señala “causa de muerte indeterminada'", dice
Gutiérrez.
En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego,
comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el
momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del
comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos quienes
38
resulten responsables". Gutiérrez advierte que en la acción judicial también citan
a Osvaldo Pincetti19, quién mantuvo secuestrados a los padres de los menores,
además del oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad
Especial de Inteligencia del Regimiento “Arica”.
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que
fusiló a los menores. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos
en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso
no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los
padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor”, advierte el
abogado de DD.HH. “No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos
en calidad de inculpado, pero no sabemos qué participación tuvo, y queremos
que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del
comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla
militar. El ministro Jorge Zepeda realizó una “exhaustiva investigación que no
logró llegar a personas involucradas en la muerte de los niños” argumenta Hugo
Gutiérrez, quién por lo demás dice que “esa causa se sobreselló hace mucho
tiempo”. El General de Ejército Juan Emilio Cheyre Espinoza declaró por oficio
sobre esta causa, aludiendo que se encontraba de vacaciones junto a su familia
en Iquique.
Muchas de las personas que hemos entrevistado nos hacen ver que el
nombramiento de Cheyre por parte de la concertación fue pensado para que por
una parte dejar en retiro a varios oficiales que participaron de violaciones a los
DD.HH. y a éste sabiendo que le conocían esta “yayita” lo nombraron porque no
sería un problema público de manejar de ocurrir episodios de “molestia” en el
Ejército, como alguna vez tuvo que sortearlo la incipiente transición en el
gobierno de Aylwin por el caso conocido como los “pinocheques” y la respuesta
19 Se trata de un empleado civil de la DINA y la CNI con conocimientos de hipnosis y parapsicología, cuyos alias era el "profesor destino", porque conducía un espacio radial de horóscopos previo al golpe. Hoy cumple prisión por su involucramiento en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, crimen encargado por su jefe Álvaro Corbalán Castilla -preso también a cadena perpetua-, por encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. El profesor destino intentó hipnotizar al carpintero Alegría para que éste escribiera una nota autoinculpándose por el asesinato de este dirigente; por lo tanto, es posible que estuviera intentado conseguir que los padres de los menores se autoinculparan por el asesinato de sus hijos. Hipótesis planteada por el abogado Hugo Gutiérrez.
39
de Pinochet con un “boinazo”. Más tarde, en el gobierno de Frei Ruiz Tagle un
episodio similar se denominó “ejercicio de enlaces”.
Las palabras del hijo del general ® Manuel Contreras, son decidoras sobre la
implicancia de Cheyre en este ilícito. En entrevista a una revista de papel cuché20
dice al ser cuestionado sobre las palabras que su hermana emitiera el día de la
detención de su padre21. “(Cheyre) sacó a todos los suboficiales que trabajaron
en la DINA, pero dejó en el alto mando a generales que hoy están activos y que
participaron en fusilamientos. No sé si el Presidente Lagos estaba al tanto cuando
ascendió al grado de general a tres oficiales que participaron en fusilamientos por
Consejos de Guerra en 1973, en San Bernardo, Calama, Pisagüa y Arica. Cheyre
debió saberlo, ya que todos lo sabían. ¿Qué saben de Cheyre esos generales
para que los tenga en una posición privilegiada?”, se pregunta Contreras
Valdebenito. Su pólvora incluso arremete contra el General de Ejército sobre la
desaparición y asesinato de los niños: “Al menos vio y supo. Entonces, ¿por qué
no alegó en ese momento?, ¿por qué no pidió la baja, como lo hicieron muchos
oficiales? Y hay otra situación, en que mueren dos niños en La Serena. Había un
aviso de que el MIR, durante el toque de queda, iba a colocar unos explosivos en
unos estanques de combustible. El Ejército puso guardias, los soldados vieron
dos siluetas y dispararon. Después se dieron cuenta de que eran niños. Cheyre
dice que esa Navidad estaba en la casa de sus suegros, en Iquique. Pero en ese
regimiento era vox populi lo que había ocurrido y él nunca dijo nada. Mucha gente
cree que el gobierno tiene a Cheyre de esa forma porque le tiene un as bajo la
manga”, advierte.
20 En Revista COSAS N° 749 Chile, 10 de Junio de 2005. Entrevista a Manuel Contreras Valdebenito 21 “Van a caer todos, desde Cheyre para abajo, traidores” Palabras emitidas en directo a través de la señal pública chilena.
40
Cuentas de los “Angelitos” en Chile
Por tradición en nuestros campos cuando un niño muere se celebra al “angelito”.
Como de forma notable se retrata en la cinta “Largo Viaje” del director Patricio
Kaulen.
En las zonas rurales desgraciadamente esa cultura de respeto a la infancia ha ido
desapareciendo, tanto que hoy es difícil encontrar en la rica vida rural de nuestra
patria. Esto que parece ser un indicador de cómo hemos ido avanzando no
necesariamente se refleja en la atención que tenemos por los cinco millones 110
mil niños que representan un tercio de la población chilena22. Cifra que nos indica
que habitamos un país que cada vez se vuelve más senil.
Odiamos ver en la televisión historias que hablen de los abusos que se cometen
contra la infancia. Los niños prostituidos se calculan en 3.500 según Carabineros,
pero por parte de la UNICEF la cifra alcanza a los 10 mil. Más que alarmante, en
una nación que se ha caricaturizado por los medios de comunicación social como
“El Paraíso para la Pedofilia”. Y que ha sido testigo desde sus hogares, de cómo
se establece la culpabilidad de un senador de la República por abusos sexuales
contra menores.
Una vez desbaratada la asociación Paidos, un enjambre se apoderó de la
ciudadanía apenas se esbozó la posibilidad de políticos involucrados en fiestas, a
través de los distintos reportes periodísticos que hablaban de otra red. Las juergas
de Spiniack ya parecían como una aberración tal, que el problema de los niños
salía de la agenda, disparando a través de cientos de páginas de periódicos,
acusaciones entre uno y otro bando político. Tanto que un político involucrado
terminó por publicar su versión como “La Gran Infamia”.
Los resultados de una investigación de la Fundación Chile 21 arroja que “la
opinión mayoritaria de los entrevistados estima que existe, en general, una gran
desprotección infantil en las distintas situaciones en que niños y niñas pueden
verse involucrados, desde la prostitución, pasando por los abusos sexuales, hasta
la drogadicción, la delincuencia, el maltrato y el trabajo infantil, situaciones ante las
22 Según la encuesta CASEN 2003 el porcentaje de niños en el país ha ido decreciendo, así en 1990 existían 34,5%, en el 2000 bajó a un 32,6% y en 2003 hay 31,0%.
41
cuales sólo entre el 2% y el 11% de los entrevistados estima que los menores
están protegidos”23.
En el mismo estudio sólo dos instituciones obtienen una evaluación promedio por
sobre la nota 5 en su papel de proteger a niños y niñas. Ellas son los Organismos
no Gubernamentales (ONG’s) y Fundaciones con la nota 5.28 y el Servicio
Nacional de menores (SENAME) con la nota 5.21. Por debajo de la nota 5, pero
cercana a ella, se encuentra Carabineros de Chile que obtiene una nota de
evaluación de 4.84 En torno de la nota 4 se encuentran la Iglesia Católica (4.35),
los Medios de Comunicación (4.27) y el Gobierno (4.02) Y, por debajo de la nota 4
son evaluados el Poder Judicial (3.53), los Parlamentarios (3.08) y los Partidos
Políticos (2.86) Instituciones siempre valoradas por los mismos administradores
como departamentos eficientes y en pleno funcionamiento.
Hoy, Chile muestra una tasa de mortalidad infantil aproximada de 8 por mil
nacidos vivos, una cifra que pone al país dentro de la elite del concierto mundial.
Para disminuir esta tasa se implementaron acciones en mejorar la calidad de la
atención en salud, capacitando al personal en el manejo de embarazos de alto
riesgo obstétrico.
Además en los menores de seis años no supera el 0,5% la desnutrición. Pero el
problema chileno no es el de Ruanda, aquí ha aumentado la población infantil con
obesidad, que según datos del Ministerio de Salud proporcionados en el 2002
alcanza a un 25,2% del universo pediátrico.
Las vacunas están cubiertas en un 90% por los 1500 setenta y tres centros
vacunatorios del país. La diarrea ha bajado drásticamente: Mientras en 1990 se
registraron 42 defunciones en 1997 fueron 27. Las infecciones respiratorias
agudas en la tasa por neumonía se mantuvo constante entre 1990 y 1996,
presentando un importante crecimiento en 1997. De una tasa de 0,43 por mil
nacidos vivos en 1996 (correspondiente a la defunción de 128), subió a 1,25 por
mil nacidos vivos, equivalente a 324 niños. Otra enfermedad que se ha ganado
espacio entre los menores es el temido VIH/SIDA. En 1992 los menores de 18
años eran 200 al 2000 la cifra creció a 419 casos. En la mayoría de las ocasiones
la transmisión de la enfermedad ha sido de forma vertical, es decir, de la madre al
23 Derechos de Niñas y Niños, Estudio realizado por la Fundación Chile 21, Noviembre de 2003.
42
hijo (35 casos), por transmisión sexual 20 y 6 por vía no aclarada. 7 por vía
sanguínea, los que recibieron transfusiones contaminadas antes de 1997, año en
que se decretó el examen obligatorio de las donaciones de sangre y
hemoderivados.
Casi el 100% de los niños hoy nace en los hospitales y son atendidos por
profesionales. El 64,8% de los menores se atienden en el sistema público de
salud, cifra que aumenta al 88,4% de los infantes en situación de pobreza.
Un millón 692 mil son beneficiados en salud oral gracias a los planes existentes en
la educación primaria.
Desde 1989 hasta 1999 el gasto fiscal en salud tuvo un crecimiento promedio
anual de un 12% y uno acumulado de 209,7%
En materia educacional la cobertura escolar básica alcanza al año 2003 un 99,1%
para la zona urbana, mientras que el la rural un no despreciable 96,1%. Números
de relevancia planetaria, pero que esconde una desigualdad abismante si
incorporamos a los niños indígenas que sólo alcanza un 11,1% en la educación
parvularia, 71,4% en la básica y de 17,6% en la media, que tiene por cobertura
nacional un promedio de 92,6%.
En la educación preescolar (1998) un 39% aproximadamente recibe educación, de
los 76 mil son beneficiados con útiles escolares gratuitos, se espera incorporar al
2006 120 mil niños de forma progresiva.
El promedio de escolaridad entre 1990 y 1998 aumentó de 9 años a 9,7 años.
Persisten diferencias importantes según el ingreso de las familias, así en el quintil
más rico en 1998 asciende a los 13,1, mientras que el más pobre registra 7,4
años.
El ausentismo escolar a 1998 registra un 13% de la población entre 14 y 17 años.
En el 2000 bajó de 140 mil a 106 mil. La deserción escolar marca en su principal
causa la “maternidad o embarazo”, que alcanza al 21,2% de las niñas que no
asisten a clases. Les siguen las dificultades económicas 17,2%, la ayuda en casa
16,9% y un 13,3% a los que simplemente no les interesa asistir al colegio.
El 15 % de los embarazos en nuestro país lo protagonizan niñas de entre 12 y 19
años. En 1999 el ministerio de Educación registró 5.857 embarazos de niñas
43
escolares, antecedente que debemos tomar en cuenta ya que la escolaridad de la
madre tiene una fuerte incidencia en la calidad de vida que tendrán los niños.
En el mismo año, los alumnos de 4° básico que sobrepasan los puntajes
promedios en el SIMCE24 son aquellos en que la madre ha estudiado más o hasta
4° año de educación media. En 2005 son 10 mil las menores embarazadas en la
educación pública. Si bien se observa que ha aumentado la población es debido a
que la ley las protege, ya que hoy no pueden ser expulsadas de los
establecimientos educacionales por su condición de madres.
La inversión en educación entre 1989 y 1999 aumentó un promedio anual de 9,7%
y uno acumulado de 151,7%. En los noventa la educación básica vio incrementada
sus arcas en un 57% aproximadamente.
Al 2002 la inversión en infraestructura para llevar a cabo la Reforma y Jornada
Escolar Completa, llegó a los 177 mil millones de pesos. La distribución de textos
escolares asciende a más de 11 millones al 100% de los colegios municipales y
subvencionados.
Al 2002 la JUNAEB25 reparte 1 millón 500 mil raciones diarias para el programa de
alimentación escolar. Con lo que se benefician unos 96 mil alumnos de kinder y
pre-kinder. Al igual que 5 mil estudiantes de colegios con índice de vulnerabilidad
escolar (un 70%), cuentan con desayuno y almuerzo.
En cuanto a becas, al 2002 son 12.984 las que se entregan para la educación
básica a niños de ascendencia indígena y 7.868 para la media. 1.080 becas
“Primera Dama” para alumnos de zonas extremas y 10 mil para alumnos en riesgo
de deserción escolar en la media.
Entre los desafíos que tiene Chile hoy en materia educacional, debemos sostener
que no basta con aumentar la cobertura, sino que mejorar la calidad de ésta y la
equidad de la educación. Los alumnos no están aprendiendo lo necesario y este
aprendizaje es notoriamente más bajo en los sectores más pobres y rurales del
país.
24 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación prueba que se aplica a nivel nacional, una vez al año, a todos los alumnos del país que cursan un cierto nivel, el cual va alternándose entre 4º Básico, 8º Básico y 2º Medio.25 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Organismo descentralizado de la administración del Estado creada por ley N° 15.720, es la institución responsable de desarrollar acciones tendientes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación de los estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica.
44
En 1990 uno de cada dos niños se encontraba en situación de pobreza. En 1998
desciende a uno de cada tres. En el 2000 416.757 niños en la extrema pobreza y
1.005.243 viven en pobreza, es decir, uno de cada cinco. En 2003 existen un 7%
de niños indigentes en la zona urbana y un 9,3% en la rural.
Más de un 70% de los niños ha recibido algún tipo de maltrato por parte de sus
progenitores. Un 25,4% declaró haber sufrido una violencia grave. Más del 74% de
estos abusos son contra menores de 18 años. Según Investigaciones por cada
caso de abuso sexual denunciado existen 6 no denunciados.
Unos 196.104 niños chilenos de entre 5 y 17 años deben trabajar para ayudar a
sus familias y más de la mitad (107 mil) lo hacen "en condiciones inaceptables",
afirman desde el gobierno. Trabajar así "significa que carecen de sus derechos
esenciales, como el acceso a la educación, al descanso y la recreación", precisó
el ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic al diario “La Tercera” en junio de 200526.
Los 107 mil menores que viven en esas condiciones equivalen al 3% del total
nacional correspondiente a ese tramo de edades, precisan en el ministro, que citó
cifras de un estudio realizado el año pasado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE). Según el ministro del Trabajo, el 80% de los niños que trabaja
proviene de familias pobres, cuyos jefes de hogar no han completado su
educación básica, por lo que se produce un círculo que perpetúa la situación de
pobreza de esas familias. El ministro de Educación Sergio Bitar, en esa misma
ocasión, indicó que "la escolaridad más larga posible, es el mayor escudo de
protección de nuestro niños", aludiendo que el gobierno trabaja en un proyecto
para asegurar la educación gratuita hasta los 18 años. Según el estudio del INE,
las ocupaciones más frecuentes de niños y adolescentes que realizan trabajos
inaceptables en las ciudades, son las de vendedor, mesonero y empaquetador de
supermercados, en jornadas que a veces alcanzan las 14 horas diarias.
También hay proporciones importantes de niños que cuidan vehículos en
estacionamientos, en la construcción, como albañiles o ayudantes de obreros
especializados o como cargadores. En las zonas rurales, casi la totalidad de los
casos se concentra en labores de recolección, siembra y venta de productos
26 Las declaraciones las dio en la conmemoración del "Día Mundial contra el Trabajo Infantil", establecido por la Organización Mundial del Trabajo (OIT)
45
agrícolas y cuidado de animales. De los niños que trabajan en Chile, 131.672 son
varones y 64.432 del género femenino.
Una cifra cercana al 60% compatibiliza el trabajo con los estudios y de ellos un
31,5% no asiste a la escuela, versus, un 2,4% en el caso de aquellos que no
trabajan. Esto es bueno considerarlo a la hora de evaluar si el derecho al
desarrollo personal y recreacional es positivo entre los niños.
2,5% de la población infantil es discapacitada. En las que la deficiencia para ver y
la mental son las más frecuentes: 44,8% En la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI), del total de atendidos en 1999, el 1,5% corresponde a párvulos
con necesidades especiales.
En los hogares hasta 1991 existía únicamente un régimen de internado. Hoy se
permite una atención ambulatoria. El sistema de protección basado en la ley de
menores presenta deficiencias estructurales que no pueden ser resueltas sin una
reforma integral. Los principales problemas en el sistema de atención son: La
existencia en los centros de protección de la infancia que podrían recibir atención
en medio abierto (en situación de pobreza), sin desarraigos de su medio familiar y
comunitario que muchas veces se traduce en desprotección de los niños. La
masividad de la atención residencial suplió la carencia económica de los planes
gubernamentales, pero con esto los niños no han salido de situaciones de
violencia.
En la red de atención para infractores menores de 18 años, aún se encuentran
adolescentes que no han cometido delitos, sino que “desajustes conductuales”, y
que carecen de garantías mínimas, como la duración de las medidas, la revisión
periódica de sus causas y el derecho a la defensa jurídica.
46
En materia de iniciativas legales27 en 1990 la meta era reformar la legislación
familiar y la ley de menores; cumplir con la Convención de la ONU en la materia y
mejorar la atención y gestión de los servicios dependientes (Servicio Nacional de
Menores, SENAME28)
En sus derechos civiles más del 90% de los niños y niñas son inscritos en el
registro civil al momento de nacer, existe sí, una fuga no calculada debido a que
no existen registros de niños que son enviados al extranjero al momento de nacer.
Drama que se ve según fuentes de la policía de Investigaciones en muy pocas
ocasiones y en zonas remotas del país. Incluso en el Congreso Nacional descansa
un proyecto de ley que cada vez que se ventila a través de los medios de
comunicación, supone urgencia pero que aún no es publicada. Este proyecto
busca que los recién nacidos queden automáticamente inscritos en el Registro
Civil. Según los informes de prensa e Investigaciones el paradero más común es
Europa, principalmente Italia.
Pese a que desde 1990 hasta 1998 los menores de 16 años ingresados a
unidades penales disminuyó de 8.235 a 2.540, el informe anual elaborado por el
OIP (Observatorio Internacional de Prisiones29), documento titulado “”Niños en
27 Ley de protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas. Derecho a conservar su cultura, idioma e identidad. Ley que los protege del maltrato. Ley de prevención de violencia intra-familiar (1994) Ley de descanso dominical (1996) garantiza compartir un domingo al mes con los hijos. Ley de filiación (1998) Ley de adopción (1999) Ley de delitos sexuales (1999) Amplía la tipificación de delitos, facilita su acreditación, agiliza la atención médica y protege mejor a las víctimas eliminando los careos con los agresores.Ley sobre erradicación de los menores de establecimientos penitenciarios y prohibición de ingresara menores de 18 años a los recintos de adultos. Ley de uso ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y utilización de niños en la producción y tráfico ilícito de estas sustancias.Entre las falencias de estas reglas encontramos que existe una lenta instalación de un enfoque de derechos de la infancia. Asumir al niño como sujeto autónomo y protagonista de su propia historia. Coexistencia con enfoques asistenciales, tutelares y disciplinarios. Por ejemplo: Ley de Menores, el niño aparece como un objeto valioso y peligroso a la vez, que debe ser protegido, controlado y corregido.La persistencia de profundas brechas sociales, económicas, geográficas, educativas, culturales y de calidad de los servicios. Debilidad para encarar temas emergentes: VIH/SIDA, la prostitución infantil, el embarazo adolescente, el maltrato infantil y la drogadicción.28 Red SENAME: 50 mil niños, de los que sólo 7 mil corresponden a adolescentes infractores de la ley. El resto son niños que viven muy diversos problemas sociales en sus familias. Con urgencia en Chile se debe diferenciar el sistema de atención hacia adolescentes en conflicto con la justicia de aquellos que requieren soluciones sociales y no jurídicas.29 La institución citada es una organización no gubernamental (ONG) creada en Lyon (Francia) en 1990. Tiene estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y su finalidad es supervisar a nivel mundial las condiciones de detención de reclusos ydenunciar las violaciones a los derechos humanos que puedan afectarles. En Chile, un corresponsal o representante del OIP es el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).
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Prisión30” devela que en la realidad chilena, las torturas y apremios ilegítimos
contra menores de edad continua bajo el actual proceso postdictatorial.
Tomando como antecedentes básicos las propias informaciones oficiales del
SENAME, el OIP establece en su informe que durante 1995, tres menores
murieron en prisión, encerrados en celdas de castigo en el Centro de
Rehabilitación de San Bernardo, y que Maritza Jeanette Inostroza, de 15 años,
falleció un año más tarde calcinada en la prisión de Puerto Montt al incendiarse el
colchón de su celda. Y, agrega, que un agente de Carabineros mató al año
siguiente a un joven de 15 años que trataba de evadirse de un tribunal de justicia
en Rancagua.
Como expresión de la realidad de que hoy en Chile la tortura aún no sale a “retiro”,
al igual que en dictadura se cometen apremios inhumanos contra los hijos de esta
patria. El informe del OIP sostiene que los menores que son detenidos, muchas
veces por actitudes arbitrarias de la policía, son sometidos a diferentes formas de
tortura en las Comisarías de Carabineros. En efecto, el documento dice: "Los
policías usan colchones para no dejar huellas de golpes en los cuerpos de los
menores. También cubren sus cabezas con bolsas plásticas y utilizan la
electrocución… La privación de comida y la prohibición del uso del baño son
utilizados". “Los
golpes y maltratos son tan habituales que los menores ni siquiera los denuncian.
Estos actos permanecen regularmente impunes”, agrega.
Las condiciones de detención preventiva en dependencias policiales son duras
para todos los detenidos, pero, fundamentalmente, para los menores, ya que
"cuando éstas se prolongan varios días, los adolescentes no reciben alimentos ni
disponen de medios para su aseo corporal e incluso duermen en el suelo". Un
número importante de menores está detenido en cárceles destinadas para adultos.
Al igual que en otros países, la población penal sobrepasa la capacidad de tales
recintos. Las cárceles chilenas tienen 10 mil plazas, mientras que la población
carcelaria llega casi a las 25 mil personas.
La alimentación de los menores, a cargo de la administración penitenciaria, es de
pésima calidad debido al miserable presupuesto que se asigna para ello. Los 30 Este informe analiza la situación carcelaria de los menores en 51 países, incluido Chile y aunque data de 1995 lo citamos ya que la realidad en los últimos años no dista mucho de los alcances emitidos en este.
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siderales recursos que otorga el gobierno son para aumentar los equipamientos
sofisticados y el armamento para elevar la capacidad represiva de los cuerpos
policiales.
Sin aventurar una hipótesis y queriendo salirnos de la problemática que tiene por
objetivo esta investigación, lanzamos como una inquietud el sendero que los
medios de comunicación cimentaron para la sensación de miedo de la
ciudadanía, que incluso se ha transformado en un caballito de batalla de las
lucubraciones de los políticos en plena oferta de campaña.
El informe, con datos concretos, sostiene que "las condiciones de vida en los
centros para menores son muy duras para los allí confinados. Los motines y
rechazos de los menores a prácticas represivas del personal son espontáneas".
Producto de ello, en la ciudad de Coronel tres menores murieron y cuatro
resultaron heridos graves el 19 de agosto de 1996.
La brutalidad represiva de Carabineros hoy es similar a la ejercida en tiempos de
dictadura cuando esta se manifiesta. Los atropellos contra los menores son sólo
una consecuencia de la actitud permanente de los cuerpos policiales. Si bien es
cierto que algunos agentes represores han sido alejados de la institución, la
mayoría no ha sido sancionada administrativamente.
Las palabras que el general director de Carabineros Alberto Cienfuegos dijera al
asumir su cargo respecto de que no existirían carabineros en la institución
vinculados a violaciones de los DD.HH. se hacen humo, ya que a un mes de su
salida del máximo cargo de Carabineros aún existen policías uniformados
involucrados en estos abusos.
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Capítulo 2
INOCENCIA ROBADA
La violencia organizada que pesó sobre los jóvenes de sectores
populares en octubre de 1973 continua bajo un manto de silencio. Entre
los ejecutados está Elizabeth Contreras, una menor de 14 años que al
momento de su muerte tenía un embarazo de 6 meses. Esta masacre junto a
la vivida por José Miguel Valle, desaparecido a sus cortos 15 años, vienen
a reforzar la hipótesis de que Carabineros y el restos de las Fuerzas
Armadas tuvo una misión deleznable: Sentar el terror de Estado en los
sectores marginales inmersos en una sociedad completamente dividida.
No tenían militancia política alguna, pero fueron obligados a vitorear a los
líderes de la izquierda en los cuarteles de Carabineros, "justificando" de
este modo las sendas golpizas y maltratos de que fueron víctimas.
Algunos escasos afortunados lograron salir con vida de la represión policíaca,
para poder contar la historia que marcaría a la postre sus vidas.
Mientras en Argentina la sustracción de menores afecta al líder de la dictadura
trasandina Jorge Videla, en Chile hay 41 menores detenidos desaparecidos
según el Informe Rettig, con ningún responsable tras las rejas y no todos
los casos de desaparición o muerte están cubiertos bajo esta
investigación que buscó en su momento la "justicia en la medida de lo
posible", en palabras del mandatario DC Patricio Aylwin que comenzó el
camino a la transición democrática. El abogado de Derechos Humanos
Hernán Quezada señala que "el caso de los 41 menores que están
desaparecidos en Chile es similar a lo que pasó en Argentina, porque estamos
50
hablando del mismo delito: sustracción de menores, que está condenado en
el país con penas muy graves, que llegan incluso a presidio perpetuo".
El mismo día en que se realizó el Golpe de Estado, una niña de 11 años vio
truncada su vida en su propia casa en calle Coronel N° 9371 en la población
San Gregorio, en Santiago. Un rocket dirigido contra la radio allendista
Corporación, rebotó en la antena y fue a parar en su cuarto, llevándose a
Jeannette Fuentealba Rodríguez e hiriendo de consideración a sus dos
hermanos. Este caso ni siquiera ingresó en los anales del Informe Rettig
como tantos, que por miedo, falta de garantías en la Justicia o simple
desconocimiento, sus familiares no quisieron exponer, aceptando el
doloroso luto. Hoy la madre de Jeannette quiere justicia. "Me costó
demasiado comprender todo, cuando quise hablar de esto llegada la
democracia caminaba hacia la Agrupación, y un civil se me acercó para
preguntarme qué a dónde iba. Le respondí y me hizo irme, el pánico volvió a
mí por eso ahora vuelvo a retomar fuerzas para conseguir justicia". Lo
único que recuerda Filomena Rodríguez madre de la menor que terminó con
esquirlas en su espalda y el sueño de su hogar desplomado en gran parte, es
que a los meses de sucedido el hecho llegó hasta su casa una asistente
social31 que dio pie a una investigación, pero que no llegó a nada. "Ella
quería saber cómo había quedado la casa y las condiciones en que había
muerto mi niña, según ella por accidente un avión de la Fach golpeó con uno
de sus cohetes mi casa, y por eso andaba con un hombre que hablaba como
extranjero y vestía un mameluco con muchos bolsillos", declara Filomena
Rodríguez. "Esto sólo nos hace suponer que se trató de un aviador
estadounidense de los que habían llegado para reforzar a las FF.AA.
nacionales por lo complejo y selectivo de los ataques que debían realizar", dice
Patricia Silva presidenta de la AFEP.
31 Se llama Aurora González quien en octubre de 1971 ejercía como asistente social del consultorio de la población San Gregorio a cargo del Ministerio del Interior en ese momento a la cabeza del General Bonilla y donde su jefa directa era María Elena Espinoza Ruiz, asistente social jefe del Centro Asistencial San Rafael.
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Para las personas que perdieron a sus parientes es más difícil luchar que para
las que aún no saben el paradero de éstas. Silva sostiene que "cerrar el luto
es más fácil cuando sabes cómo fue la verdad y pudiste dar un entierro digno
a tu ser querido", pero advierte que en muchos casos "los familiares no
mostraron ningún interés en denunciar" los actos ilícitos ante la justicia.
El grueso de los casos de menores muertos y desaparecidos fue fruto de
procedimientos apresurados de la policía uniformada, que intempestivamente
asaltó sus casas para detener a los padres y a los menores. Otros casos
hablan de situaciones inverosímiles en que los pequeños simplemente
deambulaban por la calle y de pronto surgía un operativo policial y una bala
terminaba alojada en su cabeza quitándole la vida.
En esa línea, los estudios de Pidee (Fundación para la Protección de la Infancia
Dañada por los Estados de Emergencia), avalados por los escasos datos
obtenidos de las pesquisas judiciales, sostienen que 64 casos de menores son
atribuibles a Carabineros, 37 al Ejército, ocho a la Fuerza Aérea, tres a
Investigaciones, nueve al trabajo conjunto de militares y carabineros, ocho a
civiles principalmente vinculados a Patria y Libertad, uno a la Armada y 53 sin
antecedentes claros. Al mismo tiempo, sólo está acreditado un caso en que
la tortura fue la causa de muerte de un menor, mientras que hay 45 casos
en que se produjeron ejecuciones al margen del debido proceso y 34 casos
de violencia política.
Por tramos de edad, los antecedentes señalan que existen 20 casos de
menores de seis años muertos; diez asesinados entre los 7 a 10 años y 22
muertes entre los 11 y 14 años. El grueso de los homicidios, 131 en
total, afectó a jóvenes de entre 15 y 17 años. En el grupo de jóvenes de 18
años, considerados penalmente como menores, hubo 90 muertes.
Octubre Rojo en la Santa Adriana
Los tenues rayos de sol entraron displicentes por una improvisada ventana,
golpearon un deteriorado espejo y se detuvieron en el rostro de José Joel Valle
52
Campos. Fue la primera señal que le anunciaba un arduo día de trabajo.
Sumido en profundo letargo, el obrero de 38 años se incorporó despacio
para no despertar a su mujer. Estaba extenuado por la larga jornada del día
anterior. Tras tomar un contundente desayuno, se dirigió sigiloso hasta la
habitación de su hijo. No dio más de 20 pasos: la vivienda era precaria y
pequeña. Observó atento por unos segundos como el delgado y menudo
cuerpo de su único retoño se retorcía adormecido entre las sábanas. Unas
compulsivas ganas de estrecharlo fuerte entre sus brazos lo
embargaron. Se contuvo. Posteriormente salió de su casa para trasladarse
a laborar. Era la mañana del 17 de octubre de 1973 y sería la última vez
que Valle vería a su hijo.
La tediosa rutina de José Joel le impedía detenerse a observar
rigurosamente el entorno de la población Santa Adriana, comuna de Lo
Espejo. Todos los días caminaba raudo desde su hogar ubicado en el callejón
Lo Ovalle N° 2813, hasta la Gran Avenida General Carrera, donde abordaba
la locomoción colectiva hasta la Feria Agropecoop. Por eso las endebles
chozas (construidas negligentemente con maderas cubiertas de plásticos y
techumbres de fonolas raídas) que se desplazaban de manera azarosa por el
sector, borraron con sudor campesino el rastro de un otrora bucólico paisaje
agrícola, apenas eran perceptibles a su vista. El trabajador sólo apuraba los
pasos dejando su cansada huella en las polvorientas calles de la población.
Tal vez rememoraba con nostalgia. Evocando ensimismado aquella década
del 60, cuando emprendió un viaje desde Pitrufquén, en la VI Región,
hasta la Capital, impulsado por el sueño de un futuro esperanzador para su
familia. Quizás sólo se configuraba en su mente la imagen de un día agotador
en la empresa.
En la Santa Adriana se respiraba un aire distinto. Represivo. Las rudimentarias
calles y pasajes estaban desolados. Casi fantasmales. Ya no se escuchaba a
diestras y siniestra el ingenuo y descontrolado alboroto infantil. Los adultos,
con justa razón, no los dejaban poner un pie fuera de las casas. Hasta ellos
53
procuraban no salir de sus hogares. Y es que un brutal y siniestro suceso
había quebrantado violentamente la cotidianeidad del sector hacía poco más
de un mes. Cerca de las 11:00 horas del 12 de septiembre de 1973, Sonia
Isaura Norabuena, una conocida vecina del sector, de 34 años y madre de
seis pequeños hijos, salió de compras desde su casa en e! Callejón Lo Ovalle.
Era su rutina. Cuando regresaba a su hogar, efectivos militares que
custodiaban el Puente Ochagavía sobre el callejón, efectuaron algunos
disparos, alcanzando uno de estos a la joven madre. Pocas horas más
tarde falleció en un hospital de la zona sur de la capital. Su certificado de
defunción señala como causa de muerte "perforación de órganos, como
consecuencia de herida a bala". Junto a la víctima, que se encontraba
embarazada de seis meses al momento que se extinguió su vida, un
adolescente del sector fue herido gravemente por un proyectil.
Milagrosamente, sólo resultó herido.
El miedo se apoderó de la población. Era omnipresente e incontrolable.
En definitiva, era el corolario de la etapa más oscura de la dictadura: La fase
terrorista. Este período se caracterizó por la brutalidad con que actuaban
los dispositivos de seguridad del incipiente Régimen. Los asesinatos
premeditados y las muertes denominadas "azarosas" eran pan de cada día
en todo el país. Y el solo hecho de poner un pie afuera de las casas era un
riesgo que pocos se atrevían a tomar. "Durante los primeros días de la
dictadura, llegaban patrullas policiales en cualquier momento y comenzaban
a allanar las casas. No preguntaban nada. Llegaban y entraban a las casas
desordenando todo. Buscaban, según ellos, armas. Era cosa de todos los
días. De hecho, a la mía entraron como cinco veces, pero no encontraron
nada, absolutamente nada", recuerda con una nostálgica sonrisa la
dirigenta de la junta de vecinos N° 24 de la Santa Adriana, María Cárdenas.
La etapa terrorista, que tuvo su inicio en los albores de la dictadura, se
caracterizó por la crueldad con la que actuó el gobierno de facto. De hecho,
este período fue apodado como el "endurecimiento de octubre". Fue
54
durante este mes que, por ejemplo, partió desde Santiago la
denominada "Caravana de la Muerte", comitiva comandada por el
coronel Sergio Arellano Stark que recorrió el norte y sur del país, dejando el
oscuro saldo de 72 víctimas: Cuatro en Cauquenes, 26 en Calama, 14 en
Antofagasta, 13 en Copiapó y 15 en La Serena. Una etapa que se caracterizó
por cumplir las órdenes sobre la base del terror.
El terror, según el sociólogo Tomás Moulián, en el contexto de una
dictadura revolucionaria tiene varias características y se puede utilizar con
distintos fines. "E/ terror es la capacidad que tiene un Estado de actuar
sobre los cuerpos de los ciudadanos sin tener que reconocer límites en la
intensidad de las intervenciones o de los daños y sin tener que enfrentar
efectivas regulaciones en la determinación de los castigos o prohibiciones.
Terror es la capacidad absoluta y arbitraría de un Estado de inventar, crear y
aplicar penas o castigos sin más límites que las finalidades que se han
definido32" Pero este terror, que se dejaba ver en toda su magnitud en los
comienzos del Régimen, no quebrantó la rutina de José Joel. Aunque el
temor de que la vida de algún integrante de su familia fuera injustamente
extinguida por una bala "loca" le azotaba el alma, no faltó ese día a
trabajar. En realidad, no se había ausentado nunca desde que fue contratado
en la empresa. Y a pesar de que no habían mejorado las condiciones de
vida desde que llegaron desde Pitrufquén, no podía darse el lujo de
arriesgar un trabajo que hasta el momento era estable. Él, era el pilar
fundamental de su hogar. El único sustento... Y lo tenía claro.
Cerca de las 9:30 horas la esposa de Valle, María Pérez Lillo, le avisó a su
hijo que saldría a comprar algunos alimentos para preparar el almuerzo del
día. En la casa sólo quedó el hijo único del matrimonio que estrechó sus
lazos un 29 de abril de 1959. Ocho meses más tarde, el 12 de diciembre del
mismo año, nació su primogénito: José Miguel Valle Pérez.
32 MOULIÁN, Tomás. 1997. Chile Actual: Anatomía de un Mito. Santiago. Ed. Lom – Arcis.Pág22
55
El joven delgado y de pequeño cuerpo, con una sutil tez morena y ojos café
diáfanos de ingenuidad, decidió levantarse. Se vistió con un pantalón gris,
camisa celeste de manga larga y se puso tranquilamente sus habituales
zapatillas blancas de lona. Debido a que en el primer trimestre había
presentado bajas calificaciones, el joven de 15 años optó, con la venia de
sus progenitores, retirarse de la Escuela General Básica N° 58, donde
cursaba Séptimo año, y por eso se encontraba desocupado. "Mi hijo estaba
buscando trabajo por esos días. Aunque la situación económica estaba un poco
mejor, igual nos hacía falta un poco más de platita. ¡Cómo a todos, nomás!.
De hecho, cuando estaba estudiando, trabajaba en cualquier cosa para
ayudarnos", declaró, meses más tarde de la desaparición en los tribunales,
el padre del menor.
En el interior de la casa, el menor sintió un estridente ruido de disparos.
Aunque por esos días era común escuchar estallidos de balas en el sector,
estos de todas maneras despertaron de su letargo a José Miguel. Intrigado,
salió a husmear en las calles de la población. Pero nunca se imaginó la
amarga experiencia que comenzaría a vivir en un par de minutos. Era el
principio de un lento y doloroso calvario para la humilde familia Pérez Valle. A
pocas cuadras del hogar de Valle, tres jóvenes -todos menores de edad- se
encontraban al interior de un jeep policial de color verde. Sólo un par de
minutos atrás habían sido detenidos por dos carabineros que se
movilizaban en el sector. Los tenían esposados y con las culatas de sus
escopetas les propinaban fuertes golpes en distintas partes del cuerpo.
Repentinamente, uno de los policías dejó de azotar a los
aprehendidos, se dio media vuelta y divisó de lejos a José Miguel, que se
encontraba parapetado en una muralla observando atónito la bestial golpiza.
El efectivo comenzó una vehemente carrera en dirección al menor, quien, al
percatarse de la persecución, comenzó a correr hacia su hogar, donde logró
refugiarse. Pero la suerte no estaba con él ese 17 de octubre. El policía, al
advertir que había escapado, pateó duramente la puerta de entrada y logró
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derribarla. Entró desesperado, desarmó la casa entera, hasta que lo encontró
escondido tras un precario ropero. Para reducirlo, tumbó a Valle en el suelo,
lo esposó y luego lo arrastró por el suelo desde la casa hasta introducirlo de
cuerpo entero dentro del jeep. Allí golpearon implacablemente a los tres
menores. Más tarde otros dos jóvenes de la misma población correrían la
misma suerte.
"Lo sacaron a la fuerza de la casa. Lo forcejearon tanto que le rompieron
parte de su ropa. El policía lo arrastró por el suelo desde la casa hasta el jeep,
mientras lo golpeaba con la culata de su escopeta o carabina, no sé lo que
era, y con sus manos. Le pegó mucho, demasiado, y el niño apenas podía
gritar. Allí lo subieron al jeep, creo que lo esposaron y desaparecieron.
Actuaron con mucha crueldad. Si el niño sólo estaba mirando cuando lo
pescó este desgraciado", contaría meses más tarde un testigo en los
tribunales. Una mujer, que se identifica como Marcela L, relató para esta
investigación que vio que el automóvil policial estuvo detenido en la zona
durante unos 20 minutos. Posteriormente se habría esfumado por las calles
de la población. A José Miguel nunca más lo vieron sus padres.
"En ese tiempo, yo era un poco mayor que ese niño. Yo lo conocía bastante,
era muy tranquilo y jamás estuvo involucrado en algún problema. Al
contrario, ayudaba a sus padres a mantener la casa. Todos los fines de
semana, mientras los cabros de acá estaban tomando copete, él andaba
trabajando en una feria que se instalaba cerca de la población", asegura
Marcela L.
La testigo, que aún sigue viviendo en la Santa Adriana, agregó que "de los
otros cabros que estaban arriba, no puedo decir nada. Sólo sé que uno de
ellos andaba metido en cosas raras. A ese cabro nunca más lo vimos".
Matanza en el Puente Bulnes
14 fueron los detenidos llevados a la ribera del Mapocho, que desde el golpe
comenzó a tener una inusitada forma de hacer "justicia". Ese lugar que más
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bien parecía un vertedero, el régimen de facto encabezado por la Junta Militar
decidió convertirlo en un paredón de fusilamiento6. Arrojando como quien
tira una basura al tacho a jóvenes sin militancia política, adolescentes con
una mermada posibilidad de surgimiento social, en definitiva inocentes que
vieron coartada su vida envueltos en un mar de atrocidades represivas,
aplicadas por agentes de Estado que, creían tener en sus manos la verdad,
cuando llevaban a simple vista una metralleta cargada. A Jaime Max Bastías
y a Elizabeth Contreras Díaz, junto a otros amigos los habían detenido esa
misma tarde en el restaurante "El Sauce" ubicado en calle José Luis Coo, en
Puente Alto, donde un grupo de trabajadores de una feria libre esperaba
noticias del paradero de los restos de Carlos Duque Duque, también
feriante, quien había sido ejecutado por carabineros de la comisaría de Puente
Alto cuando -según versiones de prensa de la época- intentó fugarse de sus
aprehensores el viernes 11 de octubre de ese año. Sus compañeros de
feria -5 ó 6-, estaban reuniendo fondos para su funeral y organizándolo.
Fue entonces cuando entró una patrulla de Carabineros y procedió a detener
al grupo y a otros "indeseables". "A todos nos sacaron del local con insultos y
culatazos", estaban en la quietud de compartir en una quinta de recreo, eran
las 16:20 "yo estaba con mi hermano Jaime y varios amigos, de repente
ingresaron cuatro carabineros con cascos y metralletas", narra Luis
Bastías, quien presenció estos hechos. Fue detenido junto a Jaime Max, su
hermano de tan sólo 16 años. Luis no corrió la misma suerte. Se salvó de
lo que el destino o sus captores hayan decidido para Jaime. Lo habría salvado
según sus propios dichos el "ser conocido de los carabineros de Puente Alto",
que por esos años era un pueblo con características rurales. Trató de
interceder por la libertad de Jaime, pero fue en vano, se le dio una última
6 Los ejecutados fueron: Luis Miguel Rodríguez Arancibia (22), Aifredo Andrés Moreno Mena (23), Luis Alberto Verdejo Contreras (26), Luis Humberto Toro Vidal (16), Luis González Lazo (20), Luis Segundo Suazo Suazo (20), Leónidas Eiizabeth Contreras Díaz (14), Jaime Max Bastías Martínez (16), Domingo de la Cruz Morales Díaz (20), David Oliberto Gayoso González (18), Mario José Matus Santos (18), Luis Armando Toro Toro (18). Según el abogado Alberto Espinoza Pino, ese mismo día abrían ejecutado a avrios más correspondientes a otras comitivas de otras comisarías, según versión contada por González Plaza.
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oferta, de "el Chino" que le dijo "arriba o abajo". Bastías dice haber visto
entre esos cuatro funcionarios policiales a Rubén Barría, cabo primero que
estaba al mando en el momento que se ejecutó la arbitraria detención. Luego
de ser insultados y golpeados, eran subidos a un jeep de color gris (no
institucional), para ser trasladados hasta la 20° Comisaría de esa comuna. Allí
los bajaron sin darles ninguna explicación acerca del motivo de la detención y
sin registrar ésta en los libros respectivos.
Los pasaron directamente al calabozo donde estuvieron tres horas. Elizabeth
de 14 años y con un embarazo de seis meses, fue violada según ella misma
alcanzó a contarle a Luis Abraham González Plaza, único sobreviviente de la
matanza de aquel 12 de octubre de 1973, en el que irónicamente se
celebraba el día de la raza, día en que un civilizado pisó las tierras de los
desalmados.
En Chile, por esos tiempos no cabía la celebración de ningún tipo, ya que la
Junta Militar hacía todo lo inhumano para atemorizar a la ciudadanía sobre
todo en los sectores populares, para así evitar una revuelta en estas
poblaciones que tenían un alto grado de organización y donde los
movimientos de izquierda llevaban un arduo trabajo con los dirigentes locales.
Como a las 19 horas son trasladados hasta la 4 o Comisaría de Santiago,
situada entonces en calle Chiloé, entre Victoria y Pedro Lagos, en pleno
centro capitalino. Nuevamente son pasados al calabozo sin interrogarlos
ni identificarlos, sufriendo otra vez la menor Leónidas de abusos sexuales
por parte de carabineros. Cuando la noche ya había caído sobre la capital, un
carabinero manifestó a viva voz que serían llevados al Estadio Nacional, donde
el grito de gol estaba siendo callado por los quejidos de dolor de torturados.
Sin embargo, otro funcionario policial, también a viva voz, pero con
hambre de muerte dijo, "estos son patos malos de Puente Alto, hay que
fusilarlos". Los sacaron de los calabozos, los volvieron a subir y poner de
cara al suelo sobre esos tres jeeps policiales, que marcharían como otra
caravana de la muerte en ese octubre rojo de la historia reciente.
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"Nos sacaron después del toque de queda, pasadas las diez de la noche en
los mismos vehículos, fuimos trasladados por la misma comisión y el mismo
oficial al mando", cuenta González Plaza.
Antecedentes de una Masacre
Rolando César Morales Fernández tenía el grado de Capitán de Carabineros
subrogando al jefe de la Segunda Comisaría de Puente Alto. En declaración a
la Justicia, Morales dijo que ese 12 de octubre de 1973 no estaba seguro de
que un oficial le comunicara que llegó el capitán Fernando Valenzuela Romero
o éste se había presentado ante él.
El capitán Fernando Valenzuela se paseaba sobre su jeep con gente a su
cargo, relata Rolando Morales quien se desempeñó como jefe de la 20°
Comisaría de Puente Alto el día de la raza. Dice haber recibido una llamada
en que se le informó que haría unas diligencias en la comuna, sin decirle de
qué se trataban estas extrañas diligencias, que sonaban más a papeleo
que los hechos que por aquellos momentos nuestro país aceptaba y
resistía.
Para sorpresa de Morales, luego se enteró de qué se trataron esas diligencias,
reportando que se habían detenido a algunas personas, las que no tiene
certeza pasaron o no por su unidad. Sabemos hasta esta altura del relato
que, Leónidas Contreras fue violada en la comisaría a su cargo, y que uno
de sus captores podría haber sido quién engendró esa vida que también
terminó drásticamente acompañada de su madre, unidos por el cordón
umbilical que al ser cortado representa nuestra primera herida. Como se
hubiere llamado, no alcanzó a dibujarla en su vida, como ninguno de los
dolores que nos depara la vida, simplemente no tuvo derecho a vivirla.
Morales al conocer ésta y otras historias quizá se haya desentendido con un
frío no dar cuenta de los resultados de esas diligencias. El hasta ahora único
60
responsable según el juez Daniel Calvo, es Rubén Barría, "el Chino", que
según Pedro Verdejo, hermano de uno de los ejecutados y que al momento de
la detención se encontraba jugando pool frente a la quinta "El Sauce",
según una información que le dio un carabinero, su hermano iba a ser
trasladado al Estadio Nacional, pero que habría comprado su libertad a Barría,
por unos E° 50.000. "Al par de días supe que Carabineros había matado a
mi hermano, fui a la morgue y lo vi sin vida". También reconoce haber visto a
Leónidas, "fueron ambos claramente acribillados a balazos". Fernando
Valenzuela reconoció en Tribunales haber participado junto a Rubén Barría
en un grupo operativo de la Cuarta Comisaría de Santiago, y expresó que
fue él quien autorizó a Barría para ir a Puente Alto a ver a sus familiares.
De ahí regresó con unos detenidos, entre los cuales había una menor dice
Valenzuela, pero se desliga de responsabilidades al aseverar que "no
teniendo más justificación que el capricho de Barría, todos debían quedar en
libertad". Ahora la versión que sostendrá Barría será que junto a Valenzuela
llevó a estos detenidos hasta la Subcomisaría Rogelio Ugarte, pero al no
contar con capacidad para alojarlos Valenzuela Romero le diría que los
trasladara al Estadio Nacional; sin embargo su superior jerárquico inmediato,
cabo Canelo, le habría ordenado dejarlos libres en calle Vicuña Mackenna.
Durmiendo con el Enemigo
El estruendoso Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 sembró el
terror político en todos los puntos del país. En apenas unas pocas horas, el
conflicto social que permeaba a la sociedad chilena antes de la bofetada
militar, fue definido como una "guerra", y el concepto de "enemigo interno"
junto a la Doctrina de Seguridad Nacional, fueron aplicados a través de la
nación completa. El "enemigo interno" era el comunista, el marxista, el
socialista, el subversivo, por cierto, cualquiera que -según los militares-
constituyera un desafío al orden establecido7.
7 MOULIÁN, Tomás. 1997 Chile Actual: Anatomía de un Mito. Santiago de Chile, Ed Lom – Arcis. Pág. 5
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Las "poblaciones marginales" no se libraron de la violencia del poder central.
Éstas eran epicentros de luchas populares y, por lo mismo, desde los
albores del Régimen estuvieron sujetas a duros y arbitrarios
allanamientos por parte de los subrepticios y macabros dispositivos de
seguridad.
La dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, se había propuesto desarticular a
las cúpulas disidentes y bien sabían que éstas operaban en los sectores
periféricos de la ciudad. Pero la Junta de Gobierno había proyectado una
misión mucho más sombría: Una verdadera "limpieza social", que en su
esencia no distinguía sexo ni edad; profesión u oficio. El macabro cometido
se materializaba en diversas poblaciones marginales de la capital, dejando
una indeleble huella de sangre y horror.
"El gobierno de Salvador Aliende Gossens ganó muchos adeptos en las
poblaciones que denominaban como 'marginales'. Allí operaban grupos como
el MIR o el MAPU, y por eso fueron atacadas con tanta crueldad. Pero,
además, hubo una clara discriminación y estigmatización de estos
sectores. Y a los que vivían allí, a los pobres, a los distintos, había que
eliminarlos", explica el sociólogo de la Universidad de la República, Carlos
Fuentes.
La Santa Adriana fue una de las que sintió con mayor fuerza la maquinaria
represiva. La población, ubicada en la comuna de Lo Espejo, nació a
mediados de la década del '60 en el marco de un proyecto de viviendas
impulsado por el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. El
gobernante DC pretendía llevar a adelante un vasto plan de promoción social
de los sectores populares, con el que proyectó una extensión de los servicios
estatales de educación y salud e intentó llevar a cabo un ambicioso plan
habitacional. De esta manera, se construyeron poblaciones en diversos
puntos de la periferia de Santiago. Una muestra de esto es el sector Sur-
poniente, donde surgen "José María Caro", "San Gregorio", "Lo Valledor
norte y sur" y la " Santa Adriana", situadas una junto de otras. "En su
62
conjunto, este sector llega a contar con 200 mil pobladores, los mismos
que por sus características y por su ubicación geográfica en la ciudad,
forman parte del nuevo mundo al que muchos dieron el nombre de
'marginal', concepto que pasa a constituir una teoría que está a la base de
una larga polémica8" Pero este período, además, marca una nueva etapa en la
constitución del Movimiento de pobladores que, por su articulación con el
conjunto de las luchas sociales, dan lugar a una nueva acción que poco a
poco se fue dinamizando y politizando.
Muestra de esto es la marcada injerencia de! Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) en las poblaciones del sector Sur de la Capital.
Eduardo Frei había accedido al poder con el apoyo de los Partidos
Conservador y Liberal, pero fundamentalmente con los votos de importantes
sectores de obreros, campesinos y capas medias que permitieron a la DC
obtener 1.409.012 votos contra 977.902 del candidato Socialista Salvador
Allende, que provinieron básicamente de los sectores populares. Es decir, en
las elecciones presidenciales de 1964 se expresó un anhelo de cambio de la
mayoría de la población explotada y oprimida, por encima de los acuerdos de
las cúpulas políticas.
A poco andar, después de que Frei promulgara su mediatizada
chilenización del cobre y su menguada Reforma Agraria 9, los trabajadores
del campo y la ciudad -que se habían esperanzado con las promesas de la
DC- comenzaron a radicalizarse, junto a las bases y el ala izquierda de los
Falangistas, promoviendo un proceso de luchas sociales, en el cual se
insertaron los militantes y la política concreta del MIR y del ala izquierda
socialista que alcanzó acuerdos revolucionarios en el Congreso de Chillán.
Fue en este período que el MIR atravesó por un momento de
reestructuración orgánica, de homogeneización política y de crecimiento
8 SOTO, Carlos. Tres Tiempos para la Historicidad de los Pobladores Organizados. 2002. www.cgf.udechile.cl 9 Proceso iniciado bajo el mandato del presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) por petición de su homónimo estadounidense Jonh F. Kennedy
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en sectores populares. En la Federación de Estucadores emergió como líder
el obrero Juan Ramos; en la Confederación Nacional de Trabajadores de
la Salud fueron elegidos los miristas Norman Gamboa y Héctor Villalón; en
una fábrica textil y luego de cueros y calzado salió electa María Concha.
En el Frente de Pobladores, en tanto, Víctor Toro continuó liderando nuevos
movimientos, mientras que en la Población Santa Adriana la mirista Herminia
Concha tuvo un reconocimiento a sus luchas al ser elegida dirigenta el 28 de
agosto de 1966. Comenzaba así un nuevo ciclo en la población; un
complejo proceso de reivindicaciones y luchas sociales.
Cuarteto de la Muerte
Se formó una caravana de cuatro jeeps Land Rover al mando de! capitán
Fernando Galvarino Valenzuela Romero. La patrulla ejecutora estaba
integrada, entre otros, por los cabos Héctor Arnaldo Valenzuela Gatto y
Osvaldo Rubén Berríos Igor, "el Chino" que según el abogado de DD.HH.
Alberto Espinoza que lleva la causa contra el ex carabinero, se trata "de una
persona siniestra que no imprime en su rostro ningún atisbo de
remordimiento". "Los familiares de los caídos saben que varios integrantes
del dispositivo se suicidaron, presumiblemente por el peso de la culpa de ésa y
otras matanzas" cuenta el periodista Raúl Blanchet.
Pedro Verdejo hermano de Luis -uno de los ejecutados-, dice que vio como
Rubén Barría subía a su hermano a un jeep, junto a otras personas y
cuenta que una vez le vio borracho al "Chino" contando sus heroicas
hazañas, "a viva voz confesó que había matado a mi hermano".
Los llevaron apilados hasta la ribera del río Mapocho, en un basural cercano al
puente Bulnes, los hicieron descender y cuando todos estaban en medio de
la basura un carabinero dio la orden de arrancar y simultáneamente el
capitán gritó "¡Mátenlos!", dándose inicio a la balacera por los cuatro
carabineros de Puente Alto, donde uno está completamente identificado por la
Justicia como Rubén Osvaldo Barría Igor. Según informes del Servicio Médico
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Legal (SMS), Barría presentaría un deterioro psicorgánico sobre una
personalidad anormal (tipo necesitado de estimación) y una posible neurosis
de renta. "Nadie pudo arrancar, porque los balazos eran una verdadera lluvia",
dice Luis González Plaza. "Nos gritaron ¡corran!, pero qué íbamos a correr...
como tres o cuatro metros. Ahí nos dispararon y muchos cayeron al río, tal
como yo. Me quedé sin movimiento", cuenta. El cuarteto de Carabineros se
quedó en el lugar durante unos quince interminables minutos, rematando a los
supervivientes que habían quedado heridos, dándoles un tiro de gracia en
la cabeza, como quedó registrado en el certificado de defunción de
Elizabeth Leonidas Contreras. Su causa de muerte: Una herida de bala
cráneo encefálica.
En los documentos que hoy se pueden encontrar en el SML, Elizabeth
Leónidas no aparece como embarazada y su cuerpo fue extraído de ese
recinto por Luis Haroldo Olate Guzmán, quién en el momento de retirar el
cuerpo señaló ser su tío. Luis González cayó gravemente herido entre los
muertos y agónicos. Entre estos últimos, algunos se quejaban. González se
encontraba inmóvil con cuatro heridas a bala que lo alcanzaron en un
hombro, pierna izquierda a la altura de la rodilla y otra a dos milímetros de la
columna vertebral en la región lumbar, todas con salida de proyectil. "Vi que
bajó un carabinero y sentí que empezó a disparar la pistola, rematándolos. Fui
golpeado con el pie en las costillas dándome vuelta y por la sangre de las
heridas me dejaron allí. Y ahí quedé sin movimiento. No sé si el de arriba
me estaba ayudando para poder hacer eso". Lo dieron por muerto y, al
igual que a todos los cadáveres, le pusieron en la espalda una etiqueta
autoadhesiva que decía "Carabineros de Chile", como una suerte de chapa
que hasta ese momento, al menos, evidenciaba la responsabilidad de la
institución tras las muertes.
La noche anterior a la matanza, Ismael Rodríguez pernoctó en la casa paterna.
Compartió cama con su hermano Luis y durmió abrazado a él, sin imaginar lo
que ocurriría 24 horas después. Recuerda como un hecho curioso la necesidad
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que sentía de abrazarlo esa noche del 11 de octubre, a sólo un mes de
perpetrado el golpe de Estado. Ismael tenía 23 años, Luis 22: dos de los seis
hermanos, cuatro hombres y dos mujeres de esta familia de Puente Alto.
Tras la detención masiva del 12 de octubre, crecieron los rumores acerca del
destino de los detenidos. Se decía que los habían matado; otros, que sólo
fueron torturados. Ismael Rodríguez no pensaba que su hermano estuviera
muerto, se aferraba a la idea de la tortura y que su hermano habría
soportado, "porque era un muchacho fuerte, lleno de vida. Siempre me
aferré a eso hasta que me acerqué a la feria y el hermano de Verdejo me
comunicó que estaban en la Morgue".
Dónde Está José Miguel
Eran cerca de las 10:40 y María Pérez regresaba tranquila de las compras.
Caminaba despacio por el callejón Lo Ovalle, pero a sólo un par de cuadras
de su hogar, dos vecinas de la población la interceptaron súbitamente.
Estaban nerviosas y con la voz quebrantada le anunciaron la noticia que
cambiaría su vida... para siempre: Una patrulla policial había detenido a su hijo
José Miguel y a otros cuatro menores. La mujer no lo podía creer. En un
principio pensó que se trataba sólo de una broma de mal gusto, pero los
rostros acongojados de sus vecinas le anunciaban otra cosa. En un abrir y
cerrar de ojos, soltó los paquetes con mercadería y apuró los pasos hasta su
casa. Allí sería testigo de un desalentador panorama: La puerta de ingreso al
precario inmueble presentaba un forado de grandes proporciones. Al interior de
éste, casi todos sus enseres se encontraban destruidos y dispersos en el piso
que hace poco había dejado de ser de tierra.
La madre cayó de rodillas al suelo y comenzó a llorar exasperada. Estuvo
unos cinco minutos ensimismada. Absorta. Hasta que las mismas vecinas
que le habían informado sobre la detención, la levantaron con sumo
cuidado y a modo de consuelo le dijeron que su hijo volvería luego, que no
se preocupara, que todo iba a estar bien... Pero ninguna palabra lograba
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serenarla. Sacando fuerzas de flaqueza, se incorporó y les propuso a sus
amigas que comenzaran a buscarlo entre todas, que realizaran una especie de
operación peineta por toda la población. Aceptaron de inmediato.
"Cuando llegué a la casa no lo podía creer, la puerta estaba echa tiras casi
entera y adentro las cosas se encontraban tiradas por cualquier parte... Altiro
pensé: ¡Qué le hicieron a mi hijo!... Es desesperante no saber qué ha pasado
con la persona que tu más quieres. Se siente como si el mundo se cayera
poco a poco, como si te faltara la respiración. Es lo peor que he sentido en
mi vida. Eso lo puedo jurar", aseguró la madre en los juzgados.
Durante todo el día recorrieron prolijamente hospitales de la zona y hogares
de menores. Acudieron, además, al Instituto Médico Legal y al Estadio
Nacional, que por ese tiempo funcionaba como el más grande centro de
detención del país. Pero las rigurosas búsquedas fueron infructuosas. En
todos lados recibía ambiguas respuestas, evasivas y una que otra rotunda
negativa. Nadie había visto al menor José Miguel en las últimas horas.
Nada podía aplacar la angustia de la madre.
El padre del menor llegó a su hogar cerca de las 19:30 horas. Estaba
agotado por la jornada de trabajo. En un principio, no se dio cuenta de que
decenas de personas merodeaban su hogar con rostros de preocupación. Fue
uno de estos, sin embargo, quien lo interceptó antes de entrar en su casa y
le dio la noticia. "Fue un conocido del sector quien me dijo que a mi hijo se lo
habían llevado detenido unos carabineros. No alcancé a entrar a mi casa,
pero vi que la puerta estaba destrozada. A esa hora, todos los vecinos
estaban enterados de la historia. Sentí una rabia enorme cuando me contaron.
Fue tanto, que casi le pego a uno de las personas que estaban cerca de
mi casa... Nunca entendí esa reacción", declaró José Joel.
De inmediato fue hasta la Tenencia Dávila de la población para averiguar si
habían sido efectivos de ese recinto los que detuvieron a su hijo. "Me dijeron
que mejor me fuera para la casa y que no siguiera buscando, porque mi
hijo andaba metido en cosas raras. Eso es una mentira, ya que jamás
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participó de una protesta ni menos tenía alguna militancia política. Yo creo
que se lo llevaron solamente porque era pobre".
Esa noche los Valle Pérez la pasaron en vela. Aunque estaban conscientes
de que por esos días los allanamientos y detenciones eran casi parte de
una rutina en la población, el matrimonio aún no podía entender por qué los
carabineros se habían llevado a su único hijo. Buscaban respuestas, hasta el
punto de desear que José Miguel estuviera involucrado en algún pequeño robo
y que por eso se encontraba detenido. Pero nada los calmaba; sólo
encontraban en sus conjeturas una profunda y prematura nostalgia. La
angustia se apoderó de ellos como nunca antes.
Al día siguiente obtuvieron la primera pista sobre el posible paradero de su
hijo. Pobladores del sector acudieron a la casa del matrimonio para
informarles que un menor llamado Juan Carlos Sandoval, había regresado
esa mañana a la población con la ropa sucia, rasguños y contusiones en
diversas partes de su cuerpo. Los vecinos le comunicaron al matrimonio que
Juan Carlos les había asegurado que el día anterior fue detenido junto a
José Miguel y otros menores por Carabineros de la 4° Comisaría. Los policías,
detalló el adolescente, los habrían trasladado hasta un sector de la comuna de
Peñalolén, específicamente a Lo Hermida, pero él habría podido escapar
desde un jeep que los movilizaba, ya que la puerta trasera no se encontraba
herméticamente sellada. Del paradero de los demás menores, dijo no saber
absolutamente nada.
El matrimonio acudió de inmediato donde el menor que vivía en el pasaje 16
N° 6353, en la población Santa Adriana. Allí le solicitaron que corroborara
los datos que había entregado escuetamente a algunos vecinos. Pero el
menor se negó a entregar una respuesta esclarecedora. Al contrario,
argumentó que no sabía nada sobre la presunta detención, absolutamente
nada.
Los padres de José Miguel, al observar que el menor estaba notoriamente
amedrentado, no insistieron en sus requerimientos. Tal vez proyectaron la
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imagen de su hijo en él, y sintieron una extraña compasión, aunque estaban
seguros de que el menor les ocultaba algo. Quizá toda la historia que
necesitaban escuchar.
"A este joven nosotros lo conocíamos poco, casi nada. Lo habíamos visto por
el sector como a muchos otros niños, pero nada más que eso. Cuando
llegamos a su casa él salió a recibirnos vestido con un jeans y una camisa
blanca. La cara la tenía rasguñada, sobre todo una de las mejillas. Como
tenía puesto una camisa de manga corta, pudimos divisar que tenía los
brazos llenos de moretones. Estaba muy nervioso y nos dijo que por favor
nos fuéramos, que no sabía nada. En ese instante sentimos que una voz
que le decía que se entrara, que no hablara con nadie", declaró la madre. Un
par de meses más tarde se enteraron de un hecho que les provocó una
profunda desazón: Juan Carlos había viajado al sur . Según le había
comentado a algunos vecinos de la población, tenía temor a las represalias.
El mundo se les vino abajo a los Valle Pérez. El único testigo de los hechos se
esfumaba con las esperanzas de encontrar a su pequeño con vida. O al menos
de ubicarlo. El único dato que manejaban se esfumaba. No había rastro que
perseguir.
Bitácora de un Sobreviviente
Luis González tenía 19 años cuando sobrevivió a la masacre en el Puente
Bulnes. Tiene en la actualidad 51 años10, relata -luchando con cada palabra-
los sucesos que le llevaron en un viaje de ida y regreso a la muerte. Venía de
concluir su servicio militar y se incorporaba al mundo del trabajo en la feria
libre donde conoció a las otras víctimas.
Es el único sobreviviente de esta masacre con aroma a limpieza social y con
un claro sentido de fundar el terror en las poblaciones populares. "Me arrastré,
pasé por la perrera y atravesé hacia una población que hay al frente, donde
había unos árboles grandes y ahí me metí. Lo único que recuerdo es que
10 Y por antecedentes que proporcionó la Policía de Investigaciones de Chile también figura con antecedentes en su hoja de vida.
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pedía agua porque estaba con tercianas. Me mantenía afirmado en un árbol
donde nadie me veía, tendrían que haber entrado a la población para ver que
estaba ahí. Cuando venía la madrugada, una señora me pasó un chaquetón
de castilla y me fue a dejar. Después ya perdí el conocimiento. Desperté
como a los cinco o seis días en la Posta 3 y lo primero que veo es a dos
carabineros".
Luego de transcurridos seis días, sus familiares lo habían dado por muerto,
sobre todo porque ya habían sido enterrados los únicos seis cadáveres que
recuperaron en el Instituto Médico Legal. Los otros, desaparecieron.
El grupo de feriantes había realizado una colecta que cubría los costos
de un ataúd y los traslados para retirar el cadáver de Carlos Duque desde
la morgue. Inicialmente, el velorio había sido autorizado por tres horas y se
realizaría en una casa particular, lo que finalmente fue denegado. El estado
que presentaba el cuerpo no lo permitía y fue enviado directamente al
cementerio.
Era una comisión especial de Carabineros enviada desde Santiago la que
ingresó al restaurante. Uno de sus integrantes perteneció a la dotación
de la localidad y reconoció entre los feriantes al guardaespaldas de Luis
Osorio -ex Alcalde de Puente Alto- quien era buscado por las autoridades
golpistas.
En la posta se hizo presente Carabineros para establecer por qué González se
encontraba herido a bala "y según el médico que me atendió, en mi
inconsciencia hablé todo lo que había pasado y me dijo que me querían poner
una inyección, lo que él impidió. Apenas se fueron me ofreció llamar a
algún familiar que me sacara de ahí porque él ya no podía hacer nada más
para que no me llevaran". "Mi papá era dirigente nacional de obras sanitarias.
No la quería creer tampoco. Imagínese: de estar muerto a estar vivo... Así es
que se quedaba todos los días y compañeros de él se quedaban en la noche,
hasta que me recuperé bien".
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Trasladado al Traumatológico por las quebraduras ocasionadas en la pierna,
brazo y las lesiones a la columna, permaneció hasta marzo, cuando lo dieron
de alta con la pierna y el brazo enyesados. Asistía a controles periódicos y
siempre había carabineros rondando. Producto de la infección de una herida,
acudió sin ser citado y advirtió que no había policías. Esto lo asustó, y decidió
no volver más a control. Lo comenzaron a buscar y allanaron su casa en varias
oportunidades por varios años. Familiares y amigos no lo dejaban entrar a sus
casas por temor a verse involucrados en su situación.
"Un tío me recibió en el campo, en un predio en Melipilla, y me mantuvo
fondeado en los cerros, nunca supieron dónde estaba". Tras un par de años
empezó a visitar su casa por breves espacios y adoptando toda ciase de
precauciones para no ser visto, precauciones que aún mantiene incluso para
dar entrevistas. No se fue al extranjero por miedo, señala: "No tenía
muchos estudios, una familia de escasos recursos y además que siempre
pensaba en mi papá. Como era dirigente, podía repercutir en él, además de
que tampoco tuve oportunidad de hacerlo". La herida del hombro dejó de
infectarse tan sólo hace tres años, los 27 anteriores, lo hizo de manera
constante, recordándole esa experiencia de dolor y aferrarse a la vida con
fuerza. Asevera que sólo le daban pastillas que no cortaban la supuración,
hasta que un organismo de derechos humanos lo derivó a un hospital público en
1999, donde finalmente fue definitivamente curado de esa afección. "No tenía
siquiera documentos de identidad y mantenía un miedo vivo de
presentarse al registro civil a sacar carné", relata. Demuestra que aún siente
miedo "cuando veo una concentración de gente prefiero irme por otro lado
a pasar por ahí". Y es que durante su juventud era un activo participante
de marchas y manifestaciones, "en mi casa había comité incluso para las
campañas de alcaldes o regidores de ese tiempo".
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La Morgue y el Día Después
Al día siguiente de la matanza en el puente Bulnes, los familiares comenzaron
a buscar a sus familiares, “lo encontré muerto en el Servicio Médico Legal,
con su rostro desfigurado, constaté que su cuerpo y cara estaban l lenas
de heridas de bala", dice un visiblemente emocionado Luis Bastías,
cuando recuerda cómo encontró a su hermano Jaime Max (16) en el
Servicio Médico Legal, con su masa encefálica destrozada por el efecto de las
mismas, como consta en el parte de defunción. Según el Dr. Humberto Rhea,
que prestó servicios en 1973 al Servicio Médico Legal, dice que por lo
menos efectuó entre los días 11 y 15 de septiembre de ese año 15 autopsias
diarias y que incluso tuvieron que llegar facultativos desde Carabineros y las
Fuerzas Armadas para colaborar en las labores pues habían cadáveres incluso
en los pasillos, por esta razón se hicieron de manera somera, es decir "sin un
examen detallado de los cuerpos".Ismael Rodríguez, por su parte, se dirigió
junto a un amigo, una tía y otros conocidos al depósito del Instituto Médico
Legal. Se sentía fuerte para entrar y recomendó a su tía y hermana que se
quedaran fuera del recinto.
"Tai vez fue mi error, porque creo que ése fue el comienzo de todo el
desorden en mi vida. Entré, y era algo terrible, que llevo patente en mi
mente. Esa morgue estaba llena de cadáveres. Los tenían en fila, todos
abiertos, parece que les habían hecho la autopsia. Había niños, mujeres,
ancianos y al fondo había cerca de cinco pisos de ataúdes, dispuestos de
modo que permitía verles las caras y todos ellos marcados como NN".
Su amigo Emilio encontró a su propio hermano. Junto a aquél estaba el
cuerpo de Elizabeth Leónidas Contreras Díaz. Los sacaron de las urnas,
"estaban hecho tiras. Verdejo estaba destrozado, la cara, el cuerpo. Elizabeth
tenía su cuerpo hecho tiras y su guagua al lado aún con el cordón umbilical. La
criatura también tenía entradas de balas". Se decía "mi hermano no está aquí,
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no lo creía". Siguieron buscando por separado, hasta que Emilio le indica uno
de los ataúdes. "Era el segundo cajón y veo su cara, lo tomé y sentí que tenía
un gran hoyo en la espalda, lo levanto y parece que le quedaba aire porque le
salió como un suspiro, eso me traumatizó. Lo saqué en mis brazos y la
cara se le fue toda para atrás... Mostraba la bala que le había entrado".
Preso de la desesperación perdió el control, lo sacaron del lugar. Se lanzó
furioso contra dos suboficiales de la Fuerza Aérea que montaban
guardia, gritando: "¡Asesino, mira lo que hiciste, ¿Te sentís poderoso?!". Ellos,
sin decir nada, pasaron bala. Entre la tía y otros amigos apaciguaron a los
uniformados y lograron sacar a Ismael Rodríguez del lugar.
Celinda Acosta Muñoz, prestó declaración en los autos del rol 18.400-2, y
relató que era conviviente de Luis Miguel Rodríguez Arancibia, quién
trabajaba con Luis Verdejo (también ejecutado) "Tenía como diez heridas de
bala en diferentes partes del cuerpo", eso lo presenció a una semana de
haber estado por última vez con vida a su pareja antes de hallarlo
acribillado en la morgue. Además cuenta que el padre de Luis Rodríguez
encontró un zapato de su hijo en la ribera del Mapocho a la altura del puente
Bulnes, el que fue depositado en la urna al darle descanso eterno. Celinda
Acosta también fue testigo de la espantosa imagen que acontecía, un
espectáculo de lamentos. Allí vio a Elizabeth Leónidas "quien tenía el cuerpo
prácticamente cortado por las balas y estaba unido con el feto". Acosta
inmediatamente reconoció a Elizabeth Leónidas porque era su amiga. Señaló
en Tribunales que se conocían con el carabinero Rubén Osvaldo Barría, alias
"el chino Ríos", quien era conocido como Claudio Ríos Benavides en las
poblaciones de Puente Alto. "Me consta que se conocían porque a ambos los
vi frecuentando las diferentes quintas de recreo de la comuna".
Esto concuerda con la declaración de Ana Luisa Uñeros, la propietaria de
"El Sauce", restorante de donde fueron sustraídos los dos menores de
edad. Ella tiene una sobrina llamada Ester Soto que es casada o convivió con
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un carabinero de la 20° Comisaría apodado "el Chino", ese funcionario era
Rubén Osvaldo Barría Igor, único responsable ante la justicia por esta causa
que lleva el ministro de fuero Daniel Calvo Flores. El mismo juez que fuera
conocido por un escándalo debido a una cámara oculta instalada en un sauna
para homosexuales, mientras veía el caso Spiniack. Celinda Muñoz se
desempañaba como cajera de un local llamado "El Lido" y dice que conocía a
Rubén Barría porque este asistía como un parroquiano más. Sostiene la tesis
de que se ensañaron con su conviviente ya que él "no dejó al Chino meterse
con la Motita", como llamaban cariñosamente a Elizabeth Leónidas. Barría
sobre esta acusación dice que es cierto que había ido una vez a "El Lido",
pero que fue en su calidad de carabinero, fiscalizando el cumplimiento de
la ley de alcoholes, que no conoce a ninguna persona apodada "la Motita"
y que habría acudido a "El Sauce" a detener a unos jóvenes por una riña.
"Ante la imposibi l idad de mantenerlos allí", "todos tuvieron que ser
llevados a la 4o Comisaría de Santiago, desde donde fueron enviados a la
Subcomisaría Rogelio ligarte, lugar desde el cual los detenidos fueron dejados
en libertad", agrega que es cierto que detuvieron a una menor, pero
alega inocencia. "No participé en la muerte de esos detenidos". La mayor
parte de los deudos del grupo se fue de Puente Alto, en pos de protegerse
de acciones en su contra. Rodríguez quedó prácticamente solo junto a
su familia. Su madre le informó que Carabineros lo buscaba y que el mayor
de Carabineros de Puente Alto necesitaba hablar con él.
Varios días después de la matanza, a principios de noviembre, Rodríguez
caminaba rumbo a la casa de su esposa por calle Eyzaguirre. Advirtió que
avanzaban tres jeep Land Rover hacia él. De pronto lo rodeó la patrulla
militar, le apuntaron y obligaron a subir a uno de los vehículos. Lo
pasearon hasta pasadas las dos de la madrugada, por el cementerio y el
matadero. "Yo tiritaba como pájaro... Tirado de guata en el piso. No me
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podía levantar y ellos con los pies encima mío". Lo llevaron a las Vizcachas,
al Opendoor por el actual camino.
Los militares controlaban salvoconductos de quienes circulaban por la vía
pública. Arribaron al Regimiento de Ingenieros de Puente Alto donde
liberaron a las personas que tomaron para el control. A Rodríguez lo
retuvieron sin decirle nada. Permaneció en un centro de detención instalado al
interior del cuartel, rodeado por una red de alambrado electrificado, estuvo
durante tres días sin ser interrogado ni registrado, al igual que otros
detenidos y que su propio hermano un tiempo atrás.
Al tercer día los formaron y en sentencioso discurso les dijeron que tenían sus
nombres y que si los necesitaban les irían a buscar a sus casas. "Y no se
olviden que desde ahora es la bota la que manda", señaló un teniente según
narra.
Presumió que aquello ocurría a partir de lo sucedido a su hermano. "Llegaban
a mi casa a cualquier hora de la madrugada, mientras dormíamos. Yo abría
la puerta y me enterraban el cañón del fusil en la guata y me arrinconaban.
Estaban creando en mí una psicosis". Cuenta que no podía dormir tranquilo,
que se sentía descontrolado, perseguido por lo de su hermano, asustado y
desesperado. La madre y una tía hablaron con unas monjas que facilitaron
un encuentro con él y lo condujeron a la Vicaría de la Solidaridad, donde se
determinó sacarlo del país ante las dramáticas circunstancias que atravesaba
y en las que peligraba su vida. Era marzo de 1974. El acoso no cesó hasta
que salió de Chile. Vive en Canadá desde hace más de 25 años. Este país lo
ha acogido, aún ese año en que se entregó al alcohol, cómo una forma de
escapar de todas esas pesadillas que lo transportaban rápidamente a su
natal país. Sumado entonces a las dificultades propias del exilio, Rodríguez
tuvo que aprender a dominar su carácter. En una entrevista concebida al
periodista de "El Siglo", Raúl Blanchet, confesó haber generado una conducta
beligerante y reconoce que aún estando sobrio peleaba con todo el mundo,
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incluidas sus parejas. Todavía habla y grita en sueños, insulta,
mencionando los terribles acontecimientos, cuenta su pareja actual. Tiene
cuatro hijos para los que no ha sabido ser un padre, reconoce. Siente que
estos hechos lo tienen atrapado, Blanchet narra en su crónica titulada: "Yo
Sobreviví a la Matanza en el Puente Bulnes", aludiendo a quien posee la
más fidedigna visión de ese horroroso hecho. Da cuenta de su testimonio el
único superviviente de uno más de los capítulos de lágrimas y sangre que
componen el libro del dolor.
El Eterno Calvario
Las esperanzas de los padres de José Migue! de encontrar vivo o, al menos de
saber del paradero de su hijo, se fueron esfumando poco a poco. Las
diligencias judiciales y administrativas hasta el momento habían sido en vano.
Pero en el marco de una nueva querella que presentaron ante el Tercer
juzgado de la Corte de Pedro Aguirre Cerda, apareció una nueva
declaración.
El verano de 1991 dio una luz de certeza a los padres de José Miguel Valle. No
sólo porque el país había retomado su senda democrática bajo el presidente
Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, asegurando a los familiares del
desaparecido menor mayores garantías y regularidad por parte del poder
judicial; si no que apareció una declaración de Juan Carlos Sandoval,
principal testigo de los hechos, que, además de refutar la información que
entregó en 1976, señalaba datos inéditos del brutal operativo de ese fatal
17 de octubre de 1973.
El 3 de diciembre de 1991, requerido por el Tercer Juzgado del Crimen de
Pedro Aguirre Cerda, Sandoval realizó un testimonio ante notario público. En
éste no sólo reconoció que jamás lo dejaron en libertad tras comprobar que
trabajaba "honradamente", si no que entregó las verdaderas identidades
de los jóvenes que fueron apresados ese día.
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Según declaró, el 17 de octubre de 1973 salió de su domicilio, ubicado
en el pasaje 16 N° 6353, cerca de las 10: 00 horas. Debía ir al centro de
capital a cobrar el dinero por una lámpara de cobre que había vendido, ya
que en su residencia tenía un taller artesanal dedicado a la confección de
estos artefactos. "Caminaba por el pasaje 16 hacia el callejón Lo Ovalle, donde
debía tomar locomoción, cuando en la esquina del pasaje 16 con pasaje 9 dos
jóvenes que allí se encontraban me pidieron cigarros. Se trataba de vecinos
del sector a quienes ubicaba por cuanto pasaba buena parte del día en la
calle y con quienes conversaba al toparnos. Sólo los conocía como 'Rene' y
José'", relató el testigo.
Al ver a los dos jóvenes, Sandoval se detuvo y les facilitó unos cigarrillos.
Luego lo acompañaron hasta el Callejón Lo Ovalle. Al llegar a la esquina
con pasaje 16, pasó en dirección a Gran Avenida un jeep verde de
Carabineros. La presencia de los efectivos intimidó a "Rene", quien huyó del
lugar. "Los Carabineros se percataron de este hecho y se devolvieron hasta
donde nos encontrábamos José y yo, subiéndonos en el jeep. Acto seguido,
comenzó a perseguir a Rene", precisó.
Rene había arrancado por el pasaje 9 de la población, donde saltó una
pandereta y se introdujo en una casa. Hasta allí llegó el vehículo policial, pero
su vertiginosa carrera fue en vano ya que no lo pudieron detener. Este hecho
enardeció los ánimos de los policías y, a modo de venganza, comenzaron un
brutal interrogatorio: Mientras los golpeaban violentamente con las culatas
de sus armas, les preguntaban por la identidad de su "compañero". Así
estuvieron varios minutos hasta que uno cedió, y apuntando con la mano a
un joven que se encontraba en esos momentos en la calle, contestó que su
compañero se llamaba "José Miguel". Se trataba de José Miguel Valle.
"Uno de los policías dijo 'echémoslos a correr', pero el otro carabinero le
contestó que no, que fueran a buscar al tal José Miguel. Este último al darse
cuenta de la situación comenzó a correr, refugiándose en su casa de población
Lo Ovalle. Desde allí fue sacado y subido al jeep. A este joven lo conocía sólo
77
de vista", recalcó Sandoval. En el interior del carro policial, los carabineros
repitieron el brutal método de interrogación. Mientras le pegaban a José
Miguel con las culatas de sus armas, lo obligaban a nombrar a otros jóvenes
de la población. De su forzada declaración aparecieron los nombres de
"José Nano" y "el Pancho". A un tercero lo delató como " el Laucha". Poco rato
después, fueron detenidos los tres muchachos, Con los cinco jóvenes
detenidos, el vehículo se dirigió hasta el Consultorio de la Población,
donde fue atendido uno de los carabineros que resultó mordido por un
perro callejero mientras efectuaban el operativo. "El animal fue sacrificado a
balazos por uno de los carabineros y luego lo subieron a! jeep con nosotros.
Al perro lo fueron a tirar al Servicio Médico Legal para que le realizaran
exámenes", con el fin de saber si el can tenía rabia o alguna enfermedad,
aclaró Sandoval.
Recién en ese momento José Miguel Valle se enteró de dónde provinieron
los disparos que lo sacaron de su hogar. A estas alturas, sin embargo, daba
lo mismo.
Terminados estos "trámites", el jeep se trasladó hasta la Cuarta Comisaría
de Santiago, ubicada en calle Chiloé con Victoria, en la comuna de
Santiago. Allí fueron de inmediato introducidos en un oscuro y tétrico
calabozo, sin registrar la identidad de los menores.
"Permanecimos encerrados durante todo el día. En el transcurso del día
fueron ingresados varios detenidos (...) ya de noche nos sacaron al patio de
la comisaría ordenándonos en fila y haciéndonos gritar consignas tales como
'viva Altamirano', 'viva Allende'. Al mismo tiempo nos golpeaban y nos
obligaban a hacer ejercicios", precisó el testigo, quien agregó que en el
recinto policial se encontraban cerca de 20 detenidos.
Alrededor de las 22:00 horas, uno de los carabineros dio la orden de que
sacaran a los detenidos del recinto y que fueran introducidos en un jeep
policial. Sin embargo, como estos eran demasiados los cinco jóvenes de la
Santa Adriana fueron trasladados hasta una camioneta de la institución, "Era
78
una camioneta o camión pequeño con la parte de atrás cerrada como
frigorífico. La parte de atrás se comunicaba con la cabina por una ventanilla
enrejada", explicó Sandoval. Al poco rato de haber salido del recinto policial el
vehículo se detuvo. Se abrieron las puertas de atrás e ingresaron a unas
cinco personas, "al parecer homosexuales que habían sido detenidos en la
calle". Luego volvió a emprender la marcha.
Fue en este trayecto donde los detenidos tuvieron una luz de esperanza.
Agobiados por los golpes y el encierro, Sandoval, junto a otros detenidos, se
acercaron a la puerta trasera y se percataron de que ésta no estaba sellada
herméticamente, sino que juntas, sujetas con un material que les permitía
observar exiguamente hacia el exterior. "Pudimos ver a dónde nos llevaban.
Se trataba de la calle Franklin o Placer y se dirigía hacia Vicuña Mackenna. Al
llegar a esa calle pensé que nos llevaban al Estadio Nacional, sin embargo,
el vehículo dobló hacia el sur en dirección a Puente Alto, perdiendo luego
la orientación".
El jeep siguió su camino por Vicuña Mackenna en dirección sur. El trayecto
duró unos 15 minutos sin ningún contratiempo. Pero la desesperación de los
jóvenes los llevó a realizar una maniobra de alto riesgo. Luego de un rato de
viaje, Juan Carlos Sandoval, José Nano y
el Pancho decidieron forzar la puerta y escapar. "Al abrirse las puertas
me lancé al suelo y luego me arrastré hasta unas máquinas que se
encontraban pavimentando el lugar. Allí me escondí unos momentos con los
otros dos detenidos. El camión que era custodiado por el jeep que iba al
frente continuó su camino, entonces aprovechamos de arrancar por una
calle".
A un lado de la vía, los tres prófugos divisaron un sitio eriazo y, al otro
costado, unos parronales que pertenecían a una viña. Ansiosos por no ser
sorprendidos por la policía, corrieron cerca de doscientos metros hasta llegar
a una reja que marcaba el perímetro que separaba la calle del terreno
baldío. En el interior de éste, un guardia se encontraba dentro de una oficina.
79
La presencia del centinela calmó un poco el nerviosismo que carcomía poco a
poco los cuerpos de los jóvenes. "Saltamos la reja y le explicamos al guardia la
situación. Nos dijo en un principio que podíamos permanecer allí. Minutos
después pudimos escuchar el ruido del jeep que, seguramente, nos estaba
buscando. Entonces el guardia nos dijo que debíamos irnos". La histeria se
volvió a apoderar de los tres adolescentes, aunque la adrenalina del momento
los impulsó a realizar otra maniobra que podría costarle sus vidas: Volvieron
a saltar la reja y, agazapados, corrieron hasta las viñas. El jeep se aproximó
a unos 500 metros de los fugitivos y los carabineros efectuaron algunos
disparos que no llegaron a su destino. Luego de un rato de permanecer
escondidos entre las zarzamoras, el jeep se esfumó del lugar. "Al amanecer
pudimos ver que el lugar era un inmenso viñedo, nos acercamos a una
mediagua donde preguntamos dónde nos encontrábamos. Una mujer nos
dijo que estábamos en Lo Hermida y nos señaló dónde podíamos tomar
locomoción. Rato después me encontraba en mi casa. Al tiempo tuve
conocimiento que los dos jóvenes que fueron detenidos junto a mí, José y
José Miguel, jamás volvieron a sus hogares, encontrándose actualmente
detenidos desaparecidos", aseguró Sandoval.
Los detalles de la descripción que realizó el testigo fueron claves para !a
investigación que seguían los Tribunales de Justicia. Y aunque fue un balde
de agua fría para los padres de José Miguel Valle, puesto que aún
mantenían las esperanzas de encontrarlo con vida, sirvió para calmar en
parte una angustia que apagó sus vidas durante 18 años.
Sin embargo, Sandoval entregó una dato esencial para aclarar el intrincado
caso. Según declaró, los jóvenes que no pudieron arrancar del jeep fueron
trasladados hasta un canal donde fueron ejecutados y lanzados al agua. De
esto se enteró ya que "el Laucha" quedó vivo al ser herido milagrosamente
sólo en la cintura y que, por miedo, escapó hacia Buenos Aires, Argentina,
donde actualmente reside. Los antecedentes antropomórficos de José
Miguel Valle fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen
80
de Santiago, por el delito de inhumación ilegal en el patio 29 del
Cementerio General de personas muertas entre septiembre y diciembre de
1973. Hasta el día de hoy se está en espera de los informes periciales de
identificación.
81
Capítulo 3
MARCO REFERENCIAL TEÓRICO
LA FASE TERRORISTA
Los cuatro casos que relatamos en nuestra investigación con resultado de
muerte y otro de desaparición33 más dos secuestros se enmarcan dentro de la
etapa más sombría de la dictadura militar: la fase terrorista. Esta
afirmación obtiene un fundamento válido y consistente al desentrañar las
características que adquirieron los dispositivos utilizados meses después de
que las Fuerzas Armadas consiguieran su objetivo más inmediato: el control
de la nación, bajo el pretexto de que "existe en el país anarquía, asfixia de
libertades, desquiciamiento moral y económico y, en el Gobierno, una absoluta
irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile2".
Y, por otra parte, a que el Poder Central se hizo sentir fuertemente en el
mes de octubre, especialmente en aquellas zonas en las cuales se estimó
que se había actuado con "mano blanda". El operativo que realizaron
efectivos de la 4a Comisaría en la población Santa Adriana, que concluyó
con la desaparición del menor de 15 años José Miguel Valle, y la detención y
ejecución de la menor de 14 años, Elizabeth Contreras, en Puente Alto,
tienen su contexto en una fase donde el terror político fue el arma
fundamental para una revolución minoritaria en sus etapas iniciales. Sin
ella la soberanía absoluta, la capacidad de refundar instituciones e instaurar
una nueva racionalidad habría sido imposible.
Para el sociólogo Tomás Moulián la etapa terrorista de la dictadura chilena
es "aquella fase en la que el derecho, que define lo prohibido y lo
permitido, y el saber que define el proyecto se imponen privilegiando los
castigos. El orden se afirma sobre el terror. Este tiene la principal
prevalencia en la combinación de recursos del poder. Para que ello ocurra,
la capacidad del Estado de actuar sobre los cuerpos no puede estar limitada
33 Nos referimos a Elizabeth Contreras y José Miguel Valle, respectivamente.2 Declaración de la Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden 1973.
82
ni por el derecho ni por la moral, ella debe poseer flexibilidad, elasticidad
absoluta"3.
Pero, ¿qué es el terror en el contexto de una dictadura revolucionaria?
Según el sociólogo, el terror político tiene varias características y se puede
utilizar con distintos fines. "El terror es la capacidad que tiene un Estado de
actuar sobre los cuerpos de los ciudadanos sin tener que reconocer límites en
la intensidad de las intervenciones o de los daños y sin tener que enfrentar
efectivas regulaciones en la determinación de los castigos o prohibiciones.
Terror es la capacidad absoluta y arbitraria de un Estado de inventar, crear y
aplicar penas o castigos sin más límites que las finalidades que se han
definido"3.
En efecto, una dictadura que pretendía invertir diametralmente la estructura
socio-política que estaba estableciendo la Unidad Popular por la vía
democrática, necesitaba imperiosamente afirmar el "orden" mediante el
terror. Pero, según la Junta Militar, el "orden" que querían instalar se veía
amenazado constantemente. Y por eso al conflicto social (que ya permeaba a
toda la sociedad) lo definieron como una "guerra", y el concepto de
"enemigo interno" junto a la Doctrina de Seguridad Nacional34, fueron
aplicados a través de todo el país. Este "enemigo interno", sin embargo, no
era solo el marxista, comunista o socialista; también lo eran el
"subversivo'', el "revolucionario", el "excluido", por cierto, cualquiera que -
según los militares- constituyera un desafío al nuevo orden establecido. Todos
estos actores sociales encarnaban el "mal" y por ende, a todos había que
castigar. Entre estos se encontraban los cuatro menores. "Las dictaduras
revolucionarias, que tratan de destruir antiguas formas de vida para
imponer un nuevo orden racional, usan simultáneamente el silencio y la
economía austera del poder disciplinario combinada con la estridencia y
visibilidad del poder represivo. Esto significa que ese tipo de dictaduras
3 MOULIÁN, Tomás. 1997. Chile Actual: Anatomía de un Mito. Santiago. Ed Lom -Arcis. Pp 171 -1723 IBID, pág 2234 Ver en la Introducción la Doctrina de Seguridad Nacional
83
une el actuar invisible del poder, del cual sólo se ven sus efectos, con la furia,
en apariencia sólo pasional, del castigo4".
Estos castigos incluyen suplicios tan horrendos como las muertes con o sin
desaparición de los cuerpos, las que a su vez se subdividen en muertes, en
torturas, muertes en falsos enfrentamientos, muertes en combate, muertes
azarosas; además destierro; cárcel por ideas o actos políticos;
amedrentamientos, de diversa índole. Como las sufridas por Macarena Aguiló
y Eduardo Araya, de las que más adelante hablaremos profusamente.
La Doctrina Cristiana Disfrazada Como Justificante
La dictadura militar necesitaba pilares sólidos para justificarse y usó en el
cristianismo35 el apoyo idóneo para llevar a cabo, con toda su crueldad, la
tarea que se proponía. El nuevo gobierno de facto identificó la lucha
contra el marxismo como un combate en nombre de Cristo y a nombre de la
civilización occidental - cristiana. Todos esos individuos (que encarnaba la
derecha política, el empresariado y la oficialidad de las Fuerzas Armadas) se
suponían orientados por el principio ético del respeto a la vida. "Resultó muy
importante desde el punto de vista político que la Iglesia chilena se negara a
reconocer la legitimidad del recurso discursivo de la dictadura, a diferencia
de lo que hizo la Iglesia española durante la guerra civil y gran parte de la
larguísima dictadura franquista. Pero eso no modifica un aspecto
fundamental. La dictadura necesitó recurrir a un principio trascendental
para justificar sus actos de fe. Para los creyentes involucrados la
justificación de la crueldad sólo podía provenir de un bien mayor que el daño,
esto es la salvación de la nación y la realización de un acto providencial, por
mucho que la ceguera de algunos prelados lo negara5"
Es así como se fue configurando una nueva subjetividad colectiva. La crueldad
ya no era un acto deleznable. Al contrario, la crueldad pasó a ser salvadora,
y ese carácter se lo otorgaba la suposición de que era usada en la lucha
4 IBID, pág 17435 Con esto no queremos decir que la Iglesia Católica y todas las que se desprenden de la Doctrina Cristina hayan estado a favor de la dictadura y su modo de ejercer el poder. Además debemos sostener que fue esta Doctrina la que permitió que agentes de la Iglesia pudiesen comenzar con las labores pro DD.HH.5 IBID, Pág. 175
84
contra el mal. Es el lado mesiánico de la crueldad, su aspecto místico.
Entender el Golpe Militar en todos sus aspectos, con toda la crueldad que
aplicaron sus dispositivos sobre los cuerpos de los que encarnaban el "mal",
sin embargo, necesita un análisis de las razones que lo impulsaron. En el
momento del Golpe Militar la sociedad chilena estaba saturada por
expectativas paranoicas, odios profundos, ansiedad compulsiva de una
resolución, sin importar demasiado la manera.
"Estas reconstrucciones del mundo subjetivo en que se forjó la crueldad
son muy importantes para comprender la lógica de los creyentes. Una parte
muy importante de los inspiradores y de los ejecutores del terror tenían
creencias religiosas, eran individuos a los cuales les importaban los
argumentos de la fe y que estaban preocupados por su propia salvación.
Pero ellos asumieron que torturar y matar constituía un deber porque era un
castigo dirigido a seres que adoptaban indebidamente la forma de lo
humano"6.
Proponemos más antecedentes en el apartado La Tortura de este capítulo.
Miedo a la Incertidumbre
Analizar la configuración de estas pasiones y su forma de constituirse requiere
preguntarse qué significó el tiempo de la Unidad Popular para los propietarios
afectados, la 'gente de orden'. "Para ellos fue un período de caos, donde los
perversos comunistas y otros desclasados azuzaron al roto, soliviantándolo,
haciéndole creer que ellos (gente sin educación, instintiva, borrachina, sin
mundo, sin racionalidad ni conocimiento técnico, con una moral primitiva,
etc., etc.), podían dirigir las empresas, podían dirigir el país. Para ellos fue
una oscura etapa de demagogos irresponsables, que adularon a la rotada para
después quedarse ellos con lo expropiado, con lo que nuestra familia con
tanto esfuerzo fue juntando de a poquito, sólo por el bien de Chile...7 "
Otro factor que configuró el clima enrarecido lo constituye el rechazo de los
opositores de la Unidad Popular a la incertidumbre. El miedo visceral a la
6 IBID, Pág. 1767 IBID, Pág. 168
85
inestabilidad que producen los repentinos cambios estructurales de una
sociedad; temor a estar al límite de una guerra civil impulsada por el rotaje
sublevado; el miedo a que el "mal" pegara la primera palmada
revolucionaria impidiendo al "bien" cumplir con sus cometidos.
Para entender las razones morales que derivaron en tanta crueldad por
parte de los que predicaban a toda voz la guerra contra el marxismo, es
necesario situarse desde una óptica interna. En el fondo se trata de
comprender íntegramente cómo se constituyó ese clima de cruzada, sin el
cual hubiese sido imposible el terror como dispositivo.
En septiembre de 1973 existía un clima subjetivo de crispación, exasperación,
conciencia extendida de situación límite. Existían pues, las condiciones
subjetivas de una "contrarrevolución'. Pero esta última fue una opción
histórica, una elección intencional y planificada de cierto bloque de actores
en una situación dada. Ese campo político posgolpe tiene también una
fuente gradiante, es un embudo sometido a las presiones de la
gravedad. Pero nada más... ni, tampoco, nada menos.
POBLACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Comprender los crueles asesinatos de Elizabeth Contreras y José Miguel Valle
necesita imperiosamente de un análisis del contexto social en el que se
desenvolvían cotidianamente. Se trata de entender por qué los
dispositivos de la dictadura actuaron con tanta frialdad en ciertos puntos del
país: las denominadas "poblaciones marginales". Para tal efecto, realizaremos
un paneo histórico de la influencia que tuvieron los movimientos sociales
ligados a la izquierda política en estos vastos sectores de la capital. Y
explicaremos las razones que argüían tácitamente las esferas de poder
para actuar sobre los cuerpos de las personas que vivían en las poblaciones.
La participación social, en su perspectiva poblacional, tiene su origen en las
últimas cinco décadas. Se trata entonces, contra todo lo que pudiese
pensarse, de un sector social joven que aún construye elementos
importantes de su identidad. La lucha por el terreno para la vivienda o por
la vivienda misma, alimentó de manera perdurable lo que sería el aliento
86
vital de los pobladores organizados, su identidad, sus simbologías e incluso
sus específicas formas culturales de desarrollo local, estuvieron largamente
determinadas por la lucha que demandaba una casa. Así, Santiago por
ejemplo, se llenó de tomas.
"En los años sesenta, una década después de la irrupción física de los
pobladores, vino la irrupción política de los mismos, una nueva fuerza social
emergía desde los anillos de miseria que se habían ido constituyendo en
torno de los grandes núcleos urbanos de nuestro país8".
Desde entonces, las perspectivas políticas de los partidos, se han orientado
en el sentido que ha indicado la experiencia de los pobladores y las
respuestas orgánicas que han construido para resolver a mano sus propias
necesidades. Así fue como se fueron dotando de Centros de Madres, Juntas
de Vecinos, Clubes Deportivos y Comités Sin Casa -sólo por nombrar unos
pequeños ejemplos-espacios solidarios en que se constituyeron las fibras más
delicadas y fundamentales del tejido social-poblacional. Los pobladores
aportaron en los años sesenta una nueva generación de organizaciones
absolutamente diferenciadas de los referentes clásicos de! Movimiento Popular:
Ya no se trataba de obreros, estudiantes o campesinos, se trataba
simplemente de pobladores, y con eso era suficiente.
La irrupción política de los pobladores -paradojalmente- despertó en las
izquierdas las contradicciones más importantes en torno de la respuesta
ideológica que se debía dar a un sector del pueblo que luchaba con métodos
distintos al de los obreros y con finalidades también distintas.
"Las intelectualidades de las izquierdas, finalmente y con algunas diferencias,
concluyeron que los pobladores organizados construían su protagonismo
político en virtud de una contradicción social "secundaria", por cuanto la
"primaria" (donde estaban contenidas todas las precisiones y certezas del
esfuerzo revolucionario) estaba determinada por el protagonismo histórico de
los trabajadores. Las denominaciones respecto de lo primario o lo secundario
no era un antojo, más bien formaban parte de las lecturas sobre el
8 SOTO, Carlos. Tres Tiempos para la historicidad de los pobladores organizados: la esperanza, la rabia y el desencanto. 2002. www.koalaweb.cl
87
marxismo que se ensayaban en ese período. Lamentablemente, Carlos
Marx había logrado interpretar de manera formidable las etapas y procesos del
capitalismo en virtud de perspectivas economicistas, de tal modo que el
instrumental teórico que proporcionaba el materialismo histórico del siglo
XIX para las condiciones del Capital en el siglo XIX, fijaba el espacio físico de
la lucha en la fábrica, verdadero "templo" del proletariado."9
La Democracia Cristiana en tanto, construyó sus políticas de organización
social a partir de la Promoción Popular, teniendo como sustento ideológico a la
Teoría de la Marginalidad. Al cabo de un sólo mandato presidencial, ese
partido, sumido en el camino propio, logró superar por un tiempo la sólida
hegemonía que había ostentado la izquierda en el ámbito socio-político de las
poblaciones. El modelo organizativo, más moderno y menos confrontacional
presentado por la DC, sigue determinando aspectos importantes de la
participación social-poblacional aún en nuestros días, ejemplo concreto de ello
son las Juntas de Vecinos, Centros de Madres y Clubes Deportivos. En todo
caso, sería un error identificar en la Democracia Cristiana la autoría
histórica respecto de esos modelos de organización, su aporte estuvo más
bien determinado por la dimensión jurídica que esas formas específicas de
participación adquirieron en el contexto de la Promoción Popular, una cuestión
fundamental si se piensa que de ahí en adelante, los pobladores pudieron
interlocutar con el Estado o la administración comunal, utilizando para ello una
legalidad diseñada especialmente para el mundo poblacional. Ante la
falta de investigación en esta área de las Ciencias Sociales, lamentablemente
aún no se ha podido establecer un criterio general respecto del cuánto
ganaron y cuánto perdieron los pobladores con esta dimensión jurídica que les
otorgó un nuevo estatus.
Intentando una breve síntesis en esta historia, podemos decir que la
emergencia social de los pobladores, desde los años cincuenta del siglo
pasado, se transformó rápidamente en la emergencia de un nuevo sujeto
político, definido en el marco existencial de necesidades y formas de lucha
que les fueron específicas, así fue como el Movimiento Poblacional, parido 9 IBID.
88
a costa de tomas de terrenos, dio sus primeros pasos. Pero, no obstante las
imágenes de marchas, tomas y el conjunto de movilizaciones con que las
propagandas de izquierdas y derechas alimentan la memoria (con fines
diversos por supuesto), no hay que olvidar que esos primeros pasos no
estuvieron siempre dentro de las expectativas que ni los pobladores ni los
partidos mantenían los unos respecto de los otros. La tensión entre lo
"político" y lo "social" no es nueva, forma parte de una dialéctica un tanto
perversa, que sitúa las relaciones entre los partidos y las organizaciones de
"masas" en una perspectiva verticalista, razón por la cual pareciera que el
objetivo histórico de los partidos ha sido el control de las organizaciones
sociales, en tanto que el objetivo de las organizaciones sociales, sería el de
mantenerse lo más alejado posible de los partidos y sus "máquinas" de
intervención.
“Son muchos los pobres de comunas populares que legitiman la acción de
estos grupos de poder por la vía del voto en las elecciones públicas,
delegándoles el mandato a sus representantes en el parlamento y en los
municipios; y son estos mismos pobres los que reciben el impacto de sus
decisiones, cuando modifican las leyes laborales dejándolos en evidente
riesgo de cesantía o impiden la aplicación de impuestos a las empresas
mineras extranjeras, disminuyendo en consecuencia la inversión en
programas sociales promovidos por el Estado”36.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), juega hoy un papel preponderante
dentro de este sector, se hace llamar el “partido popular” y no es más que
otra muestra de la esquizofrenia social que padece nuestro país.
La "Peligrosidad" del Pobre
36 Angelcos, Gregorio. Díaz, Carlos. Chile: Una Democracia de Oligarquías, Santiago de Chile 2005 Ed. Documentas.
89
El Golpe de Estado de 1973 marca una pausa trágica, en la historia de los
pobladores organizados. En las poblaciones, la persecución política adquirió
características distintas a las desplegadas en otros sectores sociales. De esta
manera, el tejido social organizado, tanto en villas, barrios y poblaciones, fue
salvajemente desarticulado. El proceso represivo que impulsó la dictadura
mediante sus dispositivos de seguridad, comenzó en las poblaciones a
actuar con toda vehemencia. A diferencia de las fábricas, por ejemplo, en
estos puntos nunca se sabía dónde se encontraba efectivamente el
enemigo. Y por esta razón se explican los duros y arbitrarios allanamientos
y operativos policiales a los que estaban sujetos día a día, sobre todo en los
albores del Régimen y, especialmente con el denominado "Endurecimiento de
Octubre".
Aquí se trató de una verdadera y, tristemente, efectiva "limpieza
social". El "enemigo", el "mal, el "anticristo", como quiera llamárselo, en las
poblaciones marginales se hacía carne en todos. Porque allí no sólo
actuaba el marxista, el revolucionario, sino también el potencial
delincuente; jóvenes como José Miguel o Elizabeth que en un futuro
próximo podrían quebrantar las bases del "orden" que la dictadura del
general Pinochet pretendía establecer bajo la sombra del terror político.
Jóvenes que representaban en todos sus aspectos al tan "peligroso" pobre;
al excluido en el que en cualquier momento puede resurgir esa inminente
conciencia básica de identidad. Ese ente abstracto que tanta inseguridad
y temor causaba (y causa) en las esferas dominantes de la sociedad: La
conciencia de clases.
El historiador Gabriel Salazar explica el fenómeno de la "peligrosidad" del
pobre y el temor que este infunde en las clases dominantes. "Pero aun
más peligroso es ser pobre, y no olvidar. La pobreza, convertida en
recuerdo, es un arma política de largo alcance. Y esto, sin lugar a dudas, es
peligroso en un doble sentido: Para el sistema que produce la pobreza y para
el pobre que le recuerda su pobreza a! sistema. ¿Por qué? Porque el recuerdo,
como actividad del corazón, es una facultad privada e inembargable. Es el
reflejo más directo y orgánico de la realidad concreta; tanto, que existe
90
fusionado' con ésa. Y si el recuerdo simple es privado e inembargable, aun lo
es más la experiencia del dolor, de la muerte, de la exclusión y de la tortura.
La victimización es, sin duda, la forma más radical y brutal de
autonomización que existe. Y si la recordación de esa experiencia victimal se
realiza en colectivo (juntos), la autonomía victimal se transfigura en un
germen de poder. Dando paso al 'giro' que hace de la voluntad social recordar
un fantasma temible10" Según Salazar, una forma de mantener la recordación
popular en el "pozo estéril y la violencia ritual" es evitar que se convierta en
una memoria pública a la vista de todos. "La recordación y la memoria
histórica, en manos del bajo pueblo, constituyen un arma política de largo
alcance. Su uso libre por la sociedad civil y, sobre todo, por los pobres y
marginales, puede constituir, pues, un peligro grave para el sistema y para el
Estado. Por lo que éste tiende a regular esa libertad. A intervenir en la
instalación pública de los recuerdos y en la configuración civi l de la
transmisión educativa del saber historiográfico. Procura que las
recordaciones dolorosas del bajo pueblo permanezcan en el ámbito
privado o como efemérides iracundas, que el mismo Estado
convenientemente atiza (como el 11 de septiembre) para hundir la
recordación en la ira, la ira en puro gesto de violencia, y la violencia en la
reacción policíaca que legitima el 'orden' del sistema. Para evitar, en suma,
que la recordación gire hacia la acción política totalizada11"
Y por eso sobre los cuerpos de esos jóvenes había que actuar con mayor
crueldad. Con la muerte o desaparición de estos la dictadura cumplía un rol
ejemplificador. Porque la desaparición de una persona es un acto que tiene
un doble significado, uno respecto a la víctima y la otra frente a la sociedad.
Para Moulián "con ello el dispositivo del terror consigue su perpetuación,
produce una nueva y más extensa cohorte de victimas. Sigue, por tanto,
estando socialmente presente. Con ello cumple el objetivo de no ser
olvidado. El terror necesita que su presencia sea recordada. La represión es
puntual, el terror debe ser permanente. Por ello, el terror encuentra en las
10 SALAZAR, Gabriel. 2002. Voluntad Política de Matar, Voluntad Social de Recordar.. www.cgf.uchile.cl 11 IBID.
91
desapariciones una forma de presencia que se prolonga a través del tiempo12"
Estaría de más sólo si ese proceso represivo, a la larga, no se hubiese
constituido en un elemento central de la memoria, la experiencia y el
aprendizaje que hicieron en esos años tempranos de dictadura los
pobladores; el dolor fue algo así como la materia prima con la que se gestaron
los primeros ensayos de organización que eran además socialmente
reparativos, iniciativas desplegadas tanto para la reconstrucción de las
organizaciones sociales "tradicionales", como para la articulación de nuevas
y novedosas formas de organización social altamente eficientes. Estas eran
amparadas institucionalmente por la iglesia católica y evangélica. Nos
referimos básicamente a la intensa actividad social de templos y parroquias,
en las cuales se multiplicaban los "comedores populares", "los comedores
infantiles", "los bares lácteos", "las ollas comunes", los "talleres laborales", los
"policlínicos populares", etc. Un amplio despliegue de solidaridad institucional
a partir de la que se fue reconstituyendo un sector importante de lo que
llamamos Pobladores Organizados.
El NEFASTO ROL DEL PODER JUDICIAL
Hasta noviembre de 2005, el caso de José Miguel Valle y Elizabeth Contreras
se han mantenido en completa impunidad. La desaparición del menor de la
Santa Adriana, al igual que el de la niña, figura solamente en los informes
de la Comisión Rettig y en boletines de agrupaciones de Derechos Humanos.
En estos se da cuenta de todos los trámites judiciales y administrativos que
realizaron los padres del niño desde su desaparición, en octubre de 1973,
hasta diciembre de 1991, cuando el tribunal correspondiente sobreseyó la
causa. ¿Cómo se puede entender que la maquinaria burocrática haya
soslayado todos los requerimientos de los familiares? ¿Qué impidió durante
18 años determinar fidedignamente en qué circunstancias desapareció el
menor? ¿Por que sus verdugos aún siguen libres? Ya precisamos que una de
las características de la dictadura chilena fue el terror como instrumento
fundamental para instaurar el nuevo "orden". En segundo lugar, sostenemos
12 MOULIÁN, Tomás. 1997. Chile Actual: Anatomía de un Mito. Santiago. Ed Lom-Arcis. Pág. 187
92
que ese "orden" fue posible instaurarlo ya que tenía como respaldo
fundamental a un poder judicial que no era autónomo, sino que estaba
supeditado completamente a las órdenes emanadas desde las Fuerzas
Armadas. Si bien es cierto que el Poder judicial fue el único de los tres
poderes que no fue disuelto por las autoridades de turno, creemos que, por
el contrario de lo que piensan muchos, éste fue intervenido
profusamente. Para tal efecto se utilizaron variados instrumentos que
enseguida pasaremos a analizar.
El 26 de septiembre de 1973, cuando los cuatro miembros de la Junta visitaron
la Corte Suprema, Augusto Pinochet le dijo a los jueces: "La Junta que tengo
el honor de presidir ha querido llegar hasta este solemne recinto para
testimoniar el respeto que se siente por el Poder Judicial, símbolo del
derecho y la justicia chilena". Sin embargo, mientras el dictador daba su
palabra respecto de la integridad del Poder Judicial, la junta que él
encabezaba estaba ya en proceso de desmantelar la estructura legal e
institucional de Chile. Según los militares, la Junta había tomado el control del
país para restaurar el orden constitucional el que, se acusaba, había sido
violado por la Unidad Popular. No obstante, dentro de poco, la Junta
concluyó que las normativas del orden constitucional estaban obsoletas y
que era necesario sustituir aquel sistema. Dentro de este contexto de
emergencia nacional producido por el autoproclamado estado de guerra
interna, las garantías constitucionales fueron suspendidas por medio de
decretos leyes publicados el mismo día en el Diario Oficial, que antes del
Régimen Militar, consignaba las leyes aprobadas por el Congreso. Poco
después de que la Junta tomara el poder nombró una Comisión Constitucional.
En un comienzo se les encomendó restaurar la normalidad institucional en
preparación del eventual traspaso del poder a los civiles tras supuestas
elecciones. No obstante, dentro de poco se hizo evidente que su meta era
redactar una Constitución adecuada a los intereses del Régimen, compresión
que provocó la renuncia de varios de los miembros de la Comisión. La
nueva estructura legal institucional, que fue creada con la Constitución de
93
1980 y sus artículos transitorios, fue un traje a la medida para sus políticas
de terrorismo de Estado.
Recurso de Amparo e Impunidad
El Poder Judicial, en el período que nos ocupa, no reaccionó con la suficiente
energía frente a las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, unido a
otros factores, tales como las restricciones que se fueron creando a través
de una legislación especial y copiosa y la falta de medios en general y
de colaboración policial en particular, impidió que este Poder ejerciera una
labor efectiva de protección de los derechos esenciales de las personas. El
Poder Judicial contaba con dos instrumentos fundamentales para prevenir la
violación a los derechos humanos: El recurso de amparo y la sanción a los
responsables.
"El recurso de amparo o "habeas corpus" consiste, en lo esencial, en que el
tribunal que lo conoce arbitre las medidas necesarias para asegurar el
respeto a la libertad y seguridad individual de las personas privadas de
libertad. Entre estas medidas destaca la que le da el nombre de "habeas
corpus", que significa traer a la vista del tribunal a la persona en cuyo favor se
interpone el recurso13". No obstante, la ineficacia del recurso de amparo
durante el período, se debió en parte a la insuficiencia de la legislación que la
regulaba. A este respecto, el artículo 4o del Código Orgánico de Tribunales, dio
pábulo para que, en razón del principio de separación de poderes, se
entendiera que estaba vedado a los jueces analizar las razones de la autoridad
cuando ordenaba detenciones, traslados, o exilios durante los estados de
excepción. De hecho, de los 5 mil 400 recursos de amparo solicitados entre
1973 y 1983, sólo se confirieron diez, de acuerdo a información de la
Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos14.
Esta situación, sin embargo, se esclareció en el artículo 41 de la Constitución
de 1980, el cual consagró explícitamente la prohibición al tribunal que
conoce el recurso durante los estados de excepción de calificar los
13 RETTIG, Raúl y Otros. 1991. Síntesis del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. Santiago. Pág 3814 Fuente O.E.A.
94
fundamentos y las circunstancias de hecho que tuvo en vista la autoridad
administrativa para dictar la medida que motivó el recurso.
Pero, aparte de la falta de una normativa adecuada, hubo otros factores
que hicieron del recurso de amparo una acción legal ineficiente en el
resguardo de los derechos personales. Esta afirmación se basa en que a
los tribunales les quedaba un amplio margen que permitía dar protección al
afectado. Este margen, sin embargo, no fue generalmente utilizado. Peor aún,
en numerosas ocasiones se dejó en completa indefensión a personas sin
ninguna base legal sustentable.
Según el Informe Rettig, las infracciones más graves a la normativa jurídica
fueron; "No se aplicó el principio de "inmediatez", que fija un plazo de 14
horas para el fallo del recurso de amparo.
Tampoco acogieron las Cortes los amparos contra detenciones dispuestas
por la DINA y más tarde por la CNI; además que no se veló porque se
cumplieran con las restricciones respecto de los lugares de detención15".
A este respecto, cabe señalar que los tribunales no exigieron que se diera
cumplida aplicación constitucional, según el cual nadie puede ser arrestado,
sujeto a prisión preventiva o preso sino en su casa o en lugares públicos
destinados a este objeto. De hecho, por años existieron recintos a los que los
funcionarios del Poder Judicial no tuvieron acceso.
Otra infracción a la normativa jurídica fue que durante el período que nos
ocupa se aplicó extensamente la incomunicación administrativa como sanción.
Desde 1973 hasta 1980 se registraron casos de incomunicación por 109, 300 y
hasta 330 días. Desde el período de vigencia de la Constitución de 1980
fueron habituales las incomunicaciones administrativas hasta por 20 días.
"La Comisión estimó que si las Cortes hubieran respetado el mandato
constitucional de actuar de inmediato; o acatado el mandato legal de fallar
dentro de 24 horas o ejercido la facultad legal que constituye la esencia del
recurso, consistente en ver físicamente al detenido (habeas corpus); o, en
fin, hubieran cumplido la norma del Auto Acordado de dictar sentencia
antes de que el mal causado por la prisión injusta adquiriera grandes
15 RETTIG, Raúl y Otros. 1991. Síntesis del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. Santiago Pág..39
95
proporciones, la muerte, la desaparición y la tortura podrían haberse
evitado en muchísimos casos y, además, los hechores habrían quedado
notificados de que sus actuaciones eran rechazadas al menos por el Poder
Judicial"16 Otro aspecto que hay que abordar con detención es lo relativo a la
impunidad de los violadores. Un análisis estricto concluye que el número de
víctimas fatales de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes
del Estado en el período es superior a los 2 mil.
Sostenemos enérgicamente que, salvo casos muy puntuales, los hechos
constitutivos de esas violaciones no fueron investigados por los tribunales, ni
sus autores sancionados penalmente. La Comisión Rettig intentó sistematizar
en qué medida contribuyó la conducta judicial a la impunidad de los autores
de las violaciones, y sus conclusiones fueron; "A) En materia de juzgamientos
de crímenes cometidos por agentes de Estado, el excesivo rigor y
formalismo legal, conque los tribunales apreciaron la prueba de cargo contra
los autores, impidió en ocasiones llegar a la aplicación de las sanciones que
correspondían. De no haber sido así, estos podrían haber sido condenados en
consonancia con la realidad de los hechos acreditados. B) La
aceptación por parte de los tribunales de las versiones dadas por la
autoridad acerca de los hechos, contribuyó a impedir que los culpables
fueran sancionados. C) no-ejercicio por parte de la Corte Suprema de su
facultad de superintendencia sobre los tribunales militares en tiempo de
guerra. El no ejercer estas facultades sobre aquellos tribunales, impidió que
la Corte Suprema pudiera exigir que la actuación de los Tribunales Militares
en Tiempo de Guerra se ajustara a derecho17.
Sin duda que la dictación de la Ley de Amnistía de abril de 1978 18 fue uno de
los factores más importantes para dejar impune a los violadores de
derechos humanos. Los tribunales han dictado muchos sobreseimientos
basados en esta Ley, cada vez que aparece personal uniformado vinculado a
un caso comprendido en la Amnistía. Esta tesis desestima el argumento
16 IBID Pp 3917 IBID, Pág 4018 La Ley de Amnistía de 1978 libera de responsabilidad criminal a todas las personas que cometieron crímenes o encubrieron estos entre el día del golpe militar, hasta el 10 de marzo de 1978, fecha en el que se levantó el estado de sitio.
96
emanado del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal que ordena
que el sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino cuando esté
agotada la investigación con que se haya tratado de comprobar el cuerpo
del delito y de determinar la persona delincuente.
Analizando el caso específico de Contreras y Valle, sin embargo, los
violadores, en estricto rigor, no se pueden amparar en la Ley de Amnistía,
puesto que en su artículo tercero19 excluye explícitamente la sustracción de
menores. No obstante, siguen libres, impunes. Todavía no se hace justicia.
Así Operó la Justicia
En un trabajo silencioso la Fundación Pidee (Fundación para la Protección
de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia), recopila los
antecedentes de los 26 casos de menores que continúan en calidad de
desaparecidos, pero que en realidad forman parte de nada menos que 185
casos de niños a quienes se les vulneraron sus derechos durante la dictadura
con torturas, golpizas, asesinatos y desapariciones.
A la par de la recopilación de antecedentes el Pidee ha tomado contacto
con el abogado Nelson Caucoto, quien analiza interponer una querella por la
desaparición de menores, libelo que nunca ha sido presentado en tribunales,
pese a que como en el caso de Argentina, los crímenes contra menores no
son amnistiables y jamás prescriben. La Secretaria Ejecutiva de la
fundación, María Eugenia Rojas, comenta que antes habían intentado la vía
judicial, pero la avalancha de querellas contra Pinochet hizo desestimar la
acción. Ahora confían en que sea el mejor momento para que por fin se
pueda abrir una causa conjunta y no sigan dispersas como en la actualidad.
En materia judicial, la única querella sobre menores es la interpuesta el año
2004 por el Codepu (Corporación por los Derechos del Pueblo), por la
19 Artículo 3 No quedarán comprendidas en la amnistía a que se refiere el artículo 1, las personas respecto de las cuales hubiere acción penal vigente en su contra por los delitos de parricidio, infanticidio, robo con fuerza en las cosas, o con violencias o intimidación en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes, sustracción de menores de edad, corrupción de menores, incendios y otros estragos; violación, estupro, incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes y exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos contemplados en el decreto ley número 2810 de 1974, y sus posteriores modificaciones; cohecho, fraude y contrabando aduanero y delitos previstos en el Código Tributario.
97
detención de pequeños junto a sus padres, que fueron torturados en campos
de concentración y sobrevivieron a esas agresiones. Esta causa fue
ingresada al proceso Villa Grimaldi que tramitaba el ministro de fuero Juan
Guzmán Tapia y que fuera traspasada al ministro Alejandro Solís.
Anteriormente se hizo una presentación sobre las nueve mujeres embarazadas
que permanecen desaparecidas.
De ahí que la sola posibilidad de iniciar estas gestiones abran la esperanza
entre los familiares que a la fecha -salvo algunas excepciones- jamás han
visto esclarecido los casos. Largos ocho meses de incertidumbre y dolor
desde la extraña desaparición tuvieron que pasar para que los padres de José
Miguel presentaran la primera acción legal. Fue así como, incitados por
algunos amigos y vecinos, e! 17 de mayo de 1974 aparecieron ante la Corte
de Apelaciones de Santiago. Allí interpusieron un Recurso De Protección a
favor de su hijo, que se roló según N° 495-74. De inmediato, el Tribunal de
alzada resolvió solicitar informes a la Cuarta Comisaría de Santiago. Desde
dicho recinto un carabinero informó telefónicamente que "el menor José
Miguel Valle no figura como detenido".
La respuesta del efectivo policial fue un balde de agua fría para el matrimonio.
Nuevamente encontraban una negativa por parte de los carabineros que
presuntamente habían detenido a José Miguel. Pero aún no se enteraban de
lo peor.
El 18 de mayo, un día después de presentar la acción legal, la Corte decidió
que "el Recurso interpuesto no encuadra en las exigencias del Artículo 306 del
Código de Procedimiento Penal (por lo tanto), se declara sin lugar el recurso
deducido en fojas 4 a favor del nombrado menor".
Los antecedentes fueron enviados al Primer Juzgado del Crimen de Mayor
Cuantía de San Miguel el 25 de mayo de 1974. En este tribunal se abrió la
causa rol 41.132-1.
Pero sucedió un hecho que caló hondo en los corazones de José Valle y María
Pérez, quienes tenían cifrado todas sus esperanzas de saber del paradero de
su hijo en los Tribunales de Justicia: el juez suplente, Patricio Ábrego
Diamantt, se declaró incompetente el mismo día. Para tal efecto, el ministro
98
argumentó que "según se desprende, el principio de ejecución de los
hechos denunciados habría tenido lugar en el sector jurisdiccional del Tercer
Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de San Miguel y por eso me infiero
incompetente para conocer de ellos".
Nuevamente el poder del Estado encontró un resquicio legal para jugar en
contra de una víctima de la dictadura. Y, como era de esperase, los
antecedentes fueron remitidos a otro Tribunal. Esta vez le tocó el turno al
Tercer Juzgado de Mayor Cuantía de San Miguel, que acogió la denuncia
por presunta desgracia. El tribunal abrió la causa 41.165-2 el 19 de julio de
1974.
Esto abría las siguientes interrogantes: ¿Qué impedía que los tribunales
actuaran con libertad? ¿Por qué a los padres de José Miguel se les
presentaban tantas cortapisas? Para entender este fenómeno hay que hacer
un análisis de cómo operó el Poder Judicial durante la dictadura, sobre todos en
los primeros años de la represión. El Poder Judicial no reaccionó con la
suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos. Lo
anterior, unido a otros factores, tales como las restricciones que se fueron
creando a través de una legislación especial y copiosa. La falta de medios en
general y de colaboración policial en particular, impidió que este ejerciera una
labor efectiva de protección de los derechos esenciales de las personas.
Para tal efecto, la justicia contaba con dos instrumentos
fundamentales para prevenir !a violación a los derechos humanos: el
recurso de amparo y la sanción a los responsables. Ninguno actuó con
eficacia.
"El recurso de amparo o "habeas corpus" consiste, en lo esencial, en que el
tribunal que lo conoce arbitre las medidas necesarias para asegurar el
respeto a la libertad y seguridad individual de las personas privadas de
libertad. Entre estas medidas destaca la que le da el nombre de habeas
corpus, que significa traer a la vista del tribunal a la persona en cuyo favor
se interpone el recurso11" No obstante, la ineficacia del recurso de amparo
durante el período, se debió en parte a la insuficiencia de la legislación que la 11 RETTIG, Raúl y Otros. 1991. Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Pp38
99
regulaba. A este respecto, el artículo 4o del Código Orgánico de Tribunales,
dio pábulo para que, en razón del principio de separación de poderes, se
entendiera que estaba vedado a los jueces analizar las razones de la
autoridad cuando ordenaba detenciones, traslados, o exilios durante los
estados de excepción.
Pero, aparte de la falta de una normativa adecuada, hubo otros factores
que hicieron del recurso de amparo una acción legal ineficiente en el
resguardo de los derechos personales. Esta afirmación se basa en que a
los tribunales les quedaba un amplio margen que permitía dar protección al
afectado. Este margen, sin embargo, no fue generalmente utilizado. Peor
aún, en numerosas ocasiones se dejó en completa indefensión a personas
sin ninguna base legal sustentable.
Según el Informe Rettig, las infracciones más graves a la normativa jurídica
fueron; "No se aplicó el principio de "inmediatez", principio que fija un plazo
de 14 horas para el fallo del recurso de amparo. Tampoco acogieron las
Cortes los amparos contra detenciones dispuestas por la DINA y más tarde
por la CNI; además no se veló porque se cumplieran con las restricciones
respecto de los lugares de detención12
El eterno dolor
Los padres de José Miguel estaban agobiados. Sentían que la maquinaria
dictatorial les pasaba por encima como una enorme aplanadora. Sin
embargo, cifraron todas sus esperanzas en el tribunal que substanciaba la
causa. Y la convicción de que pronto aparecería, vivo o muerto, aumentaron
cuando el 27 de octubre de 1974 la jueza instructora ordenó reiterar oficio a
Identificación, consultar a Carabineros del sector y citar a declarar a todos
los testigos. El primero en comparecer fue el padre de José Miguel. Allí entregó
un fuerte y conmovedor testimonio. "Mi hijo era, digo era porque las
esperanzas que tenemos de verlo nuevamente disminuyen día a día, un buen
niño: Jamás dio problemas en la casa y siempre ayudó cuando estaba de
vacaciones para el sustento del hogar. (...) Mi casa, aunque modesta y
12 IBID. Pp 39
100
ubicada en una población humilde, es materialmente cómoda y tengo un
hogar bien constituido. Me duele que mi hijo no haya podido gozar de las
ventajas que yo puedo proporcionarle. Tenía en él cifradas grandes
esperanzas y las creo truncadas con su desaparición".
Días más tarde, el testimonio de José Joel Valle fue corroborado por un
informe que envió la Policía de Investigaciones de La Cisterna. Éste, en
parte N° 1911, informó al juzgado que habían indagado en los libros de la
Cuarta Comisaría, pero no aparecía registrada la entrada del menor.
Mientras el Tribunal seguía con su trabajo de Investigación, los
padres de José Miguel lo buscaban incesantemente por su cuenta. Recorrieron
nuevamente hospitales de niños, hogares de menores y se presentaron en el
Registro Civil. Todo el trabajo fue en vano. Ninguna pista les señalaba el
camino correcto para dar con el paradero de su hijo.
Fue a finales de ese año que sucedió un hecho que desconcertó a los padres
del menor. Mientras José Joel se encontraba en su trabajo, un joven se
presentó sorpresivamente en la casa de los Valle. Era un 19 de diciembre. Sin
identificarse, se acercó a María Pérez y le aseguró que José Miguel se
encontraba detenido en una casa de menores en la ciudad de Concepción,
VIII Región. "Este joven le dijo a mi mujer que estuvo con mi hijo en
Santiago en el Retén de la Población Dávila y en la Cuarta Comisaría,
desde la fecha de su desaparición hasta seis meses atrás, fecha en que lo
había visto por última vez", precisó Valle en tribunales.
Inmediatamente se contactaron con el Comité de Cooperación Por la Paz en
Chile, situado en Concepción, a fin de que investigaran sí realmente José
Miguel se encontraba detenido en un hogar de menores. A través de
Patricia Griffero, jefa del departamento de Provincias de la institución, el 2
de enero de 1975 enviaron una carta solicitando averiguar sí realmente
estaba allá.
El matrimonio pasó dos semanas angustiantes, hasta que el 15 de enero en
que llegó la anhelada respuesta. Ésta, sin embargo, volvió a desplomar al
matrimonio. Jorge Barudí, secretario ejecutivo de la institución, les informó
que no había ningún rastro de algún menor de nombre José Miguel Valle.
101
El mismo trámite lo efectuaron en la ciudad de Talca, VII Región. Desde
allí recibieron la misma respuesta.
La familia Valle Pérez se desmoronó. Sentían que cada paso hacia delante
significaban dos para atrás. Ante ellos se interponía implacable una
justicia que ostentaba el rótulo de "poder independiente", pero
que en la práctica estaba supeditada completamente a las órdenes
directas y tácitas de un omnipotente poder dictatorial.
En ese contexto, apareció un testimonio que cambiaría radicalmente el
rumbo de la investigación. Ante la jueza se presentó el principal testigo de
los hechos: Juan Carlos Sandoval Rojas, el joven de 18 años que había
entregado las primeras pistas respecto a cómo se realizó el operativo.
"Un día nosotros llegamos al tribunal bien temprano para hablar con la jueza
y ver cómo iban los trámites. Fue allí que nos comunicaron que el día
anterior había declarado este tal Sandoval. Le preguntamos a la jueza que le
había dicho y ella nos contestó que no podía decir nada hasta tener más
antecedentes. Pero nosotros nos dimos cuenta de que las cosas no andaban
bien. No sé, tal vez fue por la cara que puso ella, como si las cosas no
estuvieran claras". Y los augurios de los padres se hicieron realidad. Según una
escueta declaración, el 17 de octubre de 1973 Sandoval salió desde su casa
cerca de la 10:00, ya que debía hacer unas diligencias en el centro de la
capital. "Cuando estaba en la calle, se me acercó un 'cabro' a quien conozco de
vista y cuyo nombre ignoro. Él me pidió un cigarro, y en eso pasó un jeep de
color verde, que era de Carabineros. Este 'cabro' se asustó y salió arrancando.
Yo me quedé ahí y vi que un carabinero efectuaba maniobras para pasar la
bala y dispararle al 'cabro' que había arrancado, y en vista de esto me
acerqué hasta el jeep con las manos en alto, porque vi que la cosa estaba
seria". Posteriormente, según manifestó Sandoval, habrían introducido al
menor dentro del vehículo institucional, donde observó a otros tres menores.
Uno de ellos, sería de tez morena, de pelo casi rapado, vestía ropa "bien
sucia", medía 1.20 de estatura y lo apodaban 'el Indio Chico'. "Cuando subí
le preguntaron a los que estaban arriba: 'éste también es pato malo' y ellos
102
respondieron, 'No, éste cabro trabaja'. Dieron varias vueltas buscando a! que
había huido y llegaron
hasta una casa en busca de un delincuente habitual que le dicen
'Juanaquillo', pero éste alcanzó a huir por la parte trasera de la casa",
aseguró.
Frente a esa casa, los policías habrían aprendido a otro menor que
paseaba en bicicleta. El vehículo, relató el testigo, se quedó detenido durante
quince minutos y, sin ninguna explicación, lo dejaron en libertad.
"Yo al 'Indio Chico' no lo he vuelto a ver más. Debo hacer presente que
este cabro siempre se juntaba con delincuentes de la población, no
estudiaba ni trabajaba en nada. Era muy nombrado por sus fechorías y
al parecer era cogotera, ya que por comentarios uno sabe esas cosas".
"Los carabineros que nos detuvieron no llevaban ningún distintivo de la
Comisaría a la que pertenecían, y dijeron que eran del Servicio de
Inteligencia de Carabineros. Parece que la misión de ellos era limpiar la
población de delincuentes, y como yo acredité que trabajaba
honradamente, me dejaron libre, sin ningún golpe ni apremio",
concluyó.
La declaración de Sandoval no cuadraba con el testimonio que le había
entregado hace un tiempo a los vecinos de la población. Pero, aunque había
cambiado el cómo se había realizado el operativo, entregó una pista clave
para desentrañar las motivaciones que tenían los dispositivos de seguridad
para detener (en algunos casos matar y torturar) a jóvenes de poblaciones
marginales: "Parece que la misión de ellos era limpiar la población de
'delincuentes".
Esta afirmación no hace más que corroborar las conjeturas de los padres
de José Miguel. "Nosotros creemos que los detuvieron por el sólo hecho de
ser pobres". El historiador Gabriel Salazar explica este fenómeno de la
siguiente manera. Para él, el "enemigo", el "mal, el "anticristo", como
quiera llamárselo, en las poblaciones marginales se hacía carne en todos.
Porque allí no sólo actuaba el marxista, el revolucionario, sino también
el potencial delincuente; Jóvenes como José Miguel que en un futuro próximo
103
podrían quebrantar las bases del "orden" que la dictadura del General
Pinochet pretendía establecer bajo la sombra del terror político. Jóvenes que
representaban en todos sus aspectos al tan "peligroso pobre"; al excluido en
el que en cualquier momento puede resurgir esa inminente conciencia básica
de identidad. Ese ente abstracto que tanta inseguridad y temor causaba (y
causa) en las esferas dominantes de la sociedad: La conciencia de clases.
Según Salazar, una forma de mantener la recordación popular en el "pozo
estéril y la violencia ritual", es evitar que se convierta en una memoria pública
a la vista de todos. "La recordación y la memoria histórica, en manos del bajo
pueblo, constituyen un arma política de largo alcance. Su uso libre por la
sociedad civil y, sobre todo, por los pobres y marginales, puede constituir,
pues, un peligro grave para el sistema y para el Estado. Por lo que éste
tiende a regular esa libertad. A intervenir en la instalación pública de los
recuerdos y en la configuración civil de la transmisión educativa
del saber historiográfico). Procura que las recordaciones dolorosas del
bajo pueblo permanezcan en el ámbito privado o como efemérides
iracundas, que el mismo Estado convenientemente atiza (como el 11 de
septiembre), para hundir la recordación en la ira, la ira en puro gesto de
violencia, y la violencia en la reacción policíaca que legitima el "orden' del
sistema. Para evitar, en suma, que la recordación gire hacia la acción política
totalizada14".
Con la muerte o desaparición de estos la dictadura cumplía un rol
ejemplificador. Porque la desaparición de una persona es un acto que tiene un
doble significado, uno respecto a la víctima y la otra frente a la sociedad.
"Con ello el dispositivo del terror consigue su perpetuación, produce una
nueva y más extensa cohorte de víctimas. Sigue, por tanto, estando
socialmente presente. Con ello cumple el objetivo de no ser olvidado. El terror
necesita que su presencia sea recordada. La represión es puntual, el terror
debe ser permanente. Por ello, el terror encuentra en las desapariciones
una forma de presencia que se prolonga a través del tiempo.15". En el caso de
14 SALAZAR, Gabriel. 2002. Política de Matar, Voluntad Social de Recordar, wvwv.cgf.udechile.cl15 MOULIÁN, Tomás. Chile Actual: Anatomía de un Mito. Santiago. Ed. Lom – Arcis 1997 Pág. 102
104
Leónidas Contreras nunca se interpuso acción judicial alguna, el caso llevado
por el juez Calvo tuvo un primer fallo el 4 de agosto del presente año
declarando al único responsable, Rubén Barría alias "el Chino", inimputable
por la justicia ya que aferrándose a la ley ordinaria Barría no puede ser
sancionado punitivamente ya que su crimen habría prescrito al transcurrir
cuatro años de ejecutado el hecho. El abogado Alberto Espinoza Pino que
representa a Luis Rodríguez hermano de Jaime Max el otro menor
asesinado en el puente Bulnes, dice que apelará, pero está conciente de
que "esto tiene para mucho rato, quizá años de años en que la Suprema
manifieste su opinión", dice.
La lectura que hace el magistrado Calvo es que si estos jóvenes
carecían de militancia política no puede tratarse por la Ley de
Amnistía, cuestión que Espinoza discute ya que en toda norma jurídica
internacional la sustracción de menores es un delito punitivo, "además que si
es verdad que vivimos bajo un Estado de Guerra, deberíamos entonces aplicar
el tratado de Ginebra, en el que queda claro que todos estos apremios
ilegítimos son sancionables", comenta.
EL FUNESTO ROL DE LA PRENSA
Las violaciones a los DD.HH. en menores de edad durante la dictadura militar no
han sido abordadas por la opinión pública con la madurez social necesaria. Vemos
como frente a esta área de las víctimas no se ha recogido el país frente a una
realidad que debe al menos, producirnos un absoluto rechazo como nación. En
este camino hacia el “nunca más”, tesis que ya han expresado tanto autoridades
políticas como en las Fuerzas Armadas en sus distintas ramas es que el
periodismo juega un rol preponderante y a nuestro juicio, no ha estado a la altura
necesaria para que los hechos sean de conocimiento público como tampoco para
enfrentar como sociedad una realidad que golpeó a los hijos de esta tierra a muy
temprana edad.
Un estudio recientemente publicado, de los investigadores Giselle Munizaga y
Diego Moulián, de la organización independiente Observatorio de Medios, revela
105
que el uso de trascendidos y fuentes no identificadas se ha convertido en una
práctica generalizada de la prensa escrita chilena.
Salvo circunstancias excepcionales que lo justifiquen, este procedimiento está
expresamente vedado por las normas de la ética periodística. De hecho, el N° 2
del Título N° 1 del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile establece
que “el periodista difundirá sólo informaciones fundamentadas, sea por la
correspondiente verificación de los hechos en forma directa o con distintas
fuentes, sea por la confiabilidad de las mismas”, mientras que el N° 9 del mismo
título prescribe que “el periodista debe citar sus fuentes, pues el lector tiene
derecho a conocerlas y así evaluar por sí mismo la calidad de las mismas”.
Estos preceptos, inscritos a fuego en el contexto de la responsabilidad social del
periodismo y su ineludible compromiso con la verdad, son sistemáticamente
atropellados por la prensa nacional.
El estudio mencionado, sobre 6.500 noticias publicadas por los diarios
pertenecientes al duopolio que existe en Chile en cuanto a propiedad de los
medios, se midió entre los días 21 de abril y 21 de junio de 2004, demuestra que
el 17% de las noticias del diario La Tercera, el 16% de las noticias de El Mercurio
y 14% de las noticias de Las Últimas Noticias carecen de fuente conocida, o bien
aparecen encubiertas bajo engañosas formulaciones tales como “según altas
fuentes”, “personeros calificados”, “fuentes de tribunales” o “círculos informados”,
un torcido atajo para deslizar la mentira, el contrabando ideológico y la
manipulación.
El estudio de Munizaga y Moulian se limita a constatar una práctica usual del
periodismo chileno, pero abstrae su origen político e histórico.
Es empíricamente comprobable que la omisión o encubrimiento de fuentes
constituye un clásico recurso de la guerra psicológica y la desinformación, y que
fue transferido y contagiado por los servicios secretos norteamericanos a la prensa
chilena golpista entregada a la tarea de socavar las bases del sistema
democrático, durante el gobierno de la Unidad Popular.
Está históricamente demostrado que la base de los montajes con que la prensa
encubrió la violación de los DD.HH. durante la dictadura, fue, precisamente, el
106
abuso de trascendidos de origen desconocido y la difusión de información
atribuida a “fuentes de inteligencia”, u otros subterfugios.
Como probará la revisión del modo cómo informaron los diarios de las cadenas de
El Mercurio y La Tercera sobre cuatro casos emblemáticos, a saber, el Plan Zeta,
la Operación Colombo, la desaparición de la tercera dirección clandestina del
partido Comunista en diciembre de 1976, y la Operación Albania.
Estos casos fueron elegidos en función de criterios tales como su gravedad, su
distribución en la línea de tiempo, el grado de complicidad si es que no de autoría
mediata de la prensa, y el estado de avance que presentan en términos del
establecimiento de la verdad, incluso en el nivel judicial.
Aunque la complicidad de la prensa en la violación de los DD.HH. es un hecho
socialmente aceptado, no existe un correlato en el plano de la identificación de las
responsabilidades. Con abstracción del anonimato que los encubrió, tales
montajes no hubiesen sido posibles sin el concurso, la decisión o al menos la
aprobación de directores y editores de los medios que los difundieron. Algunos de
ellos, ya fallecidos o retirados, gozan del prestigio de vestales de un periodismo
“serio” y “objetivo”, mientras que otros, aún en actividad, son decanos de escuelas
de periodismo.
Con todo hubo que esperar más de tres décadas para conocer los mea culpas que
cada medio de comunicación social decidió imprimir en sus diferentes entregas
informativas. Resulta extraordinariamente pedagógico hablar de un tema que sólo
cuando el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura sale a la luz
pública es que la prensa comenzaría a difundir. Esa “verdad” que decían sostener
algunos emisarios de la derecha chilena como las palabras expresadas por el ex
ministro del Interior del régimen de Pinochet, Sergio Fernández, sobre que no
conocía las violaciones a los derechos humanos desde su posición dentro del
gobierno simplemente no resisten análisis, pero de una persona que pensaba que
se informaba a través de los medios de comunicación tradicionales y de más alta
masividad parece darles la razón.
Paradigma de una Pluma Cómplice (EL PLAN Z)
107
Como se sabe el Plan Z fue un tosco montaje de inteligencia orientado a justificar
las matanzas de primera hora de la dictadura, sobre la base de instalar en la
traumatizada opinión pública, la noción de que las fuerzas armadas no tuvieron
más opción que tomar el poder para neutralizar un “siniestro plan” de las “hordas
marxistas” para “descabezar” a sus altos mandos y asesinar a lo más granado de
las élites de la época, a lo largo y ancho del país.
Está históricamente establecido que el primer antecedente concreto del Plan Zeta
fue la filtración. Un 17 de septiembre de 1973, desde los servicios de inteligencia
de la Armada, al periodista Julio Arroyo Kuhn, corresponsal en Concepción de los
diarios El Mercurio y Las Ultimas Noticias, y fue difundida por la agencia France
Press (FP), en los siguientes términos:
"Un plan destinado a decapitar la cúpula militar y eliminar a la oposición al gobierno de
Allende, fue descubierto aI parecer en los archivos del Palacio Presidencial, se informó
en buena fuente".
Esta información El Mercurio la recogió como: “El descerrajamiento de la caja fuerte de la
Subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se
cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las
Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discreparan con
el gobierno depuesto”.
Tal como si obedeciese a una orden de Estado Mayor, en los días sucesivos El
Mercurio publicó informaciones acerca de profusos hallazgos de arsenales que
brotaban como mala hierba, de allanamientos a ubicuas escuelas de guerrillas
cuyos integrantes nunca combatieron y planes de degollinas contra miembros de
las Fuerzas Armadas, que invariablemente los extremistas habían tenido a bien
olvidar en gavetas y cajones de sus oficinas, así como robos, desfalcos e
irregularidades de todo tipo que habrían perpetrado los funcionarios del gobierno
depuesto, antes de emprender la fuga, bajo titulares como los siguientes:
“Comunistas y socialistas serían los ejecutores: 600 familias iban a ser asesinadas
en Concepción”; “Desde la Intendencia Planeaban Asesinatos”; “Marxistas
Proyectaban la Destrucción de Limache”; “Planes Siniestros Alentaban Marxistas
en Zona Salitrera”; “Otra Escuela de Guerrillas se Descubrió en Nueva Imperial”,
108
“Operativo Militar en Viña del Mar: Detenidos 35 Extremistas de un Campo
Guerrillero”20. entre otros tantos de semejante índole.
La memoria histórica no debe olvidar que las ejecuciones sumarias de militantes y
simpatizantes de partidos de izquierda en los sangrientos albores de la dictadura
tuvieron como pretexto su supuesta participación en el plan Zeta, y que El Mercurio
prestó la coartada con titulares e informaciones como las descritas.
El director de El Mercurio era, René Silva Espejo21, fallecido en olor a santidad, y el
subdirector era Arturo Fontaine Aldunate, Premio Nacional de Periodismo el año
1975 y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Santo Tomás, donde tiene a su cargo la formación de nuevos
contingentes del periodismo nacional. Sobre el Plan Zeta, en entrevista concedida
al diario La Nación, en 1993, declaró muy suelto de cuerpo:
“No tengo ninguna prueba de que haya existido el Plan Zeta. En ese momento se
daba como un hecho cierto. Para mí es hoy una incógnita”.
Respecto de la autoría del Plan Zeta, hay versiones que apuntan al historiador y
columnista del diario La Segunda, Gonzalo Vial Correa, lo que en estricto rigor es
inexacto toda vez que su participación remite a su publicación en el Libro Blanco de
la Junta Militar, único antecedente público del susodicho plan, tal como reconoce
en su columna de La Segunda, el 2 de febrero de 1999:
“El Plan Zeta apareció en el Libro Blanco del Gobierno de Chile sobre las causas
del pronunciamiento militar, publicado el mismo año 1973. El que escribe fue uno
de sus redactores. En ese momento, la Junta, a través de la Armada, nos
proporcionó una gran cantidad de documentos encontrados al allanar, durante y
después del golpe, oficinas públicas, locales políticos de la UP y el Mir, empresas
estatizadas y residencias particulares. Entre esos documentos venía el Plan Zeta
reproducido en el Libro Blanco. Naturalmente, no lo firmaban nadie y era, el
ejemplar hallado, uno de varios facsímiles, el cual llevaba un número 2 en cada
carilla y abarcándola enteramente. Este, se sabe, es un procedimiento usual para,
en caso de filtración, detectar su origen”.
20 Titulares obtenidos de la prensa de la época.21 Premio Nacional de Periodismo en Redacción en 1957. Fue presidente del Colegio de periodistas entre 1961 y 1963.
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Vial Correa, todavía un respetado historiador de la plaza, dado a la tarea de editar
fascículos sobre el período de la Unidad Popular para el mismo periódico,
desperdició una estupenda oportunidad de callar, toda vez que en una sucesión de
columnas del diario La Segunda, publicadas durante el mes de septiembre pasado,
arremetió empeñándose en su terquedad.
“El Libro Blanco no fue anónimo, sino una publicación oficial de la Secretaría
General de Gobierno, distribuida con ese carácter en Chile y (traducida al inglés)
en el extranjero. Sus autores no fueron indicados, pues nunca lo son en este tipo
de publicaciones: el autor es el Gobierno”, para después perpetrar esta confusa
disquisición: “¿Quiénes eran su autor o autores, qué vigencia política y 'operativa'
tenían? ¿Fue aceptado por quién debía aceptarlo? ¿Entró en rodaje, o no hubo
ocasión de hacerlo (de su texto se desprende ser muy poco anterior al golpe)? No
lo sé, ni lo dice el Libro Blanco. ¿Qué antecedente tengo para decir que el Plan Z
no fue un simple invento de los militares? Uno muy simple: que no querían se
publicara - pues investigaban su procedencia, autoría y grado de avance- , y lo
permitieron sólo tras múltiples y largas gestiones. ¿Para qué habrían hecho un
'show' así con nosotros, los redactores, partidarios del golpe, que no diríamos -
como no dijimos, hasta hoy- nada sobre esas gestiones?
A estas alturas, cuando ya nadie toma en serio el Plan Zeta, la confusa justificación
del emérito historiador carece de importancia. No en vano el verso popular el papel
lo aguanta todo.
La denominada “Operación Colombo”22, una artera y macabra operación de
inteligencia política por medio de la cual se intentó encubrir la desaparición de
personas perpetrada por la DINA durante los primeros años de la dictadura,
encierra múltiples propósitos y significados, pero hay uno que sobresale del resto,
aún incluso sobre su inusitada crueldad: el desnudo imperio del engaño, la mentira 22 Fue diseñada por el Departamento de Operaciones Clandestinas de la DINA. Era abril de 1975 cuando en Buenos Aires apareció el mayor de Ejército Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. Se contactó con el agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, y le comentó que su misión era hacer aparecer en Buenos Aires el cuerpo del prisionero David Silbermann Gurovich. De hecho se le colgó un cartel que decía “Dado de baja por el MIR”, con esto se trataba de preparar el ambiente introduciendo en la población la idea de que “guerrilleros”, sobre todo del MIR, intentaban penetrar a Chile desde Argentina en forma clandestina para combatir al régimen. En julio de ese mismo año volvieron a aparecer en Buenos Aires otros tres cuerpos en condiciones similares. Esta vez, se dijo que los cadáveres correspondían a Jaime Robotham Bravo, Luis Guendelman Wisniak y Juan Carlos Perelman Ide. Los cadáveres mostraban carteles con leyendas parecidas y las cédulas de identidad, pero más tarde quedaría comprobado que no se trataba de los cuerpos a los que decían pertenecían. Se trató dela farsa más grande de la dictadura.
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y la desinformación como armas de guerra sicológica, utilizadas con la triple
finalidad de implantar el terror, avasallar la conciencia de los chilenos y burlar a la
comunidad internacional.
El montaje consistió en difundir una lista de 119 personas por las que se habían
interpuesto recursos de amparo, la mayoría de las cuales fueron vistas con vida en
cuarteles de la DINA, haciéndolas aparecer como asesinadas por sus propios
compañeros, o caídas en enfrentamientos con la policía23.
Es así como el 15 de julio de 1975 apareció en Buenos Aires la revista Lea,
creada especialmente para la ocasión por la editorial Codex, vinculada a la Triple
A22. Su crónica central consistía en una fabulación sobre pugnas internas del MIR,
que habrían cobrado víctimas en diversos países. Dos días más tarde reapareció
en Curitiba, Brasil, una publicación de nombre O´Día, con una segunda lista con
59 nombres de chilenos que habrían muerto en Argentina en enfrentamientos con
la policía carioca.
La maniobra, ideada por integrantes del Departamento Exterior de la DINA, todos
actualmente identificados, no habría tenido sentido sin la complicidad y aprobación
de la prensa chilena, que se limitó a reproducir esas insostenibles versiones,
agregando además editoriales de su propia pluma.
El Periodismo con Bototos
Basar una investigación sólo sobre la base de documentación periodística de la
época es francamente impresentable. No es posible querer buscar la verdad entre
la tinta impresa durante el comienzo de la dictadura23. Podemos al menos referirnos
a ella sólo para explicar el cómo se des-informó a la nación, con el ánimo de
infringir somnolencia respecto de los hechos atroces que se estaban cometiendo.
Así, el 16 de julio de 1975, en la página 15 de El Mercurio, bajo el título, Miristas
Muertos en Argentina Eran Buscados en Chile, se lee: “los dos integrantes del MIR
que fueron asesinados la semana pasada cerca de Buenos Aires, figuraban como
desaparecidos en Chile y entidades humanitarias, entre ellas Amnesty
23 La Nación, lunes 30 de mayo de 2005 “30 años de los 119 detenidos desaparecidos:Operación Colombo: el montaje más grande de la dictadura militar”, por Jorge Escalante.22 Policía secreta argentina de la dictadura militar trasandina.23 Paradójicamente es en tiempo de dictadura, pero a fines de ésta que aparece un periodismo de investigación que en plena democracia se extraña.
111
International, habían planteado reclamos por ellos, se informó en fuentes de
gobierno”. Más adelante, con su típico estilo sibilino, y escudado en el abuso de
fuentes no identificadas, agregó este párrafo de antología: “Los servicios de
seguridad comprobaron que está en marcha un plan para hacer falsos secuestros.
Según fuentes de Gobierno, elementos marxistas irrumpen en domicilios de
compañeros, se identifican como personal de seguridad y se llevan a los dueños de
casa. Por supuesto -puntualizaron las fuentes- se cuenta con la complicidad de
éstos, lo que ignoran los familiares. Estos, lógicamente, concurren a los tribunales
a denunciar la desaparición de sus parientes (...) Estos seudo detenidos o
secuestrados -explican las fuentes- son trasladados a Argentina a fin de que se
incorporen a movimientos guerrilleros, y tras recibir adiestramiento, son retornados
a Chile”.
Coronando su actuación en el caso, lo trató en comentario editorial, el día 23 de
julio de ese año, con juicios solemnes y presuntuosos que agregan infamia a la
mentira: “la violencia engendra violencia y quien cree que ella constituye la razón
de ser de una acción política concluye por ser víctima del propio monstruo que
despierta. Huidos del país, dispersos en distintos lugares, los violentistas de
entonces se han visto forzados, cotidianamente, a enfrentar una nueva situación. A
las dificultades económicas encontradas en naciones extranjeras, se sumaron las
‘liquidaciones de cuentas’. Dineros robados y cuyos usos fueron decididos por el
primer audaz, encendieron pasiones y crearon odios. Se culpan también
recíprocamente de esas tácticas, acusándose de debilidades, errores o falta de
audacia por no haber empujado todavía más al país a la catástrofe extrema que
pretendieron. Las rivalidades ayudaron a hacer estallar el conflicto y las venganzas
sucedieron a las venganzas en una escala pavorosa. Es obvio que en las
contiendas entre quienes sólo aceptaban la violencia como criterio, apelaron a la
única manera que sus protagonistas preconizan y entienden: la liquidación
inmediata y artera del rival o del disidente”.
En los párrafos precedentes nos enfrentamos a una situación que hoy por hoy está
de moda. El asesinato de imagen. Claro que de personas que habían sido
asesinadas. Esto sólo puede calificarse como un delito de calumnia e injuria24. 24 El abogado Arturo Fontaine Aldunate, era el director subrogante de El Mercurio en ese momento, jamás ha ofrecido una disculpa pública por este comportamiento. Además dentro de sus preseas exhibe el premio
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El diario La Segunda, hijo putativo de la cadena El Mercurio S.A.P. no le fue en
zaga en materia de periodismo como lo hemos apellidado con bototos. Un 24 de
julio de 1975, publicó un titular ya clásico para los anales del engaño: Exterminan
Como Ratas a Miristas25. Luego, en una crónica publicada el 29 de julio, arremetió
contra el Comité de Cooperación por la Paz, que había presentado recursos de
amparo por las 119 personas incluidas en las listas y había publicado una inserción
que llamaba la atención sobre “la extrema gravedad que encierra que un sector de
la prensa nacional retransmita en forma sensacionalista noticias emanadas de un
semanario y diario extranjeros, escasamente conocidos, que se refieren a la
presunta muerte de un alto número de chilenos en el extranjero, sin señalar fuentes
de organismos competentes26”.
En la crónica, titulada Comité de Cooperación Para la Paz Recurre de Amparo en
Favor de los Muertos, firmada por Antonio Salgado, se lee: “el comité mencionado
se pretende erigir en orientador de la prensa nacional. De señalarle el camino que
debe seguir. Olvidando acaso aquella reunión de hace unos meses cuando un alto
dignatario de la Iglesia Católica les hizo presente que era necesario disolver ese
comité por no ser necesario a estas alturas. Y obviando de paso la situación poco
confortable que dentro de los luteranos chilenos tiene el Obispo Helmut Frenz, uno
de los activadores de la citada institución”. El director del diario era entonces Mario
Carneyro Castro, ya fallecido.
En el diario La Tercera, los que tomaban las decisiones también creyeron oportuno
optimizar el montaje con antecedentes y opiniones de su propia cosecha, sobre la
denominada Operación Colombo27 escribieron un 24 de julio del ‘75, Confirmado:
Nacional de Periodismo otorgado en 1972 y ocupó la presidencia del Comité de Ética de Medios(1992-2002), hoy es consejero. 25 Publicado bajo el nombre de Mercedes Garrido, quién aún se desempeña como reportera del sector política de El Mercurio.26 Nosotros, los Sobrevivientes, Acusamos capítulo sobre Los Colaboradores de la Tortura en Chile: La Prensa, elaborado por la Coordinadora de Ex Presas y Ex Presos Políticos. Publicado en los sitios web www.mir-chile.cl y www.hommodollars.cl 27 Hoy se encuentran procesados como autores de secuestro el ex jefe de la DINA general Manuel Contreras, el general César Manríquez (quién fuera el segundo hombre de la DINA), el oficial de Gendarmería y ex jefe de Cuatro Álamos Orlando Manzo, el también segundo de la DINA brigadier Pedro Espinoza, el ex jefe de Villa Grimaldi coronel Marcelo Moren Vbrito, el ex jefe de la brigada Halcón brigadier Miguel Krassnoff, el suboficial Basclay Zapata, el ex agente civil Osvaldo Romo, el oficial de Carabineros Conrado Pacheco, el ex detective Manuel Carevic, el coronel ex DINA y ex jefe del servicio secreto de la DINE Maximiliano Ferrer Lima, los tenientes coroneles de Carabineros, Ricardo Lawrence y Gerardo Godoy. El coronel de Ejército Gerardo Urrich, el ex jefe de la brigada Vampiro brigadier Fernando Lauriani, y el general Raúl Iiturriaga Neumann.
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Habían Presentado en Chile Amparos en Favor de los Miristas Muertos en
Argentina, se encuentran verdaderas joyas del periodismo que hemos llamado con
bototos: “Mientras los miristas se matan entre ellos en la lucha por el poder y el
dinero fuera del país, hasta donde huyeron cuando las fuerzas de seguridad
empezaron a actuar, en Chile las pseudas organizaciones humanitarias
comenzaron a desprestigiar al gobierno acusándolo en recursos de amparo que la
policía y los servicios de inteligencia detenían a ‘inocentes’. Incluso hay recursos de
amparo en que se dice que testigos observaron como fuerzas policiales detuvieron
a determinadas personas cuyo paradero se desconoce. Sin embargo, ahora se
establece que todo era falso; que la acción formaba parte de la campaña
internacional para desprestigiar al país puesto que los miristas “presuntivamente
detenidos en Chile”, se encontraban fuera del país realizando acciones ilícitas.
Ahora sus cadáveres son encontrados en Argentina, Panamá, México, Colombia y
Francia”.
Difícil encontrar un ejemplo más nítido de periodismo aterrorizado, pero aún había
más. La nota de La Tercera sigue: “en el Poder Judicial se advertía malestar por el
hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender
los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de
desprestigiar a Chile. En todos esos recursos la Corte de Apelaciones enviaba
oficios al Ministerio del Interior, a los jefes policiales e incluso a los magistrados,
solicitándoles informes sobre los ‘desaparecidos luego de ser detenidos’. Las
respuestas de las autoridades indicaban que los extremistas no habían sido
detenidos pero los abogados insistían en sus falsas posiciones. Ahora se confirmó
que esos extremistas jamás fueron detenidos y que en cambio lograron salir del
país para enfrentarse en la estremecedora lucha interna que libra el MIR por el
dinero producto de asaltos, robos y desfalcos perpetrados en Chile en el anterior
régimen”.
A esa fecha, la dirección de La Tercera la desempeñaba Alberto Guerrero
Espinoza, ya retirado, y la subdirección Héctor Olave Vallejos, actual editor de los
servicios informativos de El Mercurio y recientemente designado Premio Nacional
de Periodismo 2003, galardón que en palabras del Ministro de Educación y
Presidente del Jurado, Sergio Bitar, se le concedió para "dar una señal de
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fortalecimiento del prestigio de un periodismo serio, sólido, ético y al servicio de la
libertad de expresión" (SIC). Esas palabras las dijo quién viviera la reclusión política
en los campos de concentración Dawson, Ritoque y Puchuncaví. Además
debemos decir que no es oneroso aceptar un premio que asciende a más de 13
millones de pesos chilenos por su legado periodístico si tomamos en cuenta las
reparaciones simbólicas que el Estado chileno ha tenido con las víctimas de la
dictadura. Simplemente vergonzoso.
Traje Desastre y a la Medida
Con el secuestro en la vía pública de Armando Portilla Portilla, el 9 de diciembre
de 1976, integrantes del Comando Conjunto28 iniciaron una batida contra la tercera
dirección clandestina del partido Comunista. La operación prosiguió los días 13,
con el secuestro de Luis Fernando Navarro Allendes; el 15, cuando, en distintas
horas y circunstancias, fueron secuestrados Lincoyán Yalú Berríos Cataldo,
Horacio Cepeda Marinkovic, Héctor Véliz Ramírez, Luis Segundo Lazo Santander,
Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Ulises Pizarro Molina y Reinalda del Carmen
Pereira Plaza y el 18 de diciembre, con el secuestro de Lisandro Tucapel Cruz Díaz,
para terminar el día 20, con el secuestro de Edras de las Mercedes Pinto Arroyo.
Todos ellos integran las listas de detenidos desaparecidos, sin perjuicio de que el
informe de las Fuerzas Armadas a la Mesa de Diálogo, consigna que en la Cuesta
Barriga habrían sido inhumados los cuerpos de Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda,
Luis Lazo, Fernando Navarro y Fernando Ortíz.
Los tribunales rechazaron los recursos de amparo sin otro trámite que oficios al
Ministerio del Interior, cargo que desempeñaba el general César Raúl Benavides,
así como a las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que por cierto
negaron la detención y conocimiento de cualquier antecedente de los amparados.
28 Agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y el término del año 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70. El Comando Conjunto estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y contó más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes de Patria y Libertad.
115
La angustia de los familiares queda retratada en un escrito que presentaron en
febrero de 1977: “Destacamos a V.S. nuestra enorme inquietud por la suerte
corrida por nuestros familiares, habida consideración al largo período que ya llevan
privados de libertad, el que oscila entre uno y dos meses, y a la circunstancia que
sus detenciones no han sido oficialmente reconocidas, inquietud ésta que se
acrecienta frente a la increíble pasividad e indiferencia que han mostrado, en
relación a sus desaparecimientos, las autoridades y funcionarios públicos a quienes
la ley ha entregado la función de velar por la seguridad de las personas”29.
La dictadura respondió a este clamor con uno de sus característicos montajes,
consistente en la falsificación de las hojas de ruta del paso fronterizo Los
Libertadores, con el fin de convencer a la opinión pública que dichos dirigentes
comunistas habían abandonado el país rumbo a Argentina. Ese solo antecedente
bastó para que el Ministro en Visita, Aldo Guastavino, sobreseyera la causa, sin
siquiera haber dado por ocurridos los hechos. Para instalar ese montaje como
“verdad oficial” los autores materiales e intelectuales de los secuestros se valieron
de la colaboración de la siempre bien dispuesta y servicial prensa uniformada.
El 10 de febrero de 1977, El Mercurio publicó Se Cerró Investigación de los
Desaparecidos, la crónica del diario señaló: “el Ministro en Visita, Aldo Guastavino,
designado el 31 de enero para investigar la desaparición de ocho personas, cerró
el sumario el lunes pasado, después de declarar agotada la investigación. El
Ministro Guastavino había oficiado al Ministro del Interior solicitando los
antecedentes de las ocho personas presuntamente desaparecidas, y recibió de esa
Secretaría de Estado un oficio que adjuntaba copias de los certificados de viaje
expedidos por Extranjería de la Policía Civil, en que consta la salida al país de esas
personas”.
Haciendo gala del rigor profesional destacó un enviado especial, el periodista
Oscar Medina30, quién, en el lugar de los hechos y tras una exhaustiva
investigación, logró establecer: “La Policía Internacional de Los Libertadores
confirmó con documentación el paso hacia Argentina de las ocho personas
29 Nosotros, los Sobrevivientes, Acusamos capítulo sobre Los Colaboradores de la Tortura en Chile: La Prensa, elaborado por la Coordinadora de Ex Presas y Ex Presos Políticos. Publicado en los sitios web www.mir-chile.cl y www.hommodollars.cl30 Hoy se desempeña como editor general de la estación televisiva Mega del empresario Ricardo Claro.
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presuntamente desaparecidas, cuya situación estudió el Ministro Guastavino. Por
su parte, el Servicio de Migración de Argentina, por intermedio del Jefe de la
Avanzada Las Cuevas, dijo a El Mercurio que la documentación que registra el
ingreso de cualquier persona a territorio argentino es enviada a Mendoza, y desde
allí a Buenos Aires, a los archivos de la Dirección Nacional de Migración. El Jefe
del Servicio de Mendoza, Juan Cortés, en conversación telefónica con este enviado
especial, dijo que los antecedentes pedidos fueron enviados a Buenos Aires: ‘Hay
una demora de dos años en los archivos. Creemos que puede demorar un poco
cualquier comprobación del ingreso a Argentina de cualquier persona”.
El Neo- Nuevo Periodismo
Una vez que Truman Capote remeció la conciencia de los lectores con su A Sangre
Fría37, pensábamos que todo tipo de prensa ya estaba escrita. Mención a parte
para los latinoamericanos Gabriel García Márquez y Tomás Eloy Martínez, que
desde su pluma imprimieron otra novedosa forma de ejercer el periodismo,
debemos sostener que al menos utilizando la pirámide invertida y la dicción de
seriedad y objetividad de la labia mercurial, sólo podemos bautizar al periodismo
practicado por algunos colegas de esa época dictatorial como el Nuevo Neo
Periodismo.
En varias fases de este texto hemos repasado la estructura de los relatos que los
medios de comunicación sociales masivos utilizaban para continuar sin molestar a
los verdugos que acaparaban el poder en Chile. La imaginación puesta en estos
relatos no podía sino ser más que mentira, y cuando ella es citada para trasladarse
a los terrenos de la literatura incluso es bienvenida, pero el género periodístico no
puede estar basado en ella. Todo esta estructura de entrega informativa al servicio
de la mentira era el modo de persuadir a los chilenos que por esos días de letargo
cultural.
Fiel al estilo combativo que le imprimió Mario Carneyro, La Segunda tituló en
primera plana, el 9 de diciembre: Nueva Felonía Marxista Ante los Tribunales: No
hay Tales “Desaparecidos”. En la crónica interior, bajo el título, Descifrada Infamia
de los “Desaparecidos”: Comunistas Viajaron al Exterior haciendo Dedo, este diario 37 En la que jugó narrativamente con la ficción y la realidad superando entonces la narración “objetiva” impuesta por la pirámide invertida del periodismo estadounidense.
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superó todas sus marcas en materia de calumnia y odiosidad: “Una nueva felonía
de los marxistas ha quedado en evidencia luego que el Ministro Guastavino cerrara
definitivamente el sumario que ordenó instruir la Corte Suprema, por el presunto
desaparecimiento de ocho personas. El magistrado, en su amplia investigación
estableció con acopio de antecedentes que los “presuntos desparecidos” salieron
del país hacia territorio argentino con toda su documentación y en algunos casos, a
falta de medios de locomoción colectiva, hicieron dedo, aprovechándose de la
buena voluntad de los automovilistas. La campaña de los marxistas contra el
régimen del Presidente Pinochet no descansa. Con tal de empañar la imagen de
nuestros gobernantes son capaces de las peores felonías, como la descubierta por
el ministro Guastavino. No podían permanecer no sólo trabajando en la
clandestinidad contra todos los chilenos que aman la libertad y tranquilidad lograda
en los tres años de gobierno, sino que además planearon otra infamia: pedir a los
tribunales de justicia la designación de un ministro en visita para que investigara el
desaparecimiento de ocho “dirigentes sindicales”, en su mayoría de filiación
comunista (...) Entre la lista de inocentes adherentes a esta felonía figuran
sacerdotes, religiosas, abogados y otras personas que se dejaron engañar una vez
más”.
El antecedente del viaje a dedo también llamó la atención de los sagaces editores
y reporteros de La Tercera y Las Últimas Noticias. El 10 de febrero de 1977, la
crónica de La Tercera, bajo el título “Desaparecidos” Se fueron en Tren, Camiones
y a Dedo, consignó: “el informe entregado recientemente por el magistrado Aldo
Guastavino, expresa que estos salieron del país con toda su documentación
oficial, y señala, además, que varios de ellos lo hicieron utilizando el viejo sistema
del “auto.stop”, es decir, gracias a la buena voluntad de los automovilistas”.
De parecido tenor fue la crónica de Las Últimas Noticias: “A Mendoza, Argentina, y
utilizando el sistema de “auto-stop” y en vehículos particulares, viajaron ocho de
los trece presuntos desaparecidos y para los cuales sus familiares solicitaron la
designación de un ministro en visita”.
En el caso de Reinalda Pereira, puntualizó que “lo hizo el 22 de diciembre de
1976, saliendo a pie por el paso Los Libertadores”, lo que era absurdo, toda vez
que a la fecha de su desaparición, tenía seis meses de embarazo.
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Las planas directivas de los diarios La Segunda y La Tercera eran las mismas que
durante la Operación Colombo, mientras que la de Las Últimas Noticias estaba
conformada por el director, Fernando Díaz Palma, el subdirector, Julio Abarzúa
Abarzúa, y el Jefe de Informaciones, Hugo Nettle Maluenda.
La imaginación no tiene límites y eso los periodistas al servicio del régimen militar
lo sabían. En el mayor golpe que recibió el FPMR en toda su trayectoria, entre los
días 15 y 16 de junio de 1987, agentes de la CNI asesinaron a 12 de sus
dirigentes, militantes y colaboradores, en una operación combinada que fue
conocida como matanza de Corpus Christie u Operación Albania38.
La evidencia de que se trató de una ejecución masiva, fríamente planificada y
ejecutada, quedó recogida en el trabajo en terreno de los periodistas de los
medios opositores, tales como Análisis, Apsi, Cauce, Hoy y Fortín Mapocho.
Sin embargo, contra toda lógica, contraviniendo todas las normas del rigor
profesional y amparándose en el consabido recurso de versiones atribuidas a
“fuentes de inteligencia” los medios de la prensa uniformada sólo supieron ver
“enfrentamientos” entre “terroristas” y “extremistas” con “fuerzas de seguridad”.
38 En la mañana del día 15, fue interceptado en la vía pública y baleado a mansalva, el ingeniero comercial Ignacio Recaredo Valenzuela Pohorecky, en las inmediaciones de la casa de su madre, en la comuna de Las Condes. A las 18:30 horas de ese día, en calle Varas Mena de la comuna de San Miguel, donde tenía su domicilio, fue asesinado en similares condiciones Patricio Ricardo Acosta Castro. Entretanto, en un departamento de la Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa, cayó combatiendo Julio Arturo Guerra Olivares, uno de los oficiales que comandó la emboscada contra Pinochet. Pasada la medianoche, los agentes atacaron una casa de seguridad del FPMR, en Varas Mena N° 415, ocasión en que Juan Waldemar Henríquez Araya y Wilson Daniel Henríquez Gallegos se batieron hasta perder la vida, no sin antes permitir la huída de varios de sus compañeros. La operación concluyó con la ejecución de varios combatientes y militantes del FPMR, que habían sido capturados con anterioridad, en una desvencijada vivienda de calle Pedro Donoso, comuna de Recoleta. Entre ellos estaba José Joaquín Valenzuela Levi, comandante operativo de la Operación Siglo XX. Además murieron Esther Angélica Cabrera Hinojosa, Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca, Patricia Angélica Quiroz Nilo, Ricardo Hernán Rivera Silva, Ricardo Cristián Silva Soto y Manuel Eduardo Valencia Calderón. La investigación del Ministro en Visita, Hugo Dolmetsch, tiene por establecido que se trató de frías ejecuciones, y de hecho, tiene encausados por delitos de ilegítima privación de libertad y homicios al fiscal militar y mayor de Carabineros (J), Luis Acevedo González; al general de Ejército y ex-director de la CNI, Hugo Salas Wenzel; al ex-Jefe operativo de la CNI, mayor de Ejército Alvaro Julio Corbalán Castilla; a los oficiales de Ejército Ejército Krantz Bauer Donoso, Emilio Enrique Neira Donoso, Luis Arturo Sanhueza Ros, Rodrigo Pérez Martínez y Erich Antonio Silva Reichart; a los suboficiales de Ejército Fernando Burgos Díaz, Marcelo Eugenio Figueroa Lobos, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, Manuel Rigoberto Ramírez, Sergio Mateluna Pino, Carlos de la Cruz Pino Soto, René Valdovinos Morales y Haroldo Veloso Castillo; a los agentes civiles de la CNI César Luis Acuña Luengo, Manuel Ángel Morales Acevedo, Luis Alberto Santibañez Aguilera, Víctor Eulogio Ruiz Godoy y Jorge Vargas Bories; a los funcionarios de Investigaciones, subcomisario Rodrigo Guzmán Rojas, subcomisario Gonzalo Mass del Valle e inspector José Miguel Morales Morales; al capitán de la Fach Hernán Miquel Carmona, y al teniente coronel de Carabineros Iván Raúl Quiroz Ruiz.
119
Así, el 17 de junio, El Mercurio publica: En Tres Enfrentamientos en Las Condes y
San Miguel Fueron Abatidos 11 Integrantes del FMR.
En las páginas interiores, las crónicas fueron del mismo tono. Falsedades
impresas desmentidas por la investigación judicial. En el cuerpo C: “La CNI indicó
que los individuos iban armados de pistolas automáticas y se resistieron a las
detenciones”. “Se indicó que ambos enfrentaron a los agentes de seguridad
empuñando pistolas Browning de 9 mms, y Valenzuela, además, intentó arrojar
una granada antipersonal. Según la misma fuente, Valenzuela resistió la detención
cuando fue interceptado, oportunidad en que disparó la pistola que empuñaba, sin
herir al personal aprehensor”. “Entre el mediodía del lunes y las 5 de la madrugada
de ayer fueron abatidos doce individuos sindicados como extremistas del FMR.
Siete de ellos, cuatro hombres y tres mujeres, murieron tras un tiroteo de media
hora con fuerzas de seguridad”.”A través de altoparlantes se instó a entregarse a
los moradores de la vivienda, definida posteriormente como ‘casa de seguridad’.
La advertencia -según se dijo- fue respondida con fuego nutrido de fusiles M-16 y
armas cortas automáticas. También se lanzaron tres granadas hacia el exterior”.
De acuerdo a versiones de vecinos, el tiroteo entre los subversivos y los agentes
se prolongó por casi media hora”. “En las acciones fueron heridos cuatro agentes
de la CNI, dos de ellos con lesiones de gravedad”. “A las 00:11 hrs, en Villa
Olímpica murió Julio Arturo Guerra Olivares. En su poder se encontró una pistola
calibre 38 mms, con dos cartuchos percutados”.
Conviene insistir que ninguna de estas versiones de “fuentes de seguridad”
orientadas a preconstituir “enfrentamientos” ha tenido asidero en la investigación
judicial.
A la cabeza de El Mercurio estaba Agustín Edwards Eastman, cargo que aún
conserva, mientras que el cargo de editor de los servicios informativos lo ocupaba
Juan Pablo Illanes.
La conocida connivencia entre La Tercera y la CNI quedó demostrada con el
montaje de presuntos testigos presenciales que avalaban la tesis del
enfrentamiento. Así, sobre los siete homicidios de la calle Pedro Donoso, comuna
de Conchalí, dos testigos, que el diario identifica como Ricardo Muñoz y Pedro
Ramírez, relataron que “aproximadamente a las cinco de la mañana escucharon
120
que alguien hablaba a través de un megáfono. Según estos testimonios, ellos
escucharon que el jefe de las fuerzas de seguridad gritaba: ‘¡Están rodeados!’ ‘¡No
se resistan y salgan con las manos en alto’! Luego de un lapso de casi dos
minutos, en que se registró el silencio más absoluto, comenzó una feroz balacera,
en la cual predominaban las ráfagas de metralletas”.
Más significativo aún es el testimonio atribuido a un comerciante, quién aseguró
haber visto cómo Ignacio Valenzuela disparó a los agentes, lo que está
desmentido por el mérito del proceso: “por su parte, el comerciante Charles
Walker Marín, la segunda persona que presenció el enfrentamiento, explicó que
en un momento determinado se situó casi en la línea de fuego del extremista que
portaba un arma de fuego corta y la percutaba, al tiempo que intentaba huir, para
esconderse detrás de un árbol u otro parapeto. Por último, indicó que no le cabía
duda de que el violentista intentó primero alcanzar a balazos a uno de los agentes
y luego huir, ya que, tras ser abatido, portaba aún en su mano derecha la pistola
con la que hizo fuego”.
Lo curioso sostienen los periodistas que no cayeron en este juego ruin, es que
este mismo testimonio casi con las mismas palabras se reprodujo pocos días
después en la revista A Fondo33. Pero no es todo lo que sorprende. En el proceso
aparece que la coartada de Corbalán consistió en afirmar que en la noche de los
sucesos, ofrecía una recepción en su domicilio y que entre los invitados figuraba el
director del diario de Copesa S.A., La Tercera34.
Bajo el título Doce Muertos en Enfrentamientos entre CNI y Frente Manuel
Rodríguez, La Segunda35, en su edición del 16 de junio, obtuvo versiones de sus
propias “fuentes de seguridad”:
“Fuentes del organismo de seguridad señalaron esta mañana que la serie de
acciones tuvo su origen en ‘seguimientos e investigaciones que funcionarios de
ese servicio’ vienen desplegando desde el descubrimiento de los arsenales del
norte y del atentado al Presidente de la República. Agregó la fuente que estas
investigaciones se intensificaron a partir de los ataques sufridos hace días por los
33 Medio de fachada de Avanzada Nacional, que era financiado por Álvaro Corbalán.34 El director de La Tercera era, a la fecha, Arturo Román Herrera, el vicepresidente-editor Germán Picó Domínguez y Redactora Jefa, Ana María López. 35 A la fecha de estos hechos, la plana directiva de La Segunda era la misma de la actualidad, director Cristián Zegers Ariztía y Pilar Vergara Tagle, editora de los servicios informativos.
121
cuarteles de la CNI de avenida José Domingo Cañas y Neptuno. A ello, como pista
tangencial, se agrega la acción de propaganda armada que protagonizó este
domingo el MIR en la población Santa Olga de la capital. ‘Efectivamente hay una
relación entre la acción de Santa Olga, comuna de La Cisterna, y los
enfrentamientos terroristas y fuerzas de seguridad que se prolongaron hasta la
madrugada de hoy. Sin embargo, ese hecho no fue el punto de partida de los
sucesos’, recalcó la fuente”.
Por el Sendero de los Próceres
Tal como lo establece el estudio mencionado con anterioridad, del instituto
Observatorio de Medios de Chile, el abuso de trascendidos y fuentes
desconocidas lejos de haberse corregido se ha institucionalizado hoy en la prensa
escrita chilena. Está empeñada al parecer en seguir la huella trazada por estos
próceres del periodismo, a los que tanto le deben los violadores de los DD.HH. y
tantos otros chilenos que confiaron en la veracidad de las informaciones que
obtenían leyendo sus verdaderas felonías.
Más decidor aún es que la muestra reveló que los tres diarios de mayor circulación
nacional concentran el hábito de no identificar a sus fuentes en dos áreas
especialmente sensibles, esto es, seguridad ciudadana, con un 33 %, y política
nacional con 28%. Las altas fuentes36 si instauraron en nuestra opinión pública
como un suple donde se comenzaron a edificar los cimientos de una prensa que
es presa de su pasado al servicio de los poderes.
Toda comparación resulta odiosa, pero en pos del contraste, convocamos a la
prensa estadounidense -con la cual les gusta compararse-, pero con la que no
tienen nada en común, salvo la forma informativa de ésta en su estructuración.
Ella tiene por costumbre no publicar noticias que afecten el interés público que no
hayan sido confirmadas al menos por dos fuentes independientes, cuestión que en
Chile no existe, por el conocimiento que tenemos de la forma de actuar de la
prensa al menos en los medios de comunicación sociales y masivos, su actuar se
basa sólo en mantener el establishment y salvo se produzca una información en el
36 Es vital para el ejercicio del periodismo resguardar las fuentes, pero este caso dista mucho de la defensa que un periodista pueda hacer de su fuente, es más bien lo contrario, porque afecta la adecuada forma de ejercer la profesión. Atentando y de paso enlodando un derecho que es necesario para la democracia de los pueblos.
122
extranjero y en contadas ocasiones por un medio local se suman, sólo para no
aparecer como los “golpeados” en jerga periodística. Como estudiantes –
aspirantes a convertirnos en periodistas no podemos dejar de repudiar que en la
democracia concertacionista o tutelada exista un periodismo que dista del que en
los últimos años de dictadura buscó derrotar valientemente. Para ellos, los
verdaderos próceres toda nuestra admiración.
LA TORTURA
“Al llegar al final de la escalera que bajamos era todo frío y húmedo; sin preguntar
nada, me hicieron sacarme la ropa, menos las vendas, me hicieron sentarme en
el suelo, recoger las rodillas y con mis manos amarradas pasarlas sobre mis
rodillas. En ese momento sentí que introdujeron un fierro entre las rodillas y
antebrazos... sentí correr dos objetos, posiblemente muebles. Tomaron el fierro
entre cuatro personas (lo sé porque conversaban entre ellos) y fui colgado. Una
vez colgado procedieron a poner objetos duros en mis ojos, posiblemente bolitas,
luego objetos metálicos en mis muñecas, tobillos, sienes, ano y pene. Luego me
amordazaron introduciendo estos objetos metálicos en mi boca, precisamente en
mis molares. Cuando me encontraba en esta situación sentí ruido de papeles que
ponían debajo de mí. En ese momento sentí lo aterrador, que fueron fuertes
descargas eléctricas, en las cuales veía mi cuerpo totalmente iluminado con un
resplandor intenso... sentía morir de dolor y de asfixia. Perdí la noción del tiempo,
sólo sé que de vez en cuando me sacaban la mordaza y vomitaba en abundancia,
luego volvían a lo mismo... Desconozco la cantidad de sesiones que fueron. Al
término de cada una me dejaban colgado y decían “dejemos descansar a este
huevón”. Yo sentía sus pasos alejarse y sentía un alivio, pero inmediatamente
volvían, aparentemente no eran los mismos, y decían “ya descansó mucho este
huevón” y continuaban con el flagelo primero*...
Lo transcrito relata parte del infierno vivido por una persona detenida en
diciembre de 1983 y recluida en el Cuartel General de Investigaciones ubicado en
calle general Mackenna.
* La Prensa , Domingo Edición de 5 diciembre 2004 Las historias silenciadas. Por Miguel E. Gómez Balboa. Basado en el texto de la Comisión de Prisión Política y Tortura. Bolivia, La Paz.
123
Otros 35.868 testimonios referentes a este periodo, guardados en el cajón del
silencio durante 31 años, fueron publicados en el informe titulado Para nunca más
vivirlo, para nunca más negarlo, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura de Chile de 2004. De ellos, 27.255 fueron aceptados como
válidos y algo más de 8 mil fueron reconsiderados. Con una segunda entrega en
junio de 2005, que cifra a 28.456 víctimas. De esas 1.185 son menores de edad,
cuestión que hizo que nuestra investigación tuviera que abordar la temática de la
Comisión Valech, pese a haber comenzado la investigación a la par que se
realizaba ésta con una discrecionalidad y mutismo público que se le aseguró muy
celosamente a las personas que dieron su cruel testimonio de dolor. 1.201 casos
se reconsideraron en la segunda y última entrega del Informe. 7.290 personas
que solicitaron a la entidad la reconsideración formal no “calificaron”, concepto
que se adoptó en la prensa mañosamente, denostando una frialdad frente a un
testimonio histórico que debe marcar a un país sin lugar a dudas, y que para los
más fetichistas guarda un capítulo con los horrores de la forma en que se aplicó a
las víctimas. La Tortura, aquella palabra que ahora en los medios de
comunicación social sugiere el título de una canción que irónicamente mueven al
compás adolescentes en la televisión abierta. Organismos de DD.HH. elevan a
más de 100 mil el número total de víctimas de la tortura y prisión. De hecho, en la
comisión esperaban cerca del doble de testimonios que recibieron.
¿De qué estamos hablando? De golpizas brutales; de aplicación de electricidad
en diversas zonas del cuerpo; de abusos sexuales; de quemaduras con cigarros,
sopletes o ácidos; de arrancamiento de las uñas; de inmersión en agua, aceite o
petróleo; de largos periodos de incomunicación; de golpes en los oídos que
provocaron la rotura de los tímpanos a numerosos detenidos; en fin, de
innumerables métodos dirigidos a humillar, quebrar y someter a quienes caían en
manos de los aparatos represivos.
Esta etapa oscura de la historia chilena dejó 3.197 muertos, de las cuales 1.192
corresponden a detenidos desaparecidos, según fuentes oficiales. Además,
agrupaciones de DD.HH. han denunciado que al menos 800 mil ciudadanos
padecieron prisión, tortura o exilio. Al tratarse de un daño a otro ser humano, para
124
cualquier persona con sentido de razón quisiéramos pensar no es un tema
cuantitativo.
“Por todo un tiempo, y a falta de pruebas, la tortura sólo existió como un rumor.
Pese a que la evidencia se las arregló para circular de un lado a otro, de boca
en boca, eludiendo censura, indiferencia y amenaza, a la espera de tiempos
mejores”, Con estas palabras en 1989 Edison Otero y Ricardo López casi
como augurando la creación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, abren
su libro “Pedagogía del Terror”. “Fue así que la denuncia comenzó a tener
cabida por todas partes y la indignación reclamó sus derechos para expresarse
sin amarras. Una opinión pública que había hecho oídos sordos, ha tenido que
rendirse, paso a paso a la evidencia”, dicen estos autores.
“Entendemos a la tortura como las prácticas sistemáticas y recurrentes
realizadas que tienen como consecuencia el daño físico o psicológico de las
personas sometidas a ellas, sea que concluyan o no con la pérdida de sus
vidas. La entendemos siempre como un hecho en el universo de la política,
pero no básicamente como una relación de persona a persona; porque aún
cuando ésta se produzca, existe al amparo de organizaciones” **.
Y es que se debe entender que la tortura ha convivido con el ser humano y sus
distintas culturas, por muy horrorosa que nos parezca es de carácter universal
y siempre va de la mano del que quiere denostar el poder.
Lo cierto es que se cometen muchos actos de tortura, pero se habla poco de
ella, por eso que se realice una comisión investigadora sobre los apremios
ilegítimos en Chile es esperanzador, pero como todo, en nuestra agenda
informativa parece diluirse a los dos días. Quizás debamos como sociedad
comentarla más en las escuelas para que nunca más otras personas la
practiquen y la validen.
La tortura es un hecho social. Esto quiere decir que su ocurrencia no puede
inferirse de la sicología de éste o aquel individuo sino de relaciones sociales,
de la interacción de grupos, de complejos fenómenos institucionales, de
condiciones políticas determinadas: En una palabra, la tortura, como cualquier
** OTERO, Edison y LÓPEZ Ricardo Pedagogía del Terror “Un Ensayo Sobre la Tortura” Stgo., Chile Ed. Atena 1989,
125
otro hecho social, expresa una trama de determinaciones múltiples cuya
conexión es necesario desentrañar.
La actual situación planetaria la conoce la Organización de Naciones Unida
que pide “una mayor atención internacional, favorecida por los medios de
comunicación, ha destacado lo urgente del respeto por los derechos humanos.
Miles de personas y grupos ciudadanos en todo el mundo están luchando por sus
derechos y sus libertades. El trabajo de las Naciones Unidas en este campo está
lejos de concluir. Todavía hay millones de personas en el mundo cuyos derechos
y libertades fundamentales son atacados o suprimidos: tortura, violación, sistemas
judiciales corruptos, la servidumbre, hambre, falta de servicios sanitarios, de
vivienda, de higiene y de agua. ¿Llegará a existir una cultura global de derechos
humanos?”39, se pregunta la ONU.
Si no damos crédito a la tesis de un “instinto torturador”, es decir, que existe
algún gen o sustancia en nuestro cerebro, que la provoque como tampoco la
locura irremediable de los torturadores, nos sale al paso de inmediato el
problema fundamental: Si quienes torturan son personas normales, ¿en qué
circunstancias van a convertirse en torturadores?. ¿qué condiciones sociales
hacen posible que un hombre se convierta en torturador?
Para encontrar respuesta debemos indagar en la teoría del prejuicio, obra de la
psicología social y nos focalizaremos particularmente en Gordon Allport * y
otros como Adorno** y Horkheimer***. El prejuicio es entendido como una actitud
hostil o negativa hacia un grupo delimitable, basada en generalizaciones
derivadas de una información errónea o incompleta. La actitud en cuestión
proviene, igualmente, de un grupo, de modo que se habla de un “ingroup” y de
un “outgroup”, en donde este último sería el objeto del prejuicio. La actitud
hostil hacia fuera del grupo es el reverso de una actitud incondicional de
identificación hacia dentro del propio grupo; así la hostilidad es fuente de
cohesión e integración emotiva y sentimental. Es igualmente, fuente de
autoafirmación para el miembro del grupo, expresada en estabilidad,
39 Derechos Humanos y Naciones Unidas En http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm* ALLPORT, Gordon. La Naturaleza del Prejuicio. Ed. Eudeba 1962** ADORNO, T.W. y Otros. La Personalidad Autoritaria. Harper, New York, 1950*** HORKHAIMER M, Investigaciones Psico- Sociales sobre el Problema del Autoritarismo, el Nacionalismo y el Antisemitismo; incluido en Psicología Política Ed. Barral, 1971
126
seguridad, identidad. Nos encontramos, entonces, con que en el prejuicio
intervienen sentimientos de alta intensidad, vitales y existenciales; esta
constatación inclina a desalojar en el análisis todo propósito de examinar el
prejuicio en términos epistemológicos, esto es, en función de los criterios de
verdad y falsedad relativas a sus contenidos. Ello queda en evidencia por la
rigidez que esos contenidos adoptan, su impermeabilidad ante la experiencia.
Estas imágenes detenidas, y no por ello inefectivas o no-operativas, son
denominadas “estereotipos”; del todo inmunes a desmentidos, se adhieren a la
mentalidad del individuo, el que se identifica con ellas. Ponerlos en cuestión
equivaldría a amenazar el sentimiento vital de seguridad que las personas
desarrollan a través de tales imágenes.
Existe un mecanismo en nuestra psiquis capaz de acomodar nuestra mente a
tal punto de convertir cualquier contradicción con la experiencia en
conformación de los que se cree firmemente, reduciendo a nulidad toda
disonancia. Nos referimos a “la racionalización *”, que no reconoce límites;
puede distorsionar a gusto la información, de modo de mantener intactas las
imágenes queridas. Por ejemplo, se ha advertido cómo, cuando nos ocurre
algo adverso, nos inclinamos a atribuir la causa medio; por el contrario, cuando
la desgracia recae en los demás, atribuimos la causa a sus personalidades, a
sus características personales.
En el Manual del Interrogador que dijéramos es una doctrina enseñada por los
militares estadounidense a los uniformados latinoamericanos que terminaron
por aplicar a sus compatriotas. En él, se define al interrogatorio como “el arte
de cuestionar y examinar a una fuente con el fin de obtener la mayor cantidad
de información utilizable en el menor tiempo posible40”. Para imaginarnos la
mente de un torturador podemos recurrir al humor chileno, sacando a colación
ese chiste que cuenta la aptitud de convertir un conejo en chancho en cuestión
de segundos por la DINA.
* No podemos dejar escapar que es un hecho significativo que la experiencia del prejuicio de las personas está sicológicamente copada por afectos de alta intensidad; la racionalización no es un mecanismo intelectual sino una estrategia afectiva. Las personas se ven constantemente obligadas a autoconfirmar lo que creen, pues en ello se juega la propia estabilidad emocional; este sentimiento de estabilidad, permanentemente reafirmado, se expresa consecuentemente como hostilidad hacia las creencias distintas de las propias: Ponen en cuestión nuestra seguridad. 40 Extracto obtenido del Informe Nosotros, los Sobrevivientes, Acusamos.
127
La racionalización ocupa un lugar preferente en el esfuerzo de eliminar o
reducir la disonancia de cualquier hecho respecto del estereotipo adoptado,
visto esto hacia dentro del grupo que adopta el prejuicio, la racionalización
consiste en convertir cada hecho en prueba del fundamento de la hostilidad de
que es objeto. Se trata ahora, de rastrear todas las confirmaciones posibles.
“Hay en esto una determinación recíproca: Toda la energía integrativa hacia
adentro del grupo tiene su equivalente en la energía hostil y agresiva hacia el
grupo objeto del prejuicio”41.
“El grado de discriminación vital que desarrolla una persona bajo este
ambiente, es sorprendente incluso a ojos de la medicina. Se ha podido
establecer inequívocamente que las personas son capaces –todo rato con
vistas a proteger lo que creen y rechazan lo diferente- de llegar a deformar sus
procesos de percepción y de cognición en general, de manera de adaptarlos a
la necesidad de seguridad. Evidencias experimentales de este tipo, han
inclinado a los psicólogos sociales a sostener la tesis del condicionamiento
cultural del prejuicio”42.
Como para comprender, pero nunca justificar las pateaduras de los grupos
skinheads. En dicho popular: La ignorancia es la madre de toda discriminación.
La tendencia a la discriminación entre los seres humanos parece ser la
característica más dramática de la cultura contemporánea. Sin duda esta
deformidad del espíritu se ha manifestado a través de todos los tiempos, pero
en nuestra época ha adquirido dimensiones apocalípticas. Los conflictos
raciales, religiosos, el nacionalismo, el machismo, las ideologías políticas, la
persecución de minorías representan la más patética y violenta patología de
nuestro tiempo.
“Por primera vez en la historia tenemos conciencia de vivir en una civilización
enferma. No obstante, en muchos lugares de la tierra germinan aún los líderes
políticos y religiosos gravemente enfermos. Este trastorno de la identidad, el
41 OTERO, Edison y LÓPEZ Ricardo. Pedagogía del Terror “Un Ensayo Sobre la Tortura” Stgo., Chile Ed. Atena 1989, Pág. 10942 W. DENNIS, Cultural and Developmental in Perception; incluido en Perception, nueva York, 1951
128
delirio de amenaza y las reacciones paranoides tienen su origen en el miedo a
lo diferente y en profundos sentimientos de inferioridad”43.
En circunstancias de tensión social, de inestabilidad económica, de
incertidumbre, los grupos tienden a buscar la causa de todos sus males en lo
que anteriormente denominamos “outgroup”. Grupo que es víctima del
prejuicio, desatando impresionantes muestras de agresividad social en las
calles. Esto que parece inentendible en el sentido de que las personas
entonces que acusan a otras subvaloradas de todos los males del mundo,
esbozan una experiencia moral del victimario como viéramos en la doctrina
cristiana disfrazada como justificante44. Así los discursos siniestramente
construidos como el de Goebbels en su propaganda nazi son capaces de
aglutinar como hoy Lepant lo hace en Francia y sus símiles a escala en
distintas locaciones del orbe.
La obedencia a la autoridad, a una que se complementa con la idea de los
distintos que son los autores del mal, y necesitan ser castigados. Es necesario
este marco de impunidad para que el torturador no actué por sí ni ante sí, sino
muy por el contrario, como un eslabón de una larga cadena jerárquica cuyo
motor es la obediencia a la autoridad. Recibe órdenes. Esa decisión de aplicar
tortura proviene de más arriba, quizá como método de escape para
sobreponerse a la condición empática de los seres humanos. Que dicho sea
de paso, es una palabra que se debe agregar al diccionario del programa del
computador.
“El miedo a lo diferente surge en personas de identidad débil, con una
profunda disociación entre la percepción de sí mismos y la capacidad de
empatía. Esta disociación obnubila la conciencia y la inteligencia, generando
en los individuos el relativismo ético que justifica cualquier atrocidad a través
de la ideología. Estos enfermos necesitan admirar y obedecer a un líder
autoritario45”
43 El Miedo a la Diferente Rolando Toro Araneda, Presidente de la International Biocentric Foundation. En Voces Utopicopragmáticas, publicación del periódico El Utopista Pragmático Ed. La Nación Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Chile 2001. Pp. 13444 Ver Página 84.45 Ídem pie de página 43.
129
Escribiendo esto recordamos una clase de periodismo policial en la que se nos
mostraba un experimento en EE.UU. en el que un médico puso un aviso en un
periódico para reclutar a personas dispuestas a trabajar por 1 dólar 50 la hora
en los años ’60. Una vez que llegaban a la dirección se les hacía entender que
electrocutarían a una persona cada cierto tiempo una vez que una luz se
prendiera, no era necesario que lo vieran porque evidentemente esta persona
electrocutada no existía, podían verlo pero era un convincente actor. Las
conclusiones arrojaron que sobre un 80% de las personas aplicaban energía
eléctrica a otras. Un 90% aumentaba la fuerza o capacidad de la máquina si
era necesario según las indicaciones. Y llegamos a los experimentos
desarrollados por Milgram. En sus experimentos personas comunes y
corrientes participan en una situación que incluye aplicación de descargas
eléctricas a terceros.
El concepto de “obediencia a la autoridad”, ha adquirido abierto reconocimiento
en los análisis sobre la violencia, sobre todo a partir de las investigaciones
experimentales llevadas a cabo por el psicólogo social estadounidense Stanley
Milgram46, entre 1960 y 1963, que es como se dice material obligado de lectura
sobre este tema.
De esas conclusiones de exámenes a múltiples testimonios relacionados con
dramáticos y masivos hechos de violencia, nos dice que los responsables
directos, es decir, los ejecutores, alegan haber actuado luego de recibir
órdenes. Esta “explicación” se oyó en los juicios de Nuremberg, en Bosnia
Herzegovina, e incluso en los pilotos que lanzaron la bomba atómica en
Hiroshima y Nagazaki, sobre los B-29.
Esto nos hace pensar que escapa entonces de la individualización y se hace
patente una característica de relacionalidad humana en el actuar. Así unos dan
órdenes y otros las obedecen. Y volvemos entonces a que se trata de una
práctica sistematizada dentro de una organización estructurada
jerárquicamente, como un enclave, pero que en el aspecto histórico en que se
dan los hechos, que son la matriz de nuestro trabajo, es el propio Estado.
46 MILGRAM Stanley, Obediencia a la Autoridad, Harper & Row, 1973
130
La hipótesis central de Milgram afirma que la obediencia a una autoridad es
condición para que las personas normales, comunes, desarrollen conductas
violentas contra sus semejantes; no la única condición, por supuesto, ni la sola
suficiente: pero una condición absolutamente necesaria. Bajo una organización
de base ancha y estructura piramidal. Donde los valores fundamentales que se
inculcan son los de lealtad, respeto a la autoridad, fidelidad, disponibilidad;
todos relativos no a la persona sino a la sobrevivencia y continuidad de las
estructuras que en ocasiones se denominan obras. Así, se torturaría en
nombre de la gran obra de los militares. “La obra de mi general Pinochet...” era
la frase de varios personeros de la fauna política nacional, incluso a su llegada
de Londres tras la detención en “The Clinic”. A su regreso aún se mostraban
fuertes imágenes de apoyo como el recibimiento vergonzoso en que se puso
de pie por última vez frente a los chilenos, ese querido pueblo para el
campecho Pinochet, pero que ya no guarda sólo en contados servidores
directos respeto. Hasta su más fiel servidor, en quién recayera quizá el más
sucio trabajo de exterminio, Manuel Contreras, lo abandona y sindica con
palabras inquisidoras la responsabilidad del “presidente de la República”.
Hay que llamar la atención sobre un aspecto fundamental en el fenómeno de la
obediencia a la autoridad que dice Milgram, ya que mucha importancia
adquiere lo relativo a la disolución de la responsabilidad individual. Es decir,
entre este prejuicio originado por acondicionamientos sociales y la estructura
organizada para objetar el “mal” sindicado por el prejuicio a personas
subvaloradas y la discriminación cristalizada en el ejecutor, éste si libra de
culpa al señalar que recibió órdenes, como lo prueban las declaraciones del
“Mamo”, jefe del brazo más sanguinario de la dictadura pinochetista.
Surge de este punto una situación imprecisa que vale la pena abordar. En los
extensos análisis de guerra, los investigadores concuerdan en que se trata de
un fenómeno universal. Además la característica de los conflictos bélicos
indican que hay una instancia de impersonalidad e incluso, con la tecnología
actual, este enfrentamiento supone una impersonalidad que aumenta
exponencialmente. El soldado aprieta un botón que dispara y guía un misil
hacia un blanco que está a kilómetros de distancia del ejecutor, para él su
131
acción no es más que un blanco en un mapa del centro de operaciones. Es
claro que hay una relación demostrable entre la impersonalidad del acto
violento y la cercanía o distancia de la víctima, como lo demuestran los
experimentos de Milgram.
Como conocemos que se practica la tortura, la distancia no es un tema porque
se tiene a la víctima en completa disposición al tacto. Se trata entonces de una
obligación que se asume institucionalmente. Esta estructura jerárquica supone,
y da las señales para así entender que las condiciones de posibilidad y
existencia de tortura están dadas.
Las ideologías son uno de los fenómenos sociales y políticos más familiares a
nuestro tiempo. Son alcances masivos y la variedad de sus manifestaciones
pueden ser constatados cotidianamente. Pero, como ocurre a menudo, no hay
un acuerdo sobre sus orígenes. En las explicaciones inspiradas de las ideas
de Marx, las ideologías serían manifestaciones “espirituales” de necesidades
materiales, particularmente económicas; se trataría, específicamente, de un
fenómeno propio del desarrollo de una sociedad determinada, la capitalista y
su función redundante en el reforzamiento mental de la dominación material de
una clase dominante, la burguesía. Todo lo que equivale en la teoría marxiana
a una “superestructura” equivale a ideología, la religión, el arte, la filosofía, la
moral, etc. No constituyen formas de conocimiento, sino ilusiones, realidad
inadvertida, imaginación que cumple la función de justificar una realidad
material determinada, que ni ella misma percibe se trata de una manifestación
directa.
En el sentido más trivial el concepto de ideología se utiliza para hablar de la
“idea”, así se dice “estas personas discrepan porque son de distintas
ideologías”. Produciendo “un espiral de violencia” como llamaron en la Mesa
de Diálogo al proceso histórico chileno, dejando la triste suma de matar por
esa idea distinta a un semejante. En un “estado de guerra” en que sólo unos
tenían armas.
Pese a esto la expresión marxiana que analizábamos anteriormente se ha
instalado con propagación popular más allá del marxismo propio,
convirtiéndose en un recurso utilizado por doquier en la vida política.
132
“La influencia social de las ideologías es un hecho indesmentible. No lo
remueve predicción alguna sobre reinado soberano de la razón y la ciencia en
la sociedad humana. Como lo creyeron sucesivamente Hegel y Comte”47.
“La Vida de la conciencia social se encuentra sujeta a leyes ideológicas y la
idea de que las cosas podrían ser de otro modo, es decir, la idea de que es
posible instaurar el imperio de la razón, en el que todos los cambios de la
conciencia humana se realizarían en el cielo cristalino de las razones lógicas,
constituyen un sueño fantástico. La proclamación de una liberación total de la
ideología es una ficción ingenua. Nos contentamos con manifestar nuestro
convencimiento de que el final de la era ideológica se encuentra en futuro
lejanísimo48”.
Lo que la cúspide de la estructura jerárquica ordena no puede ser cuestionado,
en la medida que la creencia ya está establecida. Todo lo que salga de esta
norma será tachado de deslealtad, traición y será sancionada como se les
castiga a los subvalorados pertenecientes al grupo denominado “outgroup”. Se
convierte entonces en un dogma, en la palabra oficial. Esta adhesión
ideológica doctrinaria simpatiza en la conducta de sentido común del hombre
medio. Pero tras esa fachada aparente de una credulidad ingenua manejada y
utilizada por una gran conspiración de los que representan las fuerzas, se cede
siempre al facilismo de las conclusiones rápidas.
Es un hecho que las personas prejuiciosas o supersticiosas -desde donde se
interprete-, No se ven a sí mismas como tal; para ellas se trata de una verdad
evidente e indudable. Domesticados por ciertos hábitos mentales y su inercia,
no nos resulta fácil reconocer la misma serpiente con una piel nueva.
Proporciona respaldo en la existencia, seguridad en la creencia, el adherente
siente que su vida tiene sentido, propósito.
La trilogía que permite el infierno en vida para las personas en manos de otras,
es entonces: Grupo, Institución e Ideología. La identificación emocional que
liga umbilicalmente estas instancias sociales está apareada con la inhibición
de la inteligencia, la intimidación del pensamiento crítico, la renuncia a la
47 OTERO, Edison y LÓPEZ, Ricardo. Pedagogía del Terror “Un Ensayo Sobre la Tortura” Stgo., Chile Ed. Atena 1989 Pág. 11948 KALAKOWSKI, L. El Hombre Sin Alternativa. Ed. Alianza, 1967 Pág. 41
133
reflexión. La sumisión, la obediencia a la autoridad como dijéramos. Basado en
una hostilidad frente a lo diferente, y la lealtad a su dogma.
A todo debemos sumar la volatilización de la responsabilidad personal,
entonces obtenemos un cuadro que autojustifica sus actos e ideas, como
viéramos en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).
Cuando la Prisión Parece un Alivio
Lo detuvo primero la Fuerza Aérea en 1974, permaneció 10 días encapuchado, a
ciegas, "en la moledora de carne, la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea".
Ricardo Aguilera tenía 18 años. Hoy es técnico en instalaciones de calefacción.
Cuenta que durante "tres días y tres noches me obligaron a estar de pie junto a
una pared, sin poder apoyarme, dormir, moverme ni comer, en medio de los gritos
de torturados, mientras los guardias ponían música de Cat Stevens". Diez años
después, en un control de vehículos fue detenido junto a unos amigos por la
policía civil. Lamentablemente había cometido el crimen de llevar escondido entre
sus ropas un documento del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) Lo
separaron de los demás. Desnudo y envuelto en una frazada, como un bulto, los
detectives lo trasladaron a la Brigada Investigadora de Asaltos. "Me dieron con
todo. Ahí sobrepasé el umbral humano. Golpizas, parrillas49, teléfono50, asfixia,
simulacro de fusilamiento. Varias torturas al mismo tiempo. Me colgaron de pies y
manos, mientras me pegaban y me ahogaban haciendo tragar agua con una
manguera por la boca y la nariz. Perdí la noción del tiempo y me desmayaba, me
tiraban agua y seguían". De vez en cuando, un médico lo revisaba para que
continuaran. "Yo gritaba con todos mis pulmones, en un alarido interminable, para
que el dolor saliera de mi cuerpo", confiesa.
Aguilera quedó con secuelas, dolor en sus articulaciones, se truncó su proyecto de
ser artista, que ahora quiere recobrar, y quedó a la defensiva en la vida. "Pasa un
coche rápido y tengo un vuelco en el corazón. Siempre miro quién anda cerca, me
fijo en los demás". Sus penurias no terminaron con la condena a cinco años de
prisión por complicidad en entrada clandestina en el país. Después de los
49 Ricardo Aguilera se refiere a las descargas eléctricas que recibió.50 Eran recibidos con palmetazos en sus oídos, práctica que terminó con muchos de los torturados con lesiones de audición de por vida.
134
tormentos, una cárcel pública de Pinochet casi parecía amable. Pero a los pocos
días, los aparatos de seguridad envenenaron con la toxina botulínica a los
detenidos en su celda de la calle 2. El 7 de diciembre de 1981 Ricardo y su
hermano Elizardo junto a los presos políticos Guillermo Rodríguez Morales y
Adalberto Muñoz Jara —todos acusados de pertenecer al MIR— y a los reos
comunes Víctor Corvalán Castillo, Enrique Garrido Ceballos y Héctor Pacheco
Díaz fueron víctimas de un envenenamiento. Corvalán y Pacheco murieron. Los
demás quedaron graves, con secuelas que perduran hasta este minuto. El caso se
investiga hasta hoy51.
Las denuncias apuntan a experimentos de la represión con los prisioneros y a que
quisieron enviar un mensaje a todos los presos políticos: ni en la cárcel estaban
seguros. En 1983, con ayuda de la Embajada de Francia, partió a este país
mientras estaba en libertad provisional, sin cumplir toda la condena, y ahí rehizo
su vida. Emocionado, afirma: "La dictadura mató a los mejores de nuestra
generación. Cuento mi experiencia porque siento el deber de hablar por los que ya
no están. Por eso, mi hijo sabe desde muy pequeño que a su papá lo torturaron".
Valora políticamente el informe de la tortura, y aunque no es su caso, admite que
para muchos otros ha sido una catarsis. Pide más indemnización para quienes no
pudieron rehacer sus vidas destruidas por la tortura.
Como Darío Rojas, quién tras 29 años aún tiene pesadillas de percusiones. Hasta
ahora no había contado detalles y sus hijos no los han sabido, otra forma muy
distinta a la de Jorge Flores de encarar una difícil situación, que nadie merece. De
tantas veces que le aplicaron electricidad en Villa Grimaldi, lugar al que confinado
por la DINA tras su detención en Antofagasta, donde quería instalar una radio
51 El 6 de noviembre de 2004 el abogado Héctor Salazar en representación de los hermanos Ricardo Antonio y Elizardo Enrique Aguilera Morales, llegó hasta el despacho de la jueza Olga Pérez e interpuso una segunda querella “contra quienes resulten responsables ya sean autores, cómplices o encubridores de los delitos de asociación ilícita, homicidio frustrado y obstrucción a la justicia”.Este caso para la familia Frei está ligado a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Fallecido el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María “la muerte podría haber sido provocada por la inoculación de una bacteria venenosa durante su permanencia en el establecimiento médico”, dice la senadora e hija del ex presidente Carmen. Tanto en el proceso por el homicidio de Orlando Letelier, como también en el que encabeza la jueza Pérez, así como en investigaciones periodísticas de la década de los 80 y 90, ha quedado establecido que Eugenio Berríos trabajó en proyectos estratégicos para la DINA y el DINE en el período 75-85 cuyo objetivo fue desarrollar armas químicas y letales como el gas sarín y otras de tipo bacteriológico cuyo fin hasta ahora es desconocido.
135
clandestina contra la dictadura. Darío quedó "con una disfunción neurológica" que
le provoca sentir en ocasiones sus "propios impulsos eléctricos". Técnico en
informática, reacciona en contra del dolor de una inyección o si alguien lo golpea,
dice.
"Se exacerbó mi instinto de protección", afirma. Sobre el acciona de la Comisión
sobre Prisión Política y Tortura revalida el hecho de que “ahora todos saben que la
tortura obedecía a una instrucción del mando, y valoro que la sociedad hable del
tema”, aunque hace una pausa para cuestionar el que hayan debido pasar largos
años. "Me siento un superviviente de la locura, del terror, de los gritos. Todavía me
sorprendo de la crueldad a la que pueden llegar las personas, y de la enorme
capacidad de cariño de los compañeros prisioneros para reconfortarte cuando
volvías de las sesiones".
El psiquiatra Daniel Díaz, detenido por la Armada en Talcahuano cuando era
estudiante de Medicina, recuerda con más dolor que hayan torturado a otras
personas a su lado, mientras él no podía hacer nada, que los tormentos contra él.
Estuvo un mes y medio secuestrado, sin que nadie supiera dónde y negaran su
detención. Considera la tortura un método para mantener sojuzgada a la
población. Fue el penúltimo día a declarar a la comisión. "Me sorprendí de la
cantidad de recuerdos que tenía, todo estaba ahí. Después del informe, la
situación es liberadora y esperanzadora".
La Impunidad
Una constatación histórica que se reitera en la reflexión política contemporánea es
la comisión de grandes crímenes, genocidios, masacres. Justificado todo con
grandes ideologías de altísimos pensamientos y valores de creencias universales
milenarias en muchos casos y que por tanto no resisten análisis, no hay espacio a
la duda. Absolutismos de verdades en un mundo muy mentiroso.
Se declaran guerras desde ópticas de prevención basadas en informes que luego
desmienten a los ojos de la ciudadanía.
Quién ha cometido tortura percibe su proceder inmerso en una amplísima e
indiscutible obra de higiene social, esa que denominamos un par de capítulos
136
atrás como “limpieza social”, una verdadera opinión de sus actos que se simplifica
como una empresa de beneficio público.
Masivamente aceptado es el dogma, se produce un gran escenario de impunidad.
Sin instancias censoras, la crueldad de los torturadores puede alcanzar grados
espeluznantes.
La inexistencia de canales e instituciones de fiscalización puede producirse por
diversas razones, siendo la más recurrente el compromiso de la totalidad de las
instituciones de una sociedad dada con el régimen de poder que recurre a la
tortura, el terror generalizado por un poder total que provoca la paralización de
toda iniciativa crítica o la práctica clandestina fuera del alcance de la información.
Como es constatable en la experiencia histórica, estas causales pueden
combinarse y complementarse.
En nuestros días, debido a las legislaciones locales, regionales y mundiales contra
la tortura, la condición clandestina asegura la impunidad, la que es sinónimo del
hecho consumado y que nadie puede reparar. Es evidente que la tortura puede
tener de su parte tanta impunidad como quiera en la medida que no existan
instancias censoras públicas; así el silencio puede llegar a ser tan fuerte como el
asentimiento implícito del proceso racionalizante que caracteriza al prejuicio. Esa
lealtad incondicional a la obediencia consagrada, a la hostilidad de lo diferente que
se santifica socialmente, entre el grupo.
La impunidad según autores como John Dewey y Karl Popper, puede desplegarse
en dos planos. Hallamos una posibilidad material dada en la ausencia de
instituciones públicas que fiscalicen y por otro lado, la responsabilidad personal
diluida. En efecto, cuando una institución lo respalda, el individuo no experimenta
la implicación personal de la acción voluntariamente decidida. La institución le
ampara, le protege. No es él, quién procede sino la institución a través de sus
manos. Estos sutiles mecanismos sicológicos tienen una gran capacidad para
disgregar la responsabilidad. Así, cualquier procedimiento dañino, cruel y/o
violento, puede ser siempre remitido a su superior o por último, a los designios de
la institución, de la obra.
A la hora de determinar las responsabilidades, la abstracta institución exime a los
autores directos de los atropellos. En definitiva a nadie en particular. La distinción
137
orden-acción cae bajo esta dialéctica diluyente: el que ordena es uno, el que actúa
es otro. El que ordena no actúa, el que actúa no ha decidido sino que obedece.
Estas sutilezas de interacción humana, proveen una impunidad moral ilimitada.
Desde luego con esto se nos vienen muchas preguntas a la mente sobre el caso
chileno. Es ese mismo mandato el que quizá marca a la presidenta del Consejo de
Defensa del Estado, Clara Szczaranski, para defender la postura del Estado
chileno frente a las víctimas en otros tiempos. Porque de seguro muchos dirán
“ella cumple su trabajo”.
Por otra parte, se busca guardar silencio respecto de los nombres de los
torturadores reconocidos que la Comisión Valech, pero más aberrante aún
aberrante es que se oculten los nombres que obtuvieron de los autores materiales
de las humillaciones conocidas por la opinión pública.
Secreto que la Corte Suprema deberá respetar. Una incongruencia del ministerio
del Interior chileno y del presidente Ricardo Lagos. La magistrada Mónica
Maldonado el 25 de junio de 2005 estimó “que el máximo tribunal no puede ignorar
lo especificado en la ley que creó la comisión sobre torturas y pedir conocer
detalles de los testimonios reunidos”. Con esto se consigue que la sala penal del
tribunal superior de Chile rechace el recursos de inaplicabilidad que presentaron
abogados de DD.HH. y que busca eliminar el secreto que caracteriza los
testimonios que recibió la Comisión sobre Política y Tortura.
De acuerdo a los abogados recurrentes, al igual que varias organizaciones
vinculadas a víctimas de la dictadura militar, el Poder Judicial debe tener
conocimiento y acceso a todo el material que acumuló la Comisión, cuyo trabajo
documentó las torturas y vejámenes que sufrieron 30 mil ciudadanos bajo la
dictadura de Augusto Pinochet.
En particular la visión de los abogados de DD.HH. busca conocer los detalles
sobre quiénes practicaban los apremios ilegítimos contra los opositores, realizados
en los numerosos centros clandestinos de detención que usaron los servicios de
seguridad y las FF.AA.
Según la opinión de la jueza Maldonado, la ley 19.992, que dio origen a la
comisión Valech, define el secreto profesional, por lo que éste se enmarca dentro
de las normas vigentes.
138
En el camino de esta investigación, tuvimos una caída muy grande y estrepitosa
cuando supimos que no contaríamos con la ayuda de las personas pertenecientes
a la Agrupación de Ex Menores de edad Víctimas de represión. Fue un golpe bajo
para nuestras pretensiones, ya que deseábamos contar con los testimonios
responsablemente y con un criterio académico para contar la historia como
corresponde y no llenar hojas de sangre. Menos buscamos que la víctima reviviera
esos dolorosos momentos y por eso recurrimos a ellos que conformaron un
expediente y lo llevaron a la Comisión Valech en la etapa de reestudio que hizo de
los casos. Esa información debe ser pública. Así se facilita para conocer la
verdad..
Luego, el primero de julio de 2005, los exonerados políticos y víctimas de torturas
presentan una querella contra el presidente Ricardo Lagos y el ex ministro de
Interior José Miguel Insulza, hoy flamante secretario general de la OEA. Esto, por
el presunto delito de obstrucción a la Justicia y como presunto encubridor de
torturas. El libelo se basa en el dictamen de una ley que prohíbe durante 50 años,
dar a conocer los nombres de las víctimas y victimarios de violaciones a los
DD.HH. Los afectados, que estuvieron acompañados por el abogado Hugo
Gutiérrez, solicitaron una investigación.
Capítulo 4
LOS SOBREVIVIENTES
Treinta y cinco mil voces que permanecieron silenciadas durante más de tres
décadas nos hablaron con elocuencia: la profundidad de su dolor golpea las
páginas del informe de la Comisión Valech; quienes sufrieron tortura en distintos
recintos a lo largo de todo el país, son sobrevivientes de una de las etapas más
duras de nuestra historia nacional.
Tras la entrega del informe corregido, sólo quedan sillas vacías, ya ningún
funcionario adorna los pasillos que cobijaron a cuarenta miembros de un equipo
multidisciplinario que conformó las oficinas, el trabajo de estadísticas frías y
reveladores testimonios que han producido el más aterrador sentimiento entre los
chilenos. Un paso más en el avance para esclarecer la identidad forjada
recientemente por nuestro pueblo.
139
El jueves 2 de junio el vespertino que hemos citado por su periodismo con bototos,
publica en su página 17 “María L. Sepúlveda: La Mayoría de los niños del Informe
Valech eran menores de cinco años52”. Mencionamos este caso porque muchos
medios de comunicación social vieron truncada su existencia por razones
económicas, también se convirtieron en desaparecidos de la escena local53.
Describir los horrores de la misma pluma editorial que reprodujo mentiras en
dictadura habla de cambios en Chile. Sí miramos un poco más atentamente tiene
sentido en todo lo que hemos hablado de la obediencia al dogma. Adquiere un
sentido comunicacional muy amplio cuando analizamos la fotografía que ocupa
todo el centro de la página. Es la fotografía de quien fuera hasta ayer
vicepresidenta ejecutiva de la comisión. Pues sí, cualquier informador que
entienda el oficio utilizaría una fotografía histórica, pero quizá las cámaras del
periódico no quisieron tomarlas. Sabemos que las poseen, entonces sólo
podemos inferir que la intención comunicacional se sobreentiende, su función es
persuadir con el presente. Una imagen que no dice nada a simple vista. Un
presente informativo demasiado rápido como para reflexionar. Pero sin duda otro
país. Que precisa se profundicen cambios como el de este diario que de todos
modos hoy habla de víctimas y no de supuestos ni fuentes oficiales.
La periodista le pregunta: ¿Cómo surge el tema de los niños? En la primera etapa
nos encontramos con más de mil niños menores de 18 años que vinieron a
testimoniar a la Comisión y a decirnos que habían sido víctimas. De esos más de
mil un poco más de un 80%, eran menores de 12 años. Y muchos de ellos habían
sido detenidos con sus padres en el contexto de la detención de éstos o habían
nacido en prisión, responde María Luisa Sepúlveda. ¿Le conmocionó un caso en
particular? Muchos, dice. Tuvimos el caso de una chica que tenía entonces unos 4
años. Llevaron a su madre a la CNI y a ella a un hogar de Carabineros, pero no se
le avisó al resto de la familia. Ahora ella hizo todo el recorrido de lo vivido y quería
saber, por ejemplo, la cama donde había estado...
52 Artículo firmado por Claudia Andrea Sánchez, publicado por La Segunda.53 Debemos recordar que La Segunda, fue utilizada por el bando de la barricada de la derecha, pero sobrevivió. No así los que una vez que alcanzaron el norte, al derrocar a Pinochet perdieron toda mística y por supuesto auspicio de los que se ponían a cargo del gobierno de transición, que en plena democracia se gesta de ser democrático y pluralista en una realidad mediática que al menos en lo que se refiere a la propiedad es decidor. Irónicamente cuando existió un mejor periodismo fue en momentos que era un instrumento con horizonte.
140
Tenemos el caso de una niña cuyo testimonio ha salido a la luz pública: el de
Macarena Aguiló, (hija del diputado Sergio Aguiló54) La secuestraron, pero
nosotros en su momento vimos sólo la carpeta del padre en los archivos de la
Vicaría de la Solidaridad.
Era enero de 1975. Macarena tenía apenas 3 años y tuvo que enfrentar la
crueldad de la represión. Apenas su tío se entera que su hermana ha sido
detenida y previendo que su sobrina podía ser secuestrada por agentes
encubiertos para obligar la rendición de su padre, Sergio, hoy diputado de la
República, se la llevó a una casa ubicada en el sector del El Tambo, entre San
Vicente de Tagua Tagua y San Fernando. “En la tarde de un 4 de abril montan un
operativo en el que me sacan de la casa de mi Nana –abuela-. Yo estaba jugando
en el patio, me tomaron y me subieron a una camioneta en la que sé paramos en
varias ocasiones, ni idea qué lugares eran. Mis recuerdos de todo son muy vagos,
lo que sé con certeza es que estuve 20 días desaparecida”.
Recuerda que había una mujer en el momento de su detención y unas tres
personas, pero sus caras se le borraron. Hay un episodio que no ha olvidado. “Yo
dormía en un camarote, y recuerdo que una noche me caí, me puse a llorar en el
suelo... Desconozco por cuánto tiempo, lo cierto es que luego de mucho, al menos
es lo que percibo en mi cabeza, pero como era tan niña, capaz que las
dimensiones se hayan aumentado no sé... Había una mujer que me llevó a otra
habitación más cómoda, pero sabes, recuerdo llorar y no poder estar con mi
madre”.
La sensación que nos relata Macarena, quién prepara un documental sobre su
experiencia, es la de “haber tenido que tomar conciencia desde muy chica sobre
esta situación de detención y de miedo frente a lo que estaba ocurriendo”.
“Mi padre yo sé que sintió una impotencia muy grande porque era él a quién
buscaban, pero estaba claro que si él se entregaba, -que era lo que se buscaba
con que yo estuviera secuestrada- no saldría vivo y era poco probable que eso
diera seguridad que yo saliera viva también.
En el caso de mi madre, ella ya estaba afuera, y bueno la desesperación invadía a
mi familia, creo que fue mi abuelo la persona que comenzó a buscarme. En ese
54 En esos años era dirigente mirista y se encontraba bajo la clandestinidad.
141
momento interpuso un recurso de amparo e inició una y un intento porque esto
saliera a nivel internacional. Salió en los diarios, comenzó a tener un poco de
difusión y entonces Chile desmintió esto a nivel de la prensa local y finalmente me
entregaron a finales de abril a Jaime Castillo Velasco. En esa oportunidad
Carabineros dijo que me habían encontrado en la calle y que me habían tenido en
este hogar de menores por eso”, relata.
Una de las cosas que rescata de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, -en
la que existe un gran consenso entre los propios niños víctimas de apremios-, es
el hecho de que sirvió para que todos se percataran que existían personas
semejantes, con las mismas heridas y que las traían muy marcadas en el
comienzo de sus vidas. “La primera vez que me reuní con gente en esta condición
y que fue lo que después se llamó Agrupación, fue tremendo. Darte cuenta que
otros niños habían pasado por esto, fue de una sensación humana tan grande”,
cuenta. Otro hecho que hemos podido comprobar de la voz de los ex menores
torturados, es que socialmente se enfrentó el tema y “por fin se dijo algo que
muchos ni siquiera queríamos creer”, recalca Macarena Aguiló. Ella se transformó
en una impulsora de las revisiones de que fue objeto el informe y esto sabe lo
consiguió por los contactos que pudo hacer en la alta esfera del gobierno. “Toqué
muchas puertas junto con las personas de la agrupación y siempre nos ofrecían
una respuesta satisfactoria porque se daban cuenta que muchos de nuestros
casos no estaban siendo “calificados”, y fueron impulsando para realizar nuestro
propio informe el que luego traspasamos a la comisión para que revisara”, cuenta.
Uno de los recintos que visitó mientras estaba cautiva fue la Villa Grimaldi, centro
de detención y tortura que hoy se llama “Parque de la Paz” y que fue reconstruida
por hombres y mujeres que un día vivieron allí el horror. Macarena sólo supo que
pasó por allí cuando en un acto en 1994 una persona le dijo que estuvo ahí. “En
ese momento, comenzó algo muy complejo para mí. Me di cuenta que había
recuerdos que yo no tenía, que siempre creí que yo sabía donde había estado y
por lo tanto lo que me había pasado. Cuando me dicen que había estado ahí, se
abrió un tema con la memoria grande, yo no sé en que momento estuve acá ni
qué pasó. Uno tiene una memoria oscura, en esa dimensión del inconsciente me
imagino que tiene cualquier persona que haya estado aquí, aunque no haya sido
142
torturada, no más parada en este lugar bajo esa energía lo tiene que tener inserto
en algún lugar como yo. No sé en qué contexto estuve -salvo el primer día que me
trajeron y que estaba con mis tíos. Nos interrogaron a cada uno por separado y a
mi tío lo dejaron acá- salvo ese día que yo sé que estuve acá y que en un
interrogatorio que no sé en qué habrá consistido no sé que otra vez estuve acá
que al parecer es así, porque si alguien me vio es porque así ocurrió”, dice.
Sobre su crecimiento en Francia tras esta dolorosa experiencia admite haber
tenido más de una pesadilla con este episodio. “Yo tuve una infancia donde
especulé mucho sobre todo con este tipo de cosas, con el tema de la tortura
sabría decir cuanto tuve que saber a esa edad tan terrible, pero lo supe y lo supe o
porque lo vi, o porque lo sentí y porque bueno, era parte también de lo que uno
sabía que iba ocurriendo. Y no lo hablé, no lo hablé. Durante muchos, muchos
años, de repente se lo conté a alguna amiga chica, pero era como parte de lo
secreto y curiosamente le he tomado el peso a lo terrible que es que haya pasado
una cosa así cuando lo he hablado (esboza una sonrisa), cuando lo he dicho,
cuando logré interponer la querella fue que definitivamente algo hizo clic en mi
cabeza y no quise callarlo más”.
En la decisión mucho tuvo que ver su hijo Bruno. ““hasta que mi hijo tuvo mi edad
de ese momento, no le había tomado el peso de lo difícil que era para mí cargar
con esto”, confiesa.
Sobre el informe Valech, Macarena sostiene “que es un paso necesario, así como
el Informe Rettig, es necesario que existan la mayor cantidad de instancias
posibles donde se empiece a reconocer lo que ocurrió. El reconocimiento es el
primer paso para que exista una posible reparación”, pero advierte que siente una
gran rabia “en relación a que no exista la capacidad de pedir perdón, a que no
exista la capacidad de reconocer lo que se hizo y claro espero, que se sepa sobre
todo la verdad, quienes tengan que ver con esto hablen, que quienes puedan
saber hablen que y que se haga justicia”, sentencia.
Y los nominados son...
143
Como si se tratase de una entrega de premios las reparaciones55 fueron
entregadas a quiénes estimó la comisión cabían dentro del “mandato
presidencial”. Una de las mayores críticas que esbozó la opinión pública ante la
información develada por la Comisión Valech, fue el hecho de que algunos
prisioneros “calificaban” como víctimas y otros no. María Luisa Sepúlveda explica
esta disyuntiva semántica que a muchos molesta. “No quedaron clasificados, no
porque la situación que vinieron a declarar no fuera algo que merecía ser
escuchado, sino que no estaba en el mandato presidencial56. Había gente que
había sido víctima de abuso de poder, mientras que otros fueron detenidos en
protestas o en allanamientos en poblaciones y por eso no calificaban. También
hubo otro grupo donde la información a la que tuvimos acceso no nos permitió dar
convicción de la calidad de víctima”.
“Hay algunos de estos casos en que vino sólo la madre con la historia de su hijo
menor de edad. Sin embargo, todos los niños que vinieron personalmente
calificaron. Finalmente la Comisión hizo una interpretación del decreto en términos
de que, en aquellos casos en que la madre había individualizado al hijo y había
entregado los antecedentes, podíamos establecer que el niño o niña tenía tal
nombre, y que había nacido en tales o cuales circunstancias y tenía su historia
como víctima y así pudimos acreditarlo. Fue así que aceptamos que esos niños
(menores de 12 años) podían tener menos conciencia, menos recuerdos propios.
Ahora hablamos de menores de 12 años, pero creo que son tres los que eran
mayores de 5. Todos eran chiquititos”. Para los niños en gestación la Comisión
resolvió establecer la condición de la madre como presa política y persona que
haya estado bajo tortura, determinaron el momento del nacimiento y pudieron
decir que la persona estuvo tres meses detenida al cuarto mes de embarazo, por
ejemplo. “También hay varios casos en que estos niños nacieron
prematuramente”, advierte la vicepresidenta de la comisión.
55 Instructivo Ley N °19.992 publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2004, que establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas reconocidas como víctimas.56 Mediante Decreto Supremo N ° 1040, de fecha 26 de septiembre de 2003, del Ministerio del Interior, se crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Luego de un año de funcionamiento, la Comisión entregó su Informe al Presidente de la República el miércoles 10 de noviembre de 2004.
144
No todo es miel sobre hojuelas como sostiene Sepúlveda, existen voces que no
aparecen en el bullado informe. Ejemplo de esto es Eduardo Araya
No fue incluido en el Informe Valech. La Agrupación de Ex Menores de Edad
Víctimas de Prisión Política y Tortura, llevará su caso ante organismos
internacionales. Quiere reparación por el horror que vivió a los nueve años,
cuando fue detenido junto a sus abuelos, desde entonces desaparecidos. Para él
no hay perdón. Tampoco olvido.
Su casa huele a los años setenta. Los mismos muebles y varios mensajes de la
revolución que por esos días Chile quería abrazar. Aún vive en la calle Sorrento
629, en la comuna de Lo Prado. En el dormitorio principal todavía está guardada la
ropa de Bernardo y María. Enfrente de la puerta de calle están sus fotos. ¿Dónde
están?, pregunta un papel amarillento y gastado que, sin embargo, permite ver sus
rostros perfectamente. No cabe duda. Ésta es su casa todavía, aunque el próximo
año se cumplen tres décadas desde que el matrimonio Araya-Flores fuera llevado
hasta un cuartel en Vivaceta. Y de ahí hacia la nada.
El relato todavía emociona a Eduardo Araya, de 38 años, su nieto. Lo emociona
porque vivía con ellos, porque lleva casi 28 años de su vida buscándolos. Lo
emociona porque él estaba con ellos la noche que los sacaron de su casa en
Quintero. Lo emociona porque ha tenido que revivir crudamente los olores, la
oscuridad y la soledad, al defender el derecho a la reparación a los niños de la
dictadura.
Araya no calificó para ser incluido en el Informe Valech. La primera vez, porque
no fue a declarar y le dijeron que nadie lo mencionó. La segunda vez tampoco,
aunque envió sus antecedentes. No sabe por qué no tomaron en cuenta su
relato. Ahora intentará que la justicia lo incluya junto a otros miembros de la
Agrupación de Ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura. Y
están dispuestos a golpear puertas de organismos internacionales de derechos
humanos.
Los recuerdos lo remontan al 2 de abril de 1976. en la casa de Quintero, a las
diez y media de la noche. Se encontraban Ninoshka, Vladimir y Eduardo. Los
primos ya estaban con pijama cuando tocaron a la puerta. Cuatro hombres
entraron preguntando por María Olga Flores Barraza y Bernardo Araya Zuleta, un
145
conocido dirigente de la Unión Central de Trabajadores de Chile (CUT). Los niños
despertaron con la bulla. A Eduardo y sus abuelos los hicieron abordar un
vehículo. A Ninoshka y Vladimir los subieron a un segundo automóvil, un taxi. Les
dijeron que iban a dar un paseo. Viajaron desde Quintero hasta la calle Vivaceta,
en Santiago, con el aliento pegado al suelo, sin moverse, sin hablar, aterrados,
aunque no lloraron. Eduardo tenía 9 años, la misma edad que su prima. Vladimir,
el mayor, tenía 15 años entonces. Por su edad, hizo el viaje con los ojos
vendados.
“Nos daban pastillas, nos decían que no lloráramos. Ahí estábamos nosotros,
juntos. Esa noche nos dejaron con mi abuelita. Ella sabía que la iban a matar. Si
me lo preguntan ahora, puedo decir que siempre lo supo. Teníamos miedo”,
cuenta Eduardo. Y ese mismo miedo, a él le provocaba todavía más miedo. Y
rabia y pavor y soledad y desamparo. Eduardo quedó huérfano, o se sintió
huérfano, al menos. Hasta ese 2 de abril había vivido siempre con sus abuelos.
Lo mismo que sus otros primos.
“No sé cuántos días pasaron. Pero creo que fue minutos después de esa noche.
O un día después, no lo recuerdo bien. Nos separaron de mi abuela y nos fueron
a dejar a la calle Osorno con San Pablo. Era de noche, hacía frío. Pero ahí nos
dejaron a los tres primos. Nos dijeron que no miráramos para atrás, que
siguiéramos caminando no más”.
Eduardo habla de pie, frente a la mesa del comedor que era de sus abuelos.
“Nosotros no hemos movido nada. Está todo igual. Mira”, dice, y muestra el clóset
enorme que ocupa casi toda una pared del dormitorio principal. Allí, detrás de
afiches de sus abuelos y de un enorme “¿Dónde están?”, sigue guardada la ropa
de Bernardo y María. Los muebles del comedor están intactos, como hace 30
años. La radio de Bernardo, sus sillones. Incluso en el patio de la casa está lo
que queda de la silla de playa donde se sentaba por las tardes a tomar sol.
¿Qué ha pasado en estas 3 décadas?, le preguntamos. “A nosotros, la dictadura
nos arruinó la vida. Esta casa está llena de recuerdos. No sabemos dónde están
mis abuelos, nadie nos ha dicho nunca nada, y más encima tengo que vivir con el
recuerdo de esa noche. Con el miedo. Mi familia se deshizo. Me fui al exilio.
146
Escuchamos hablar de los derechos humanos, y lo que yo siento no se lo doy a
nadie. Todo esto ha sido una burla”.
Eduardo no lloró aquella noche remota, pero hoy lo hace. Llora de rabia, de
desconsuelo.
“Me cagaron la vida”, dice. Más tarde se volvieron solos a la casa en la que habían
vivido antes con sus abuelos. Al número 629 de Sorrento en Lo Prado. Y, salvo
sus años en el exilio, no se ha movido de ese lugar.
Cree que es una injusticia que su caso, y el de muchos otros niños, no se hayan
incluido en el informe. “Éramos niños. Me cagaron la infancia. Pero en la
agrupación vamos a permanecer unidos, esperando que nos consideren. Que
reconozcan el dolor de haber perdido todo”.
Todos los 2 de abril son especiales en la casona de Lo Prado. Hacen comidas y
homenajes para recordar, una y otra vez, lo que pasó. El lugar está ahora
habitado por uno de los hijos del matrimonio Araya-Flores. Eduardo y su primo
Jaime Vivanco montaron una empresa de diseño publicitario en las piezas que
alguna vez ocuparon. Nadie los moverá de ahí. Alguna vez trataron de comprar la
casa de Quintero, pero no estaba a la venta. Mientras tanto, se conforman con un
mural que hizo José Balmes en la pared de la casa en Santiago. Ahí dice:
“Bernardo y María. 1976-1999”, recordando el tiempo de dolor entre la noche de
su desaparición y la fecha de la pintura. Los primos cuidan el mural como si en
eso se les fuera la vida.
Voces que Revivieron el Horror
"Me recibieron con un telefonazo57, me quitaron el uniforme escolar y quedé
desnuda. Me enviaron directa a las sesiones: me pegaron, me pusieron
electricidad en los pezones, en todo el cuerpo, me violaron, quedé con
quemaduras y lesiones en la vagina, perdí mi capacidad de soñar". Han pasado
29 años y Sabrina, hoy jefa de acción social en una de las comunas más pobres
de Santiago, con lágrimas en los ojos cuenta: "Me causaban lesiones para
asegurarse de que no pudiera concebir. Cuando fui adulta, sufrí muchas pérdidas
57 Se refiere a dos sendos golpes propinados en ambos oídos, que causaron daños auditivos permanentes en muchas víctimas.
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antes de lograrlo. Tener un hijo era ganarle a la DINA", confiesa Mariluz Sabrina
Pérez, quién con 16 años en el cuerpo asistía a clases en el Liceo 12 de Niñas
desde donde fue detenida por agentes de la DINA. La razón que aludían los
militares, era que Sabrina ayudaba a militantes de izquierda a mantenerse
escondidos de sus tentáculos.
Fue así como antes de ingresar a una clase de química para rendir una prueba, no
alcanzó a llegar. Fue encerrada por la policía secreta y capturada, estuvo con los
ojos vendados durante no sabe cuánto tiempo, pero el suficiente como para
recordar la última imagen que vio en todo ese tiempo: Su amigo quién la delató a
los efectivos represivos.
En los fríos pasillos en que se practicaban los interrogatorios, con esposas,
ensangrentado y, como después supo, con los testículos quemados. Sabrina,
como le dicen, entonces una colegiala y socialista, perdonó al amigo con un
infantil: "¿Cómo estás?".
El infierno que tuvo que transitar Sabrina fue el de Villa Grimaldi. El mayor centro
de detención clandestino de la dictadura anclado en Peñalolén. Valora el Informe
de la Comisión Valech, pero critica que no haya dado los nombres de los
torturadores a la justicia. "Le faltó mucho. Yo pondré tres querellas: una con otras
personas, contra el Estado, por no entregar los nombres de los torturadores; otra
por las torturas a mí, y otra porque era menor de edad cuando fui detenida",
sentencia con una decisión absoluta.
Entre los casos públicos que se pueden consultar en la bibliografía nos
encontramos a un poeta. Jorge Flores Durán, quién describió su paso por Londres
38, en “Londres 38 Un Número Desaparecido”58. En ese centro de detención que
hoy viste el número 40 en la estrecha calle del centro de Santiago, allí Flores
confiesa haber vivido la peor experiencia que un ser humano pueda soportar. Es
otro de los mil cien niños víctimas de la tortura y prisión por la dictadura. Su
adolescencia terminó a los 16 años, al pasar del liceo a los lóbregos escenarios
58 Este libro es el testimonio sobrecogedor de las atrocidades sufridas por él en esa casa de tortura. Relata además la historia de la persecución de su hermano mayor y del desaparecimiento de su amigo Jaime Buzzio. Pero el libro también habla de una voluntad que se sobrepone a la tragedia, que recuerda -según dice- sin odio, pero con una profunda necesidad de justicia. Jorge Flores ha echado a correr la pluma para dejar registro de lo vivido, y de algún modo, para exorcizar lo sufrido.
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que la DINA montaba para torturar, asesinar y humillar. Secuestrado hasta allí
llegó para que entregara a un hermano mayor.
Desnudo, aterrado, después de una brutal pateadura, Jorge rompió en llanto.
"¡Para de llorar, maricón!", le dijo uno de los agentes, y le propinó un culatazo. Lo
colgaron boca abajo, de los pies, hasta que desmayó del dolor. Mientras su familia
lo buscaba con desesperación, un oficial de la DINA lo llevó a casa de una tía para
chantajear a su familia. Varios de los que estuvieron detenidos con él siguen
desaparecidos hasta hoy.
"Ya pasó el dolor físico, pero cuando despierto todavía pienso que me irá mal, que
algo malo me sucederá a mí o a mi familia y estoy todo el día tratando de
sobreponerme", afirma. Con dos hermanos muertos en la dictadura, un primo
desaparecido y una asesinada, él y su hija vieron juntos en televisión a Manuel
Contreras, ex jefe de la DINA, cuando tras horas de expectación periodística fue
llevado a prisión, mientras su hija por la TV sollozaba que todos iban a caer
incluso Cheyre. Se dijo que portaba un arma, pero de todos modos fue llevado a
los Tribunales y fue increpado por una turba enardecida. En esa transmisión lo
vieron y la hija de Flores preguntaba "¿ése fue? ¿Por qué no rompes el
televisor?".
Según Flores, el informe "es muy positivo, un gran logro, porque ha quedado en el
archivo para las futuras generaciones, nos repara moralmente y ya nadie nos
puede ningunear. Es importante que la justicia lleve a los sicarios a la cárcel, pero
la verdad es que es tanto el daño que nada lo puede pagar", sentencia.
Esta visión de que por fin se habla de la tortura como un hecho público es que
más ha destacado incluso el propio gobierno. “Nadie dice ahora que la prisión y
tortura no existieron en Chile”, señala orgullosa María Luisa Sepúlveda. Ella,
asesora de DD.HH. del presidente Lagos espera reanudar sus funciones en
CONACE.
Más allá de la problemática semántica para algunos y para otros varios una clara
ofensa, el hecho de los que clasificaran o no, existe un componente que más debe
preocupar a la ciudadanía. El hecho de que se mantengan en secreto los nombres
de los torturadores. Y así lo dejó ver la Corte Suprema. Mónica Maldonado fiscal
de la Suprema recomendó a la sala penal del tribunal superior del país que
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rechace el recurso de inaplicabilidad que presentaron abogados de DD.HH. y que
busca eliminar el secreto que caracteriza los testimonios que recibió la Comisión
sobre Prisión Política y Tortura.
Tras la presentación de los abogados Alfredo Morgado y Julia Urquieta, la
Suprema pidió, el primero de julio de 2005, pidió un informe en derecho para
facilitar su mejor resolución.
De acuerdo con los abogados querellantes en causas de DD.HH., el Poder
Judicial debe tener acceso a todo el material que acumuló la comisión, cuyo
trabajo documentó las torturas sufridas por cerca de 30 mil ciudadanos.
En particular se busca conocer los detalles sobre quiénes practicaban los
apremios contra los opositores. Según la opinión de la jueza Maldonado, la ley de
reparación N ° 19.992, que dio origen a la comisión, define el secreto profesional,
por lo que éste se enmarca dentro de las normas vigentes. Además determinó que
quienes entregaron su testimonio a la instancia, dependiente de la Presidencia de
la República, pueden también hacerlo ante los tribunales en caso de presentar una
acción legal. Ahora será la sala penal de la Corte Suprema la que defina si acoge
el recurso de los abogados o archiva la solicitud como recomendó Mónica
Maldonado.
No se puede desmerecer el intento por proyectar una nueva realidad en Chile
sobre los DD.HH. tras dado a conocer el Informe sobre Prisión Política y Tortura a
fines del año 2004 y su segunda versión que varios tildaron de recargada.
Lo cierto es que no haber dado a conocer de forma pública los antecedentes que
se manejan de los culpables es señal de que aún no existe una cristalización del
problema para la ciudadanía, y quizá por ese “secreto de Estado” que tan
celosamente se guarda el Ejecutivo es que los chilenos entonces, no seamos
capaces de conocer la verdad a diestra y siniestra, por ese paternalismo del
sistema presidencialista tan nuestro.
Del total de 35.868 personas que entregaron antecedentes a la Comisión, el 37%
lo hizo en la Región Metropolitana y un 54% en regiones y el restante 9% se hizo a
través de distintos 40 países, donde aún viven chilenos en el exilio. En Santiago
se atendió un promedio de 114 personas diarias llegando incluso a tope de 240,
150
para las regiones el promedio fue de 16 personas, víctimas o familiares directos
que prestaron antecedentes.
Cifras que dan cuenta de un arduo y esforzado trabajo que sólo debe aplaudirse,
pero que también en alas de la reconciliación se debe criticar. Una señal que la
ciudadanía entregó inmediatamente una vez conocido el Informe Valech, fue la
sensación de que algunos calificaban como torturados y otros no. Cómo si se
tratase de situaciones que pueden calificarse según el dolor ocasionado, quizá
una manera de escape que como pueblo siempre denotamos para evitar el
sufrimiento.
Pero, convengamos que el esfuerzo de la Comisión fue de entrega total, consultó
antecedentes incluso con las FF.AA. y por supuesto que conversó con entidades
nacionales e internacionales capaces de entregar valiosa información sobre
DD.HH., autoridades religiosas y morales del país como también se escuchó a los
actores principales, las víctimas, pero quisiéramos demostrar en dos historias
excluidas del informe que la tortura y el dolor repartido por la nación fueron más
que estos calificados.
Estas personas se decidieron a dar su testimonio casi al desconocimiento nacional
de este trabajo, cosa que contribuyó creemos en la realización exitosa del estudio
encargado por el presidente de la República Ricardo Lagos. Entendiendo
suponemos que la prisión política y la tortura no sólo marcaron a miles de chilenos
y chilenas en el pasado sino que también en el presente tiñen de sangre esta
tierra.
Y que como dice el propio informe padece de una impotencia frente a la dignidad
violada por agentes de Estado, de quienes se espera respeto a las personas,
protección de los débiles, y un escrupuloso cumplimiento de la ley, minó en
muchos chilenos la credibilidad de las instituciones del Estado, por lo que el
Informe vendría a contribuir en la restitución de las confianzas perdidas.
Adiós a los Niños
Rocío Montes Rojas una guagua de 2 años es torturada en un cuartel de la CNI.
Una niña de 5 que es secuestrada de la escuela y permanece allí durante 6 días
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en su casa de Conchalí. Un adolescente de 16 es flagelado ferozmente en la
"Venda Sexy" de la DINA. Tres niños que, de un día a otro, perdieron la inocencia.
La Comisión Valech estableció que entre 1973 y 1990 fueron 1.080 los menores
de 18 que fueron detenidos y/o torturados en Chile. Los de trece años son 88.
"Hasta el día que el presidente dio a conocer el Informe, no dimensionaba cuántos
éramos. Crecí creyendo que yo era la única que había pasado por esto", dice
Marianela Carfil hoy de 46 años, que fue torturada entre diciembre de 1973 y
febrero de 1974 cuando tenía 15 años de edad. Los niños del Informe no sólo
viven en Chile. Los hay en Bélgica, Cuba, Suecia. Muchos de ellos hicieron sus
vidas fuera del país tras haberse ido con sus padres al exilio. Es el caso, por
ejemplo, de Elisa Riquelme Peyrau de 22 años, quien nació en octubre de 1982
mientras su madre se encontraba detenida. Ella, que es uno de los 11 casos
consignados de niños nacidos en prisión, ha vivido en Francia desde muy
pequeña y se excusó de hablar a través de su padrastro porque "ella no se siente
chilena y no entiende la manera como la dictadura logró imponer toda la fuerza en
Chile". Pero la mayoría sigue viviendo en diversos y distantes lugares del país.
En sus colegios, universidades o trabajos cargan con una historia que casi
siempre es difícil de recordar, relatar y más aún de hacer pública. Un joven de 22
años, también nacido en prisión en 1982, señaló tener temor de que su madre
pudiera perder su trabajo y, por ello, ni siquiera testificó ante la Comisión Valech.
Tan complejo es, que CODEPU sólo tramita 11 causas de menores de edad ante
la Justicia. Fueron muchos los casos de personas que por primera vez debieron
enfrentarse racionalmente con su historia cuando declararon. Así le sucedió a Ana
María Cortez, que recién en ese minuto comenzó a reconstruir lo que le había
pasado y a su hermano en 1979.
Porque la mayoría de los niños del Informe -según confiesan muchos de ellos- se
guardaron por décadas la historia para sí, y callaron durante mucho tiempo. Aquí,
tres que ya no quieren hacerlo más. "Para que no se repita", como dice Natalia
García.
Ana María Cortez Salas, fue detenida desde su colegio. "¿Quién es Ana María
Cortez?", preguntó la profesora de 1° Básico de la escuela E-118 de Conchalí la
tarde del 23 de marzo de 1979.
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La niña de 5 años, que recién se familiarizaba con la letra "a", levantó la mano.
"Mijita, tome sus cosas. Su mamá la está esperando en la puerta". "Nunca me voy
a olvidar que el patio estaba desierto. En la reja había una mujer que yo no
distinguía. Iba caminando contenta. Pero cuando iba llegando a la reja me doy
cuenta de que la persona que está ahí no era mi mamá. Se equivocaron, pensé. Y
volví a la sala. No alcancé a entrar, cuando la profesora me dice: ¡Mijita, vaya
donde su mamá!. Yo replico: No, es que ella no es mi mamá, le insistía. La
profesora, desencajada, me llevaba otra vez hacia la sala cuando llegó la directora
gritando: ¡Se tiene que ir! ¡Se tiene que ir!. ¿Pero, qué hago? Si ella no se quiere
ir, le decía la profesora. Discutieron. La directora, tratando de guardar la calma,
me miró y me dijo: Mijita, yo sé que no es su mamá. Pero su mamá la mandó a
buscar con ella así es que se tiene que ir. Yo caminé sola hasta la reja".
A Anita le esperaba una agente de la CNI. Alta. Rubia. Utilizaba una chaqueta de
cuero, un detalle que no se le borrará jamás. La mujer de unos 30 años la invitó a
subirse a un taxi. Ella se negó. Sus padres -un obrero y una matrona que militaban
clandestinamente en el MIR- la habían prevenido que no hablara con gente
extraña. Que no se podía ir con cualquiera. La niña sin embargo, estuvo obligada
a desobedecer. Hicieron el camino a pie. Mal que mal, su casa estaba cerca. En
ese trayecto, Ana jamás imaginó que su papá -Carlos- había sido capturado hacía
pocos minutos por otros agentes y que ya se encontraba en el cuartel Borgoño. En
ese lugar fue torturado durante una semana. Tampoco supuso que su mamá -
María- se encontraba sola en su hogar con su hermano Miguel Enrique, de dos
años, cuando una treintena de hombres y mujeres armados allanaron
violentamente su vivienda de la comuna de Conchalí. Su casa que era utilizada
como un "sitio de paso" por militantes clandestinos del MIR que salían fuera de
Chile.
Su casa se encontraba destruida y desvalijada a eso de las 5 de la tarde. "Cuando
entro, veo una cantidad de gente impresionante. Fue un impacto ver a 30
personas metidas allí adentro, todas armadas hasta los dientes. Con efectivos de
francotiradores en las paredes. En las tapias. Fue atroz". Su primer gesto fue
acercarse a la mujer rubia. Eso, hasta que divisó a su madre. Estaba engrillada de
manos y pies. “Fueron 6 días de horror”, dice Ana. Los llevaban encañonados
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hasta el baño. Junto a su madre esposada y a su hermano permaneció la mayor
parte del tiempo encerrada en un cuarto. Desde ahí la niña escuchaba los golpes y
las risas de los hombres que no se sacaban los lentes oscuros. Y de las dos
mujeres que componían el grupo, la rubia y otra de aspecto militar.
"Gritaban mucho. Era como tener bestias adentro de la casa. Golpeaban las
paredes. Las puertas". La angustia se acrecentaba al caer la tarde. "Todas las
noches ellos se llevaban a mi mamá para interrogarla en otra pieza. Nos
quedábamos solos. Yo muy asustada, porque no sabía qué hacían con ella. Y no
lograba quedarme dormida hasta que ella volvía. Tétrico". A veces les permitían
salir de la pieza. Y cada vez que la niña estaba sola, era intimidada por la rubia de
la CNI. "Me empezaba a hablar cosas de niños. Que la escuela, los amigos del
barrio, que a qué me gustaba jugar. Pero después de preguntarme eso, ella me
decía: ¿Y cómo se llaman esos tíos que vienen a tu casa? ¿A qué hora llegan?
¿Es una tía o un tío? Yo no le contestaba. Y no porque haya sido muy chora, sino
porque le tenía terror".
Un día dice Ana, la mujer la estaba interrogando. Como ella no contestaba, uno de
los tantos hombres le gritó: "¡Hasta cuándo esta cabra de mierda no habla! ¡Si ya
tiene 5 años! ¡Tiene que saber algo!... ¡Tráiganmela para acá!... ¡Yo la voy a hacer
hablar!" Agarró la metralleta que tenía en la mano, le pasó balas y apuntó a Ana.
Corrió donde su madre y se escondió entre sus faldas. "Acto seguido, todos se
rieron a carcajadas. Yo me doy cuenta ahora que eso era una broma. A mí, en
cambio, nunca más se me olvidó".
Gracias a la Vicaría los niños fueron liberados a los 6 días. Ana no habló durante
los siguientes 3 años. Les tenía terror a los hombres de gafas oscuras. En 1985,
cuando a su padre le conmutaron la pena por exilio, la familia partió a Bélgica.
Regresaron a Chile en 1991. Hoy, Ana María Cortez es antropóloga y tiene 31
años. De vez en cuando, todavía sueña con golpes en las paredes, con esas
noches terroríficas, con las caras de los ex agentes de la CNI a quienes ha
identificado, como Álvaro Corbalán, Miguel González Betancourt y Cristina Yorka
Cáceres. Nombrados en la querella que interpuso ante la Justicia en junio de
2004. "Lo que hicieron es imperdonable. Éramos niños. No tenían derecho a hacer
con nosotros lo que hicieron". Todavía vive en su misma casa de Conchalí.
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El 24 de enero de 1981, Natalia García Escobar tenía 2 años y 4 meses. "Mis
papás salieron conmigo, mi hermano mayor se había quedado con mi abuelo.
Paró un vehículo. Nos detuvieron. Me arrancaron de los brazos de mi mamá. A
ellos los vendaron. Nos llevaron a los tres...". El destino, el cuartel secreto de la
CNI de Borgoño.
Ésta es la primera vez que Natalia cuenta las torturas que sufrió ahí durante 13
días. Hoy, a la joven de 25 años apenas le sale la voz. Sus ojos, oscuros, se
inundan de tanto en tanto. Cada ciertos instantes, ella se toma su barriga. Que ha
crecido en los últimos 4 meses, será mamá en un futuro cercano. "Mi madre
estaba en una pieza semioscura, con luces específicas, y en la otra pieza estaba
yo. Entonces, a mí me hacían llorar cada vez que ella no hablaba. A mi papá, lo
mismo. Y me hacían gritar descriteriadamente, o sea, no como una guagua
cuando llora por hambre. Ellos tenían que aflojar por mí", dice Natalia.
Ha tratado de reconstruir su historia tras un dolor de 23 años, toda una vida.
Mientras eso ocurría en la CNI, nadie sabía dónde estaban los García Escobar. La
abuela materna de la niña, María Luisa, desesperada por la desaparición de su
hija, de su yerno y de su nieta, llegó hasta el sacerdote francés Pierre Dubois. Fue
con él con quien recorrió uno a uno los centros de detención de la época, con el fin
de encontrar a la pequeña Natalia. Y fue el mismo religioso quien solicitó incluso la
ayuda internacional del gobierno de Francia y de Naciones Unidas para que
soltaran a la niña de apenas 2 años. Doce días después, la pequeña fue dejada
por agentes de la CNI en el domicilio de su abuela, en la comuna de Lo Espejo.
Ahí fue donde la mujer quedó impactada tras ver las condiciones en que había
regresado Natalia. "Salí delgada, con ojeras. Deshidratada. Llena de granos, de
cosas... De marcas con forma de picadura. Tenía la parte genital irritada por el
hecho de no haber sido cuidada. Rasguñaba a las personas. Lloraba. No
reconocía a nadie, sólo a mi abuela. Estaba como extraviada".
El estado en que se encontraba Natalia el día en que fue entregada por la CNI,
consta en el recurso de amparo que hoy se conserva en los archivos de la Vicaría
de la Solidaridad. El relato es de su abuela: "(...) Al devolverla, han entregado a
una niñita asustada, nerviosa, que no puede conciliar el sueño, con picaduras en
todo el cuerpo, con manchas en todo el cuerpo que aún no hemos podido
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determinar si son alérgicas o de un origen infeccioso. Las alteraciones de la menor
son sin duda graves, y se demuestran con su inseguridad, y el temor a cualquier
persona que se le acerque. Toma una actitud defensiva ya que cree que será
castigada. Además, siendo una niña que aún usa pañales, en su cuerpo presenta
los signos evidentes, que tal vez nunca, o en muy contadas ocasiones se le
cambió pañales. Y que se le mantuvo, con pañales por mucho tiempo, ya que
tiene daños en la piel en las partes correspondientes. Pesaba 13 kilos. Ahora 10",
señala en el informe presentado en 1981 ante la Justicia. Una de las cosas que
más le impactan a Natalia hoy, es que nunca ha sabido qué le hicieron
exactamente. Por tener sólo 2 años simplemente no se acuerda. "O sea, lo que
hicieron o no hicieron ahí, nadie lo supo. La única forma de saber sería si hablara
un torturador o un secuestrador", dice ella con la voz amarga y su vientre
abultado. Aunque sus recuerdos de niña de 2 años eran escasos, Natalia por
muchos años tuvo pesadillas de sus 12 días recluida. "Yo me sentía como en un
lugar frío y duro. Una especie de mesa. Y una luz muy fuerte encima. Una luz que
me hacía transpirar. Había personas que me estaban observando. Yo me sentía
físicamente como sucia. Me duelen cosas. Esas son imágenes que recupero, que
nunca las tuve directamente". La madre de Natalia estuvo detenida durante dos
años. En ese tiempo la niña vivió en el hogar de sus abuelos que fue allanado en
reiteradas ocasiones durante los 80. Una vez que su madre salió de prisión, los
niños García Escobar partieron junto a ella a Argentina. Eso, hasta principios de la
década del 90, cuando los tres regresaron a Chile. El padre, inculpado por la
muerte del coronel Roger Vergara, permaneció en prisión hasta que en 1992 fue
indultado por el Presidente Aylwin. Desde esa fecha, él vive en Bélgica. En
contadas ocasiones lo ha vuelto a ver Natalia. La joven de 25 años todavía vive en
la casa de sus abuelos en la comuna de Lo Espejo. Aunque logró terminar sus
estudios secundarios, se le hizo muy difícil ingresar a la universidad. Tiene una
niña de 7 años, y tiene un embarazo de 4 meses. Hasta hace poco, trabajaba en
un hogar de rehabilitación de menores en riesgo social. "Me interesa que se sepa
esto. Porque hubo mucho sufrimiento, mucho dolor. Puedo sentir que me hayan
destruido la vida, pero yo sé que hay personas que sufrieron mucho más y quizá ni
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siquiera están para contarlo. Hay que decirlo, no hay que ocultarlo. Hay una
necesidad de Justicia. Porque yo no hice nada malo. Si era una niña".
En el verano de 1975, Héctor "Tito" Peña Ramírez tenía 16 años. Eran las
vacaciones antes de entrar a Cuarto Medio, estudiaba en el Liceo Alexander
Fleming. Eran los tiempos en que jugaba al ajedrez por teléfono con un
compañero de curso. Aunque militaba en el Frente de Estudiantes Revolucionarios
(FER), no discriminaba por colores políticos a la hora de salir a andar en bicicleta
con sus amigos del barrio Manquehue. Su padre, un empleado bancario. Su
madre, una dueña de casa. Ambos de izquierda, pero ninguno estaba vinculado a
alguna organización. En el FER era un militante de base más. De esos que asisten
a reuniones, que arrojaban panfletos y rayaban alguna que otra muralla. Por eso
no se esperaba lo que le empezó a ocurrir la mañana del sábado 18 de enero de
1975.
Héctor salió a comprar cerca de su casa cuando vio a un hombre bajo y gordo que
simulaba estar tomando locomoción. "¡Policía!", le dice apenas lo abordó un
hombre de gafas negras. "¿Así es que tú eres el Tito?" En eso, rápidamente, se
acerca otro hombre: alto, con un leve estrabismo, pelo liso, cabeza cuadrada. A la
fuerza, lo metieron en un Mini que tenía en el suelo morrales llenos de armas. Ahí
lo esposan. Preguntas. Insultos. Cachetadas. Golpes. "Está mintiendo. Está
hablando puras mentiras este huevón", decía el flaco alto que miraba por el espejo
retrovisor. Baja la velocidad del Mini. Isabel la Católica con Manquehue. Pasan
otros autos, y con diarios los conductores se hacen gestos. Un vehículo se
estaciona adelante. "De ese auto se bajó el guatón Romo. Se subió a la parte de
adelante del Mini, al lado del chofer. -Ya vai a ver cuando lleguemos al cuartel,
conchesumadre. Ya vai a ver si vai a cantar o no-, me decía. Me ponen scotch y
lentes oscuros. Sentía terror. Incertidumbre". Se sumó otro vehículo, un Citroen.
En total, cuatro autos para resguardar a un muchacho de 16 años. El destino, la
comuna de Ñuñoa. Ahí estaba ubicado el cuartel de la DINA denominado "La
discotheque" o "La venda sexy". Afuera del recinto, uno de los hombres le dice:
"¡Abrázame poh! ¿No veís que tenís el pelo largo? Así van a creer que somos
pololos". Así entré, abrazado junto al agente de la DINA. De inmediato, lo
desnudan. En vez de lentes le ponen una venda ancha en los ojos. Los golpes
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fueron los primeros en recibirlo. Eran 4 ó 5 hombres los que le propinaban combos
y patadas, recuerda hoy "Tito".
Lo sientan en un sillón con una música a gran volumen. Suena un disco de "Air,
wind and fire". Uno de los hombres lo golpea con las esposas en los dientes. Le
hacen el llamado "telefonazo". No contentos mojan el suelo. Le hacen tocar un
aparato con electricidad. Empieza el interrogatorio por parte de otro de los agentes
de la DINA, que Héctor hoy identifica como Marcelo Moren Brito. Entre pregunta y
pregunta, que el muchacho no sabía contestar, el hombre le daba constantes y
duros golpes en el pecho. Tanto así, que quedó con un hematoma del porte de
todo su torso.
Durante días estuvo sin comer prácticamente nada. Sólo un minúsculo pedazo de
pan. Un sorbo de agua. Héctor "Tito" Peña fue trasladado, posteriormente, al
"Centro de Readaptación de Menores" de calle Blas Cañas, donde estuvo más de
tres meses y perdió 18 kilos. Ahí, entre noveles delincuentes y asesinos, estuvo a
punto de ser violado en dos ocasiones. Luego, es trasladado a "Tres Álamos",
después al campo de concentración de "Ritoque" y más tarde es devuelto a "Tres
Álamos". Lo liberan el 20 de junio de 1975, cuando le advierten que "miles de ojos
le estarán observando". Hoy, Héctor "Tito" Peña tiene 46 años. Hace unos meses
fue careado con Osvaldo Romo, donde éste reconoció haber participado en su
detención. De oficio, se dedica al diseño gráfico. Tiene un hijo de 16 años, la
misma edad que él tenía cuando fue capturado por la DINA. Coincidencias
desgarradoras como la que conociéramos y presentáramos vivida por Macarena
Aguiló y su hijo.
En Chile fueron detenidos y/o torturados 1.080 menores de 18 años, entre 1973 y
1990. El 70,9% tenía entre 16 y 18 años (766 casos), el 20,9% tenía entre 13 y 15
(226) El 8,1% de los niños tenía al momento de su detención y/o tortura entre 0 y
12 años de edad (88)
Los menores detenidos por militancia política y/o participación social (978) La
prisión junto a la madre o junto a ambos padres (87), y los que estaban en
gestación (4) Los que nacieron en prisión (11)
Son 1.080 menores los que sufrieron detenciones y/o torturas según el Informe.
Hay decenas de otros, sin embargo, que no vivieron para contar su historia ante la
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Comisión Valech. Es el caso que damos a conocer en la presente investigación.
Elizabeth Leonidas Contreras, alias “la motita”, a quién conocimos en estas
páginas y dimos cuenta del horror de que fuera víctima. Estaba embarazada y
tenía 14 años. Junto a otras 8 personas, fue detenida el 13 de octubre de 1973. A
la madrugada siguiente, fue llevada en un jeep a las orillas del Mapocho. A la
altura del puente Bulnes, la obligaron a bajar del auto. Le gritaron que arrancaran.
Le dispararon. Hoy ella tendría 45 años, y su hijo 31. El carabinero que ordenó la
detención y posterior ejecución de los jóvenes, aún permanece impune en su casa
de Puente Alto. Su nombre: Rubén Barría Igor.
(--- . ---)
Un Clima Propicio para que los Agentes
Cometieran sus Fechorías
Los gritos iban y venían, se escuchan por doquier, son jóvenes los que suben las
escaleras de un edificio de tres pisos, por sus largos pasillos se accedía a los
159
departamentos, en un extremo hay un balcón de donde se ve el sector poniente de
la Avenida Vicuña Mackenna, la que albergaba numerosas fábricas del cordón
industrial.
“¡Suban, vengan a ver, van a fusilar a los upelientos... vengan a ver!” gritaban los
jóvenes; yo no fui capaz de subir a ver ese macabro espectáculo, sólo escuché los
disparos y las ráfagas.
Los jóvenes al escuchar los disparos comenzaron a descender las escaleras “...
nos están disparando...”, la patrulla de militares al ver que eran observados
abrieron fuego contra los jóvenes.
Londres 38 (Un Número Desaparecido),
de Jorge Flores Durán.
Agradecemos
Con cariño a todos los profesores que con mucha paciencia nos entregaron sus
conocimientos en las artes del periodismo y las comunicaciones. Por sobre todas
las cosas a nuestras familias por esa infinita paciencia, compresión y apoyo.
160
A todos y cada uno de los que participan en este trabajo, ya sean citados por la
bibliografía o estén consignados en las crónicas. A todos los que nos concedieron
una entrevista o prestaron un documento. A cada uno que, de dónde estén nos
hayan colaborado para sacar adelante esta investigación.
Por último, a todas las víctimas de la dictadura, sobre todo a los niños que durante
dos años de nuestras vidas se transformaron en nuestro norte, con metas más
que académicas.
Fernando Caro Carrasco
Ricardo Manzur Carrasco
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