Honduras y la libertad de expresión viajan en caminos paralelos.

En su más reciente declaración oficial, el Relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, se refirió a la necesidad de despenalizar el delito de difamación, abogó porque los Estados aseguren el acceso universal a Internet y recordó la obligación de los Estados en proteger las comunicaciones personales. El informe fue presentado en Ginebra ante el Consejo de Derecho Humanos, el máximo órgano mundial en tema de derechos humanos. El guatemalteco, recordó a los Estados la necesidad de que los países despenalicen la “difamación”, porque esto se convierte en un elemento que limita la expresión libre de ideas y opiniones. Mientras tanto en el gobierno de facto se aprobó en 2009, un ambiguo acuerdo ejecutivo en el que instruía a la CONATEL intervenir medios de comunicación que hagan apología del odio nacional,…atenten contra la paz social y los derechos humanos. Aunque el decreto no se aplicó, sigue vigente y provocando autocensura y temor, sobre él, el Colegio de periodistas o la asociación de medios no han reparado, y menos cuando el mes anterior, sobraba comida y bebida para celebrar el día del periodista. El informe del relator, por otra parte exhortaba a los países a implementar efectivas leyes para la protección de la privacidad e información. En este apartado Honduras camina por otra vía, porque en el Congreso Nacional se cabildea una “ley de escuchas” con la que oficialmente se le permitiría a la policía intervenir, escuchar y grabar las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos. La Rue, recordaba a los Estados que deben “garantizar que las personas pueden comunicarse anónimamente en línea, y que todas las formas de comunicación en línea e información personal sean protegidas contra interferencia o inspección de organismos del Estado o terceros”. Un tercer apartado de su informe, el relator especial de libertad de opinión y expresión, destacaba que el acceso al Internet “juega un papel particularmente valioso en los países en donde no existe la prensa independiente”. Señalaba que en estos tiempos, el Internet se ha convertido en un instrumento clave para la participación democrática y el ejercicio de un rango de derechos humanos. Por lo tanto, declaraba”asegurar el acceso universal a Internet debería ser una prioridad para todos los Estados”.

En Honduras, desde marzo 2010 se reformó la ley de Impuesto Sobre la Venta y todas aquellas personas que compran el servicio de internet pagan 12% de impuesto, pero quienes consumen internet con mayor velocidad, pagan 15% de impuesto. Así las cosas, cada vez más se aleja la posibilidad de gozar de este servicio de manera pública, porque el Estado es incapaz de administrar los recursos para invertirlos en los más pobres, sino al contrario, es eficiente para empobrecer a los que más necesitan.

Nuestra Palabra | 20 JUNIO 2011