Identidad y Conflicto en Territorio Mapu

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    IDENTIDAD Y CONFLICTO EN TERRITORIO MAPUCHE: EL CASO

    PULMARI.

    Juan Carlos Radovich (INAPLUBA UNCPBA).Buenos Aires, Argentina.

    Introduccin

    En el presente trabajo se describen y analizan los procesos identitarios y las disputaspor el territorio ocurridos en agrupaciones mapuches del Departamento Alumin, Provinciade Neuqun, Repblica Argentina. Nos centramos en caracterizar los conflictos surgidosentre las agrupaciones indgenas del Departamento Alumin (Salazar, Aigo, Puel, Cataln,Currumil y orquinco), y los Estados nacional y provincial en relacin con laconformacin de la Corporacin Interestadual Pulmar, territorio reclamado como propio

    por las comunidades mapuches. Asimismo analizamos el conflicto intratnico acaecidoentre facciones que enfrentan a las agrupaciones mencionadas cuyos proyectos e interesesse oponen.

    Dicho conflicto, en vigencia actualmente y que involucra a diversos sectores de lasociedad, est sometiendo a prueba a las distintas fuerzas en pugna y evidenciando lascontradicciones que el rol del Estado (nacional, provincial y municipal), expresa a la horade legitimar determinadas polticas pblicas que afectan a las poblaciones indgenas denuestro pas.

    En el caso del pueblo mapuche, esta reivindicacin ha alcanzado una intensamanifestacin en los ltimos aos, en estrecho correlato con el fortalecimiento institucional

    logrado por las organizaciones polticas de este pueblo durante los ltimos tiempos.

    Situacin actual del pueblo mapuche

    Los mapuches (Gente de la Tierra en Mapudungn1), constituyen uno de los 16

    pueblos indgenas que habitan en territorio argentino, en las provincias de Chubut, RoNegro, Neuqun, La Pampa y Buenos Aires. Tambin habitan en territorio chileno en lasIX y X Regiones, al sur del pas. En Chile poseen un peso demogrfico muy importantealcanzando segn algunas estimaciones cifras cercanas al milln de personas, si se

    consideran los migrantes en el medio urbano

    Con posterioridad al sometimiento producido luego de la Conquista del Desierto

    iniciada por el Gral. Julio A. Roca en 1879 y que los mapuches resignifican con ladenominacin de El maln de los blancos o La poca de la perdicin, se produjo la

    enajenacin de aproximadamente 34 millones de hectreas de tierras (...) con la alarmante

    1Mapudungn, chedungno mapuchedungn es la denominacin que recibe la lengua hablada por estepueblo.

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    aclaracin de que 24 personas recibieron parcelas que oscilaban entre las 200 y las 650.00hectreas (Pez 1970:111).

    De esta manera los sobrevivientes del genocidio debieron elaborar una serie deestrategias destinadas a sobrevivir en un contexto de persecuciones producidas en diversosplanos. Sus prcticas socioeconmicas sufrieron una sustancial modificacin a partir de laderrota militar producindose la incorporacin de los territorios indgenas al sistemacapitalista a travs de un doble mecanismo de extensin y profundizacin del sistema.Como resultado de ello los productores mapuches (...) poseedores de caractersticasparticulares en lo que se refiere a sus formas culturales fueron subsumidos formalmente alcapital y (...) desempearon un papel especfico en el funcionamiento y la reproduccin delsistema social (Radovich y Balazote 1995:73).

    Las agrupaciones del Departamento Alumin

    Actualmente las agrupaciones indgenas del Departamento Alumin: (Salazar, Aigo,Puel, Cataln, Currumil y orquinco), cuentan con un total de aproximadamente 1.400pobladores. Constituyen el 30.4% de la poblacin departamental cuyo total es de 4.603habitantes. Sin embargo este porcentaje resulta engaoso debido a que los datos estadsticosno registran a la poblacin aborigen que no habita en reservas y se encuentran asentadoscomo ocupantes precarios de tierras fiscales en diferentes reas del departamento Alumin.

    En el Cuadro N 1 podemos apreciar las caractersticas demogrficas y lassuperficies de tierras ocupadas por las distintas agrupaciones. Segn los datos vertidospuede observarse las dismiles caractersticas que presentan las distintas comunidades.Vemos as segn los distintos registros, que la reserva Aigo emplazada en Ruca Choroy es

    la ms poblada (41.3 %, promediando los tres relevamientos). Por otro lado, y tomando enconsideracin las superficies de las reservas, podemos apreciar que la agrupacin Puel, deAngostura-Moquehue cuenta aproximadamente con la mitad de las tierras indgenas deldepartamento. Adems no existen datos fehacientes en cuanto a las exactas superficiesocupadas por las comunidades orquinco y Salazar, como tampoco contamos con registrosdemogrficos precisos acerca de la primera. Sin embargo un dato elocuente y que ilustra lacoexistencia de los reducidos predios mapuches con el latifundio, lo constituye la presenciaen el Departamento Alumin de 3 explotaciones, las cuales constituyen el 4% del total delas mismas, las que ocupan el 50% de las tierras departamentales (Censo NacionalAgropecuario 1988).

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    Este tipo de organizaciones, tal como analizbamos en un trabajo anterior(Radovich 1992), comenzaron a incursionar paulatinamente en planteos etnopolticos cuyamxima expresin la constituye actualmente el derecho a la autonoma. Es necesariodestacar sin embargo, que esta demanda se manifiesta como una consecuencia de unproceso que se inicia con la recuperacin democrtica de nuestro pas en diciembre de

    1983, y que paulatinamente se va potenciando al crecer la organizacin mapuche en laregin, de la mano de un fortalecimiento institucional logrado a travs de la lucha y de lacreciente participacin de representantes de comunidades y delegados de diversasorganizaciones. Asimismo han contado con el apoyo de instituciones diversas de lasociedad nacional como as tambin de organismos internacionales, los cuales expresaronsu respaldo en los momentos de mayor agravamiento de ciertos conflictos ocurridos a nivelprovincial.

    Asimismo, un rol preponderante en el fortalecimiento de las organizaciones fue eldesempeado por los jvenes, principalmente hijos de inmigrantes de primera o segundageneracin, quienes vivieron en su mayora un proceso de desadscripcin tnica por partede sus mayores y que motivados por diversas razones imposibles de sealar en este trabajo,comienzan a realizar un proceso de reidentificacin en trminos positivos, oponindose alas estigmatizaciones que acerca de su identidad los sectores dominantes habanconsolidado en el plano ideolgico. As, la identificacin como mapuches, sirvi para quelos jvenes expresaran con orgullo su reconocimiento en trminos de alteridad eimpugnaran los discursos hegemnicos vigentes.

    Cabe destacar especialmente, el papel desempeado por las mujeres en esta nuevasituacin, las que a travs de la participacin en diversas instancias organizativas lograrontransformar el rol de las mismas desempeado usualmente en el medio rural y derivado dela divisin sexual del trabajo. De este modo se est produciendo de manera intensa elsurgimiento de mujeres jvenes en planos de liderazgo en el seno de las organizaciones,

    desempendose en un plano de igualdad con los dirigentes varones. Esta generalizacin noexcluye obviamente las disputas por el poder que se manifiesta entre los gneros y quesuele expresarse de diversas maneras.

    El territorio en disputa

    La superficie del territorio en conflictose encuentra ubicada en el extremo nortedela regin de los lagos patagnicos y cuenta como lmite septentrional los lagos Moquehue yAlumin; al sur los lagos orquinco, Pilhu, el ro Rucachoroi y el lago del mismo nombre.

    Al este el ro Alumin y al oeste la Cordillera de los Andes (ver Mapa N 1).La suerte del territorio de Pulmar fue la misma que sufrieron otras reas indgenas

    de la Patagonia. Efectivamente, con la batalla de Pulmar ocurrida en enero de 1883, en lacual las tropas gubernamentales derrotaron a las diezmadas huestes del cacique Sayhuequeen la cordillera neuquina, comienza el sometimiento definitivo de las agrupacionesindgenas de la regin. As fue como un ao ms tarde, el 23 de febrero de 1884, el cacique

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    Manuel Namuncur se rinde, entregndose en el Fortn Pulmar conjuntamente con 331miembros de su comunidad (Curruhuinca-Roux 1984).

    Conformacin de la Corporacin Interestadual Pulmar (CIP).

    En el ao 1890 el Estado nacional luego de la apropiacin de las tierras indgenas atravs del Ejrcito ocupa Pulmar adjudicndolo a la empresa britnica Miles, la cualcolabor con aportes financieros a la campaa de exterminio llevada a cabo por el Gral.Julio A. Roca (ancucheo 1998).

    La CIP se cre mediante la fusin de tierras fiscales provinciales por un lado y unaestancia de propiedad privada existente desde comienzos de siglo y que en el ao 1948fuera comprada por el Estado Nacional y cedida al Ejrcito Argentino para se utilizadacomo haras para la cra de mulares. En 1984 el Estado Nacional y la provincia del Neuqundeciden la creacin de la CIP la cual se concreta en 1988. La CIP cuenta con una superficie

    de 110.000 has. y fue creada con el objetivo de otorgar tierras adicionales a las reservasindgenas del departamento para llevar a cabo la ganadera, principal actividad econmicade los pobladores mapuches. De las 6 agrupaciones del departamento Alumin, 4 (Aigo,Cataln, Currumil y Puel), fueron reconocidas como reservas indgenas por el gobiernoprovincial en el ao 1964, el cual cedi en usufructo un total de 23.505 has. con elpropsito de entregar en un futuro la propiedad de las mismas a los pobladores mapuches.La entrega de las tierras bajo la forma de usufructo vitalicio constituan el punto de partidade un proceso que deba finalizar con la mensura y entrega de las tierras en propiedad a lasagrupaciones. Ahora bien dicho rgimen impone una serie de restricciones ycondicionamientos a los pobladores como la imposibilidad de obtener crditos, vender,arrendar o dividir los campos ocupados. Hasta el presente, son escasas las reservas

    mapuches de Neuqun que han recibido el ttulo de propiedad de las tierras que ocupan.

    Con la creacin de la Corporacin una serie de conflictos se gestaron en torno a laposesin y propiedad de las tierras de la misma. Las organizaciones indgenas de la reginreclaman como legitimacin de sus derechos la prolongada ocupacin de dichas tierras porpobladores mapuches quienes se habran instalado en la zona desde el siglo XVI perdiendosus derechos durante la denominada Conquista del Desierto. Por su parte la CIP a once

    aos de su creacin otorg slo un 36% de las tierras a las agrupaciones mientras que el41% restante fue cedido a particulares para llevar a cabo actividades empresariales en elrubro turismo (Torres y Adami 1998:4). Esta modalidad distributiva de las tierras y la faltade reconocimiento de legtimos derechos a las agrupaciones orquinco y Salazar

    (Niengeihual), han sido las principales causas de conflicto. La CIP fundamenta su decisinen que las dos agrupaciones mencionadas ms arriba no estaban reconocidas en el momentode la creacin de la Corporacin, a pesar de que el gobierno provincial haba otorgadopersonera jurdica a Salazar y el Instituto Nacional de Asuntos Indgenas (INAI), habahecho lo propio con orquinco. Esta problemtica del reconocimiento de las comunidadespor parte del Estado como requisito previo para cualquier demanda o gestin, constituyeuno de los ejemplos ms notorios de discriminacin llevado a cabo por los sectoresdominantes a la hora de enfrentarse con los reclamos indgenas.

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    Cronologa de los hechos

    En el ao 1984 durante el gobierno del Presidente Ral Alfonsn, se crea la CIP. El12 de septiembre de ese mismo ao, en su visita a Neuqun el Presidente de la Nacinafirmaba: Ahora, Pulmar es para los Mapuches (ancucheo 1998:20). En el tratamientolegislativo de la cuestin se mencionaba que (...) mientras al indio se lo margina en

    terrenos yermos e ineptos, se hace por otra parte uso indadecuado de tierras que noresponden a ningn planteo estratgico del Ejrcito, un uso que no reporta ningn beneficioa la Nacin (Congreso de la Nacin 1985:166).

    En efecto, la actividad ganadera llevada a cabo por el Ejrcito en el Haras Pulmar,constantemente haba recibido crticas desde distintos sectores, en relacin con elinadecuado manejo llevado a cabo durante mucho tiempo, especialmente teniendo encuenta que se trata de tierras con un gran potencial productivo. Los mapuches de la reginpermanentemente reivindican y aoran la prdida de este territorio, al considerar las

    posibilidades productivas del mismo, las cuales contrastan con las de las tierras que ocupanactualmente en las reservas del departamento.

    Entre los aos 1984 y 1988, se discuti acerca de la manera en que se planificara latransferencia de Pulmar a los indgenas. Con la creacin de la CIP en 1987 2, los mapuchescomienzan a percibir irregularidades que entorpeceran la entrega de las tierras. Uno de losreclamos ms encendidos fue la escasa representacin de los mapuches en el seno delDirectorio de la CIP: slo un representante indgena sobre un total de ocho miembros.

    A partir del ao 1995 una serie ininterrumpida de conflictos se producen en torno alos reclamos mapuches por las tierras de Pulmar y las respuestas ofrecidas por el Estado

    desde sus distintos niveles. Un detalle de los hechos puede consultarse en Carrasco yBriones 1996, quienes cubren el desarrollo de los hechos hata el ao 1996; y ancucheo1998. Sintticamente, el ncleo del conflicto estaba situado entre las organizacionesindgenas de la regin y la conduccin de la CIP la cual era acusada de corrupta pordistribuir tierras a particulares ajenos a las comunidades.

    En efecto, ancucheo en 1998 detallaba que el 21/3/95 la Coordinadora deOrganizaciones Mapuche (Tai Ki Getuam

    3), denunciaba Enriquecimiento ilcito de

    los funcionarios de la CIP, pago en negro del personal, declaracin de zonas tursticas delugares sagrados Mapuche, entrega arbitraria de concesiones tanto forestales comoganaderas (...) (1998:21). Esta denuncia fue presentada ante el gobierno provincial y la

    justicia federal, realizndose adems una campaa de esclarecimiento a travs de ladivulgacin del conflicto en los medios de comunicacin. Efectivamente, el tratamientobrindado por los medios, en especial la prensa, fue de una importancia considerable, tantoen peridicos regionales como nacionales.

    2Decreto N 1.410 del 25/8/1987, ratificado por Ley N 23.612 de 1988. 3Para volver a ser uno en mapudungn.

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    Tambin eran muy variados los discursos y las apreciaciones valorativas que losmedios de prensa hicieron sobre el problema.

    El diario Ro Negro por ejemplo, en su edicin del da 12/11/95 titulaba en una

    nota que abarcaba dos pginas centrales: Pulmar no ser Chiapas, pero... (bid.:29),utilizando como ttulo de la nota un testimonio conceptualizado como (...) la acertadadefinicin de un viejo poblador de Alumin (bid:29). Ms adelante calificaba al problemacomo (...) una complicada historia que parece arrancada de otros tiempos, afirmando que

    Huincas (hombres blancos) y paisanos(mapuches que ocuparon la zona del paraje

    Piedra Gaucha), que durante dcadas convivieron en paz en un tranquilo y generosoambiente natural, dejaron de saludarse y se miran con desconfianza (...) Es que en estelaberinto de pasiones encontradas, las tierras que administra la Corporacin InterestadualPulmar rompieron la centenaria armona de los pobladores de Alumin ( bid:29).Evidentemente en las apreciaciones de este peridico no se perciben las centenariasrelaciones de desigualdad sufridas por los indgenas de la regin, asumiendo la presuncinde una idlica armona en el sistema intertnico regional.

    Por otra parte, un dirigente indgena ante el desarrollo de los acontecimientosafirmaba que (...) Vamos a defender lo que es nuestro y no vamos a agachar la cabeza;para el huinca el indio bueno es el que hace lo que l desea; si es as, no queremos serbuenos (bid:28). Evidentemente el testimonio del delegado mapuche demostraba cual erala actitud que los huincas con poder en la zona, dado que observaban con desconfianza todoaquello que rompiera con la supuesta armona que reinaba anteriormente. Del mismomodo era percibida la utilizacin de la bandera mapuche al presidir cualquier accincolectiva de las organizaciones: All (en el cuadro ocupado), flamea una colorida bandera

    que en el pueblo (Alumin), identifican como una insigna de guerra (bid:29).

    Por otro lado, los mapuches que haban ocupado los cuadros defendan su actitud

    con los siguientes testimonios:

    Este invierno fue muy pesado, murieron muchos animales, y necesitamos estecampo para alimentar la hacienda que nos queda, hubo compromisos que no se cumplierony no nos quedaba otra salida, porque nos estaban tijereteando toda la tierra y se estabanperdiendo las pasturas (dirigente de una agrupacin de Alumin en Ro Negro12/11/95:29). Tambin enfatizaban el incumplimiento de una promesa del gobiernoprovincial, liderado por el Gobernador Jorge Sobisch, cuando en mayo de 1995 losmapuches ocuparon las oficinas de la Corporacin. Nosotros tomamos esa medida luego

    de que se agotaron todas las vas administrativas, no nos quedaba otra salida (dirigente de

    la Coordinadora de Organizaciones Mapuche, bid:29).

    Respecto a las repercusiones del conflicto sobre la sociedad en su conjunto, fue muynotorio el apoyo que las organizaciones indgenas recibieron de sindicatos como laConfederacin de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asamblea Permanente por losDerechos Humanos (APDH), el premio Nobel de la Paz Adolfo Prez Esquivel, como astambin de diversos diputados nacionales quienes solicitaron la aplicacin de medidas quefavorecan a los indgenas ocupantes de las tierras de Pulmar. La Iglesia Catlica por suparte, en la figura del Obispo de Neuqun Monseor Radrizzani, tambin apoy la actitud

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    de las organizaciones mapuches, aunque en el caso del sacerdote con jurisdiccin en una delas comunidades involucradas, su apoyo se limit a justificar el reclamo pero no la accinejecutada: (...) el reclamo de los mapuches es justo (...) (pero) no estoy de acuerdo con las

    formas, ellos estn caminando por el filo de la navaja (bid:29).

    En otro orden un hecho de suma importancia se produjo en el ao 1996, cuando elentonces Defensor General de la Nacin Nicols Becerra, plante una serie deconsiderandos cuyos alcances trascenderan el caso Pulmar, para hacerlo extensivo a laproblemtica del derecho indgena en su relacin con el derecho penal y la problemtica dela diversidad cultural (Becerra 1997).

    Efectivamente, el Defensor General de la Nacin planteaba en la introduccin de sulibro que A travs del prisma de la diversidad cultural cobran nuevas dimensiones el

    principio de legalidad, de igualdad ante la ley, y el principio de culpabilidad. Todo elsistema de administracin de justicia penal y el modelo terico que le sirve de sustento hansido pensados durante ms de cien aos de espaldas a los orgenes culturales de nuestratierra. Es hora de mirar hacia nosotros mismos (bid:9). Para lograr lo propuesto Becerra

    consideraba que la reforma constitucional de 1994 constitua una decisin trascendente paraconducir a una administracin de justicia acorde con el respecto a la diversidad 4.

    Ahora bien, con relacin al problema planteado por el territorio de Pulmar , Becerrasealaba que ante las denuncias de usurpacin de las que fueron objeto diferentesdirigentes de las organizaciones mapuches, al promover la ocupacin de algunos cuadros delos campos en disputa, los indgenas se encontraban ante una situacin de necesidad

    justificante dado que se trataba de tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidadesmapuches, y que los principios de la reforma constitucional establecen la necesidad degarantizar (...) la posesin y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente

    ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (...)

    (artculo 75, inciso 17 de la Constitucin Nacional).

    Segn el autor mencionado, el tomar este tipo de determinaciones implicara comoprimera consecuencia que el reconocimiento de la diversidad cultural (...) que ella pase aformar parte de los principios fundamentales que dan contenido a la poltica criminal delEstado como base ideolgica del sistema penal (Becerra 1997:9)..

    Vemos de este modo, como las propuestas del Defensor General de la Nacincontrastaban marcadamente con las decisiones procesales tomadas por los jueces federalesde Zapala, Neuqun, al tomar ciertas medidas como el desalojo y el procesamiento de losusurpadores mapuches contemplando con estas acciones la defensa de los derechos de

    la Corporacin.Evidentemente esta ambigedad jurdica suele ser bastante recurrente cuando se

    trata de considerar o no los derechos de los pueblos indgenas. Generalmente triunfa la

    4 Dicha reforma establece en su artculo 75, inciso 17, que corresponde al Congreso: Reconocer lapreexistencia tnica y cultural de los pueblos indgenas argentinos (...) adems de garantizar el respeto a su

    identidad, reconociendo adems diversos derechos, como el de la personera jurdica, a la educacin bilingee intercultural y a la propiedad de la tierra.

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    postura liberal, que considera una supuesta igualdad de los ciudadanos ante la ley,subsumiendo bajo un manto de neutralidad legal toda una serie de desigualdades originadasmuchas veces en situaciones relacionadas con el tratamiento de la diversidad.

    Ahora bien, la actuacin del mximo representante del ministertio pblico de ladefensa a anivel nacional cobr caractersticas indditas al asumir personalmente la defensadel lonko 5Antonio Salazar por la usurpacin de tres cuadros en el rea de invernada enPulmar. Ello constituy un hecho sin precedentes dado que pondra a prueba los derechosde los pueblos indgenas incorporados en la reforma constitucional de 1994, tal como semenciona ms arriba. Segn Becerra el procesamiento del lonko Salazar dictado por unJuzgado Federal de la ciudad de Zapala y confirmado por el Tribunal Oral de Neuqun,supona una violacin al principio de igualdad y respeto de la diversidad cultural (LaMaana del Sur 18/12/96).

    Para concretar su cometido el Defensor de la Nacin present un recurso decasacin en relacin al pronunciamiento del Tribunal Oral. Interrogado el Defensor acercade si se trataba de un entredicho entre el derecho positivo y el derecho mapuche, responditaxativamente: (...) No hablo del derecho mapuche. Yo hablo del derecho positivo entodos sus trminos. Y el derecho de los aborgenes es derecho positivo porque est en laConstitucin nacional, (...) (Becerra 1997:9).

    Evidentemente, la accin del Defensor Nacional constituy un leading case dadoque era la primera vez que se planteaba el reconocimiento de los derechos indgenas desdela reforma constitucional para un caso especfico.

    Entre las argumentaciones planteadas por Becerra estaba la afirmacin de que elprocesamiento se contrapona con el principio de igualdad consagrado en el artculo 16 dela Constitucin nacional, donde se establece que (...) para que sea tal debe reconocer

    situaciones desiguales, y las comunidades aborgenes son situaciones desiguales conrelacin a otras personas. En el delito de usurpacin que comete un ciudadano en la urbe, larelacin de ese inmueble con el ciudadano es una. La relacin del mapuche con la tierraes otra, por el tema de la diversidad cultural (bid; y Becerra et al 1996), (las negritasme pertenecen). Vemos as como en el texto de Becerra se est reconociendo la especialrelacin de los indgenas con la tierra, la cual adems de poseer la importancia de tratarsede un medio de produccin, constituye adems la expresin simblica de su identidad. Esteavance en el marco del derecho puede constituirse en un procedimiento de avanzada si se loadopta como herramienta cuando se deben reconcer los derechos de los pueblos indgenas asus territorios ante la usurpacin llevada a cabo por empresas o particulares.

    Consideraciones finales

    El conflicto en Pulmar, al momento de escribir esta ponencia se encuentra en unainstancia de negociacin entre las organizaciones mapuches y el Estado en sus diversasmanifestaciones. Este hecho se est expresando en la planificacin de proyectos

    5Cacique en lengua mapuche.

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    productivos y de revalorizacin cultural en el rea, en los cuales los mapuches tendran unaplena participacin en la toma de decisiones y en la ejecucin de los mismos.

    Por otra parte se estn tratando de solucionar los conflictos existentes entrerepresentantes de organizaciones y agrupaciones diversas cuyos proyectos tnicos yproductivos difieren. En particular aquello relacionado con el discurso de la etnicidad y sumodo de expresin poltica. Algunas de las comunidades involucradas en el conflicto noreconocen la autoridad y representatividad de las organizaciones que mayor nivel deenfrentamiento tienen con las autoridades provinciales y de la Corporacin. Este grupo, ensu gran mayora adherentes al rito pentecostal y cooptados por el partido poltico quegobierna la provincia en forma ininterrumpida desde 1983, adopta una actitud deconfrontacin con las organizaciones mapuches ms radicalizadas en sus reclamos, enespecial aquellos vinculados con el reclamo autonmico. Este ltimo, entre otros,constituye una de las claves a los fines de diferenciar los proyectos tnicos de los gruposenfrentados. La autonoma del territorio mapuche planteada por los grupos msradicalizados constituye el reclamo por el control de los recursos y la toma de decisionespor parte de las comunidades sin que ello implique una reivindicacin secesionista. Sinembargo desde los sectores dominantes se utiliza este reclamo para descalificar la lucha delas organizaciones mapuches al considerarlas como parte de un proyecto imperialista quesocava las estructuras del Estado-nacin y por ende su soberana.

    Vemos as que a la represin inicial llevada a cabo por la justicia provincial y elgobierno neuquino al producirse las acciones ms radicalizadas de los mapuches, le siguiuna etapa signada por la negociacin, en la cual fue muy importante la participacin deciertos organismos nacionales (en especial el Instituto Nacional de Asuntos Indgenas,INAI), como as tambin de instancias jurdicas de suma relevancia como fue el accionardel entonces Defensor de la Nacin Nicols Becerra, quienes lograron frenar las respuestasms represivas desde el Estado, generando instancias de dilogo y negociacin cuyos

    resultados fueron muy productivos.

    No obstante todas estas circunstancias, inherentes a una situacin tpica de conflictoentre los derechos de los pueblos indgenas y el Estado-nacin, el caso Pulmar puede llegara producir hechos relevantes, que permitan una mejor visibilidad de la problemtica y queposibiliten la alternativa de poner en prctica el respeto a la diversidad en el marco de unasociedad pluritnica y multicultural tal como se viene reclamando durante los ltimos aos.

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