III - PROVEA · Humanos, abogado Fermín Toro, y otros al-tos funcionarios estatales, incluido el Presi-dente Chávez, respecto a la no obligatoriedad de las decisiones de la de la

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octubre 2003-septiembre 2004 461

Respuestas Organizativas

IIIRespuestasorganizativas

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PROVEA Informe Anual

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Organizaciones nacionales

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de derechos humanos

El movimiento de derechos humanos enVenezuela ha crecido progresivamente,no solamente en número de organizacio-

nes, sino también en la activación de diferentesestrategias de exigibilidad y justiciabilidad dederechos. En ese sentido, el presente capítuloda cuenta del trabajo de algunas Organizacio-nes no Gubernamentales (ONG) de derechoshumanos del país, y de manera especial de laacción articulada a través de diversas redes. Elcontexto en el cual actuaron estas organizacio-nes, durante el período que cubre este Infor-me, estuvo signado por una alta conflictividadpolítica, poniendo en evidencia que Venezuelaes un país con divergencias en el orden polí-tico, social y económico. Sin embargo, estasno fueron un obstáculo insalvable para eltrabajo; por el contrario, el respeto a las dife-rencias y la solidaridad caracterizó al movi-miento, expresándose a través del trabajoconjunto y de las respuestas consensuadas,orientadas a contribuir al fortalecimiento dela democracia y del Estado de Derecho a tra-vés de acciones de educación, investigación,defensa y promoción, entre otras.

Diversos fueron los hechos y acontecimien-tos que marcaron la pauta de la coyuntura na-cional, destacándose el proceso de recolecciónde firmas, durante los meses de noviembre ydiciembre de 2003, para activar el mecanismode referéndum presidencial previsto en la Cons-titución de la República Bolivariana de Vene-zuela (CRBV), realizado finalmente el 15.08.04.También formó parte de este contexto la per-

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manente movilización y denuncia ante la situa-ción de violación de los derechos humanos, enparticular de los derechos económicos, socia-les y culturales (DESC) y el agravamiento de laimpunidad.

Actividades de las organizacionesarticuladas en redes

La actuación de las organizaciones de de-rechos humanos articuladas en redes implicóun gran esfuerzo para minimizar los efectosde polarización en el complejo escenario polí-tico vivido en este período. Distintas fueronlas acciones destinadas a favorecer un climade respeto y protección de los derechos hu-manos y de la vigencia del Estado de Dere-cho. El Foro por la Vida1 (en adelante el Foro)emitió diferentes pronunciamientos sobre si-tuaciones que violentaron o podían violentarde diferente manera los derechos humanos.

En ocasión de los procesos de recolecciónde firmas para activar el mecanismo de referén-dum revocatorio de diversos cargos de elec-ción popular (realizados del 21 al 24.11.03 y del28.11.03 al 01.12.03), el Foro celebró la disposi-ción de las partes a recurrir a la consulta popu-lar, señalando que dicho proceso favorecía lainstitucionalización de un nuevo mecanismode participación política y resultaba ser un fac-

tor relevante de consolidación de la culturademocrática del país. En ese sentido hizo unllamado a “la Fiscalía General de la Repúbli-ca, a la Defensoría del Pueblo, al Poder Eje-cutivo y al Consejo Nacional Electoral [a]tomar todas las medidas pertinentes que ga-ranticen sin riesgos de ninguna especie el ejer-cicio de los derechos humanos de toda la ciu-dadanía, tanto de los que firmen en algunajornada, como de los que se abstengan dehacerlo, así como a los activistas que de unou otro sector participen como ‘itinerantes’ enel proceso de recolección de firmas, a los fi-nes de evitar la discriminación y la vulnera-bilidad a la violencia por causa de la expre-sión de opciones políticas”2. Luego de culmi-nadas las dos jornadas de recolección de fir-mas, expresó su preocupación en torno a lasdenuncias sobre presiones que se podrían es-tar ejerciendo para que los ciudadanos firma-ran o dejaran de firmar por alguna de las opcio-nes en juego; y las consecuencias en cuanto adiscriminación y amenazas de despidos. Anteesta situación, el Foro nuevamente exigió alEstado la adopción inmediata de medidas parala restitución de los derechos vulnerados e instóa los ciudadanos a presentar las denuncias antelos órganos correspondientes, a fin de que seaplicaran las sanciones del caso3. En ese mis-

1. El Foro por la Vida, hasta septiembre de 2004, está integrado por 17 organizaciones, a saber: Acción CiudadanaContra el Sida (Accsi); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB);Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centros Comunitarios deAprendizaje “Por los derechos de la niñez y adolescencia” (Cecodap); Comité de familiares de victimas de lossucesos del 27 de febrero y marzo del 89’ (Cofavic); Comisión Justicia y paz de Aragua; Comisión Justicia y Pazdel Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve); Federación Latinoamericana deAsociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam); Fundación de Derechos Humanos del Edo.Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques;Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Oficina Diocesana de DerechosHumanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Programa Venezolano de Educación-Acción enDerechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores Populares en DerechosHumanos del Ed.o Táchira; Servicio Jesuita a Refugiados y Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas.

2 . FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida se pronuncia ante el proceso de recolección de firmas (Nota de prensa)[en línea] <www.derechos.org.ve/nosotros/ redes/forovida/c-2003_5.pdf > Caracas, 19.11.03.

3 . FORO POR LA VIDA: Observaciones del Foro por la Vida al culminar las jornadas de recolección de firmas(Nota de prensa) [en línea] <www.derechos.org.ve/actualidad/ comunicados/comu_prensa_2003/cp111203.pdf> Caracas, 11.12.03.

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mo sentido, ante diferentes denuncias públi-cas de despidos y/o coacciones por haber ejer-cido el derecho a la participación política en elproceso de recolección de firmas, el 02.04.04nuevamente el Foro manifestó su preocupa-ción por vulnerar, entre otros, del derecho a laparticipación política, los derechos laborales ya la no discriminación4.

A propósito del Referéndum para definirla continuidad o interrupción de la actual ges-tión presidencial, y de la participación de lacomunidad internacional en este proceso, ex-hortó “...a la población y a sus líderes a ex-presar sus legítimas ideas políticas de ma-nera pacífica, en el marco del respeto a ladiversidad, al pluralismo, a la participacióny la institucionalidad democrática”. Ratifi-có “que la autoridad del Consejo NacionalElectoral (CNE) debe ser respetada por to-dos los actores del conflicto y que las denun-cias sobre sus fallas deben ser señaladas conánimo de reforzamiento de su autonomía yeficiencia, evitando denuncias temerarias ycanalizando toda objeción al proceso o alresultado de la consulta a través de los me-canismos institucionales previstos en la ley”.Igualmente reiteró que “la salida a la crisisdel país no es solo electoral e implica ma-durez democrática de los principales acto-res políticos”, así como resaltó la importan-cia de la observación internacional en el pro-ceso y recomendó su carácter plural. Tam-bién el Foro condenó la declaración de RogerNoriega, subsecretario de Estado para el He-

4. FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida se pronuncia por el libre ejercicio del derecho a la participación política(Nota de prensa) [en línea] <www.derechos.org.ve/nosotros/ redes/forovida/c-2004_4.pdf > Caracas, 02.04.04.

5 . The Washington Times, 26.05.04.6 . FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida se pronuncia sobre el referéndum y la participación de la comunidad

internacional (Nota de prensa) [en línea] <www.derechos.org.ve/nosotros/ redes/forovida/c-2004_7.pdf> Cara-cas, 06.07.04.

7 . FORO POR LA VIDA: Foro por la vida exige respetar normativa y resultados del CNE (Nota de prensa) [en línea]<www.derechos.org.ve/actualidad/ comunicados/comu_prensa_2004/cp130804.pdf> Caracas, 13.08.04.

misferio Occidental del Gobierno de EE.UU5,pues “ellas implican una intromisión en losasuntos internos y una violación a princi-pios de la Carta de la Organización de losEstados Americanos (OEA)”6. El 13.08.04, díasprevios al Referéndum Presidencial, en co-municado público, resaltó el comportamien-to del pueblo venezolano durante la campa-ña electoral como un aporte positivo a lademocracia y un ejemplo educativo para loslíderes políticos. Reiteró la necesidad derespetar la normativa y resultados del CNE,reconociendo su autoridad como lo esta-blece la CRBV. Igualmente solicitó a ambaspartes respetar la reglamentación vigente encuanto a la prohibición de adelantar resul-tados antes de lo establecido por la autori-dad electoral, exigiendo a esta última celeri-dad y transparencia “que no deje dudassobre la imparcialidad de su actuación enel proceso de reconocimiento institucionalde la expresión de la voluntad popular”,añadiendo que “la consulta popular puedeayudar a reducir los niveles de confronta-ción y de violencia, siempre que se realiceen un ambiente propicio y con un espíritudemocrático por parte de los diferentes ac-tores…”. Por último, resaltaron que los prin-cipales problemas del país tienen su origenen una crisis estructural que requiere paraenfrentarlos y resolverlos “algún tipo deacuerdo nacional, sin exclusiones socialeso políticas de ningún tipo, y un compromisode las partes para cumplirlo”7.

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Por otra parte, ante opiniones emitidas porel representante del Estado ante el SistemaInteramericano de Protección de los DerechosHumanos, abogado Fermín Toro, y otros al-tos funcionarios estatales, incluido el Presi-dente Chávez, respecto a la no obligatoriedadde las decisiones de la de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos y (CIDH) dela Corte Interamericana de Derechos huma-nos (Corte IDH), el Foro señaló que “…estasopiniones públicas […] desestiman el carác-ter constitucional que poseen las recomen-daciones y medidas efectuadas por el Siste-ma Interamericano al Estado venezolano enmateria de derechos humanos, expresamen-te formuladas en los artículos 19, 23 y 31 dela Constitución8.[…] Estos artículos son re-conocidos por el movimiento de derechoshumanos venezolano como parte de los másimportantes avances de la Constitución re-frendada en 1999. Ignorar o desestimar elpeso de este logro, […] constituye una viola-ción al mandato constitucional, así como alos convenios internacionales suscritos yratificados por nuestro país”9. Finalmente, lasorganizaciones del Foro insistieron y solicita-ron a “todas las instancias del Estado vene-zolano”, respetar a las instituciones interna-cionales de derechos humanos, como está

establecido en la normativa nacional y en losacuerdos suscritos.

En el marco de las manifestaciones ocurri-das a finales de febrero y marzo de 2004 enCaracas y en otras ciudades del país, el Forose pronunció repudiando la actuación de laGuardia Nacional (GN), y exigió la investiga-ción necesaria “que permitan sancionar a losfuncionarios responsables de violaciones alderecho a la integridad personal”, rechazan-do la actitud del Presidente y del Ministro dela Defensa, quienes felicitaron públicamentela actuación de la Guardia Nacional, “sin con-denar los posibles abusos, excesos o gravesviolaciones a los derechos humanos”. Tam-bién fue objeto de crítica la conducta omisivade la Defensoría del Pueblo: “Esa institucióntiene un mandato constitucional de facilitarmediaciones sociales y velar por el respeto alos derechos humanos, sin discriminación deningún tipo”. Exigió al Ministerio Público, porsu parte, “que rinda cuentas públicas de losavances de las investigaciones de estas yotras violaciones a los derechos humanosasociadas a las manifestaciones de la oposi-ción realizadas desde el 27.02.04 ”10.

En ese mismo contexto, algunas organiza-ciones de derechos humanos11 se solidariza-ron con el dolor de las víctimas. Exigieron a la

8. Referidas al principio de progresividad y obligatoriedad de los tratados sobre derechos humanos suscritos yratificados por la República; la jerarquía constitucional de los tratados, pactos y convenciones relativos aderechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela y su prevalencia en el orden interno cuando contengannormas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y en las leyes; y por último,el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales finescon el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

9 . FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida considera que declaraciones de altas autoridades del Estado debilitanel Sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos y favorecen la impunidad. (Nota de prensa)[en línea] <www.derechos.org.ve/nosotros/ redes/forovida/c-2004_1.pdf> Caracas 03.02.04.

10. FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida condena la represión y la felicitación genérica del gobierno a la guardianacional ignorando los abusos y excesos (Nota de prensa) [en línea] <http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/c-2004_2.pdf> Caracas, 16.03.04.

11. CDH-UCAB; Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Cecodap;Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina Diocesanade Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Provea; Red de Apoyo por la Jus-ticia y la Paz y Servicio Jesuita para Refugiados Venezuela.

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Administración de Justicia “una adecuadainvestigación y sanción a los responsablesde esos crímenes”. Condenando a su vez “eluso desproporcionado de la fuerza por par-te de la Guardia Nacional (GN), [...] de laDirección de Servicios de Inteligencia y Pre-vención (Disip), [de la] Policía Metropolita-na (PM), [de] la Policía del Estado Miranday de las policías de los municipios Chacao yBaruta, entre otras, por su participación di-recta en la colocación de barricadas y [en]otros eventos de alteración del orden públi-co y por la omisión de su deber de garanti-zar la seguridad ciudadana”. Insistieron encondenar que los cuerpos de seguridad seconstituyan “en brazos armados subordina-dos a parcialidades políticas”, lo cual violael derecho a la seguridad ciudadana. El Fororecalcó que “estas y otras acciones deben serdebidamente investigadas y sancionadas”12.

En otro orden, el Foro emitió dos pronun-ciamientos donde condenó las violaciones aderechos humanos en el ámbito internacio-nal. El 30.03.04 (ante el atentado terrorista ocu-rrido en Madrid el día 10.03.04) señaló “…Losactos terroristas, lejos de dar razón y legiti-midad a quienes los ejecutan bajo el supues-to de una ‘causa justa’, sólo logran producirel rechazo y la condena a sus autores, res-tando toda credibilidad a las causas quedicen defender”13. El 28.05.04, ante las viola-ciones a los derechos humanos en Irak, ex-presó: “ Las torturas de hoy forman parte del

mismo irrespeto a la legalidad internacio-nal que se manifestó en la invasión y, comoparte de aquella, se convierten en un asuntode política doméstica de cada país, pues elmensaje que envían las fuerzas invasoras almundo, es el de la actuación discrecional, almargen de cualquier tipo de legalidad: esposible falsear documentos para justificaruna invasión, actuar al margen de los meca-nismos legales e institucionales de la Orga-nización de Naciones Unidas (ONU), ocu-par un país y asesinar y torturar a sus ciuda-danos. Todo ello implica una grave amena-za a la paz y seguridad mundial y un urgenteproblema que es necesario enfrentar a tra-vés de las vías pacíficas e institucionales es-tablecidas en el seno de la ONU ”14.

En el mes de julio, el Foro emitió opiniónante diferentes hechos de la coyuntura na-cional. Respecto a la aprobación de la LeyOrgánica del Tribunal Supremo de Justicia15,(LOTSJ) planteó: “... La Constitución es cla-ra al señalar que las leyes de carácter orgá-nico, entre las que se encuentra la del TSJ,deben ser aprobadas por dos tercios de losvotos de los diputados. Esta imposición cons-titucional de una mayoría calificada obligaa que la diversidad de fuerzas que confor-man el parlamento lleguen a mínimos con-sensos sobre temas de gran relevancia na-cional, tales como la designación de lasmáximas autoridades del Poder Judicial, fa-cilitando con ello el equilibrio de poderes y

12. CDH-UCAB y otras organizaciones: Organizaciones de derechos humanos exigen detener la violencia, garan-tizar la voluntad popular y la institucionalidad democrática (Nota de prensa) [en línea] <www.derechos.org.ve/actualidad/ comunicados/comu_prensa_2004/cp020304.pdf> Caracas, 01.03.04.

13. FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida condena los atentados terroristas ocurridos en España. (Nota de prensa)[en línea] <www.derechos.org.ve/nosotros/ redes/forovida/c-2004_3.pdf > Caracas, 30.03.04.

14. FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida repudia violaciones a los derechos humanos en Irak (Nota de prensa) [enlínea] <http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp280504.pdf > Caracas,28.05.04.

15. Alegando razones de «urgencia» y con la venia del propio Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacionalaprobó por mayoría simple la nueva LOTSJ el 18.05.04.

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su independencia y autonomía...” 16. En esemismo comunicado señaló que comparte mu-chos de los criterios expresados por HumanRights Watch Américas (HRW) en su Informesobre Venezuela17, a excepción de la recomen-dación dirigida al Banco Mundial y al BancoInteramericano de Desarrollo, orientada a limi-tar el financiamiento al sector justicia, por con-siderar que tal decisión podría afectar negati-vamente a todas las personas usuarias del Sis-tema de Administración de Justicia. Respectoa las recomendaciones acerca de la invocaciónde la Carta Democrática Interamericana (CDI),el Foro señaló “...a) en el imaginario de unaparte importante de ciudadanos, tanto de losque apoyan al gobierno como de los que se leoponen, detrás de la aplicación de la CDI seencuentran fuerzas militares extranjeras quetomarán detenido al presidente Chávez y losacarán del poder. Eso, evidentemente, no tie-ne ningún fundamento en la realidad, pues enla CDI no hay ninguna disposición que lopermita. Las sanciones contempladas en laCDI apuntan, en los casos más graves, a lasuspensión de la participación de un Estadode los espacios de decisión política de la OEA.El peso de la Carta es fundamentalmente po-lítico, moral y de mediación; b) de hecho, laCDI se está aplicando en Venezuela, de mane-ra continua, desde el golpe de Estado de abrilde 2002, y ello se ha expresado en las resolu-ciones sobre Venezuela emanadas del Conse-

jo Permanente y de la Asamblea de la OEA, enlas visitas del Secretario General y en su par-ticipación directa, como mediador, en la Mesade Negociación y Acuerdos. [...] dado el climade politización del debate sobre la CDI, suinvocación actual por HRW distrae lamenta-blemente la atención sobre las fundadas crí-ticas a la LOTSJ y otros problemas que afec-tan al Poder Judicial, que deberían ser elcentro del debate”18.

Respecto a la reforma del Código Penal,aprobada en primera discusión el 25.05.04 porla Asamblea Nacional (AN), consideró que: “a)vulnera, en su artículo 216, el derecho a la nodiscriminación, al establecer una protecciónpara la vida, seguridad e integridad de losfuncionarios públicos y sus familiares, con laque no cuenta el resto de los ciudadanos, ade-más de adolecer de ambigüedad en la defini-ción de los hechos sancionados, facilitandocon ello la discrecionalidad de su aplicación;b) vulnera, en su artículo 297-A, el derecho ala libertad de expresión, al imponer una san-ción penal por la difusión de informacionesque puedan ser consideradas como falsas y;c) penaliza de manera excesiva el cierre devías públicas, en su artículo 363”. Asimismoseñaló el carácter violatorio de la realización dejuicios militares a civiles en sustitución de lajusticia ordinaria.

Por su parte, la Red Venezolana de Educa-ción en y para los Derechos Humanos19, con-

16. FORO POR LA VIDA: Foro por la Vida ante la coyuntura nacional (Nota de prensa) [en línea] <http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/c-2004_5.pdf > Caracas, 02.07.04.

17. Ver el capítulo “Derecho a la Justicia” en este mismo Informe.18. FORO POR LA VIDA: op. cit.19. La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos está integrada por: Asociación Fraternidad y

Orientación Activa (AFOA); Asociación por la Vida. (Asovida); Cátedra de la Paz “Monseñor Oscar ArnulfoRomero”; Cecodap; CDH-UCAB; Comisión de Defensa de los Derechos Ciudadanos de la Universidad de Carabobo(Coddeciuc); Comisión de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar; Asociación Civil Consor-cio Desarrollo y Justicia; Fundación de Derechos Humanos del Edo. Sucre; Grupo de Derechos Humanos de laDiócesis de San Fernando de Apure; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho; OficinaDiocesana de Derechos Humanos Humana Dignitas; Provea; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Vicaría deDerechos Humanos de Caracas.

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juntamente con la Plataforma Interamericanade Derechos Humanos, Democracia y Desa-rrollo (PIDHDD) y Educación para Todos, ca-pítulo Venezuela, con el objeto de hacer se-guimiento a los acuerdos de Dakar 200020 con-vocaron el 17.11.03 al “II Encuentro Venezola-no de Educación para Todos: Reto de Todos».En el mismo participaron alrededor de 12 or-ganizaciones sociales y de derechos huma-nos que trabajan el derecho a la educación.Entre otros acuerdos se estableció la necesi-dad de presentar propuestas al Ministerio deEducación y Deportes (MED) orientadas allogro de los compromisos del Estado Venezo-lano en educación para el decenio21.

Otro espacio de articulación es el Capítu-lo Venezolano de la PIDHDD22, quien con-juntamente con organizaciones integrantesdel Foro Social Nacional coordinó y organi-zó el Foro Social Metropolitano durante losdías 21 al 24 de octubre, un espacio de con-vergencia de diferentes posturas frente a te-mas como diversidad, empleo juvenil, dere-cho a la salud, medios y comunicación alter-nativa, derechos humanos, entre otros. Igual-mente, la Coordinadora Nacional de Partici-pación Comunitaria en Salud (Consalud) jun-to con otras instituciones y organizaciones,realizaron en Caracas el “I Congreso Nacio-nal por la Salud y la Vida” entre el 12 y 14 demarzo de 200423. El evento contó con la parti-

cipación de más de 1.500 representantes decomunidades organizadas, procedentes dedistintos estados del país. Los temas centra-les fueron: la salud como derecho, situaciónde la salud y calidad de vida, la construccióndel poder local y las contralorías en el áreade salud, y el marco jurídico para la partici-pación ciudadana. El Congreso concluyó conla elaboración del documento Declaraciónde Caracas, siendo los puntos más destaca-dos: “Exigir al Ministro de Salud y Desa-rrollo Social la inmediata promulgacióndel decreto que promueva y facilite la par-ticipación protagónica del pueblo en lagestión pública en salud, que establezca lacreación de las Defensorías Comunitariaso Contralorías Sociales en cada estableci-miento prestador de servicios de salud. Pro-mover un amplio proceso organizativo y for-mativo del pueblo para la participaciónprotagónica en la gestión pública en sa-lud, de manera que las Defensorías Comu-nitarias de la Salud, Comités de Salud ydemás espacios organizativos de la comu-nidad se conviertan en escenarios horizon-tales, que promuevan el entendimiento y lapluralidad de las ideas en torno a un obje-tivo común: organizar y formar al pueblopara ejercer la contraloría social para ga-rantizar la salud y la calidad de vida comoderecho social fundamental”24.

20. Foro Mundial de Educación, Dakar, Senegal, 2000. Foro Regional de Educación para todos [en línea] <http://www.unesco.cl/esp/redes/fororegept/> Consulta del 18.08.04.

21. RED VENEZOLANA DE EDUCACION EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Relatoría del “II Encuentro Venezo-lano de Educación para todos: Reto de todos”. Caracas, 17.11.03. Mimeo.

22. Las organizaciones que integran el Capítulo Venezolano de la PIDHDD son: Coordinadora Nacional de Partici-pación Comunitaria en Salud (Consalud); Fundación Comunicaciones Alternativas Petroglifos; Equipo de For-mación, Información y Publicaciones (EFIP); Instituto de Investigación y Defensa Integral Autogestionario(INDIA); Instituto Nacional de Educación Laboral (INEL); Provea; Radio Alternativa de Caracas y Red de Apoyopor la Justicia y la Paz.

23. CAPÍTULO VENEZOLANO DE LA PIDHDD: Informe de actividades primer semestre 2004. Mimeo.24. Boletín Informativo del «I Congreso Nacional por la Salud y la Vida». Declaración de Caracas [en línea] <http:/

/porlasaludylavida.tripod.com.ve/congresonacional8.htm >Consulta el 18.08.04.

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Otras acciones conjuntasEl Centro de Derechos Humanos de la

Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y Provea introdujeron ante el Tribu-nal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso deamparo a favor de un grupo de personas em-pleadas en el Consejo Nacional de Fronteras(CNF) quienes fueron despedidas. El Secre-tario Ejecutivo del CNF “les informó verbal-mente y en forma individual que el despidose produce por la razón política de haberfirmado contra el Presidente de la Repúbli-ca”. Ambas organizaciones calificaron estosdespidos como una violación al derecho aigualdad ante la ley, a la no discriminación, altrabajo y a la estabilidad laboral. Con esterecurso se espera dejar sin efecto el despidoy lograr la restitución inmediata de sus dere-chos y garantías25.

Por otro lado, los “Centros Comunitariosde Aprendizaje Por los derechos de la niñezy la adolescencia”(Cecodap), la Asociaciónde Familiares de Pacientes con FibrosisQuística, la Asociación de Pacientes conLeucemia, Fundamédula y la Asociación Na-cional de Hemofilia, introdujeron el 25.03.04dos acciones de protección ante el Tribunalde Protección de Niños, Niñas y Adolescen-tes destinadas a la protección de los pacien-tes infantiles de fibrosis quística y deleucemia, solicitando a los tribunales “…quegaranticen una justicia expedita y proce-dan con prontitud a atender a los reclamosde los pequeños pacientes de estos males,de sus derechos a la salud y a la vida, por

no contar con los medicamentos y el trata-miento adecuado y oportuno” 26.

Cabe resaltar que el 27.04.04 se dictó sen-tencia a favor de la acción de protección in-troducida por Cecodap el 15.07.03, por el de-recho a la salud de más de 500 niñas, niños yadolescentes que padecen enfermedadeshematológicas. La Corte Superior del Tribu-nal de Protección del Niño y del Adolescen-te de la Circunscripción Judicial del Área Me-tropolitana de Caracas, ordenó al AlcaldeMetropolitano de Caracas, entre otras cosasa “ …gestionar por ante los OrganismosGubernamentales competentes al suminis-tro de los recursos financieros a los fines deadquirir los medicamentos necesarios parala atención oportuna, eficiente y con la ce-leridad que cada caso requiera; la realiza-ción de los exámenes especializados que serequieran para diagnosticar y prescribir eltratamiento de la leucemia y demás enfer-medades hematológicas; tomar las debidasprevisiones en cuanto a infraestructura einsumos necesarios; continuar con el pro-grama de llamado a concurso para proveercargos de médicos especialistas para laSala de Hospitalización del Servicio deHematología del Hospital J.M. de losRíos”27. La Corte estableció, como plazo parael cumplimiento de la sentencia, seis meses apartir de la misma.

Igualmente en el Estado Mérida, produc-to de la movilización de las organizaciones dederechos humanos que trabajan por el dere-cho de las personas portadoras de VIH/Sida28,

25. PROVEA: Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Provea actúan contra despidos políticos. (Nota dePrensa) [en línea] <http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np220704.pdf >Caracas 22.07.04.

26. PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura N° 135 (boletín electrónico) 13 al 25 de marzo de 2004 [en línea]<http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_135.htm >

27. CECODAP: Última hora. [en línea] <http://www.cecodap.org.ve> 05 de mayo de 2004.28. Cátedra de la Paz Monseñor “Oscar Arnulfo Romero”; Asociación por la Vida (Asovida); Fundación Niños en

Positivo; y Sociedad Wills Wilde, entre otras.

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fue aprobada el 07.10.03 la Ley para la Educa-ción, Prevención, Atención y Rehabilitacióncontra el VIH–Sida en el Estado Mérida”. Lamisma tiene como objeto “...la educación,prevención integral, bioseguridad, diagnós-tico, vigilancia epidemiológica, atención,investigación y la garantía de los DerechosHumanos (DDHH) y Derechos Fundamenta-les, así como los deberes de toda la pobla-ción merideña respecto al Virus deInmunodeficiencia Humana y Síndrome deInmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA)”29.Esta ley tiene su basamento en los principiosestablecidos por la Organización Mundial dela Salud (OMS), la Organización de NacionesUnidas (ONU) y la CRBV, constituyendo unavance en la protección legal de las personasque viven con esta enfermedad.

Por otra parte, ante la grave situación dela frontera y la creación del nuevo DistritoEspecial del Alto Apure30, el Equipo Pastoralde Alto Apure se dirigió a la opinión públicaen el documento AHORA O NUNCA en el cualdescriben la situación de la zona, caracteriza-da por el caudillismo, la partidización de orga-nizaciones sociales, el miedo y la zozobra porla presencia de grupos armados irregulares,inseguridad por el secuestro, cobro de vacu-na, ejecuciones extra judiciales, ausencia deaccionar del Estado, nula participación de losmunicipios en la planificación, entre otras. Porlo que señalan que “...El nuevo Distrito AltoApure exige una gerencia pública eficientecon un alto sentido de compromiso y de sen-sibilidad social. [...] una gerencia públicaque administre eficientemente, planifique yejecute el desarrollo, promueva la partici-

pación a través de los consejos locales deplanificación. Donde se dé prioridad a losproblemas que más afecten a la población(inseguridad, desempleo) y que garantice quese vayan creando las condiciones para im-pulsar el desarrollo: Vialidad, infraestructu-ra, educación, salud, ambiente y el aprove-chamiento de los recursos existentes en lazona”. Por último expresaron que “Nuestro AltoApure debe ser un lugar donde reine la justi-cia, que es el respeto total, sobre todo a losmás débiles y empobrecidos. Es el reconocera cada cual lo que es suyo y es la búsqueda deuna sociedad donde reine la mayor igualdadposible, se respeten los derechos humanos ydonde la pobreza, el hambre y la ignoranciasean desterradas para siempre31.

En esa misma línea, varias organizacionesde derechos humanos, ante los hechos de vio-lencia acontecidos en el Estado Apure el17.09.04, donde 6 personas perdieron la vidaen manos de grupos armados irregulares, re-pudiaron: “…la acción violenta y criminal[y ] la presencia de grupos armados irregu-lares [que en la] frontera, extorsionan, se-cuestran, asesinan y siembran el pánico en-tre la población civil; [Exigieron a] los orga-nismos del Estado, procedan en lo inmedia-to a investigar, identificar y castigar a losresponsables de tales hechos, […] queimplementen acciones y tomen las medidasconducentes a garantizar la seguridad delos ciudadanos en las fronteras […] sin me-noscabar los derechos humanos de sus habi-tantes, [ni criminalizar] a los habitantes de lafrontera, ni a las personas solicitantes derefugio que llegan a nuestro país huyendo

29. Gaceta oficial del Estado Mérida. Nº 688 del 21.11.03.30. Ley Especial que crea el Distrito del Alto Apure para establecer un régimen especial para los Municipios José

Antonio Páez y Rómulo Gallegos del Edo. Apure.31. EQUIPO DE PASTORAL SOCIAL DEL ALTO APURE: AHORA O NUNCA [ en l í nea ] <h t tp : / /

www.serviciojesuitaarefugiados-vzla.org> Septiembre 2004. Consultado el 08.10.04.

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de la violencia colombiana”. También mani-festaron su oposición “a la suspensión degarantías constitucionales, debido a queeste tipo de medidas en la frontera ha signi-ficado en otros tiempos, muertes, desapari-ciones, detenciones arbitrarias y abusos ge-neralizados; no queremos esto para la gentede la frontera32.

Actividades de denuncia, defensa,promoción y educación

En el cumplimiento de sus mandatos, lasorganizaciones de derechos humanos realiza-ron actividades de denuncia, defensa, inves-tigación, educación y promoción, respondien-do a demandas y realidades de sus regiones.Acciones de denuncia y defensa

El 16.10.03 la Sociedad de Amigos en De-fensa de la Gran Sabana (Amigransa) propu-so al Ministerio del Ambiente y de los Recur-sos Naturales (MARN) declarar Parque Na-cional el área de los Bosques de Imataca, porconsiderar que “… es insustituible debido asu diversidad biológica, su relevancia en laprotección de suelos y aguas, su capacidadcomo regulador de gases y del clima, y susimponentes bellezas escénicas, entre otrosservicios ambientales”. Igualmente solicita-ron “que se excluya el uso minero del Plande Ordenamiento y Reglamento de Uso de laReserva Forestal Imataca” 33. Asimismo, ex-hortaron al MARN a terminar la demarcaciónde los hábitat y tierras de los pueblos indíge-

32. ACCIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA (ACCSI) Y OTRAS ORGANIZACIONES: Organizaciones de Dere-chos Humanos exigen detener la violencia, garantizar la voluntad popular y la institucionalidad democrática(Nota de prensa) Caracas, 30.09.04 [en l ínea] <ht tp: / /www.derechos.org.ve/actual idad/comunicados/comu_prensa_2004/cp020304.pdf>

33. AMIGRANSA: La Reserva Forestal de Imataca: Un bosque insustituible en peligro de desaparecer. Caracas 16.10.03.Mimeo.

34. AMIGRANSA: ¡ALARMA EN IMATACA!.Depredadores de Bosques en Acción. Caracas. 14.09.04 [en línea] En:Derechos Humanos y Coyuntura N°144 (boletín electrónico) 20 al 30 de septiembre de 2004 <http:/ /www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_144.htm>

nas antes de realizar cesiones o contratosdentro de la reserva; a establecer una morato-ria de la explotación forestal y a promover unadiscusión nacional que permita la participa-ción en la decisión del futuro de esta ReservaForestal. En contraste con estas exigencias,el 07.09.04 el Poder Ejecutivo, en Consejo deMinistros, aprobó un nuevo Plan de Ordena-miento y Reglamento de Uso que destina “...el62% [...] para el Uso Forestal y el 12 % parael Uso minero, [sin tomar] en cuenta las ob-servaciones realizadas por ecologistas y ex-pertos en estos ecosistemas, ni tampoco lofundamental de los estudios y el informe fi-nal para el Ordenamiento de la Reserva Fo-restal Imataca, realizado por el Instituto deZoología Tropical de la Universidad Cen-tral de Venezuela (IZT-UCV ) y el Ministeriodel Ambiente y de los Recursos Naturales(MARN), de fecha Diciembre, 2002 y en elque supuestamente se basaría este Nuevo Plande Ordenamiento y Reglamento de Uso parasustituir el tan cuestionado Decreto forestal-minero Nº 1.850 de 1997”34. Amigransa hizoun llamado a las organizaciones ecologistas,de derechos humanos y otras organizacionessociales a participar en la defensa de los Bos-ques de Imataca.

Por su parte, la Comisión de DerechosHumanos Justicia y Paz del Estado Araguasiguió denunciado sistemáticamente casos deejecuciones extrajudiciales. En su Informe so-bre la Situación de los Derechos Humanosdel Estado Aragua de enero a diciembre de

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’ ‘El movimiento de derechos humanos en Ve-

nezuela señaló, desde el año 1996, la necesidad deelaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos.En ese sentido realizó diversas acciones orienta-das a contribuir a su formulación. Entre estas ac-ciones destacan: la presentación durante el proce-so Constituyente de 1998, por parte del Foro porla Vida, del documento Agenda Constituyente1; for-mulación a las distintas instancias del Estado ve-nezolano y a la colectividad en general de la Agen-da por la Vida y la Democracia: propuestas parala discusión2 el 14.05.00, por parte del movimientode derechos humanos articulado en tres redes (Foropor la Vida, Red Venezolana de Educación en ypara los derechos humanos y el Capítulo Venezo-lano de la PIDHDD); y la presentación el 27.02.97de la Agenda por la Vida3 por parte del Foro, en elmarco del “Año de los Derechos Humanos”. UnPlan Nacional de Derechos Humanos para Vene-zuela se entiende como “... una estrategia elabo-rada a partir de un diagnóstico de la situaciónactual (diagnóstico del modo y la medida en quela población disfruta o accede a sus derechos y delas medidas adoptadas por el Estado), en la quese presentan, de manera articulada, un conjuntode medidas concordantes con las obligaciones con-

traídas por el Estado, que comprometen a diver-sos órganos y entes de los poderes públicos, y queestán orientadas a mejorar, de manera duradera,la situación de los derechos humanos en un paísdeterminado. La realización de un Plan Nacionalde Derechos Humanos es perfectamente coinci-dente con los objetivos de cualquier gobierno ycualquier Estado democráticos, pues apunta amejorar las condiciones de vida de su población”4 .Estas tres redes presentaron el 20.09.04 un nuevodocumento: Plan Nacional de Derechos Huma-nos. Una propuesta para hacer avanzar la digni-dad de todas y todos, el cual pretende contribuir ala consolidación de una sociedad y un Estado de-mocráticos, participativos, de justicia social; endonde se respeten, protejan y garanticen los dere-chos humanos, como lo establece la CRBV. Me-diante esta propuesta se aspira establecer un diá-logo en relación con el tema con las autoridades delos poderes públicos, partidos políticos, organi-zaciones y movimientos sociales. Contiene algu-nas definiciones sobre planes nacionales de dere-chos humanos, importancia, antecedentes en Ve-nezuela y la forma para diseñar un plan nacionalde derechos humanos considerando las orienta-ciones de la ONU al respecto.

Plan Nacional de Derechos Humanos.Una propuesta para hacer avanzar la dignidad de todas y todos

1. Documento que presentaba una serie de principios, obligaciones y articulado en materia de derechos huma-nos a fin de que fueran incorporados en la nueva Constitución.

2. Las propuestas presentadas son producto del conocimiento de la realidad y de las exigencias para cada derecho apartir de la experiencia de las organizaciones. La Agenda por la Vida y la Democracia está formada por dos compo-nentes, agrupados por derechos: un primer componente de propuestas de políticas públicas que contiene 114 diri-gidas al Poder Ejecutivo; 36 al Poder Legislativo; 13 al Poder Judicial y 18 al Poder Ciudadano; y el componentede iniciativas y medidas a corto y mediano plazo, elaboradas con la intención de incorporarlas en un futuro plannacional de derechos humanos, contiene 130 propuestas para el Poder Ejecutivo; 9 al Poder Legislativo; 13 al PoderJudicial y 18 al Poder Ciudadano. Fuente: FORO POR LA VIDA: Agenda por la Vida y la Democracia. Caracas, 2002.

3 . Este documento recoge 165 propuestas referidas a la realización de los derechos civiles y políticos, asícomo económicos, sociales y culturales, educación en derechos humanos, propuestas para la reforma delPoder Judicial y del sistema penitenciario. Fue discutido y analizado con funcionarios del Gobierno del Dr.Rafael Caldera concluyendo en un Plan Nacional de Derechos Humanos que no alcanzó los resultados espe-rados, pues no incorporó en grado suficiente las propuestas presentadas, además de haberse aprobado sinconsultar a las organizaciones participantes en las mismas.

4 . Foro por la Vida, Red Venezolana de Educación en y para los derechos humanos y Capítulo Venezuela de laPIDHDD: “Plan Nacional de Derechos Humanos: Una propuesta para avanzar en la dignidad de todas ytodos” [en línea] <http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/link6.htm>

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2003. Basta ya de impunidad35, denunció quea pesar de haber presentado ante la FiscalíaSuperior y la Defensoría del Pueblo un infor-me detallado de casos de violación de dere-chos humanos, así como solicitudes concre-tas de investigación a las autoridades respon-sables de la Policía del Estado Aragua, no hanrecibido respuesta efectiva36.

En esa misma línea, la Fundación de De-rechos Humanos del Estado Anzoátegui,conjuntamente con los familiares de víctimasde presuntas ejecuciones extrajudiciales delos municipios Bolívar, Sotillo, Anaco y SanJosé de Guanipa y con el propósito de de-nunciar las malas actuaciones de los funcio-narios policiales y la lentitud en los proce-sos judiciales, realizaron el 15.09.04 una con-centración pacífica con la participación dealrededor de 100 personas37, en el marco dela inauguración de la nueva sede del Tribu-nal de Justicia.

Igualmente, la Red de Apoyo por la Justi-cia y la Paz denunció los diversos y constan-tes retardos de los juicios penales en casosde violaciones a los derechos humanos, quese convierten en mecanismos de impunidad,así como en violación del derecho a la justi-cia. Muchos de esos retardos se dan ante lamirada indiferente del Ministerio Público y delPoder Judicial. Señalaron que durante el año2004 se han diferido tres juicios penales dis-tintos que la organización lleva contra fun-cionarios policiales responsables de violacio-nes a los derechos humanos, concretamente

por tortura y asesinatos. Ante esta situaciónexpresaron su preocupación por “...que elPoder Judicial permita con su indiferenciaque se sigan suspendiendo audiencias y jui-cios sin sancionar a los responsables de latardanza que pone en ´tela de juicio’ a laJusticia en Venezuela y exige que no se sigadifiriendo la justicia”38.

También presentó un Informe sobre Ca-sos de tortura en La Urbana (Edo. Bolívar). Eneste denuncia que el 30.12.03 “…funciona-rios de la Guardia Nacional y agentes delCuerpo de Investigaciones Científicas, Pena-les y Criminalísticas /CICPC, amenazaron ytorturaron a varias personas que habitan enlas poblaciones La Viruela, El Zamuro, SantaMaría, El Palote, El Cerrito, la Tortuga,Macura, Los Palitos y La Tigra. Todas las po-blaciones señaladas son caseríos rurales per-tenecientes a la Parroquia La Urbana (Mu-nicipio Cedeño-Estado Bolívar)”39. En tal sen-tido, solicitaron al Estado una investigaciónexhaustiva que permita sancionar los abusosy delitos cometidos y reparar los daños cau-sados a las personas afectadas.

Por otra parte, el Comité de Familiares deVíctimas de los sucesos de febrero y marzo de1989 (Cofavic) destacó que el Ministerio deFinanzas inició el 04.02.04 el proceso de in-demnización a las víctimas de los sucesosconocidos como “El Caracazo”, cumpliendouna parte de la sentencia de la Corte IDH, queordenó al Estado venezolano realizar una se-rie de reparaciones. Fueron indemnizados

35. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA Y PAZ DEL ESTADO ARAGUA: Informe sobre la Situaciónde los Derechos Humanos del Estado Aragua de enero a diciembre de 2003. Maracay, 2004. Mimeo.

36. Ídem. Pág. 42-43.37. FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI: Informe de actividades. 05.10.04.

Mimeo.38. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: Nota de prensa [en línea] <http://www.redapoyo.org.ve/>

Caracas, 10.08.04. Consulta del 23.08.04.39. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: Informe sobre casos en La Urbana, Estado Bolívar. [en línea]

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“...los familiares directos mayores de edad yque han sobrevivido, quedando en ejecuciónla constitución de los fideicomisos para losmenores de edad, hijos de las personas ase-sinadas o desaparecidas. El cumplimientototal de la sentencia implica “investigar loshechos; identificar a los responsables tantomateriales como intelectuales, así como a loseventuales encubridores; y sancionarlosadministrativa y penalmente según corres-ponda; que los familiares y víctimas sobrevi-vientes tengan pleno derecho a la libertadde actuar en todas las instancias de dichasinvestigaciones. […] localizar, exhumar, iden-tificar y entregar los restos mortales de 18víctimas ejecutando para esto procedimien-tos idóneos y confiables para los familiaresde las víctimas”40. Igualmente, ante los suce-sos del 27.02.04 ocurridos en la ciudad deCaracas, Cofavic denunció la gravedad de lasituación, que según sus cifras implicó la pér-dida de la vida de al menos cinco personas,señalando que “...Los cuerpos de seguridaddel Estado venezolano están en la obliga-ción de garantizar la vida, integridad físicay las garantías constitucionales de todos losciudadanos, sin distinciones de ningún tipo”.Igualmente denunció las violaciones al debi-do proceso y las detenciones arbitrarias re-cordando “a las autoridades del Estado ve-nezolano que su responsabilidad se ve com-prometida tanto por sus acciones lesivas alos derechos de la persona humana como porsus omisiones en la prevención, investiga-ción y sanción de las violaciones a los dere-chos fundamentales”41. Por ello, exhortó alEstado a investigar de manera independiente

todas las denuncias de abusos en contra delos derechos fundamentales, así como a res-petar los derechos humanos de las personasdetenidas por estos sucesos.

En otro orden de ideas, en acompañamien-to a la comunidad de Nueva Tacagua en lalucha por su derecho a una vivienda digna42,Provea denunció que el Instituto Nacional dela Vivienda (INAVI) vendió en este sector unconjunto de casas y apartamentos construi-dos en terrenos inestables, lo cual ha llevadoal deterioro progresivo de las viviendas. Losvecinos organizados bajo el lema “NuevaTacagua se respeta”, levantan su voz paraexigir soluciones: recuperación de algunasviviendas y reubicación digna de las familiasafectadas. En tal sentido, solicitaron al Ejecu-tivo Nacional que “dicte un decreto que de-clare zona de emergencia a este sector, dis-tribuya responsabilidades para distintosentes del Estado y establezca un presupues-to especial que permita resolver de maneraadecuada toda la problemática. La grave-dad de la situación de los vecinos de NuevaTacagua exige el trabajo mancomunado delas autoridades, no se puede dejar sólo alINAVI la búsqueda de soluciones para estosciudadanos/as y no puede simplificarse elproblema sólo a una situación de desalojo yreubicación, sin considerar los problemasde salud, educación y trabajo”43. En relacióncon esta misma situación, el 29.09.04 un gru-po de familias, con la asesoría de Provea, in-terpuso una acción de Amparo Constitucio-nal contra el Presidente del INAVI por haberviolado el derecho de petición, al no respon-der de manera escrita a siete solicitudes de

< http://www.redapoyo.org/> Caracas, 16.04.04. Consulta del 18.05.04.40. COFAVIC: Nota de prensa [en línea] <http:// www.cofavic.org.ve/> Caracas, 27.02.04. Consulta del 18.05.04.41. COFAVIC: Nota de prensa [en línea] <http:// www.cofavic.org.ve/> Caracas, 02.03.04. Consulta del 18.05.04.42. Ver capítulo “Derecho a la Vivienda” en este mismo Informe.43. PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura N°136 (boletín electrónico) 26 de marzo al 16 de abril de 2004 [en

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información: “En tal sentido, se acusó aHernández de no haber cumplido con su de-ber de dar oportuna y adecuada respuesta.Se espera que el respectivo tribunal acoja lasolicitud de ordenarle al presidente delINAVI dar respuesta a la petición hecha poreste grupo de vecinos en defensa de su dere-cho a la vivienda y, finalmente, tome en cuen-ta su reclamo para ser definitivamentebeneficiaros de adjudicación de viviendas”44.

También Provea y 10 víctimas de la intoxi-cación masiva ocurrida el 20.03.93 en el Hos-pital José Antonio Vargas del sector LaOvallera (Edo. Aragua), interpusieron el23.07.04 “…una demanda de responsabilidadpatrimonial por daño moral contra el IVSSante la Sala Político-Administrativa del TSJ,a 16 meses de haber iniciado un procedi-miento administrativo que no llegó a esta-blecer el acuerdo conciliatorio esperado”.Al respecto manifestaron que “al ignorar suresponsabilidad ante el procedimiento ad-ministrativo abierto el año pasado en su con-tra, el IVSS nos obliga a actuar judicialmen-te demandándolo por el daño moral causa-do contra estas personas. Como aseguradas,el IVSS tenía la responsabilidad de brindar-les un servicio de salud oportuno y de cali-dad, con medicamentos y tratamientos ade-cuados a la complejidad y gravedad de suestado de salud”45.

Por su parte la Asociación Civil UniónAfirmativa de Venezuela (UAV)46 introdujo el

07.10.03 un Recurso de Interpretación de losartículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la CRBV ante laSala Constitucional del TSJ: “... El objeto deesta acción es lograr el reconocimiento jurí-dico de los efectos patrimoniales y no patri-moniales (deberes y obligaciones mutuas)de las uniones domésticas entre personasdel mismo sexo”47. Exigen, además, la aclara-ción del conflicto del artículo 77, párrafo 2 dela CRBV con el principio superior de no dis-criminación por orientación sexual, el cual se-ñala que las uniones estables de hecho seestablecen entre un hombre y una mujer, locual genera conflictos legales y vulneracióndel derecho a la no discriminación de las pa-rejas de un mismo sexo. En relación con estasolicitud, desde el 22.09.04 esta organizacióndesarrolla una campaña para exigir que la SalaConstitucional del TSJ dé respuesta al recur-so de interpretación48.Actividades de Promoción

Al igual que en años anteriores, organiza-ciones comunitarias y de derechos humanosse reunieron para realizar “La Celebración porla Vida 2003”. Este espacio de encuentro fueorganizado por la Red de Apoyo por la Justi-cia y la Paz conjuntamente con familiares devíctimas de abusos policiales y militares ycomunidades cristianas agrupadas en el Cen-tro Coordinador de Servicios de las Comuni-dades de Base de Caracas (Cecose). Formóparte de la iniciativa “Paz en Movimiento” ysu lema inspirador fue “Comprometernos para

línea] <http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_136.htm>44. PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura N°144 (boletín electrónico) 20 al 30 de septiembre de 2004 [en

línea] <http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_144.htm>45. PROVEA: IVSS ignoró procedimiento administrativo interpuesto en marzo de 2003. Víctimas de intoxicación

masiva y Provea inician acciones jurídicas contra el IVSS por daño moral (Nota de Prensa). [en línea] <http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np230704.pdf> 23.07.04

46. Organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de personas gays, lesbianas, bisexua-les y transgénero (GLBT) en Venezuela.

47. PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura N°127 (boletín electrónico) 26 de septiembre al 9 de octubre de 2003[en línea] <http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_127.htm>

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lograr justicia, reconocernos para que hayapaz”; a través de diferentes actividades reali-zaron un llamado a lograr la paz por la vía po-lítica y democrática, mediante el diálogo y elconsenso social en Venezuela49.

Por otra parte, Cecodap y Unicef impul-saron la iniciativa de la agencia de noticiasPana (Periodismo a favor de la Niñez y Ado-lescencia) la cual busca propiciar una rela-ción de diálogo entre la sociedad civil y losmedios de comunicación por medio de acti-vidades formativas dirigidas a periodistas yestudiantes universitarios “...a objeto demejorar la relación entre ellos y las fuentesde información, así como mejorar la cali-dad de las informaciones que se producen,enfocándolas siempre desde una perspecti-va de derechos”50.Actividades de Formación y/o Educación

Durante el período analizado en este In-forme, la Vicaría de Derechos Humanos deCaracas, en la celebración de sus quince años,y continuando con la labor de “promover unaeducación comprometida con la construc-ción de una sociedad democrática, justa ysolidaria en la que se respeten los derechoshumanos”51, desarrolló 7 cursos básicos dederechos humanos, con el objetivo fundamen-tal de formar personas que se constituyan enagentes multiplicadores. En ellos participaron127 personas de los estados Yaracuy, Miran-da y de algunas comunidades de Caracas. A

la par, continuó el Programa de Formación deEducadores en 9 escuelas de La Vega,Caricuao, Palo Verde y Ojo de Agua, acompa-ñando el diseño de Proyectos PedagógicosComunitarios desde la perspectiva de valoresy derechos humanos. Cabe destacar el proce-so que se viene desarrollando en la ParroquiaLa Vega donde “la Vicaría ha participadoapoyando diversas actividades organizadaspor el Proyecto Comunitario La Vega, con-formado por diversas comunidades educati-vas de la localidad”52.

La Fundación de Derechos Humanos delEstado Anzoátegui inició en marzo de esteaño un proyecto de capacitación en derechoshumanos dirigido a funcionariado policial,activistas comunitarios, familiares de víctimasde abuso policial y periodistas. Este espacioha contribuido al conocimiento del contenidoy alcance de los derechos humanos y a mini-mizar la estigmatización que se tiene de los ylas defensoras en esta región. A partir de esteproyecto se conformaron 7 grupos de dere-chos humanos en el ámbito municipal53.

En el Edo. Bolívar, la Oficina Diocesana deDerechos Humanos de la Diócesis de CiudadGuayana “Humana Dignitas”, durante el pe-ríodo que cubre este Informe, realizó dos cur-sos dirigidos a formar promotoras y promoto-res comunitarios en derechos humanos en laszonas de: El Palmar (Mun. Padre Chien) y enGuasipati (Mun. Roscio)54.

48. PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura N°144. Op. cit.49. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: Nota de prensa. Caracas, 21.10.03.50. CECODAP: Invitación. 04.06.2004.51. VICARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE CARACAS: Informe de actividades Área de Educación, octubre 003-

septiembre 2004. Mimeo.52. Ídem.53. Se han creado 7 grupos de derechos humanos en los siguientes municipios del Estado Anzoátegui: 2 en Simón

Bolívar; 1 en Simón Rodríguez; 1 en Bruzual; 1 en Anaco; 1 en Guanipa y 1 en Sotillo, según Informe presentadopor la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui.

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Por su parte Provea, con el apoyo de laConsejería en Proyectos (PCS) realizó dos fo-ros públicos. En el primero: “Asilo y Refugia-dos en las Fronteras de Colombia”, el 25.11.03,se presentó un libro del mismo nombre y seexpuso la situación actual del derecho al asiloy refugio en los países de la región andina y elmarco jurídico vigente en cada uno de estos.Este evento permitió el encuentro entre auto-ridades del Estado, personas colombianas re-fugiadas en Venezuela, integrantes de organi-zaciones de derechos humanos y otras. En elsegundo, titulado “El derecho a la educaciónen la frontera colombo-venezolana”, y reali-zado el 22.04.04, se visibilizó la situación ac-tual de este derecho en las zonas fronterizas,en la búsqueda de estrategias conjuntas conlas autoridades del MED que garanticen elderecho de toda persona de acceder a la edu-cación. Igualmente Provea presentó el 21.07.04el libro: El derecho al asilo. Marco teórico-metodológico Básico, “con el fin de abrir eldiálogo y el debate sobre las experienciasde las luchas concretas y las propuestas paradesarrollar nuevos y más efectivos modos dehacer del conocimiento de este derecho unaherramienta a favor de la dignidad de estesector social55.

También Provea, conjuntamente con laPIDHDD, desde el 28.06.04 al 02.07.04 realizóel V Seminario de Formación en DerechosEconómicos, Sociales y Culturales. “Ante ellibre comercio, otra integración es posible”.Esta edición fue dedicada a “…tratar de de-terminar los principios de esa otra integra-ción posible para los pueblos, ante la ava-

lancha de Tratados de Libre Comercio(TLC) que está corroyendo la protección ygarantía de los derechos humanos de loslatinoamericanos”56. Se desarrolló con laasistencia de 52 participantes y de 11 po-nentes nacionales e internacionales.

En el marco de este seminario, el 01.07.04se realizó un foro público donde ponentes deMéxico, Chile, Colombia y Venezuelaintercambiaron planteamientos sobre los TLCy su relación con los derechos humanos. Unode ellos fue: “Nos oponemos a los tratadosde libre comercio por la misma razón por laque nos oponemos a la filosofía neoliberal.No podemos aceptar que se pretenda regu-lar la sociedad exclusivamente por las re-glas del mercado. Estamos convencidos deque una sociedad subordinada a las leyesdel mercado es una sociedad incompatiblecon la protección y garantía del disfrute detodos los derechos humanos”57.

Por su parte, la Red de Apoyo por la Jus-ticia y la Paz, a través del Programa “Policíadefensora de los Derechos Humanos” realizócuatro cursos de formación para elfuncionariado policial del Edo. Aragua, for-mando a más de 200 policías, quienes luegode culminada su formación iniciaron proce-sos de multiplicación. En el marco del Progra-ma “Derechos Humanos para una nueva Es-cuela”, la Red desarrolló cinco cursos deformación en derechos humanos para educa-dores y educadoras, a través del convenio conla Dirección de Formación Permanente y Su-pervisión del MED. En estos procesosformativos participaron alrededor de 200 do-

54. OFICINA DIOCESANA DE DERECHOS HUMANOS “Humana Dignitas”. Informe Educativo. Septiembre 2004.Mimeo.

55. PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura N°140 (boletín electrónico) 09 al 22 de julio de 2004 [en línea]<http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm>

56. PROVEA: Memorias del V Seminario de formación en DESC. “Ante el libre comercio, otra integración es posible”.Caracas, 2004. Mimeo.

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centes del Distrito Capital, Edo. Vargas y Edo.Miranda, y consistieron en ocho talleres sobrediversos tópicos de la educación en derechoshumanos, enfocados sobre la labor educativay su incorporación en la cultura escolar58.

En el Edo. Mérida la Cátedra de la Paz yDerechos Humanos “Monseñor OscarArnulfo Romero” promovió diversas activi-dades educativas orientadas a fomentar unacultura de paz y reconocimiento de los dere-chos humanos para avanzar en su exigibilidad,entre las que destacan un proceso de forma-ción dirigido a 43 promotores ecológicos, rea-lizado los días 12.04.04 y 05.05.04. Igualmen-te, realizó el taller “Liderazgo de la SociedadCivil en el Sector de VIH/SIDA”, los días 17 y18.04.04, dirigido a organizaciones de la ciu-

57. Moncayo Héctor, en PROVEA: Memorias del V Seminario de formación en DESC. “Ante el libre comercio, otraintegración es posible”. Caracas, 2004. Mimeo.

58. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: Algunos datos de la Red de Apoyo [en línea] Mensaje electró-nico enviado a Provea el 08.10.04.

59. CÁTEDRA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” [en línea] <http://www.cátedradelapaz.org.ve> Consultado el 20.04.04.

dad y de estados adyacentes59.Para finalizar, Provea tuvo conocimiento

del surgimiento o consolidación de las si-guientes organizaciones de derechos huma-nos: el grupo de formación-acción en arte,cultura y derechos humanos Bariquía en elEdo. Falcón; la Fundación para las Garantías,Prevención y Defensa de los Derechos Hu-manos (Fugapdehca) en Caricuao (Dtto.Metropilitano); Humanitas para los DerechosHumanos, en Barquisimeto (Edo. Lara); laAsociación Municipal de los Derechos Hu-manos en Guanipa (Edo. Anzoátegui); la Co-misión Arquidiocesana Justicia y Paz deMaracaibo (Edo. Zulia) y la Asociación parala defensa de las víctimas de abuso de poderen Maracay (Edo. Aragua).

’ ‘Las garantías para el trabajo de las personas

dedicadas a la defensa de derechos humanos enVenezuela presenta signos de debilitamiento. Sibien esta no es una situación generalizada, en losúltimos años1 ha tenido diversas expresiones quela evidencian.

La Declaración sobre el Derecho y el Deberde los Individuos, los Grupos y las Institucio-nes de Promover y Proteger los Derechos Hu-manos, expresa en su Art. 12, parágrafo 22, laobligación por parte del Estado de protección alos defensores y defensoras. Por su parte, laCarta Andina para la Promoción y Protecciónde los Derechos Humanos, en su Art. 743 rati-fica el compromiso de los Estados firmantes,

entre ellos Venezuela, de brindarles plena pro-tección. Sin embargo, como se demuestra en esteInforme, la realidad dista bastante de este mar-co normativo y resulta preocupante.

Amenazas, intimidacionesy/o hostigamientos

Las denuncias de casos de ejecucionesextrajudiciales4 en diferentes estados del país hasido una constante en los últimos años, siendolos familiares de las víctimas, acompañados pororganizaciones de derechos humanos en los esta-dos Aragua, Portuguesa, Falcón, Anzoátegui yBolívar, víctimas a su vez de sistemáticas ame-nazas e intimidaciones.

Situación de defensorías y defensoresde derechos humanos en Venezuela

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El 22.10.03, Amnistía Internacional (AI),promovió una Acción Urgente a favor de DeivyJaspe GUTIÉRREZ (16), Ives PICO GUTIÉ-RREZ, Ángela GUTIÉRREZ y sus familias, alhaber sido objeto de intimidación y amenazaspor parte de la Policía del Municipio Sucre (Edo.Miranda), en un aparente esfuerzo por silenciarsus peticiones de investigación del asesinato deCarlos Miguel PICO GUTIÉRREZ, ocurrido el12.04.03. El 27.10.03, el Juzgado Vigésimo Nove-no de Primera Instancia en Función de Control delCircuito Judicial Penal de la Circunscripción Judi-cial del Área Metropolitana de Caracas decretómedida de protección a las víctimas, ordenando ala Policía del Estado Miranda apostamiento deseguridad a las afueras de su vivienda5.

También en el Edo. Aragua, AI promovióuna Acción Urgente por la seguridad de CaudyBARRIOS (16) y por los familiares de NarcisoBARRIOS, quien fuera asesinado el 11.12.03 porla Policía de Aragua. Desde esa fecha la familia hasufrido repetidas amenazas e intimidaciones yalgunos de sus miembros han sido detenidos porla policía en varias ocasiones. Caudy Barrios fuedetenido el 19 06.04 durante tres días y recibiódiversas amenazas y torturas; entre ellas, un dis-paro junto a su oído derecho, que le causó pérdi-da temporal de audición6.

El 16.07.04, Mariela MENDOZA7, luegode haber recibido amenazas de muerte -presumiblemente de agentes de policía implica-dos en el homicidio de sus tres hermanos, o deindividuos bajo órdenes de estos- recibió tresdisparos que le ocasionaron heridas leves. LaVicaría de Derechos Humanos de Caracas, con-juntamente con AI, promovieron una AcciónUrgente “... instando a las autoridades a pro-porcionar a Mariela Mendoza y a su familiaprotección adecuada y a garantizar su seguri-dad; pidiendo a las autoridades que lleven a

cabo una investigación exhaustiva, inmediata eimparcial sobre el ataque armado contra MarielaMendoza y sobre las amenazas de muerte y elacoso que tanto ella como su familia han sufrido;[ y ] que se hagan públicos los resultados de lainvestigación y que los responsables de estos he-chos sean procesados...”8.

Durante el período que cubre este Informe,nuevamente una amenaza de muerte y una serie deactos de intimidación afectaron la seguridad deLiliana ORTEGA y demás integrantes de Cofavic9.Entre los hechos resalta el del día 12.05.04, cuandodesconocidos colocaron folletos en la entrada prin-cipal de la sede de la organización, en los cuales sela amenazaba de muerte y contenían frasesinsultantes: “a mí me pagan para que defienda losderechos humanos de los malandros de la oposi-ción”. Alrededor de una caricatura se repite cincoveces las siglas “Q.E.P.D”, lo que constituye unaclara amenaza de muerte. Ese mismo día, Cofavicrecibió también una serie de llamadas telefónicasde individuos no identificados que pedían informa-ción sobre Liliana Ortega y Cofavic y luego colga-ban bruscamente. Luego de estos hechos, el Foropor la Vida se pronunció señalando su preocupa-ción y recordándole al Estado venezolano “que laAsamblea General de la Organización de EstadosAmericanos, en junio de 2003, al reconocer la im-portante tarea que desarrollan en el plano nacio-nal y regional, los defensores de derechos huma-nos y su valiosa contribución para la proteccióny promoción de los derechos y libertades funda-mentales en el Hemisferio’, recomendó a los Go-biernos que ´intensifiquen los esfuerzos para laadopción de las medidas necesarias para garan-tizar la vida, la integridad personal y la libertadde expresión de los mismos...’. Es deber del Esta-do investigar el origen de estas amenazas y ofre-cer, con celeridad, resultados de esas investiga-ciones; así como mantener la protección a los

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demás integrantes de Cofavic, así como a favorde Carlos Nieto. En la mayoría de estos casos nose han puesto en práctica ni estas ni otras medidasdictadas, tanto por la Corte IDH (medidas provi-sionales) como por la CIDH, en las cuales se soli-cita de manera conjunta la protección a las perso-nas y la investigación de los hechos, de maneraque se establezcan las responsabilidades.

AsesinatosDurante el período analizado ocurrieron di-

versos asesinatos a líderes campesinos, quienesdefendían el derecho a la tierra en sus estados. Lamodalidad utilizada, en la mayoría de los casos,fue el sicariato.

En el Edo. Yaracuy, el 04.11.03, murió HernánESCALONA y cuatro personas más resultaronheridas de bala, cuando los supuestos dueños deun terreno ubicado en Central Matilde del Muni-cipio Bruzual, intentaron desalojar a las perso-nas del inmueble, a pesar de que poseían la CartaAgraria de Propiedad13.

El 29.02.04 fue asesinado en Machiques(Edo. Zulia), Pedro José DORIA (66), padre deltambién víctima del sicariato Pedro DORIA14.En el Edo. Portuguesa José Israel RODRÍGUEZ(33), Juan Bautista LIMA (31) y Leonel JoséRODRÍGUEZ (17), fueron hallados con cuatrotiros en la cabeza cada uno, según lo denunció el28.04.04 Miguel Ulises Moreno, Presidente dela Federación Campesina de Venezuela, quienseñaló que fueron asesinados en Guanarito, Edo.Portuguesa “2 semanas después que el InstitutoNacional de Tierras (INTI), entregó un fundo avarios campesinos en el municipio Baralt, Edo.Zulia. […] el sector en que aparecieron las víc-timas es una ‘zona de conflicto por dotación detierras’, donde el Estado venezolano está pro-moviendo a través del INTI el otorgamiento delas cartas agrarias ”15.

miembros de Cofavic. Las figuras más altas delgobierno deben señalar públicamente que recha-zan las amenazas y cualquier acto de violenciasobre cualquier organización de derechos huma-nos y, en particular, sobre Cofavic y su directora,Liliana Ortega...”10.

El 06.06. 04 Carlos NIETO, miembro de laorganización Una Ventana por la Libertad11 fue“visitado” por funcionarios de la Disip, quienes lepreguntaron acerca de los casos que esta organiza-ción trabaja, referidos a tortura de personas deteni-das durante los sucesos de febrero y marzo del2004; igualmente indagaron sobre el financiamientoque recibieron de la National EndowmenDevelopment (NED). Finalmente lo amedrentaron,al hacer de su conocimiento que sabían dónde seencontraba su madre y que conocían su rutina dia-ria. A partir de estos hechos, varias organizacionesde derechos humanos solicitaron ante la CIDHmedidas de protección para Carlos Nieto y susfamiliares. Por su parte la CIDH solicitó a la CorteIDH otorgar medidas provisionales en este caso,que fueron otorgadas el 09.07.0412. Durante los me-ses siguientes a estas medidas, y ante la ineficienteactuación, tanto de la Fiscalía como de la policía deEl Hatillo, así como la recepción de nuevas llamadastelefónicas, Carlos Nieto envió cuatro informes tan-to a la Fiscalía como a los Tribunales, denunciandola situación y responsabilizando al Estado venezo-lano de su seguridad.

Es de hacer notar que la CIDH, desde el año2001, ha dictado varias medidas cautelares, vincu-ladas con la protección de familiares y/o testigosde casos de ejecuciones extrajudiciales en los esta-dos Portuguesa, Aragua, Bolívar, Anzoátegui yFalcón, en las que pide al Estado venezolano ga-rantizar la integridad física y mental de las perso-nas que se encuentran en situaciones de gravedad yurgencia. Asimismo, en tres oportunidades dictómedidas de protección a favor de Liliana Ortega y

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Una semana antes de estas declaraciones ha-bía sido asesinado frente a la Federación Campe-sina del Edo. Portuguesa Jacinto MENDOZA.

Y el 14.04.04 también fue asesinado el coo-perativista Jesús Antonio GUERRERO, en lazona Sur del Lago de Maracaibo (Edo. Zulia)16.Ante el incremento de asesinatos y amenazas demuerte, Ricaurte Leonett, Presidente del INTI,informó que se constituyó la Unidad de Defensade los Campesinos adjunta al Instituto, con elpropósito de garantizar la defensa jurídica antelos procesos abiertos por la entrega de CartasAgrarias a favor del campesinado, contrarrestarla acción del sicariato en las regiones señaladas ydenunciar estos casos17.

Informaciones inexactas y agraviantesEn otro orden, son preocupantes también las

declaraciones emitidas por el Presidente de laRepública Hugo Chávez en el Programa radial“Aló Presidente” Nº 182, de fecha 15.02.04, enlas que insinúa que varias organizaciones vene-zolanas de derechos humanos forman parte deuna estrategia golpista y que tienen indebidosvínculos con los EE.UU. Las organizaciones dederechos humanos18 mencionadas en el progra-ma emitieron diversos pronunciamientos frente

a esta acusación. Es así como el Foro por la Vida yla Red Venezolana de Educación en y para los De-rechos Humanos repudiaron tales señalamientosexpresando: “….Las organizaciones de derechoshumanos articuladas en estas coaliciones han dadomuestras de absoluto apego, defensa y promociónde las reglas del juego democrático; así lo atesti-gua su objeción a todo abuso de poder por partede los poderes públicos y toda ruptura o intentode ruptura del hilo constitucional en varios ca-sos, durante más de una década…”19. AsimismoCofavic, la Vicaría Episcopal de Derechos Huma-nos de la Arquidiócesis de Caracas y la Oficina deDerechos Humanos del Vicariato Apostólico dePuerto Ayacucho, en comunicado conjunto fijaronsu posición “... frente al inaudito e injusto ataquedel que han sido objeto, junto a otras organizacio-nes de derechos humanos, durante la alocuciónpresidencial del pasado domingo 15 de febrero[...] Los recursos provenientes de la cooperacióninternacional que apoyan la labor de las organi-zaciones no gubernamentales de derechos hu-manos son públicos y notorios. Su transparen-cia y licitud no están en juego y cualquier acusa-ción que se presente al respecto afecta de mane-ra directa a importantes relaciones de carácterdiplomático entre Estados”20.

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1. Ver PROVEA: Informe Anual 2002-2003. Caracas, 2003. Pág 461.2 . Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Art 2: “El Estadogarantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual y colectivamente,frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión ocualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presen-te Declaración”.

3 . Art. 74. “Declaran su compromiso de respetar la autonomía e independencia de los Defensores de derechoshumanos, facilitarles la información a que legalmente tienen acceso, brindarles plena protección para ellibre desempeño de sus actividades cuando así lo requieran, e investigar, juzgar y sancionar con firmeza yefectividad todo acto que atente contra las libertades y garantías fundamentales que amparan a los Defen-sores de derechos humanos y a sus organizaciones”.

4 . Ver capítulo “Derecho a la Vida” en este mismo Informe.5 . RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ: Registro de violaciones de derechos civiles y políticos desde el

IV trimestre del 2003 a la fecha [en línea] Mensaje electrónico enviado a Provea el 09.07.04.6 . AMNISTÍA INTERNACIONAL: Amenaza de muerte /temor por la seguridad (Acción Urgente) Índice AI: AMR

53/011/2004. 16.07.04 [en línea] <http://web.amnesty.org/library/esl-ven/urgent_actions>7. Testigo de los presuntos homicidios de sus tres hermanos a manos de la policía del Edo. Portuguesa. El 15.10.02

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Mariela Mendoza yotros miembros de su familia, en las que pedía a las autoridades venezolanas que garantizaran la seguridad paraella y su familia. Estas medidas no se han puesto en práctica.

8 . AMNISTÍA INTERNACIONAL: Temor por la seguridad/amenazas de muerte (Acción urgente). Índice AI: AMR53/012/2004. 22.07.04 [en línea] <http://web.amnesty.org/library/esl-ven/urgent_actions>

9. PROVEA: Informe Anual 2002-2003. Caracas, 2003. Pág 461.10. FORO POR LA VIDA: Foro por la vida repudia nuevas amenazas a Liliana Ortega (Nota de prensa) [en línea]

<http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/np200504.pdf> Caracas, 17.05.04.11. ONG de derechos humanos dedicada al trabajo penitenciario.12. Las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Carlos Nieto

contemplan lo siguiente: “1.Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesariaspara resguardar y proteger la vida, integridad y libertad personales del señor Carlos Nieto Palma, así comola vida e integridad personal de su familia. 2. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan laadopción de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles lassanciones correspondientes. 3. Requerir al Estado que dé participación a los beneficiarios de estas medidasen la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre elavance de la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

13. El Universal, 03.11.03, pág. 2-28.14. PROVEA: Informe Anual 2002-2003. Caracas, 2003. Pág. 461.15. PROVEA: Derechos Humanos y Coyuntura N° 137 (boletín electrónico) 17 al 20 de abril de 2004 [en línea]

<http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm#12>16. Frontera, 14.05.04, pág.7-C.17. PROVEA: Derechos humanos y coyuntura Nº 133 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntu-

ra/2004/coyuntura_133.htm>18. Ver los pronunciamientos en: PROVEA: Derechos humanos y coyuntura Nº 133 (boletín electrónico) 9 al 19 de

febrero de 2004 [en línea] <http://www.derechos.org.ve>19. FORO POR LA VIDA Y RED VENEZOLANA DE EDUCACION EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Foro por

la Vida y Red Venezolana de Educación en y para los derechos humanos rechazan insinuaciones presidencia-les sobre organizaciones de derechos humanos (Nota de prensa) [en línea] <http://www.derechos.org.ve/ac-tualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp180204.pdf> Caracas, 18.02.04.

20. COFAVIC: Comunicado Público. [en línea] <http:// www.cofavic.org.ve/ > Caracas, 16.02.04. Consulta del18.05.04.

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Documents

III - PROVEA · Humanos, abogado Fermín Toro, y otros al-tos funcionarios estatales, incluido el Presi-dente Chávez, respecto a la no obligatoriedad de las decisiones de la de la