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MAGISTRADO
HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO
IMPROCEDENCIA DEL
JUICIO DE AMPARO
Definición. Obstáculos legales para que un juzgador de
amparo examine el fondo de un asunto (conceptos de
violación que se vierten sobre el acto reclamado), y que
le impide hacer un pronunciamiento sobre concesión o
negativa de amparo.
El artículo 61 de la Ley de Amparo (antes 73) establece
las hipótesis en las que se actualiza una causa de
improcedencia, mientras que la última fracción deja
abierta la posibilidad de que la propia ley (Constitución y
jurisprudencia) sea la que establezca alguna otra causa.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
Actos consumados de un modo irreparable
(fracción XVI)
Actos consumados de modo irreparable: aquéllos
que fueron ejecutados y no existe ninguna
manera de restituir a los gobernados en el goce
del derecho vulnerado, ni siquiera con el pago,
bajo el concepto de cumplimiento sustituto, pues
los bienes jurídicamente tutelados se extinguieron
con motivo de dicha ejecución.
Referentes al acto:
Cambio de situación jurídica (fracción XVII)
Subsiste la consumación irreparable, sólo
que ya no es del acto sino de las
violaciones reclamadas en un
procedimiento judicial o procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio.
Referentes al acto:
Requisitos para la existencia de cambio de situación
jurídica: 1. La existencia previa al ejercicio de la acción de amparo de
un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.
2. La emisión de un acto que se tilde de inconstitucional
3. Un cambio de situación jurídica que consume
irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda
decidirse en el mismo sin afectarse esa nueva situación.
4. La autonomía e independencia entre el acto que se reclamó
en el amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento
relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con
independencia de que el acto materia del amparo resulte o no
inconstitucional.
*Sólo la concurrencia de los 4 supuestos originan la improcedencia del juicio,
de faltar alguno, deberá desestimarse la causal.
Referentes al acto:
Cesación de efectos del acto reclamado (fracción
XXI)
La eficacia de la causa de improcedencia consiste en
lograr que la cesación de los efectos del acto reclamado
sea total, pues subsistiendo uno de ellos, debe
desestimarse.
No es suficiente el hecho de que la autoridad responsable
derogue o revoque el acto reclamado, es necesario que,
destruya todos sus efectos de manera absoluta y, por
ende, que se restituya al quejoso en el goce del derecho
violentado, como si se hubiera otorgado el amparo o si no
se hubiese cometido la violación.
Referentes al acto:
Extinción del objeto o materia del acto
reclamado (fracción XXII)
Se actualiza cuando subsistiendo el acto
reclamado, no pueda surtir efecto legal o
material alguno por haber dejado de existir
el objeto o la materia del mismo.
Referentes al acto:
Requisitos para la extinción del objeto o materia del acto
reclamado:
1. Que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación
del juicio.
2. Que los efectos legales o materiales del acto reclamado no puedan
realizarse más, a pesar de su subsistencia, esto es, que aunque el
acto subsista, la materia sustantiva del mismo ha perdido eficacia,
porque ya no produce efectos hacia el futuro en perjuicio del quejoso.
3. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o
materia del acto. *Este último elemento constituye la parte esencial de la causal, la extinción
del objeto o materia recae sobre el acto reclamado no en el juicio en sí, surge
con posterioridad a la emisión del acto y, por razones naturales o reflejo de
otros actos jurídicos, es imposible que surta efectos legales o materiales.
Referentes al acto:
Extinción del objeto o materia del acto reclamado
La Corte considera que la diferencia entre la
cesación de efectos del acto reclamado y la
relativa insubsistencia de su objeto o materia
radica en que la primera requiere de la
intervención de la autoridad, mientras que la
segunda puede suceder por causas ajenas a la
voluntad de la autoridad.
Referentes al acto:
De definitividad (fracciones XIV, XVIII, XIX y XX)
Proceda recurso ante autoridades no jurisdiccionales
(fracción XX):
El juicio de amparo es improcedente contra actos de
autoridades administrativas (no jurisdiccionales), en los
que se prevé una revisión oficiosa de la autoridad o que
deban agotarse medios ordinarios de defensa.
De definitividad:
Proceda recurso ante autoridades no jurisdiccionales
(fracción XX)
Excepciones:
1. Amparo contra leyes (107-I).
2. Actos que tengan sobre las personas o sobre las cosas una
ejecución de imposible reparación (107-II-b)).
3. Tercero extraño (107-VI).
4. Que la ley ordinaria, para suspender el acto exija mayores
requisitos que la Ley de Amparo, tenga mismos alcances, o el plazo
para concederla sea mayor (61- XX).
5. Carencia total de fundamentación (61- XX).
6. Violaciones directas a la Constitución (61- XX).
7. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la
fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la
excepción al principio de definitividad.
De definitividad:
Acto de aplicación (fracción XIV)
Si la norma reclamada en un juicio de amparo es
autoplicativa y no se combate dentro de los 30 días, no
conduce a tenerla por consentida tácitamente, porque
podrá impugnarse dentro de 15 días posteriores al primer
acto de aplicación.
Si la ley no se combate dentro de los 15 días siguientes al
en que se aplicó, entonces quedará actualizada la causal
de improcedencia por consentimiento tácito.
La excepción: No está obligado el quejoso a promover los
medios de defensa ordinarios, puede acudir directo a
reclamar la ley y el acto.
De definitividad:
Cuando se esté tramitando algún medio ordinario de
defensa (fracción XIX)
Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios
algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso
que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el
acto reclamado.
Se presenta cuando coexisten el juicio de garantías y la
tramitación del medio de defensa ordinario respecto del
mismo acto reclamado.
De definitividad:
Cuando se esté tramitando algún medio ordinario de
defensa (fracción XIX)
Aunque la sola interposición del recurso al mismo tiempo que el
juicio de amparo no es suficiente para decretar el
sobreseimiento, pues para que opere la causal deben concurrir
los siguientes requisitos:
1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso en
contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo.
2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se
esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías.
3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía
idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal
del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el
juicio de amparo.
De definitividad:
Proceda recurso ante autoridades
jurisdiccionales (fracción XVIII)
Si emitido el acto reclamado el quejoso se abstuvo de
interponer el recurso procedente, habrá un
pronunciamiento por parte del juzgador de amparo en el
sentido de que el acto carece del carácter definitivo,
puesto que pudo haber sido revocado modificado o
nulificado antes de intentar la vía constitucional.
De definitividad:
Proceda recurso ante autoridades jurisdiccionales
(fracción XVIII) Excepciones:
1. Amparo contra leyes (107-I).
2 . Actos que tengan sobre las personas o sobre las cosas
una ejecución de imposible reparación (107-V).
3. Ejecución (esperar a la última resolución: declara
cumplida totalmente la sentencia o la imposibilidad de
cumplirla/ Remate: escritura-adjudicación) (107-V).
4. Tercero extraño (61, XVIII-c)).
5. Recurso dudoso (sujeto a interpretación) (61, XVIII-c)).
De definitividad:
Litispendencia y cosa juzgada (fracciones X y XI)
Litispendencia (fracción X)
Situación que se actualiza cuando se trata de actos que
sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre
pendiente de resolución ya sea en primera o en única
instancia. En estos supuestos hay un juicio en trámite
todavía no resuelto y el quejoso promueve otro contra
las mismas autoridades y actos reclamados.
De litispendencia y cosa juzgada:
Litispendencia (fracción X)
Requisitos:
• Mismo quejoso.
• Mismo acto reclamado.
• Contra las mismas autoridades.
La justificación de la improcedencia radica en que sólo es
válido que el particular promueva una demanda de
amparo por cada acto de autoridad, de lo contrario su
actitud especulativa acarrearía inseguridad jurídica.
La ley establece como requisito para que se actualice que
uno de los juicios se resuelva (cosa juzgada), intento de
evitar que los dos juicios se sobresean.
De litispendencia y cosa juzgada:
Cosa juzgada (fracción XI)
Cuando se reclaman normas generales o actos que sean
materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo.
La justificación de la improcedencia radica en que los
juicios de amparo no se vuelvan interminables, además de
darle fuerza de cosa juzgada a lo resuelto en un juicio de
amparo sobre el que no puede haber un pronunciamiento
más, dado el carácter de órgano terminal del juzgador de
amparo. Excepción: Si como consecuencia del cumplimiento de una sentencia
de amparo directo, porque se dejó en libertad de jurisdicción a la
responsable y la nueva violación se materializa en la resolución
dictada en cumplimiento.
De litispendencia y cosa juzgada:
Interés jurídico (fracción XII)
Según la Ley de Amparo, sólo puede acudir al juicio de
amparo quien “aduzca” tener un interés jurídico o un
interés legítimo.
El interés jurídico es aquel que se suele identificar con el
derecho subjetivo (posición de prevalencia o ventaja que
el derecho objetivo asigna al sujeto frente a otros).
Elementos:
1. Titularidad del derecho subjetivo +
2. Perjuicio que le ocasiona el acto de autoridad.
De interés jurídico o legítimo:
Interés legítimo (fracción XII)
Interés legítimo no descansa en un derecho subjetivo,
tampoco se trata de un mero interés en la legalidad
(interés simple), es una situación intermedia entre ambas
situaciones.
Existe interés legítimo cuando una conducta administrativa
determinada es susceptible de causar un perjuicio o
generar un beneficio en la situación fáctica del interesado,
tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un
derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra
distinta, pero si a exigir de la Administración y a reclamar
de los tribunales la observancia de las normas jurídicas
cuya infracción puede perjudicarle.
De interés jurídico o legítimo:
El juicio de amparo sólo podrá promoverse
conjuntamente por dos o más quejosos cuando
resientan una afectación común en sus derechos
o intereses, aun en el supuesto de que dicha
afectación derive de actos distintos, si éstos les
causan un perjuicio análogo y provienen de las
mismas autoridades.
Aplicación de normas: amparo contra leyes que
la norma que reclama le haya sido efectivamente
aplicada y que le causa perjuicio.
De interés jurídico o legítimo:
Consentimiento expreso o manifestaciones de voluntad y
Consentimiento tácito (fracciones XIII y XIV)
Es improcedente el juicio de amparo cuando el quejoso
consiente expresamente el acto reclamado, o bien, realiza
manifestaciones de voluntad que entrañen ese
consentimiento, lo que responde a un principio de seguridad
jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del
juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta
que ella misma exteriorizó de manera libre y espontánea con
arreglo a la ley o acto de que se trate. Requisitos:
1. Que el acto exista
2. Que el acto cause un agravio al quejoso
3. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya
realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese
consentimiento.
De consentimiento:
Consentimiento expreso o manifestaciones de
voluntad y Consentimiento tácito (fracciones
XIII y XIV)
Consentimiento expreso o manifestaciones de voluntad
(fracción XIII)
Se consiente expresamente un acto o una ley cuando el
particular realiza una conducta de manera espontánea
que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se
produce una conducta concreta con la que se está
cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo
a los supuestos normativos de un ordenamiento.
De consentimiento:
Consentimiento tácito (fracción XIV)
Amparo extemporáneo por no presentarse la demanda
dentro del plazo que la ley impone.
En la Ley de Amparo abrogada se preveía como regla
general el plazo de 15 días y otros plazos para promover
el amparo (30, 90, 180 días y en cualquier tiempo
dependiendo del acto y la persona del quejoso).
De consentimiento:
Consentimiento tácito (fracción XIV) En la Ley de Amparo vigente se prevén los plazos siguientes:
Regla general 15 días.
Materia agraria 7 años (antes en cualquier tiempo).
Materia Penal (sentencia pena privativa de libertad)
8 años (antes en cualquier tiempo).
Leyes y Extradición 30 días (se mantiene igual)
Actos atenten contra la libertad, 20 Constitucional, prohibidos por el
22 Constitucional, fuera de procedimiento en cualquier tiempo (se
mantiene igual).
Se entiende que si es dentro de procedimiento rige la regla general 15
días (antes cualquier tiempo).
De consentimiento:
Consentimiento tácito. Excepción:
No se entenderá consentida una ley impugnable desde el
momento de su vigencia, sino sólo en el caso de que no
se promueva amparo contra el primer acto de aplicación
en relación con el quejoso.
Esto es, si la norma reclamada en un juicio de amparo es
autoaplicativa y no se combate dentro de los 30 días, no
conduce a tenerla por consentida tácitamente, porque
podrá impugnarse dentro de 15 días posteriores al
primera acto de aplicación.
Si la ley no se combate dentro de los 15 días siguientes al
en que se aplicó, entonces quedará actualizada la causal
de improcedencia por consentimiento tácito.
De consentimiento:
Adición/reforma Constitución, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal
Electoral, Congreso de la Unión: nombramientos de
funcionarios, Tribunales Colegiados de Circuito, Congreso
de la Unión: juicio político y declaración de procedencia,
Normas Generales: declaración general de
inconstitucionalidad, controversia constitucional y acción
de inconstitucionalidad (fracciones I a VIII).
De la autoridad que emite el acto:
Adición/reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (fracción I)
Se sustenta en que si el juicio de amparo es un medio de
control de la constitucionalidad de los actos de autoridad,
no se puede someter a la Constitución al control de la
propia Constitución.
De la autoridad que emite el acto:
Actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(fracción II)
Se sustenta en que debe existir una última instancia para
todo juicio o procedimiento; en que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es el más alto tribunal del país, por lo
que la revisión de sus actos recaería necesariamente en
una autoridad inferior (Juzgado de Distrito o Tribunal
Colegiado de Circuito) o propiciaría una forma de
revocación por la propia Corte, lo que provocaría
inseguridad jurídica, entrañaría que los juicios se volvieran
infinitos, y no habría seguridad de que el fallo fuera más
correcto que anterior.
De la autoridad que emite el acto:
Actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Así, esta causal es una consecuencia lógica y natural del
carácter de órgano jurisdiccional terminal y definitivo que
la Ley Fundamental le asigna a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
La improcedencia no sólo se refiere al juicio de amparo,
sino a cualquier tipo de acción que se pretenda intentar
contra la Corte, ya que al ser la jurisdicción última de todo
el sistema jurídico mexicano, no puede quedar sometida a
ninguna otra
De la autoridad que emite el acto:
Actos del Consejo de la Judicatura Federal (fracción III) Los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y penúltimo
párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal
es el órgano encargado de la administración, vigilancia y
disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta con
independencia técnica, de gestión y para emitir sus
resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables, por lo
que no procede juicio ni recurso alguno en su contra.
Excepciones: (artículo 100 constitucional) designación,
adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito
y Jueces de Distrito, impugnables ante el Pleno de la Corte,
mediante el recurso de revisión administrativa, únicamente para
verificar que se hayan emitido de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
De la autoridad que emite el acto:
Actos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (fracción IV) Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y
autoridades en materia electoral.
Durante mucho tiempo el conocimiento de las controversias
en materia electoral estuvo vedado para el Poder Judicial.
En la actualidad se ha fortalecido la función jurisdiccional
para brindar certeza a los procedimientos electorales, para lo
cual fueron creados tribunales electorales en las entidades
federativas y uno para la Federación, que permite resolver
planteamientos de derechos en los que se estimen actos
contrarios a la Constitución o a las leyes secundarias.
De la autoridad que emite el acto:
Actos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (fracción IV)
La SCJN tiene atribuciones para sobre la constitucionalidad
de las leyes electorales, con efectos generales en una acción
de inconstitucionalidad, conforme al artículo 105, fracción I,
de la Constitución. El legislador reservó a los tribunales
electorales la solución de conflictos en esta materia,
otorgando definitividad a los provenientes de la Sala Superior
del Tribunal Electoral, y permitiendo que determinadas
decisiones de los tribunales de las entidades federativas
sean impugnadas ante aquélla con la misma característica
de inatacabilidad.
De la autoridad que emite el acto:
Actos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (fracción IV) Acción de inconstitucionalidad: Control abstracto ejercido por la SCJN
a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la
República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto
que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de
los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un
sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las
distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo
garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos
de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución
corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la
atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las
leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General
de la República.
De la autoridad que emite el acto:
Actos de Órganos Legislativos (fracción V)
Resoluciones de órganos legislativos sobre elección,
suspensión o remoción de funcionarios.
Resulta remota la posibilidad de concretar el
sobreseimiento de garantías por este motivo, ellos se
deben a que, por una parte, son escasas las facultades
que tiene los órganos legislativos en la elección,
suspensión o remoción de funcionario y, por otra, en que
quienes podrían intervenir generalmente se abstienen de
impugnar dichas decisiones.
De la autoridad que emite el acto:
Actos de los Tribunales Colegiados de Circuito (fracción VI) Tribunales Colegiados, Juzgados de Distrito, como autoridad de
amparo u otra autoridad por orden de alguno de éstos.
Se prohíbe la promoción del juicio de amparo contra cualquier
acto o resolución pronunciada en un cuaderno de amparo
(directo o indirecto).
Atiende a la naturaleza del órgano de control de
constitucionalidad como sistema, pues con independencia de la
instancia en que se pronuncie la resolución, las decisiones de
los tribunales de amparo no pueden ser sometidas a escrutinio
de un juicio de garantías alterno para despejar inquietudes
acerca de su legalidad; y a la inconveniencia de aceptar un
medio de control constitucional sobre otro que está en trámite o
ha concluido.
De la autoridad que emite el acto:
Actos de los Tribunales Colegiados de Circuito (fracción VI)
Los juzgadores de amparo adquieren la condición de órganos
terminales en los que no se permite algún medio de defensa
adicional a los recursos previstos en la Ley de Amparo.
Aunque existe la posibilidad de que el amparo sea procedente
contra un acto emitido en cumplimiento de una ejecutoria de
amparo, dependiendo de los términos en que se haya
concedido el amparo, deberá evaluarse la impugnabilidad del
nuevo acto mediante recurso de inconformidad por exceso o
defecto, o bien, si es materia de otro amparo.
De la autoridad que emite el acto:
Actos de los Tribunales Colegiados de Circuito
(fracción VI)
Si en los efectos de la sentencia se dejó a la autoridad
libertad de jurisdicción para valorar determinado elemento
probatorio, resolver algún agravio cuyo estudio se omitió,
entre otros casos, el particular sí estará en aptitud de
promover amparo sin que se actualice la causa de esta
causa de improcedencia, pues son temas que ya no
corresponden al primer juicio.
De la autoridad que emite el acto:
Actos de los Tribunales Colegiados de Circuito (fracción VI) Ejemplos: Si el acto reclamado consistió en la falta de respuesta a una petición. Si el amparo se concedió por ausencia de fundamentación y motivación (nueva regla: (117 in fine) actos materialmente administrativos excepción a analizar el acto como aparezca probado, se da oportunidad a la autoridad para que exponga fundamentación y motivación y al quejoso que amplíe demanda, evitar amparo para efectos). Si el amparo concedido para el efecto de que se admita desahogue o valore una prueba; una vez satisfecha la materia del cumplimiento, si cualquiera de las partes en el juicio ordinario no estén de acuerdo con el resultado que arroje la valoración de la prueba, estará en condiciones de promover un nuevo juicio de amparo.
De la autoridad que emite el acto:
Actos del Congreso de la Unión, las Cámaras, las
Legislaturas de los Estados o de sus respectivas
Comisiones o Diputaciones Permanentes
(fracción VII)
Actos y resoluciones dictadas en declaración de
procedencia y en juicio político, así como en
elección, suspensión o remoción de funcionarios
en los casos en que las Constituciones
correspondientes les confieran la facultad de
resolver soberana o discrecionalmente.
De la autoridad que emite el acto:
Normas generales: declaración general de
inconstitucionalidad o declaración de invalidez de
una norma general (fracción VIII):
Contra normas generales respecto de las cuales
la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya
emitido una declaratoria general de
inconstitucionalidad, o resuelto una con
controversia constitucional o acción de
inconstitucionalidad (105, fracciones I y II, de la
CPEUM)
De la autoridad que emite el acto:
Relacionadas con otra disposición:
Relacionadas con otra disposición (fracción XXIII)
Disposición que permite que otras causales puedan
incluirse en el texto de la Ley de Amparo, en un
numeral distinto al artículo 61.
En realidad ésta no es una causal de improcedencia
en sí misma considerada, sino más bien una
disposición permisible de que otras puedan ser
incluidas en el texto de la Ley de Amparo.
Relacionadas con otra disposición (fracción XXIII). Ejemplos: 1. Amparo contra leyes promovido contra un segundo o ulterior acto de aplicación. 2. Actos intraprocesales en procedimientos administrativos. 3.Resoluciones intermedias dictadas en ejecución de sentencia 4. Actos en el juicio que tengan ejecución de imposible reparación. 5. Si el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio y carece de ese carácter.
6. Resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento. 7. Actos de particulares no actúen como autoridades.
Relacionadas con otra disposición:
Relacionadas con otra disposición (fracción XXIII). Ejemplos: 8. Actos de autoridad que no se considera como tal, para efectos del juicio de amparo que se analiza. 9. Ausencia de conceptos de violación. 10. Imposibilidad de que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios. 11. Actos derivados de otros consentidos 12. Personas morales oficiales que promueven un amparo contra actos que no afecten sus derechos patrimoniales.
Relacionadas con otra disposición:
Artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo.
Desistimiento I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos
en que la ley establezca requerimiento. Notificación personal al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo
de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y
se continuará el juicio.
Excepción:
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como
consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de
sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de
población que de hecho o por derecho guarden el estado
comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos,
o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo
acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí
podrán decretarse en su beneficio.
SOBRESEIMIENTO:
Artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo.
Edictos
II. El quejoso no acredite sin causa razonable a
juicio del órgano jurisdiccional de amparo
haber entregado los edictos para su
publicación en términos del artículo 27 de la
propia Ley una vez que se compruebe que se
hizo el requerimiento al órgano que los decretó
(emplazamiento al tercero interesado).
Esta causa de sobreseimiento no estaba
prevista en la Ley de Amparo abrogada.
SOBRESEIMIENTO:
Artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo.
Muerte del quejoso
III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto
reclamado sólo afecta a su persona.
Artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
No existe el acto
IV. De las constancias de autos apareciere claramente
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando
no se probare su existencia en la audiencia
constitucional.
SOBRESEIMIENTO:
Artículo 63, fracción V, de la Ley
de Amparo.
Causa de improcedencia
V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga
alguna de las causales de improcedencia a
que se refiere el artículo 63 de la Ley de
Amparo.
SOBRESEIMIENTO:
Sobreseimiento a petición de parte (artículo
64 de la Ley de Amparo). Cuando las partes tengan conocimiento de alguna
causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato
al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible,
acompañarán las constancias que la acrediten.
Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de
oficio una causal de improcedencia no alegada por
alguna de las partes ni analizada por un órgano
jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en
el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho
convenga. Esta disposición no estaba prevista en la Ley de Amparo
abrogada.
SOBRESEIMIENTO:
Alcances (artículo 65 de la Ley de Amparo).
El sobreseimiento no prejuzga sobre la
constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni
sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al
ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando
no exista duda de su actualización.
Esta disposición no estaba prevista en la Ley de Amparo
abrogada.
SOBRESEIMIENTO:
