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INFORME ANUAL 2016

Informe Anual 2016 / Ministerio Público de Defensa Penal / Ivone Leonor Haquim (et. al.) - San Salvador

de Jujuy.-

Catalogación e ISBN en trámite.

Editado por:

Dra. Andrea Soledad Olmos

Consultor editorial:

Dr. Nilo Gastón Fernández Montini.

Agradecimientos: al Dr. David Ángel Troncoso, por su colaboración en la corrección del texto.

Impreso en Argentina en

el taller de Bonifacio Impresiones.

Esta es una edición del grupo editorial independiente NORTHESIS - San Salvador de Jujuy.

Publicación de distribución gratuita.

Prohibida su reproducción y/o venta.

INFORME ANUAL2016

LEY N° 5896/16

MINISTERIO PÚBLICO DE DEFENSAY DEL SERVICIO PÚBLICO DE DEFENSA PENAL

PROVINCIA DE JUJUY

INFORME ANUAL2016

LEY N° 5896/15

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MINISTERIO PÚBLICO DE DEFENSA Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE DEFENSA PENAL PROVINCIAL

San Salvador de Jujuy, 8 de Junio de 2017

Al Sr.

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA

PROVINCIA DE JUJUY

CPN. CARLOS GUILLERMO HAQUIM

SU DESPACHO.-

IVONE LEONOR HAQUIM, en mi carácter de Defensora General del Ministerio

Público de Defensa y del Servicio Público de Defensa Penal Provincial, me dirijo al Sr. Presidente

de la Legislatura, y por su digno intermedio a los Señores Diputados, con el objeto de poner

a vuestra consideración el Informe Anual 2016, que refleja la actividad desarrollada

durante dicho período por las áreas de este Órgano (Ley Orgánica del Ministerio Público

N° 5896/15, Art.19 inciso a) y Art. 20.

En el mes de Diciembre del año 2015, tuve el altísimo honor de ser propuesta

para ocupar el cargo de Defensora General por el Sr. Gobernador de la Provincia de

Jujuy, quien, concluido exitosamente el trámite previsto, procedió a designarme

Defensora General del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal

Provincial, por Decreto N° 284/2016, publicado en el Boletín Oficial el 3 de Febrero de

2016, prestando mi juramento de ley el día 4 de Enero de 2016.

La Audiencia celebrada por la Comisión de Asuntos Institucionales de la

Honorable Legislatura de la Provincia de Jujuy, representó el ámbito más apropiado

para expresar las ideas centrales, sobre la misión del Servicio de Defensa Pública y

el lugar que debe ocupar en una sociedad de iguales. Simultáneamente, significó la

asunción de un compromiso institucional en favor de los Derechos Humanos de los

asistidos, renovado día a día.

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INFORME ANUAL - 2016

En aquella oportunidad, sostuve que el Ministerio Público de Defensa Penal

debía ser el actor principal en la remoción de los obstáculos que impedían a la ciudadanía

el acceso pleno a la justicia. En pos de lograr ese cometido, debía constituirse en un

verdadero operador en procura de la vigencia plena de los Derechos.

El Informe Anual 2016 que acompaño, —fiel reflejo del trabajo y esfuerzo

realizado por todos los integrantes del Organismo para la consecución de esos

objetivos—, comprende la actuación de las dependencias de las jurisdicciones de San

Salvador de Jujuy y de San Pedro de Jujuy, las políticas y acciones, encomendadas y

emprendidas por su organismo jerárquico: la Defensora General.

Luego de un año de intensa labor, se han logrado superar las principales

situaciones críticas encontradas al iniciar la gestión, a saber: la emergencia y crisis de la

Defensa Publica Técnica, la carencia de adecuados procedimientos de gestión, ausencia

de políticas específicas sobre defensa penal pública, falta de vínculos con entidades

involucradas en temáticas similares, desorden administrativo, escaso personal asignado

a la defensa técnica y escasez de infraestructura básica en las dependencias del servicio,

entre otras situaciones no menos importantes.

Ese conflictivo cuadro de situación, —cuya superación definitiva aún se halla en

curso— requirió una abnegada dedicación de los integrantes del Ministerio Público de

Defensa Penal, así como la comprometida colaboración del Poder Judicial de la Provincia

de Jujuy, de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, quienes brindaron el apoyo

a este Ministerio recién creado, con la máxima colaboración para su funcionamiento

inicial. El esfuerzo rindió sus frutos y permitió la consolidación de importantes

cimientos para el futuro del Organismo.

Entre los objetivos principales, cabe resaltar la racionalización del proceso

de toma de decisiones, a partir del desarrollo e implementación de un sistema

informatizado propio, completo y confiable. Esta información es vital para el control

de gestión y la elaboración de las rendiciones de cuentas. Merece también destacarse

la creación del Equipo Interdisciplinario, compuesto por Licenciadas en Psicología, en

Asistencia Social, y una Médica clínica.

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La creación de la Secretaría de Violencia Institucional permitió implementar

el Programa de visitas permanentes a los institutos penitenciarios y cárceles, para

el control continuo de la plena vigencia de los derechos y protección de garantías

de personas privadas de su libertad, sometidas a persecución penal, cometido

específicamente resaltado en nuestra Ley de creación. En el Informe que se pone a

vuestra consideración, se da acabada cuenta de las intensas y fructíferas gestiones

realizadas por la nueva Secretaría.

Conforme con el principio que sustenta la función del Ministerio Público de

Defensa Penal, la actividad de éste no se agota en una administración y servicio de

defensa técnica, sino que se ha impulsado una política de efectiva defensa de los

derechos fundamentales, del principio de inocencia, debido proceso legal y la libertad

durante el proceso, como reconocidos por nuestra Constitución Nacional, Constitución

Provincial y las Convenciones Internacionales.

De igual manera, se promovieron acciones para fortificar la defensa, se pusieron

en funcionamiento nuevos programas e iniciativas de atención y seguimiento de

problemáticas específicas (las necesidades de las familias de los asistidos), en el

entendimiento de que las instituciones, y sobre todo la nuestra, no pueden permanecer

indiferentes ante las necesidades que emergen de la realidad de la vida en relación, lo

cual motivó la creación del Departamento de Atención Familiar.

Convencidos de que la formación y capacitación son elementos indispensables

para un óptimo ejercicio profesional del Defensor Penal Público y del personal que lo

asiste, se coordinó de manera directa las actividades docentes y capacitación a través

del Convenio Marco firmado con la Defensoría General de la Nación, por intermedio de

su titular la Sra. Defensora General Dra. Stella Maris Martínez. Este fue un primer paso

destinado a asegurarle al personal del Ministerio una formación específica y continua

que los aliente y los afiance en su crecimiento intelectual y en su responsabilidad como

agentes del Estado.

Como también se expresó en la audiencia por ante la Comisión de Asuntos

Institucionales, un objetivo central de la gestión es lograr mayor presencia institucional,

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fortaleciendo nexos con diversas entidades que coadyuven en las misiones y funciones

del Ministerio Público de Defensa Penal, y permitan un mayor acercamiento con la

comunidad. Conforme con tal premisa, la actividad de las dependencias y el trabajo de

los programas se difunden de manera sistemática y se realizan publicaciones periódicas

que se encuentran al alcance de toda la comunidad en la página web del Ministerio

(mpdpjujuy.gob.ar).

Se trabaja arduamente para optimizar los insumos y para establecer un servicio

de Internet de banda ancha que permita una comunicación permanente en tiempo real

entre S.S.de Jujuy y San Pedro de Jujuy. También se concretó el alquiler del inmueble

que se hoy se erige como sede central del Ministerio Público de Defensa Penal, lo que

permitió optimizar el trabajo, brindando mínimas condiciones ambientales de trabajo

a su personal.

Siempre en el ámbito de las relaciones interinstitucionales, cabe destacar la

activa participación del Ministerio Público de Defensa en el Congreso Nacional de

Defensores Públicos Generales, resultando adecuado señalar que a partir del mes de

Octubre de 2016, la Sra. Defensora General es parte integrante del Consejo Nacional de

Defensores Penales Públicos de la República Argentina.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, y de la intensa, prolífica y dificultosa actividad

desarrollada en una etapa de transición, resulta claro que nuestras acciones no resultan

aún suficientes para resolver todas los obstáculos ligados al acceso a la justicia y a la

defensa de los derechos.

El anexo estadístico que complementa el presente informe da cuenta del altísimo

porcentaje de asistencia de la defensa pública con relación a los casos totales que se

tramitan en las distintas instancias del fuero penal de la Provincia de Jujuy. Sin embargo,

en nuestra planificación trianual, pretendemos extender el servicio de manera directa

a otras áreas de toda la Provincia, mejorar el desempeño realizado hasta hoy y colocar

a la Defensa Pública Penal en un nivel de excelencia del servicio.

Ratificamos nuestro compromiso, y reiteramos nuestra disposición a explicitar,

en todas las oportunidades que se consideren necesarias, los motivos por los cuales el

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fortalecimiento institucional de la Defensa Penal Pública tiene directa incidencia con el

ejercicio de la democracia y el respeto de los derechos que la fundamentan.

Luego de este año de gestión como titular del cargo que ostento, mi compromiso

profesional y personal con la Defensa Pública se encuentra fortalecido. Queda mucho

por hacer, pero tengo plena convicción de que todo lo que resta es posible. Procuro

para su concreción, una vocación de servicio y conocimientos técnicos adecuados a la

cambiante dinámica social, contando asimismo con el auxilio invalorable de mis colegas

y de los empleados y funcionarios de este Ministerio.

Es nuestra aspiración institucional, que el resto de los Poderes del Estado sigan

acompañándonos en nuestra tarea y que colaboren con esta noble función, que consiste

en contribuir a afianzar la justicia y consolidar la democracia.

Dra. IVONE LEONOR HAQUIM

Defensora General

MINISTERIO PÚBLICO DE DEFENSA

Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE DEFENSA PENAL PROVINCIAL

INFORME ANUAL

2016

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A LA DEFENSORA GENERAL

Dra. IVONE LEONOR HAQUIM

Cumpliendo con la obligación que se me impone en el Art. Nº 31 de la Ley nº

5896/15, elevo el presente informe:

La creación del Ministerio Público de Defensa y del Servicio Público de Defensa

Penal Provincial según Ley Nº 5896 de fecha 18/12/2015, ha requerido el desarrollo

de un Plan Estratégico.

En virtud de los Ejes Estratégicos planteados, teniendo en cuenta la misión

institucional orientada a garantizar el derecho de defensa y los derechos humanos

establecidos en la Constitución Nacional y Provincial, se ENTIENDE que,

“…Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Ningún habitante

de la Provincia puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho

del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por

la ley antes del hecho de la causa.- Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las

causas y en las condiciones fijadas previamente por la ley. No se dictará auto de prisión

sino contra persona determinada, basado en prueba plena de la existencia del delito y

estar acreditada por semiplena prueba la culpabilidad del imputado.- 3º.- Nadie puede

ser detenido arbitrariamente.” Art. Nº 27 Constitución Provincia de Jujuy.

Con ese fin, y siendo éste Organismo protector de los derechos humanos, se han

planteado los siguientes Ejes Estratégicos con sus correspondientes objetivos:

1. Garantizar el Acceso a la Defensa Penal y el respeto al Debido Proceso.

2. Optimizar el Servicio de Defensa Penal Pública, garantizando su alta calidad

técnica y profesional y su eficiencia administrativa, basada en la celeridad

e informalidad de los procesos, en armonía con su mandato institucional

en beneficio de todas aquellas personas en condición de vulnerabilidad y

sometidos a un proceso de persecución penal.

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3. Brindar permanentemente servicios administrativos, financieros y técnicos

a todas las unidades del Ministerio Público de Defensa Penal, para el buen

desempeño de su función en apoyo al Servicio de Defensa Penal Pública

integral.

4. Optimizar el Servicio de Defensa Penal Pública a través de la Profesionaliza-

ción de los Recursos Humanos y el fortalecimiento de la Gestión del Talento

Humano, facilitando la labor de los abogados Defensores Públicos a través

de la capacitación constante y de herramientas técnicas aptas.

5. Brindar a las personas sometidas a un proceso de persecución penal un

servicio de calidad digno.

6. Fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, la gestión de la

información, para coadyuvar a la prestación integral de los servicios de

defensa penal pública. (Tecnologías de la Información y Comunicación).

7. Consolidar el posicionamiento Institucional del Ministerio Público de

Defensa Penal en el Sistema de Justicia Provincial. Mejorar el posicionamiento

estratégico de la Defensa Pública Penal en relación al otro poder equilibrante.

Cada uno de los ejes materializan las políticas institucionales y objetivos,

agrupando un conjunto de líneas de acción y metas cuyos logros se manifiestan en la

prestación de un efectivo Servicio Público de Defensa Penal, siendo necesario garantizar

la sostenibilidad de los programas, proyectos y actividades que deben ejecutarse para

su cumplimiento y logro.

C.P.N. Sonia Gladis Leis

Administradora General

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1. EL MINISTERIO PÚBLICO DE DEFENSA

Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE DEFENSA PENAL.

1.1 - MISIÓN Y VISIÓN DEL ORGANISMO

Misión:

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal consiste en proporcionar servicios

de defensa penal técnica a toda persona sometida a un proceso penal, a las personas

condenadas hasta la extinción de la pena y a las personas sometidas a proceso, trato

o condición, en los que el Estado ponga en peligro su libertad o su indemnidad física;

siempre que se niegue a designar un defensor de su confianza o que, por carecer de

recursos económicos o porque otras circunstancias se lo impidan, no pueda contratar

a un defensor de su confianza o que no haya optado por ejercer su propia defensa, en

los casos y bajo las circunstancias en que la ley así lo dispone. (Arts. 12 y 29 inc. 5º ap.

e) de la Ley Nº 5896/15).

Visión:

Ser una entidad de alta calidad técnico-legal con presencia, protagonismo y

liderazgo institucional en el sistema de justicia penal y en el medio social, con una

estructura organizacional funcional eficaz y eficiente que permita tener la capacidad

de atender a todas aquellas personas sometidas a un proceso penal.

Asimismo, desea contar para ello con Defensores Penales Públicos de alto nivel

profesional, convertidos en agentes de cambio y transformación hacia una justicia

integral, que respete la plena vigencia de los principios constitucionales y procesales

del debido proceso.

Los mandatos contenidos la Ley de creación están orientados a garantizar el

máximo respeto a los derechos individuales de toda persona amenazada en virtud de

actos de persecución penal por parte del Ministerio Público de la Acusación o la Policía

de la Provincia. (Art. Nº 6, Ley nº 5896).

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1.2 - Valores del Organismo.

• Efectividad: respuesta oportuna y adecuada a los intereses y necesidades

del usuario.

• Eficiencia: proactividad en el cumplimiento correcto y oportuno de las

tareas por parte del personal y funcionarios del Organismo.

• Profesionalidad: inversión y desarrollo de la capacidad técnica, en procura

de una mejora permanente del servicio.

• Productividad: el mayor aprovechamiento del tiempo, maximizando

resultados en relación a los esfuerzos y recursos invertidos, siempre con

miras a brindar un servicio de excelente calidad.

• Responsabilidad: asumir el compromiso de brindar el Servicio Público de

Defensa Penal conforme los principios y estándares de calidad que deben

carácterizar al mismo.

• Legalidad: apego a los principios y normas contenidos en la Constitución

Nacional, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, las Leyes,

las Reglamentaciones, los Protocolos de Actuación, y toda otra disposición

orientada a garantizar la protección y defensa de la persona. (Art. Nº 5 inc.

a Ley nº 5896)

• Interés predominante del asistido o defendido: promover que toda

persona que lo necesite pueda acceder al Servicio, procurando satisfacer las

necesidades nuestros asistidos, manteniéndolos siempre informados acerca

de las estrategias defensivas que se pretenden llevar a cabo.

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• Transparencia Institucional e información Pública: garantizar

la transparencia institucional del Servicio Público de Defensa Penal,

difundiendo mediante lenguaje sencillo y prácticas desformalizadas de

fácil acceso las diversas disposiciones y criterios que orientan su actuación,

así como los resultados de su gestión.

• Probidad: cumplir y procurar hacer cumplir, cuando corresponda, las

Constituciones, las Leyes y los Tratados Internacionales vigentes, en

particular los referidos a la protección y defensa de los Derechos Humanos.

• Eficiencia y Desformalización: el Servicio Público de Defensa Penal será

proactivo en evitar trámites innecesarios, tomará acciones tendientes a

hacer público y revertir todo funcionamiento burocratizado de los órganos

del Sistema de Justicia Penal.

• Especialización y trabajo en equipo: la organización del Servicio

Público Provincial de Defensa Penal garantizará la especialización de sus

componentes para el mejor cumplimiento de sus fines y la conformación

de equipos de trabajo que potencien la capacidad de acción de sus órganos,

evitando en todo momento la sectorización por compartimentos estancos.

• Gratuidad: asistencia y asesoría técnico legal gratuita a las personas que

no cuentan con recursos económicos, y en los demás casos en que la Ley

expresamente establezca.

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1.3 - Estructura y Función del Organismo.

Funciones:

El Ministerio Público de la Defensa tendrá como función exclusiva y excluyente

el Servicio Público de Defensa Pública Provincial en los procesos penales, desde su

inicio hasta la extinción o cumplimiento de la pena, representando y defendiendo

los intereses de personas que se encuentren perseguidas o condenadas penalmente,

garantizando la asistencia técnica jurídica, el acceso a la jurisdicción, la vigencia de los

derechos humanos, mediante actividad probatoria y en un plano de igualdad procesal

procurando resistir la pretensión penal pública dirigida contra su representado,

frente a los tribunales con competencia en lo penal, ejerciendo las pretensiones des-

incriminatorias, conclusivas y de impugnación conforme la ley de creación y el Código

Procesal Penal. (art. 4º de la Ley Nº 5896/15)

Estructura organizacional:

Para el efectivo cumplimiento de sus objetivos, el Ministerio Público de

Defensa Penal tiene como su máxima autoridad a la Defensoría General. En el ámbito

técnico y administrativo, el Minsiterio se organiza tres divisiones: Defensa Técnica,

Administración General, y Secretaría General, las cuales en su interior están

conformadas por departamentos y secciones, preservando en todo momento el

Principio de Unidad de Decisión y Acción.

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ORGANIGRAMA GENERAL


DEFENSORGENERAL

DEFENSORÍASTÉCNICAS

SECRETARÍAGENERAL

ADMINISTRACIÓNGENERAL

21

DEFENSORÍAS TÉCNICAS PENALES

Prosecretariode Juzgado

1


DEFENSORÍADE CASACIÓN

Defensor Público de Casación Penal

1

C. SAN PEDROC. JUJUY

DefensoríaPública 2

Defensor Público1

Secretario 1Prosecretario 1

Administrativos 2


Defensor Público1


Administrativos 2


Defensor Público 1


Administrativos 2

Defensoría Públicade Menores

Defensor Público1


Administrativos 1


Defensor Público 1


Administrativos 2

Defensoría de Ejecución

Defensor Público1

Secretario 1Administrativos 2


Defensor Público1

Secretario 1Administrativos 2


Defensor Público 1

Prosecretario 1Administrativos 2

Defensoría Pública de Menores 2

Defensor Público1

Prosecretario 1Administrativos 1

23


SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA DEVIOLENCIA

INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEATENCIÓNFAMILIAR

EQUIPOINTERDISCIPLINARIO

SECRETARIO1

PROSECRETARIOTÉCNICO

1

ADMINISTRATIVO 1SERVICIOS 1


1


4

LIC. ASIST. SOCIAL 1LIC. EN PSICOLOGÍA 1

DOCTORA CLÍNICA

1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO CONTABLE

Jefe de Departamento

1

DEPARTAMENTO SISTEMAS Y COMUNI-

CACIONES

Jefe deDepartamento

1

DEPAERTAMENTO RECURSOS HUMANOS

Jefe de Departamento

1

SERVICIOS4

ADMINISTRATIVO2

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2. ANÁLISIS DE POLITICAS Y MANDATOS

DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEFENSA PENAL

2.1 - Base Legal

El Ministerio Público de Defensa Penal basa su funcionamiento como Órgano

autónomo en las siguientes normas:

• Constitución Nacional y Tratados Internacionales

• Código Penal de la Nación y Leyes Complementarias

• Constitución de la Provincia de Jujuy

• Código Procesal Penal de la Provincia de Jujuy. Ley Nº 5623.

• Ley N° 4055- Orgánica del Poder Judicial

• Ley N° 5896 y modificatorias, de creación del Ministerio Público de Defensa

y del Servicio Púbico de Defensa Penal.

2.2) Políticas que Orientan la Gestión del Ministerio Público de Defensa

La Provincia de Jujuy, por medio del Ministerio Público de Defensa Penal

presta el servicio de defensa penal gratuita, asistiendo a las personas en situación de

vulnerabilidad que estén sometidas a un proceso de persecución penal, de conformidad

con lo establecido en la Constitución de la Nación, Constitución Provincial, la Ley

del Ministerio Público de Defensa Penal (Ley N° 5896), incluidos los Tratados y

Convenios Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado

Argentino.

Como Órgano autónomo, el Ministerio Público de Defensa Penal desarrolla

su planificación estratégica institucional y su implementación a través de un Plan

Operativo Trianual, con las siguientes orientaciones:

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Eje Acceso a la Justicia: El punto de partida de la gestión pública en la

democratización del acceso a la Justicia, es cumplir con la función de garantizar que

toda persona en situación de vulnerabilidad pueda contar con un Abogado para la

defensa de sus derechos, toda vez que se inicie una persecución penal en su contra. De

esta manera, se busca efectivizar el principio de igualdad ante la ley contenido en la

Constitución Nacional.

Para lograr este cometido, este Ministerio requiere poner en funcionamiento

mecanismos específicos de articulación que permitan la efectiva colaboración entre

instituciones de los distintos poderes del Estado y las entidades autónomas relacionadas.

Eje Modernización del Estado: Este eje está dirigido a fortalecer, eficientizar y

modernizar las herramientas y mecanismos necesarios para brindar el Servicio Público

de Defensa Penal de manera eficaz, a fin de cumplir con las funciones relacionadas con

la realización del bien común y el desarrollo integral de las personas, lo cual implica

la implementación de procesos de reforma estructural, institucional y normativa para

el mejor desempeño del Organismo. Estos mecanismos se desarrollaron durante la

gestión 2016, con el principal objetivo de profesionalizar la Defensa Técnica, con miras

a lograr la excelencia en su función de velar por el respeto de los Derechos Humanos

durtante el trancurso del proceso penal, y durante la etapa de ejecución de la pena.

Eje de Asistencia Integral: Está orientado a la implementación del enfoque de

la seguridad humana como una condición básica de la persona para el ejercicio de sus

derechos, de lo que surge la responsabilidad de garantizar la vida, la justicia, la seguridad

y la paz, que conducen al desarrollo integral de las personas asistidas. Este enfoque tiende

a concretar la erradicación de la violéncia institucional en todas sus formas, entendiendo

que la misma atenta contra la integridad física de aquellas personas privadas de la libertad

y anula la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual versa: “…las cárceles

de la Nación, serán sanas y limpias para la seguridad y no para castigo de los reos detenidos

en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas alla de

lo que aquella exija, hará responsable al juez lo autorice.”…

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El Ministerio Público de Defensa Penal tiene el deber de coadyuvar al

fortalecimiento de las fuerzas de seguridad de la Provincia como un operador

permanente del Sistema de Justicia Penal Provincial, concretamente en el control de

los procedimientos que permiten identificar y cuantificar fehacientemente los sucesos,

percepciones, acciones de los hechos delictivos realizados contra las personas privadas

de la libertad, con miras a eliminar tales conductas, en coordinación con el Ministerio

de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Seguridad, Ministerio Público de la Acusación y

el Servicio Penitenciario Provincial.

3. MARCO DE SITUACIÓN

3.1 - Cobertura de los Servicios del Ministerio Público de Defensa Penal.

El Ministerio ejerce la cobertura provincial del Servicio Público en las dos (2)

Circunscripciones Judiciales: San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy. Esto se encuentra

consagrado literalmente a partir de los Arts. 19, 20 y cc. del Código Procesal Penal de la

Provincia (Ley N° 5623), fijándose el objetivo de hacer realidad la norma indicada.

Desde el inicio de la gestión, se detectó que existe una gran desproporción de

recursos humanos y económicos entre quienes tienen la función de llevar adelante la

persecución penal estatal y quienes ejercen la función de defender los derechos de las

personas sometidas a esa persecución. Cabe resaltar, que esa desproporción siempre

perjudicó a la Defensa Pública, por lo que uno de los principales objetivos de este

Ministerio consiste en lograr la equiparación de armas con respecto al Ministerio Público

de la Acusación (Art. 19 y ccs. de la Ley Nº 5623), recalcando que la denominada ̈ igualdad

de armas¨ se erige como un principio rector del sistema penal acusatorio.

Es importante resaltar que la labor de este Ministerio se orienta a lograr que

toda persona que se encuentre amenazada o perseguida penalmente por el Ministerio

Público de la Acusación o la Policía Provincial, pueda tener acceso al Servicio de Defensa

Pública en cualquier parte de la Provincia. En este orden de ideas, este Organismo brinda

un servicio integral a través de la Secretaría de Violencia Institucional, con el apoyo del

Equipo Interdisciplinario y el Departamento de Atención Familiar.

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Por otra parte, es importante mencionar que, en cumplimiento de la política

del Organismo de procurar la excelencia profesional, el Ministerio, a través de la

Administración General, cuenta con la Unidad de Formación y Capacitación, la cual

atiende las áreas de Derecho que están vinculadas al ejercicio de la profesión del

Defensor Penal Público y demás Funcionarios.

En tal sentido, se garantiza la formación permanente de los miembros del

Organismo (Art. 5 inc. m. Ley nº 5896) a través del Sistema de Educación Virtual, que

brinda capacitación en línea y facilita el desarrollo de una cultura de las Tecnologías

de la Información y de las Comunicaciones. Así mismo, se imparten distintos cursos y

capacitaciones.

Se implementaron reuniones periódicas para establecer estrategias defensivas

del quehacer diario, sin dejar de mencionar las reuniones con la Sra. Defensora

General, en donde se discuten los casos, se analiza y se decide la estrategia a ejecutar,

garantizando los Derechos e intereses de los asistidos, en cualquiera de las etapas del

proceso penal.

Los Defensores y Funcionarios también cuentan con medios interactivos, a

través de materiales digitales y actividades en línea, orientados a facilitar el desarrollo

y crecimiento del conocimiento, con la dirección y apoyo de la Defensoría General de la

Nación, con quien se firmó un Convenio Marco de mutua colaboración.

La capacitación continua otorga a los miembros del Ministerio un Sistema de

Carrera que permite la profesionalización y el desarrollo laboral.

En apoyo al desempeño profesional, el Servicio Público de la Defensa Penal

cuenta con un Sistema Informático de Gestión propio, en constante desarrollo en la

medida a la ampliación de las necesidades, como herramienta que coadyuva al trabajo

técnico jurídico del Defensor Penal Público, facilitando el registro de los expedientes

en beneficio de los asistidos. Este sistema permite llevar un mejor control de las

diligencias que el Defensor realiza, de los casos que le han sido asignados, lo cual

brinda información sobre los procesos y su situación jurídica, así como la generación de

estadísticas institucionales. El sistema cuenta con alertas automáticas ante las distintas

instancias en que se desarrolla el proceso penal.

29


3.2 - Población Objetivo.

El Servicio Público de Defensa Penal se garantiza a toda persona amenazada

y/o sometida en virtud de actos de persecución penal y/o violencia institucional por

parte del Ministerio Público de la Acusación o la Policía de la Provincia, y que no cuente

con medios económicos suficientes para contratar un Defensor Penal. El costo de las

prestaciones brindadas por el Servicio integrará las costas del proceso, las que sólo

podrán ser cobradas al asistido cuando contare con medios económicos suficientes, y

en el límite de su imposición conforme la ley de honorarios y aranceles profesionales

1687/46.

3.3 - Causas a cargo del Servicio Público de Defensa Penal.

Al inicio de la actual gestión, se detectó la existencia de 5.006 causas en trámite.

En el año 2016 ingresaron 1.897 causas para ser atendidas por el Servicio Público de

Defensa Penal. Se finalizaron durante el presente ejercicio 993 causas. A Diciembre de

2016, el Ministerio se encuentra a cargo de 5.521 causas en trámite.

(Ver Anexos I - Total de Causas Asistidas- Evolución de Causas y Causas en

Trámite)

3.4 - Diagnóstico - Análisis institucional

La Defensa Penal Pública en la Provincia de Jujuy se ha caracterizado por la

falta de celeridad en los trámites, provocada por la insuficiente cantidad de Defensores

Públicos, Funcionarios y personal administrativo, ausencia de sistemas modernos para

la administración de las oficinas y falta de un sistema dinámico de gestión. Todo ello

conducía a la ineficiencia del Servicio Público de Defensa Penal, convirtiéndose en uno

de los principales problemas que ameritaban solución.

Esta situación justifica y enaltece la reforma judicial implementada por el Poder

Ejecutivo de la Provincia, y que fuera aprobada por la Legislatura. Se creó el Ministerio

Público de Defensa y del Servicio Público de Defensa Penal Provincial, Órgano con autonomía

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funcional e independiente económicamente de los Organismos del Estado, ostentando

jerarquía similar al Ministerio Publico de la Acusación y con efectivo alcance en cobertura

provincial.

Ello permitió implementar la modernización de la Defensa Pública Penal,

con medidas e iniciativas administrativas de agilización y de excelencia profesional,

desterrando el proceso inquisitivo y afianzando el sistema acusatorio, basado en los

principios de inmediación procesal, oralidad, oportunidad, publicidad e igualdad de las

partes intervinientes.

Al iniciar la gestión, el Servicio de Defensa Pública en San Salvador de Jujuy era

prestado por sólo dos (2) Defensores Públicos Penales a cargo de cuatro (4) Defensorías;

en la ciudad de San Pedro de Jujuy el Servicio de Defensa Pública lo ejercía un (1) solo

Defensor Público Penal a cargo de dos (2) Defensorías Penales Públicas.

Se destaca que los Defensores Públicos tenían a su cargo las causas

correspondientes a mayores, menores y condenados en ejecución de pena, en todas las

instancias a saber: Investigación, Tribunales Penales, Cámara de Apelación, Juzgado de

Ejecución de Pena, Casación e Inconstitucionalidad.

A partir del mes de Marzo, se incorporaron dos (2) Defensores Públicos Penales

de Menores, creando así la Defensoría Pública Penal de Menores N° 1 en Jujuy, y la

Defensoría Pública Penal de Menores N° 2 en San Pedro, transfiriéndoseles las causas

en forma progresiva.

Desde el inicio de la gestión, se creó la Secretaría General, que coordina la

Política Institucional, y a su cargo se encuentra la Secretaría de Violencia Institucional,

el Departamento de Atención Familiar y el Equipo Interdisciplinario, creados con

posterioridad.

Ante la necesidad detectada, a la Secretaría de Violencia Institucional se le

encomendó provisoriamente la Defensa de condenados frente al Juzgado de Ejecución

de Penas, y las relaciones con el Servicio Penitenciario, cumpliendo así con el mandato

establecido en las Leyes Nº 5896/15 y N° 24.660 Art. 15. En apoyo sustancial al servicio

de defensa se instituye el Equipo Interdisciplinario con profesionales de las áreas

de asistencia social, psicología y clínica médica, quienes participan en las pericias e

31


informes psicológicos médicos y asistenciales. Ello permite ajustarnos al Art. 9 de la

Ley, para garantizar el pleno ejercicio de la contradicción de la prueba reunida por la

Acusación, en cualquier instancia procesal.

En el mes de Setiembre de 2016, al cubrirse por Concurso Público (Ley Nº 5893)

la Defensoría de Casación, se constituye un nuevo Defensor Público Penal. Tiene a su

cargo la totalidad de los recursos de Casación e Inconstitucionalidad, descomprimiendo

así las tareas de los Defensores Públicos Penales, facilitando a los asistidos condenados

la revisión y control constitucional de sus sentencias.

Efectuado finalmente en el mes de Noviembre de 2016 el nombramiento de

los nuevos Defensores Públicos Penales, se procede a cubrir las (2) dos Defensorías

vacantes, creándose la Defensoría de Ejecución de Penas en la circunscripción de

San Salvador de Jujuy. En la circunscripción de San Pedro de Jujuy se cubre recién a

principios de año 2017 la vacante de la Defensoría Pública Penal Nº 6, cumpliendo así

con lo establecido en el Art. 5 inc. K y ss. de la Ley Nº 5896/15. El Servicio Público de

la Defensa Penal podía así, finalmente, llevar adelante el Plan Integral en pos de brindar

un servicio de calidad.

3.5 - Problemática identificada - Enero 2016

De acuerdo a lo mencionado en el Diagnóstico de Situación, el problema

principal fue definido como: exceso de casos y audiencias a atender para la prestación

de servicios de Defensa Pública Penal.

Las problemáticas identificadas fueron:

•Alta demanda de servicios respecto de la cantidad de Defensores Públicos Pe-

nales, Funcionarios y personal administrativo para dar respuesta.

•Atención del Servicio Público de Defensa Penal solamente en dos jurisdiccio-

nes de la Provincia de Jujuy (S.S. de Jujuy y San Pedro de Jujuy ), quedando sin

atención el resto de las localidades de la Provincia en las que se radican seccio-

nales policiales, lugar donde también se inicia el proceso de persecución penal,

además de constituir centros de detención de personas.

32


•Si bien el Servicio Público de Defensa Penal posee una sede en San Salvador

de Jujuy y otra en el Centro Judicial de San Pedro, en las instalaciones —espe-

cialmente en S.S. de Jujuy— no se cuenta con espacio físico suficiente para el

plantel necesario ante la incorporación de nuevos Defensores, Funcionarios y

personal administrativo.

•El Servicio Público de Defensa Penal no posee movilidad propia para el trasla-

do de los Defensores Públicos y Funcionarios a las Unidades Penitenciarias y

a los diferentes puntos de la Provincia en los que se radican Seccionales Poli-

ciales. Durante el año 2016 se contó solamente con una camioneta otorgada en

depósito por el Ministerio Público de la Acusación.

•Infraestructura informática: en relación a las comunicaciones, el Ministerio

poseía una conexión a internet compartida con el Poder Judicial. Las llamadas

telefónicas se realizaban con serie de teléfonos de números internos asigna-

dos por el Poder Judicial. Se dependía íntegramente del Departamento Infor-

mática y Sistemas del Poder Judicial.

•No se disponía de la cantidad de equipos informáticos suficientes para que

los Defensores, Funcionarios y empleados realizaran las tareas habituales. La

impresión de documentos en volumen se tercerizaba a proveedores externos,

por no contar con equipos para ese fin.

•Procedimientos y funciones: al inicio de la gestión, la información de los ex-

pedientes-causas no estaba “sistematizada”; el registro de la información se

encontraba repartido en hojas de cálculo independientes entre sí, en las PC de

cada empleado de las diferentes Defensorías.

•No existía información global de causas o del Servicio de la Defensa Pública,

lo que imposibilitaba generar un correcto informe de gestión y evaluación de

causas e historial de los expedientes.

33


Sin embargo, a pesar de las limitaciones antes indicadas, el Servicio Público de

Defensa Penal asistió el ciento por ciento de los casos registrados, generando diferentes

estrategias para superar las dificultades.

Se dispuso, siguiendo la posición adoptada por el Superior Tribunal de Justicia

de la Provincia de Jujuy en Acordada Nº 128/2011, que los Secretarios Judiciales de

este Ministerio Público pudiesen asistir a las distintas audiencias diarias, actuando

dichos Funcionarios con las limitaciones establecidas para los Ayudantes de Fiscales, a

fin de cubrir las necesidades del servicio.

Creada la Secretaría de Violencia Institucional, se dispuso que los Funcionarios

y personal de dicha aérea realizaran visitas diarias a las Unidades Penitenciarias,

Comisarías y Seccionales de toda la provincia. Se contó para ello con la colaboración de la

Señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, quien puso

a disposición del Ministerio Público de Defensa Penal recursos físicos y económicos,

como así también algunas áreas estratégicas del Poder Judicial, especialmente en la

ciudad de San Pedro de Jujuy.

Es importante mencionar que, además de la actividad de la Defensa Penal

técnica, se llevaron adelante múltiples tareas a través de la Secretaría de Violencia

Institucional, el Equipo Interdisciplinario y la Secretaría de Atención Familiar.

5. GESTIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS

QUE INTEGRAN EL ORGANISMO

5.1 - ADMINISTRACION GENERAL:

Como lo establece la Ley de Creación, entre las principales funciones de la

Administración General de este Ministerio se encuentra la gestión económica, financiera,

presupuestaria y contable del Organismo, como así también asistir y colaborar con las

demás áreas que lo integran.

En relación a las tareas que desempeña este Departamento, la más importante es

lograr la optimización de los créditos a través de la adecuación del presupuesto asignado

34


por la Ley de Presupuesto Nº 5913/16 para el año vigente, mediante la elaboración y

control de partidas presupuestarias con el objetivo de asignar los créditos y de esta

manera poder llevar a cabo las adquisiciones de bienes o servicios necesarios para el

normal funcionamiento del Ministerio Público de Defensa Penal.

Asimismo, coordina las Secciones Contabilidad y Tesorería, en todo lo referente

a las tareas de registraciones contables y conciliaciones que se deben efectuar, que

deben presentarse en legal tiempo y forma ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia,

con la información y documentación de respaldo necesaria, cumpliendo los requisitos

exigidos en la Ley.

5.1.1 - Departamento Contable:

Realiza todo el control de integridad de documentación de los partes diarios

de la Tesorería, para su posterior archivo. Este sector lleva un registro permanente,

para poder dar respuesta en tiempo y forma ante requerimientos y/o solicitudes

de diferentes áreas sobre expedientes, órdenes de pago, partes diarios, o cualquier

documentación que se encuentre en su poder. A su vez, se encarga de llevar un registro

actualizado de las altas, modificaciones y bajas de todos los bienes de uso que integran

el Patrimonio del Ministerio, ya sea a través de comunicaciones realizadas por las

dependencias sobre la recepción, traslado o baja de bienes, como así también a través

de relevamientos programados por esta Oficina. Es tarea de Contabilidad la confección

y emisión de las órdenes de pago según los compromisos derivados de la liquidación

de haberes y descuentos.

Ejecuta el control presupuestario, llevando a cabo un control exhaustivo del

presupuesto asignado a al Ministerio, con el objeto de adecuar y optimizar el mismo

de acuerdo a las necesidades que se pretenden cubrir, motivo por el cual se realizan

proyectos de modificaciones presupuestarias, como así también la programación y

reprogramación de la ejecución financiera del mismo. Asimismo, certifica la existencia

de crédito para afrontar erogaciones de todo tipo.

35


5.1.2 - Departamento Recursos Humanos:

Se encarga de efectuar la liquidación de haberes de la totalidad de los empleados

del Ministerio, dar curso a las novedades del personal, gestionar los recursos humanos,

como así también de gestionar ante el Departamento Contable las novedades. También

tiene a su cargo la confección y emisión de las órdenes de pago según los compromisos

derivados de la liquidación de haberes y descuentos.

5.1.3 - Ejecución Presupuestaria:

La Legislatura de la Provincia de Jujuy sanciona la Ley Nº 5913/16, modificatoria

de la Ley Nº 5877 de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, por medio de la cual

se asignan las partidas de Crédito Presupuestario correspondientes al nuevo Ministerio

de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal Provincial, identificado como Unidad

de Organización Nº 4 (UDO 4)

5.1.4 - Erogaciones corrientes:

5.1.5 - Personal del Ministerio:

Al inicio de la gestión, hasta tanto se asignaron los recursos y se dispuso de

presupuesto propio, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, a través de Acordadas

Nº 83, 188 y 189, transfirió el personal perteneciente a la Defensa Pública Penal,

representando los siguientes cargos:

36


Magistrados y Funcionarios:

• Seis Defensores Públicos Penales

• Un Secretario de Cámara

• Cuatro Secretarios de Primera Instancia

• Un Pro-secretario Técnico de Juzgado

• Un Pro-secretario Técnico Administrativo

Personal Administrativo:

• Dos Categoría 11B




• Cinco Categoría 5B

Personal de Servicio

• Una Categoría 3C

La totalidad de cargos transferidos en Acordada Nº 88 asciende a veintisiete

(27) cargos.

La Ley Nº 5913 asigna las partidas presupuestarias para la creación de nuevos

cargos para el Ministerio de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal según se

detalla:

Magistrados y Funcionarios:

• Un Defensor General

• Un Defensor de Casación Penal

• Cinco Defensores Públicos Penales

• Un Administrador General

• Un Secretario General

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• Un Jefe de Contaduría

• Un Jefe de Departamento Personal

• Un Jefe de Departamento de Sistemas

• Cinco Secretarios de Primera Instancia

• Cinco Pro-secretarios Técnicos de Juzgado

• Un Pro-secretario Técnico Administrativo

Personal Administrativo

• Tres Categoría 11B

• Tres Categoría 5B


• Personal de Servicio

• Un Categoría 7C

• Cuatro Categoría 1C

La Totalidad de Cargos asignados por Ley Nº 5913 es de treinta y seis (36)

cargos. La totalidad de cargos ocupados al 31/12/2016 es de cincuenta y nueve (59)

cargos, estando vacantes a dicha fecha cuatro (4) cargos, tres (3) cargos de Defensores

Públicos Penales y un (1) cargo de Secretario de Cámara. Se encuentra pendiente la

transferencia por parte del Superior Tribunal de Justicia de dos (2) cargos de Defensores

Públicos Penales correspondiente a las subrogancias de las Defensorías Nº 6 y Nº 1.

Se declararon ocho (8) vacantes del Servicio Público de Defensa Penal: una

vacante para Defensoría de Casación Penal y siete para las Defensorías Públicas Penales.

Integrado el Tribunal Evaluador de la Provincia de Jujuy, se procedió a llamar

a Concurso Público y de Oposición a los efectos de cubrir: un (1) cargo de Defensor

Publico de Casación Penal; tres (3) cargos de Defensores Públicos Penales para la

circunscripción de San Salvador de Jujuy; y un (1) Defensor Público Penal para la

circunscripción de San Pedro de Jujuy.

38


Realizados los Concursos entre los meses de Febrero-Setiembre del 2016, se

incorporan, luego del tramite constitucional, un (1) Defensor de Casación Penal en

fecha 12 de setiembre de 2.016; 3 (tres) Defensores Públicos Penales en fecha 10

de noviembre de 2.016, y la vacante correspondiente a la Defensoría Nº 6 de la sede

Judicial de San Pedro se cubre con fecha 7 de febrero de 2.017.

5.1.6 - Bienes de consumo:

En relación a la Partida de Bienes de Consumo, se ejecutaron durante el periodo

Mayo-Diciembre 2016 los siguientes gastos:

Materiales Obra Ampliación 304.079,50 53.27Útiles de Oficina 79.545,66 13.94Recarga, Tonner, Cartuchos 48.180,63 8.44Combustible 45.227,85 7.92Papelería 25.038,74 4.39Repuestos, Reparación equipos. 23.812,99 4.17Artículos de Limpieza 14.121,94 2.47Gs impresiones Defensorías 13.771,90 2.41Refacciones Varias, materiales 10.035,54 1.76Otros mobiliarios menores 3.887,24 0.68Insumo Dpto. Médico y Botiquín 3.126,50 0.55

Total 570.828,49 100 %Presupuesto asignado (260.000,00)Transferencia de Partidas: Bienes y servicios no personales 310.828,49

5.1.7 - Servicios no personales:

Se ejecutaron durante la gestión de la siguiente manera:$ %

Obra ampliación y D.T 431.352,25 38.72Alquiler Sede MPDP 245.000,00 21.99Capacitación 124.171,54 11.15Capacitación Infor. y Sistemas 85.695,00 7.69Servicios Públicos Regulares 85.349,37 7.66Servicios Informáticos 40.247,30 3.61Servicio Locación de Obra 38.224,10 3.35

39


Servicio Agasajo y Recepción Vs 19.903,00 1.79Mantenimiento y Rep. Rodado 15.255,00 1.37Ss. Mantenimiento Edificio 13.885,00 1.25Ss. Financiero, comisión bancaria 4.704,45 0.42Impresiones varias 2.494,50 0.22Ss. Carteleras varias identificadoras 1.260,00 0.11Servicios Médicos Externos 500,00 0.04Viáticos Vs. 16.630,00 1.49Servicio Pericia Caligráfica 3.000,00 0.27Total 1.142.171,51 100%Presupuesto Asignado 1.453.000,00Transferencia Partida:Bs. De Consumo (310.828,49)

5.1.8 - Bienes de capital:

En relación a la presente partida, la ejecución de la misma permitió brindar a

los nuevos Magistrados y Funcionarios los recursos necesarios para el desempeño de

sus tareas. Se aplicó a la adquisición de mobiliario, equipos de computación, central

telefónica, servidor y teléfonos; resumiendo, la instalación mínima de un puesto de

trabajo acorde a las nuevas tecnologías.

Para cubrir las necesidades físicas y la implementación de los nuevos puestos se

solicitó un incremento de partida de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000,00) destinados

a la adecuación edilicia. A los fines de llevar adelante la misma y dando cumplimiento

a la Ley Administración Financiera, se solicitaron presupuestos a diferentes empresas

del medio.

Por Resolución Defensoría General Nº 100/2016, se aprobó el Contrato de Obra

con el Arquitecto Fernando Massarelli, quien llevó adelante el proyecto de ampliación

de 2 oficinas en el piso superior para diez (10) puestos de trabajo. El monto total de

la obra asciende a cuatrocientos veintidós mil trescientos cincuenta y dos pesos con

veinticinco centavos ($ 422.352,25)

Se firmó convenio con los propietarios del inmueble, disponiendo el

reconocimiento del cincuenta por ciento (50%) del costo de la ampliación. Dicho monto

es detraído mensualmente de los alquileres correspondientes.

40


Las partidas de Bienes de Capital se ejecutaron de la siguiente forma:

$ %

Pc. de Escritorio y Notebook 326.714.98 57.71Mobiliario de Oficinas 81.195.76 14.34Maq. Fotocopiadora 58.100.00 10.25Aire Acondicionado 51.300.00 9.06Impresoras 38.929.00 6.88Camara de fotos 4.715.00 0.83Equipos de Limpieza 3.363.00 0.59Libros biblioteca 1.780.00 0.31Total 566.097.74 100%Presupuesto asignado 566.156.00Excedente 58.26

5.1.9 - Informática y sistemas:

Objetivos:

Ante la grave situación en que se encontraba la gestión de la información, se

definieron los requerimientos que tenían especial prioridad para el Servicio Público

de Defensa Penal Provincial.

•Eficiencia en los Procesos,

•Herramientas suficientes de trabajo para los empleados,

•Diseño e implementación de un sistema de gestión propio,

•Capacitación,

Las pautas a desarrollar en el primer año de gestión fueron:

1. Proveer de equipos informáticos para Magistrados y Funcionarios, siendo el so-

porte de su labor diaria.

2. Instalar una conexión a internet lo suficientemente estable para llevar a cabo las

transacciones sobre los Sistemas Judiciales, Tribunal de Cuentas y Ministerio de

Hacienda.

41


3. Realizar de manera simple y económica el fotocopiado de expedientes.

4. Poseer un conjunto de servidores para la administración de las aplicaciones y

datos del Servicio Público de Defensa Penal

5. Diseñar e implementar de manera eficiente la gestión de archivos que permita

generar soportes de los mismos.

6. Independizar las comunicaciones telefónicas del Ministerio Público de Defensa

del Poder Judicial.

7. Desarrollar sistemas que permitan gestionar diferentes áreas del Ministerio, lo-

grando agilizar diferentes tareas.

8. Homogeneizar la información de cada Defensoría Pública Penal.

9. Generar la información de gestión, cumpliendo con la obligación de transparen-

cia ante la comunidad.

10. Brindar soporte técnico a las diferentes áreas de trabajo.

Para dar cumplimiento a los requerimientos antes descriptos, este Departamento

llevó adelante las siguientes tareas:

1. Se adquirieron los equipos informáticos para cada Magistrado, Funcionario y

empleado del Servicio Público de Defensa Penal.

2. Se decidió la contratación de tres proveedores para el servicio de internet. El fin

perseguido fue la de dar acceso a internet de una forma estable que garantice

la intercomunicación con la Jurisdicción de San Pedro de Jujuy. Ello a fin de

que, ante un corte en los troncales de cualquiera de los proveedores el Servicio

Público de la Defensa Penal, se pueda mantener la conexión de los sistemas en

ambas jurisdicciones. Esto implicó la adquisición de un equipo especial para

la distribución de internet, como así también la separación de las redes. El

presente equipo posee la característica de soportar más de una WAN (conexión

a internet) y balancear la carga de las mismas para un mejor servicio.

42


3. Se adquirió un equipo de fotocopiado para cada jurisdicción del Ministerio, a

efectos de hacer frente a la creciente demanda de fotocopiado de expedientes, lo

cual eficientizó la tarea de la obtención de copias, evitando la pérdida de tiempo

y de recursos.

4. La independencia del Poder Judicial requirió poseer un conjunto de servidores

que trabajen en diferentes áreas, cada uno con tecnologías particulares. Al

analizar las necesidades y las tecnologías disponibles en el mercado, se adquirió

un servidor que permite la virtualización, brindando el soporte moderno y ágil

para las tareas operativas.

El esquema físico y lógico de los equipos se describe en el siguiente gráfico:

Como se observa, un solo servidor físico es utilizado para virtualizar tres servido-

res diferentes, permitiendo la posibilidad de gestionar una gran cantidad de servi-

cios centralizados sin la necesidad de varios aparatos de cómputo.

El mayor beneficio obtenido con el presente esquema es evitar (como se realizaba

antes) el trabajo en computadoras individuales o con carpetas compartidas en los

mismos equipos, que generaba problemas de actualización y corrupción de datos.

Virtualizar un servidor de Datos permite que todas las Defensorías posean una uni-

ServidorFísico

ServidorVirtual

(Aplicación)ServidorVirtual

(Telefonía)

ServidorVirtual(Datos)

43


dad de red con todos sus datos siempre disponibles para su consulta, como así tam-

bién garantiza la copia de seguridad en el mismo servidor.

El Poder Judicial no disponía de extensiones telefónicas para suministrar al Minis-

terio Público de Defensa Penal, siendo necesario adquirir líneas telefónicas inde-

pendientes y armar una central telefónica que satisfaga las necesidades del Servicio

Público de Defensa Penal Provincial. Un beneficio adicional del Server fue permitir

virtualizar una central telefónica y así configurar los números de internos que se

requerían para la correcta comunicación entre las áreas del Ministerio como tam-

bién con distintas reparticiones. Se implementó un IVR (Respuesta de voz interac-

tiva) que ofrece una guía para quien se comunique con el Ministerio Público de la

Defensa. Identifica las diferentes áreas y evita la necesidad de poner un operador

telefónico.

5. El Departamento Contable requería una serie de sistemas para realizar la liquida-

ción de sueldos y manejo de expedientes a la Gobernación. Fue necesario la imple-

mentación de un servidor dedicado a gestionar las aplicaciones y generar copias de

seguridad de sus bases de datos.

6. Un punto crítico superado fue en relación a los expedientes-causas y a las Defen-

sorías Públicas Penales. El desarrollo, implementación y ejecución de un sistema

propio de gestión de expedientes, permitió —luego de definir criterios de carga

de datos— unificar en tiempo real la información de ingreso y egreso de todas las

tareas que las defensorías realizan. Este sistema permite el ingreso de las cédulas,

manejo de agenda de audiencias, ingreso de los escritos presentados, unificando

todas las acciones en el expediente correspondiente.

Es muy importante destacar que la información centralizada agiliza y da fiabilidad

a los informes estadísticos necesarios para el análisis de gestión.

7. Para dar cumplimiento con la obligación de transparencia e información pública, así como

con lo dispuesto por el Art. 5 inc. e de la Ley 5896, se creó el sitio web del Ministerio Públi-

co de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal Provincial (www.mpdpjujuy.gob.ar), en

el cual se publica regularmente información útil para la comunidad.

44


8. La comunicación interna y externa permite agilizar las tareas, por tal motivo se

adquirió un servidor de correos electrónicos que soporta las comunicaciones, y per-

mite crear grupos de correos para las notificaciones de otras reparticiones.

Son tareas diarias de este departamento, brindar soporte constante a todas las

áreas de trabajo para que puedan operar de forma correcta y sin interrupciones.

5.2 - SECRETARÍA GENERAL

Desde el inicio de la gestión se crea la Secretaría General, la cual realizó las

siguientes actividades:

1. Ante la crítica situación que atravesó durante todo el año 2016 la Defensa Penal

Pública, su actividad se concentró en el apoyo técnico, la refuncionalización y

redistribución de tareas de los Abogados que se desempeñan en este Ministerio

Público de Defensa Penal, partiendo de la base de la Declaración del Estado de

Emergencia de la Defensa Penal Pública, dispuesto al inicio del año 2016. En

tal orden de ideas, es que se concretó: la elaboración de siete (7) planteos de

nulidad; cinco(5) recursos de apelación, y doce (12) recursos de Revocatoria o

Reposición (este último nombre es el utilizado en nuestro C.P.P.).

2. Se trabajó en la creación y ejecución del sistema computarizado del Ministerio,

el cual se encuentra en permanente funcionamiento y continuo mejoramiento

y elaboración, de acuerdo a las necesidades concretas y reales de las funciones,

trabajos y gestión del Ministerio Público.

3. Se concretó la separación de Casilleros de Notificaciónes para cada una de

las Defensorías, adjudicándoseles un numero de casillero para notificaciones

físicas, mediante cedulas en papel, como así también la implementación de la

notificación electrónica para cada Defensor Penal Público.

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4. Se concretó una plataforma digital para uso de cada Defensor Penal Público y sus

equipos de trabajo en las Defensorías, conteniendo modelos de presentaciones,

peticiones y recursos, teniendo como base a la mayoría de los delitos que se tratan

en este Ministerio Público (delitos contra la vida, la integridad física, sexual, y

contra la propiedad de las personas), con doctrina y jurisprudencia local.

5. Se instrumentó un Código Penal de la Nación, debidamente actualizado al día

06 de Enero de 2017 con las 48 modificaciones que se le realizaron en el año

2016. Hay que tener en cuenta que en las librerías especializadas, dicho Código

actualizado comenzó a llegar para su venta al público recién en el mes de Marzo

del 2017.

6. Se actualizaron las estrategias individuales con las que los Defensores

encaraban la defensa de cada asistido en el proceso, mediante instrucciones

generales de la Política de la Defensa Penal Pública, y el diseño particular

para cada causa, priorizando la libertad del asistido, el encauzamiento hacia

soluciones alternativas del conflicto, (mediación, suspensión del juicio a prueba,

etc.) y la asistencia técnica de los Defensores en conjunto con profesionales

de otras disciplinas científicas (Equipo Interdisciplinario), quienes potencian

los argumentos y postulados jurídicos de la defensa en cualquier instancia

del proceso penal. Se relega la petición del Juicio Abreviado sólo como último

recurso, al que se arriba sólo cuando el argumento de la necesidad de su

instrumentación es compartido por la Sra. Defensora General en cada caso.

7. Se ha establecido como parámetro mínimo de la Defensa Penal Pública, la calidad en

la prestación del Servicio de Público de Defensa, la celeridad en el proceso, la utilidad

y eficacia de los actos defensivos, valorizando el rol institucional del Defensor

Penal Público como necesario para el cumplimiento de la máxima Constitucional:

asegurar el respeto y cumplimiento del debido proceso legal, mediante la asistencia

de la Defensa a cada acto que deba cumplimentarse dentro del mismo, esto a

efectos de verificar su regularidad y legalidad, abandonando el anacrónico concepto

corporativo que se tenía de la figura del Defensor Penal Público.

46


8. Se trabajó en la elaboración de Resoluciones Generales e Internas específicas

para la optimización del Servicio que brinda el Ministerio Público de Defensa

Penal.

9. Se estrecharon vínculos interinstitucionales con actores del medio, a fin de

llevar adelante la mutua colaboración.

5.2.1 - Relaciones con los actores sectoriales:

El Servicio Público de Defensa Penal lleva adelante acciones institucionales

tendientes a generar un entorno en el cual pueda ejercitarse plenamente el derecho

de defensa a toda persona sometida a persecución penal, articulando medidas con los

actores no estatales involucrados.

Con tal fin, el Servicio Público de Defensa Penal debe proveer la cooperación

institucional técnica y académica con instituciones nacionales e internacionales,

públicas o privadas, para el fortalecimiento del Servicio, para lo cual celebra convenios,

acuerdos y otras acciones de coordinación que estime convenientes. (Art. Nº 16 Ley

5896)

Así también, puede solicitar la cooperación de organizaciones de investigación

e incidencia, nacionales y extranjeras, púbicas o privadas, en los temas de su

incumbencia y celebrar convenios de cooperación con las mismas, para ejecutar los

fines institucionales del Servicio Público de Defensa Penal. (Art. Nº 18 y 21 Ley 5896),

como los concertados que a continuación se detallan:

Convenios y Cooperación:

a. Con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Defensora General

de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez.

Teniendo en cuenta que ambos Organismos se encuentran comprometidos a

adoptar mecanismos que acreccienten sus capacidades y desarrollos institucionales,

a fin de lograr sus objetivos para la defensa y protección de los derechos humanos que

garanticen el acceso a la justicia y la asistencia integral de las personas sometidas a

47


un proceso de persecución penal, se firmó entre ambos Ministerios un Convenio de

Cooperación, con el deseo de afianzar el vinculo entre ambos.

Dentro del marco del Convenio, se incluyó al Servicio Público de Defensa Penal

en la agenda de capacitación de la Defensoría General de la Nación, respecto de los

cursos presenciales como virtuales.

En dicho marco, la Defensoría General de la Nación brindó al Servicio Público de

la Defensa Penal las siguientes capacitaciones:

•“Actualización de los estándares en salud mental y discapacidad”

•“Conducción de Entrevistas con niñas, niños y adolescentes”

•“Estrategia de Defensa para jóvenes en conflicto con la Ley Penal “

•“La reparación integral como herramienta de defensa”

•“Técnicas de Litigación en etapa de Instrucción “

•“Planteos defensistas para la defensa de la capacidad Jurídica”

•“La Prueba Pericial en el Proceso Penal”

•“Cómputo de Pena”

•“Incorporación de Prueba de Lectura y Derecho a controlar la prueba de cargo”

•“Litigación Oral “

•“Lineamientos de Criminalística para la Defensoría Publica”

•Estándares sobre Derecho al recurso y admisibilidad de las impugna-

ciones de la defensa en la Cámara Federal de Casación Penal.

b. Consejo Federal de Defensores Generales. Santa Fe

El Consejo Federal de Defensores Publicos Generales de la República Argentina,

creado el 19/8/2015, es una Asociación Civil que congrega a los Defensores Generales

de cada provincia de nuestro país, y cuyos propósitos son:

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• Diseñar acciones que permitan avanzar en el fortalecimiento institucional

de la Defensa Pública;

• Contribuir a la emancipación de los otros poderes del Estado;

• Coordinar el intercambio de experiencias;

• Auspiciar y organizar seminarios, conferencias y cursos;

• Promover la publicación de trabajos y desarrollar contactos fluidos con los

sectores vinculados a la administración de Justicia y el derecho entre otros.

Dicho Consejo propuso a la Sra. Defensora General, Dra. Ivone Leonor Haquim,

ser miembro integrante del mismo durante las V Jornadas Nacionales de la Defensa

Pública, llevadas a cabo en el mes de Septiembre del año 2016, bajo el lema “El acceso

a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad.” En las mismas se contó

con la presencia del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH), James Cavallaro, quien brindó la conferencia inaugural denominada “El Sistema

Interamericano y protección de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad”.

5.2.2 - SECRETARÍA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

a) Funciones:

Dentro de las funciones del Servicio Público de Defensa Penal, se encuentra el

velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios,

judiciales y policiales, a fin de que los asistidos privados de libertad sean tratados

con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a tratos crueles, inhumanos o

degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que

resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones

correspondientes cuando se verifique violación de sus derechos. (Art. 12 Ley Nº 5896)

Es deber y atribución del Defensor General realizar todas las acciones conducentes

para la defensa y protección de los derechos humanos, promover y ejecutar políticas para

facilitar el acceso a la justicia de los asistidos en condición de vulnerabilidad.

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Se crea la Secretaría de Violencia Institucional con el fin de asistir de

manera expedita a las víctimas de violencia institucional desplegada por personal

penitenciario o por fuerzas de seguridad en cárceles, alcaldías, comisarías y centros

de detención, siempre que se afecten los derechos de personas que están detenidas a

disposición de la justicia.

Se aclara que, al hacer referencia a la violencia institucional, se hace alusión a

situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes:

1. prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura...),

2. realizadas por parte de funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan

aquiescencia),

3. en contextos de restricción de la autonomía y libertad (situaciones de

detención, de internación, de instrucción).

La actuación de la Secretaría de Violencia institucional puede iniciarse por

denuncia de la víctima o de otra persona en su nombre, a pedido de las Defensorías

y demás dependencias del Ministerio Público de Defensa Penal, o de cualquier otro

organismo gubernamental o no gubernamental. Fundamentalmente, se trabaja

coadyuvando a las Defensorías Públicas y demás dependencias del Ministerio,

efectuando un seguimiento de los casos.

Se realiza el seguimiento, registro y sistematización de los casos de violencia

insitucional, incluyéndose también aquellas situaciones en donde se detectan

condiciones inhumanas de detención y fallecimientos de personas privadas de

libertad, con el objeto de confeccionar informes respecto de todo ello, en pos de

tomar las medidas necesarias tendientes a erradicar dichas prácticas.

Asimismo, corresponde a esta Secretaría interactuar con otras instituciones

públicas y organismos no gubernamentales y conformar equipos de trabajo, a fin de

aunar esfuerzos en la lucha contra la violencia institucional, pudiendo proponer la

celebración de convencios de cooperación con dichas instituciones.

Los responsables de la Secretaria de Violencia Institucional realizan

regularmente visitas a cualquier establecimiento donde se hallaren personas privadas

50


de libertad, a fin de constatar el respeto de sus derechos fundamentales, debiendo

elaborar los informes pertinentes acerca de las situaciones relevadas. A su vez, están

facultados para proponer a la Defensora General nuevas herramientas y canales de

actuación que tegan por objeto asegurar la eficaz intervención del Ministerio Público

de Defensa Penal.

b) Gestión:

Las actividades llevadas adelante en el presente ejercicio estuvieron orientadas

contribuir, fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios prestados por los

Defensores Públicos Penales, procurando la efectiva aplicación de las 100 Reglas de

Brasilia mediante la creación de Protocolos de Atención. Estas actividades coadyuvan

a que los operadores penales sean sensibilizados sobre los derechos de las personas

privadas de libertad, logrando la humanización de los procesos penales y de los

Derechos Humanos.

Se realizaron relevamientos sobre:

1. La cantidad de internos alojados en las distintas Unidades Penales que

dependen del Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy.

2. La cantidad de internos alojados en Comisarías.

3. La Cantidad de Internos alojados en Centros de Detención.

4. Las condiciones edilicias, estado del mobiliario, de los alimentos, y demás

condiciones de los sitios en las que se encuentran las personas privadas de

libertad.

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy se compone de seis Unidades

Penales, en las que alojan un total de 774 internos, de los cuales 441 son penados, y 333

son imputados. El número de internos varía constantemente, por los ingresos y egresos

que se producen prácticamente en forma semanal.

Un punto a tener muy en cuenta, es el hecho de que más del treinta y tres por

ciento (33 %) de la población penal se encuentra conformada por internos penados o

procesados por delitos de índole sexual. Consideramos que esta situación debe ser objeto

de estudio por profesionales de la materia (asistentes sociales, psicólogos, estadistas,

etc.), para así encarar políticas dirigidas a comprender y revertir esta realidad.

51


b.1) Condiciones de las Unidades Penales:

Gracias a las gestiones realizadas por este Ministerio, facilitadas por a la muy

buena predisposición del Ministro de Seguridad de la Provincia, así como del Jefe del

Servicio Penitenciario de Jujuy, se avanzó mucho en mejorar las condiciones edilicias

de las distintas Unidades Penales, particularmente la Unidad Penitenciaria Nº 1, sita en

el Barrio Gorriti, la cual concentra el 70 % de los internos de la Población Carcelaria.

De este modo se ha logrado proveer de bienes indispensables a los internos. A título

meramente ejemplificativo, cabe resaltar que se logró concretar:

1. El aprovisionamiento de colchones nuevos a toda la población carcelaria de

la Unidad Penal Nº1.

2. El repintado de los distintos pabellones en la Unidad Penal Nº1, Pabellón 2,

tanto su exterior (pasillos), como interior (celdas y oficinas).

3. La ejecución de diversas tareas de mantenimiento en el Pabellón N° 2, como

ser el refaccionamiento de paredes, recambio de focos, limpieza de cámara

séptica.

4. La demolición de dos celdas de aislamiento de la Unidad Penal Nº 3 (mujeres),

para en su lugar erigir un aula de estudios. Actualmente, las internas cumplen

las sanciones de aislamiento dentro de sus celdas.

5. La incorporaación de Talleres en la Unidad Penal Nº 7 – Alto Comedero.

6. El reacondicionamiento de las celdas de castigo, estableciendo condiciones

dignas de detención a los internos que se alojen en ellas. Se incorporó un

espacio físico al aire libre para recreación.

7. La implementación de un sistema de Alta Seguridad a puertas abiertas.

8. La habilitación de espacios comunes para recreación.

b.2) El Procedimiento Disciplinario frente al derecho de defensa:

Destacamos que, en corto tiempo, poco más de nueves meses de trabajo, la Secretaría

de Violencia Institucional ha logrado avances significativos en materia disciplinaria, régimen

de sanciones, respeto al derecho de defensa y a los derechos humanos, logrando erradicar

prácticas equívocas, obsoletas e ilegítimas. Entre ellas podemos mencionar:

52


• Con anterioridad al mes de mayo de 2.016, existía un procedimiento

disciplinario totalmente ajeno al previsto por la Ley N° 24.660 y Decreto

Nacional Nº 18/97, en tanto:

• No se garantizaba el derecho de defensa (en los plazos o términos que

prescriben los arts. 40 y cc. del Decreto Nacional Nº 18/97);

• No se notificaba al abogado defensor sobre la iniciación de procedimientos

disciplinarios a su asistido.

• No se respetaban los plazos previstos para aislamiento provisional (Art. 35

del Decreto Nacional Nº 18/97) excediendo en muchos casos los tres días;

• No se cursaba comunicación al Juez competente cuando se disponía

aislamiento provisional a los asistidos, conforme lo exige la última parte del

art. 35 del citado Decreto;

• No se disponía el comparendo del interno ante el Director del establecimiento,

previo al dictado de la sanción;

• Se detectó, en muchos casos, que el aislamiento provisional se extendía por

varios días, hasta meses, con el agravante de que la sanción que por Dirección

se imponía contaba con la anuencia del Consejo Correccional.

• Asimismo, no existía control de las medidas o sanciones disciplinarias

impuestas a los penados por parte del Juzgado de Ejecución de Pena, dado

que no se constituía en los lugares de castigo, ni se informaba de los mismos,

pese a la obligación exigida por los Art. 3, 4 de la Ley 24.660 y Art. 57 del C.P.P.

Por otro lado, se detectó la situación de que, en nuestra provincia, los abogados privados suelen abandonar la defensa de los internos condenados una vez que la sentencia queda firme, por lo cual estos quedan sin represenación legal durante la etapa de ejecución de la pena.

Luego de años de inacción, gracias a las presentaciones y reclamos del Servicio

Público de Defensa Penal, el Juzgado de Ejecución provee de Defensores a los internos

penados, constituyéndose como tales los Defensores Públicos Penales.

53


b.3) Sanciones en Pabellones y Celdas de Aislamiento:

Con excepción de la Unidad Penal Nº 2 y Unidad Penal Nº 3 (mujeres), todos las

Unidades Penales remiten a los sancionados a la Unidad Penal Nº1, Pabellón 2, donde

se encuentran las celdas de aislamiento, castigo, o “chanchos”, como se identifica en la

jerga penal.

Producto de las constantes inspecciones de la Secretaría de Violencia

Institucional a los pabellones de castigo, de reuniones con internos, con personal del

Servicio Penitenciario, particularmente con los Directores de Unidades Penales, se

logró principalmente:

• Se limiten los tiempos de aislamiento para que no excedan el máximo legal,

esto es, quince días en virtud de una sanción discplinaria.

• Se notifiquen al Juez de Ejecución todas las medidas disciplinarias que

impongan aislamiento a algún interno.

• Que los Funcionarios del Ministerio tengan libre acceso al listado diario de

aislados en el Pabellón 2 y en celdas de alta seguridad. Es muy importante

señalar que el hecho de concurrir asiduamente al pabellón de castigo, sin

comunicación previa al Servicio Penitenciario, permite visualizar in situ el

estado de los internos sancionados.

Cometida una supuesta infracción por parte de un interno, el trámite correcto en

un sistema acusatorio sería que se comunique de manera inmediata al Servicio Público

de Defensa Penal, para que el Defensor Público participe en el acto de declaración del

interno, y para que se ofrezcan y produzcan las pruebas pertinentes, en respeto al

principio de contradicción en el proceso y al estado de inocencia del cual goza toda

persona. No obstante, para que el Ministerio Público pueda cumplir eficazmente su

tarea en estos casos, requerirá contar con infraestructura y personal suficiente.

Eventualmente se prevé establecer una guardia permanente en los establecimientos

penales, teniendo en cuenta que los hechos de indisciplina se producen generalmente

a altas horas de la noche, fines de semana y feriados.

54


b.4) Sobre denuncias penales interpuestas en contra del Servicio

Penitenciario, gracias al asesoramiento de funcionarios de esta Secretaría.

Antes de Mayo del año 2.016 no existía un registro de denuncias formuladas en

virtud de apremios ilegales o violencia institucional ejercida contra internos alojados

en penales o contra personas detenidas en las sedes policiales, menos aún se otorgaba

asesoramiento jurídico a las víctimas de éstos actos.

Actualmente se contabilizan diez (10) denuncias penales realizadas por asistidos

privados de libertad, a instancias del trabajo de la Secretaría de Violencia Institucional.

Dichas personas sufrieron agresión y/o violencia por parte de personal del Servicio

Penitenciario.

b.5) De la representación de los internos ante el Juzgado de Ejecución de

la Pena.

Hasta el mes de Junio inclusive del año 2016, los internos que eran citados al

Juzgado de Ejecución de Pena concurrían sin la asistencia de su abogado defensor,

privados así del ejercicio de su derecho de defensa, viéndose en consecuencia limitados

para ejercer las vías recursivas pertinentes.

Las denegatorias de libertad condicional —y cualquier otro beneficio reconocido

convencionalmente y solicitado por los internos— eran notificadas al Fiscal de turno y

al Director de la Unidad donde se encontraba alojado el interno, pero jamás al Defensor.

Ello originó sendas presentaciones por parte del Servicio Público ante el Juez de

Ejecución de la Pena, lo que consujo a una modificación de la situación.

A partir de Agosto del 2016 se implementa un nuevo procedimiento, en el

cual se cumple con notificar al Servicio Público la Defensa penal las resoluciones que

ordenan los aislamientos provisorios de los internos. Dichas notificaciones no siempre

son inmediatas y, en algunos casos, se las recibe con posterioridad a que el interno se

encuentre cumpliendo el castigo; problemática que se encuentra en vías de resolución.

55


En definitiva, la Secretaría de Violencia Institucional tiene por objeto garantizar

materialmente el derecho de defensa, limitando las sanciones de aislamiento, brindando

la posibilidad de que los asistidos sean entrevistados en su lugar de detención y en el

lugar donde cumplen las sanciones. De esta manera, se constata si el interno ha sido

objeto de maltrato o agresiones por parte del personal del servicio penitenciario,

exigiendo la revisión médica en caso de ser necesaria.

b.6) Problemática detectada por la Secretaría de Violencia Institucional:

Como resultado de las visitas y relevamientos, se han atendido 42 internos

imputados y penados del Servicio Penitenciario y Seccionales de Policía de la Provincia,

confeccionando los legajos correspondientes. Se realizaron a su vez 567 entrevistas

personales en los lugares de detención. En dichas entrevistas se evidenciaron las

siguientes falencias: • Falta de tratamiento psicológico,

• Mal estado de los alimentos en las seccionales,

• Mal estado de los sanitarios en las seccionales,

• Falta de mobiliario suficiente en las comisarias,

• Excesiva sanción disciplinaria impuesta,

• Prohibición de visitas, y de visitas inter-carcelarias,

• Falta de programas de trabajo, estudio, etc.

Las situaciones mencionadas se encuentran en vías de solución.

Cabe resaltar que durante la gestión se llevaron a cabo innumerables reuniones

informales con el Ministro de Seguridad, con el Jefe del Servicio Penitenciario y los

Directores de las distintas Unidades Penales, agregándose las visitas generales dirigidas

por la Defensora General.

56


5.2.3 - DEPARTAMENTO DE ATENCION FAMILIAR

Se crea el Departamento de Atención Familiar con el fin de planificar estrategias

para corto, mediano y largo plazo, en diferentes componentes que requieran un

fortalecimiento integral para la atención, asistencia y protección a las familias de las

personas privadas de libertad. Ello desde una perspectiva múltiple, abordándose de

forma prioritaria sus ámbitos familiares y comunitarios a través de distintos programas

e iniciativas.

Su función específica es la atención de las vicisitudes derivadas del impacto de

un proceso penal en la vida familiar. Para ello se planifica y evalúa las acciones de

contención social destinadas a atender la problemática, en directa coordinación con el

Defensor Técnico y el Equipo interdisciplinario.

El Departamento de Atención Familiar desarrolló principalmente intervenciones

para la gestión de documentación y el enlace con organismos de políticas sociales,

como ser el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro Civil

y Capacidad de las Personas, dependientes del Gobierno de la Provincia, y Delegación

Jujuy del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

1.- En la atención de las cuestiones sociales y asistenciales tanto de asistidos

de la Defensa Oficial como sus grupos familiares primarios, se estableció un programa

de trabajo coordinado con la Delegación Jujuy del Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación, destinado a brindar asistencia social y humanitaria a este colectivo de personas

en situación de especial vulnerabilidad, labor que excedía la tarea de los Defensores

técnicos.

2.- Luego de las entrevistas mantenidas con los asistidos privados de libertad, se

detectó que un gran número de ellos no contaban con D.N.I. y/o partidas de nacimiento,

constancia o certificado de nacido vivo, inscripción judicial de nacimiento etc. Ante ello,

se orientó la tarea en la derivación a dependencias u organismos encargados de su

otorgamiento, como el seguimiento de la prosecución de los trámites con intervención

del Área Social del Servicio Penitenciario.

57


3.- Advertidos de los inconvenientes de gestionar un numero masivo de turnos

con el Registro Civil, así como el traslado de un número considerable de asistidos, surgió

la necesidad de coordinar con la Dirección Provincial del Registro Civil de la Provincia

a fin de fijar una fecha para la concurrencia del Móvil de documentación rápida a las

instalaciones de la Unidad Penal Nro. 1. En esa inteligencia, los días 06/06/2.016 y

14/07/2.016 concurrió el Móvil de Documentación Rápida a la Unidad Penitenciaria

N° 1, donde se tramitaron un total de ciento treinta y ocho (138) documentos para los

internos de las Unidades Penitenciaras Nº 1, 2, 3, 5 y 7.

Posteriormente, y de acuerdo a lo convenido con las autoridades del Registro

Civil y Capacidad de las personas de esta Provincia, se logró la concurrencia del móvil

de documentación rápida en fecha 14/10/2.016, lográndose la tramitación de un total

de cincuenta (50) documentos más, para los internos de la Unidad Penal N° 1 y 7.

4.- En la articulación interinstitucional con el Ministerio de Salud y la Secretaria

de Derechos Humanos de la Provincia, se gestionó la concurrencia del Servicio Móvil

Sanitario de la Mujer, dependiente de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, al

Establecimiento Penitenciario N° 3 de mujeres. El Servicio preventivo de patologías

femeninas atendió a las asistidas en fecha 03 de Julio de 2016, realizando estudios

tales como: Test de HPV, PAP, mamografías, ecografías, colocación y extracción de

DIU, consejería en salud sexual y reproductiva, evacuando consultas ginecológicas y

obstétricas. Fueron atendidas un total de treinta y cuatro (34) internas sobre un total

de 38 internas alojadas en la la Unidad Peniteciaria N° 3, es decir, con una respuesta

altamente positiva.

5.- Se facilitó el acceso a la justicia de personas privadas de libertad, en relación a

la atención de requerimientos de orden judicial en materia civil, estableciendo canales

de comunicación y articulación con organismos locales de acceso a derechos como las

Defensorías Públicas Civiles, de acuerdo a Protocolos de Actuación en las derivaciones

institucionales como el acompañamiento de la gestión hasta su encausamiento.

6.- Se realizaron reuniones de trabajo interdisciplinarias para el desarrollo

de abordajes sociales críticos desde el paradigma de los derechos humanos. En este

58


sentido, se mantuvieron reuniónes con todos los representantes de los Departamentos

Sociales de cada uno de los establecimientos carcelarios de la Provincia, con el objeto

de analizar la problemática social de la población carcelaria asistida por el Servicio de la

Defensa Publica, en especial en lo relativo al acercamiento familiar y metodología para

determinar la existencia de problemáticas familiares, la conformación del legajo social,

y la determinación de estrategias para la elaboración de protocolos de actuación para

los distintos tipos de abordajes de las personas privadas de libertad, que se adapten a

las necesidades específicas.

A los fines del cumplimiento de estos objetivos, se establecieron reuniones

periódicas mensuales para articular metodologías y estrategias de trabajo conjuntas y

análisis de soluciones concretas.

5.2.4 - EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

El Equipo Interdisciplinario de profesionales de este Ministerio realiza un

abordaje integral, atendiendo las demandas de los asistidos desde un enfoque Bio –

Psico – Social. Por lo tanto, el Gabinete está conformado por las disciplinas Médica,

Psicológica y Social.

a) Funciones de competencia de cada Área:

Área Médica: Conformada por una Médica Clínica, desarrollando las siguientes

acciones profesionales.

• Aceptación del cargo en Juzgados o Ministerios Públicos de la Defensa o Acusa-ción cuando procede su intervencón en la causa.

• Valoraciones médico-legales dentro de los procesos judiciales y por orden escri-ta de la autoridad competente.

• Análisis de expedientes.

• Perito médico de control para tomas de muestra en Laboratorio de Genética del

Poder Judicial.

59


• Elaboración de los informes correspondientes a las pericias realizadas.

• Evaluación y diagnóstico de los asistidos en Comisarías o Servicios Penitencia-

rios, con el fin de establecer las condiciones de salud, basándose en un examen

físico, previa solicitud de participación correspondiente por el Defensor Oficial

(asesoramiento e intervención de los casos).

• Actividades de Coordinación con la Secretaria de Violencia Institucional de este

Ministerio; visita a Comisarías y Servicio Penitenciario para atención médica a

los asistidos.

• Autopsia Médico- Legal en la Morgue Judicial, realizada en conjunto con el peri-

to designado por el Ministerio Público de la Acusación.

• Junta Médica con profesionales del Departamento Médico del Poder Judicial y

Profesionales particulares con otras especialidades.

• Reuniones de Equipo Interdisciplinario con el Equipo del Servicio Penitenciario.

• Reuniones de Departamento Medico del Poder Judicial con el Equipo Interdisci-

plinario del Poder Judicial.

• Partes médicos del personal de este Ministerio: a consultorio, a domicilio.

• Pre-ocupacionales del personal de este Ministerio.

• Actividades de Capacitación:

• Actualización de los Estándares en Salud Mental y Discapacidad.

La realización de las actividades que se detallan, supone la gestión de traslados

a los lugares específicos y planificación de acciones.

60


Área Psicológica: conformada por dos Licenciadas.

Las tareas que desarrolan son:

• Desempeñarse como peritos de control propuestos por la Defensa Pública,

previa aceptación del cargo en el Ministerio Público de la Acusación o Juzgado

competente solicitante.

• Análisis del expediente (se pueden solicitar las fotocopias que se consideren

imprescindibles para desarrollar la labor solicitada).

• Entrevistas psicológicas realizadas en conjunto con el perito designado por

el Ministerio Público de la Acusación o Jueces competentes, a la o las partes

solicitadas (imputado o víctima), donde se realiza una exploración de los sujetos

implicados en la valoración, de los aspectos psicológicos y psicopatológicos que

tienen relación con el caso.

• Entrevistas colaterales (madre, padre, familiares, o con cualquier persona que

pueda tener una opinión relevante sobre el asunto).

• Análisis de entrevistas y técnicas aplicadas, según corresponda a cada caso.

• Elaboración de informes.

• Ratificación en juicio oral.

De cara a conseguir los objetivos de la evaluación, se dispone de una serie de

métodos básicos: entrevistas (al imputado y a la víctima), cuestionarios y escalas (al

imputado y a la víctima), auto-observación, observación, pruebas cognitivas objetivas,

registros psicofisiológicos, pruebas médicas.

A tener en cuenta, que el equipo puede ser designado como perito de control para

Exámenes Mentales o Pericias Psicológicas a los imputados o víctimas.

En el examen mental, la aplicación de la técnica clínica está dirigida a indagar

la totalidad psíquica actual de los sujetos examinados, distinguiendo los diversos

61


miembros de esa totalidad: la estructuración del pensamiento, los deseos, los impulsos,

las valoraciones y la vida afectiva, el estado de la conciencia vigil, los modos de vivenciar

y tantos otros integrantes de lo que identificamos como vida anímica. Todo esto se realiza

cumpliendo determinados recaudos metodológicos que responden a la orientación y

el saber de quienes conducen la entrevista pericial. La formación profesional permite

rescatar de los elementos que aparecen durante la entrevista, la esencia real del

comportamiento, sentimientos, voliciones y entendimiento de una persona.

Las pericias psicológicas son más complejas, ya que consisten en la aplicación

de un psicodiagnóstico para la evaluación de la personalidad de los sujetos que se

encuentran como parte de un litigio jurídico penal. Dicha pericia psicológica consiste

en la administración de una batería psicodiagnóstica (test, cuestionarios, y pruebas

psicológicas estandarizadas), que tiene como objetivo el estudio sobre la personalidad

de los sujetos implicados.

La batería diagnóstica de pruebas psicológicas (entrevista semidirigida, test

psicométricos y proyectivos, etc.) será seleccionada por cada perito psicólogo para

poder responder los puntos periciales solicitados por el Juez. Para dicho procedimiento

se necesita de 3 o 4 días, con entrevistas de no menos de 1 hora de duración por día.

Otras funciónes de esta área desmepeña son:

El control in-situ de peritajes psicológicos: controlar que los peritos

psicólogos oficiales realicen de forma correcta el proceso pericial, tanto las entrevistas

psicológicas como las técnicas de evaluación psicológica aplicadas se ejecuten

correctamente; control de validez y credibilidad de relatos sobre Abuso Sexual infantil

expuestos en Cámara Gesell.

Evaluación y Diagnóstico: con el fin de establecer las condiciones psicológicas

de los actores jurídicos implicados en cada causa en donde se solicite la participación

correspondiente; diagnóstico y evaluación de las personas implicadas en procesos

penales.

Asesoramiento: asesorar y orientar como experto ante los diferentes

órganos judiciales, clave para determinar circunstancias que puedan modificar la

responsabilidad criminal, las secuelas psíquicas, etc.

62


Intervención en Crisis: tipo de atención inmediata o urgente por desborde

emocional de alguno de nuestros internos o detenidos, donde realizamos diagnóstico

situacional que consiste en reconocer las necesidades de urgencia y posibilidades

asistenciales y terapéuticas. Con la intervención en crisis se ayuda a los sujetos a

manejar problemas abrumadores para los que carecen de recursos. Las metas son:

a) el alivio rápido de los síntomas primarios, b) el restablecimiento rápido de la

estabilidad emocional previa a la crisis y c) la comprensión por parte de la persona de

su perturbación y de los determinantes de ésta, así como la preparación para manejar

crisis futuras, con acciones directivas y activas, centrándose en el problema primario

en el momento presente y ofreciendo consejos, orientación e información para superar

la crisis.

Consultores Técnicos: brindar opinión profesional, observar, sugerir, objetar,

advertir en todo aquello que guarde relación directa con el objeto en litigio.

Con respecto a los internos del Servicio Penitenciario, en coordinación con

Secretaría de Violencia Institucional y la Defensoría de Ejecución Penal, se interviene

para realizar contención emocional, atención en crisis y entrevistas Psicológicas. Se

pretende lograr un diagnóstico aproximado del interno, en dependencia de la institución

carcelaria. Se realiza informe psicológico y se eleva a las dependencias que lo requieran

(Defensoría de Ejecución Penal y Secretaría de Violencia Institucional), con el fin de que

los mismos procedan a informar a las autoridades (Servicio Penitenciario y Juzgado de

ejecución) y así resguardar la integridad física y mental del interno.

En referencia a la Ley 24.660 EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LI-

BERTAD (Art.17), para la concreción de las salidas transitorias o la incorporación al

régimen de semi libertad, previo oficio de la Defensoría de Ejecución de Pena, se debe

realizar un informe psicológico evaluando el estado emocional actual del interno a

través de entrevistas psicológicas y técnicas psicométricas. Asimismo, se lleva ade-

lante una tarea de interconsulta con el equipo interdisciplinario del Servicio Peni-

tenciario, con el fin de abarcar en su totalidad el estado de salud mental de nuestros

asistidos y así mejorar la problemática que los subyace.

63


Área Social:

Conformada por una Licenciada en Trabajo Social.

Se desarrollan las siguientes acciones profesionales:

• Pericias Sociales: solicitadas por el Juez Competente y/o el Ministerio Público

de la Defensa o Acusación, con el objeto de realizar un estudio técnico de los hechos

con base en el conocimiento científico que ofrece el perito.

La realización de una Pericia Social supone:

a.) Aceptación de Cargo en el Expediente su análisis.

b.) Diseño de un modelo de abordaje de intervención: planteamiento de objetivos

y exploración datos que se buscan obtener.

c.) Selección de los Instrumentos de Recolección de Datos y organización

general de las entrevistas, relevo de información a través de fuentes elegidas, diseño

de cuestionarios dirigidos y semi-dirigidos para las personas, vecinos, comunidad e

instituciones que se entrevistarán y guía para la recolección de documentos.

d.) La modalidad para llevar a cabo las Pericias Sociales, incluye prioritariamente

las entrevistas domiciliarias o institucionales, traslados hacia el/los lugares de los

hechos donde se desarrollarán las entrevistas planificadas, entrevistas en el despacho

de la profesional actuante cuando es necesario entrevistar a un miembro de la familia

sin la presencia del resto o en el caso de entrevistas a personas privadas de la libertad

e.) Análisis de la información obtenida, con material teórico.

d.) Presentación del Dictamen Social: se presenta en forma escrita, con una

estructura lógica y que da cuenta de todo el proceso realizado. Se incluyen sugerencias

pertinentes, solicitudes claras, se respeta el secreto profesional, se citan fuentes de

información y se informa a los involucrados-entrevistados de las consideraciones

fundamentales a las que se ha arribado. Se informa sobre la bibliografía utilizada. El

Dictamen es un acto procedimental en donde el especialista emite una conclusión que

contiene sus razonamientos técnicos sobre la materia que le han pedido su intervención.

64


• Informes Sociales, solicitado por el Juez Competente o Defensor Oficial: es un

documento técnico donde se hace una recopilación de las situaciones y circunstancias

observadas, texto expositivo y argumentado con el que se exponen los datos

observados. Dichos Informes son requeridos generalmente para solicitar: Salidas

Transitorias, Régimen de Semi-libertad, Libertad Condicional, Prisión discontinua y

semi-detencion, Trabajos para la Comunidad, Libertad Asistida, etc. de las personas que

se encuentras en el Servicio Penitenciario. Puede solicitarce para una valoración socio

familiar de nuestros asistidos, constatación de domicilio como requisito que cadyuve

a la solicitación del cese de detención, para designar tutor responsable en caso de los

menores de edad y para valoración habitacional y constatación de relación vincular.

La realización de un Informe Social supone:

a.) Aceptación de Cargo en el Expediente y Análisis del mismo.

b.) Selección de los Instrumentos de Recolección de Datos y organización

general de las entrevistas, relevo de información a través de fuentes elegidas, diseño

de cuestionarios dirigidos y semidirigidos para las personas, vecinos, comunidad e

instituciones que se entrevistarán y guía para la recolección de documentos.

c.) La modalidad, para llevar a cabo los Informes Sociales, incluye las entrevistas

domiciliarias o institucionales, traslados hacia el lugar del hecho donde se desarrollaran

las entrevistas planificadas, entrevistas en el despacho de la suscripta cuando es

necesario entrevistar a un miembro de la familia sin la presencia del resto o en el caso

de entrevistas a detenidos y/o personas privadas de libertad.

d.) Análisis de la información obtenida donde se incluyen sugerencias pertinentes.

• Pericias de Control: propuestas por el Ministerio Público de Defensa Penal en

aquellas causas que el Sr. Defensor lo considere oportuno. La profesional observa a la

ejecución de la pericia realizada por el Perito Oficial.

La realización delas mismas supone:

65


a.) Aceptación del Cargo en el Expediente de Referencia y análisis el mismo;

b.) Traslados hacia el/los domicilios propuestos;

c.) Observación no participante en las entrevistas; Relevo de información;

d.) Informe al Defensor sobre el desarrollo de la Pericia;

e.) Informe de Control con análisis de Ratificación o Rectificación del Informe

Pericial presentado por el Perito Oficial.

• Realización de Acciones de Cooperación Mutua entre Instituciones y

ONG con el Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal para

la realización de Probation, entendida esta como la acción comunitaria a desarrollar

por el/los asistidos de la Defensa Pública para suspensión del juicio -y por lo tanto la

condena- que se aplica a personas con delitos leves y/o contravenciones.

Para ello se debe realizar :

a.) Búsqueda de la Institución;

c.) Acuerdo de Acciones a realizar por el beneficiario de la Probation;

d.) Informe de la elevación al Tribunal en el cual radica la causa para conocimiento

de los Magistrados de las acciones a realizar por la/las personas, domicilio de la

Institución y responsable del seguimiento mensual de la actividad.

• Realización de Gestiones Especiales: estas son acciones que desarrolla el Área

Social con el objeto de dar respuesta a las demandas de los asistidos por el Ministerio

Público de Defensa Penal con organismos comunitarios:

a.) Trámites de Documentación en el Registro del Estado Civil y Capacidad de

las Personas.

b.) Coordinación con el Ministerio Público de Defensa Civil para la realización de

acciones judiciales en el fuero civil.

d.) Coordinación con el Hospital de Niños, Hospital Pablo Soria, Hospital San

Roque, Hospitales de Interior de la Provincia y Centros de salud: relevamiento de los

diagnósticos y/o tratamientos-evolución de las problemáticas en salud de los familiares

66


de los asistidos por la Defensa Penal. Intervención con las Disciplinas del Área Social de

dicho nosocomio en el abordaje de las causas a evaluar.

d.) Relevamiento de los lugares para realizar Salidas Laborales de los asistidos

por la Defensa Penal: Talleres Particulares de Mecánica del Automotor, Comercio del

Automotor, Granjas Agrícolas; se realizan en los Barrios donde nuestros asistidos fijan

domicilio.

e.) Relevamiento de Programas Educativos para las personas en Contexto

de Encierro en el Ministerio de Educación: Programa de Educación en Contexto de

Encierro.

f.) Gestiones en la Universidad Nacional de Jujuy - Facultad de Humanidades,

para la participación de las personas privadas de libertad en las actividades académicas.

Coordinación con la Fundación Manos Abiertas, para el diseño de actividades a

desarrollar en el Servicio Penitenciario.

g.) Relevamiento de Carreras Terciarias en el Instituto Populorum Progressio,

para las personas que se encuentran privadas de libertad asistidos por la Defensa

Oficial.

h.) Actividades de Seguimiento con el Patronato de Liberados de la Provincia.

i.) Actividades de Coordinación para dar atención de la Problemática de

Drogadicción de familiares y/o los asistidos por la Defensa Oficial con la Secretaría de

la Drogadicción de la Provincia y SEDRONAR. Y el Hospital Neuro-psiquiátrico, junto a

los Equipo Interdisciplinario.

j.) Reuniones Iniciales con los Equipos Interdisciplinarios del Servicio

Penitenciario, Unidad Nº 1, 3, y 7 para establecer criterios de acción a desarrollar.

k.) Tramites en ANSES para los familiares de las personas privadas de libertad.

Estas actividades se logran a través de: Concreción de reuniones con referentes en

la materia; Traslado a las diferentes Instituciones; Traslados para los relevamientos

comunitarios; Relevamiento de Información; Gestión de documentación.

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• Visitas Periódicas al Servicio Penitenciario: se entrevista a los asistidos,

dando contención a los mismos y realizando gestiones de seguimiento de actividades

educativas, familiares y judiciales.

Las mismas se realizan de manera diaria, se programan las entrevistas y

actividades en coordinación con la Secretaría de Violencia Institucional.

• Actividades de Mediación entre los conflictos familiares y/o comunitarios

de nuestros asistidos buscando soluciones negociadas a través de una mediación que

repare y prevenga el daño emocional y las consecuencias sociales. Se realiza a través

de entrevistas en despacho de nuestros asistidos; citación para entrevista en despacho

de familiares y/o vecinos con el cual se mantiene el conflicto; entrevistas para lograr

resolución entre las partes.

• Actividades de Capacitación: se asiste a los cursos desarrollados en la

Provincia, cuya temática enriquezca la labor profesional cotidiana. Se participa de las

jornadas de capacitación propuestas por el Ministerio de la Defensa de Nación.

• Reuniones Interdisciplinarias: efectuadas con los Defensores y el Gabinete

sobre casos puntuales a fin de realizar un abordaje efectivo de las problemáticas de los

asistidos. Reuniones conjuntas entre los Equipo de Trabajo del Poder Judicial, Patronato

de Liberados y Servicios Penitenciarios para fijar criterios de trabajo y abordaje.

ANEXOS TABLAS ESTADISTICAS

Glosario,

Def 1 : D1 :Defensoría Pública Penal Nº1

Def 2: D2 : Defensoría Pública Penal Nº2

Def 3: D3: Defensoría Pública Penal Nº 3

Def 4:D4 : Defensoría Pública Penal Nº 4

Def 5: D5 :Defensoría Pública Penal Nª 5

Def 6: D6 :Defensoría Pública Penal Nª 6

Def MJ : Defensoría Pública Penal Menores Jujuy

Def SP : Defensoría Pública Penal Menores San Pedro

Def Ejc: Defensoría Pública Penal de Ejecución de Pena

Def Cas:Defensoría Pública Penal de Casación.

ANEXO I

DEFENSORÍAS TÉCNICAS

73

75

77

79

81

ANEXO II

SECRETARIA DE VIOLENCIA INTITUCIONAL

85

87

89

91

93

95

97

ANEXO III

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

101

103

105

109

ÍNDICE

Presentación - Dra. Ivone Leonor Haquim pág. 05Informe de la Sra. Administradora General pág. 13El Ministerio Público de Defensa Penal pág. 15

Misión y Visión del Organismo pág. 15Valores del Organismo pág. 16Estructura y función pág. 18Organigrama General pág. 19Organigrama Funcional N° 1 pág. 21Organigramas Funcionales N° 2 y 3 pág. 23

Análisis de Políticas y Mandatos del Ministerio pág. 25Marco de Situación pág. 27

Población Objetivo pág. 29Causas a cargo del Ministerio Público de Defensa Penal pág. 29Diagnóstico - Análisis institucional pág. 29Problemática identificada - Enero 2016 pág. 31

Gestión de las distintas áreas que integran el Ministerio pág. 33Administración General pág. 33

Departamento Contable pág. 34Departamento Recursos Humanos pág. 35Personal del Ministerio pág. 35Informática y Sistemas pág. 40

Secretaría General pág. 44Relaciones con los actores sectoriales pág. 46Convenios y cooperación pág. 46Secretaría de Violencia Institucional pág. 48

Funciones pág. 48Gestión pág. 50Condiciones de las Unidades Penales pág. 51El procedimiento disciplinario pág. 51Sanciones en pabellones y celdas de aislamiento pág. 53Sobre denuncias penales interpuestas pág. 54.De la representación de los internos ante el Juzgado de Ejecución pág. 54Problemática detectada pág. 55

El Equipo Interdisciplinario pág. 58Anexo: tablas estadísticas pág. 71

110

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INFORME ANUAL 2016 - Ministerio Público de Defensa Penalmpdpjujuy.gob.ar/.../2017/06/INFORME-ANUAL-2016-1.pdf · INFORME ANUAL - 2016 fortaleciendo nexos con diversas entidades que