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Nº 13 - diciembre 2013
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Conflictos
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WillaqnikiInforme de diferencias, controversias y conflictos sociales
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - ONDSPresidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú - PCM
César Villanueva Arévalo Presidente del Consejo de Ministros de la República del Perú
Vladimiro Huaroc Portocarrero Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS - PCM
José Reátegui Bardales, Asesor de la ONDS - PCM
Coordinación y análisis del informeIván Mendoza Villarreal, responsable de la Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM Luisa Fernanda Maldonado Echegaray, Zarela Zavala Respaldiza, Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM
Diseño y diagramaciónMarko Capcha Solís
Décima tercera edición, 500 ejemplares.Impreso en GMC Digital SACCalle Elías Aguirre 126, Of. 704, Miraflores
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013 - 19653
OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD – ONDS - PCM. Willaqniki N° 13. Lima, diciembre 2013
Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto de vista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Nº 13 - diciembre 2013
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AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva PeruanaANA Autoridad Nacional del AguaALA Autoridad Local del AguaARA Autoridad Regional AmbientalATFFS Administración Técnica Forestal y de Fauna SilvestreCENEPRED Centro Nacional de Estimación , Prevención y Reducción de Riesgo y DesastresCENSOPAS Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la SaludCEPLAN Centro Nacional de Planeamiento EstratégicoCOFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad InformalDGAAM Dirección General de Asuntos Ambientales MinerosDIRESA Dirección Regional de SaludINDECI Instituto Nacional de Defensa CivilINEI Instituto Nacional de Estadística e InformáticaINGEMMET Instituto Geológico Minero y MetalúrgicoMINAG RI Ministerio de Agricultura y RiegoMINAM Ministerio del AmbienteMINEDU Ministerio de EducaciónMINEM Ministerio de Energía y MinasMIMP Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerablesMINSA Ministerio de SaludOEFA Oficina de Evaluación y Fiscalización AmbientalONDS Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad OIRA Organización Indígena Regional de la provincia de AtalayaPART Programa de Alerta y Respuesta TempranaPCM Presidencia del Consejo de MinistrosPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPRODUCE Ministerio de la ProducciónRREE Ministerio de Relaciones ExterioresSENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del PerúSERNAMP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSUTEP Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del PerúVIVIENDA Ministerio de Vivienda
Lista de Acrónimos
Índice
Presentación
Para entender la corrupción en el Perú: aspectos históricos, políticos y socioculturales
Conflictos sociales y corrupción: impactos en la gobernabilidad local
Avances del diálogo en regiones
Diálogo en provincias tacneñas evidencian transformación de los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo
Atalaya y los logros del Grupo de Trabajo Multisectorial La laguna Shanshococha y la aplicación de medidas correctivas por parte del OEFA La Policía Nacional del Perú: de la represión a la prevención de los conflictos sociales vía el diálogo Importantes resultados del proceso de diálogo en Espinar
Nuestros comisionados declaran su experiencia en la ONDS - PCM
Entrevista a la comisionada Pamela Maldonado Entrevista al comisionado Hernán Vidal
Reporte mensual
La gestión del diálogo Avances en prevención
ANEXOS ANEXO N° 1: Matriz de casos en Gestión ANEXO N° 2: Matriz de casos en Prevención
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El Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva Arévalo, ratifica su compromiso en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.
Presentación
César Villanueva ArévaloPresidente del Consejo de Ministros
En mi discurso de investidura afirmé que el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y una política permanente de puertas abiertas serán la marca y el sello distintivo de nuestra gestión. Ratifiqué nuestro compromiso, como gobierno, con el Desarrollo con Inclusión Social, con la lucha contra la corrupción y con la lucha contra la inseguridad ciudadana. En este camino, tengo a bien presentarles, como ejercicio de rendición de cuentas, el Willaqniki N° 13, Informe de diferencias, controversias y conflictos de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, publicación que corresponde al mes de diciembre. Willaqniki ha cumplido ya un año informando mensualmente sobre la conflictividad social en el Perú. A lo largo de este tiempo, se han abordado distintos temas, principalmente aquellos relacio-nados con la prevención, las mesas de diálogo y desarrollo, los conflictos en la Amazonía, entre otros. Se han presentado igualmente los avances más destacados de nuestro trabajo y se han señalado algunos desafíos que debieron afrontarse.
Al asumir la Presidencia del Consejo de Ministros nos hemos planteado la necesidad de abordar temas que son de gran importancia para el país, como es el caso de la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana y su relación con la conflictividad social del país. Justamente, en este número, se presentan dos artículos centrales en torno a la corrupción: el primero, incide en ciertos aspectos históricos, políticos y socioculturales que permiten entender el
fenómeno, en tanto el segundo explora las modalidades a través de las cuales el problema incide en los niveles de conflictividad social, especialmente en los casos desencadenados en torno a la gestión de gobiernos locales.
Se incluye un artículo que da cuenta de la manera en que la Policía Nacional del Perú está modificando sus enfoques y convergiendo con los esfuerzos que despliega la ONDS en materia de conflictos sociales.
Se presentan igualmente algunos casos relevantes atendidos por la oficina en este último mes, debiendo destacarse particularmente el caso de Atalaya en el departamento de Ucayali, también destacar los logros alcanzados en la Mesa de Diálogo de Espinar con la presentación del estudio de balance hídrico. Finalmente, un reconocimiento de los avances de la Mesa de Diálogo en Tacna, donde la empresa Southern ha llegado a acuerdos con autoridades y dirigentes de la provincia Jorge Basadre para la ampliación de sus operaciones.
A partir de este número se incluirá una sección para dar a conocer el trabajo de la ONDS a través de entrevistas con dos de sus más experimentados comisionados. Se presenta también el balance mensual del trabajo de diálogo y prevención realizado por la oficina en el mes de noviembre. Finalmente, ponemos a su disposición el presente informe en el marco de la transparencia y rendición de cuentas que serán características principales de nuestra gestión.
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Para entender la corrupción en el Perú: aspectos históricos, políticos y socioculturales
¹ Al respecto, ver Zapata, Antonio: La corrupción bajo el fujimorismo, en Portocarrero, Felipe (editor) El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad del Pacífico – IEP ediciones, Lima, 2005, pp. 247-285.
El presente artículo tiene como objetivo presentar un panorama histórico de la corrupción en nuestro país, explorar algunos de sus determinantes de carácter político y los factores de orden cultural que inciden en las modalidades de su presencia y prácticas en nuestra sociedad.
Como se sabe, la corrupción es uno de los grandes temas en la agenda nacional, especialmente en los últimos años. Los principales actores sociales y políticos coinciden en señalarlo, aunque el compromiso real en combatirla es bastante heterogéneo.
La experiencia de la corrupción en los años noventa permitió visibilizar un antiguo problema y como no había ocurrido antes en la historia nacional de las últimas décadas, la evidencia de los videos que han pasado ya a formar parte de la historia, mostraron los extremos a los que políticos, empresarios y funcionarios públicos
1podían llegar .
2 Más allá de ese planteamiento, se entra en un terreno sumamente polémico. Ver Estévez, Alejandro e I. Lebaqui: Las causas de la corrupción: un estudio comparado. Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, Departamento de Investigación Institucional, Documento CYCP 03/2003, pp.6-7.
3 Quienes la critican insisten en que ésta supone una clara separación entre lo público y lo privado, lo que significa la aplicación de criterios provenientes de la modernidad occidental a otras experiencias.
4 Comisión de Alto Nivel Anticorrupción: Plan Nacional Anticorrupción 2012-2016, El Peruano, separata de normas legales, 9 de diciembre de 2012. p. 735 Para una definición del patrimonialismo, ver López, Sinesio: El Dios mortal: Estado, sociedad y política en el Perú del siglo XX, Instituto Democracia y Socialismo, Lima, 1991.
Ver especialmente el capítulo 4.6 El clientelismo es un viejo concepto de la ciencia política, basado en el establecimiento de una relación patrón-cliente de raíces rurales, pero que luego se extiende a otros ámbitos de un sistema político. Se dice que tiene su origen en la Europa mediterránea. Ver Cotler, Julio: Clases, estado y nación en el Perú. IEP ediciones, Lima, 1978, 1ª edición.
1. Conceptualizando el fenómeno
La corrupción es un fenómeno muy complejo de definir, y su significado puede variar notablemente entre países, en función de la legislación, los códigos morales y éticos vigentes en una sociedad, las características de su sistema político o las ideas predominantes sobre lo público y lo privado.
En la mayoría de definiciones conocidas hay enfoques de carácter moral, legal, y económico, entre otras. Las primeras suelen focalizar el fenómeno en la transgresión de normas y valores, incluyendo como corrupción cualquier infracción que el sentido común ciudadano no suele considerar como tal (asesinatos y violaciones, por ejemplo). Las definiciones legales suelen considerarla como el uso ilegítimo de dinero y recursos a través de medios políticos, lo que resulta problemático para aquellas transacciones que no implican dinero o bienes materiales específicos.
Un enfoque económico entiende la corrupción como el negocio de funcionarios públicos que intentan maximizar sus ingresos. El problema es que deja de lado las motivaciones no económicas de las personas que incurren en los actos corruptos, entre ellas los intercambios de favores recíprocos entre parientes y familiares, o entre miembros de distintas redes sociales.
En su sentido moderno y convencional la corrupción es vista como “el aprovechamiento de un cargo o de un bien público con fines privados”, esto es, en
2beneficio de intereses particulares . Esta es la acepción más común, aunque como es obvio, no goza
3de aceptación unánime .
El Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, aprobado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, define operativamente el fenómeno en los siguientes términos:
“Uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la
4persona.”
En ambos casos, la corrupción se define en relación a la autoridad pública, siendo el Estado, por tanto, el referente fundamental a tener en cuenta.
2. Breve revisión histórica
En nuestro país, la historia está llena de anécdotas y casos de personajes corruptos, incluso desde la colonia, cuando virreyes y funcionarios venales de la corona se enriquecen aprovechando sus cargos, siendo bastante común, y hasta socialmente aceptado, que ello ocurriera.
En el estado colonial peruano se instaura una tradición patrimonialista que considera a éste como propiedad de quienes lo controlan (el monarca, las élites y altos funcionarios), una mera prolongación de su propiedad. La idea de bien público separado de
5los bienes privados está ausente.
No era raro que muchas autoridades y funcionarios públicos recurrieran al cobro de comisiones ilegales, al tráfico de influencias, el nepotismo, etc. Muchos llegaban al cargo con la expresa intención de aprove-charse del mismo.
En esos años parece también arraigarse, el denomina-do clientelismo, entendido como un sistema de intercambio de favores entre caudillos y gobernantes con individuos o grupos sociales, accediendo aqué-llos al apoyo de éstos, el cual era devuelto desde el aparato público utilizando los recursos de éste
6(nombramientos, bienes, etc.) .
En la República, los caudillos militares continuaron viendo al estado como un botín antes que como una instancia para construir la nación u organizar los intereses y la representación de amplios sectores. Ellos reclutaban clientelas a cambio de ventajas materiales concretas; ejercían el poder de manera autoritaria y discrecional, y manejaban las precarias instituciones públicas como una extensión de su
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propiedad. En la práctica, no había contrapesos ni instancias que vigilaran la gestión de los recursos
7públicos . La noción de corrupción típica de los 8estados modernos era casi desconocida .
A comienzos del siglo XX, se termina con el militarismo caudillista y se implantan ciertas reglas de juego para el acceso al gobierno y el ejercicio del mismo, y el sistema político emergente adquiere
9cierta estabilidad y continuidad . Hacendados costeños y gamonales andinos manejaban los asuntos públicos al viejo estilo patrimonialista y clientelístico, lo que no significa la ausencia total de intentos de lucha contra la corrupción en el estado peruano. Hay estudios recientes que documentan
10algunos esfuerzos en el gobierno de Leguía y ya se escuchaban voces de denuncia de la corrupción y
11venalidad de los gobernantes .
En el siglo XX, los liderazgos populistas establecen relaciones verticales y paternalistas con la población.
Los caudillos hacen concesiones, más como dádivas que por corresponder a los derechos de aquélla. Esto quizás reforzó la idea de que el acceso a los recursos públicos depende más de la buena voluntad del líder y de los favores que éste otorga, bajo la noción de que éste puede disponer y manejarlos a discreción, con
12pocas restricciones o controles .
La instauración de la democracia en los años 80, crea nuevas condiciones para el control del gobernante y de los funcionarios públicos, con crecientes demandas de lucha contra la corrupción y la venalidad de aquéllos, lo que se consagra en la Constitución Política de 1979. Aunque estas medidas tuvieron una efectividad relativa, el tema se instala ya en la agenda oficial y prácticamente ninguna fuerza política que aspira al poder podrá obviarlas.
La modernización del Estado contribuirá también a ir instalando la noción de lo público y lo privado como esferas separadas, y la necesidad de que aquél
7 Cotler, obra citada. Ver especialmente capítulos 1 (“La herencia colonial”) y 2 (Desintegración político-económica y reorganización colonial”).8 En aquella época, la separación público/privado no existía aún, ni siquiera en la Europa occidental, donde como vimos, nace en el transcurso de los siglos XVIII-XIX.9 Cotler, J., obra citada, caps. 3 y 4; ver también López, Sinesio: El estado oligárquico. Un ensayo de interpretación, en La investigación en ciencias sociales en el Perú. Reseña y avances. Ediciones Tarea Lima, agosto de 1978, pp. 140-165. Del mismo autor, Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de ciudadanía en el Perú. Instituto Diálogo y Propuesta, Lima, diciembre de 1997. Cap. 3. Sobre la República Aristocrática, ver Flores-Galindo Alberto y Burga, Manuel: Apogeo y crisis de la República Aristocrática. Ediciones Rikchay, Lima, 1978.
10Portocarrero, Felipe y L. Camacho: Impulsos moralizadores: el caso del Tribunal de Sanción Nacional 1930-1931, en Portocarrero, F. (editor) El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad del Pacífico – IEP ediciones, Lima, 2005, pp. 35-73.
11Cotler, Julio, obra citada, capítulos 4 y 5. Ver también Gonzales, Osmar: La crisis de los partidos peruanos. Apuntes para una lectura sociohistórica. En Espacio Abierto, Asociación Venezolana de Sociología, Maracaibo, septiembre-diciembre año/vol 8, Nº 003, pp. 305-324.
12Cotler, op. cit., capítulos 6 y 7. López, obra citada capítulo 5. Gonzáles Osmar, obra citada.
Movilización de población Aymara en la región Puno
represente el interés general, cuestionando la herencia patrimonialista del pasado. Sin embargo, persistieron algunos estilos tradicionales, aunque de manera encubierta, y cierta idea de ejercer una gestión de los asuntos públicos sin dar cuenta a la ciudadanía.
Un Estado grande, complejo, con numerosas dependencias y con empresas públicas diversas será un botín demasiado atractivo y codiciado que, en el marco de una débil capacidad de supervisión, se convertiría en objeto de intentos, frustrados o exitosos, de captura y usufructo por parte de grupos o coaliciones a favor de intereses particulares.
De otro lado, surgen también grupos y personali-dades cuyo rol va siendo creciente en la fiscalización del poder político, denunciando el atropello a los derechos ciudadanos o irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Las denuncias y campañas contra autoridades corruptas van ganando carta de ciudadanía, aunque la preocupación sistemática por ellos es un asunto de minorías. La débil institucio-nalidad del país y la escasa experiencia democrática de poner frenos y contrapesos al poder relativizan los esfuerzos anti-corrupción. Pese a ello en casi toda campaña política, el tema es agitado como una importante reivindicación por las diversas fuerzas políticas existentes.
La crisis de los años 80 acelera el colapso del modelo económico y del Estado entonces vigente. Las acusaciones de corrupción contra partidos y líderes gobernantes van a ser constantes, y se la considera uno de los principales males del país. Se insiste en la necesidad de emprender serias reformas, incluida la reducción del Estado, lo que garantizaría también erradicar la corrupción, asociada a un estado sobredimensionado, burocrático y con una serie de controles y mecanismos que trababan artificialmente
13el funcionamiento de las reglas del mercado .
Las reformas estructurales de los años noventa reinstauran una economía de libre mercado y reducen el tamaño del Estado. El proceso vino sin embargo acompañado por un incremento de la corrupción y con el surgimiento de una élite que aprovechó las reformas para enriquecerse y
14apropiarse de recursos públicos , echando por tierra
en el Perú la idea entonces aceptada entre especialistas de que la restauración del libre mercado y el desmontaje del estado populista eliminaría o disminuiría la corrupción, como parece haber ocurrido en otras regiones del planeta.
El control del sistema político y de los medios de comunicación, neutralizaron las denuncias aisladas sobre las graves irregularidades que venían
15ocurriendo . Pese a ello, estas contribuyeron al colapso del régimen.
El nuevo régimen democrático de la década pasado puso por primera vez la lucha contra la corrupción como uno de los grandes objetivos nacionales. Partidos y medios de comunicación se pronunciaron a favor de ello, y hasta se creó una instancia (Iniciativa Nacional Anticorrupción – INA), que efectuó un diagnóstico de la problemática en el país y presentó lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes orientados a luchar contra esta. Desde entonces, los esfuerzos han tenido altibajos.
Algunos estudiosos del tema consideran que, en los últimos años, se han dado al menos dos modelos de corrupción en nuestro país: un régimen centralizado y autoritario, donde la corrupción era controlada desde la cúpula, que permite políticas anti-corrupción en niveles inferiores del estado; y un régi-men más democrático, con la corrupción dispersa y “descentralizada” por toda la estructura del poder. El primer modelo es económicamente más costoso para el país; el segundo lo es políticamente, pues crea la sensación de una corrupción generalizada que des-
16prestigia el sistema democrático .
Bajo el gobierno del Presidente Humala, se ha dado un nuevo impulso a la lucha anti-corrupción, fortale-ciendo la Comisión de Alto Nivel (CAN) creada en el año 2010. Debe destacarse la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, que busca generar cambios institucionales y normativos que articulen las entidades de combate a la corrupción. El plan tiene 5 objetivos específicos, 15 estrategias y 55 acciones a implementarse a nivel nacional.
En síntesis, existen diversas maneras de conceptua-lizar la corrupción, las que, independientemente de
13 Para una visión e interpretación de las reformas estructurales de los años noventa, ver, entre otros, Gonzales de O., Efraín: El neoliberalismo a la peruana. Economía política del ajuste estructural 1990-1997. IEP ediciones, Lima 1998, 1ª edición.
14 Ver Rospigliosi, Fernando: Montesinos y las Fuerzas Armadas, cómo controló durante una década las instituciones militares. IEP ediciones, Lima, 2000. Ver también Murakami, Yusuke: Perú en la era del chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. IEPO ediciones – CIAS, Lima, 2007.
15 La corrupción mostró facetas inéditas para la teoría; habituada a considerar cómo el poder público es usado por individuos o grupos privados, se vio confrontado a un fenómeno poco usual: la corrupción de empresarios privados por el poder público, tal cual ocurrió con los dueños de canales de televisión.
16 Ver por ejemplo Tanaka, Martín: La estructura de oportunidad política de la corrupción en el Perú: algunas hipótesis de trabajo, en Portocarrero, Felipe (editor) El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos, editores. Lima, 2005, pp., 355-375.
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sus énfasis, hacen hincapié en la relación en el uso privado de bienes públicos. El fenómeno tiene una larga trayectoria en la historia peruana, pudiendo documentarse evidencias desde tiempos coloniales, estando asociada a estilos tradicionales como el patri-monialismo y el clientelismo, ya definidos anterior-mente, así como a la ausencia o debilidad de frenos y contrapesos al poder. La idea de que el acceso a los recursos públicos depende de la buena voluntad y favor del gobernante antes que del derecho que co-rresponde a todo ciudadano.
La modernización del Estado en el siglo XX, con la creación de ciertos controles y una mayor asimilación de lo público/privado como esferas separadas. Surgen grupos ciudadanos que luchan contra la corrupción, especialmente en la política, aunque la débil institucionalidad, la escasa experiencia democrática y la poca transparencia en la gestión pública relativizan o bloquean estos esfuerzos.
La crisis del modelo económico y de Estado en los 80 se da en medio de un fuerte desprestigio de la clase política, muchos de cuyos miembros son acusados de corruptos. Las corrientes neoliberales defienden la idea de que las reformas y privatizaciones, al reducir el Estado, eliminan los factores de corrupción, pero la experiencia demostró que, al menos en el caso perua-no, esto no ocurrió y la corrupción más bien aumento en pleno proceso de reformas. El hecho es que, en este nuevo siglo, la corrupción como fenómeno que hay que controlar o eliminar se ha arraigado ya en el discurso político del país, aun cuando los avances en la materia no son uniformes ni lineales.
3. Dimensiones socioculturales de la corrupción en el Perú
La historia y la política son excelentes referentes para entender el tema de la corrupción; sin embargo, por ser un fenómeno multidimensional y multicausado, hay que examinar otros factores de similar importancia. Por ello, aquí vamos a explorar
elementos de la esfera social e institucional que contribuyan a abordar el problema, poniendo especial énfasis en cómo es visto este fenómeno por la sociedad y, dependiendo de diferentes condiciones, cómo puede incluso ser socialmente consentido. Un primer elemento es la inexistencia de una noción de comunidad política nacional en el Perú. La mayoría de peruanos no nos concebimos como parte de una comunidad formada por ciudadanos sujetos de iguales deberes y derechos, compartiendo además de territorio, soberanía y cultura, una idea de bien común más o menos consensual. Ateniéndonos a investigaciones realizadas en otros ámbitos, la falta de esa idea condicionaría la actuación de políticos, funcionarios y empleados encargados de la administración del poder y los asuntos públicos, muchas veces anteponiendo intereses personales o grupales en detrimento del colectivo, lo que facilitaría la comisión de actos corruptos que, justamente, atentan contra los recursos y bienes
17comunes .
La cultura política vigente contiene ciertas representaciones y valores que alimentan una tolerancia a la corrupción. En la tradición política del país, hasta hace poco ha estado fuertemente arraigada la idea de que el caudillo que controla el poder es en la práctica un “dueño” del mismo, el cual puede ejercerlo casi sin restricciones.
El ejercicio transparente del poder y la idea de establecer controles que lo vigilen y lo obliguen a cumplir las leyes no han formado parte del “sentido común” político generalizado. Una idea muy arraigada en la cultura popular peruana alude a la tolerancia que se tiene frente a un gobernante: “roba pero hace obras” es una expresión bastante conocida y pronunciada.
17 Ver Cotler, Julio, op. cit. capítulo 1.
Una idea muy arraigada en la cultura popular peruana alude a la tolerancia que se tiene frente a un gobernante: “roba pero hace obras” es una expre-sión bastante conocida y pronunciada.
Estas nociones también están instaladas en algunos sectores de funcionarios públicos ubicados en distintos niveles; no son raros los que se sienten “propietarios” de sus puestos y desde ellos, lejos de ser servidores públicos en el sentido formal del término, en la práctica “conceden favores” a la población, la que debe recompensar lo recibido con otro favor (normalmente dinero u otros bienes).
El uso de los cargos públicos para enriquecerse, aun cuando formalmente esté penado por las leyes, es algo tolerado en diversos sectores sociales. Esta idea podría ser una respuesta a un hecho heredado de décadas de pobreza y subdesarrollo: las oportunida-des en este país son escasas y sólo están disponibles para las clases privilegiadas; por lo tanto, una manera de saltar por encima del bloqueo de oportunidades que el sistema impone a la mayoría de ciudadanos es el aprovechamiento del Estado para lograr “sacarle la vuelta” a esa exclusión.
Se dice de otro lado que la cultura nacional contiene una serie de normas y valores que la hacen tolerante a la corrupción, y se habría internalizado la idea de que el comportamiento desviado, la no obediencia o transgresión a las normas es en realidad algo normal y no excepcional, lo que ha conducido a desarrollar una alta tolerancia a esas desviaciones. Ello es posible gracias a una idea muy generalizada ya citada: si el ordenamiento legal es profundamente injusto, y sólo defiende los intereses de una minoría privilegiada, “sacarle la vuelta” es no sólo comprensible sino hasta deseable. El comportamiento “pendejo”, es decir, la viveza criolla, transgresora, que arrasa con la legalidad y con todo el ordenamiento oficial vigente,
18resulta incluso algo admirable, un ejemplo a seguir.
Hay que mencionar también el panorama de desconfianza generalizada existente en el Perú, donde la mayoría de la población no confía en los gobernantes ni en las más importantes autoridades e instituciones del país; la idea de que “todos los políticos son corruptos” expresaría dramáticamente la situación.
La imagen que se puede construir a partir de este breve recorrido es la de un país en donde la corrupción, un fenómeno muy antiguo, tolerado y arraigado en el sistema político y social, es percibido como uno de los grandes problemas del Perú, que afecta sobre todo a los políticos y gobernantes, y está muy arraigado en importantes instituciones, lo que contribuye a generar desconfianza y a deslegitimar el sistema y las instituciones vigentes. La población expresa una gran conciencia acerca del fenómeno, acerca de lo negativo que es, rechaza autopercibirse
como corruptos, pero sabe al parecer cómo desempeñarse en ese registro.
La modernización del Estado y la sociedad, los avances en los procesos de institucionalización y las influencias de tendencias externas en los últimos años, han ido creando corrientes crecientes de rechazo a la corrupción, estructurándose también una normativa y un aparato destinado a controlarla en el Estado. Los avances han sido sin embargo muy heterogéneos, y no parece existir una tendencia uniforme de progreso.
En el plano político e institucional, el grado de corrupción parece estar en estrecha relación con un conjunto de factores, entre ellos, el carácter del régimen que se implanta, el sistema de partidos en competencia, las instancias y procedimientos de control y fiscalización, el papel de los medios de comunicación, entre otros. La influencia de organismos financieros internacionales (Banco Mundial, FMI, BID y otros que desarrollan iniciativas de lucha anticorrupción) será también importante.
En el plano de la cultura, el tema parece relacionarse con la vigencia de ciertos valores arraigados, que toleran los actos corruptos y de transgresión de las normas oficiales. La desconfianza generalizada, la debilidad de las instituciones (real e imaginada), la ausencia de una noción de ciudadanía o de la percepción de la existencia de un orden público común, alimentan una suerte de “espíritu transgresor” del cual la “cultura de la corrupción” parece ser un subproducto.
18 Ver al respecto: Portocarrero, Gonzalo: La transgresión como forma específica de goce del mundo criollo. En López M, Santiago, G. Portocarrero, R. Silva Santisteban y V. Vich (editores) Estudios Culturales. Discursos, poderes, pulsiones, Pontifica Universidad Católica del Perú; Universidad del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos, editores. Lima, diciembre del 2001. pp. 540-565. Del mismo autor, ver: Rostros criollos del mal, Pontifica Universidad Católica del Perú; Universidad del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos, editores. Lima, 2004. Cfr. especialmente el ensayo “Moralismo, contestación y cinismo como posiciones de enunciación de los juicios en la juventud peruana”, pp. 103-140. Ver también: Portocarrero, Felipe (editor) El pacto infame. Estudios sobre la corrupción en el Perú, Pontifica Universidad Católica del Perú; Universidad del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos, editores. Lima, 2005.
13
Conflictos sociales y corrupción: Impactos en la gobernabilidad local
En años recientes, el país ha sido testigo del aumento de la conflictividad social, derivado fundamentalmente de la llegada de industrias extractivas, especialmente de empresas mineras, atraídas por los altos precios internacionales, las ventajas comparativas del país y las favorables reglas de juego establecidas.
Las estadísticas disponibles muestran que, a octubre del presente año, un 53% de los conflictos registrados por 1la ONDS se desencadenaron en torno a las industrias extractivas (38% por minería, 15% por hidrocarburos ).
Junto a estos, se pueden hallar también otros conflictos sociales que competen a la esfera de los Gobiernos 2Locales o Municipalidades , los mismos que suelen ser registrados en las estadísticas mensuales de la
Defensoría del Pueblo. Así, en el Reporte N° 116, correspondiente a octubre del presente año, se consigna la existencia de 22 conflictos (13 “activos” y 9 “latentes”) en 12 departamentos del país. Justamente, en varios de estos casos, el elemento corrupción está presente, y ha influido de distinta manera en el desencadenamiento o agravamiento del mismo.
1 Ver al respecto Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad: Willaqniki N° 12, noviembre 2013, ver cuadro N°1, p. 39.2 Estos conflictos no suelen ser competencia del Gobierno Nacional, motivo por el cual, la ONDS no los registra, a menos que, excepcionalmente, haya tenido que intervenir.
acusaciones y amenazas de revocación que, en no pocas ocasiones, se han cumplido. Esta situación afecta la gobernabilidad local y agrava la inestabilidad política en zonas periféricas del país, especialmente las rurales.
5) Políticas y prácticas de ciertas empresas, así como actitudes y comportamientos de funcionarios poco respetuosos con la cultura y tradiciones locales, y con los estándares democráticos de un moderno Estado de Derecho.
6) Prácticas clientelistas y caudillistas institucio-nalizadas en el quehacer político. Se trata de relaciones entre líderes, autoridades y caudillos con la población (o un sector de ella), intercambio de favores que permiten a los primeros asegurarse una base de apoyo y lograr réditos electorales y/o políticos; y a los segundos, acceso a bienes, servicios, puestos de trabajo o parcelas de poder local.
En el caso específico de los gobiernos locales, la corrupción no parece constituir un elemento fundamental en el desencadenamiento de conflictos sociales, aunque ciertamente puede contribuir a agravarlos. La corrupción puede ser además un elemento de “control” de la conflictividad. El conflicto social ligado al fenómeno de la corrupción, dependiendo del tipo de régimen político en el cual se enmarque (democrático o menos democrático), tendrá distintas manifestaciones y resultados.
Los gobiernos menos democráticos obstruyen las posibilidades de competencias partidarias y políticas, con ello, los canales de representación política, se ven perjudicados y dan paso a un sistema clientelista; en consecuencia, “la eliminación de la competencia política a través de la captación del contrincante político, generan una concentración de poder que sería la causa principal para que aflore la
4corrupción” . La concentración de poder hace que la corrupción pueda encontrar un mejor escenario donde asentarse y establecer redes. En un régimen más democrático, la población tendrá mayores opciones de organización y control frente a denuncias de este tipo.
“El tipo de régimen político puede incentivar o desincentivar diferentes tipos de acción colectiva; es decir, la forma en que las características del régimen, particularmente de la relación entre la sociedad y el
Las causas de fondo de la conflictividad social se relacionan con una serie de factores que son necesarios de mencionar, y que la experiencia de
3trabajo de la ONDS corrobora . Entre los más importantes, pueden señalarse los siguientes:
1) Disputa por recursos económicos y naturales. En el caso de las industrias extractivas, las poblaciones no se sienten involucradas en el desarrollo económico y no perciben directamente los beneficios de la inversión privada y pública, considerando que la industria minera en los últimos años se ha instalado en las zonas andinas del país, caracterizadas por la desigualdad, pobreza y ruralidad.
En estos ámbitos, el incremento de los ingresos municipales por el canon minero y otras fuentes ha generado expectativas entre diversos líderes y grupos locales por acceder al control y disposición de los mismos, contribuyendo también a generar disputas, ya sea por la vía electoral o mediante pugnas de carácter político.
2) Débil presencia del Estado. De acuerdo al Índice de Densidad del Estado (IDE) elaborado por el PNUD, las provincias en donde se ubican los proyectos mineros y de hidrocarburos, en comparación al nivel nacional, muestran promedios provinciales inferiores en términos de acceso a bienes y servicios públicos. Algo similar ocurre en muchas otras munic ipal idades rurales del país , especialmente en los departamentos andinos, en donde la cobertura proveída por distintas entidades públicas es deficitario.
3) Existencia de altos niveles de desconfianza de la población en las instituciones públicas. El grueso de la ciudadanía del país no confía ni otorga credibilidad al Estado y sus distintas entidades, lo que le resta legitimidad como actor que representa el interés general. Autoridades y funcionarios del Gobierno Nacional, tanto como otras de nivel regional y local, suelen ser miradas con recelo por la población, y no gozan de un amplio reconocimiento.
4) Precariedad y fragmentación del sistema político, lo que condiciona la existencia de una representación política muy débil y escasamente legitimada, que suele ser elegida con bajos niveles de votación y, en muchos casos, son objeto de cuestionamientos,
3 Información extraída de la exposición del trabajo de la ONDS del 19 de julio de 2013. 4 Ver al respecto, Informe de la Lucha contra la Corrupción en el Perú 2011 -2012. Lo que nos deja el gobierno aprista y lo que se avanzó en el primer año del nuevo gobierno. GTCC, setiembre 2012.
5 Ver al respecto, Panfichi, Aldo y Coronel, Omar. Relación entre Régimen Político y Conflicto Social en el Perú 1968-2008.
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con movilizaciones y tomas de locales, buscando lograr su renuncia o la declaratoria de vacancia en su cargo. Los derechos de participación y control ciudadano como la revocatoria, pueden en determi-nados casos generar impactos negativos en la gobernabilidad democrática, especialmente en contextos de muy débil institucionalidad como
7ocurre en muchos distritos rurales del país .
La corrupción afecta así a la gobernabilidad local, tanto si es una práctica instalada y ejercida desde el poder como si quienes lo detentan son acusados de corruptos, encontrándose su gestión constantemente jaqueada y amenazada por movilizaciones y acciones que obstaculizan o paralizan el trabajo.
En estos años, numerosos conflictos en gobiernos locales tuvieron en la corrupción a uno de los factores a los que más se apeló para cuestionar a las autori-dades, movilizar a la población y lograr la vacancia. La dinámica de estos conflictos es más o menos
8conocida , y la preocupación en torno a ellos ha conducido al planteamiento de diversas alternativas desde el Estado. Las iniciativas más destacadas han incidido en la necesidad de introducir, entre otros, reformas electorales que atañen a propuestas en torno a los requisitos para ser candidato y para la inscripción de organizaciones políticas, fiscalización de los comités partidarios, cambios en la legislación electoral con el fin de dar más estabilidad a las autoridades elegidas, entre otros elementos. La revisión de dichas instituciones electorales y políticas, contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad local, aunque no sean suficientes para combatir los factores de fondo de la corrupción (real o imaginada).
Abordar el tema de la corrupción desde una perspectiva que busque la prevención de los conflictos generados o agravados por ésta, evitando así su estallido, demanda un trabajo en varias dimensiones, y desde distintos frentes, que comprometa no sólo al Estado, sino también a otros actores provenientes de la sociedad civil.
Por ello, desde el enfoque de la ONDS, resulta imprescindible diseñar y desarrollar una estrategia que opere simultáneamente en varios espacios o dimensiones: a) desde el Estado en sus distintos niveles y sectores, b) desde la sociedad civil y; c) desde las empresas y el sector privado en general.
Estado posibilita formas de acción colectiva, y mayor 5o menor uso de la violencia en el conflicto” .
Muchos de estos conflictos han estado fuertemente ligados al tema en diversas modalidades:
a) Acusaciones de corrupción contra el alcalde y otras autoridades locales por “malos manejos” (supuestos o reales) de los recursos municipales. En unos casos, tales denuncias parecen tener funda-mento real, en otros, son imputaciones de enemigos políticos (generalmente candidatos perdedores o personas de su misma lista) que buscan la destitución de las autoridades con la expectativa de acceder a los cargos. No es infrecuente que quienes encabezan estas protestas contra la corrupción en las municipalidades, hayan incurrido antes (o terminen haciéndolo) en prácticas similares, demostrando que las banderas enarboladas son, en el fondo, un pretexto para realizar sus propios objetivos políticos.
b) Acusaciones de corrupción cuyo trasfondo es la denuncia de autoridades por su supuesta (o real) inacción e ineficiencia, o por el incumplimiento de sus promesas electorales. Estas son sindicadas como corruptas por no hacer supuestamente lo que se espera de ellas, lo que despierta sospechas sobre su honestidad en el manejo de los recursos, pues alguien que no hace obra, es seguramente porque está apropiándose de la plata.
c) Denuncias por corrupción de alcaldes o regidores con un manejo poco transparente de sus decisiones o con actitudes autoritarias frente a la población o a sus opositores políticos. Estas acusaciones se hacen a alcaldes o regidores que no muestran apertura a las demandas de ciertos líderes y dirigentes, o de la misma población.
Todas estas situaciones ocurren en un marco de gene-ralizada desconfianza y escasa legitimidad de las autoridades electas. La sospecha está instalada, junto al conocimiento por parte de diversos grupos de actores, de la existencia de normas y mecanismos de
6participación y control del desempeño de aquellas .
Los conflictos pueden desatarse cuando un grupo de regidores, líderes o dirigentes opositores a la gestión del alcalde, con frecuencia apoyados por un sector de la población, cuestionan abiertamente a la autoridad y piden su destitución, acompañando sus reclamos
6 Ver al respecto, Caballero, Víctor: Conflictos sociales por corrupción en los gobiernos locales: las disputas por el poder local en escena. Proética. Consejo Nacional para la Ética Pública, Lima, diciembre del 2009. 1ª edición, capítulo pp. 23-33.
7 La gobernabilidad "se puede entender como la capacidad estatal para transformar democráticamente los conflictos sociales, y de construir consensos, siguiendo reglas planteadas por el orden constitucional”. Ver al respecto, PrevCon-PCM. Transformación democrática. Una apuesta para el abordaje de los conflictos sociales. PCM, Lima, enero 2011.
8 Caballero, obra citada.
a) Afrontando los conflictos por corrupción desde el Estado
La gobernabilidad local demanda lograr una mayor estabilidad política, para lo cual es necesario, sin duda, fortalecer el sistema político local y democrático, de tal manera que las organizaciones políticas (partidos y movimientos locales) aseguren un mejor desempeño y gestión de sus dirigencias y autoridades, al mismo tiempo, tengan garantizadas mejores estándares de gobernabilidad. A su vez, el cumplimiento y control de los mecanismos de transparencia que permitirán a la autoridad estar protegida, en caso, las acusaciones por corrupción sean supuestas y no reales. En ambos casos, se demanda el fortalecimiento de la institucionalidad política, así como de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Esto demanda la dación de nuevas normas electora-les y políticas, que fortalezcan la institucionalidad política así como los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana al desempeño de sus
autoridades. Esto involucra iniciativas provenientes de los órganos electorales para fortalecer los partidos, pero también de otras entidades interesadas en desarrollar la fiscalización y la intervención de la ciudadanía de modo que esta pueda estar informada del comportamiento de la autoridad y alerta ante cualquier problema.
Desde el Estado, será necesario también impulsar propuestas e iniciativas provenientes de los órganos electorales para fortalecer el sistema político local, pero también de otras entidades interesadas en desarrollar la fiscalización y la intervención de la ciudadanía de modo que esta pueda estar informada del comportamiento de la autoridad y alerta ante cualquier problema.
b) El rol de la sociedad civil
La estrategia para prevenir los conflictos sociales por corrupción no debe sin duda limitarse a trabajar con el Estado (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales). Hay que dirigirse también a la
Protesta de ciudadanos en Lima
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ciudadanía, especialmente en las municipalidades rurales caracterizadas por una alta sensibilidad al conflicto.
Es necesario que la sociedad civil esté informada no sólo sobre la legislación que castiga los actos corruptos de autoridades y funcionarios públicos, sino también sobre aspectos conceptuales y prácticos del fenómeno.
c) Las empresas y el sector privado
Este es un tercer pilar en la lucha contra la corrupción, la que contribuirá al control de la conflictividad. Muchas veces, las sospechas (o actos concretos) de corrupción que involucran a empresas o ejecutivos de éstas desatan la crisis, debido a la desconfianza o fundadas sospechas de haber corrompido a funcionarios públicos para obtener ventajas en el acceso a recursos públicos, por encima de los intereses de la ciudadanía en general. En otros casos, la simple desinformación acerca de la naturaleza de los procesos (concursos de precios, licitaciones) pueden originar los problemas.
Por ello, es importante diseñar acciones dirigidas a superar estos déficits de información pero también actividades que permitan apreciar la transparencia y la conducta ética de las empresas mismas. En el tema de empresas y sector privado, hay iniciativas para la transparencia por la ejecución de fondos prove-nientes de las industrias extractivas como el EITI.
Del mismo modo que en otros tipos de conflicto, la prevención es la estrategia más efectiva para su tratamiento, mejor aún si se los puede abordar en sus fases iniciales y evitar el escalamiento y la crisis. Hay aquí dos dimensiones clave: por un lado, la político-normativa, que implica la dación de dispositivos que permitan fortalecer la institucionalidad de los partidos y el sistema político local, de modo que se pueda afianzar la estabilidad y reducir la precariedad existente. De otro lado, el Estado y sus instituciones encargadas de afrontar la conflictividad social, deben incorporarlos en sus enfoques y acciones, incluyendo labores de mediación, facilitación y negociación, pero también de formación, capacitación y difusión.
Es también esencial el trabajo con actores de la sociedad civil, con líderes, dirigentes y ciudadanía en general, fortaleciendo sus capacidades para ejercer vigilancia sobre las autoridades y mejorar su nivel de información acerca del funcionamiento de los gobiernos locales y cambiar valores y actitudes frente a actos de corrupción.
Movilización de ciudadanos en contra de autoridades regionales
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Diálogo en provincias tacneñas evidencian transformación de los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo
Cuando la empresa minera Southern Peru Cooper Corporation (SPCC) anunció, en septiembre del 2011, la ampliación de la concentradora de Toquepala y el embalse de relaves de Quebrada Honda, miles de tacneños se movilizaron para oponerse a su ejecución, porque, entre otras demandas, restaría agua a la actividad agrícola. Hubo toma de carreteras y decenas de heridos. La negativa de la empresa a dialogar en ese momento con las autoridades empeoró la situación de tensión. A este escenario, se sumó el rechazo de otras compañías en el resto de las provincias del departamento de Tacna.
En la provincia de Tarata, se rechazó el proyecto en la fase de exploración de la empresa Newmont, mientras que la Municipalidad Provincial de Tacna denunció que la puesta en marcha del proyecto minero Pucamarca de Minsur, pondría en riesgo de contaminación el canal de Uchusuma, que abastece de agua a la ciudad. En Jorge Basadre y Candarave, se opusieron directamente a la ampliación de la Planta Toquela.
Frente a esta situación, entre octubre del 2011 y febrero 2012 se decide instalar la Mesa de Trabajo
Cierre de la Mesa de Diálogo de Jorge Basadre (14.11.13).
Multisectorial de Tacna, con la participación de diversos actores públicos y privados a fin de canalizar sus demandas, entre ellas mejorar la calidad del agua y hacer frente a la contaminación. Lamentablemente, no se lograron acuerdos fundamentales que permitieran superar la situación.
Es así que, en julio del 2012 se decide abordar las problemáticas por provincias, conformándose dos Mesas de Diálogo para analizar la situación hídrica, ambiental y las propuestas de desarrollo en las provincias de Candarave y Jorge Basadre.
Cabe precisar, que si bien el área del proyecto de la SPCC solo es la provincia de Jorge Basadre, principalmente en el distrito de Ilabaya, para sus operaciones utiliza las aguas de la cuenca de Locumba, la cual abastece a Candarave.
En ese contexto, en el año 2012, la Resolución Ministerial N° 227-2012-PCM considera a Candarave como zona de influencia, y se forma la “Mesa de Diálogo para abordar la problemática hídrica, ambiental y propuestas de desarrollo en la provincia de Candarave, del departamento de Tacna” con la participación del Estado (MINEM, MINAM, presidida por la PCM-ONDS), las autoridades locales (alcalde provincial y distritales) y organizaciones sociales, que luego de arduas negociaciones, se aprueba la constitución de un Fondo de Desarrollo de 255 millones de nuevos soles para la provincia, aportado por Southern para los próximos 10 años. De este total, 150 millones de soles destinados exclusivamente a construcción de infraestructura hídrica como canales, represas y otros, S/. 10 millones realizar estudios hídricos en la cuenca del río Locumba. Así mismo, 50 millones de soles para inversión social e infraestructura y S/. 45 millones de ejecución inmediata para la elaboración de proyectos productivos y de desarrollo social, que a la fecha ha alcanzado el 49.78% de ejecución.
Además se estableció el compromiso de monitoreo participativo periódico de los puntos de control del agua, así como el monitoreo participativo mensual en la calidad del aire. La empresa también se comprometió al envío de reportes mensuales del uso
de agua y a no solicitar ninguna licencia adicional por el uso de agua superficial o subterránea.
Del mismo modo, en la provincia de Jorge Basadre, mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-PCM, se instaló la “Mesa de Diálogo para abordar la problemática hídrica, ambiental y propuestas de desarrollo en la provincia de Jorge Basadre, del departamento de Tacna”. Tras quince meses de diálogo, encaminados por la ONDS – PCM, se a l c a n z ó a c u e r d o s i m p o r t a n t e s c o m o l a implementación de un Fondo de Desarrollo de 100 millones de soles por parte de la empresa a favor de la provincia tacneña.
Dicho aporte estará dividido para los distritos de Ite, Ilabaya y Locumba y se orientará, principalmente, al sector agropecuario, el acceso al agua y el desarrollo de la población, por lo que se implementarán proyectos de riego tecnificado a nivel parcelario y programas de mejoramiento agropecuario. Al mismo tiempo se realizarán estudios hidrogeoló-gicos de toda la cuenca del río Locumba. También se establece que el Ejecutivo apoyará a las munici-palidades distritales, en la gestión ante las instancias correspondientes, para obtener el financiamiento de sus proyectos priorizados.
Para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, se instaló un comité de seguimiento por cada distrito de la provincia Jorge Basadre (Locumba, Ilabaya e Ite). Para ello, cada una de las municipali-dades y la empresa minera deben emitir las normas ejecutivas que correspondan para su instituciona-lización. Cabe precisar que en el comité de seguimiento participan el alcalde, representantes de la organización social, ya sea de la Junta de Regantes, Comité de Riego, representante del Colegio de Ingenieros y representante de la empresa SPCC y a la ONDS - PCM como garante.
Finalmente, la experiencia de las Mesas de las provincias tacneñas de Jorge Basadre y Candarave, revela el rol fundamental del diálogo en la transformación de los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo concertado.
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Atalaya y los logros del Grupode Trabajo Multisectorial
(FECONAPA) y representantes del Centro Poblado Oventeni y del Distrito de Tahuanía, así como el alcalde provincial de Atalaya, el alcalde del distrito de Sepahua y el Gerente del Gobierno Regional de la Sub región Atalaya.
En dicha sesión, se tomó nota de las demandas que por años vienen exigiendo los pobladores de Atalaya. El comisionado encargado de la ONDS - PCM identi-ficó demandas que correspondían a temporalidades diversas (corto y largo plazo).
Entre las principales demandas a corto plazo, se encuentran las vinculadas al saneamiento físico legal de los territorios de las comunidades nativas, a la carencia de electricidad, ausencia de servicios bási-
1cos como los de salud , restitución de la identidad e
En la tercera semana de noviembre, una comitiva integrada por los dirigentes indígenas y autoridades de la provincia de Atalaya (departamento de Ucaya-li), visitó la Presidencia de Consejo de Ministros para presentar sus demandas de atención al Estado.
La primera sesión, realizada el 18 de noviembre contó con la participación de los funcionarios de la ONDS-PCM y los dirigentes de la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA), la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de Aidesep - Atalaya (COORPIAA), el presidente de la Federación de Co-munidades Nativas de la Provincia de Atalaya
1 Una demanda puntal es la implementación de puestos de salud, pues de acuerdo a los testimonios cuando hay algún herido de gravedad se le debe llevas hasta Pucallpa, lo cual toma mucho tiempo y es costoso. “…es demasiado tiempo y los heridos llegan ya muertos”, afirma un dirigente.
Reunión con las organizaciones Amazónicas de Ucayali, alcalde de Atalaya, Sepahua y representante del GORE Ucayali (18.11.13).
involucramiento en la gestión de programas sociales 2para mejorar su efectividad .
La segunda sesión, realizada el 20 de noviembre, contó con la participación de la comitiva anterior-mente señalada y los representantes del Estado, quienes encaminados hacia el diálogo por la ONDS, llegaron a importantes acuerdos y compromisos.
En torno a las demandas de salud, la Oficina de Inversión Pública (OPI) del MINSA, se comprometió a levantar en un plazo máximo de 45 días, las obser-vaciones de la Dirección General de Programación de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas al perfil para la construcción del Hospital de Atalaya,. Posteriormente, se elaborará el expe-diente técnico y se ejecutará la obra. Asimismo, se informó que Sepahua y Tahuanía han sido conside-radas como sedes para establecimientos estratégicos del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PAR SALUD II) y el MINSA.
Sobre las demandas de transporte, se logró el compromiso del Ministerio de Transportes y Comu-nicaciones, para financiar la construcción de tres puentes y alcantarillas, en el tramo de la carretera Atalaya – Puerto Ocopa, que une los departamentos
3de Ucayali y Junín .
Frente a la demanda de restitución de identidad, se acordó con funcionarios de RENIEC articular con los alcaldes de la provincia de Atalaya y el distrito de Sepahua y con los líderes de cada comunidad, para que los pobladores interesados puedan acreditarse como registradores, luego de participar en sesiones de capacitación brindadas por la Reniec.
Finalmente, respecto a la electrificación, se coordinó con Energía y Minas, para la realizaciónde estudios de identificación de posibilidades de interconexión a la red nacional de energía.
Es importante mencionar que espacios como estos permiten una mayor articulación con los represen-tantes y autoridades locales, así como esclarecer y difundir las funciones de la gestión pública y sus respectivas competencias, entre ellas la de un sector específico del Gobierno Nacional (elaborar políticas y lineamientos) y las correspondientes a los Gobiernos Regionales y Locales (implementación y gestión).
2 Se propone establecer una estrategia que articule e involucre de manera eficiente a los alcaldes distritales y comunidad pues, en algunas oportunidades los productos llegan a destiempo y estos perecen.
3 El representante del ministerio de transporte aseguró que los puentes se ubicaran sobre las quebradas: Chinchine, Canuja y Shimpe Alto. Las alcantarillas se instalaran en las quebradas Pavote, Tres Marías y Pitza.
La Laguna Shanshococha y la aplicación de medidas correctivas por parte del OEFA
A fines de noviembre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, multó a la compañía Pluspetrol Norte S.A. con S/. 20 millones y ordenó como medida correctiva de aplicación progresiva, la compensación ambiental de la laguna Shanshococha, que consiste en generar una nueva laguna, o potenciar o proteger un cuerpo de agua en la zona de
influencia del lugar afectado, por haber contaminado y desaparecido la laguna de Shanshococha, ubicada en el lote 1AB, en el distrito de Andoas, en la provincia del Datem del Marañon (departamento de
1Loreto) .
La resolución directoral del OEFA indica que Pluspetrol Norte infringió las normas al haber “afectado la laguna con hidrocarburos líquidos, causando la pérdida ecológica irrecuperable del ecosistema que conformaba la laguna o realizando 1 Ver Resolución Directoral No 534 -2013-OEFA/DFSAI
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actividades de drenaje y remoción de suelos sin contar con el Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente; asimismo, por incumplir con informar al OEFA sobre la regularización de los trabajos de intervención en la cocha; y no comunicar al OEFA, dentro de las 24 horas, la afectación
2 ambiental a la cocha” .
Además, OEFA manifiesta que es fundamental realizar estudios hidrogeológicos en dicha laguna, pues permitirán evaluar la viabilidad de la compen-sación ambiental que deberá efectuar la empresa; y para que la medida correctiva que se adopte restitu-ya, de manera similar, los servicios ambientales pro-vistos anteriormente por aquélla, como la pesca, agua para consumo, hábitat para la fauna, entre otros.
Como se sabe, son las organizaciones indígenas quienes han manifestado sus reclamos y preocupaciones por los derrames petroleros ocurridos en los últimos 40 años, y la afectación de territorios y recursos como la laguna Shanshococha. Este caso en particular, se inicia en junio 2012 con el pedido de las organizaciones indígenas y la denuncia de la Federación Indígena Quechua del Pastaza
(FEDIQUEP), que a través de sus monitores ambien-tales comunitarios georeferenciaron la zona e identi-
3ficaron las zonas contaminadas . Esto posibilitó que ANA, OEFA y otros representantes del Ejecutivo supervisaran el ámbito y tomaran las muestras correspondientes. El área fue también visitada por una comisión de congresistas, que verificó in situ la situación.
Se trata de un caso emblemático, porque el tribunal de fiscalización ambiental definió una serie de sanciones, entre ellas la compensación y el monto, así como la aplicación de medidas correctivas. La empresa, por su parte, ha declarado haber cumplido con las reparaciones a solicitud de las organizaciones indígenas, y ha anunciado que apelará la sanción pecuniaria impuesta. Sin embargo, más allá de la discusión y de los procesos que han de desarrollarse en torno a dicha apelación, lo central es la obligación de las empresas en aplicar las medidas correctivas y reparar los daños ambientales en que incurrieron.
Líderes indígenas de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes, Loreto en la PCM.
2 Resolución Directoral No 534 -2013-OEFA/DFSAI3 Cabe precisar que la Laguna fue registrada por primera vez por el equipo de monitores ambientales de FEDIQUEP en junio de 2010.
De la represión a la prevención de los conflictos sociales vía el Diálogo
Policía Nacional del Perú
CUADRO RESUMEN 2011 -2013
AÑOHERIDOS FALLECIDOS
TOTAL
PNP CIVILES PNP CIVILES
1 2011 69 120 - 10 199
2 2012 246 272 - 37 555
3 2013 67 65 - 5 137
TOTAL 382 457 0 52 891
Fuente: Estado Mayor de la Policía Nacional
En los últimos años, el Perú no solo ha venido creciendo económicamente a un ritmo inédito en su historia, también ha consolidado un conjunto de consensos sociales y políticos que hace posible que más allá de las legítimas diferencias que existen entre los miembros de una comunidad democrática se pueda hablar de un horizonte común, que guíe nues-tros esfuerzos y nos una en un solo objetivo. Ese hori-zonte que no es otro que un desarrollo sostenible y equitativo, ha dejado de ser una ilusión para conver-tirse en una posibilidad, una meta palpable y real que gracias a estos consensos podremos alcanzar.
Nuestras diferencias, podríamos señalar que se materializan en el surgimiento de numerosos conflic-tos sociales entre distintos sectores de la sociedad, las empresas y el Estado, que dejan ver necesidades insatisfechas, comprensibles expectativas, proble-mas de exclusión y desconfianza, ineficiencia estatal, violencia y muchas veces, falta de diálogo.
En tal contexto, el esfuerzo del Estado en una mirada de ver al conflicto como “una oportunidad”, tiene como uno de los actores básicos del consenso a la Policía Nacional, caracterizada por conocer la realidad de los pueblos y su cercanía a la gente y los
problemas que los aquejan. De allí surge la posibili-dad de interpretar las diversas manifestaciones de la realidad y proponer una agenda que responda a ella.
Sin embargo, revisando el antecedente inmediato, vemos que hasta el mes de Julio del 2012, la Policía Nacional del Perú, asumió el rol de último actor fren-te a los conflictos sociales, actuando a través de la represión. En la mayoría de casos, esos escenarios ter-minaban con un alto costo social; basta remitirnos a los conflictos de Bagua, Andahuaylas, Espinar, Conga, Moquegua, entre otros, alimentando progre-sivamente el aislamiento entre el Estado y la comunidad.
Las cifras estadísticas del costo social ocasionado durante conflictos del 2011 – 2013, reflejan el resul-tado de heridos y muertos en este espacio de tiempo, significando que en los periodos 2011 y 2012 son altamente diferentes con relación al 2013, año en el cual se posiciona el concepto del diálogo interguber-namental, intersectorial y básicamente entre el Estado, la empresa y la sociedad civil.
Estas cifras revelan un serio problema, que compro-mete a las entidades del Estado llamadas por ley a
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gestionar los conflictos y a promover espacios de diálogo y de manera especial, a las fuerzas del orden que, en la fase de escalamiento y crisis del conflicto, intervienen para restablecer el orden público. Com-prometen también a las dirigencias sociales que conducen las protestas, pues ellas deben dirigirlas siempre por las vías democráticas y del diálogo y no con acciones ilegales.
De lo antes señalado, uno de los hitos históricos en el quehacer de la PNP frente a los conflictos sociales, es el fortalecimiento e institucionalización del concepto del diálogo para prevenir y solucionar los conflictos, logrando una mayor efectividad en la defensa de derechos individuales y colectivos que fortalecen la gobernabilidad y garantizan el modelo de desarrollo; cambio trascendental que guarda estrecha relación con la creación y fortalecimiento de la ONDS - PCM.
Los ejes básicos del cambio policial frente al conflicto social bajo el diálogo se sintetizan en:
· Capacitación de 600 efectivos de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional, por la ONDS-PCM a través del “Taller de Fortalecimiento de Capacida-des para la Prevención de Conflictos” constitu-yéndose consecuentemente parte del “Programa de Alerta y Respuesta Temprana de la PCM”. La proyección va orientada a la capacitación de 3,000 Efectivos PNP a nivel nacional.
· Aprobación de la Directiva No. 02-24-2013-DIRIN-PNP/EM-B del 2 de setiembre del presente año emitida por la Dirección General de la PNP, autorizando la obligatoriedad de las Unidades PNP para proporcionar información sobre conflictos sociales a la ONDS.
· Asesoramiento Policial al Alto Comisionado de la ONDS-PCM, que facilita la articulación perma-nente con la Policía Nacional, autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuradurías y repre-
1sentantes de la Sociedad Civil a nivel nacional .
En esta línea, a diciembre del 2013 el balance de las re-laciones de la Policía Nacional del Perú con la ONDS-PCM es altamente eficiente, por la articulación per-manente de los comisionados ONDS con el Personal policial, esencialmente en el interior del país y se confluye en una estructura de trabajo articulado entre comunidad, empresariado y los sectores del Ejecutivo de manera eficaz, basándose en los siguien-tes principios procedimentales:
· Evitar la confrontación mediante la prevención a través del diálogo.
· Coordinación oportuna, constituyendo a la Policía como el primer articulador entre los actores, dada su presencia en el escenario del conflicto.
· Estar familiarizados con el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
· Mantener una conducta reflexiva, ecuánime y ponderada.
· Estar debidamente compenetrado con el clima psi-cosocial imperante, familiarizándose con los posi-bles comportamientos y reacciones.
· Conocer las posiciones e intereses de los principales actores.
· Identificar a los promotores del conflicto.
· Contar con información oportuna.
· Comunicar a la PCM – ONDS mediante el Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART).
· Evitar el surgimiento o escalamiento de los con-flictos.
De lo acontecido, la posición policial parte del princi-pio que, “no hay garantía de respeto a los derechos sin capacidad dialogante, sin participación ciuda-dana, sin instituciones receptivas y cercanas al
2ciudadano” .
Finalmente, se recoge el compromiso de los policías bajo el ánimo e inquietud de contribuir a analizar una realidad muy compleja y de aportar a una mejor gestión y transformación de los conflictos sociales mediante el diálogo. Pero, sobre todo, la decisión de colaborar en la prevención de la violencia en las protestas públicas, con una meta muy clara en la que tenemos un gran consenso a nivel público y privado: ni un solo muerto más en conflictos sociales en el Perú y solución pacífica de los mismos.
1 RS N° 253-2012-IN emitida el 31 de diciembre de 20122 Informe Defensorial No.156 – Defensoría del Pueblo (Presentación).- Violencia en los Conflictos Sociales.
Importantes resultados del proceso de diálogo en Espinar
Breve recuento del conflicto
· El proyecto minero de cobre Tintaya Antapaccay opera en la provincia de Espinar, Cusco, desde el año 2006.
· En el 2010, se da un cambio de operador del pro-yecto (de BHP Billinton a Xstrata Tintaya). En ese marco, la Municipalidad Provincial de Espinar junto con el Frente Único de Defensa de los Intere-ses de Espinar (FUDIE) solicitan renegociar los tér-minos del Convenio Marco vigente, actualizado al 2005.
· 2011: Municipalidad de Espinar y FUDIE cursan propuesta de reformulación del Convenio Marco a Xstrata Tintaya, la misma que consta de las siguien-tes demandas:- Incremento del aporte social del 3% al 30% de utili-dades antes de impuestos.- Solución de problemas de contaminación de ríos de la provincia.
· Mayo 2012: Se declara una huelga encabezada por el alcalde provincial, Oscar Mollohuanca y miembros del FUDIE. Esta huelga duró ocho días, en el transcurso de los cuales la población realizó toma de carreteras para bloquear el acceso al proyecto minero. El costo social resultante de las protestas fue de dos fallecidos y 45 personas heridas (15 civiles) con la consecuente declaración de Estado de Emergencia en la provincia.
· Julio 2012: Mediante R.M. Nº164-2012-PCM se conforma la “Mesa de Diálogo para solucionar la problemática ambiental existente en la provincia de Espinar”, la misma que se subdivide en sub-grupos de trabajo de Medio ambiente, Respon-sabilidad Social y Desarrollo y Producción.
· Diciembre 2013: se aprueba el Informe Final de la Mesa de Diálogo de Espinar (MDE).
Resultados de la Mesa de Diálogo de Espinar
Luego de 17 meses de intenso trabajo, el 02 de diciembre del presente año, en reunión con los miembros de la Presidencia Colegiada de la MDE, conformada por el Ministro del Ambiente, Doctor Manuel Pulgar Vidal, el Presidente del Gobierno Regional de Cusco, Arq. Jorge Acurio, y el Alcalde provincial de Espinar, Sr. Economista Oscar Mollohuanca, se ha logrado aprobar el Informe Final de la Mesa de Diálogo de Espinar.
Con ello se sienta un antecedente valiosísimo de un proceso de diálogo que ha articulado tres niveles de gobierno con entidades privadas, con la finalidad de atender las demandas de la población en torno a problemas de contaminación ambiental y promoción del desarrollo productivo, fortaleciendo el rol del Estado como garante de los derechos ciudadanos, así como la confianza de la población de Espinar.
El Informe Final de la MDE detalla las acciones de urgencia realizadas, el informe de Monitoreo Sani-tario y Ambiental participativo, los avances del nuevo Convenio Marco y las próximas actividades a ejecutarse en el marco del Plan Integrado de Inter-vención Sanitaria y Ambiental y el Plan de Inver-siones para el desarrollo socio-económico y produc-tivo. Se incluyen también las medidas de responsa-bilidad social a desarrollar en la provincia por parte de la empresa Minera Antapaccay S.A.
Cabe resaltar que el Gobierno Central se ha comprometido a aportar más de S/. 900 millones para ser ejecutados en un lapso de 36 meses como parte de las acciones de monitoreo ambiental de corto, mediano y largo plazo.
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El caso Majes Siguas II
Antecedentes del conflicto
Conceptualizado como un “Proyecto Regional Integral de Desarrollo Agrícola y Energético”, su objetivo es obtener agua para irrigar hasta 60 mil hectáreas de tierras nuevas para la agricultura en las Pampas de Majes Siguas, región Arequipa. Para lograrlo, se necesita un trasvase por medio de túneles y canales del agua de los ríos Apurímac y Colca hacia la pampa en mención.
La primera etapa se inició en octubre de 1971, con la construcción de la represa Condoroma. La segunda etapa implica la construcción de la presa Angostura, ubicada en Arequipa, pero que usará aguas del Río Alto Apurímac, el cual atraviesa y afecta territorio cusqueño.
El conflicto y la crisis
Esta afectación de disposición hídrica para territorio cusqueño agudizó una rivalidad entre Cusco y Arequipa en torno al abastecimiento de agua, la que se remonta a la primera etapa del proyecto. En consecuencia, a inicios del 2010, se registraron protestas y cierre de carreteras y el 17 de setiembre hubo un enfrentamiento violento entre pobladores de Espinar y policías, dejando un muerto y más de veinte heridos.
Sentencia del Tribunal Constitucional
En el 2011, el Tribunal Constitucional ordena un nuevo y definitivo estudio técnico de balance hídrico integral, el cual sería abordado por un órgano tripartito, conformado por la PCM, el Gobierno Regional Arequipa y el Gobierno Regional Cusco. La ejecución del estudio técnico se encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (UNOPS).
Intervención de la ONDS
El plazo previsto inicialmente para la ejecución del estudio fue de 6 meses, pero el GORE Cusco se opone, argumentando que es necesario considerar tres ciclos hídricos para obtener resultados confiables. Solici-taron al menos 24 meses para el estudio. Finalmente el órgano tripartito acuerda un plazo de 10 meses para su realización, sin lograr consenso con Cusco. Por este motivo, en febrero 2013 la ONDS integra al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca en el proceso de diálogo.
Debido a las discrepancias con las autoridades y la población local, la UNOPS no pudo ingresar al campo para tomar las muestras correspondientes. Por este motivo se decidió realizar el estudio en base a una metodología aplicada. El 30 de setiembre del 2013, la UNOPS entregó su informe final a la
Reunión trascendental de alcaldes distritales de la provincia de Espinar, Presidente Regional del Cusco, Congresistas de Cusco y Arequipa, Jefe de la ANA, Alto Comisionado de la ONDS con el Presidente del Consejo de Ministros (03.12.13).
Autoridad Nacional del Agua (ANA) y tiempo después, el Tribunal Constitucional emite opinión favorable del mismo.
Resultados del proceso de diálogo
El 03 de diciembre último, luego de un largo proceso, se ha logrado canalizar un conflicto de carácter nacional que llegó a escalar hasta un punto crítico de violencia física y que enfrentaba los intereses de dos regiones del país.
El uso del diálogo como principal estrategia para abordar conflictos, ha permitido compatibilizar un proyecto estratégico de suma importancia para el desarrollo energético y agrícola de Arequipa, con la defensa de los legítimos derechos de acceso al recurso hídrico de los pobladores de ocho distritos de Espinar. El proceso de diálogo ha permitido que la población espinarense pase de una situación de vulnerabilidad a una donde se le garantiza el sumi-
3nistro de 5m de descarga permanente y regulada de agua (casi el doble del actual suministro natural del río Apurímac), viabilizando simultáneamente el pro-yecto Majes Siguas.
El éxito de este proceso de diálogo radica también en que se han logrado establecer altos niveles de legiti-midad en torno a los acuerdos tomas por las partes. Esto ha quedado expresamente formulado en las dos reuniones técnicas en las que la Autoridad Nacional del Agua ha presentado y entregado a los titulares de las regiones de Cusco y Arequipa, Jorge Acurio y Juan Manuel Guillén respectivamente, su informe sobre los resultados del estudio técnico de balance hídrico realizado por la UNOPS.
Estas reuniones técnicas fueron lideradas por el Pre-sidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálo-go y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc. Contó con la presencia del Jefe de la ANA, Jorge Montenegro Chavestal, de los dos presidentes regionales, 08 con-gresistas de la República representantes de ambas regiones y 05 alcaldes distritales de la provincia de Espinar.
Durante estas reuniones, se detalló que los estudios determinaron que el potencial hídrico en la región está garantizado, aun considerando los efectos del cambio climático. También se remarcó la necesidad de contar con obras de infraestructura hidráulica que permitan almacenar el agua de los ríos afluentes del Apurímac en época de lluvias, para aprovecharla en época de sequía.
Con este fin, la ANA presentó los avances de los pro-yectos de afianzamiento hídrico en los 08 distritos afectos de la provincia de Espinar, los que servirán para atender sus demandas actuales y futuras.
Es importante resaltar que la voluntad política del Gobierno Nacional, a través del Primer Ministro, ha permitido destrabar un conflicto de varios años, lo cual se ha concretizado en el compromiso de destinar S/. 350 millones para la ejecución de estas obras civiles de afianzamiento hídrico en Espinar. Es importante también resaltar que estas obras serán priorizadas por los propios gobiernos de la región Cusco, provincia y distritos de Espinar, fortalecién-dose la autonomía de los gobiernos sub-nacionales.
Entrega del estudio de balance hídrico de la cuenca del río Apurímac de parte del Jefe de la ANA al Presidente Regional del Cusco
Imágenesdel�Diálogo
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1. Impulsando la presencia del Estado en la Comunidad Nativa de Santa Sofía en la Región Loreto (06.11.13).
2. Participación de la ONDS con líderes indígenas en el Distrito de Morona en Loreto (12.11.13).
3. Reunión de trabajo con representantes del Datem del Marañón en la PCM (11.11.13).
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4. Instalación de la mesa de desarrollo en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca.
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5. Comisionado de la ONDS con líderes campesinos y técnicos de la Mesa de desarrollo de Corani, región Puno (14.11.13).
6. Reunión de evaluación intersectorial caso Valle Las Trancas - Nazca (22.11.13).
7. Inicio de la Mesa de Diálogo de Llata en Huánuco (15.11.13).
8. Visita de la delegación Boliviana a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - PCM (19.11.13).
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9. Primera reunión de balance del Fondo de Desarrollo de la provincia de Candarave (13.11.13).
10. Mesa de trabajo para la solución de la controversia del distrito La Huaca en Paita - Piura (25.11.13).
11. Reunión con la Comunidad Campesina de Huanacopampa en la PCM (27.11.13).
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12. Alto Comisionado de la ONDS - PCM con técnicos y autoridades de la comunidad de Ccahuanhuire tras una reunión en la PCM (27.11.13).
13. Presencia de comuneros en la Mesa técnica de Ayapata en la región Puno (06.11.13).
14. Taller de capacitación dirigida por USAID con la participación de la ONDS - PCM en la región San Martín (29.11.13).
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entrevistas
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“Las poblaciones y comunidades a las que atendemos nos brindan un voto de confianza...nuestra finalidad es atender sus demandas deforma adecuada, efectiva y sostenible, entendiendo sus particularidades y cosmovisión, pues así como el país es multicultural, también lo son los conflictos”
Pamela Maldonado García es socióloga de la Universidad Federico Villareal; trabaja hace seis años en la PCM en temas vinculados a la conflictividad social. Además de sus años de carrera laboral, nos confiesa que en su universidad, a la que caracteriza como netamente política, y por el contexto de aquella época -1995 a 2000- participaba activamente en las protestas universitarias. Esta experiencia le ha permitido identificarse con las demandas sociales y tener sensibilidad y apertura para el diálogo. Actualmente se desempeña como asesora de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros.
¿Cuándo ingresas a trabajar en la PCM y ver temas vinculados a conflictos sociales?
Hace seis años que ingresé a trabajar en la Presidencia de Consejo de Ministros. En aquella época, no existía la oficina como se conoce hoy en día, pues el abordaje de los conflictos era de las tantas funciones que tenía la Secretaría de Coordinación,
1órgano de línea de la PCM .
Posteriormente, estos temas salen de la Secretaría de Coordinación y se crea la Unidad de Conflictos Sociales; luego se forma la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales y, posteriormente, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. He pasado por todo el proceso, desde que la oficina estaba en cero.
Desde tu experiencia, ¿cuál es la función que cumple el comisionado de la ONDS-PCM?
El comisionado en la PCM-ONDS cumple muchas funciones, se habla mayoritariamente de gestión y prevención, pero ¿cómo definir estrategias de prevención o de gestión? Para ello el comisionado debe conocer la zona, coordinar con los dirigentes y que estas sean en buenos términos; conocer los problemas, ponerte en el lugar del otro, reconocer que existe la disconformidad y la demanda.
1 Cabe precisar que la PCM tiene tres órganos de línea, la secretaría de coordinación, la secretaría de gestión pública y la secretaría de descentralización
En ese sentido, la labor del comisionado es identificar esa demanda insatisfecha y además tener la capacidad de “llegar” a la población y demostrarles que van a ser atendidos. Esto no es tan sencillo pues aún hay mucha desconfianza y desazón con el desempeño del Estado. Con esto, la tarea del comisionado se duplica, pues no se trata simplemente de atender el conflicto sino definir qué estrategia se va a utilizar para que la población sienta que realmente va a ser atendida.
Actualmente, las poblaciones y comunidades a las que atendemos nos brindan un voto de confianza y somos conscientes de esta gran responsabilidad, por lo que a diario nuestro trabajo se enfoca en buscar las mejores alternativas de solución al estado de conflic-tividad existente. Nuestra finalidad es atender sus demandas de forma adecuada, efectiva y sostenible, entendiendo sus particularidades y cosmovisión, pues así como el país es multicultural, también lo son los conflictos.
¿Y consideras que este avance se deba a alguna estrategia en particular?
No es posible señalar una estrategia definitiva, porque una población de un determinado lugar es muy distinta a la de otro. Por eso reafirmo que el trabajo del comisionado es muy complejo, pues mientras define una estrategia para gestionar un caso en determinada zona y generar confianza, es posible tener otro grupo de personas a pocos kilómetros pero con demandas totalmente distintas. Por eso no se puede señalar o establecer una línea que determine “esta” es la estrategia.
Sin embargo, la ONDS ha establecido una política de trabajo que gira en torno a cuatro premisas funda-mentales: ponderar el diálogo como instrumento de gestión; trabajar en una perspectiva de prevención; buscar soluciones sostenibles y, construir una nueva relación entre Estado, empresa y comunidad para un desarrollo conjunto.
Me queda claro que más allá de instructivos y manuales para gestionar los conflictos sociales es fundamental la capacidad y sensibilidad de la persona que los aborda. ¿Pero, y qué sucede cuándo ingresa un nuevo comisionado?
A los nuevos comisionados se les da un tiempo de preparación y acompañamiento. Es difícil que el nuevo integrante ingrese sabiendo todo, ya que por lo general se cuenta con una temática exclusiva, pero en este trabajo se debe ver de todo un poco. Yo vengo de ver ecología ambiental pero ahora también veo
carreteras. En ese sentido, el comisionado nuevo necesita saber que no es fácil llegar a una zona y entender el problema. Primero hay que conocer su historia, la cultura, los usos y costumbres de la población, su vida cotidiana, que le permita una lectura acertada de las demandas. No es solo conversar sino sentir y entender realmente lo que dicen, es ponerse en su lugar, ponernos en sus zapatos.
Necesita, además, un tiempo de adaptación, de reconocimiento de la población y de los sectores, y estar convencido de que este trabajo, aunque agotador, es gratificante.
¿Cuántos casos has llevado? ¿Qué cambios has visto en la forma de abordar estos casos desde el Estado en estos años?
He trabajado muchos y diversos casos, algunos que se han resuelto en un día y no porque hayan sido poco complejos sino porque ya tienes la experiencia de cómo resolverlos, como hay casos que han durado cinco años. No te puedo dar el número exacto, son muchos. De estos, el mayor porcentaje son los vinculados a minería y medio ambiente y se han concentrado en los departamentos de Cerro de Pasco, Puno, Tacna, Moquegua, Ica, Ayacucho, Madre de Dios, Huánuco y Piura.
Entre los cambios principales, es que ahora soy asesora y no llevo un caso específico sino estoy donde hay una crisis. Mi función es apoyar al Alto Comisionado, Vladimiro Huaroc, en elaborar las estrategias que los coordinadores o los comisionados utilizarán frente a un determinado caso, fundamentalmente, aquellos en situación crítica. Además, junto a José Reátegui somos los especialistas en crisis, es decir cuando un caso llegó a su punto más alto, “estalló”, donde la población está totalmente exacerbada. No cualquier persona está capacitada para atender un caso de tal magnitud, una palabra mal expresada, un movimiento mal entendido, una parada, una mirada mal entendida hace que los ánimos se exacerben. Soy la persona a la que mandan cuando se dan estos casos de crisis.
¿Cuáles son los tres casos que más recuerdas de tu trayectoria en la ONDS y por qué?
El primero es el conflicto de la Cuenca Ramis, caso de conflicto ambiental originado por la actividad extractiva ilegal en la zona de Ananea que desemboca en la cuenca Ramis. Con esta actividad se ven afectadas por contaminación, cinco distritos y dos provincias en Puno, que son netamente agrícolas.
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Los funcionarios de la PCM se involucran en el caso en el 2007 cuando ya se había creado la Comisión Multisectorial para la Cuenca Ramis. El objetivo de la Comisión fue promover proyectos de remediación ambiental y proyectos de formalización de la minería, pero lamentablemente al no tener un marco normativo que avalara el trabajo ni normas claras, no se pudo avanzar mucho.
Los funcionarios estaban comprometidos pero había una falta de decisión política que ahora si la hay. Hice todo lo necesario dentro de nuestras competencias para atender la demanda ambiental en la zona, hice las coordinaciones que se tenían que hacer con los demás sectores -minería, ambiente, vivienda, agricultura- sin embargo tuvo poco efecto. Ahora ya se ha creado el Alto Comisionado para el proceso de formalización y se ha cumplido con las expectativas que la población tenía.
El segundo es el proceso de reasentamiento poblacional del proyecto Toromocho en Morococha, en el que yo me articulo con la mesa de diálogo cuando esta ya tenía dos años de haberse emitido la resolución de su creación pero aún no se había instalado, pues los miembros de la Comisión de ese momento no se ponían de acuerdo del proceso del diálogo para nombrar a los representantes de la sociedad civil.
Junto con la MCLCLP pudimos concluir el proceso de instalación de la mesa de diálogo en menos de un mes. Con las organizaciones que iban a participar, iniciamos el proceso de diálogo para definir el proceso de reasentamiento y la propuesta de convenio marco unificado, el que brindará estabilidad en la población de Morococha para los próximos 40 años.
El tercero, fue el caso del distrito del Alto en Piura y la empresa Petrobras, pues esta última había incumplido con la contratación de la obra local a la que se había comprometido. La población tomó el distrito por cinco días, incendiaron locales y parte del campamento de la empresa.
En ese contexto, me envían a iniciar el proceso de diálogo e instalar la mesa para garantizar el porcentaje de mano de obra local para la empresa Petrobras.
En este proceso, que duró 5 meses, la empresa asumió el compromiso de responder a varias demandas de la población, además de las laborales. Nosotros, como ONDS, hicimos el seguimiento.
¿Cuáles consideras que serían los principales retos para la ONDS?
Nuestro principal reto es que todos hagan del diálogo su principal instrumento para gestionar la solución de los conflictos. Del mismo modo, se utilice para coordinar y articular acciones conjuntas que establezcan una atención oportuna y efectiva a las poblaciones y comunidades, con una mirada de desarrollo sostenible. Muchos funcionarios piensan que los problemas se dan sólo por intereses políticos, que los llevan a tomar decisiones que no necesariamente resuelven la problemática, pues se convierten en soluciones pasajeras más no efectivas, y bajo esa premisa dialogan con las autoridades locales, dirigentes o pobladores sin entender realmente la motivación que los trae a buscar una atención.
Otro reto pendiente es que aún hay empresas que no hacen suyo este enfoque, por lo que se viene desplegando todos los esfuerzos desde la Oficina para que la interioricen y apuestan por un desarrollo conjunto y sostenible.
¿Cuáles son tus recomendaciones para el trabajo futuro, tanto para la ONDS como para los comisionados?
Tener un marco normativo que defina una política y se establezcan los lineamientos de acción, que a futuro nos permita tener continuidad y estabilidad frente a las decisiones que se tomen, pues la dinámica de la oficina ha ido cambiado, con avances y retrocesos, de ministro a ministro. Entonces se tiene que establecer claramente la política preventiva, la política de gestión, la política de cultura de paz, la política de diálogo.
Asimismo, es necesario definir la gestión interna de la ONDS, por ejemplo que se defina cuántas unidades se tendrán.
Además, es importante el aumento de personal que permita ampliar el área de intervención, pues hasta el momento no se tiene comisionados para todos los departamentos, y esto nos mantendría más articulados y facilitaría nuestra labor.
“Superar la desconfianza en el país debe verse como un objetivo y no como un punto de partida; uno debe construir confianza. ”
Hernán Vidal se considera un autodidacta y pasó por varias carreras: administración en un Instituto Tecnológico, economía en la Universidad San Martín y tiene una maestría en sociología en la PUCP. Sin embargo, uno de los temas que más le apasiona es la filosofía, ya que es una ciencia que intenta darle una razón a las cosas que uno hace.
Fue dirigente de la Federación Departamental de Pobladores en Lima, lo que le ha permitido tener mayor conocimiento sobre procedimientos y reglamentos de comunidades y organizaciones. “Puedo darme cuenta rapidísimo qué falta, qué funciona, qué no funciona (…) soy un poco más útil de lo que mi función puede ofrecerles y lo hago con ganas. Yo puedo tener criticas pero la gente jamás va a poder decir que la engañe”, afirma el comisionado.
Trabajó en el área de organización y promoción el Instituto de Desarrollo Urbano Cenca, en el que fue uno de sus fundadores. Además, brindó sus servicios a la Cooperación Española y la Cooperación Belga. Asimismo trabajó en el antes llamado Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social MIMDES, siendo gerente del Programa Nacional de Apoyo Alimentario(PRONAA). Posteriormente, fue gerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para él, en el estudio y en la práctica se aprende; por eso, todos los casos forman parte de la enseñanza.
¿Cuándo ingresas a trabajar en la ONDS-PCM y ver temas vinculados a conflictos sociales?
Hace dos años que ingresé a trabajar a la PCM, vien-do al inicio cinco departamentos, entre ellos Ica, Cerro de Pasco, Junín y Ancash. Posteriormente, me pidieron que me concentrara y dedicara a tiempo completo en el caso de la Asociación de Municipali-dades de Centros Poblados (AMUCEP) y su relación con la minera Antamina en Huari (Ancash). Después de este caso, sólo me dedico a los de Ancash.
¿Cómo ha cambiado la labor de esta oficina desde que ingresaste a trabajar?
Se han dado varios cambios, desde un incremento de trabajadores pero también hay una mayor voluntad para ejecutar las responsabilidades. Además, ahora se tiene una visión más clara de la gestión de conflic-tos, antes se trataba de solucionarlo pero ahora se gestiona. Antes se podía firmar un acta y concluía el caso, ahora se realiza un seguimiento, hay más voluntad por articularlo a la gestión gubernamental, con las instancias correspondientes que tienen que ver el caso.
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A pesar de estos cambios, aún hay varias cosas por mejorar, por ejemplo definir lineamientos de gestión, contar con un MOF y un ROF, formular políticas y estrategias explicitas.
Desde tu experiencia, ¿cuál es el papel que cumple el comisionado de la ONDS-PCM?
El rol del comisionado es lo que te designa la función que vas a desempeñar; sin embargo, este se construye con lo que se hace día a día. Es fundamental propiciar y generar el diálogo pero en función de un aprendizaje. Por ejemplo, en un caso emblemático, pudimos colocar a la empresa, a los pobladores y a nosotros mismos en una situación de aprendizaje.
La comunidad tiene que entender que hay muchas cosas que aún no conoce para hacer una buena gestión, como tipos de liderazgo, sistemas de comu-nicación, grados de legitimidad, funcionamiento organizativo. Esto debe trabajarse tanto en el sector privado como en el público.
En el caso de las empresas, en ocasiones éstas requieren desarrollar una mayor capacidad autocrítica, dejar de pensar que siempre hacen bien las cosas, pero en realidad es todo lo contrario. Las empresas mineras tuvieron que aprender que los estilos de trabajo con la comunidad no eran lo más beneficiosos; más bien les habían generado varios problemas.
Desde el Estado, hay que reconocer que tenemos limitaciones, mucha burocracia e incluso miedo, por lo que se prefiere mantener un perfil bajo. Considero que en la gestión pública hay funcionarios que todavía tienen mucho miedo pues los gobiernos pasan, la gestión pasa y no desean sacrificar su situación. Tienen miedo que los despidan, que los traten mal y no los aprueben, y más cuando el trabajador vive bajo la mirada del jefe. Lamen-tablemente, esta concepción anula la iniciativa, la creatividad; así el funcionario cumple con sus funciones como puede con tal de salvar su salario.
¿Cuál es el caso que más recuerdas de tu trayectoria en la ONDS y por qué?
El de AMUCEP. Este fue un conflicto que surgió por una toma de los Centros Poblados de Huari y Capac, exigiendo mejoras de condiciones a la empresa minera Antamina.
Desde la PCM se estableció el contacto con la empresa minera, con los dirigentes y tras varias reu-niones, se conformó la Mesa de Diálogo. Fue difícil ponerse de acuerdo, pues AMUCEP solicitaba un
millón de soles, que la empresa no estaba dispuesta a dar. Antamina proponía obras por impuestos u obras vía FONCODES, con núcleos ejecutores, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Es ahí que se ensayaron diversas propuestas, entre ellas reorientar las demandas. Finalmente, el tema que se puso en agenda fue la reforestación.
En la actualidad, la mesa sigue funcionando, los integrantes participan y se ha conformado un comité de gestión de AMUCEP, con lo cual ya no se sienten demandantes sino gestores. Como parte de los acuerdos de la Mesa, Antamina les cedió 6 millones de soles para la reforestación y les ha ido muy bien. Ahora van a recibir unos 18 millones del Ministerio de Agricultura, pero aún están elaborando el expediente técnico, el cual es impulsado por la empresa. En ese sentido, hay una asociatividad práctica, un esfuerzo organizado de parte de AMUCEP, que ha hecho que ellos estén buscando beneficiarse sin paternalismos. Son 32 comunidades y 400 mil hectáreas los que se van a beneficiar de la reforestación.
¿Y consideras que ese logro se deba a alguna estrategia en particular?
No se trata de una estrategia extraordinaria sino decir la verdad, ser disciplinado, constante y saber lo que necesitas cambiar para lograr el objetivo.
En el caso de AMUCEP, se obtuvieron logros discutiendo con los actores. Hubo más de 50 reuniones formales, más otras en los ministerios. Antamina reconoció que lo que estaban haciendo debían mejorarlo. Realmente, fue un proceso largo, difícil y en algunas ocasiones con posibles rupturas.
Por eso digo que para el manejo de conflictos no hay una estrategia específica. En términos generales la raíz del conflicto era clara. Se trataba de un mal funcionamiento en todos los niveles de gobierno. Además, la empresa no se desempeñaba muy bien en sus funciones sociales. Este mal funcionamiento de las instancias genera un malestar. Mi trabajo fue incidir para que éstas instancias se hicieran responsa-bles de lo que les tocaba asumir por ley.
Entonces generar confianza es fundamental pero ¿cómo lograrlo en un país dónde se desconfía de las instituciones, de las autoridades, de los vecinos y demás?
Reconozco que existe un clima arraigado de desconfianza, superarlo no es tarea sencilla, por eso es fundamental la cultura del gestor público, que no
se puede cambiar de la noche a la mañana. Mirando en retrospectiva todavía falta mucho, entre ellos faltan líderes intermedios, pues lo que veo son controladores. Hay más jefes que líderes, hay más gente que controla y manda que la que promueve y educa. El buen líder es el que contagia entusiasmo.
Considero que la gestión pública no está preparada para enfrentar los desafíos del tiempo, donde se requiere mucha capacitación de las personas, porque tus conocimientos se desactualizan a los seis meses. Se necesita, entonces, un entrenamiento constante de la gente, en donde la duda, la creatividad, la disidencia, la diversidad de opiniones son elementos positivos y deben ser tomados así y no como actos de subversión, de desacreditación, de desaprobación.
Superar la desconfianza en el país debe verse como un objetivo y no como un punto de partida; uno debe construir confianza. Mucha gente odia al estado y no lo dice, la confianza se va conquistando poco a poco, pero para eso se tiene que aceptar que la gente no confía.
¿Cuáles son tus recomendaciones para el trabajo futuro, tanto para la ONDS como para los comisionados?
Una de las recomendaciones es que el funcionario piense bien antes de decidir, que se entere bien a donde va a entrar, y una vez que haya entrado lo que tiene que hacer es aprender. Además, la gente lee muy poco y habla demasiado. Lo que se aprendió en la universidad es muy lindo pero sirve en la medida que se puede construir una nueva realidad, que no está escrita sino que va a generar otra nueva.
Otro elemento fundamental es la voluntad y vocación, para ello debes entrar a un sitio en el que te sientas útil y también que la gente te perciba como tal, sino para mí no tiene mucho sentido.
La perseverancia también es fundamental, no tirar la toalla al primer conflicto, entender que la vida es una gestión de conflictos y que los conflictos tienen tam-
bién sus lados positivos y se generan oportunidades. Es importante, entonces, fomentar una cultura que sepa tolerar el error y aceptar una dosis de dificultad, pues la gente que se acostumbra a lo fácil, vegeta.
Para mí, lo ideal es trabajar en equipo, el que trabaja solo no triunfa. Hoy las instituciones eficientes son las que lucen sus equipos, con alto niveles de confianza y con los más bajos niveles de control. Con mayor nivel de horizontalidad y reconociendo que se trabaja entre iguales y con un mismo propósito, esto es maravilloso.
Para promover el diálogo y gestionar los casos de conflicto es fundamental reconocer el valor en el otro. No ir con nociones prejuzgadas porque te bloquea la capacidad de escucha y también el poder ver en ti limitaciones y corregirlas. Es importante conocer los códigos, reconocer que la visión del tiempo (presente, pasado y futuro) es distinta, e incluso la noción de desarrollo. Hay que entender lo que no te dicen, porque pueden hablarte pero están pensando en otra cosa. Se trata de tener un poco de suspicacia, ir más allá de los datos, de lo evidente.
Otra recomendación es que las personas escriban sobre los casos que van trabajando, ya que si no se registra la experiencia se pierde mucha información que puede ser valiosa.
También debemos educarnos para gestionar el desequilibrio no para aplacarlo, eso es imposible. Uno gestiona diferencias no armonías sino se va a pensar y tener esperanza que todo va a ser armonioso, y eso es conservador porque la vida nunca es así y menos la política.
Finalmente, un comisionado tiene que tener conocimiento de antropología, psicología y política y del funcionamiento del Estado; debe estar convencido que su intervención produce valor. Las personas que van a trabajar en estos casos tienen que tener un perfil de mayor disposición política, aceptando cosas simples como el ser neutral, eficiente y transparente.
Reporte�mensual
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Análisis
La gestión del Diálogo en el mes de noviembre
Cuadro N° 1Conflictos sociales según tipo
Minería
Hidrocarburos
Agrarios
OtrosLaborales
Energéticos
El mes de noviembre registra una disminución general de casos gestionados desde la PCM respecto al mes anterior; su número se ha reducido a 58 (-5%). Los dos tercios de los conflictos (66%) corresponden a aquellos que se desencadenaron en torno a actividades extractivas, en especial de las industrias mineras y de hidrocarburos, tal cual se ha venido documentando desde el primer número del presente informe.
Tipo Número %
MINERIA 23 40%
HIDROCARBUROS 9 16%
MINERIA
ILEGAL/INFORMAL6 10%
AGRARIOS 5 9%
LABORALES 4 7%
DEMARCACIÓN
TERRITORIAL3 5%
HIDRICOS 2 3%
ENERGÉTICOS 1 2%
OTROS 5 9%
TOTAL 58 100%
Puede apreciarse en el cuadro N° 1 que los conflictos agrarios, laborales y por demarcación territorial constituyen un segundo grupo, totalizando el 21% del total. Fue justamente en estos en los cuales se registró la reducción de casos antes señalada. Los conflictos por minería, hidrocarburos y minería ilegal/informal han permanecido constantes respecto al mes pasado, de allí que su peso relativo en el conjunto haya crecido.
De otro lado, la distribución regional de los conflictos sigue, con ligeras modificaciones, el patrón ya observado en meses anteriores: Cajamarca y Loreto (7 cada uno) y Ancash (6) son los departamentos que registran más conflictos abordados desde la PCM, pero sólo Loreto aumenta en uno. El 60% del total está repartido entre 5 departamentos (los 3 nombrados más Junín y Puno), multirregionales (4) y nacionales (4). Asimismo, hay 5 departamentos donde no se registraron conflictos.Fuente: Sistema de información ONDS, actualizado al 02 de diciembre del 2013
*para efectos de diagramación se han eliminado los decimales
32 CASOS EN SEGUIMIENTO
28 casos en las regiones
03 casos multiregionales- Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua, Nanti y Lote 88- DT San Martín – Loreto
-Majes, Sihuas01 caso nacional
- Pequeña Minería y Minería Artesanal
26 CASOS EN TRATAMIENTO
22 casos en las regiones
01 caso multiregional- DT Puno - Moquegua
03 casos nacionales SUTEP (reactivación de funcionamiento
de comisión intersectorial)- Proyecto de la Ley del Servicio Civil- FENUTSSA del Ministerio de Salud
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 02 de diciembre de 2013
Ubicación de conflictos según estado
Cuadro N° 2Conflictos sociales según ubicación
58 CASOS EN GESTIÓN
Fuente: Sistema de información ONDS, actualizado al 02 de diciembre del 2013
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En cuanto a la distribución regional de conflictos, varía de acuerdo al tipo; así, se observa que el 57% de los casos registrados en minería (13 de los 23) se concentran en los departamentos de Ancash y Cajamarca; los restantes están disper-sos en 8 regiones adicionales (Cusco, Tacna, Moquegua, Lambayeque, etc.). Los de hidro-carburos están sobre todo en Loreto (66% del total), Piura y Junín, reflejando un patrón aún más concentrado, tal cual se ha visto ya en meses anteriores. Los conflictos por minería informal/ilegal, en cambio, se hallan más diseminados en todo el país (5 conflictos en 5 departamentos más uno de carácter nacional).
Departamento
Setiembre Octubre Noviembre
N° % N° % N° %
Lima y Callao 3 5% 3 5% 3 5%
Junín 4 6% 4 7% 4 7%
Ancash 6 10% 6 10% 6 10%
Puno 3 5% 4 7% 4 7%
Cajamarca 7 11% 7 11% 7 12%
La Libertad 3 5% 3 5% 3 5%
Loreto 6 10% 6 10% 7 12%
Piura 4 6% 4 7% 3 5%
Cusco 3 5% 0 0% * *
Regiones con 1 caso 5 8% 5 8% 5 9%
Regiones con 2 casos 10 16% 10 16% 8 14%
Multiregional 4 6% 4 7% 4 7%
Nacional 4 6% 5 8% 4 7%
Total 62 100% 61 100% 58 100%
Cu
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N°
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01
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Avances en prevención
Cuadro N° 4Casos en prevención según tipo
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Hidrocarburos
Energéticos
En el transcurso del mes de noviembre, el número de casos en prevención se contrajo en 5 respecto al mes anterior. Los de minería representan la mayoría absoluta (52%), seguidos de lejos por la categoría “otros (15.6%), los de demarcación territorial (8%), hidrocarburos, hídricos y energéticos (6% cada uno). Al igual que en meses anteriores, estas cifras reflejan la sensibilidad de las zonas mineras al conflicto, lo que motiva la atención que se les presta. Si a ello le agregamos los otros casos relacionados con petróleo, agua y energía, el sector extractivo es también aquí el más relevante.
Fuente: Sistema de información ONDS, actualizado al 02 de diciembre del 2013
45
Tipo Número %*
MINERIA 33 52%
HIDROCARBUROS 4 6%
AGRARIOS 2 3%
LABORALES 2 3%
DEMARCACIÓN
TERRITORIAL5 8%
HIDRICOS 4 6%
ENERGÉTICOS 4 6%
OTROS 10 16%
TOTAL 64 100%
La prevención es una tarea que viene ejecutándose en 20 departamentos del país, destacando particular-mente los casos de Lima - Callao (13%); seguidos por Junín (11%), y los departamentos de Pasco, Ancash y Puno (8% cada uno), representando en conjunto el 48% de los casos. Otras regiones relevantes fueron Ayacucho (6%), Cajamarca, Ica, Piura y Huanca-velica (5% cada uno), entre otros. Hubo adicio-nalmente 3 casos que involucraban a dos o más regiones a la vez y uno de nivel nacional.
*para efectos de diagramación se han eliminado los decimales
Cuadro N° 5Distribución regional de los casos en prevención
64 CASOS EN PREVENCIÓN
Fuente: Sistema de información ONDS, actualizado al 02 de diciembre del 2013
Departamento
Setiembre Octubre Noviembre
N° % N° % N° %
Lima y Callao 9 14% 11 16% 8 13%
Pasco 7 11% 7 10% 5 8%
Junín 6 10% 6 9% 7 11%
Ancash 5 8% 5 7% 5 8%
Apurimac 3 5%
Ayacucho 4 6% 4 6% 4 6%
Puno 5 8% 5 7% 5 8%
Cajamarca 3 5% 3 4% 3 5%
Ica 3 5% 3 4% 3 5%
Piura 0 0% 3 4% 3 5%
Madre de Dios 0 0% 0 0%
Huancavelica 0 0% 0 0% 3 5%
Regiones con 1 caso 10 16% 8 12% 6 9%
Regiones con 2 casos 2 8 8
Multiregional 5 8% 5 7% 3 5%
Nacional 1 2% 1 1% 1 2%
Total 63 97% 69 88% 64 88%
La distribución departamental de los casos tiene también un patrón que, con ligeras variantes, viene repitiéndose desde hace meses: 19 de las 33 prevenciones en minería se desarrollan en 5 departamentos (Lima, Pasco, Puno, Ancash y Ayacucho), otros 5 (Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica y Junín) explican 10 casos adicionales. Las labores de prevención en minería se realizan en 12 regiones del país. Los casos de demarcación territorial están en 3 departamentos además de otros dos trabajos multiregionales.
Las intervenciones preventivas están entonces mucho más dispersas, lo que significa un esfuerzo adicional que debe hacerse para su atención regular y oportuna.
60 casos en las regiones
03 casos multiregionales- DT Ancash – Huánuco
- DT Ayacucho – Huancavelica- CCNN Amazonas - Loreto
01 caso nacional
- Incremento de pensiones leyes 19990 y 18846
DT: Demarcación Territorial
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 02 de diciembre de 2013
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de las personasAl servicio
y las naciones
Tan profundo como los cambios económicos y sociales que vive nuestro Perú, es el nivel de desconfianza que existe entre sus ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad histórica de transformar esta condición, instalando una nueva cultura de confianza y diálogo en busca de una mejor gobernabilidad, desarrollo y bienestar para todos.
ONDS