Informe de Gestión Secretaría de Transparencia · Néstor Humberto Martínez Neira Ministro de la Presidencia María Lorena Gutiérrez ... Maria Alejandra Baquero Cimadevilla Andrea

Informe de Gestión Secretaría de Transparencia

PresidenciaSecretaría de TransparenciaRepública de Colombia

Juan Manuel Santos CalderónPresidente de la República

Germán Vargas LlerasVicepresidente de la República

Néstor Humberto Martínez NeiraMinistro de la Presidencia

María Lorena GutiérrezMinistra Consejera de Gobierno y Sector Privado

Camilo Alberto Enciso VanegasSecretario de Transparencia

Equipo de la Secretaría de Transparencia

Diana del Pilar Mejía BarónDaniel Andrés García CañonCarmiña Margarita Berrocal GuerreroCamilo Andrés Cetina FernándezFernando Augusto Segura RestrepoAndrés Eduardo Lozano BurgosMartha Ligia Ortega SantamaríaMónica Patricia Rueda RodríguezIván Eliecer Casas RuizAlbert Fredy Cuesta GómezRubiel Alirio Casas BedoyaAlice Berggrun ComasEdgar Mauricio Solano CalderónJorge Edgardo Cayetano Zerda TapiaVictoria Aurora Triana PuentesEnith Herrera TrujilloSergio Andrés Díaz BeltránOscar Rene Arias Díaz

Maria Alejandra Baquero CimadevillaAndrea Carolina Perdomo ValbuenaVictor Jaime Soler MorenoSara Niño TolosaSusana Mojica BlancoDaniel Germán Rodriguez MatíasGersón David Motta Chavarro

Equipo del Proyecto ACTUE – Unión Europea

Karen Hussmann José Ignacio Palacios Bayon Fernanda Contreras GarcíaPaula Andrea Castañeda AldanaPaula Vanessa Páez BarretoCamilo Andrés Gutiérrez SilvaCamilo Andrés Muñoz PeñaJohn Edisson Lamprea Merchán

Reconocimiento Especial: Rafael Merchán ÁlvarezSecretario de Transparencia 2013-2014

Diseño, Diagramación e Impresión.Imprenta Nacional de Colombia.

Diciembre de 2014.

www.presidencia.gov.co

www.secretariatransparencia.gov.co

www.anticorrupcion.gov.co

ContenidoPRÓLOGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL DEL INFORME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2. REFLEXIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y SU IMPORTANCIA

EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3. ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL

ANTICORRUPCIÓN –PPIA– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

4. OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

5. AJUSTE DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN A LAS CONVENCIONES

INTERNACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

6. COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

7. PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPAS DE

RIESGO DE CORRUPCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

8. SEGUIMIENTO AL NUEVO ESQUEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS JEFES DE

CONTROL INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

9. RENDICIÓN DE CUENTAS Y AVANCES EN CONTROL SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

10. LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

11. PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PRIVADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

12. TRÁMITE DE DENUNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

13. COOPERACIÓN INTERNACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

EPÍLOGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

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PRÓLOGO

Este documento presenta los principales avances de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el proceso de creación, difusión e implementación de la política de Estado en materia de lucha contra la corrupción, así como en la promoción de la transparencia y acceso a la información pública. Esta política logró consolidarse con la expedición del Conpes 167 de 2013, el cual definió la carta de navegación del país en estos frentes.

Esos avances son el fruto del trabajo colectivo de miles de personas, que desde el sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada, han sumado esfuerzos para con-tribuir a la construcción de un país en el cual el manejo de los asuntos y bienes públicos sea cada vez más pulcro. Aprovecho la ocasión para expresarle a todas ellas nuestro reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Ustedes son la prueba de que podemos ser mejores como sociedad.

En este documento, además, queda en evidencia que la lucha por promover la transpa-rencia y prevenir la corrupción no puede medirse sólo bajo la lupa del resultado final o de la posición que ocupemos en una medición comparativa entre países. Debe medirse también como un proceso a lo largo del cual el Estado debe ir implementando todas las medidas necesarias para aumentar la visibilidad de su trabajo, la eficiencia de su gestión, para prevenir y castigar la consumación de delitos contra la administración pública.

El informe que estamos presentando también evidencia que la lucha contra el flagelo de la corrupción exige la puesta en marcha de una intensa agenda de trabajo internacional. Ello por dos razones: primero, en un mundo globalizado perseguir, sancionar y recuperar activos fruto de la corrupción sólo es posible gracias a un decidido compromiso de coo-perar entre Estados; y segundo, porque es un catalizador de buenas prácticas, al permitirle a los países y a la sociedad civil evaluarse recíprocamente, de forma crítica y constructiva, acelerando la implementación de estrategias de buen gobierno.

Más aún, el documento pone sobre la mesa la importancia que tiene para el buen desa-rrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción, el trabajo de la sociedad civil, lo cual incluye tanto a las veedurías ciudadanas como a las organizaciones no gubernamentales dedicadas al fortalecimiento de la democracia, de la justicia, de la prevención del fraude y de la promoción del buen gobierno.

Finalmente, es necesario decir que la implementación de la política pública integral anti-corrupción sólo podrá ser definitivamente exitosa si logramos transformar la conciencia de

Informe Final Secretaría de Transparencia - 2014

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los ciudadanos. Es importante que el Estado esté en capacidad de capturar a los “peces gordos” que se lucran con los recursos de los colombianos; pero es más importante aún generar un cambio real en los valores y ética pública de todos nuestros compatriotas.

Para lograrlo, necesitamos el concurso de todas las fuerzas vivas de la sociedad: las uni-versidades, los colegios, los maestros, los sindicatos, los intelectuales, los líderes sociales, los medios masivos de comunicación, el sector privado y todos los funcionarios del sector público. Aspiramos a que cada colombiano se convierta en un modelo a seguir, traba-jando con honradez, buscando servir a los demás y pensando siempre en la primacía del bienestar común sobre el bienestar individual.

CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGASSecretario de TransparenciaPresidencia de la República

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PRESENTACIÓN

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, tiene la misión de aseso-rar y apoyar directamente al Presidente y al Ministro de la Presidencia en el diseño de polí-ticas públicas de transparencia y lucha contra la corrupción y de coordinar su implementa-ción, según lo define la Ley 1474 de 2011, norma que le dio origen. Desde la Secretaría de Transparencia se desarrollan actividades para aumentar la eficacia de la prevención, el control y la sanción de la corrupción.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014, se definió que la lucha contra la corrup-ción sería uno de los principios de los soportes transversales de la Prosperidad Democrá-tica. Allí se dispuso el diseño e implementación de una política integral de lucha contra la corrupción, que combinara medidas para la prevención, el control, la investigación y sanción de la corrupción. De igual forma, se estableció que la política debía incluir al sector privado y la sociedad civil como actores clave para su efectividad.

Siguiendo las funciones de la Secretaría, definidas por el Decreto 1649 de 2014, norma que modificó las funciones de la dependencia al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se alcanzaron una serie de logros importantes en el pe-ríodo comprendido entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, en diferentes áreas. Este informe presenta esos logros en ese periodo y los poneen contexto con base en los avances que desde 2011 y 2012 venían rindiendo frutos en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia.

Los logros que se presentan tienen relación con diferentes áreas de trabajo de la Secretaría de Transparencia, tales como la implementación de la Política Pública Integral Anticorrup-ción, la adopción de estándares internacionales en materia de transparencia, el impulso de la corresponsabilidad del sector privado, el trabajo con las Comisiones Regionales de Moralización, la puesta en marcha y operación del Observatorio de Transparencia y An-ticorrupción, la promoción del control social y de las veedurías ciudadanas, la creación y seguimiento a los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Gestión de denuncias ciudadanas sobre corrupción.

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Índice de Desempeño Fiscal

Presidencia de la República

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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL DEL INFORME

La Secretaría de Transparencia se creó con el Decreto 4637 de 2011, el cual sustituyó al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción (que fue creado en 1998). El espíritu de esta reforma buscaba orientar la lucha contra la corrupción desde la rama ejecutiva del poder público, promoviendo la formulación de la política pública anticorrupción, la coor-dinación interinstitucional y el diseño de estrategias de promoción de la transparencia, la cultura de la legalidad y el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia. Esto requería de un programa que respondiera de modo proactivo y técnico para el diseño de política anticorrupción, con estrategias pensadas en el largo plazo, ajustadas a la normatividad existente (como el Estatuto Anticorrupción) y adoptadas para generar nuevas normas (como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información), y que tuviera la capacidad de coordinar el trabajo en este frente con otros organismos competentes (como los órganos de control y la Comisión Nacional de Moralización), en lugar de con-tinuar con un programa que había respondido – hasta ese momento – de modo reactivo al fenómeno de la corrupción.

La creación de la Secretaría de Transparencia evidencia que la erradicación de la corrup-ción es una política permanente del Estado. En desarrollo de ella, se pusieron en marcha numerosas iniciativas. El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), expedido por el Congreso, con iniciativa gubernamental, estableció un paquete de normas orientadas a combatir la corrupción, en la que se incorporan facultades para que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía sean mas eficaces en su trabajo contra la corrupción, y en la que se establecen normas que reducen el riesgo de ocurrencia de conductas anómalas derivadas de conflictos de interés en la contratación estatal y en la gestión pública. Por otra parte, la ley de contratación (por ejemplo) fue modificada para exigir que todo contrato público tenga una veeduría. También se desarrolló un Portal de Transparencia Económica (www.pte.gov.co) en donde se puede ver en tiempo real la ejecución presupuestal de las entidades del orden nacional, incluso con contratos específicos. En el campo interna-cional, el gobierno avanzó en el proceso de adherir a Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el soborno transnacional.

El Estatuto Anticorrupción, dentro de sus innovaciones creó dos comisiones. Por un lado creó la Comisión Nacional para la Moralización (CNM) –con la participación de los or-ganismos de control, auditoría e investigación, de los presidentes de dos altas cortes y del poder legislativo, del Presidente de la República–. La secretaría técnica de la Comisión la ejerce la Secretaría de Transparencia y tiene entre sus tareas la de velar por la correcta


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aplicación del Estatuto y, además, aprobar y hacer seguimiento a la Política Pública Integral Anticorrupción. Por otra parte, también se creó la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, en la que los ciudadanos organizados –vale decir, gremios, ONG, universidades, medios, veedurías ciudadanas, organizaciones sindicales, iglesias, entre otros– harán el respectivo seguimiento y evaluación de la política anticorrupción. Finalmente están las Comisiones Regionales de Moralización en donde los organismos de control deben desarrollar una coordinación interinstitucional en el nivel territorial.

Durante el ejercicio como Secretario de Transparencia del Dr. Carlos Fernando Galán, dichas comisiones adelantaron sus primeras reuniones y dieron sus primeros lineamientos. Por ejemplo, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, cuya primera conceptua-lización había contratado la Procuraduría General de la Nación, pasó a ser operado por la Secretaría de Transparencia. Adicionalmente, la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) comenzó en 2012 a ser elaborada entre la Secretaría de Transparencia y el Depar-tamento Nacional de Planeación (DNP). Es durante el ejercicio como Secretario de Trans-parencia del Dr. Rafael Merchán que la PPIA finalmente se sanciona en diciembre de 2013 y comienza a ser implementada, con logros importantes como el Manual Único de Rendi-ción de Cuentas, la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la implementación de un Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel, y la puesta al aire del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción (www.anticorrupcion.gov.co) con una ba-tería de 17 indicadores y unos módulos de diálogo y educación en materia de lucha contra la corrupción. Finalmente, se adelanta un proceso de promoción de la transparencia en el Sector Privado reconociendo así su corresponsabilidad en la implementación de la PPIA.

La naturaleza de la Secretaría de Transparencia como órgano asesor de la rama ejecutiva en materia de lucha contra la corrupción, no se ha perdido hasta hoy. Incluso con la rees-tructuración de la Presidencia y con la creación del Ministerio respectivo, la Secretaría de Transparencia sigue siendo el brazo técnico del Presidente en materia de formulación de política de prevención y coordinación interinstitucional para el castigo de la corrupción. El presente informe, por tanto, muestra los avances en esta y otras gestiones adelantadas por la Secretaría de Transparencia en el año 2014. Igualmente plantea los retos para el Plan de Desarrollo 2014–2018, en materia de lucha contra la corrupción y promoción del buen gobierno.


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2. REFLEXIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN

Todo avance en la lucha contra la corrupción comienza por identificar las formas de me-dición más apropiadas del fenómeno, de modo que se puedan observar y monitorear los resultados de la política anticorrupción. La corrupción no es 100% observable: ésta se reduce a transacciones de tipo ilícito y secreto que tienen lugar cuando alguien saca pro-vecho personal en el ejercicio de responsabilidades que se le confirieron en su trabajo. Por lo tanto, su medición no puede hacerse a partir de la observación directa del fenómeno y resulta muy difícil estimar las pérdidas que ésta genera acudiendo a registros o huellas que las transacciones corruptas dejan. Aun así, tanto en la academia como en entidades estatales y organizaciones internacionales hay una serie documentada de intentos para medir la corrupción, especialmente en cuatro grandes áreas: 1.) Mediciones basadas en percepción; 2.) Mediciones basadas en observación directa de programas/proyectos específicos; 3.) Mediciones basadas en chequeos cruzados; y 4.) Mediciones basadas en estimaciones e inferencia estadística.

Queremos advertir al lector que medir los montos o los efectos de la corrupción, se cons-tituye en el principal insumo para conocer su naturaleza y, por tanto, para determinar el alcance y efectividad de la política pública anticorrupción. Sin embargo, existen al menos 3 dificultades inherentes a la estimación o medición sobre el fenómeno de la corrupción como se describe a continuación:

1.) La corrupción es ilícita y secreta: Por esta razón es muy difícil medir algo que, por de-finición, implica que los individuos involucrados hacen todo lo posible por ocultarlo. Adicionalmente, un abordaje objetivo implica una visión transaccional de la corrup-ción para que su medición sea precisa. Ello implicaría determinar quién soborna a quién y por cuánto; quien favorece a quién y con qué, etc. Esto es difícil de cuantificar dado el interés de los implicados en no dejar rastro de dichos actos.

2.) La uniformidad en la medición de la corrupción esconde la variación y la diversidad existente en la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, si escogiéramos sujetarnos al Índice de Transparencia Internacional en 2014 Colombia estaría en el mismo nivel de países como Armenia, Egipto, Gabón y Liberia (puesto 94). Habría que preguntarse si la prevalencia de corrupción es igual en todas esas naciones, y en las mismas áreas relacionadas con atención al ciudadano, gestión pública, impunidad, transparencia, entre otras. En 2013 Mongolia, Liberia y Perú estaban en el mismo nivel de acuerdo


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con su puntaje (38 puntos). Pero ¿Cuál es la naturaleza de la corrupción en esos países tan disímiles? Claramente las instituciones que cada uno de ellos tiene, la estructura de sus Estados, las características demográficas en cada comunidad, entre otros, son variables que deben determinar el tipo de comportamientos corruptos que prosperan en dichos países. En este sentido, es difícil tomar decisiones de política atendiendo solamente a puntajes uniformes. Por lo mismo, sería hasta cierto punto confuso limitar las discusiones / debates de política pública en estos temas, usando como único insumo los rankings de este tipo.

3.) Si se quiere ser más preciso en la medición de acuerdo con la naturaleza de la corrup-ción, entonces se sacrifica la uniformidad de dicha medición -porque nos encontrare-mos con diferentes unidades de medida y de indicadores ajustados, justamente, a las formas que toma la corrupción-. Existen, por lo menos, tres aspectos en que difieren las mediciones de corrupción de acuerdo con la característica que quieren capturar. Unos se enfocan en la incidencia relativa de las transacciones corruptas (como el Political Risk Services – PRS Group); otros se enfocan en el impacto de la corrupción en el clima de negocios (como el Banco Mundial); y otros en la existencia de leyes, políticas y mecanismos de cumplimiento que se creen afectarán la prevalencia de las transacciones corruptas (como el de Transparencia Internacional). De este modo, el campo de medición se hace más y más vasto, con lo que la toma de decisiones de política se vuelve más compleja.

Normalmente se acude a los índices de percepción para comparar a los países en ma-teria de corrupción. No es difícil ver la correlación entre desarrollo y corrupción, cuando se acude a esas mediciones: los países desarrollados obtienen los mejores puntajes de Transparencia. De hecho, el coeficiente de correlación que hemos calculado desde la Secretaría de Transparencia, entre el ingreso per-cápita incorporado por Naciones Unidas en su informe de desarrollo humano en 2013 y el informe de Transparencia Internacional del mismo año, es de 0.77. Esto nos confirma la idea que entre más rico es un país, más transparente o menos corrupto tiende a ser. Por lo tanto, la corrupción afecta en mayor medida a los países en desarrollo. Sin embargo, la organización Global Financial Integrity (GFI) confirma que las compañías multinacionales, principalmente las del mundo desarro-llado, capturan 900 mil millones de dólares en flujos ilícitos. Este monto es 22.5 veces más grande que el costo estimado de la corrupción en el mundo en desarrollo: 40 mil millones de dólares según el Banco Mundial. Los índices de percepción, en este sentido, desvían la atención del lector: al tener mejor posicionado al mundo desarrollado, ignoramos su res-ponsabilidad sobre el problema de la corrupción proveniente de los flujos trasnacionales, en los cuales dichos países son los principales responsables.


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En Colombia, a través de la Política Pública Integral Anticorrupción y del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, se ha buscado avanzar en la construcción de nuevos indicadores, utilizando las técnicas que toman aspectos de la observación directa, a partir del registro de los procesos disciplinarios, fiscales y penales que puedan ser asociados a corrupción. Existe también un trabajo importante a partir de indicadores de transparencia desarrollados por la Procuraduría General de la Nación como como el Índice de Integri-dad (INTEGRA) o el Índice de Gobierno Abierto (IGA). Desde el gobierno Colombiano queremos apoyar estas iniciativas con el objetivo de contribuir al debate tanto académico como de opinión pública, de modo que podamos identificar nuevas formas de conocer la gravedad del fenómeno y divulgarle a la comunidad resultados que van más allá de los rankigs que estandarizan aspectos complejos relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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Índice de Gobierno Abierto


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3. ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN –PPIA–

Con el objetivo de lograr las metas trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2010– 2014, la Secretaría de Transparencia y el Departamento Nacional de Planeación traba-jaron en la construcción de una Política Pública Integral Anticorrupción –PPIA-, la cual quedó formulada en el Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción”. El objetivo central de dicho documento CONPES es “fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción, de manera que se puedan obtener resultados que reduzcan efectivamente la incidencia negativa de este fenómeno en la sociedad colombiana y se ob-tengan mayores niveles de transparencia e integridad en el sector público y mayor corres-ponsabilidad del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción” (DNP, 2013) Después de realizar un diagnóstico de la situación de la corrupción en el país, el CONPES contiene un marco conceptual del tema y, a través de la metodología de árbol de problemas y objetivos, establece cinco estrategias:

1.) Mejorar el acceso y la calidad de la información pública para la prevención de la corrupción.

2.) Mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción.3.) Aumentar la incidencia del control social en la prevención de la corrupción.4.) Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad.5.) Reducir la impunidad en actos de corrupción.


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El CONPES contiene un Plan de Acción con una vigencia de cuatro años en el que se con-certaron 110 acciones concretas con sus respectivos responsables, plazos y metas y en el que se apropiaron recursos por 243 mil millones de pesos por parte de 22 entidades, para prevenir los riesgos de corrupción en el Estado colombiano. A la fecha de publicación del presente informe el nivel de avance de la Política Pública Anticorrupción es del 34% en las acciones y los retos de las 22 dependencias involucradas en dicha Política. Se estima cumplir las metas al 100% al año 2018.

Gráfico 1: ÍNDICE DE LOGRO EN LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL

ANTICORRUPCIÓN (34%)Fecha de corte: Noviembre 30 de 2014

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

En este informe estamos dando mayor relieve a los principales avances en la implemen-tación del CONPES 167 de 2013, con el objetivo de que la ciudadanía, la comunidad académica, los gremios y las instituciones públicas tengan información sobre los esfuerzos que se están haciendo de modo coordinado en la lucha contra la corrupción así como conciencia sobre los principales retos en la materia.

La primera estrategia “mejorar el acceso y la calidad de la información pública para la prevención de la corrupción”, tiene un avance del 51% y ha alcanzado logros importantes tales como: • El programa de Gobierno en línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones –Min TIC- se encuentra articulando su estrategia con lo señala-do en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), de manera que sirva como soporte para el cumplimiento de las características de la calidad de la información señalada en la misma ley, relacionada con la estructuración y procesamiento de los datos de la información. Para ello se encuentra actualizando las guías de Open Data.

100 %

80 %

50 %

0 %


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• El DNP ha incorporado en su proyecto de fortalecimiento institucional para entidades territoriales, alrededor de 50 municipios piloto del programa y realización de diagnós-ticos que incluyen el componente de transparencia y rendición de cuentas.

• La Procuraduría General de la Nación ha emitido la versión actualizada del Índice de Gobierno Abierto (IGA) de acuerdo con su evaluación hecha con corte al año 2013.

• La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – está adelantando 4 proyectos de investigación que abordan temas de trasparencia, control social y lucha contra la corrupción en territorios específicos.

• Como parte del acceso de la información en materia de la lucha contra la corrup-ción, la Secretaría de Transparencia logró actualizar 17 indicadores de medición de corrupción y de transparencia en las entidades públicas y sector privado. Esto se está haciendo en el marco del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el cual es un proyecto de la Comisión Nacional de Moralización.

• 452 de las 1200 entidades del Sistema Nacional de Archivos –SNA- cuentan con Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA).

Sin embargo, hay otras acciones importantes en las que es necesario avanzar de cara al año 2015. Dentro de los retos se encuentra que apenas se cuenta con un proceso de gestión del control fiscal implementado de los 6 programados por lo que se hace nece-sario avanzar en la implementación de estos procesos. Igualmente hay que diseminar los procesos de apertura de datos dentro de las entidades públicas, de cara no sólo a cum-plimiento de la Ley de Acceso a la información sino al ajuste de Colombia a estándares internacionales como los exigidos por la Sociedad para el Gobierno Abierto.

En la segunda estrategia “hacer más eficientes las herramientas de gestión pública para la prevención de la corrupción”, se obtuvo un avance del 23%. Dentro de sus principales logros podemos detallar que:• Se expidió el Decreto 943 de 2014, por medio del cual se adopta la Actualización

del Modelo Estándar de Control Interno y se estableció una estrategia de capacitación tanto a nivel nacional como territorial, respecto de los cambios que se surtieron en el modelo, con lo que se han adelantado capacitaciones en los departamentos de Huila, Cundinamarca, Tolima, Bolívar, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Quindío y César.

• Adicionalmente, la Agencia Nacional de Minería puso en 2013 un Radicador Web en funcionamiento como mecanismo con reglas claras y un proceso estandarizado y transparente para la radicación de las solicitudes mineras; el usuario minero tiene la garantía de que la solicitud se rige por “primero en el tiempo, primero en el derecho”, así como el acompañamiento de los organismos de control. (Ver: http://www.anm.


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gov.co/?q=content/radicador-web). Al 30 de junio de 2014, se han radicado 4.685 nuevas solicitudes a través de dicha plataforma.

• En el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- más de 3.500 trámites propios de las entidades territoriales han sido publicados.

• Actualmente se encuentra para trámite el proyecto de ley de regulación de lobby o cabildeo ante el Congreso de la República, el cual ya fue aprobado en primer debate.

Sin embargo, es necesario avanzar en ciertos aspectos para el próximo año: se debe expandir la metodología de desarrollo de riesgos sectoriales de corrupción desarrollados por la Secretaría de Transparencia y avanzar en su posicionamiento como herramienta de gestión dentro de los ministerios y departamentos administrativos líderes de los diferentes sectores de la gestión pública. También se debe acelerar el desarrollo tecnológico del ca-tastro minero y en su aplicación para hacer más transparente y eficiente al sector.

En cuanto a la tercera estrategia “fortalecer el control social para la promoción de la trans-parencia en las entidades públicas y la prevención de la corrupción”, el seguimiento al Plan de Acción del CONPES 167 de 2013, presenta un avance del 31%, con importantes logros como:• Se expidió el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) que detalla los compo-

nentes, etapas y metodología que deben seguir las entidades públicas para informar sus logros a los ciudadanos bajo esquemas organizados de planeación y diálogo con la ciudadanía, así como de evaluación de dichos ejercicios.

• El DNP ha puesto en parcha la plataforma GESPROY que cuenta con un módulo de Auditorías Visibles para el reporte de dichas auditorías a Regalías. GESPROY, es una herramienta en la cual se le realiza el seguimiento a los proyectos presentados y con financiados con el Sistema General de Regalías.

• El Ministerio del Interior recibió funcionalmente el Sistema de Información de Participa-ción Ciudadana (SIDEPAR) que se encontraba alojado en los servidores del Ministerio de Justicia.

Por otra parte, se requiere asegurar una difusión del MURC tanto en entidades Nacionales como Territoriales así como su debida aplicación; es necesario hacer que el SIDEPAR sea una herramienta de seguimiento a las veedurías y grupos de control social en el país, de modo que el Estado pueda adelantar ejercicios focalizados de prevención de la corrup-ción, con interlocutores bien definidos, en áreas geográficas claras y en asuntos públicos específicos. Igualmente hay que profundizar el ejercicio de auditorías visibles a otras fuen-tes de financiación como SGP o Contratos Plan y no sólo a regalías. Finalmente, aunque ya contamos con una metodología de trabajo para las Comisiones Regionales de Mora-


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lización, es importante profundizarla mediante la articulación con veedurías ciudadanas de modo que el control social y el control institucional puedan trabajar en equipo para prevenir la corrupción en el territorio. Adicionalmente, la Secretaría de Transparencia pre-paró un Plan de Trabajo para la Comisión Nacional de Moralización el cual será sometido a consideración y aprobación en la próxima sesión del año 2015.

Para la cuarta estrategia “hacer seguimiento al desarrollo de herramientas y mecanismos para la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el estado y la sociedad”, se lograron avances en los siguientes frentes, lo cual soporta un avance de esta línea del 25%:• La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) desarrolló 15 eventos de ca-

pacitación en sus sedes territoriales para los servidores públicos en nuevas temáticas relacionadas con acceso a la información pública, control interno, ética, integridad y estatuto anticorrupción.

• Se está adelantando un trabajo importante desde el Ministerio de Educación Nacional en la promoción de competencias ciudadanas en niños y jóvenes: 94 Secretarías de Educación cuentan con las orientaciones para la institucionalización del desarrollo de competencias ciudadanas y se está desarrollando una ruta metodológica para que dichas secretarías incorporen material relacionado con cultura de la legalidad e integridad.

• Otro logro importante resulta del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia que resultó en la elaboración de un proyecto de ley ya presentado al Congreso de la República, en el que se regula la responsabilidad de personas jurídicas, de acuerdo con estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OECD-, a partir de una serie de reformas al cuerpo normativo existente, incluyendo al estatuto anticorrup-ción. La reforma al estatuto incluye asuntos relacionados con conflicto de interés. Esto facilita la promoción de la integridad al no limitar sólo entre las personas naturales la responsabilidad por actos de corrupción.

Sin embargo, quedan varios retos en esta materia: Se está adelantando una investiga-ción jurídica con el fin de actualizar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos, con énfasis en los servidores de elección popular. Queda por generar una metodología para que los gremios desarrollen acuerdos de autorregulación para el ejercicio legal y transparente de su actividad económica. Igualmente es importan-te desarrollar lineamientos que permitan evaluar las experiencias exitosas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción dentro del sector privado, reconocer dichas experiencias y replicarlas.


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En la quinta y última estrategia “desarrollar herramientas para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción” , se tiene un avance del 30%, el cual cuenta con los siguientes resultados: • La Ventanilla Unificada de Denuncias contra la Corrupción –(VUD) fue desarrollada

y se encuentra lista para entrar en funcionamiento. Por medio de dicha herramienta los ciudadanos pueden radicar sus denuncias bien sea anónimamente o con plena identificación, adjuntar pruebas documentales y hacer seguimiento al estado de sus denuncia.

• La Secretaría de Transparencia desarrolló un mecanismo de denuncias de alto nivel que permite detectar qué fases de un proceso licitatorio son vulnerables a corrupción en contratos multimillonarios, especialmente en asuntos como favorecimiento de plie-gos. Se estrenó en el mecanismo con la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-, para estudiar licitaciones por 16 billones de pesos para la construcción de vías de cuarta generación (4G).

• En cuanto a esfuerzos de coordinación para luchar contra la impunidad, la Secretaría de Transparencia adelantó un proceso de diálogo y consulta con representantes de todas las entidades de la Comisión Nacional de Moralización y de las 32 Comisiones Regionales de Moralización. Este trabajo generó la cartilla de lineamientos y metodo-logía para la operación de las Comisiones Regionales. Se creó un espacio para visibi-lizar la gestión de cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización dentro del sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción (www.anticorrupcion.gov.co).

Existen algunas actividades que requieren completarse: aunque la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) desarrolló un módulo anticorrupción para su curso e-learning en anti-lavado de activos y financiación del terrorismo, aún se requiere completar el apli-cativo web para hacerlo funcional. Por otra parte, aunque se seleccionaron 30 entidades del Ejecutivo que la UIAF considera deben cumplir el rol de reportar información objetiva por ser susceptible a fenómenos de corrupción (adicionales a 38 que ya reportan), es ne-cesario elaborar las directivas para que estos sujetos identificados empiecen a ser sujetos obligados de reporte ante la UIAF.

En materia de coordinación en la lucha contra la corrupción, queda por concretar la crea-ción y acciones del Comité de Coordinación Contra la Corrupción (C4) para investigar y estudiar casos de delitos de alto impacto en materia de corrupción. Igualmente queda por desarrollar un protocolo de intercambio de pruebas entre los organismos de control para que las investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal puedan compartir material y puedan adelantarse con mayor celeridad y bajo principios de colaboración armónica entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.


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4. OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

4.1. Antecedentes del Observatorio

En enero del 2012 la Procuraduría General de la Nación inició la implementación del proyecto de diseño de un Observatorio Anticorrupción con énfasis territorial para detectar riesgos y actos de corrupción en la gestión pública. El proyecto fue adjudicado por con-curso de méritos al Centro Nacional de Consultoría. Los avances del Observatorio y el prototipo de diseño de la plataforma web fueron presentados a la Comisión Nacional de Moralización en su sesión del 6 de julio de 2012, con la presencia del Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. En el marco de dicha sesión, la Comisión aprobó la propuesta de poner en marcha la plataforma web del Observatorio Antico-rrupción y de Integridad (así se llamó en aquel entonces) y lo acogió como herramienta de Estado. En el mes de septiembre de 2012 la Procuraduría General de la Nación hace entrega del Observatorio a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrati-vo de la Presidencia de la República -DAPRE-. Desde diciembre de 2012, el observatorio quedó alojado en la plataforma www.anticorrupcion.gov.co

El 25 de febrero de 2013 Secretario de Transparencia de aquel entonces, Dr. Carlos Fer-nando Galán, presentó públicamente el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción e indicó que esta herramienta, en su primera fase, permitiría hacer seguimiento de las sanciones (fiscales, penales y disciplinarias) por departamentos y municipios del país. Se hizo público también un informe que resume los principales hallazgos del Observatorio hasta la fecha1.

Durante el primer semestre de 2013 la Secretaría de Transparencia trabajó en el diseño conceptual y en la preparación del proceso contractual necesario para el desarrollo de la segunda fase del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Para esta segunda fase se contempló la revisión conceptual y metodológica de los indicadores de sanciones formulados en la primera fase, la construcción de una nueva batería de indicadores sobre temas de transparencia y anticorrupción y la construcción de una batería de indicadores para el monitoreo de la Política Pública Integral Anticorrupción. Se programan también acciones para el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo virtual y presencial del Observatorio, el diseño de una estrategia para la difusión del proyecto en redes sociales

1 http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Prensa/2013/febrero/Paginas/20130226_01.aspx


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y medios de comunicación, así como el desarrollo de un monitoreo de medios de comu-nicación y de conversaciones en redes sociales sobre temas de transparencia y antico-rrupción. Dicho monitoreo debía estar orientado a identificar tendencias y generar alertas tempranas sobre casos de corrupción en los distintos departamentos del país.

Además de lo anterior, se contempla dentro de la nueva fase del observatorio la amplia-ción y fortalecimiento del sitio web del Observatorio www.anticorrupcion.gov.co, con el fin de crear un espacio para hacer visible la gestión de cada una de las 32 Comisiones Re-gionales de Moralización, la Comisión Nacional de Moralización, y para la visualización de los nuevos indicadores formulados en el Observatorio2.

4.2. Generación de Indicadores para medir la corrupción

La Secretaría de Transparencia avanzó durante el año 2014 en el desarrollo de una nueva etapa del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, orientada al fortalecimiento de sus indicadores y el posicionamiento de su trabajo en el ámbito nacional. Estos indicado-res debían rebasar las mediciones basadas en percepción de corrupción, y apuntar a una observación un poco más directa del fenómeno, así como a la medición de esfuerzos en materia de transparencia. Las variables, indicadores y fuentes de información utilizadas están ajustadas al marco legal y arreglo institucional colombianos.

Con el propósito de mejorar la calidad de la información a partir de la cual se calculan los indicadores de sanciones fiscales y contractuales del Observatorio, se desarrolló un ejerci-cio de coordinación interinstitucional, con el fin de explorar los sistemas de información de la Auditoría General de la República y del Registro Único Empresarial y Social –RUES- de la Confederación de Cámaras de Comercio –CONFECÁMARAS. Se encontró que la infor-mación de la Auditoría General complementaría de forma adecuada los datos entregados por el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– de la Procuraduría General de la Nación para el cálculo de las sanciones fiscales en el país. En el mismo sentido, se encontró que la información recopilada por el RUES sobre las sanciones y multas impuestas a contratistas, serviría también para complementar los datos entregados por el SIRI sobre sanciones contractuales.

2 Como resultado de este proceso licitatorio se adjudicó la operación y expansión del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción a la empresa Nexura Internacional SAS, mediante el Contrato de Prestación de Servicios N° 297 de 2013.


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Además de lo anterior, el equipo de la Secretaría de Transparencia avanzó en el diseño técnico y metodológico de una nueva batería de 6 indicadores de transparencia, en las siguientes áreas: Rendición de Cuentas, Calidad de los Mapas de Riesgo de Corrupción, Comisiones Regionales de Moralización, Cultura de la Legalidad, Transparencia del sector privado y Proporción entre oferta y demanda de información pública. Adicionalmente, se desarrollaron 5 indicadores para monitorear los avances de la Política Pública Inte-gral Anticorrupción, ajustados a las 5 estrategias establecidas en el documento CONPES 167/2013.

4.3. Diálogo con la ciudadanía

Con el objetivo de difundir el trabajo del Observatorio en las entidades territoriales, la Secretaría de Transparencia realizó 8 talleres presenciales en las ciudades de Bogotá, Ba-rranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Florencia y Villavicencio.

Por otra parte, haciendo uso de la plataforma de comunicaciones Google Hangouts y los canales de Facebook y Twitter del Observatorio, se llevaron a cabo una serie de diálogos virtuales sobre temas de transparencia y anticorrupción con panelistas representantes de entidades del Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Estos diálogos pueden ser consultados por la ciudadanía en el sitio web del Observatorio y en el canal de Youtube: https://www.youtube.com/obsTransparencia

Taller sobre herramientas para la lucha contra la corrupción

Taller sobre Ley de Transparencia

Taller sobre Ley de Transparencia Taller sobre Ley de Transparencia Taller sobre Ley de Transparencia

Taller sobre Lineamientos de las CRM


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Adicionalmente, se pone en marcha una estrategia para la difusión en redes sociales de contenidos sobre temas de transparencia y anticorrupción, bajo los tres ejes llamados: Observar, Educar y Dialogar.

980 seguidores

8.570 Fans

4.4. Sitio Web y Monitoreo de Medios

Con el fin de comunicar y poner a disposición de la ciudadanía el resultado del esfuerzo técnico adelantado por el Observatorio se avanzó en la expansión y mejora del sitio web,

Hangout sobre cultura de la legalidad. Hangout sobre planes anticorrupción. Hangout sobre rendición de cuentas.

Hangout sobre Ley de Transparencia. Hangout sobre corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra

la corrupción.

Hangout sobre elefantes blancos.

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Hangout sobre Ley de Transparencia.

Hangout sobre corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción.

Hangout sobre elefantes blancos.

Adicionalmente, se pone en marcha una estrategia para la difusión en redes sociales de contenidos sobre temas de transparencia y anticorrupción, bajo los tres ejes llamados: Observar, Educar y Dialogar.

980 Seguidores

8570 Fans

4.4 Sitio Web y Monitoreo de Medios

Con el fin de comunicar y poner a disposición de la ciudadanía el resultado del esfuerzo técnico adelantado por el Observatorio se avanzó en la expansión y mejora del sitio web, proceso en el cual se diseñaron nuevas herramientas para la visualización de los indicadores y la interacción con los usuarios. El nuevo sitio construido cuenta con espacios para:

• Información de actualidad y noticias sobre temas de transparencia y anticorrupción.

• Información sobre los funcionarios y entidades públicas con competencias en materia de lucha contra la corrupción.


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proceso en el cual se diseñaron nuevas herramientas para la visualización de los indica-dores y la interacción con los usuarios.

El nuevo sitio construido cuenta con espacios para:• Información de actualidad y noticias sobre temas de transparencia y anticorrupción.• Información sobre los funcionarios y entidades públicas con competencias en materia

de lucha contra la corrupción.• La publicación de los resultados de los talleres y actividades realizadas para la socia-

lización del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.• Espacio y herramientas para la visualización de los indicadores que posee actualmente

el Observatorio.• Espacio y herramientas la visualización de los nuevos indicadores de transparencia y

anticorrupción y de los indicadores arrojados por la Política Publica Integral Antico-rrupción.

• Espacio para publicación y visualización de informes mensuales con los resultados del registro de noticias en internet y de conversaciones en redes sociales sobre transparen-cia y anticorrupción.

• Espacio para visibilizar la gestión de la Comisión Nacional de Moralización, la Comi-sión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización.

• Conexión con redes sociales y herramientas para la realización de los diálogos virtua-les sobre transparencia y anticorrupción contratados.

La nueva versión del sitio web fue puesta al aire en el dominio www.anticorrupcion.gov.co el 28 de agosto de 2014, fecha a partir de la cual ha registrado 5713 visitas.

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• La publicación de los resultados de los talleres y actividades realizadas para la socialización del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

• Espacio y herramientas para la visualización de los indicadores que posee actualmente el Observatorio.

• Espacio y herramientas la visualización de los nuevos indicadores de transparencia y anticorrupción y de los indicadores arrojados por la Política Publica Integral Anticorrupción.

• Espacio para publicación y visualización de informes mensuales con los resultados del registro de noticias en internet y de conversaciones en redes sociales sobre transparencia y anticorrupción.

• Espacio para visibilizar la gestión de la Comisión Nacional de Moralización, la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización.

• Conexión con redes sociales y herramientas para la realización de los diálogos virtuales sobre transparencia y anticorrupción contratados.

La nueva versión del sitio web fue puesta al aire en el dominio www.anticorrupcion.gov.co el 28 de agosto de 2014, fecha a partir de la cual ha registrado 5713 visitas.

Con el fin de aprovechar las posibilidades que brindan las tecnologías de

información y comunicación TICs para el análisis del fenómeno de la corrupción, se hizo un monitoreo de medios de comunicación y redes sociales mediante la herramienta ENGAGOR, a partir del cual elaboró el informe “Así hablan los Colombianos sobre Transparencia y Anticorrupción”. Este documento analizó la


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Con el fin de aprovechar las posibilidades que brindan las tecnologías de información y comunicación TICs para el análisis del fenómeno de la corrupción, se hizo un monito-reo de medios de comunicación y redes sociales mediante la herramienta ENGAGOR, a partir del cual elaboró el informe “Así hablan los Colombianos sobre Transparencia y Anticorrupción”. Este documento analizó la forma en que fueron abordados y presentados los temas de Corrupción y Transparencia en los medios de comunicación tanto en el nivel departamental como nacional durante el primer semestre de 2014, así como la forma en que fueron asimilados y replicados estos temas por parte de la ciudadanía, a través de sus cuentas de redes sociales.

429.298 menciones en Internet sobre temas de transparencia y corrupción, en medios de comunicación y redes sociales en el país fueron monitoreadas para este informe durante el 1 de febrero y el 31 de julio de 2014.

El monitoreo prendió las alarmas sobre 57 casos de corrupción regionales que serán revisados a fondo por parte de la Secretaría de Transparencia

Durante el año 2015, la Secretaría de Transparencia se dedicará no sólo a operar y admi-nistrar el observatorio en los frentes arriba mencionados, sino a consolidar el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción como el primer referente en materia de generación de información para la toma de decisiones de las entidades públicas y las organizaciones privadas en materia de Transparencia y Lucha contra la corrupción. Esto implica hacer más robustos los indicadores que maneja, depurando sus fuentes de información y con-

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forma en que fueron abordados y presentados los temas de Corrupción y Transparencia en los medios de comunicación tanto en el nivel departamental como nacional durante el primer semestre de 2014, así como la forma en que fueron asimilados y replicados estos temas por parte de la ciudadanía, a través de sus cuentas de redes sociales.

429.298 menciones en Internet sobre temas de transparencia y corrupción, en medios de comunicación y redes sociales en el país fueron monitoreadas para este informe durante el 1 de febrero y el 31 de julio de 2014. El monitoreo prendió las alarmas sobre 57 casos de corrupción regionales que serán revisados a fondo por parte de la Secretaría de Transparencia

Durante el año 2015, la Secretaría de Transparencia se dedicará no sólo a

operar y administrar el observatorio en los frentes arriba mencionados, sino a consolidar el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción como el primer

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forma en que fueron abordados y presentados los temas de Corrupción y Transparencia en los medios de comunicación tanto en el nivel departamental como nacional durante el primer semestre de 2014, así como la forma en que fueron asimilados y replicados estos temas por parte de la ciudadanía, a través de sus cuentas de redes sociales.

429.298 menciones en Internet sobre temas de transparencia y corrupción, en medios de comunicación y redes sociales en el país fueron monitoreadas para este informe durante el 1 de febrero y el 31 de julio de 2014. El monitoreo prendió las alarmas sobre 57 casos de corrupción regionales que serán revisados a fondo por parte de la Secretaría de Transparencia

Durante el año 2015, la Secretaría de Transparencia se dedicará no sólo a

operar y administrar el observatorio en los frentes arriba mencionados, sino a consolidar el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción como el primer


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tribuyendo a que los aliados estratégicos de la Comisión Nacional de Moralización, del Sector Privado, la Sociedad Civil, fortalezcan también sus sistemas de información para un mejor conocimiento del fenómeno de la corrupción en Colombia.

Adicionalmente, el observatorio trabajará fuertemente en la generación de informes y documentos de política pública, a partir de la información que maneja, para proponer nuevas formas de combatir el fenómeno. Será un espacio de debate con otros sectores de la sociedad, al modo de un “Think-Tank” en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Finalmente, será un espacio de articulación del trabajo de los diferentes miembros de la Comisión Nacional de Moralización, para poder coordinar entre organis-mos de las ramas judicial, ejecutiva y los órganos de control, la lucha contra la corrupción.

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Indicador de Mapas de Riesgo


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5. AJUSTE DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN A LAS CONVENCIONES INTERNACIONES

5.1. Cumplimiento de los estándares OCDE en materia de lucha contra la corrupción

En mayo de 2013 Colombia fue invitada a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta Organización tiene el objetivo de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo3. La OCDE está formada actualmente por treinta y cuatro países, entre los cuales el único país suramericano es Chile. La adhesión de Colombia a la Convención de lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros de la OCDE es parte de los requerimientos para pertenecer a dicha organización, dentro de la cual, en palabras del Presidente de la República, están “los países con las mejores prácticas económicas, sociales y de gobernabilidad del mundo entero”4.

La convención de la OCDE respecto al soborno trasnacional establece que su objetivo principal es penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales, ofrezcan, prometan, den dinero o gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus negocios. Entre el cúmulo de buenas prácticas que Colombia debe implementar antes de unirse a la OCDE, se encuentran aquellas contempladas en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transaccio-nes Comerciales Internacionales. Esta Convención fue adoptada por la OCDE en 1997 y fue objeto de adhesión por la República de Colombia en 2012 por medio de la Ley 1573 de 2011, declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-944 de 2012.Así mismo, dicha Convención incluye un Grupo de Trabajo que hace seguimiento a pares. Desde el 2011 Colombia, a través de la Secretaria de Transparencia, ha participado allí activamente. Este grupo es responsable de supervisar la aplicación y el cumplimiento de la OCDE contra el Soborno Transnacional y los instrumentos conexos. También tiene una función de retroalimentación por lo que genera guías de buenas prácticas y recomenda-ciones a los países sobre la implementación de la convención. Este sistema de seguimiento de revisión por pares se lleva a cabo en tres fases y es considerado por Transparencia Internacional como el “patrón oro” de la vigilancia.

3 Ver texto de la Convención de la OCDE en http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/convenciondelaocde.htm 4 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos sobre el ingreso de Colombia a la OCDE, 30 de mayo de 2013, http://

wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130530_03.aspx


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Colombia en este grupo de trabajo tiene un conjunto de responsabilidades como:• Acoger en el marco normativo colombiano la Convención contra el cohecho de fun-

cionarios públicos extranjeros y ratificarla. (establecida como prioridad por Richard Boucher en su última visita a Colombia).

• Establecer una coordinación adecuada entre las entidades que trabajan temas afines (Fiscalía, Órganos de Control UIAF, Ministerio de Justicia, Superintendencias, Ministe-rio de Comercio Exterior) para responder a los requerimientos de evaluación y segui-miento de la convención.

• Presentar la información de monitoreo y reportes del país en los tiempos exigidos y bajo lo establecido al momento de ingreso.

• Asistir a las 4 sesiones anuales en las cuales se reúne el comité y evalúa la entrada de nuevos miembros y las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de los países.

• Responder solicitudes de asistencia legal mutua y casos de soborno transnacional que lleve el país en casos de soborno transnacional (asistencia legal mutua en el caso Fe-rrostal con Alemania, por ejemplo)

• Votar en las sesiones plenarias del grupo de trabajo contra el cohecho, de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia y de acuerdo a los lineamientos de política internacional del Gobierno de Colombia.

• Acoger las recomendaciones en cuanto a nuevas regulaciones importantes para nues-tro marco normativo (responsabilidad de personas jurídicas, protección a denuncian-tes de actos de corrupción, etc.)

Entre los temas que Colombia ha hecho énfasis y los cuales son ventajas dentro del Grupo de Trabajo, vale la pena mencionar algunos aspectos. Colombia tiene un amplio marco de cooperación judicial y tiene acciones eficaces para perseguir, investigar y sancionar el soborno transnacional. También exige altos estándares de Contabilidad y auditoría para las empresas, que se encuentran en consonancia con los estándares internacionales. Las Superintendencias están encargadas de la vigilancia y control de las empresas y pueden hacer efectivas sanciones administrativas que incluye desde la imposición de multas has-ta la liquidación de la personería jurídica. Se han venido reforzando las medidas contra personas jurídicas que incurran en actos de corrupción y refuerza la investigación, penali-zación y sanción por estos actos tanto en materia administrativa como penal. Así mismo, es importante mencionar que en Colombia no está permitido hacer deducciones fiscales por gastos de corrupción nacional o internacional, al ser considerados actos contrarios a la ley y a la constitución. Colombia es considerada dentro de la Organización como un país líder en la persecución del delito de lavado de activos y en el último año estableció la corrupción como uno de los delitos fuente del lavado de activos.


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Igualmente, la participación de la Secretaría de Transparencia dentro del Grupo de Tra-bajo contra el Cohecho Trasnacional ha rendido frutos en otras áreas como las que se detallan a continuación: • Análisis del marco jurídico de la implementación del artículo 433 del Código Penal

colombiano sobre la tipificación del Soborno Transnacional.• La Secretaria de Transparencia lideró la construcción del memorando de inicio de

temas anticorrupción de la OCDE estableciendo la posición inicial del país de los 5 instrumentos que tiene la organización para el tema anticorrupción. Los comentarios sobre dicho memorando fueron públicos en el mes de febrero de 2014.

• Evaluación por pares de Brasil en la Fase 3 sobre la implementación de la Convención contra el cohecho transnacional.

• Revisión y propuesta del régimen de responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción en Colombia.

• Eventos de capacitación y socialización de la Convención con el sector privado (sep-tiembre de 2014) y con otros actores (febrero de 2013 y noviembre de 2013).

Así mismo, otro proyecto en curso es la revisión del Estatuto Anticorrupción para ajustarlo a los estándares OCDE. La Secretaría trabaja, en coordinación con el Ministerio de Justi-cia y del Derecho, en un borrador de proyecto de ley de reforma que será presentado por dicho Ministerio ante el Congreso de la Republica y que incluye no solo la responsabilidad de personas jurídicas, sino cambios propuestos por la OCDE en la revisión de fase 1 y cambios en las disposiciones para precisar lo dispuesto en la llamada “puerta giratoria”.

Como aparece en la exposición de motivos de dicho proyecto, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 2 de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extran-jeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE (Convención contra el co-hecho) y en el Artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), cada uno de los Estados signatarios se compromete a adoptar las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, para establecer la res-ponsabilidad de las personas jurídicas por el soborno de servidores públicos extran-jeros. La responsabilidad de las personas jurídicas puede ser penal, civil o administrativa.5

El proyecto de ley, que fue sometido a consideración del Congreso, tiene como objeto implementar esa Convención. Para esos efectos, establece un régimen de responsabilidad administrativa para las personas jurídicas que hayan incurrido en soborno transnacional y modifica el tipo penal de soborno transnacional. Algunas de las normas de dicho proyecto de ley modifican la Ley 1474 de 2011, también conocida como Estatuto Anticorrupción,

5 http://www.oas.org/juridico/PDFs/enc_compilacion.pdf


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la cual fue revisada por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE. Este Grupo de Trabajo, conformado por países miembros de la OCDE, concluyó que en el Código Penal y en la Ley 1474 de 2011 existían una serie de vacíos que impedían la implementación plena de la Convención6.

Este proyecto de ley entonces propone dos grandes ajustes:1.) Deroga el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 y en su lugar establece un régimen san-

cionatorio para todas las personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro. La aplicación de este régimen sancionatorio está a cargo de la Superintendencia de Sociedades y, en algunos casos, de la Superintendencia Financiera. Las Superintendencias contarán con la competencia para imponer sanciones pecuniarias y de otra índole en casos de soborno transnacional. Los Capítulos I a III de este proyecto de ley desarrollan ese régimen sancionatorio. En la elaboración de estos capítulos el Gobierno Nacional ha tenido en cuenta principalmente los artículos 2 a 4 de la Convención, junto con los comentarios autorizados de la Convención7 y las observaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho.

2.) Ajusta la definición de soborno transnacional en el artículo 433 del Código Penal para evitar vacíos en la aplicación de la Convención, en particular el artículo 1 que define las conductas que los Estados se han comprometido a sancionar.

Estos ajustes son una pieza clave en el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. En efecto, constituyen en la Hoja de Ruta aprobada el 20 de septiembre de 2013 por dicha Organización. Una vez estos ajustes sean aprobados por el Congreso de la República, Colombia tendrá una mayor probabilidad de ser evaluada favorablemente por la OCDE en su implementación de los compromisos adquiridos.

Además de ser un elemento crucial del proceso de adhesión a la OCDE, este proyecto de ley es un instrumento importante en la lucha contra la corrupción. La ley colombiana alcanzará no solo al cohecho que ocurre en Colombia respecto de servidores públicos colombianos, sino también al cometido por colombianos en el extranjero (en relación con servidores públicos extranjeros). A la vez, al implementar completamente la Convención, Colombia se inserta en una red de colaboración multinacional en aspectos penales que permitirá perseguir el cohecho que se inicia en otros países y se materializa en Colombia. El resultado esperado de este proyecto de ley se reflejará en una mayor transparencia en los sectores público y privado.

6 Ver informe del Grupo de Trabajo en http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ColombiaPhase1ReportEn.pdf 7 Ver Comentarios en http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf.


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Así mismo, y en consonancia con a las recomendaciones de la OCDE, en el marco de su listado de recomendaciones anti corrupción 2009, la Secretaria de Transparencia, con el apoyo de EuroSocial contratará un estudio para implementar la protección de denuncian-tes de actos de corrupción y hacer seguimiento al desarrollo legislativo de las disposiciones de regulación del cabildeo.

También y en auspicio con la OCDE esta Secretaria de Transparencia lideró el proceso de implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel. Esta herramienta recono-ce la importancia de la participación del sector privado en la prevención, identificación y persecución de casos de corrupción. En su primera etapa, un grupo de empresas -bajo los auspicios de la OCDE- invitó a las autoridades colombianas a diseñar un proyecto piloto para que los empresarios puedan presentar reportes de posibles actos de corrupción que tengan lugar en procesos de contratación pública. Este mecanismo se enmarca en el plan de trabajo que está desarrollando la Secretaría de Trasparencia con el sector privado.

La idea de implementar este mecanismo, surgió inicialmente entre un grupo de empresas del sector energético y el Instituto de Gobernanza de Basilea. Además, este mecanismo ha recibido el apoyo del Foro Económico Mundial, el Secretario General de Siemens, el B20, Transparency International (TI), la Organización Mundial de Negocios (ICC) y, más recientemente, el Secretario General de la OCDE. El mecanismo está concebido como una manera de prevenir y detectar los casos de corrupción procurando (en la medida de lo posible) que los procesos de contratación pública, sigan su curso. El objeto del sistema no será necesariamente el inicio de un proceso judicial, fiscal o disciplinario (aun cuando es una posibilidad), sino que hará hincapié en emitir alertas tempranas sobre posibles actos de corrupción durante el proceso de contratación pública gracias a la coordinación entre un conjunto de organismos públicos para este propósito. Esta aclaración es muy importante a fin de evitar falsas expectativas por parte del sector privado y de la sociedad en general.

Dado que la gran mayoría de los casos de corrupción en procesos de contratación pública responden a eventos en los cuales los estudios previos, pre-pliegos y pliegos están ajusta-dos a características que benefician a un proponente, el mecanismo revisará el proceso sobre el cual éste versa, incluyendo las solicitudes técnicas expuestas en los pre-pliegos y pliegos para determinar si dichos documentos están de acuerdo con los requerimientos técnicos del objeto a contratar en general, y no de acuerdo a las atribuciones de un pro-ponente en particular. Así, se revisarán las normas y requisitos para el proceso contractual determinado (estudios preliminares, pre-pliegos, pliegos y el resto de los documentos del procedimiento de contratación pública) con el fin de realizar observaciones oportunas sobre el proceso en curso, esto es, con anterioridad al acto de adjudicación.


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El Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel comenzó a funcionar con la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI en 8 licitaciones de la concesiones 4G. Allí no se han recibido denuncias formales, pero si los diferentes actores han pedido acompañamiento para el seguimiento de ciertos temas, en donde las empresas sentían la necesidad de transparen-cia, por lo cual se hicieron a modo de veeduría. Este mecanismo está explicado con más detalle en la sección 10.2 del presente informe. 5.2. Convención Interamericana para luchar contra la corrupción

La suscripción de la Convención se produjo por parte de Colombia el 29 de Marzo de 1996, en el marco de la Conferencia especializada sobre corrupción promovida por la Organización de Estados Americanos OEA en Venezuela. El Congreso expidió la Ley 412 de 1997 “por medio de la cual se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Co-rrupción”, y ésta fue sancionada por la Gobierno Nacional, el 6 de noviembre de 1997. La Corte Constitucional declaró su constitucionalidad mediante la sentencia C – 397 de 1998 y finalmente Colombia depositó el instrumento de ratificación el 19 de enero de 1999.

La Convención tiene como finalidades promover y fortalecer el desarrollo, en cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erra-dicar la corrupción; y promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.Estas finalidades son compatibles con los principios constitucionales establecidos en la Carta Política de 1991. Sobre el particular la misma Corte Constitucional señaló en la sentencia en la que declaró la constitucionalidad de la Convención Interamericana con-tra la Corrupción y de la ley aprobatoria que: “El Estado social de derecho, ha dicho de manera reiterada esta Corporación, se construye a partir del reconocimiento del ser hu-mano como sujeto autónomo, dotado de razón, cuya realización integral debe promover el Estado, garantizándole condiciones dignas para el desarrollo de sus potencialidades, condiciones que se anulan y diluyen en contextos en los que prevalezca el interés mezquino de quienes anteponen los suyos particulares a los de la sociedad, incluso desdeñándolos y sacrificándolos, mucho más si para ello hacen uso indebido del aparato administrativo que conduce el Estado, de los recursos que lo nutren, y del ejercicio de las funciones propias de la administración pública, conductas que por lo general se identifican en los tipos penales que describen prácticas corruptas”8

8 Corte Constitucional. Sentencia C – 397 de 1998.


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5.2.1. Mecanismo de seguimiento a la implementación de la Conven-ción Interamericana.

El Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción – MESICIC – puede definirse como “(…) un mecanismo interguber-namental, imparcial y objetivo en su operación y en las conclusiones a las que arriba sobe una base consensual y de cooperación que no implica la adopción de sanciones 9.”

De acuerdo con los principios que orientan el MESICIC, dicho mecanismo funciona a través de la selección que el Comité de Expertos hace de los artículos que serán objeto de análisis y del diseño del cuestionario, así como la metodología que ha de aplicarse para el estudio de las normas seleccionadas. También es competencia del Comité de Expertos establecer las fechas para la evaluación de cada país y conformar los subgrupos de aná-lisis encargados de estudiar la información de cada Estado Parte. Dicha evaluación luego se pone en común con todos los Estados Parte en el marco de las reuniones del Comité de Expertos celebradas periódicamente.

Esta característica del mecanismo permite que cada país sea objeto de evaluación pero que a la vez tenga un compromiso evaluador, en el marco de un subgrupo conformado objetivamente. Ello genera confianza en el equilibrio y trato igualitario del que es objeto cada Estado, lo cual, sumado a que se trata de un mecanismo que no tiene por finalidad establecer sanciones, permite un intercambio eficiente de ideas e instrumentos para la lucha contra la corrupción.

En la Vigésimo Tercera Reunión celebrada en la ciudad de Washington del 18 al 22 de marzo de 2014, la Secretaría de Transparencia lideró la participación del país en dicho espacio y en la elaboración del informe de avance sobre la implementación de las reco-mendaciones hechas al país por el Comité de Expertos. Este informe fue entregado por escrito y de manera verbal ante la Plenaria del Comité.

A través de este informe se destacaron, entre otros temas, la adopción de la Política Pública Integral Anticorrupción, el fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para au-mentar la integridad y la transparencia a través del Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE), la activación de la Comisión Nacional de Moralización (y las respectivas Comisiones Regionales), la sanción de la Ley de Transparen-cia y acceso a la información pública, la creación en la estructura de la Fiscalía General de

9 www.oas.org


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la Nación de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción (para tramitar los casos de corrupción de mayor trascendencia, connotación y complejidad a nivel nacional), la adopción de instrumentos de gran relevancia para evaluar el fenómeno de la corrupción como el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, y mediciones como el Índice de Gobierno Abierto (IGA) y el Índice de Integridad (INTEGRA).

Así mismo, se señalaron las dificultades relacionadas con el tema de cooperación interins-titucional, debido a diferencias de concepción sobre la aplicación de la norma constitu-cional frente al proceso penal acusatorio y al traslado de pruebas. Colombia, en calidad de Estado evaluador, participó en la visita in situ a Grenada, la cual se llevó a cabo, según lo establecido por el reglamento para las mismas, y con el fin de recoger información adicional a la presentada por el Estado evaluado en la respuesta al cuestionario para la evaluación de la Cuarta Ronda. En desarrollo de esta visita el país presentó sus respecti-vas observaciones.

En la Vigésimo Cuarta Reunión del Comité de Expertos, en calidad de Estado evaluador, Colombia presentó el informe sobre la implementación en Grenada de las normas objeto de análisis en el marco de la Cuarta Ronda. En esta intervención el país destacó temas re-lacionados con las siguientes instituciones de ese país: Comisión de Integridad, Comisión del Servicio Público, Fiscalía General y Departamento de Auditoría.

Así mismo, con el fin de promover el conocimiento y la apropiación de la Convención Inte-ramericana contra la Corrupción por parte de todos los funcionarios públicos, se elaboró una publicación sobre el tema, la cual puede ser consultada en el siguiente link: h t t p : / /www.an t i co r r upc i on . gov. co /S i t eA s s e t s / Pag i na s / Pub l i c a c i one s /Convenci%c3%b3n%20Interamericana.pdf

5.3. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

Colombia participó entre los países que lideraron la redacción y adopción del texto de dicha Convención. Su alcance universal motivó a que el Gobierno Colombiano en la Exposición de motivos de la Ley aprobatoria de la Convención destacara que: “La Con-vención que se somete en esta ocasión a la consideración del honorable Congreso de la República constituye un valioso instrumento jurídico internacional adoptado por los Estados en el marco de la lucha contrala corrupción. Es, además, el único de su género que tiene un ámbito de aplicación universal10.”

10 Exposición de motivos. Proyecto de Ley 235 de 2004 Senado – 237de 2004 Cámara por medio del cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y publicado en la Gaceta del Congreso 219 de 2004.


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A su vez la Corte Constitucional consideró, al estudiar la exequibilidad de la Convención y de su Ley aprobatoria, que “(…) el contenido del instrumento internacional sujeto a estudio es compatible con la Carta Política y, en buena medida, constituye un desarrollo acertado de distintos principios y valores constitucionales, especialmente el adecuado ejercicio de la función administrativa, la protección del patrimonio del Estado y el fortalecimiento de las instancias democráticas de participación ciudadana 11.”

5.3.1. Mecanismo de seguimiento a la implementación de la Conven-ción de Naciones Unidas

La Convención de Naciones Unidas prevé en su artículo 63 que “Se establecerá una Con-ferencia de los Estados Parte en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación”.

La Conferencia de Estados Parte a su vez tiene la facultad de establecer, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación de la Conven-ción. En este marco se adoptaron, en la IV Conferencia de Estados Parte, los términos de referencia para el funcionamiento de este Mecanismo. En ellos se establece un proceso de evaluación entre pares en el que cada Estado es analizado por dos Estados pares, selec-cionados a través de un sorteo.

El proceso se lleva a cabo a través de varias etapas. En la primera de ellas, el Estado analizado da respuesta al cuestionario establecido en el marco del Grupo de Examen para la aplicación. Posteriormente se lleva a cabo por parte de los estados evaluadores un examen documental de la información remitida. El examen documental debe com-plementarse con cualquier otro medio de diálogo directo, como una visita al país o una reunión conjunta. En la etapa final del proceso de examen los expertos evaluadores, con el apoyo de la Secretaría, preparan un proyecto de informe sobre el examen del país, el cual es enviado al Estado parte objeto de examen. El mencionado informe debe contener los éxitos, las buenas prácticas y las dificultades identificadas, así mismo se formularán observaciones para la aplicación de la Convención.

Una vez aprobados los términos de referencia del mecanismo de autoevaluación, se dio inicio a la primera ronda de análisis, la cual aún se encuentra en curso; en ella son objeto

11 Corte Constitucional. Sentencia C – 172 de 2006.


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de evaluación los capítulos III y IV de la Convención sobre penalización y aplicación de la Ley y Cooperación Internacional.

En el marco de la V Conferencia de Estados Parte en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción (CNUCC), celebrada en Panamá del 25 al 29 de noviem-bre de 2013, Colombia presentó una propuesta de resolución para el fortalecimiento de la participación de los jóvenes en la prevención de la corrupción. La señalada resolución fue el resultado del trabajo desarrollado por la Secretaría de Transparencia, la Procura-duría General de la Nación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –ONUDC, con el apoyo logístico y académico de diferentes colegios de la ciudad de Bo-gotá. Bajo esta iniciativa, durante el año 2013, se diseñó una metodología de intervención orientada a incentivar entre los jóvenes de los grados noveno, décimo y once de colegios públicos y privados, su capacidad de reflexión sobre la importancia del actuar ético, el respeto por lo público y el rol de los jóvenes como promotores de un cambio cultural para la prevención de la corrupción.

La construcción de este proyecto, basado en la participación activa de estudiantes de los grados finales de secundaria, tuvo su origen en la convicción de que el punto de quiebre para enfrentar la corrupción se encuentra más allá de los temas de investigación y san-ción, y requiere de un cambio de mentalidad de toda la sociedad en su conjunto. El resul-tado de la reflexión de los jóvenes fue una de las bases para promover, en la Asamblea de Estados Parte en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la adopción de una Resolución, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session5-resolutions.html

En relación con esta misma Convención, luego de un proceso de dos años, se aprobó el informe sobre la implementación en Colombia de los capítulos III y IV de la CNUCC, en el que se entregaron al país varias recomendaciones entre las que se destacan las siguientes:• Fortalecer la efectividad de la protección de denunciantes en el derecho penal, admi-

nistrativo y laboral. (art. 33 CNUCC);• Hacer esfuerzos para que las autoridades pertinentes elaboren estrategias para la in-

vestigación patrimonial-financiera, el decomiso y la reparación del daño en casos de corrupción desde el inicio del caso, incluso mediante el intercambio de información entre las instituciones (art. 31 y 35 CNUCC);

• Tomar medidas, de acuerdo a su legislación nacional, para permitir a sus instituciones de investigación penal y de asuntos disciplinarios y administrativo-fiscales, compartir entre ellas, sin perjuicio de garantizar el secreto de la fase de indagación, toda infor-mación relevante sobre casos de corrupción en cualquier fase del proceso, y mejore los mecanismos para el intercambio de información (art. 38 CNUCC);


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• Seguir aplicando medidas para socializar las políticas anticorrupción con el sector privado (art. 39, párr. 1) y seguir fortaleciendo los mecanismos de denuncia anónima y segura (art. 39, párr. 2 CNUCC);

El CONPES número 167 de 2013 estableció el compromiso de “Construir un sistema de seguimiento de indicadores a las convenciones internacionales de lucha contra la corrup-ción”. El desarrollo de este sistema tiene como finalidad hacer un seguimiento no sólo cualitativo sino cuantitativo a los avances en la implementación de las recomendaciones de las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción.

Para desarrollar esta tarea se acordó realizar un piloto a partir de las recomendaciones de las rondas 1 y 2 del MESICIC, priorizando los temas de mayor interés e identificando los indicadores ya existentes que cuentan con información relevante, con el fin de consolidar una medición con base en los mismos.

Así mismo, se estableció y aplicó un sistema general de medición específica de gestión los avances. Esta medición consiste en clasificar los desarrollos en la implementación de las recomendaciones de acuerdo a un sistema de semáforos (verde naranja y rojo) por medio del cual se asignaba a cada uno un valor: al avance en verde corresponde un valor de 100, al avance en naranja un 50 y al avance en rojo 0. Como resultado de la aplicación de esta medición es la siguiente:• Avance recomendaciones de primera ronda: 75%• Avance recomendaciones de segunda ronda: 67,31%

Dentro de los retos para el año 2015, en este frente la Secretaría de Transparencia se propone las siguientes acciones:• Fortalecer la acción coordinada interinstitucional para la implementación de las reco-

mendaciones derivadas de los procesos de evaluación de las Convenciones Interame-ricana y de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción.

• Avanzar en el desarrollo del sistema de indicadores para el seguimiento a la imple-mentación de las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción: (i) para todas las rondas de evaluación que se han llevado a cabo en el marco de la Convención Interamericana y (ii) para las recomendaciones del proceso de análisis de la Convención de Naciones Unidas.

• Liderar la implementación de la Resolución propuesta por Colombia y adoptada por la V Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para el fortalecimiento de la participación de los jóvenes en la prevención de la corrupción.


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• Promover la adopción de acciones sobre Cultura de la Legalidad en el marco de los temas de interés colectivo del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

5.4. La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)

El Gobierno Nacional ha venido trabajando en el ajuste y mejoramiento de la adminis-tración pública, a través de la implementación de esquemas de organización eficientes y tomando como referencia las mejores prácticas internacionales. Para ponerlo en práctica, el Gobierno de Colombia se ha propuesto vincularse a diferentes alianzas que determinan los parámetros de buen desempeño, eficiencia y eficacia del Estado.

En este sentido, Colombia se vinculó a la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011, instancia de la cual hacen parte más de 63 países. La Alianza es una iniciativa internacional dirigida a la participación concreta de los Gobiernos para promover la trans-parencia, incrementar la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías de tal manera que los países se comprometan a ser más abiertos, efectivos y responsables.

Esta iniciativa fue lanzada, en el marco de la 65 Asamblea General de las Naciones Uni-das, en septiembre de 2011 para proveer un escenario internacional para reformadores domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y me-joren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. En todos esos países, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto.

Ser parte de la AGA, implica que los gobiernos deben promover cuatro principios funda-mentales: Transparencia, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Innovación y Tecnología

Fuente: Secretaría de Transparencia

Transparencia Participación CiudadanaPrincipios

AGAInnovación y Tecnología

Rendición de Cuentas


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Adicionalmente ser parte de AGA involucra un esfuerzo compartido del gobierno nacional, los ciudadanos y el sector privado. Para incorporarse a AGA se deben cumplir los crite-rios de elegibilidad en cuatro áreas clave: Transparencia fiscal, acceso a la información, declaraciones patrimoniales y participación ciudadana. Adicionalmente, se debe enviar una carta de intención del gobierno a incorporarse y a respetar la “Declaración de Go-bierno Abierto” y, por último, identificar una entidad líder del proceso y elaborar un plan de acción.


Dado que la Alianza para Gobierno Abierto constituye un escenario de colaboración y construcción conjunta – Gobierno – Sociedad Civil – Sector Privado – se conformó un Comité de Seguimiento con el fin de definir la estrategia para la elaboración, desarrollo, monitoreo y divulgación del Plan de Acción colombiano en el marco de la AGA. El comité está conformado, como se detalla en el Gráfico 2:

Gráfico 2 - Comité de Seguimiento Alianza para el Gobierno Abierto


MiembroAGA

Cumplir criterios elegibilidad

Carta de intención y compromiso

Selección dependencia yelaboración plan de acción

Gobierno- Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia

Sociedad Civil-Corporaciónsomos más-Corporación Transparencia por Colombia

Sector Privado- Asociación de fun-ciones empresariales- Confecámaras


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De los 27 compromisos inicialmente expuestos, el “Plan de Acción–Reorganizado” ahora se compone de diecisiete (17) compromisos, los cuales sufrieron los siguientes cambios: i) se reagruparon los compromisos de Gobierno en materia de: Gobierno en Línea y Portal del Estado Colombiano; Mejor Servicio al Ciudadano y Lenguaje Claro; Mejor Desempe-ño, Rendición de Cuentas y Metodología Unificada de Rendición de Cuentas; Regulación en los Servicios Públicos y Transparencia en la Información del Sistema de Justicia, y Parti-cipación Ciudadana; ii) se ajustó el objetivo establecido de los compromisos de Protección al Consumidor; Entidades Más Eficientes; Acceso a la Información; Regalías; Control en Línea y Portal de Transparencia Económica; iii) se busca evaluar la posibilidad de realizar pilotos en los sectores de educación y salud; iv) finalmente, el compromiso de implementar el Plan de Acción en el ámbito territorial, está implícito en el desarrollo de cada uno de los demás compromisos.

El gráfico 3 muestra la reorganización de los compromisos y el reto al cual pertenecen, es importante anotar que Colombia no tuvo compromisos en los retos: Construcción de co-munidades más seguras y Aumento de la rendición de cuentas por parte de las empresas.

Gráfico 3 - Compromisos Alianza para el Gobierno Abierto


• Gobierno en línea, datos abiertos, regulación en los servicios públicos, protección al consumidor, mejor servicio al ciudadano, entidades mas eficientes

• Acceso a la información pública, mejor desempeño y RdC, política transparencia y plan anticorrupción

Mejora de los servicios públicos

Construcción de comunidades más seguras/Aumento

de la RdC por parte de las empresas

Aumento en la integridad pública

Mejor gestión de la inversión pública

• Compras eficientes, portal transparencia económica, control en línea, regalías, saneamiento básico, alianza gobierno sector privado


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Con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Foreign and Common-wealth Office del Reino Unido, la organización del Gobierno de Colombia y la Organi-zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE- se llevó a cabo durante los días 20 y 21 de marzo en la ciudad de Bogotá, el “Seminario Regional sobre Gobierno Abierto en América Latina: Logros y Desafíos Futuros”. Colombia fue escogido como país anfitrión para presentar los resultados del estudio latinoamericano para hacer un inventa-rio de estrategias y prácticas de gobierno abierto realizado por la OCDE. En este espacio la Secretaria de Transparencia, presentó las iniciativas del país en Gobierno Abierto con énfasis en la apertura al acceso a la información y la participación ciudadana.

El principal reto de Colombia, y de la Secretaría de Transparencia es construir un Segundo Plan de Acción que documente los siguientes aspectos: 1.) las recomendaciones que el Mecanismo de Evaluación de AGA realizó al primer plan presentado, 2.) la continuidad de algunos compromisos importantísimos en el tema de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, 3.) los aprendizajes que obtenidos del Encuentro Regional de AGA realizado en San José de Costa Rica, el pasado 17, 18 y 19 de noviembre.El gráfico 4 muestra el proceso de construcción del segundo plan de acción:

Gráfico 4 – Construcción Plan de Acción Alianza para el Gobierno Abierto


En este sentido, es importante que el tema de Gobierno abierto llegue a las regiones de nuestro país. Es necesario que, al menos, en los principales departamentos y capitales del país se inicie el proceso de socialización del tema Gobierno Abierto.

Mesas de trabajo

territoriales

Consulta ciudadana Urna de Cristal

Elaboración y Socialización

Primer Documento

Mesa de trabajo

Comité de Seguimiento Ampliado

Elaboración Documento

Final

Mesas de trabajo en

Bogotá

44

Indicador de Oferta y Demanda de Información


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6. COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN

6.1. Introducción

En desarrollo de los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 70 de la Ley 190 de 1995, la Comisión Nacional de Moralización, en reunión del 22 de julio de 2003, tomó la decisión de implementar una estrategia territorial, con el propósito de promover la generación y adopción de políticas, planes y programas orientados a la prevención, investigación y san-ción de hechos de corrupción en el nivel local. De este modo, se crearon las Comisiones Regionales de Moralización (CRM), cuyas funciones quedaron consignadas en el artículo 65 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

El anterior Programa Presidencial para la Lucha Contra la Corrupción (hoy Secretaría de Transparencia), promovió y coadyuvó en la creación de estas Comisiones Regionales con el apoyo de aliados estratégicos en el nivel territorial, como las Cámaras de Comercio. En aquel entonces las Comisiones Regionales estaban integradas por:• Directores Seccionales de Fiscalía y C.T.I.• Procurador Regional.• Contralor Departamental.• Gerente Departamental de la Contraloría General de la República.• Defensor del Pueblo.• Director Seccional del Consejo Superior de la Judicatura.

En el Estatuto Anticorrupción se establece que la Comisión Regional de Moralización es-tará conformada por los representantes regionales de la Procuraduría General de la Na-ción, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Contraloría Departamental, Municipal y Distrital. Adicio-nalmente otras entidades pueden ser convocadas para ser parte de dichas Comisiones, como: la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, los cuerpos especializados de policía técnica, el Gobernador y el Presidente de la Asamblea Departamental.

Durante el primer semestre de 2014 la Secretaría de Transparencia adelantó un trabajo de diálogo con todas las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización y con los Presidentes y Secretarios Técnicos de las Comisiones Regionales de Moralización, orientada a indagar sobre la operación de las Comisiones Regionales, con el fin de con-solidar unos lineamientos generales y proponer herramientas para la operación de dichas instancias.


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Fuente: Primer Encuentro de Presidentes y Secretarios Técnicos de las CRM. Bogota. 3 de Marzo de 2014

El diagnóstico elaborado permitió identificar algunas dificultades que enfrentan estas Comisiones en su operación, además de un conjunto de buenas prácticas que deberían promoverse y replicarse. La Secretaría de Transparencia encontró que las dificultades estaban asociadas, por un lado, a la falta de claridad normativa y metodológica para determinar el modus operandi de las CRM; y por otro lado a que la interacción de los diferentes miembros en el territorio resulta difícil de estabilizar por la alta rotación de funcionarios y complicaciones en las agendas de trabajo.

Sin embargo, se identificaron buenas prácticas en relación con la creación de reglamentos internos, cualificación de las denuncias ciudadanas, examen conjunto de presuntos casos de corrupción y relación con la ciudadanía así como alianzas con los medios locales de comunicación.

6.2 Lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales de Moralización

A partir del diagnóstico liderado por la Secretaría de Transparencia y concertado con las CRM, la Comisión Nacional de Moralización, bajo el liderazgo técnico de la Secretaría de Transparencia, construyó una nueva cartilla de

Fuente: Primer Encuentro de Presidentes y Secretarios Técnicos de las CRM. Bogota. 3 de Marzo de 2014

El diagnóstico elaborado permitió identificar algunas dificultades que enfrentan estas Co-misiones en su operación, además de un conjunto de buenas prácticas que deberían pro-moverse y replicarse. La Secretaría de Transparencia encontró que las dificultades estaban asociadas, por un lado, a la falta de claridad normativa y metodológica para determinar el modus operandi de las CRM; y por otro lado a que la interacción de los diferentes miembros en el territorio resulta difícil de estabilizar por la alta rotación de funcionarios y complicaciones en las agendas de trabajo.

Sin embargo, se identificaron buenas prácticas en relación con la creación de reglamentos internos, cualificación de las denuncias ciudadanas, examen conjunto de presuntos casos de corrupción y relación con la ciudadanía así como alianzas con los medios locales de comunicación.

6.2. Lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales de Moralización

A partir del diagnóstico liderado por la Secretaría de Transparencia y concertado con las CRM, la Comisión Nacional de Moralización, bajo el liderazgo técnico de la Secretaría de Transparencia, construyó una nueva cartilla de lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales, que establece los objetivos, actividades y acciones específicas en las que deberán enfocarse estas comisiones. La cartilla incluye también una serie de herra-


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mientas que buscan facilitar el trabajo de las Comisiones: un modelo para la formulación de Planes Anuales de Acción, un modelo para la presentación de Informes Semestrales de Gestión, una Guía para la Gestión Documental de la Comisiones, una Guía para la ela-boración de las actas de reunión y finalmente una guía para la realización de las reuniones de las Comisiones con la ciudadanía organizada.

Consulte este documento en http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/lineamientosCRM.aspx

Durante el segundo semestre de 2014 la Secretaría de Transparencia compartió por me-dio físico y digital la cartilla de lineamientos con cada una de las 32 Comisiones Regiona-les de Moralización del país. Adicionalmente, se les solicitó en el mes de Agosto de 2014 a las CRM, dedicar su próxima sesión ordinaria a dos tareas específicas:1. La armonización del actual reglamento interno de la Comisión Regional de Moraliza-

ción, siguiendo el modelo para la elaboración del reglamento interno incluido en la cartilla.

2. La formulación de un nuevo Plan de Acción Anual de la Comisión Regional de Mo-ralización, siguiendo las pautas señaladas en la cartilla, y haciendo uso del modelo para la elaboración del Plan de Acción Anual diseñado por la Comisión Nacional de Moralización. Este Plan de Acción contendrá las actividades a desarrollar por parte de la CRM entre el mes de julio de 2014 y el mes de junio de 2015.

Con el ánimo de facilitar a las Comisiones la labor de elaborar su Plan Anual de Acción, la Secretaría de Transparencia elaboró y compartió con cada una de las Comisiones un video tutorial que explica a los integrantes los pasos a seguir para la formulación de este documento: 49

lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales, que establece los objetivos, actividades y acciones específicas en las que deberán enfocarse estas comisiones. La cartilla incluye también una serie de herramientas que buscan facilitar el trabajo de las Comisiones: un modelo para la formulación de Planes Anuales de Acción, un modelo para la presentación de Informes Semestrales de Gestión, una Guía para la Gestión Documental de la Comisiones, una Guía para la elaboración de las actas de reunión y finalmente una guía para la realización de las reuniones de las Comisiones con la ciudadanía organizada.

Consulte este documento en http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/lineamientosCRM.aspx

Durante el segundo semestre de 2014 la Secretaría de Transparencia compartió por medio físico y digital la cartilla de lineamientos con cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización del país. Adicionalmente, se les solicitó en el mes de Agosto de 2014 a las CRM, dedicar su próxima sesión ordinaria a dos tareas específicas:

1. La armonización del actual reglamento interno de la Comisión Regional de Moralización, siguiendo el modelo para la elaboración del reglamento interno incluido en la cartilla.


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2. La formulación de un nuevo Plan de Acción Anual de la Comisión Regional de Moralización, siguiendo las pautas señaladas en la cartilla, y haciendo uso del modelo para la elaboración del Plan de Acción Anual diseñado por la Comisión Nacional de Moralización. Este Plan de Acción contendrá las actividades a desarrollar por parte de la CRM entre el mes de julio de 2014 y el mes de junio de 2015.

Con el ánimo de facilitar a las Comisiones la labor de elaborar su Plan Anual de Acción, la Secretaría de Transparencia elaboró y compartió con cada una de las Comisiones un video tutorial que explica a los integrantes los pasos a seguir para la formulación de este documento:

Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ET72wQ7WaL8

6.3 Visibilidad de las Comisiones Regionales de Moralización

Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ET72wQ7WaL8

6.3. Visibilidad de las Comisiones Regionales de Moralización

La Comisión Nacional de Moralización creó también dentro del portal web del Observa-torio de Transparencia y Anticorrupción www.anticorrupcion.gov.co, un espacio para hacer visible la gestión de las 32 Comisiones Regionales de Moralización del país. La página creada para cada una de las Comisiones cuenta con un espacio para la presentación de:• Los integrantes de la respectiva CRM• El Plan de Acción Anual• El Reglamento Interno de la CRM• Los Informes Semestrales de Gestión• Noticias• Fotos• Videos• Agenda de Eventos


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La Comisión Nacional de Moralización creó también dentro del portal web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción www.anticorrupcion.gov.co, un espacio para hacer visible la gestión de las 32 Comisiones Regionales de Moralización del país. La página creada para cada una de las Comisiones cuenta con un espacio para la presentación de:

• Los integrantes de la respectiva CRM • El Plan de Acción Anual • El Reglamento Interno de la CRM • Los Informes Semestrales de Gestión • Noticias • Fotos • Videos • Agenda de Eventos

Desde la Secretaría de Transparencia se fortalecerá la articulación con las entidades inte-grantes de la Comisión Nacional de Moralización y se realizará un trabajo de acompaña-miento permanente a cada una de las 32 Comisiones Regionales de Moralización, para la aplicación de los lineamientos formulados para su operación.



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Fase 1. Transmisión de Lineamientos

Objetivo: Establecer contacto directo con los integrantes de las CRM para transmitirles de manera clara los objetivos, actividades y herramientas diseñadas por la Comisión Nacio-nal para la operación de las Comisiones Regionales.

Mecanismo: Talleres departamentales, Talleres Regionales y participación en Encuentros nacionales de los integrantes de las Comisiones (Encuentro Nacional de Contralores, En-cuentro de Procuradores, Encuentro de Fiscales).

Fase 2. Acompañamiento

Objetivos: -Brindar acompañamiento técnico a las CRM para ayudarlas a avanzar en el manejo de los instrumentos básicos para su operación, formulados en los lineamientos: Construcción de sus planes anuales de acción, ajuste de reglamentos internos, informes se-mestrales de gestión, etc. A través de los planes anuales de acción y de los reportes de las CRM, la Secretaría de Transparencia podrá conocer los casos de corrupción estratégicos en los que se concentra el trabajo de las CRM.

Adicionalmente se buscará acompañar los eventos que realice cada CRM con ciudadanía organizada en las entidades territoriales.

Mecanismo: Encuentros presenciales y virtuales con cada una de las 32 CRM del país.

Fase 3. Seguimiento

Objetivo: Requerir información a las CRM y realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los Planes Anuales de Acción. Promover acciones de mejora y una mayor efectividad en el desarrollo de actividades o el seguimiento a casos estratégicos.


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7. PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

7.1. Introducción

La Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), determinó en el artículo 73 que todas las entidades públicas deben elaborar un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aspecto reglamentado mediante el Decreto 2641 de 2012. En este sentido, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, diseñaron el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anti-corrupción y de Atención al Ciudadano”, que consigna la metodología para elaborar la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, la cual debe ser implementada anualmente por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal; el plazo para publicar esta estrategia es el 30 de enero de cada año.

La metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. El primero es el mapa de riesgos de corrup-ción y las acciones para su manejo, metodología que se construyó a partir del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- (Componente de Administración del Riesgo). En el segundo componente es la Racionalización de Trámites se explican los parámetros generales de esta política que viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. El tercer componente es la Rendición de cuentas, fundado en la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado. Esta estrategia es coordinada por la Secretaría de Transparencia del Departamento Adminis-trativo de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación. El cuarto componente corresponde a la Estrategia de Servicio al Ciudadano, en el que se abordan los elementos que la deben integrar, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos para garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.


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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que fue reglamentado con el Decreto 2482 de diciembre de 2012, este modelo se convierte en la carta de navegación en el ejercicio de planeación y gestión de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en los térmi-nos señalados en el Artículo 42 de la Ley 489 de 1998.

7.2. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión

El modelo integrado de planeación y gestión articula el quehacer de las entidades, me-diante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo así como el mo-nitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. La Secretaría de Transparencia, como líder de la política del Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, e integrante de la mesa de trabajo que implementó el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión Pública –FURAG-, incluyó 32 preguntas que permiten evaluar la elaboración del Plan Anticorrupción y sus componentes. Tratándose del Mapa de Riesgos de Corrupción, las preguntas están relacionadas con la elaboración, los ele-mentos incluidos, la metodología utilizada; los riesgos identificados y materializados.

En el primer trimestre del 2014, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –Secretaría de Transparencia-, el Departamento Nacional de Planeación –Pro-grama Nacional de Servicio al Ciudadano-, Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, socializaron con las oficinas de Planeación de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional los resultados obtenidos con la primera evaluación del FURAG de todos los sectores. Res-pecto del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano el Sector Presidencia -al cual pertenece el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –Secretaría de Transparencia- se evidencian en la siguiente gráfica.


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Formulación PlanAnticorrupción

Servicio al ciudadano

Rendición de cuentas a laciudadanía Antitrámites

Mapa de Riesgos deCorrupción

98

8458

6151

Gráfica 5 - Cumplimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención al ciudadano - Sector Presidencia


7.3. Seguimiento a los Planes Anticorrupción

La Secretaría ha concentrado importantes esfuerzos en difundir los contenidos principales del Plan Anticorrupción, para lo cual se han adelantado campañas de difusión a través de medios electrónicos, aclarando constantemente inquietudes formuladas por Entidades, funcionarios y ciudadanos, de manera personal, como por correo electrónico. Igualmente, se han realizado talleres presenciales en los cuales han participado servidores y ciudada-nos en diferentes departamentos del país como Antioquia, Córdoba, Magdalena, Meta, Quindío, Santander y Valle del Cauca. Igualmente en Bogotá se ha trabajado con Enti-dades Públicas como la Contraloría de Cundinamarca, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud y Protección Social. Para el 2015 se espera trabajar con municipios de conso-lidación Territorial como Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador en Córdoba.

Con el fin de realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ha elaborado dos documentos en los cuales documenta los avances de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, así como de las Gobernaciones y Alcaldías capitales en el nivel territorial.


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El primer documento fue elaborado en el año 2013, y fue complementado con los resul-tados aportados por el Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión Pública –FU-RAG- en los primeros meses del 2014. El segundo documento de seguimiento consolida los resultados del año 2013 y los compara con los obtenidos de la investigación realizada por la Secretaría de Transparencia para el año 2014. La verificación de cumplimiento en la elaboración del Plan Anticorrupción y de sus componentes se realizó teniendo en cuenta los siguientes insumos:• Páginas web de las Entidades Públicas de Orden Nacional, los cuales debieron ser

publicados en sus páginas web, a más tardar, el 31 de enero de 2014.• Verificación telefónica con las oficinas de Planeación y Control Interno. • Información reportada por algunas entidades públicas al correo electrónico plananti-

[email protected].• Información suministrada por el área de Control Interno y Racionalización de Trámites

del Departamento Administrativo de la Función Pública.• Información del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -Formulario Único de Re-

porte de Avances de la Gestión-.

Los resultados consignados en el documento de seguimiento, tienen como fecha de corte el mes de enero de 2014, fecha limite para publicar el Plan Anticorrupción con sus com-ponentes en las páginas web de las Entidades Públicas. Para efectos de clasificar los resul-tados en el informe, se dividieron las Entidades Públicas, o los sectores de los cuales estas hacen parte en porcentajes que van de 0 a 100%, presentado la siguiente distribución:• El porcentaje de 100%, corresponde al cumplimiento en su totalidad con la elabora-

ción del Plan y sus cuatro componentes.• El porcentaje de 81% a 100%, corresponde al cumplimiento en la elaboración del

Plan Anticorrupción, pero no todas las entidades o elaboraron sus componentes.• El porcentaje de 51% a 80%, corresponde al incumplimiento en la elaboración tanto

del Plan Anticorrupción, como de sus componentes por algunas entidades.• El porcentaje hasta el de 50%, corresponde al incumplimiento en la elaboración tanto

del Plan Anticorrupción, como de sus componentes por la mayoría de las entidades.

En relación con los sectores de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, la investigación resalta los siguientes resultados relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus cuatro componentes, en el año 2014 comparado con el año 2013, los cuales se evidencian en los gráficos que se muestran a continuación:• En el rango de 100%, se presentó una disminución del 33.4%.• En el rango entre 81% - 100%, se presentó una disminución del 16.84%.• En el rango entre 51% - 80%, se presentó una disminución del 21%.• En el rango entre 0% - 50%, se presentó un aumento del 29%.


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Tabla 1: Cumplimiento de los Planes Anticorrupción en los 24 sectores de la Rama Ejecutiva (Orden Nacional)

24 Sectores

Criterios2013 2014 Diferencias

Porcentaje Sectores Porcentaje Sectores Porcentaje Sectores PorcentajePlan y Compo-nentes (todos)

100% 12 50% 4 16.6% 8 33.4%81-100% 5 21% 1 4.16% 4 16.84%51-80% 6 25% 11 46% 5 21%0-50% 1 4% 8 7 29%


En relación con las entidades de Orden Nacional, la investigación resalta que la adecua-da elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en sus cuatro componentes, presentó disminuciones importantes en el año 2014 comparado con el año 2013. En particular, el Plan Anticorrupción presenta una disminución del 23%; el componente Mapa de Riesgos de Corrupción presenta una disminución del 51%; el com-ponente de Trámites presenta una disminución del 18%; y el componente de Rendición de cuentas y de Atención al Ciudadano presentan una disminución del 24%.

Tabla 2: Cumplimiento de los Planes Anticorrupción en las entidades de la Rama Ejecutiva (Orden Nacional)

180 Entidades de Orden Nacional

Criterios2013 2014 Diferencias

Entidades Porcentaje Entidades Porcentaje Entidades PorcentajePlan 158 88% 117 65% 41 (23%)

Componentes (todos) 139 77% 57 32% 82 (45%)Mapa de Riesgos 155 86% 64 35% 91 (51%)

Trámites 141 78% 108 60% 33 (18%)Rendición de Cuentas 155 86% 112 62% 43 (24%)Servicio al Ciudadano 156 87% 113 63% 43 (24%)



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De modo específico, los Ministerios y Departamentos Administrativos, presentaron com-portamientos ligeramente disímiles, como se detalla a continuación: • El Plan Anticorrupción fue elaborado por todos los Departamentos Administrativos,

pero en los Ministerios 15 de los 16 lo hicieron en 2014.• En los Departamentos Administrativos, el componente Mapa de Riesgos de Corrupción

presenta una disminución del 29%, los demás componentes de Trámites, Rendición de cuentas, y Atención al Ciudadano fueron elaborados en su totalidad. Pero en los Mi-nisterios sólo 9 de ellos desarrollaron todos los componentes del Plan Anticorrupción y sólo 10 hicieron su mapa de riesgos de corrupción.

En el nivel territorial, respecto de las Gobernaciones el Plan Anticorrupción presenta una disminución del 10%, mientras que el componente Mapa de Riesgos de Corrupción pre-senta un aumento del 14%.

Los resultados productos del seguimiento realizado a los Planes Anticorrupción y de Aten-ción al Ciudadano, fueron socializados mediante un video informativo dirigido a los jefes de control interno y jefes de planeación de las entidades del Orden Nacional. Video que conto con intervenciones del Dr. Rafael Merchán, (quien para ese momento era el Secreta-rio de Transparencia) y la Dra. Elizabeth Rodríguez, directora del Departamento Adminis-trativo de la Función Pública. El informe se encuentra disponible en la página web: www.anticorrupcion.gov.co.

150

158

117

155141

108

155

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113

139

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Plan Componentes(todos)

2013 2014

Planes AnticorrupciónEntidades Orden Nacional

No.

Entid

ades

Trámites Rendición deCuentas

Servicio alCiudadano

64

100

50

0


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7.4. Construcción de los Mapas Sectoriales de Riesgo de Corrupción

El enfoque sectorial en la lucha contra la corrupción, implica reconocer las particula-ridades del fenómeno asociadas a las diferentes áreas en las que el Estado interviene para cumplir sus fines y suministrar bienes públicos. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaria de Transparencia, en el 2013 suscribió con-venios con la Universidad Nacional y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de desarrollar una metodología que permita abordar la corrupción desde la órbita sectorial. Esto se hizo aprovechando la disposición existente en el Estatuto Anticorrupción que establece como uno de los componentes de los Planes Anticorrupción, los Mapas de Riesgo correspondientes.

El plazo para la publicación del primer Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y de sus componentes se cumplió el 30 de abril de 2013, siendo el mapa de ries-gos de corrupción el componente más novedoso para analizar el fenómeno de la corrup-ción. Para conocer el proceso de formulación y el contenido de los mapas de riesgo de co-rrupción, la Universidad Nacional y el PNUD adelantaron una evaluación al primer mapa de riesgos de corrupción elaborado según los lineamientos contenidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Teniendo en cuenta el universo y particularidades de las entidades públicas el análisis par-tió de la selección de los sectores Penitenciario y Carcelario, el subsector Acueducto, el sector Agrario, el sector Educación, el sector Salud y el sector Medio Ambiente.

Con el fin de conocer el contexto general de los riesgos de corrupción desde una dinámi-ca sub-sectorial y de orientar estrategias anticorrupción hacia la perspectiva sectorial, los consultores elaboraron los mapas de riesgos de corrupción sectorial de los subsectores (i) Sector Justicia: Sistema Penitenciario y Carcelario. (ii) Sector Vivienda Ciudad y Territorio: Acueducto. (iii) Sector Agrario: Subsidios Directos. (iv) Sector Educación: Educación Básica y Media. (v) Sector Salud: Hospitales, y (vi) Sector Medio Ambiente: Autoridad Ambiental.El análisis adelantado permitió establecer entre otros, los posibles riesgos de corrupción, las causas, la definición de las acciones y los responsables de la gestión del mapa de riesgos de corrupción sectorial.

En la determinación de los riesgos de corrupción la Secretaría de Transparencia tomó el enfoque de Gestión por Procesos, de modo que hizo una valoración sobre qué tipo de procesos eran los más vulnerables a actos corruptos de acuerdo con lo que las entidades reportan en sus mapas de riesgo. Adicionalmente, en el estudio que se le pidió a la Uni-versidad Nacional así como al PNUD, se construyeron unos MACROPROCESOS como


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unidad de análisis en materia de riesgo de corrupción. Allí podía tomar parte más de una entidad dado que correspondía al sector que se analizaba.

Del proceso de evaluación a los mapas de riesgos de corrupción se estableció que el pro-ceso más sensible a los posibles riesgos de corrupción son los procesos de apoyo y dentro de ellos está la gestión contractual. Las causas de los riesgos de corrupción están ligadas a las debilidades institucionales y a conductas individuales.

Se estableció igualmente que existe una notable resistencia del funcionario público para abordar la construcción de riesgos de corrupción por las implicaciones en la imagen institucional. Así como como la dificultad que representa la diferenciación entre un riesgo de corrupción y uno de tipo administrativo, que suelen confundirse.

7.4.1. Caracterización de la Corrupción en los Sectores y/o Subsectores

Sistema Penitenciario y CarcelarioEn este subsector se identifican dos grandes espacios propicios para la corrupción: el primero y más visible: el de la contratación pública. El segundo se deriva de la fun-ción primordial del subsector: lograr el cumplimiento de las finalidades de la pena y de las medidas de seguridad.

Los primeros riesgos de corrupción se centran en el direccionamiento de la contratación y la problemática presentada en torno a los procesos de interventoría, en especial en la alimentación para los internos. Tratándose de los propósitos de las penas y de

la implementación de las medidas de seguridad, los riesgos de corrupción se asocian a procesos de tratamiento penitenciario, atención integral a población penitenciaria y car-celaria, en especial en salud y seguridad. De acuerdo con el diagnóstico realizado, esto se debe en parte al hacinamiento, a las deficiencias funcionales y comportamentales de los funcionarios y a la falta de seguimiento a los protocolos establecidos.Frente a la administración de justicia, los riesgos de corrupción se asocian a las acciones de las autoridades judiciales, toda vez que dependiendo de las competencias se pueden otorgar beneficios administrativos, subrogados penales, medidas sustitutivas de detención o prisión domiciliaria.

Se identifican dos espacios para la corrupción: la contratación pública y los derivados del cumplimiento de las finalidades de la pena y de las medidas de seguridad.


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Acueducto

Los riesgos de corrupción del subsector acueducto se agrupan en cinco grandes campos: en el desarrollo territorial, la gestión ambiental, el servicio públi-co, la regulación económica y los derivados de los ejercicios de participación ciudadana. En el desarrollo territorial se identifican riesgos de corrupción aso-ciados a los actores políticos y económicos que pueden influir en los modelos de ordenamiento territorial.

En la gestión ambiental los riesgos de corrupción se concentran en las irregula-ridades para la obtención de trámites y permisos ambientales y en la manipulación de estudios ambientales.

En el servicio público de acueducto, los riesgos de corrupción se centran en la ma-nipulación de tarifas, subsidios y de la infor-mación para incidir en procesos de estrati-ficación. En la regulación económica, los riesgos se encuentran en la gestión de

proyectos, en la definición de criterios y mecanismos de la regulación técnica y en la regulación tarifaria.

Por otro lado, el desconocimiento de las instancias de participación ciudadana por parte de las comunidades ha generado la captura de los espacios de participación por agen-tes privados para validar prácticas indebidas en contravía de los intereses colectivos, en beneficios de grupos de poder económico o político o parar provechos particulares.

Subsidios Directos Agrarios

Los riesgos de corrupción identificados se relacionan con las irregularidades en la obtención de beneficios a través del pago u otorgamiento de dádivas a los supervisores con el propósito de que certifiquen condicio-

nes diferentes a las reales. Así mismo con la entrega de información fragmentada o irreal para acceder a los subsidios. La influencia de intereses políticos para el otorgamiento de subsidios; la presión indebida de grupos poder y de políticos para conceder los beneficios de manera irregular y el doble pago de los incentivos. Así como la indebida

Los riesgos de corrupción se agru-pan en cinco campos: Desarrollo territorial. Gestión ambiental. Servi-cio público. Regulación económica y participación ciudadana.

Los riesgos de corrupción más fre-cuentes se relacionan con el pago o el ofrecimiento de dádivas para la obtención de beneficios.


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formulación y escogencia del PGAT (Plan General de Asistencia Técnica), por la falta del cumplimiento de requisitos.

Las causas generadas de esos riesgos de corrupción tienen que ver con la falta de recur-sos humanos y de capacidad técnica de las alcaldías para presentar los proyectos con el debido soporte técnico. Así mismo, por las dificultades para realizar la verificación, seguimiento y evaluación al proceso por parte de las entidades encargadas de conceder los incentivos. La debilidad institucional, ha ocasionado que en algunas ocasiones se han utilizado los subsidios directos con fines clientelistas. De tal manera que los intereses polí-ticos priman sobre las necesidades técnicas y productivas de los beneficiarios.

Educación Básica y Media

Los riesgos de corrupción encontrados se asocian a los procesos derivados de la ges-tión contractual, como son las obras de infraestructura, el mobiliario escolar, la con-

tratación con colegios privados para ampliar la cobertura y los contratos de alimentación escolar.

Otros riesgos se derivan de los reportes falsos de niños matriculados en un deter-minado período de lectivo. Alumnos duplicados que se relacionan con números y docu-mentos de identificación diferentes (registro civil, tarjeta de identidad, cédula). Se registran alumnos que sin serlo, son atendidos como población con necesidades educativas espe-ciales, (afrodescendientes, indígenas o internos). De tal forma que la entidad territorial recibe sumas adicionales para atender esta población, así mismo se contabilizan como alumnos, jóvenes que han finalizado sus estudios y se reportan como matriculados en otro grado.

En el sector de la educación las pérdidas de los recursos se asocian a las diferencias entre los giros realizados por el Gobierno Nacional a las entidades territoriales y los apropiados por éstas en su presupuesto de ingreso.

Teniendo en cuenta que los recursos del Sistema General de Participaciones SGP se des-tinan por niño atendido, en algunas ocasiones las entidades territoriales y las instituciones educativas revelan cifras infladas con el propósito de obtener mayores recursos.

Para obtener mayores recursos se emiten reportes falsos de niños matriculados.


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En los procesos de licenciamiento son los más expuestos a la presencia de actos de corrupción.

Hospitales

En términos generales los procesos más susceptibles de la presencia de riesgos de co-rrupción son los de procesos de contratación: suscripción de contratos, procesos de selección y contratación de talento humano y en la adquisición de insumos (sobrecostos) y los procesos de facturación y pagos.

Posibles desvíos de los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social recaudado del aporte de los ciudadanos. Los malos manejos administrativos de las entida-des de salud, que financian campañas políticos y hasta grupos armados son solo algunos ejemplos de la problemática presentada en el sector, que infortunadamente repercute en una deficiente prestación del servicio.

En su mayoría las conductas que ocasionan los riesgos de corrupción se refieren a com-portamientos individuales, más que a debilidades institucionales: falta de cultura ética, el aprovechamiento del cargo, el tráfico de influencias, el favorecimiento a terceros. Del análisis elaborado se determinó que la corrupción puede presentarse de diver-sas formas: desde grandes defraudaciones, pérdida de recursos, insumos desapare-cidos, servicios cobrados y no prestados. Hasta construcciones innecesarias, inconclusas, equipos defectuosos o no requeridos de alto costo, entre otros. Sin embargo, lo más grave es la corrupción gota a gota que se presenta día a día.Los funcionarios encargados de tramitar los servicios requeridos por los usuarios, en un uso indebido del poder aprove-chan su condición para la obtención de un beneficio particular.

Autoridad Ambiental

En los procesos misionales se ubican el mayor número de actividades con riesgo de corrupción. Los más recurrentes son los de licenciamiento. Es de señalar que las con-secuencias derivadas de un riesgo de corrupción son de difícil identificación y medición en términos del daño ambiental que oca-sionan. Así por ejemplo, es difícil evaluar la cadena de efectos ambientales negativos y las consecuencias económicas, políticas, sociales y organizacionales derivadas por la concesión de un permiso de vertimiento otorgado irregularmente (sin el cumplimiento de requisitos), a cambio del pago de una suma de dinero al funcionario que tramita el permiso.


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En este sentido, se requiere que además de encausar estrategias orientadas a disminuir o impedir el riesgo de corrupción, se desplieguen mecanismos para la identificación y la valoración de los daños ligados a las actividades de corrupción sobre los recursos naturales. Es necesario dimensionar los costos que generan las pérdidas por los hechos de corrupción en el subsector que si bien no son cuantiosos, representan un desco-munal daño ambiental. En los procesos estratégicos, los riesgos de corrupción se presenta en los procesos de incentivos tributarios, como la eliminación del IVA en proyectos so-cio ambientales y las exenciones a la renta en las Corporaciones Autónomas Regionales.

Los Mapas Sectoriales de Riesgos de Corrupción arrojaron una serie de recomendaciones encaminadas a combatir los riesgos de corrupción, que es necesario entrar a formular e implementar en las entidades competentes. Algunas de estas recomendaciones pueden ser implementadas dentro de procesos de reforma institucional y de formulación de polí-tica pública sectorial (como por ejemplo los CONPES) de acuerdo con las iniciativas que los lideres (Ministerios, Departamentos Administrativos) dispongan en cada política.

Así mismo es necesario analizar riesgos de corrupción en otros sectores con el propósito de generar acciones orientadas a mitigarlos. Como se consignó anteriormente, es preciso conocer a nivel sectorial la dinámica en la que se desenvuelve la corrupción, para de esta manera construir estrategias encaminadas o prevenirla o eliminarla.

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Política Pública Integral Anticorrupción


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8. SEGUIMIENTO AL NUEVO ESQUEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS JEFES DE CONTROL INTERNO

8.1. Introducción

En el marco de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, el Gobierno Nacional buscó fortalecer la función de control interno dentro de las entidades gubernamentales. Para ello, desde la expedición de la ley 1474 de 2011, el Presidente de la República es el encargado de la designación de los responsables de control interno en las entidades nacionales. El artí-culo 8° de la Ley 1474 de 2011, dispuso que “el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción”

Así mismo, para las entidades de la rama ejecutiva del orden territorial la designación del Jefe de Control Interno la debe hacer “(…) la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador”. El Gobierno Nacional ha desarrollado una serie de actividades de manera coordinada entre la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de forta-lecer la Política de Control Interno del Estado Colombiano y mejorar la efectividad de los Sistemas de Control Interno institucionales. Hasta la fecha, y en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción, se han adelantado las siguientes actividades de asistencia técnica:• Contrato de prestación de servicios No. 504 - 11 entre el Departamento Administrati-

vo de la Presidencia de la República y KPMG Advisory Services Ltda. con el objeto del “fortalecer las oficinas de control interno del nivel nacional, a través de la preparación y diseño de una metodología de selección abierta de los Jefes de Control Interno y la definición del alcance, criterios y periodicidad de los reportes requeridos por la Ley.” En desarrollo del contrato, se entregaron los siguientes productos: » Diagnóstico con el análisis de estructura, funciones, roles, mecanismos de articu-

lación, con recomendaciones y propuesta de modificaciones, basadas en modelos de control interno y mejores prácticas, sobre el perfil actual de las Oficinas de Control Interno y de sus jefes.

» Criterios de selección en cuanto a competencias, habilidades, destrezas, forma-ción y experiencia requeridos, aplicación de prueba de conocimiento, prueba de competencias generales, entrevista sicológica, prueba de apoyo, conformación de ternas, entrevista técnica, visita domiciliaria. Todo ello para adelantar el proceso de selección, atendiendo lo establecido en la Ley 1474 de 2011.


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» Descripción de las competencias, habilidades, destrezas, formación y experiencia requerida, nivel y naturaleza del cargo, identidad del cargo, dependencia funcio-nal y administrativa; descripción del cargo, principales, funciones y otros requisitos.

• El 6 de enero de 2012, se suscribió el contrato N° 05 – 12 entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Futura Networks, para prestar “ser-vicios de apoyo a la gestión para la implementación y ejecución de procesos tecno-lógicos y administrativos que garanticen la obtención de potenciales responsables de control interno en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional”. » El contratista desarrolló la puesta en marcha de la plataforma tecnológica que

soporta el proceso de invitación a potenciales responsables de control interno de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.

8.2. Actividades para el nombramiento de los Jefes de Control Interno

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, se conformó un Comité Técnico con delegados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Secretaría General y Secretaría de Transparencia) y del Departamento Adminis-trativo de la Función Pública, con el fin de designar a los responsables de control interno en las entidades nacionales. Actualmente se han nombrado alrededor de 70 Jefes de Control Interno en las entidades de Orden Nacional. En desarrollo de la competencia otorgada por el Estatuto Anticorrupción, y antes de proceder a efectuar los nombramien-tos, la Presidencia de la República con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública redefinió el perfil del jefe de control interno. Para ello se categorizaron las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional con criterios de alta, media y baja complejidad y se estructuró la estrategia para la provisión definitiva de los empleos de jefe de control interno vacantes, la cual ha consistido en: • Realización de una invitación pública y abierta a través de medios virtuales a las perso-

nas que cumplieran los requisitos para desempeñar el cargo Jefe de Unidad u Oficina de Control Interno.

• Como resultado de la Invitación, se recibieron innumerables hojas de vida de aspiran-tes interesados en la invitación, las cuales surtieron el siguiente procedimiento: » Verificación del cumplimiento de requisitos de Hoja de Vida solicitados por la Ley,

acreditando formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asun-tos del control interno.

» Prueba de conocimientos en el campo del control interno. » Pruebas de habilidades gerenciales.


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• Producto de la invitación se conformó un banco de hojas de vida de Interesados que cumplen con los requisitos mínimos para desempeñar el cargo. Dicho banco se ha venido incrementando con interesados propuestos por diferentes Universidades que han sido contactadas para el efecto.

Por disposición y acuerdo del señor Presidente de la República con los demás miembros de la Comisión Nacional de Moralización, se dispuso en su última sesión evaluar la efec-tividad del nuevo esquema de nombramiento de los Jefes de Control Interno. Para ello, la Secretaría de Transparencia está contratando una asistencia técnica, con recursos del Proyecto ACTUE de la Unión Europea. Esta asistencia, tiene como objeto el “análisis y eva-luación de las Oficinas de Control Interno de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional o de quien haga sus veces, en relación con el ejercicio de la función de control interno en los temas anti-corrupción y transparencia. Así mismo, evaluar la efectividad de la selección de los jefes de control interno de las entidades públicas de orden nacional”.

El artículo 9° de la ley 1474 de 2011, estableció que los jefes de Control Interno deben “(…)reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repúbli-ca, así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularida-des que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. (…)”.

El numeral 13 del artículo 3° del decreto 4637 de 2011, le otorgó la función a la Secre-taría de Transparencia de “consolidar y analizar los informes y reportes que presenten los jefes de control interno de la Rama Ejecutiva del orden nacional, o de quienes hagan sus veces, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y en el decreto que la reglamente, proponer acciones preventivas en esta materia y presentar un informe sobre los mismos a la Comisión Nacional para la Moralización”

Sin embargo, el artículo 231 del Decreto 019 de 2012, modificó el inciso segundo del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, derogó la parte del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 que consagraba la obligación para los jefes de control interno de reportar al Depar-tamento Administrativo de la Presidencia de la República los posibles actos de corrupción e irregularidades que hayan encontrado en el ejercicio de sus funciones dejándola vigente para los organismos de control.

No obstante lo anterior, la Secretaría de Transparencia en el año 2014 ha recibido alrede-dor de 300 informes de Jefes de Control Interno de Entidades pertenecientes a las Rama Ejecutiva del Orden Nacional, de los cuales un 80% no hacían referencia a hallazgos relacionados con hechos de corrupción al interior de las Entidades. Del 20% restante se


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corrió traslado o bien a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o a la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad que adelantaran las investigaciones pertinentes, igualmente se oficio a los jefes de Control Interno. Adicional-mente, en virtud del trabajo de coordinación interinstitucional que la Secretaría adelanta con las distintas entidades de la administración pública, se conoció de posibles hechos de corrupción relacionados con la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- y con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, los cuales fueron puestos en co-nocimiento de los entes de control competentes en su debida oportunidad, informes que serán tratados con más detalle en la sección de este informe relativa a Denuncias.

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Indicador de Procesos de Responsabilidad Fiscal


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9. RENDICIÓN DE CUENTAS Y AVANCES EN CONTROL SOCIAL

9.1. Introducción

Como tema transversal a la gestión pública y como eje fundamental del buen gobierno es de vital importancia crear una metodología única para la construcción de una estrategia de rendición de cuentas de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional y del orden territorial.

El proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades que conforman la estruc-tura de cualquier Estado trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública. Al tener un proceso de rendición de cuentas las entidades pueden ser percibidas como más transparentes y desde allí pueden elevar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento de las entidades tanto del orden nacional como las del orden territorial. Para la ciudadanía, un buen proceso de rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar infor-mado desde la fuente principal de la gestión y los resultados de ésta de las diferentes enti-dades y temas sobre los cuales está interesada. Puede ejercer de mejor manera su derecho de la participación a través del control social.

La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en el documento CONPES 3654 de 2010, se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. En desarrollo de la política fijada en el Conpes, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administra-tivo de la Función Pública (DAFP), elaboraron un documento que constituye el Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en el cual se unifican orientaciones y se establecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

El documento está orientado hacia el cumplimiento de una de las recomendaciones del Plan de Acción del Conpes 3654 de 2010 y es la recopilación de varios de los docu-mentos que sobre la materia se han elaborado desde distintas entidades como el DAFP y el DNP. El texto obedece a la necesidad de tener definido el alcance del concepto de Rendición de Cuentas en Colombia y su aplicación en los diferentes niveles de gobierno. Se establece el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) como una herramienta de


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las entidades nacionales y territoriales para que puedan materializar dicha noción en un documento que contenga la estrategia. El MURC fue presentado el 27 de agosto de 2014.

Fuente: Manual de Rendición de Cuentas. 2014.

9.2. Metodología en Rendición de Cuentas y avances en control social

El Manual de Rendición de Cuentas para la Rama Ejecutiva en Colombia traza los linea-mientos metodológicos únicos para que las entidades y los servidores públicos adelanten acciones concretas que se conviertan en instrumentos de participación ciudadana, control social, transparencia y lucha contra la corrupción.

El MURC presenta una serie de pasos, instrumentos y herramientas que permitirá a los servidores públicos concretar en acciones cada uno de los conceptos constitutivos del proceso de rendición de cuentas, a saber, información, diálogo e incentivos. Este esquema organizado permite una mayor apropiación de lo público de modo que se pueda alcanzar unos mayores niveles de confianza en los gobiernos. El MURC incluye los lineamientos me-todológicos con las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas, permitiendo a las entidades explorar diferentes opciones que pueden ajustarse de acuerdo a sus requerimientos y características, atendiendo el marco general de la política nacional fijada en el Conpes 3654 de abril de 2010.

El Manual está dividido en tres capítulos. En el primero se establece la justificación y la ex-plicación de la necesidad de tener un texto único, así como el fin último del documento, su objetivo. El segundo corresponde a la conceptualización y definición del proceso de Ren-


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dición de Cuentas. Por último, el tercer capítulo presenta los lineamientos metodológicos que deben seguir las entidades del orden nacional y territorial para diseñar su estrategia de Rendición de Cuentas.

Las siguientes gráficas, resumen el proceso de construcción de una estrategia de rendición de cuentas de una entidad. El documento se puede encontrar en línea en el sitio web del Observatorio Anticorrupción:




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En el artículo 15 del Decreto 1649 de 2014 se dan funciones a la Secretaría de Transpa-rencia en el asesoramiento en la coordinación e implementación de mecanismos para fomentar la rendición de cuentas por parte de las entidades de la Administración Pública, y en la promoción de mecanismos de participación. Igualmente así se le exige a la Secre-taría diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y transparencia, en coordinación con las entidades competentes en la materia.

Lo anterior refuerza lo contenido en la Tercera Línea Estratégica de la Política Integral de Lucha contra la Corrupción, “Estrategia para incrementar la incidencia del control social en la prevención de la corrupción” la cual tiene como objetivo específico aumentar la inci-dencia del control social. Para ello se pondrán en marcha acciones orientadas a mejorar la información necesaria para la realización de estos ejercicios, las auditorías visibles y los procesos de rendición de cuentas en particular; para lograr organizaciones sociales más activas y con mayor capacidad de incidencia” (CONPES 167).

Con los mandatos anteriores, el reto principal de la Secretaría es fortalecer los procesos de rendición de cuentas y el control social en las entidades territoriales en armonía con las demás actividades que tiene bajo su responsabilidad. La tarea es construir una estrategia de influencia en los municipios y departamentos de la mano de los temas de la Ley de Transparencia y las Comisiones Regionales de Moralización.

Se espera establecer Comités ProTransparencia o fortalecer los espacios de control social con la ayuda y colaboración de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción a partir de la elaboración conjunta de planes de acción que contengan actividades propias del ejercicio de la participación ciudadana. Para dicha actividad se deberá elaborar el respectivo proyecto. Esta iniciativa estaría financiada con recursos de la Unión Europea.

9.3. La Aplicación Elefantes Blancos

En el desarrollo específico de la función de diseño e implementación de herramientas preventivas para el fomento del control social -definidas en el Decreto 4637 de 2011-, la Secretaría de Transparencia ha venido apoyando a la ciudadanía en los procesos de orientación y trámite de denuncias de corrupción ante los entes de control. Así mismo, ha venido haciendo seguimiento a los reportes sobre irregularidades cometidas por servidores públicos que pueden ser catalogadas como actos de corrupción.


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Como parte de esta estrategia, la Secretaría solicitó apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC- para desarrollar herramientas que pro-muevan la participación ciudadana y el control social, y a su vez permitan a la Secretaría contar con mecanismos de seguimiento y monitoreo de la información reportada por los ciudadanos. Es así como la Secretaría de Transparencia, de la mano con el Ministerio TIC y su Dirección de Gobierno en línea, idearon y crearon la aplicación móvil “Elefantes Blancos”.

La aplicación móvil “Elefantes Blancos” permite a los ciudadanos reportar, con fotografías tomadas desde teléfonos inteligentes, obras públicas de construcción, mantenimiento o instalación de bienes inmuebles que tienen un impacto negativo para la comunidad, de-bido a que han sido abandonadas, están inconclusas, o que su uso es diferente de aquel para el que fueron creadas.


La solución móvil también permite a los ciudadanos conocer las obras catalogadas como “Elefantes Blancos” que han identificado otros ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional, así como ingresar información de la que tengan conocimiento acerca de las entidades y contratistas responsables, como el nombre y valor de las obras.


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ILUSTRACIÓN DE LOS PASOS PARA REPORTAR UN “ELEFANTE BLANCO”


Esta aplicación, busca a través de la identificación de los posibles “Elefantes Blancos”, promover desde el Gobierno Nacional, de la mano de los Gobiernos territoriales y los entes de control, que dichas obras sean finalizadas o se usen para el propósito para el cual fueron concebidas. A noviembre de 2014 la Secretaría ha identificado más de 150 obras que pueden ser catalogadas como Elefantes Blancos en todo el territorio nacional, y ha iniciado un ejercicio conjunto con los entes de control territorial con el fin de promo-ver acciones de vigilancia sobre las presuntas irregularidades que se derivan de las obras públicas identificadas.


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Adicional a la opción de consulta de sus reportes, y en concordancia con la necesidad de hacer seguimiento sobre el trámite y la gestión de los reportes de Elefantes Blancos, la Secretaría de Transparencia puso a disposición de la ciudadanía, una sección en su sitio web llamada “Conoce la app Elefantes Blancos”12. A través de este sitio, los ciudadanos podrán no solo conocer la aplicación y descargarla, sino además hacerle seguimiento a los reportes de Elefantes Blancos hechos a través de la aplicación móvil.

A noviembre de 2014, se encuentran publicados 61 elefantes blancos de 74 recibidos a través de la aplicación, con sus respectivos soportes de trámite y gestión a las entidades responsables y a los entes de control, así como la información básica que le permite a los ciudadanos y usuarios, tener trazabilidad sobre los elefantes blancos que se reportan en la aplicación.

12 Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/eb/Paginas/default.aspx


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9.4. La Ventanilla Unificada de Denuncias Contra la Corrupción –VUD–

El Objetivo de la VUD es permitir que el ciudadano realice denuncias y peticiones a través de un único portal, facilitando a las entidades compartir y vigilar información centrali-zada. Con base en los resultados del piloto adelantado del 30 de abril al 3 de mayo de 2013, fecha en la que se activó la Ventanilla en los sitios web de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación y de la Auditoría General de la República, se adelantaron los ajustes correspondientes y el 12 de septiembre de 2013 se dio inicio a las mesas de trabajo de la etapa de implementación del Proyecto. Es así, como desde esta fecha hasta el 13 de diciembre del mismo año, se llevaron a cabo sesiones de trabajo con los funcionarios delegados por parte de cada una de las entidades participan-tes, cuyo resultado fue la estructuración total de la Ventanilla.

En el mes de marzo, se dio reinicio a las mesas de trabajo para culminar la definición del diseño y empezar la producción de la solución, además de establecer los contenidos de la versión ligera de la Ventanilla, la cual será visualizada en dispositivos móviles. En lo transcurrido de 2014, se han adelantado las siguientes actividades:

» Mayo: pruebas de usabilidad con diferentes grupos de usuarios, cuyo resultado permitió la identificación de mejoras para la Ventanilla.

» Junio: ajustes a los formularios. » Julio: revisión de contenidos de la versión móvil. » Agosto: inicio de pruebas de interoperabilidad con la Procuraduría General de la

Nación.

Según lo acordado, de manera paralela a estas actividades, las entidades debían avanzar en la construcción de los servicios web requeridos para lograr la interoperabilidad con la VUD. En dicho servicios web se señalan protocolos, contratos de servicios y demás espe-cificaciones técnicas que son necesarias para implementar el consumo de los servicios de la Ventanilla.

A la fecha, la entidad que mayores avances registra en esta tarea es la Procuraduría Ge-neral de la Nación, y de acuerdo con lo reportado por las demás, durante este mes se iniciarán las pruebas con la Fiscalía General de la Nación, y en el mes de noviembre con la Auditoría General de la República. Es preciso señalar que aunque durante el desarrollo de las mesas técnicas se contó con la asistencia de delegados de la Contraloría General de la República, aún no han iniciado el desarrollo de los web services requeridos.

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Indicador de Sanciones Contractuales


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10. LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El 6 de marzo de 2014 el Presidente de la República sancionó la Ley de Transpa-rencia y del Derecho de Acceso a la Información – Ley 1712 de 2014-. Esta Ley tramitada y aprobada por el Honorable Congreso de la República y declarada exequible por la Corte Constitucional el 20 de enero de 2014, a través de Sen-tencia C-274 de 2013, tiene por objeto “regular el derecho de acceso a la infor-mación pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información”.

Dentro de los principales avances que trae la Ley de Transparencia al or-denamiento jurídico colombiano, se encuentra que es una norma de carácter estatutario que unifica criterios de transparencia y acceso a la infor-mación bajo un mismo marco, siguiendo estándares internacionales, pues su contenido es basado en la ley modelo de la OEA sobre la materia. Además, la Ley involucra los principios de proactividad y oportunidad del acceso a la información, promueve garantías especiales para el adecuado ejercicio del derecho, y fortalece al Ministerio Público como entidad garante del mismo.

Otro de los temas relevantes de la norma, es la inclusión de un amplio grupo de actores como sujetos obligados a implementarla, siendo éste el caso, entre otros, de todas las ramas del poder público del orden nacional y territorial, los organis-mos autónomos, los partidos políticos, las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, y que presten servicios públicos.

El artículo 32 de la Ley establece que el diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública, estará a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y de un grupo de 5 entidades, dentro de las cuales se encuentran: el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Luego de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Transparencia, emitida por la Corte Constitucional en 2013, la Secretaría de Transparencia, inició una serie de acciones orientadas a coordinar el trabajo del grupo de entidades líderes de política e impulsar la armonización de los contenidos del proyecto de ley con las


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políticas públicas relacionadas con el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno en línea, entre otras.

Los esfuerzos liderados por la Secretaría de Transparencia, se han enfocado en 3 líneas estratégicas: 1. definición y ajuste de lineamientos, 2. promoción y acompa-ñamiento, y 3. monitoreo y evaluación. A partir de estas líneas, se han adelantado desde septiembre de 2013 y durante todo el año 2014, acciones que tienen como objetivo principal de facilitar la implementación de la política de transparencia y de acceso a la información a los diferentes sujetos obligados.

10.1. Definición y Ajuste de Lineamientos

Uno de los principales retos que enfrentan los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, es lograr implementar sus mandatos en armonía con otras normas que regulan derechos fundamentales, así como con las políticas públicas relacionadas con la materia. En este sentido la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las entidades líderes de la política de transparencia y acceso a la información, previo a la sanción de la Ley de Trans-parencia, inició la revisión de aspectos de la misma que iban a requerir complemento a través de reglamentación, así como a través de manuales y lineamientos ya existentes o nuevos.

Luego de una revisión exhaustiva de los contenidos de la Ley de Transparencia y de analizar los temas que requerían de complemento vía decretos reglamentarios, una vez sanciona-da la norma, la Secretaría inició el proceso de elaboración de dos decretos re-glamentarios. Este es un trabajo conjunto por la Secretaría de Transparencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y el Archivo General de la Na-ción. Se llevaron a cabo dos grupos focales con representantes del sector privado, uno con organizaciones de la sociedad civil, y uno con la rama judicial. Igualmente se sostuvieron reuniones individuales de revisión con la Procuraduría General de la Nación, entidades de carácter especial como el Banco de la República y grupos de sujetos obligados representan-tes de Cámaras de Comercio, Notarios entre otros. Asimismo, el proyecto de Decreto estuvo publicado para conocimiento y comentarios de ciudadanía y de otros sujetos obligados en el portal web de la Urna de Cristal, www.urnadecristal.gov.co.

El segundo decreto reglamentario, el cual se planea expedir en el primer semestre del año 2015, tiene como propósito definir directrices para la coordinación inter e intrainstitucio-


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nal, lo que contendría organización y competencias de entidades líderes de política, así como la definición de estrategias generales de implementación, control y sanción para el universo de sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014.

Además de los decretos reglamentarios, se ha determinado necesario ajustar otro tipo de lineamientos existentes, tales como manuales, o guías relacionadas con los temas de transparencia o acceso a la información, elaboradas por enti-dades líderes de política para ajustarlos a los nuevos mandatos de la norma. Siendo este el caso de documentos tales como: el Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Manual de Rendición de Cuentas, entre otros.

Como complemento transversal de lo anterior, y con el propósito de identificar y proponer buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, en el mes de abril de 2014 se oficializó el ingreso de Colombia (en cabeza de la Presidencia de la República) como miembro adherente de la Red de Transparencia y Acce-so a la Información RTA-. Esta red busca promover el intercambio entre organismos y entidades públicas que desarrollan supervisión en funciones de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en países de américa latina y el caribe. La RTA tiene como objetivos principales:• Generar y mantener los mecanismos para facilitar el intercambio de experiencias y

conocimiento entre los miembros de la red en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

• Establecer canales de difusión y retroalimentación de las actividades y productos de la red con actores relacionados, tales como, sociedad civil, academia, administración pública y organismos internacionales.

• Promover prácticas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública encaminadas a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública.

En el marco del trabajo con la RTA, en junio de 2014, se inició en conjunto con 11 países del hemisferio la construcción de un modelo latinoamericano de Gestión de Archivos para el acceso a la información pública. Dicho modelo, busca servir como herramienta que permita complementar los lineamientos en materia de gestión documental expedidos por el Archivo General de la Nación, y dotarlos de un enfoque orientado a la transparencia y el acceso a la información de los documentos públicos de gestión y de archivo. Dentro de las metas de la Secretaría de Transparencia para el año 2015, está hacer pruebas piloto en un grupo de sujetos obligados de la Ley de Transparencia, con el fin de probar


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la eficiencia del modelo de la RTA e identificar los ajustes que se deben realizar a los li-neamientos o normas colombianas en materia de gestión documental, para garantizar el adecuado manejo y acceso a la información.

10.2. Promoción y Acompañamiento

Consciente de la importancia de la Ley de Transparencia y de los temas por ella promo-vidos, la Secretaría de Transparencia inició el trabajo en torno a la promoción y entendi-miento por parte de los servidores de los principios del derecho de acceso, incluso antes de la sanción de la norma. Para ello, desde el segundo semestre de 2013, se adelantaron talleres con funcionarios de las diferentes entidades estatales involucradas en la política de transparencia, y con la el apoyo de expertos de países como México, Chile y Argentina, se inició la revisión de los retos a afrontar por el Estado colombiano al momento de empezar a implementar la Ley.

Como resultado de la coordinación interinstitucional previa y posterior a la expedición de la Ley de Transparencia, varios de los sujetos obligados ya cuentan con una serie de herramientas que les permiten tener una línea de base en su proceso de implementación. Dentro de estas herramientas están: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Modelo de Gestión de Calidad y de Atención al Ciudadano, la Estrategia de Gobierno en Línea, Sistema electrónico de Contratación Pública, el Modelo de Seguridad de Información y Sistema de Gestión del Empleo Público, el Sistema Único e Información de Trámites, entre otros.

El reto para las entidades responsables y los sujetos obligados es grande; lo es aún más para la Secretaría de Transparencia, por lo que también se han iniciado esfuerzos dirigido a las actividades de articulación y coordinación, a través de apoyo técnico a las entidades líderes de política, dándoles capacitación y orientaciones en torno a la Transparencia y el Acceso a la Información y la alineación de políticas ya existentes frente a los mandatos consagrados en la Ley.

Además de lo anterior, la Secretaría ha concentrado importantes esfuerzos en difundir los contenidos principales de la norma, para lo cual se han adelanta-do campañas de difusión de sus contenidos a través de redes sociales y otros medios electrónicos del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Igualmente, a través de este Observatorio y de alianzas con organizaciones de sociedad civil y gobiernos locales.


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A través de un convenio suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia, la Presidencia de la República imprimió 3.000 ejemplares de la Ley, lo cuales fueron distribuidos en eventos de realizados a través del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción a nivel nacio-nal y regional en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Florencia, Manizales, Medellín y Neiva con una asistencia total de 598 personas -dentro de las cuales se encuentran funcionarios públicos de entidades del orden nacional y te-rritorial, representantes de la sociedad civil (universidades, ONG, y otros) y miembros del sector privado-. Esto con el fin de socializar la ley y difundirla, para generar mayor apro-piación de la misma no sólo pensando en sujetos obligados de la ley, sino en ciudadanos que requieren hacer efectivo su derecho de acceso a la información.

Asimismo, en conjunto con el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, en el marco del Programa de Capacitación a Personeros en Dere-chos Humanos, la Secretaría de Transparencia capacitó a los personeros en los contenidos de la Ley 1712 de 2012, y entregó a cada uno un ejemplar de la versión impresa de la norma. Dichas capacitaciones iniciaron el 30 de julio y finalizaron el 20 de noviembre de 2014.

Adicionalmente la Secretaría de Transparencia elaboró un documento llamado “ABC de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, docu-mento que busca orientar tanto a sujetos obligados como a ciudadanos en los contenidos básicos de la norma, en especial sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de solicitudes.

10.3. Monitoreo y Evaluación

Teniendo en cuenta la obligación asignada por la Ley 1712 de 2014 de diseñar, promo-cionar e implementación de la política pública de acceso a la información pública, así como la necesidad permanente de contar con indicadores que den cuenta del estado de avance de las políticas públicas, la Secretaría de Transparencia inició una serie de accio-nes encaminadas a contar con herramientas que permitan identificar la línea de base de avance de las entidades de la rama ejecutiva del poder público nacional respecto de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia, así como de evaluar el avance en la implementación de la misma.

En este, la Secretaría elaboró una batería de preguntas relacionadas con el cumplimento de la Ley de Transparencia, las cuales fueron agregadas en el Formulario Único de Reporte


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de Avance en la Gestión -(FURAG) establecido por el Decreto 2482 de 2012, como la herramienta tecnológica a través de la cual se adelanta el monitoreo a la implementa-ción de las Políticas de Desarrollo Administrativo y su Modelo Integrado de Planeación y Gestión-. Dichas preguntas serán respondidas por las entidades en la encuesta de avance del II semestre de 2014 del formulario, el cual se realizará en el primer trimestre del año 2015, las que permitirán determinar el estado de avance de las entidades en los primeros meses de entrada en vigencia la Ley.

Adicionalmente, y en el marco del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, se ha establecido dentro de las metas de la Secretaría, la definición de indicadores que permitan cuantificar y comparar la implementación de la ley por parte de los sujetos obligados. Por esta razón la cual Colombia ingresó a un grupo de trabajo de la, antes mencio-nada, Red de Transparencia y Acceso a la Información RTA, para construcción del Modelo de Medición para la Red de Transparencia y Acceso a la Informa-ción. Esta iniciativa, que además de orientar la definición de indicadores para el país que se ajusten a los entandares internacionales, también permitirá establecer un Modelo de Medición propio del avance de la ley en Colombia, con indicadores tanto cuantitativos como cualitativos.

Dicho modelo de medición, inició su elaboración en el mes de julio de 2014 en la ciudad de Santiago de Chile, a partir de un encuentro en el cual se definieron líneas de acción , se identificó la experiencia de cada uno de los países miembros de la RTA y se formuló una propuesta de líneas de medición, y concluyó en la ciudad de Brasilia en el mes de noviembre, donde se presentaron los resultados del modelo construido de julio a la fecha, y se acordó aplicación de una prueba piloto del mismo en un grupo de países (entre ellos, Colombia). Es importante resaltar que la construcción del modelo de medición para América Latina, y el piloto de su implementación, son financiados por EuroSocial II -Programa regional de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina- mediante la cooperación institucional o aprendizaje entre pares, el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina.

10.4. Retos para el futuro de la Ley de Transparencia

A pesar de contar con avances significativos en cuanto a definición de lineamientos, pro-moción y monitoreo de la implementación de la Ley de Transparencia, aún persisten enor-mes retos para la Secretaría de Transparencia y las entidades líderes de política. Por esta


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razón, dentro de los planes de la Secretaría para el año 2015, se tienen establecidas actividades que permitan seguir impulsando las 3 líneas de trabajo definidas. Dentro de lo previsto en el Plan Operativo de la Secretaría de Transparencia a impulsar en 2015 se encuentran las siguientes acciones:• Realizar acompañamiento a entidades de los sectores de salud, prosperidad social,

educación y minas y energía en la implementación de las principales actividades de-finidas en la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y en otras normas de Promoción de la Transparencia y Lucha contra la co-rrupción.

• Brindar asistencia técnica a Gobernaciones y alcaldías priorizadas en la implementa-ción de las principales actividades definidas en la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y en otras normas de Promoción de la Transparencia y Lucha contra la corrupción.

• Elaboración del inventario de sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, de Transpa-rencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, dispuestos en el artículo 5° de la mencionada ley.

• Elaboración de una serie de guías que den lineamientos a los sujetos obligados para su adecuada actuación en una serie de temas clave que faciliten la implementación de la Ley 1712 de 2014 por parte de los sujetos obligados.

• Diseño de lineamientos para la implementación de acciones de Transparencia y Acce-so a la Información en Colombia y en América Latina por parte de partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos.

• Realizar piloto del Modelo de Indicadores de Transparencia y Acceso a la Información de la RTA, en un grupo de sujetos obligados de la ley 1712 de 2014.

• Implementación del piloto Modelo de Gestión de Archivos de la RTA, en un grupo de sujetos obligados de la ley 1712 de 2014.

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Indicador de Sanciones Disciplinarias


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11. PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PRIVADO

11.1. Registros Pro-ética La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, reconociendo que un eje vital dentro de la Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción es incentivar una cultura de cumplimiento anticorrupción para las empresas que operan en Colombia, promovió la creación y promoción de un sistema de registro de empresas Pro Ética en Colombia, que tiene por objetivo la creación de relaciones de confianza entre em-presa–sector público y empresa–sociedad, mediante la evaluación y difusión de un listado de empresas que integran a su gestión de negocios la implementación de programas de cumplimiento anticorrupción.

La implementación de estos Registros Pro Ética implicará el fomento de relaciones de con-fianza en la interacción ya señaladas, dado que fortalece la confianza y credibilidad en el relacionamiento entre estos actores. De igual forma, los Registros se constituirán como un aporte adicional a la estrategia de competitividad para las empresas del país, así como un elemento para fortalecer y fomentar la cultura de la legalidad, reforzando la cultura de cumplimiento en el país.

La iniciativa es de carácter voluntario y se encuentra enmarcada en el ámbito de pre-vención de riesgos de corrupción del sector empresarial que contribuye a la creación de relaciones de confianza entre empresa-sector público y empresa-sociedad, mediante la evaluación y difusión de un listado de empresas que integran a su gestión de negocios la implementación de programas de cumplimiento anticorrupción.

Los Registros Pro-ética es una iniciativa que ofrece las siguientes características:• Relaciones de confianza: el proceso de interacción entre empresas-Estado, empresas-

sociedad, es en sí mismo un objetivo para el Registro, al fortalecer la confianza y cre-dibilidad en el relacionamiento entre estos actores.

• Visibilidad: el Registro destacará a las empresas que implementen un buen “Programa de Cumplimiento” como medida responsable en la mitigación de riesgos de corrup-ción en sus procesos y relaciones de negocios.

• Alto nivel de exigencia: el Registro en marcha será un referente de programas de cumplimiento que requiere esfuerzos por parte de las empresas para su efectiva im-plementación


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• Se trata de un listado no de una certificación que contribuye a mitigar los riesgos de corrupción que enfrentan las empresas en su actividad empresarial sin constituir una garantía de no corrupción.

• En su fase inicial el Registro estará diseñado para grandes empresas

Su alcance de manera general busca facilitar que las empresas cuenten con una herra-mienta cuya aplicación les servirá para autoevaluarse, hacer un análisis de brechas en la gestión que adelantan en materia de prevención de corrupción y con una mirada integral y práctica alcanzar estándares internacionales reconocidos en el tema. Particularmente, las empresas que apliquen al Registro podrán:• Medir de manera integral la ejecución de las distintas actividades que asumen sus

áreas y que están relacionadas con un programa anticorrupción. • Monitorear hacia adelante sus avances en el cumplimiento del mismo.• Obtener información útil para mejorar el proceso de implementación de un progra-

ma de cumplimiento en anticorrupción.

De esta manera, se busca evaluar a las empresas bajo cuatro dimensiones básicas:• Liderazgo de la alta gerencia.• Promoción de la cultura anticorrupción al interior de la empresa.• Promoción de la cultura anticorrupción con terceras partes.• Incorporación de la cultura de gestión del riesgo de corrupción en la empresa.

Estas categorías desprenderán dos tipos de indicadores aquellos básicos y otros deseables que buscan mejorar los programas de ética en las empresas y generan un punto de refe-rencia para el futuro.

Adicionalmente, el proyecto cuenta con 5 fases para dar cumplimiento al objetivo:1. Elaboración del Manual para la evaluación y operatividad del registro.2. Definición del acompañamiento institucional.3. Diálogo Interinstitucional.4. Estrategia de difusión.5. Vinculación de las empresas.

Actualmente ya se agotó la primera fase con la elaboración del Manual para la evaluación y operatividad del registro, mediante un trabajo participativo con empresas de diferentes sectores y sociedad civil. Este documento cuenta con los indicadores que se van a utilizar para la medición, su alcance y naturaleza, y los criterios utilizados para la evaluación. Así mismo, se ha avanzado en la segunda fase del proyecto, mediante algunos acuerdos con


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el sector privado para la conformación de instancias de decisión y las gestiones necesarias para asegurar los recursos de funcionamiento de la Secretaría técnica y la herramienta digital que permita darle sostenibilidad al proyecto. Por último, y bajo esta misma perspec-tiva de asegurar la permanencia del proyecto en el tiempo, se ha incluido en la agenda para la Competitividad y se están haciendo las gestiones para incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo, logrando que la iniciativa se convierta en un compromiso de gobierno que deberá llevarse a cabo, más allá de la Secretaría de Transparencia.

Para el caso de la segunda fase, se instalará el Comité Gestor de la iniciativa los primeros días del mes de diciembre durante el lanzamiento de la iniciativa al sector privado. Tam-bién se determinó que la Secretaría Técnica estaría a cargo de la Secretaría de Transpa-rencia en la primera etapa del proyecto.

Por último, las fases 3 y 4 se han convertido en acciones permanentes, que aún no han culminado pero que han estado presentes desde el inicio del proyecto. El diálogo cons-tante tanto con el sector privado como con otras entidades públicas ha permitido que el proyecto tenga una visión amplia de la realidad y que cuente con una gran retroalimenta-ción de todos los sectores. Es así como este mismo diálogo permanente ha permitido que la campaña de difusión inicie informalmente desde los primeros contactos con el sector, pero para 2015 se realizará una campaña formal que permita el conocimiento general de la iniciativa.

Bajo esta misma perspectiva de asegurar la permanencia del proyecto en el tiempo, se ha incluido en la agenda para la Competitividad y se están haciendo las gestiones para incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo, logrando que la iniciativa se convierta en un compromiso de gobierno que deberá llevarse a cabo, más allá de la Secretaría de Trans-parencia.

Por último, la fase 5 se llevará a cabo en 2015 y será el gran reto para la iniciativa pues allí se iniciará el proceso de evaluación de las empresas que permitirá generar las reco-mendaciones necesarias por parte de todos los actores involucrados para la siguiente evaluación. Si bien, esta es la última fase proyectada, quedan tres grandes retos para el siguiente año, lograr involucrar a las medianas y pequeñas empresas iniciar el proceso con entidades públicas y generar un proyecto similar para las fundaciones empresariales, que ya han manifestado su interés de participar en el proyecto, pero que hasta el momento no están contemplados en la primera etapa.


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11.2. Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel

En abril de 2013 la Secretaría de Transparencia promovió la creación y operación del Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel, a través del cual los empresarios reportaron directamente a la Secretaría de Transparencia solicitudes de soborno e irregularidades en procesos de contratación, en la medida de lo posible, sin necesidad de interrumpir o retrasar estos procesos.

Ante el hecho de que el sector de infraestructura compromete un rubro importante de la contratación estatal del país, el piloto de este mecanismo se desarrolló en esta área, con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-. La forma como se llevó a cabo consistió en la firma de un pacto de transparencia con los consorcios participantes del pro-yecto. Este pacto contenía lineamientos sobre reuniones, audiencias de aclaraciones con todos los participantes, comunicaciones con los empleados de la ANI de manera formal y trasparente, y principios de ética como la no utilización de medios políticos en el proceso, entre otros.

Este mecanismo ha sido considerado en 8 concesiones, de las cuales 6 ya se licitaron, mientras que las dos restantes no se han abierto a licitación por motivos técnicos. La prime-ra fue por parte de una empresa austriaca en una cuestión de delimitación de los túneles, para lo cual entre la ANI, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia programaron una audiencia de aclaraciones. La segunda fue el acompañamiento que se le hizo a la ANI en la parte contractual y jurídica respecto de las observaciones realizadas al informe de evaluación del proceso de adjudicación de Girardot-Puerto Salgar. Así mismo, se reali-zó con los consultores una identificación de posibles variables que afectan las licitaciones tanto de concesión como de obra pública en Colombia y se diseñó una metodología que fuera capaz de identificar posibles riesgos en esos procesos.

Según las estimaciones iniciales realizadas por la ANI, el programa de cuarta generación de concesiones viales (4G), contempla una inversión aproximada de $47 billones de pe-sos constantes de 2012 (CAPEX) a ser ejecutada en un periodo de 8 años. Esta inversión, y la operación y mantenimiento de la infraestructura concesionada, serán retribuidas con ingresos por recaudos de peajes y por aportes públicos provenientes del Presupuesto Ge-neral de la Nación.

Durante la ejecución del proyecto, no se ha recibido denuncias formales de soborno, pero los consorcios participantes han pedido acompañamiento de la Secretaría para el seguimiento del proceso de contratación, en los trámites en los cuales consideraron la necesidad de intervención de nuestra dependencia, la cual se hizo a modo de veeduría.


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La primera fue por parte de Strabag S.A. en un caso de delimitación de túneles, para lo cual la ANI, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia programaron una audiencia de aclaraciones. La segunda fue el acompañamiento a la ANI en temas contractuales y jurídicos, respecto de las observaciones realizadas al informe de evaluación del proceso de adjudicación de la vía Girardot-Puerto Salgar.

Así mismo, basados en la experiencia y lecciones aprendidas con la ANI, se realizó una identificación de posibles variables que afectan las licitaciones, tanto de concesión como de obra pública, en Colombia y se diseñó una metodología que fuera capaz de identificar posibles riesgos de corrupción en esos procesos. También, como parte del proceso, se realizaron dos foros internacionales en Bogotá con la presencia de expertos en identificar riesgos de corrupción en el sector de infraestructura. Para ello se contó con la colabora-ción de la Embajada del Reino Unido en Colombia, mediante el “Properity Fund” quien financia, a través de la organización GovRisk, programas de capacitación para compartir experiencias de mecanismos de denuncia de alto nivel en Latinoamérica.

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Indicador de Sanciones Penales


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12. TRÁMITE DE DENUNCIAS

La Secretaría de Transparencia promovió ante la ciudadanía la denuncia como una forma de participación y control social. Es así como, a través de los diferentes canales dispuestos para tal fin, desde el mes de abril del año 2013 y hasta la fecha, recibió y tramitó cerca de 2.330 denuncias de presuntos hechos de corrupción, que fueron remitidos a los orga-nismos de control correspondientes. Por tal razón, durante el año 2013, se conocieron y tramitaron cerca de 1.175 quejas ciudadanas y en el 2014, se conocieron más de 1.360 casos relacionados con posibles hechos de corrupción, permitiendo coadyuvar con la función preventiva y sancionatoria de los organismos de control.

Algunos de los resultados obtenidos, se documentan a continuación:

1. Los niños de GirardotEn octubre de 2012, luego de recibir una queja ciudadana se pudo encontrar el mal esta-do de los alimentos suministrados a los niños inscritos a la Diócesis de Girardot, por parte de los contratistas seleccionados por el ICBF, hecho que llevó a la apertura de 7 procesos disciplinarios y el seguimiento a 119 municipios de Cundinamarca a cargo de los mismo contratistas.

2. Adquisición de semovientes en la Policía Nacional En enero de 2013, se logró identificar posibles sobrecostos en la adquisición de perros y caballos por parte de la Policía Nacional y donde la negociación se realizaba con inter-mediarios, algunos de ellos oficiales y suboficiales retirados de la misma institución y que casualmente presentaban los precios más altos del mercado. Por lo anterior, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, solicitó a la Oficina de Control interno del Ministerio de Defensa, una auditoria a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural – Grupo de Remonta y Veterinaria de la Policía Nacional, quien informó de sus resultados en junio de 2013, confirmando que efectivamente en compra y reposición de caninos, 3 proveedores concentran el 76% de los recursos asignados y en equinos 6 concentran el 39% del monto total asignado para los mismos fines. A noviembre de 2014, la Pro-curaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, se encuentran investigando posibles sobres costos que superarían el 1.700 por ciento.

3. El chance en Sucre En agosto de 2013, la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar de Sucre – EMCOA-ZAR, adjudicó la concesión del juego del chance a una empresa del conglomerado de Enilce López condenada a 30 años de prisión, a través de un proceso licitatorio lleno de irregularidades y vicios procedimentales. Por esta razón y gracias a nuestras observacio-


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nes y alertas, la Gobernación de Sucre revocó la adjudicación, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento a los funcionarios involucrados y la Procuraduría General de la Nación abrió 3 procesos disciplinarios. Así mismo, logró poner en la lupa de la Procuraduría General de la Nación y Coljuegos, 19 procesos de concesión adjudi-cados en el año 2014, para proteger cerca de 39 mil millones de pesos de ingresos para la salud. 4. Ecopetrol En enero de 2014, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Eco-petrol presentaron ante el Fiscal General de la Nación una denuncia por posibles hechos de corrupción en que abrían incurrido ex-funcionarios de Ecopetrol y trabajadores de la empresas privadas seleccionadas para la operación y mantenimiento de algunos campos en el Magdalena Medio y quienes se abrían beneficiado con cerca de US$333.500.

5. Los predios en INCODER En marzo de 2013, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades la posible adquisición irregular de predios por parte de un privado y sus asesores jurídi-cos mediante la creación de 25 sociedades por acciones simplificadas con el posible propósito de evadir la ley 160 de 1994 respecto de la acumulación de la propiedad de más de una Unidad Agrícola Familiar en el departamento de Vichada, como quiera que el mismo socio y único dueño de las 25 sociedades negoció la compra de 37 predios que comprenden 32.000 hectáreas aproximadamente; Dichas sociedades además se abrían constituido con cero pesos de capital.

6. Red de Corrupción en la UNPEn agosto de 2014, luego de conocer sendas quejas ciudadanas, se coadyuvó a descu-brir una red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, que utilizaba diferentes modalidades para el favorecimiento de contratos, esquemas de seguridad y privilegios de pagos que involucraba a algunos funcionarios de la entidad. La denuncia interpuesta por ésta dependencia ante la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un funciona-rio de la entidad y así mismo expedir orden de captura contra el Secretario General de la misma.

7. La Beca de Corpoica En febrero de 2014, la Secretaría de Transparencia alertó a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica sobre las posibles irregularidades en el cobro del beneficio educativo otorgado a una trabajadora e investigadora de su entidad. Hecho que


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enviaba un mensaje negativo a todos aquellos investigadores que retornan al país luego de sus estudios.

8. Otras acciones generadasEn agosto de 2014, la Secretaría de Transparencia puso la lupa en las modalidades de contratación mediante las cuales se ejecutan los recursos públicos, sin mediar procesos que garanticen los principios de la libre concurrencia, transparencia y selección objetiva. En tal sentido, se revisó la contratación de los 32 departamentos, lo cual arrojó que cerca de 1.3 billones de pesos fueron ejecutados mediante convenios de asociación con enti-dades privadas sin ánimo de lucro, especialmente fundaciones y corporaciones, durante el año 2013.

Si bien el ordenamiento jurídico vigente, permite este tipo de modalidad de ejecución con el fin de impulsar planes, programas y proyectos contemplados en los respectivos planes de desarrollo, su utilización no garantiza la participación plural en igualdad de condiciones de oferentes, que podrían prestar los mismos servicios con eficiencia, calidad y economía para el erario.

La Tabla 3 presenta un resumen de lo encontrado:

Tabla 3 – Modalidad de Selección en los Departamentos de Colombia en 2013

Distribución del gasto en los Departamentos en 2013 - Por medio de Selección

Concepto Valor en Millones de pesosLicitción Pública $ 2.456.454,36Concurso de meritos $ 215.008,47Selección abreviada $ 1.045.100,73Otras modalidades de selección $ 1.158.118,77Convenios de Asociación Decreto 777 $ 1.285.286,96Total $ 6.159.969,28

Fuente: Secretaria de Transparencia – Recopilación a partir de comunicación directa de las Entidades Territoriales

Así mismo, se revisó la contratación de las 20 alcaldías locales de Bogotá, específicamen-te la ejecución de recurso de los Fondos de Desarrollo Local, los cual arrojó que cerca de $118 mil millones de pesos fueron ejecutados mediante convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente fundaciones y corporaciones, du-rante el año 2012 .


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Acompañamiento sectorial y territorial

La Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República, con el fin de garantizar los mecanismos y herramientas preventivas que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa, realizó el seguimiento y acompañamiento a 84 procesos de selec-ción objetiva (36 en el 2013 y 48 en el 2014) a entidades de orden nacional, departa-mental y municipal para la adquisición de bienes y servicios en diferentes sectores.


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13. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Unión Europea, respondiendo a una solicitud del Presidente Santos de apoyo técnico en la lucha contra la corrupción, desarrolló y está implementando de la mano del Gobierno, especialmente de la Secretaría de Transparencia y otros actores del Estado colombiano, el proyecto ACTUE Colombia (Anti-Corrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia). Esta iniciativa busca contribuir a la prevención y a la lucha contra la corrup-ción en Colombia, de manera que se fortalezca el buen gobierno a través de la promoción de la transparencia, integridad y cultura de la legalidad en el sector público, el sector privado y la sociedad civil. La entidad encargada de la implementación del Proyecto AC-TUE en Colombia es la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

La Unión Europea está también apoyando a la Secretaría de Transparencia a través del Programa EUROSOCIAL, el cual es un programa de cooperación entre Europa y América Latina. Su objetivo es contribuir a cambios en políticas públicas usando el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de ambas re-giones. La continuidad a de este programa busca asegurar que los intercambios no se queden solo en conocimiento mutuo, sino que se conviertan en aprendizajes y que estos se materialicen en acciones concretas.

Cabe resaltar que la Secretaría de Transparencia conjuntamente con el equipo del proyec-to ACTUE Colombia y EUROsociAL II, han logrado coordinar los distintos tipos de coope-ración y asistencia técnica de manera tal que se busca asegurar, a partir de las sinergias y la complementariedad entre ambos proyectos, mayor valor y solidez en las actividades apoyadas igual que su sostenibilidad en el tiempo. Lo anterior se logra gracias a la distinta naturaleza de los dos proyectos: mientras el proyecto ACTUE Colombia provee asistencia técnica a lo largo de cuatro años y con un equipo técnico in situ, el Programa EUROsociAL II fomenta el intercambio de experiencias con entidades pares de otros países en América Latina y Europa o expertos internacionales de las mismas regiones. A continuación se presenta una breve reseña de los distintos tipos de cooperación, princi-pales actividades y resultados logrados.

13.1. Proyecto ACTUE Colombia

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (capítulo sobre Buen Go-bierno), el Presidente Santos solicitó a la Unión Europea (UE) apoyo técnico para la lucha contra la corrupción. Respondiendo positivamente a esta solicitud, la UE


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desarrolló y está implementando de la mano del Gobierno de Colombia, especial-mente de la Secretaría de Transparencia, el proyecto “Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la integridad y la transparencia”. Esto se logró a través del Convenio de Financiación (DCI-ALA/2012/023-476). El cual tiene una asignación presupuestal de 8.200.000 Euros de parte de la UE. La Co-misión Europea, mediante un Acuerdo de Delegación (DCI-ALA/2013/330-003), ha designado en la Fundación Internacional y para Iberoamérica (FIIAPP) la ope-ración e implementación técnica de la mayor parte de las actividades del proyecto, así como las tareas de seguimiento y supervisión financiera.13 El Acuerdo de De-legación, con un presupuesto de 7.475.000 €, se denominó -para fines comuni-cativos- ACTUE-Colombia (Anti-Corrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia) y tiene un período de ejecución hasta junio 2018.

El objetivo del proyecto ACTUE Colombia es apoyar con asistencia técnica a la Secretaría de Transparencia así como a otras entidades públicas y privadas, en la implementación de la PPIA, el Estatuto Anti-Corrupción (Ley 1474 de 2001) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). De este modo se espera fortalecer el buen gobierno a través de la promoción de la transparencia, integridad y cultura de la legalidad en el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Para tal fin, el proyecto se centra en obtener cuatro resultados, como se detalla a continuación: 1. Fortalecer la “infraestructura de integridad” pública colombiana, impulso, coordina-

ción y monitoreo de las políticas anticorrupción, con especial énfasis en el acceso a la información, la gestión de conflictos de interés y la cultura de legalidad.

2. Fortalecer las estrategias sectoriales de trasparencia e integridad, mediante la creación de “islas de integridad” en sectores prioritarios, especialmente salud, con enfoque en el subsector farmacéutico, y en las industrias extractivas, incluyendo el Extractive Indus-try Transparency Initiative (EITI).

3. Promover el control ciudadano y de la participación del sector privado, fortaleciendo a los actores no gubernamentales con el objetivo de influir y complementar las iniciati-vas estatales, así como reconociendo la corresponsabilidad de todos los actores para lograr cambios tangibles y duraderos.

4. Fortalecer la detección e investigación de actos de corrupción, mediante el refuerzo de la coordinación interinstitucional para la investigación de casos de corrupción, con el fin de contribuir a la lucha contra la impunidad.

5.

13 Una parte del Convenio, orientado al fortalecimiento de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción (CCCC) y de los Índices de Transparencia Nacional, Departamental, y Municipal, se implementa a través de la Corporación de Transparencia por Colombia, quien a su vez ejerce la Secretaría Técnica de la CCCC.


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Desde marzo 2014, la Secretaría de Transparencia le permite el equipo técnico de la FIIAPP operar en su sede, para implementar el proyecto ACTUE en el país. Desde este mo-mento, la Secretaría de Transparencia ha gestionado el apoyo del proyecto especialmente en las siguientes áreas:

(i) Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)

El proceso liderado por la Secretaría de Transparencia para elaborar el Decreto reglamen-tario para los temas relacionados con la gestión de información (Registro de Activos de Información; Índice de Información Clasificada y Reservada; Esquema de Publicación de Información; Programa de Gestión Documental), fue apoyado a través de varias asisten-cias especializadas con miras a proveer insumos altamente técnicos, así como acompañar el proceso de interlocución con las entidades líderes del sector público y organizaciones del sector privado y la sociedad civil.

Adicionalmente, la Secretaría gestionó el apoyo del proyecto para tres asistencias clave, cuya implementación se extenderá hasta el primer semestre 2015, con miras a una efecti-va implementación de la Ley: i) apoyo técnico para la elaboración del decreto de coordi-nación inter-institucional; ii) la elaboración de guías técnicas y pedagógicas acerca de la implementación del Decreto Reglamentario de Gestión de Información; y iii) la creación de un inventario de sujetos obligados, las distintas entidades de vigilancia y control -por grupos de sujetos obligados- e identificación de espacios de capacitación existentes.

Finalmente, la Secretaría de Transparencia colaboró con el apoyo del proyecto ACTUE Colombia a la Procuraduría General de la Nación (PGN), especialmente al Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), para la capacitación de los Personeros y profesio-nales de la PGN en territorios acerca de la implementación, vigilancia y control de la Ley 1712.

(ii) Consolidación del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción es un instrumento a cargo de la Secre-taría de Transparencia, por encargo de la Comisión Nacional de Moralización. Dado el valor público que se pretende lograr con el Observatorio, la Secretaría de Transparencia logró gestionar un apoyo fuerte de parte del proyecto ACTUE Colombia para la consoli-dación inicial de la iniciativa a través de la contratación de cuatro consultorías especiali-zadas. La primera busca crear un protocolo de captura, gestión y análisis de información que alimentan 17 indicadores para medición de corrupción y esfuerzos en materia de


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transparencia. La segunda busca diseñar e implementar una estrategia de relación con la ciudadanía y con las instituciones a partir de redes sociales e instrumentos de diálogo. Las otras dos buscan articular los dos primeros componentes para que la información procesada por el observatorio involucre a las Comisiones Regionales de Moralización e involucre a la ciudadanía en general. Las funciones de estos profesionales, las incorporará la Secretaría en su personal de planta, en los términos que de operación del observatorio y de los planes de trabajo que apruebe la Comisión Nacional de Moralización.

(iii) Cultura de Legalidad

La Secretaría de Transparencia logró asegurar el apoyo del proyecto ACTUE Colombia para el diseño y pilotaje de rutas metodológicas incorporadas en programas de educación básica y de entrenamiento de funcionarios públicos para promover la cultura de legalidad. Esta asistencia técnica le permitirá a la Secretaría de Transparencia impulsar iniciativas en este ámbito, no solamente a través de sus propias actuaciones, sino especialmente en cooperación con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

(iv) Desarrollo de una línea estratégica de transparencia e integridad en el DAFP

En el marco de coordinar la implementación de la PPIA y la Ley de Transparencia y Acceso a la información, la Secretaría de Transparencia gestionó el apoyo del proyecto ACTUE Colombia para el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para sumi-nistrar asistencia técnica en el diseño de una línea de transparencia e integridad transversal en la entidad, a través de la clara identificación del rol, responsabilidades y objetivos del Departamento, a la luz de los documentos CONPES 167 y 3654, la Ley 1712 de 2014, el PND 2014-2018 y con miras a la adhesión a la OCDE, relativo a la implementación de las normas, políticas e instrumentos técnicos propios de la “infraestructura de integridad pública”, especialmente referidos a los conflictos de interés, las declaraciones de bienes y rentas, el control interno, la transparencia y el acceso a la información. En ese marco, se definirá también la relación del DAFP con la Secretaría de Transparencia, así como con otras entidades claves relacionadas.

(v) Impulso de una estrategia de transparencia para el sub-sector farmacéutico La Secretaría de Transparencia ha estado acompañando al Ministerio de Salud en el im-pulso de una estrategia de transparencia e integridad para el sub-sector farmacéutico, iniciativa que está apoyada tanto por el proyecto ACTUE Colombia como el Programa EUROsociAL II. Cabe destacar que el Ministerio de Salud consideró de particular relevan-


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cia el apoyo de la Secretaría, para hacer totalmente transparente y públicamente accesible toda la información sobre el proceso de regulación de los medicamentos biotecnológicos. Adicionalmente, la Secretaría de Transparencia acompaña el proceso que culminará en un “Decálogo de Medidas de Transparencia e Integridad para la Regulación de Precios y Definición de Beneficios de Salud”, cuya implementación será apoyada por el proyecto ACTUE Colombia.

(vi) Transparencia en el sector extractivo – EITI La Secretaría de Transparencia está acompañando a otras entidades del Gobierno de Colombia en mejorar la transparencia en el sector extractivo, como uno de los sectores prioritarios de la PPIA. En este marco, la Secretaría facilitó la interlocución entre el Ministe-rio de Minas y el proyecto ACTUE Colombia para concretar el apoyo del proyecto para el Plan de Acción Nacional para cumplir con el estándar internacional EITI (Extractive Industry Transparency Initiative). Se apoyarán específicamente las siguientes líneas de acción del Plan de Acción Nacional: 1.) Diagnóstico y diseño de una estrategia de aplicación local y regional enfocada a mejorar la existencia de la información relevante para el EITI; 2.) Di-seño de una estrategia de fortalecimiento de capacidades de las entidades públicas para la producción y difusión de información sobre la cadena de valor del sector extractivo en el marco del estándar de EITI; 3.) Promoción de los mecanismos de rendición de cuentas pública en torno a la cadena de valor del sector extractivo por parte de las autoridades públicas correspondientes; 4.) Diseñar e implementar una estrategia de formación y ge-neración de capacidades en la ciudadanía, autoridades locales y organizaciones sociales en torno a la cadena de valor del sector extractivo y la iniciativa EITI Colombia. Asimismo se apoyará el Objetivo 4 del mismo Plan “Garantizar la organización, operatividad y fun-cionamiento de la estructura EITI Colombia para la implementación del plan de acción y la iniciativa EITI Colombia” a través de la ayuda a la sociedad civil para participar en el Comité Nacional Tripartito.

13.2. Programa EUROsociAL II

Gracias a la asistencia técnica brindada en el año 2014 por el Programa EuroSocial II de la Unión Europea, el Estado colombiano cuenta con los siguientes productos que apoyan la puesta en marcha de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información:• Un documento con la estrategia de coordinación al interior del Ministerio Público,

que orienta a las diferentes entidades que lo componen sobre cómo cumplir con las funciones impuestas por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Infor-mación Pública.


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• Un documento con aspectos que requieren reglamentación o documentos de orienta-ción para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

• Estrategia para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información por parte de las entidades líderes de política: Recomendaciones, te-mas para la capacitación y sensibilización, y plan de trabajo con el detalle de acciones y responsabilidades a cargo de cada una de las entidades líderes de política.

• Asistencia Técnica a la Secretaría de Transparencia y a la Procuraduría General de la Nación por parte de servidores públicos del Consejo para la Transparencia y la Secre-taria General de la Presidencia de Chile, expertos en leyes de acceso a la información, que apoyaron la definición de las estrategias en el corto y mediano plazo para la pues-ta en marcha e implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública en Colombia.

• Un Modelo de Gestión Documental y Archivos con enfoque de acceso a la informa-ción pública, de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), a ser proba-do en Colombia en el año 2015.

• Un Modelo de Medición de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). Esta iniciativa, además de orientar la definición de indicadores para el país que se ajusten a los estándares internacionales, también permitirá establecer un modelo de medición del avance las políticas de transparencia y acceso a la información en el año 2015

Adicionalmente, EUROSOCIAL apoyó la realización de un evento de capacitación de fiscales e investigadores nacionales especializados en anti-corrupción y lavado de activos en la implementación de la Convención Anti-Cohecho de la OCDE, con respecto a las temáticas relacionadas con el Soborno Transnacional. Esto se hizo el 4 y el 5 de diciem-bre de 2014. Allí participaron más de 100 miembros de la Fiscalía General de la Nación, Cuerpos de Investigación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Policía Nacional. En otro frente, EUROSO-CIAL está apoyando un estudio (sin terminar, a la fecha de publicación de este informe) para la compilación de normativa y proyecto de ley sobre protección de denunciantes de actos de corrupción. Finalmente, está el apoyo a la socialización de los Registros Pro-ética (iniciativa ya reseñada en la sección 10 de este informe).

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Sólo son justas –nos dice– por miedo al castigo, no por convicción. Y para sustentar su argumento narra la Fábula del Anillo de Giges, la cual siglos después inspiraría al escritor británico John Ronald Tolkien a escribir el Señor de los Anillos.

Según Glaucón, Giges es un campesino iletrado, que después de una tormenta y un terre-moto feroz, encontró en el fondo de un abismo un caballo hecho de bronce. Ese caballo contenía en su interior un cuerpo sin vida, cuya única pertenencia era un anillo de oro.

Giges descubrió que el anillo le concedía a su dueño el poder de la invisibilidad. Sacando provecho del poder del anillo, Giges lo usó para enamorar a la reina y después, con su auxilio, matar al rey, apoderándose así de su reino. Gracias al anillo, Giges hacía el mal e incrementaba su poder, se alzaba como un tirano y un corrupto, mientras que pasaba por hombre bueno frente a sus súbditos.

Esta fábula nos enseña tres cosas. Primero, que es necesario que nadie quede por fuera del alcance de la ley así como de su vigilancia y su cumplimiento. De lo contrario, al igual que en la fábula de Giges –que con su anillo tiene el don de escapar al alcance de la ley–, es fácil que termine por reinar la tiranía, la corrupción y el crimen.

Segundo, la fábula nos sugiere también que el imperio de la ley no basta por sí solo, porque a veces –sin sospecharlo– las conductas o circunstancias que ella regula, permiten que el ciudadano logre escapar a su alcance. Y entonces sólo queda como última barrera frente al mal, frente la perversión, frente la corrupción y los apetitos humanos más mez-quinos, la propia consciencia.

Frente a los vacíos de la ley, sólo queda la esperanza de que el espíritu y el carácter de los ciudadanos sea recto, honorable, limpio… iluminado por las reglas del imperativo categórico y de la razón universal.

Tercero, el texto nos enseña que el mejor antídoto contra la corrupción es la visibilidad, la transparencia. Durante siglos la humanidad ha visto reinar a dictadores que, como Giges, ocultan información, camuflan la realidad, gobiernan desde la penumbra, sin rendir cuen-tas al pueblo, sin explicar en qué gastan el dinero de las arcas del Estado, que se roban todo, o mucho, en detrimento de los intereses de la mayoría.

Analizando estas tres lecciones, diré entonces, que la justicia y la civilización no pueden existir en un lugar en el que un ciudadano escapa a la mano de la ley y en donde –por ese hecho– reinan la tiranía y la corrupción.


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Por eso, ante todo, derrotar la corrupción exige que el Estado haga respetar el ordena-miento jurídico existente, pero también –y sobre todo– exige transformar la conciencia de los ciudadanos; exige hacer los mayores esfuerzos para hacerles entender que la corrup-ción es la podredumbre, la corrupción es lo que está marchito, es lo más degradado de la existencia social

Pero el respeto por la ley no viene sólo. Requiere por un lado garantizar que la justicia funcione; que no cojee y que siempre llegue a la sociedad. Y por el otro, requiere cons-truir una arquitectura institucional que haga del servicio público un trabajo perfectamente visible a la luz de todos. La transparencia se convierte así en el alimento del cual se nutren los cimientos del edificio social. Sin ella, el organismo pronto se contamina, se envenena y muere.

Por el contrario, con la transparencia como principio rector, el organismo crece vigoroso, fuerte y dinámico; sano. Con ella, todo está a la luz de todos; crece la confianza; el buen entendimiento y la solidaridad ciudadana. Con ella, además, lentamente va transformán-dose la conciencia social… Con ella empiezan a reducirse en número y en fuerza aquellos que creen en la corrupción como método válido para enriquecerse.

Quienes tienen ese credo no son más agudos, no son más inteligentes, no son más hábi-les; esas personas en realidad se consideran a sí mismas seres muy inferiores en términos de civilización… a veces sin darse cuenta.

En conclusión, la garantía del imperio de la ley para todos los ciudadanos, la transparen-cia plena en el manejo de la cosa pública y la transformación de la conciencia ciudadana, se constituyen en los objetivos principales y comunes alrededor de los cuales deben girar el esfuerzo del Estado y de la sociedad civil por construir una sociedad libre de corrupción y de abusos.

Y así es como la Secretaría de Transparencia ha venido trabajando en la búsqueda de esos objetivos. Por sólo poner algunos ejemplos:• Impulsamos la adopción del Conpes Anticorrupción 167 de 2013; • Logramos la expedición de la Ley de Transparencia, construida en equipo y con el

liderazgo de la sociedad civil; • Apoyamos la difusión –de la mano de la Procuraduría General de la Nación–, el Índi-

ce de Gobierno Abierto, con el cual estamos midiendo los avances de transparencia de todas las entidades territoriales;

• Lanzamos el Observatorio de Transparencia, para medir de cara al país, los avances en la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción y para hacer otras


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mediciones más robustas en materia de transparencia y de conocimiento del fenóme-no de la corrupción;

• Fortalecimos, bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de la Función Públi-ca, el nivel y calidad de los Jefes de las Oficinas de Control Interno, a quienes pronto estaremos evaluando;

• Llevamos al Congreso el Proyecto de Ley por el cual cumplimos con los estándares exigidos por la Convención Antisoborno de la OECD;

• Capacitamos cientos de Fiscales sobre el alcance de esa Convención; • Nos vinculamos a la Red de Transparencia y Acceso a la Información, a la cual recien-

temente se vinculó la Procuraduría, con quien tuve el honor y el privilegio de compartir unas intensas jornadas de trabajo en Brasilia hace algunas semanas;

• Iniciamos el proceso de admisión a la OECD, en donde estamos esta semana presen-tando nuestros avances ante el Grupo de Trabajo Antisoborno; y

• Empezamos la construcción del Plan de Acción de la Segunda Fase de Trabajo con la Alianza para el Gobierno Abierto, una red de 64 países que colaboran para cumplir los más altos estándares en materia de transparencia y prevención de la corrupción.

Pero nuestro trabajo no se queda ahí. Ahora debemos enfrentar nuevos desafíos que hasta ahora no habíamos asumido y que yo quisiera que fueran los ejes rectores del trabajo de la Secretaría de Transparencia durante los próximos años.

El primer gran desafío tiene relación con la transparencia de los Partidos Políticos. An-drew Jackson, uno de los padres de la nación estadounidense dijo en una ocasión:

“Lloro por la libertad de mi país cuando veo, en estos primeros días de su existencia exitosa, que se han imputado – numerosos – actos de corrupción a varios miembros de la Cámara de Representantes…”

Nuestro Congreso y nuestros partidos deben renovar sus votos con el país. Pocas insti-tuciones están tan desprestigiadas en nuestros días. Por eso le pido hoy al Presidente del Senado, muy especialmente, que nos ayude a liderar una gran cruzada por la transparen-cia de los Partidos Políticos.

El país demanda saber de dónde vienen sus recursos, quiénes los financian, a qué candi-datos los partidos les dan dinero, recursos o apoyo del cualquier tipo –directo o indirec-to– para sus campañas políticas; a quiénes, a qué líderes, los candidatos les dan recursos para hacer proselitismo político; cómo se aseguran de que no haya compra de votos.

El país quiere saber por qué un partido apoya más a unos candidatos que a otros; quie-re saber si tienen Planes Integrales para la Prevención de la Corrupción; quiere saber si


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tienen un Sistema de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Te-rrorismo; quiere saber cuántos recursos destinan a sus centros de pensamiento y si están cumplimiento con el mandato de la ley que los obliga a darles el 15% para actividades de formación y capacitación; el país quiere saber si están respetando la Ley de Protección de Datos Personales y su obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. En fin, tenemos mucho por hacer en este frente. Por eso invito hoy a los partidos, por conducto del Presidente del Senado, a estudiar y cumplir sus obligaciones bajo la Ley de Transparencia.

El Congreso y nuestros partidos, que deberían encarnar la voluntad general, más que nadie tendrían que dar ejemplo en esta cruzada por la transparencia que, con los Orga-nismos de Control hemos venido liderando hace varios años.

El segundo gran desafío tiene relación con el fortalecimiento de la sociedad civil. La ciudadanía organizada y activa, es la conciencia viva del cuerpo social. Su rol en la pro-moción de la transparencia y la lucha contra la corrupción reviste la mayor trascendencia. Pero necesitamos fortalecerla y actuar más estrechamente.

Así como en las regiones debemos activar, visitar y promover las Comisiones Regionales de Moralización, tal como el próximo 18 de diciembre estaremos haciendo en una primera visita a la Comisión Regional de Córdoba, en conjunto con el Ministro de la Presidencia, así mismo la sociedad civil organizada y la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Co-rrupción, deberían ayudarnos a activar Comisiones Regionales Ciudadanas que se erijan en contrapeso e interlocutores de las Comisiones Regionales de Moralización.

Esas Comisiones Regionales Ciudadanas pueden ayudar a elevar el nivel de la vigilancia, denuncia y activismo propositivo de las veedurías en las regiones, y pueden consolidar una arquitectura institucional óptima para mejorar la interlocución entre el sector público y privado en este propósito común.

El tercer desafío tiene relación con la construcción de una agenda de trabajo con enfo-que territorial y sectorial. El enfoque territorial debe estar orientado a promover la trans-parencia y prevenir la corrupción, en las zonas de consolidación o de extrema pobreza, especialmente en el contexto de la negociación de paz y del postconflicto.

Nunca había sido tan urgente evitar la pérdida de los recursos del Estado destinados a los más desfavorecidos de la sociedad.


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El enfoque sectorial, por su parte, debe estar orientado a blindar de la corrupción a los recursos de ciertos sectores neurálgicos para el buen desarrollo del país. Así, nos hemos propuesto extirpar el cáncer de la corrupción del ICBF. También nos hemos propuesto extirpar el cáncer de la corrupción de la educación, en la industria extractiva y en la salud.

¡Y lo haremos!

¡No vamos a permitir que se pierdan los recursos de la niñez!

¡No vamos a permitir que se pierdan los recursos de la educación o de la salud!

¡No vamos a permitir que se pierdan las regalías de los colombianos, ni que se trafique con las conciencias de nuestros funcionarios públicos, ni que se desprestigie el muy ho-norable papel que ellos cumplen en la sociedad, por cuenta de unos cuantos corruptos!

Y acá una advertencia, a los políticos que están involucrados con el desfalco del Estado, del ICBF, del SENA, del sistema de salud: les decimos que no escaparán a la lupa del Es-tado y de la vigilancia renovada y conjunta de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Presidencia.

¡Yo empeño mi palabra en que antes de terminar este año el país entero podrá constatar la seriedad con que hemos asumido estos compromisos!

Para terminar, en su metafísica de las costumbres, Kant, usaba la siguiente frase: “el cielo estrellado sobre mí, la moral dentro de mí”. Con ello el gran filósofo alemán explicaba la diferencia entre el mundo fenomenológico y el mundo de la razón –esa razón que dicta los imperativos categóricos del ser moral, y que es, en la práctica, el mejor antídoto contra el mal–.

Su frase brilla aún en el firmamento de la consciencia humana. Hagamos que desde la altura de la historia y la filosofía, y desde la luz del futuro, nuestros ancestros y nuestros maestros –de una parte– así como nuestros descendientes –de la otra– se sientan orgullos de este pueblo colombiano, que logró elevar su espíritu y liberarse del yugo de la corrupción.

Gracias.

CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS

Carrera 66 No 24 - 09PBX: (57)(1) 4578000www.imprenta.gov.co

Bogotá D. C, Colombia.

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